Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Cataluña 5662/2010 de 9 de septiembre


 RESUMEN:

Despido disciplinario: Transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del trabajo. Plazo de prescripción de las sanciones: Comienza a computarse cuando la empresa tiene un conocimiento cabal, pleno y exacto de los hechos ocurridos. Doctrina gradualista: En los casos de pérdida de confianza empresarial, no se puede establecer graduación alguna, por lo que tampoco se puede aplicar la doctrina gradualista del despido, sin que en vía judicial se pueda reducir la sanción impuesta por otra de menor gravedad. Desestimación.

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG: 08019 - 44 - 4 - 2009 - 0024816

MDT

ILMO. SR. JACOBO QUINTANS GARCIA

ILMO. SR. LUÍS JOSÉ ESCUDERO ALONSO

ILMO. SR. DANIEL MARTÍNEZ FONS

En Barcelona a 9 de septiembre de 2010

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 5662/2010

En el recurso de suplicación interpuesto por Alexis frente a la Sentencia del Juzgado Social 11 Barcelona de fecha 28 de diciembre de 2009 dictada en el procedimiento n.º 959/2009 y siendo recurrido/a CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. LUÍS JOSÉ ESCUDERO ALONSO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 25.09.09 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido disciplinario, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 28 de diciembre de 2009 que contenía el siguiente Fallo:

"Que debo DESESTIMAR la demanda interpuesta por Alexis, con DNI n.º NUM000, frente a la CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA."

Segundo.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

1.º El actor, Alexis, con DNI n.º NUM000, presta servicios para la empresa demandada con una antigüedad de 10 de abril de 1996, categoría profesional de Grupo 1, Nivel III, y un salario bruto mensual, con prorrateo de pagas extras, de 7.081, 97 euros (no cuestionado).

2.º En fecha 25 de marzo de 2009 se recibió una queja por parte de un cliente respecto a la actividad desplegada por el actor como Director de la sucursal de la Entidad. Fruto de esta, y otras quejas que fueron igualmente constatadas por la Subdirectora Dña. Miriam, en fecha 16 de abril de 2009, y tras el requerimiento del Director de área de negocios de Sevilla- Provincia Sur a los servicios de Auditoria, se mantuvo entrevistas con los clientes que habían formulado sus quejas. Entrevistas que se desarrollaron, prosiguieron, en fecha 6 de mayo de 2009.

Es en fecha 22 de junio de 2009, y tras realizar una completa auditoria en la sucursal, cuando se concluye lo que sigue:

" Don. Alexis, Director de la Oficina Fontanilla- Lebrija (2615) es responsable de:

No gestionar la cancelación económica de 4 hipotecas, por 244.500 euros, correspondientes a un crédito abierto a Promotor, a nombre de Promociones Toni Vidal SL, en tres de las cuales había manifestado en escritura pública que se encontraban totalmente amortizadas. El promotor ha dispuesto de los importes que se ingresaron en su depósito para cancelar las 4 hipotecas, para otras finalidades; actualmente las hipotecas siguen pendientes de cancelar por 235. 153 euros que, dada la actual situación de crisis económica del promotor, pueden materializarse en un quebranto para "la Caixa".

Custodiar en su despacho 1.550 euros en efectivo, sin estar reflejados en la contabilidad de ¿la Caixa¿, cuyo origen no se ha podido determinar.

En relación con la reclamación de un cliente de la Oficina Fontanilla-Lebrija (2615), y las declaraciones de otros dos, por supuesta intermediación interesada del Director, Don. Alexis, en operaciones inmobiliarias, la revisión realizada no ha permitido identificar ninguna operación contable irregular que dé soporte a las mismas, si bien existen operaciones cuya contrapartida es efectivo, y cuyo origen y destino no ha sido posible determinar ".

Es en fecha 17 de julio de 2009 cuando la Entidad demandada formula un pliego de cargos que es contestado por el actor en fecha 30 de julio 2009.

(documental demandada; n.º 2,3, 4; testifical del auditor; testifical Subdirectora Entidad).

3.º Es en fecha 19 de agosto de 2009 cuando se formula carta de despido, con efectos de fecha de la recepción de la misma, en la que se recogen las conclusiones a las que llega la auditoria (doc n.º 1 demandada que se da por reproducido).

4.º El actor ya había sido sancionado en fechas anteriores y fruto de la auditoria seguida en el año 2008. En concreto, en fecha 10 de abril de 2008 se propuso la sanción del actor como autor responsable de un falta laboral muy grave consistente en la trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. Dicha sanción respondía a extralimitaciones de facultades en la aprobación de 37 operaciones de activo por importe de 2.455. 840 euros, el incumplimiento de la normativa interna de la Entidad y política financiera de la misma exponiendo a riesgos no autorizados (concertar 19 operaciones de activo por importe de 1.154.853 euros en los que no se acredita capacidad de devolución etc...); desempeño deficiente de las funciones profesionales, comprendiendo numerosos incumplimientos de deberes formales y documentales.

(doc n.º 6 demandada).

Dicha sanción no fue objeto de impugnación por el actor (no cuestionado).

5.º La cancelación económica de las hipotecas se produjo en fecha 28 de julio de 2009, siendo las compraventas de los inmuebles (4) de fecha 2007 (no cuestionado; doc n.º 7, 8 y 9 demandada).

6.º El actor no es, ni lo ha sido en el último año, representante legal de los trabajadores (no cuestionado).

7.º Consta la preceptiva conciliación previa (no cuestionado).

Tercero.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por el trabajador demandante en los presentes autos se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que desestimó su pretensión consistente en que fuera declarado como improcedente el despido comunicado mediante carta de fecha 19 de agosto de 2.009, tras pliego de cargos formulado por la empresa en fecha 17 de julio de 2.009, contestado por el actor el día 30 de julio de 2.009, siendo las causas motivadoras del despido, la trasgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en el desempeño del trabajo del artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores y del Convenio Colectivo de aplicación de Cajas de Ahorro. El presente recurso de suplicación ha sido impugnado por la empresa en solicitud de que se confirme la sentencia recurrida.

Segundo.-Como primeros motivos de recurso, formulados al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, por el trabajador recurrente se solicita la modificación/adición de los siguientes hechos declarados probados de la sentencia recurrida:

1)Del hecho segundo, para que se adicione un nuevo párrafo del siguiente tenor literal: "En fecha 25 de marzo de 20009 se recibió una queja por parte de un cliente respecto a la actividad desplegada por el actor como Director de la sucursal de la Entidad. Fruto de ésta y de otras quejas, que fueron igualmente contestadas por la Subdirectora Da. Miriam, en fecha 16 de abril de 2.009, y tras el requerimiento del Directivos del área de negocio de Sevilla- Provincia Sur a los servicios de auditoria, se mantuvo entrevistas con los clientes que había formulado sus quejas. Finalizada la auditoria en el mes de abril de 2009, en fecha 6 de mayo de 2009 se reúnen los auditores y el DAN con el Sr. Alexis, a quien exponen las conclusiones de la auditoria, requiriéndole un escrito en relación con los hechos expuestos". Fundamenta su pretensión en el contenido de los documentos obrantes a los folios 91 y siguientes de autos, teniendo como objeto demostrar la terminación anterior en el tiempo de la auditoria a efectos de una posible prescripción de la facultad empresarial de despedirle. Sin embargo, la pretensión del recurrente no puede prosperar ya que si bien el día 6 de mayo de 2.009 es la fecha en que los auditores le comunican los resultados provisionales de la auditoria y se los exponen a efectos de que los responda y concrete su actuación, cosa que si no se hubiese efectuado podría haber dado lugar a que el trabajador se quejase del trato recibido al no habérsele dado parte en la auditoria, los auditores no elevan su informe definitivo a la Dirección de la empresa, que es quien posee la autoridad suficiente para sancionar disciplinariamente al trabajador, hasta el día 22 de junio de 2.009, tal como consta en la sentencia recurrida, y que es la fecha en la que comienza a contar el plazo de prescripción que tiene la empresa para sancionar al trabajador.

2)Para que se adicione un nuevo hecho declarado probado segundo bis del siguiente tenor literal: "En fecha 28 de julio de 2.009, se procede a la cancelación económica del crédito NUM001, así como en fecha 30 de julio se ingresa el efectivo localizado en las respectivas cuentas de los clientes, estando perfectamente localizado". Fundamenta su pretensión en la prueba documental obrante en los folios 85 y siguientes de autos, razón por la que podría prosperar sin perjuicio de que resulte intrascendente respecto de la sentencia que se dicta por esta Sala de lo Social, ya que si bien los actuaciones que se reflejan en este hecho probado son anteriores a la fecha de su despido, el día 19 de agosto de 2.009, son posteriores a la remisión por parte de la empresa del pliego de cargos, momento en que se concreta la voluntad sancionadora de ésta sobre hechos que ya han tenido lugar previamente, siendo lo actuado por el recurrente un intento de disminuir la gravedad de los mismos.

Tercero.-Como siguientes motivos de recurso, formulados al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, por el trabajador recurrente se denuncia que la sentencia recurrida incurre en las siguientes infracciones normativas o de la doctrina jurisprudencial:

1)La infracción del artículo 60 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 84 del Convenio Colectivo, y la doctrina de los tribunales que cita, alegando al respecto que según dicha doctrina, por todas, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1.994, el empresario tiene un cabal y pleno de los hechos ocurridos el día en el que termina la auditoria en la que se realizó la actividad investigadora que descubrió las irregularidades, que en el caso de autos ha de ser fijada en el día 6 de mayo de 2.009, habiendo prescrito la acción de despido por parte de la empresa el día 19 de agosto de 2009, al haber transcurrido el plazo de 60 días fijado en el artículo 60 del Estatuto de los Trabajadores.

2)La infracción a lo establecido en los artículos 54 y 58 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los artículos 5 y 20 del mismo cuerpo legal, y en relación con la jurisprudencia y doctrina existente en la materia, entre otras sentencias las del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1.986, y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia entre otras muchas, 17 de enero de 2.003, alegando al respecto la aplicación de la doctrina gradualista en la imposición de la sanción máxima de despido disciplinario.

Al objeto de resolver el presente recurso de suplicación esta Sala parte del contenido de los hechos declarados probados de la sentencia recurrida, que se dan aquí por reproducidos íntegramente a todos los efectos por constar ya en los antecedentes de hecho de esta resolución, junto con la modificación que ha sido admitida eventualmente en el anterior fundamento de derecho.

Respecto del primer motivo de recurso consistente en que la facultad sancionadora de la empresa ha prescrito dado el lapso de tiempo transcurrido desde que conoció cabalmente el alcance de los hechos imputados al trabajador hasta que decidió sancionarle con despido, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con el contenido del inmodificado hecho declarado probado segundo de la sentencia recurrida es el día 22 de junio de 2009 en que la empresa tiene conocimiento del resultado de la completa auditoria realizada, de la que se entiende que son sancionables la actuación del trabajador consistente en disponer de 244.500 euros de un promotor determinado y no dedicarlos, en contra de lo que debía y así estaba establecido, a cancelar las 4 hipotecas que aquel adeudaba, así como, ya de menor gravedad, tener en efectivo 1.550 euros de varios clientes sin determinar, que tal como el propio recurrente manifiesta en la adición propuesta de un hecho declarado probado segundo bis, procedió a ingresar en la cuenta de los clientes afectados el día 30 de julio de 2.009, habiendo procedido a la cancelación económica del crédito hipotecario ya mencionado el anterior día 29 de julio de 2.009.

Pues bien, tal como razona el magistrado de instancia en el último párrafo del fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida "es en fecha 22 de junio de 2009 cuando se concluye la auditoria y se tiene un cabal y exacto conocimiento de los hechos. Es en fecha 17 de julio de 2009 (no ha transcurrido ni un mes) cuando se formulan el pliego de cargos al actor y es fecha 19 de agosto de 2.009 (no han trascurrido los 60 días desde la fecha de la auditoria) cuando se precipita la carta de despido, siendo de aplicación, entre otras, la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1.993 y 24 de septiembre de 1.992, y en la más reciente de fecha 26 de diciembre de 1.995, en el sentido de que el plazo de prescripción comienza a correr cuando la empresa tiene un conocimiento cabal, pleno y exacto de los hechos ocurridos, lo que tiene su lógica en lo preceptuado en el artículo 105 de la Ley de Procedimiento Laboral en el sentido de que al trabajador no pueden imputársele otros hechos que los que constan en la carta de despido, de manera que si se obligase a las empresas a enviar la carta de despido mientras la auditoria se está realizando, o cuando una vez concluida se están redactando sus conclusiones, todos los despidos deberían ser declarados improcedentes por falta de hechos en la carta de despido, por lo que en definitiva, no habiendo transcurrido en el presente caso el plazo de prescripción que para las faltas de los trabajadores establece el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, procede la desestimación de su primer motivo de recurso.

Por último, respecto de la aplicación de la doctrina gradualista, ha de tenerse en cuenta que junto a esa doctrina que es seguida en ocasiones por los tribunales, en el sentido de adecuar la falta a la persona teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes (en este caso fundamentalmente la antigüedad del trabajador, aunque también ha de manifestarse que ya había sido sancionado previamente por la comisión de una falta muy grave en fecha 10 de abril de 2.008), también existe la doctrina jurisprudencial que en materia de trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del trabajo, declaran que no es tan importante el perjuicio causado a la empresa, sino la actitud del trabajador, lo que repite constante doctrina jurisprudencial, por todas, la sentencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1.985, en que se establece que en estos casos de pérdida de confianza empresarial, no se puede establecer graduación alguna, por lo que tampoco se puede aplicar la doctrina gradualista del despido, sin que en vía judicial, habiendo quedado probados los hechos, se pueda reducir la sanción impuesta por otra de menor gravedad, tal como tiene establecido la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 11 de octubre de 1.993, dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 3805/92, teniendo en cuenta que en autos consta, precisamente a petición del recurrente, el hecho de que una vez en marcha el expediente disciplinario actuó de la manera que hubiera sido correcta desde el primer momento, es decir, utilizando el dinero que poseía para cancelar las hipotecas del promotor, Promociones Toni Vidal, S.L., e ingresar el dinero en efectivo que estaba en su despacho en las cuantas de los clientes a los que pertenecía.

Por todo lo anteriormente expuesto procede desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás disposiciones de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador Don Alexis contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 11 de los de Barcelona en fecha 28 de diciembre de 2.009, recaída en los autos 959/09, seguidos en virtud de demanda formulada por el recurrente contra la empresa CAIXA D'ESTALVIS i PENSIONS DE BARCELONA, en impugnación de despido disciplinario, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art. 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita, intente interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en El Banco Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm. 2015, sita en Ronda de Sant Pere, n.º 47, N.º 0965 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo anterior), N.º 0965 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación