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Sentencia T.S.J. Cataluña 5697/2010 de 10 de septiembre


 RESUMEN:

Representantes de los trabajadores: Crédito horario. No existe inconveniente alguno en reconocer que el empresario puede recabar de la sección sindical o del delegado aquellos datos que precise para comprobar la legitimidad de su creación y elección. Consecuencia de tal control es la facultad de negar la legitimidad de la elección si los presupuestos necesarios no han sido cumplidos o si no se permite el despliegue de ese mismo y básico control. No se ha producido violación del derecho fundamental de libertad sindical. Estimación.

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG: 08019 - 44 - 4 - 2009 - 0022584

JSP

ILMO. SR. GREGORIO RUIZ RUIZ

ILMO. SR. ADOLFO MATIAS COLINO REY

ILMA. SRA. NATIVIDAD BRACERAS PEÑA

En Barcelona a 10 de septiembre de 2010

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 5697/2010

En el recurso de suplicación interpuesto por Prysmian Cables y Sistemas, S.L. frente a la Sentencia del Juzgado Social 20 Barcelona de fecha 14 de diciembre de 2009 dictada en el procedimiento Demandas n.º 835/2009 y siendo recurridos -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial, -Ministerio Fiscal-, Imanol y Onesimo (coord. sindicato F.T.C.). Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. GREGORIO RUIZ RUIZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 19 de agosto de 2009 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Tutela de derechos fundamentales, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 14 de diciembre de 2009 que contenía el siguiente Fallo: "Que desestimando las excepciones de falta de legitimación activa alegadas por la empresa demandada frente a las codemandantes y estimando la demanda interpuesta por Imanol frente a la empresa PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS S.L., debo declarar y declaro nula la conducta empresarial objeto de los presentes autos, ordenando su cese inmediato y con obligación por parte de la empresa demandada citada de reconocer el carácter del Sr Imanol como delegado sindical del sindicato FEDERACIO DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (FTC) en la empresa demandada, con los derechos y garantías legalmente inherentes a dicha función, con condena al pago por parte de la empresa demandada de la suma de 95'52 euros en concepto de 8 horas descontadas al actor en su hoja salarial del mes de junio de 2009 más la suma de 800 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios sufridos; todo ello con el interés por mora procesal previsto en el art. 576 de la LEC.

Igualmente debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el sindicato FEDERACIO DE TREBALLADORS DE CATALUNYA frente a la empresa demandada, absolviendo a la misma de las pretensiones ejercidas en su contra en el escrito de demanda por dicho sindicato.

Respecto del FOGASA y el Ministerio Fiscal procede la desestimación de la demanda ".

Segundo.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

Primero.-Imanol presta servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada con antigüedad de 17 de enero de 2003 y categoría profesional de Profesional 1, estando afiliado al sindicato FTC.

Segundo.-En la empresa demandada existen constituidas secciones sindicales por parte de los sindicatos CC.OO, UGT, CGT así como por el sindicato demandante FTC.

Dicha sección sindical del sindicato FTC en la empresa demandada se constituyó aproximadamente en julio del año 2007, desempeñando las funciones de delegado sindical el Sr Jesús María.

Tercero.-Tras asamblea extraordinaria de los afiliados del sindicato demandante FTC en fecha 25 de abril de 2009 se procedió por unanimidad al cambio de delegado sindical en la empresa demandada, pasando de realizar dichas funciones Don Jesús María a realizarlas el demandante Sr Imanol.

Dicho cambio en la persona que desempeñaría las funciones de delegado sindical del sindicato FTC en la empresa demandada se comunicó a ésta mediante escrito de 25 de abril de 2009, documento 3 de los aportados por la parte actora al acto del juicio a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido, en fecha 28 de abril de 2009.

Cuarto.-Mediante escrito de 29 de abril de 2009, documento 5.2 de los aportados por la parte actora al acto del juicio a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido, la empresa demandada "antes de proceder en consecuencia" requirió de la Sección Sindical de FTC la aportación de la siguiente documentación:

1. Estatuto del Sindicato (art. 8.1.a de la LOLS).

2. Estatutos o Reglamento de la Sección Sindical.

3. Convocatoria de la Asamblea extraordinaria.

4. Acta de la citada asamblea.

Mediante burofax de 16 de mayo de 2009, documento 4.2 de los aportados por la parte actora al acto del juicio a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido, se requirió de nuevo por el sindicato demandante que por parte de la empresa se reconociera al Sr Imanol como nuevo delegado sindical de la sección sindical de dicho sindicato.

Mediante burofax de 19 de mayo de 2009, documento 5.1 de los aportados por la parte actora al acto del juicio a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido, la empresa demandada contestó al anterior burofax, reiterando el contenido de su carta de 29 de abril de 2009 y manifestando que, recibida la documentación requerida, la empresa procedería a reconocer Don Imanol como nuevo delegado sindical de FTC.

Quinto.-En la empresa demandada, con anterioridad a la carta de 29 de abril de 2009 citada dirigida a la sección sindical del sindicato FTC, el reconocimiento por parte de la empresa de las personas que, por parte de las cuatros secciones sindicales que existen en la empresa incluida la del sindicato FTC eran elegidas como delegados sindicales, se producía con la mera comunicación por parte de dichas secciones sindicales del nombre de la persona que ocuparía dicho cargo de delegado sindical en la empresa.

Sexto.-El sindicato FTC cuenta con dos miembros en el Comité de Empresa de la demandada.

Séptimo.-Los miembros del Comité de Empresa y los distintos delegados sindicales de las 4 secciones sindicales de la empresa demandada cuentan con una clave secreta a los efectos de introducirla en el sistema informático que controla su horario con la finalidad de hacer uso y computar las horas que por actividad sindical tienen reconocidas en la empresa.

Don Jesús María, anterior delegado sindical de FTC en la empresa demandada, disponía de dicha clave secreta.

El demandante Sr Imanol no dispone de dicha clave secreta al no haber sido reconocida por la empresa demandada su condición de delegado sindical. En concreto al introducir la denominada clave RCF (Reunión Comité Fábrica) o RCE (Reunió Comité Exterior) el ordenador no permite al demandante grabar dicha operación, saliendo el mensaje "usted no es del Comité".

Octavo.-Como consecuencia de no disponer de la citada clave secreta, las horas que el demandante ha venido empleando desde su nombramiento como delegado sindical el 25 de abril de 2009 para dicha actividad se computan por la empresa demandada como horas no trabajadas, dentro de una bolsa de horas que existe en la empresa.

El demandante Sr Imanol, desde su nombramiento como delegado sindical poro el sindicato FTC en la empresa demandada, entre otras actividades derivadas de dicho nombramiento ha asistido a los actos y actividades señaladas a documento 6 y 7 de los aportados por la parte actora, así como a las reuniones del Comité de Empresa de la demandada que figuran a documento 15 a 19 de los aportados por la parte actora al acto del juicio.

Noveno.-El demandante pactó en fecha 12 de enero de 2009, documento 21 de los aportados por la empresa al acto del juicio a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido, el descuento por parte de la empresa y de su bolsa de horas, por un total de 244 horas a fecha 31 de diciembre de 2008, durante un periodo de 24 meses desde enero de 2009 hasta diciembre de 2010, por un total de 8 horas mensuales.

Décimo.-- En la hoja salarial del Sr Imanol del mes de mayo de 2009 constan descontadas por el concepto "aus. no retribuida" un total de 8'90 horas, por 106'27 euros; la suma de 386'88 euros por 52 horas y el concepto "aus. enf/acc./pago direc" y la suma de 191'04 euros por 16 horas y el concepto "aus. no retribuida".

Igualmente en la hoja salarial del Sr Imanol del mes de junio de 2009 constan descontadas por el concepto "aus. no retribuida" la suma de 11'78 horas y 140'65 euros; por el concepto "aus. enf/acc./pago direc" un total de 24 horas y 178'56 euros; por el concepto "aus. huelga" un total de 72 horas y 859'68 euros y por el concepto "aus. no retribuida" un total de 16 horas y 191'04 euros.

Undécimo.-El día 1 de abril de 2009 el demandante Sr Imanol no acudió a su centro de trabajo por causa no justificada.

El día 16 de abril de 2009 el demandante Sr Imanol llegó tarde a su puesto de trabajo 54 minutos.

DUODECIMO.- En el seno de la empresa demandada se ha producido un ERE, teniendo la empresa demandada la sospecha de que el actor Sr Imanol fue nombrado delegado sindical por la sección sindical de FTC para "blindar" su puesto de trabajo.

Tercero.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Recurre la empresa Prysmian Cables y Sistemas S.L. la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 20 de los de Barcelona en fecha 14/12/09. En la misma, estimando la demanda presentada por D. Imanol y la Federación de Trabajadores de Cataluña (en adelante FTC) contra la ahora recurrente, se acuerda, recordemos, declarar "nula la conducta empresarial objeto de los presentes autos ordenando su cese inmediato y con obligación por parte de la empresa demandada citada de reconocer el carácter del Sr. Imanol como delegado sindical del sindicato Federació de Treballadors de Catalunya en la empresa demandada, con los derechos y garantías legalmente inherentes a dicha función, con condena al pago por parte de la empresa demandada de la suma de 95'52 € en concepto de 8 horas descontadas al actor en su hoja salarial del mes de junio de 2009 más la suma de 800 € en concepto de indemnización por daños y perjuicios sufridos...".

Segundo.-Interesa la recurrente en primer término, y por el cauce procesal previsto en el art. 191.b de la L.P.L, la revisión de la relación de hechos probados de la resolución recurrida para modificar un total de cuatro de sus apartados, los que figuran con los ordinales primero, segundo, tercero y décimo así como para incorporar un nuevo apartado a dicha relación que pasaría a figurar con el ordinal primero. En este primer apartado se indicaría que "la Federació de Treballadors de Catalunya es una organización sindical que agrupa a las entidades que la integran. Sus afiliados son las organizaciones sindicales federadas y sus órganos el Congreso General, el Congreso de los Delegados, la Comisión Permanente, las Comisiones de Trabajo, los Comisionados, un Secretario y un Tesorero. No se contempla en los estatutos la posibilidad de constituir secciones sindicales". Y citará al efecto el contenido de los documentos obrantes en los folios n.º 65 a 78 de las actuaciones. En dichos documentos se contienen los estatutos del sindicato demandante que, y de acuerdo con lo que se dispone en dicho documento, se corresponde con la versión existente al 6/10/94. La modificación no puede, entendemos, ser aceptada. No podemos sino observar que el texto estatutario de referencia no permite determinar el contenido exacto de dichos estatutos a fecha actual; y consiguientemente, las condiciones y perfiles organizativos del sindicato en la actualidad. Así lo refiere la parte impugnante del recurso que aportará documentos que revelarían la existencia de tales modificaciones. Los documentos en cuestión no pueden ser aceptados en cuanto no se encuentran entre los supuestos, y para la admisión de documentos en fase posterior al acto de juicio, a los que se refiere el art. 270 de la L.E.C.. Pero en todo caso no podemos sino constatar la imposibilidad de determinar las condiciones organizativas del sindicato demandante a partir de los documentos citados por la recurrente. Lo que nos lleva a descartar que pueda tenerse por constatado un error en la valoración de la prueba del tipo que una constante doctrina judicial exige al efecto de aplicar el art. 191.b de la L.P.L., esto es, claro y prácticamente indiscutible; y, y en consecuencia, a descartar esta primera petición de revisión fáctica formulada por la recurrente. Respuesta que deberá extenderse también a la segunda y tercera de las peticiones de revisión que contiene el recurso en la medida en que remiten al mismo amparo documental y para negar la condición de afiliado al citado sindicato del trabajador demandante en las actuaciones y negar la existencia de secciones sindicales del citado sindicato.

Tercero.-Interesa a continuación la recurrente, dentro de este mismo motivo del recurso, la revisión del apartado tercero de la relación de hechos de la sentencia. En el mismo se indica, recordemos, que "tras asamblea extraordinaria de los afiliados del sindicato demandante FTC en fecha 25/4/09 se procedió por unanimidad al cambio de delegado sindical en la empresa demandada, pasando de realizar dichas funciones Don. Jesús María a realizarlas el demandante Sr. Imanol. Dicho cambio en la persona que desempeñaría las funciones de delegado sindical del sindicato FTC en la empresa demandada se comunicó a ésta mediante escrito de 25/4/09, documento 3 de los aportados por la parte actora al acto de juicio a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido, en fecha 28/4/09". Pretende la recurrente que en su lugar se declare que "el cambio en la persona que desempeñaría las funciones de representante sindical del sindicato FTC en la empresa demandada se comunicó a esta mediante escrito de 25/4/09, documento 3 de los aportados por la parte actora al acto del juicio a cuyo contenido me remito y doy por íntegramente reproducido, en fecha 28/4/09". Alega la recurrente que "es inexistente la justificación de la referida asamblea extraordinaria...si acudimos al documento aportado de contrario (folio 40 de las actuaciones) vemos que carece de los mínimos requisitos formales que permitan colegir la participación y desarrollo de la supuesta asamblea extraordinaria". Tampoco esta petición puede ser aceptada. Debemos negar que del contenido del citado documento pueda deducirse el hecho que refiere la recurrente, esto es, la inexistencia de la asamblea de referencia en la medida en que, y si de algo da cuenta el documento en cuestión, es de su celebración. Debemos recordar a este efecto que la competencia para valorar la prueba practicada corresponde prácticamente en exclusiva al órgano judicial de instancia y que solo la constatación de un error claro y prácticamente indiscutible, evidente a partir de determinados medios probatorios que el art. 191.b citado determina y que pueda ser identificado, además, sin necesidad de especiales conjeturas, deducciones o inferencias, permite la intervención de la Sala al efecto y para corregir tal tipo de errores. Lo que, a partir del citado documento y como hemos indicado, no podemos reconocer. La consideración sobre los requisitos formales a reunir en el citado documento de comunicación constituye, debemos insistir, una de talas inferencias, razonamientos o deducciones que nos está vedada en el sistema procesal referido. Se impondrá, en consecuencia, la desestimación de la citada petición revisoría de la relación de hechos de la sentencia.

Cuarto.-La última petición revisoría de la relación de hechos de la sentencia que formula la recurrente remite al contenido del apartado décimo de dicha relación. En él se indica que "en la hoja salarial del Sr. Imanol del mes de mayo de 2009 constan descontadas por el concepto de "aus. no retribuida" un total de 8'90 horas, por 106'27 €; la suma de 386'88 € por 52 horas y el concepto de "aus. enf/acc/pago direc" y la suma de 191'04 € por 16 horas y el concepto "aus. no retribuida". Igualmente en la hoja salarial del Sr. Imanol del mes de junio de 2009 constan descontadas por el concepto de "aus. no retribuida" la suma de 11'78 horas y 140'65 €; por el concepto "aus. enf/acc/pago direc" un total de 24 horas y 178'56 €; por el concepto de "aus. huelga" un total de 72 horas y 859'68 € y por el concepto "aus. no retribuida" un total de 16 horas y 191'04 €". Pretende en este caso la recurrente que se añada a dicha declaración que "las 16 horas descontadas en los meses de mayo y junio corresponden al pacto reseñado en el hecho probado anterior". Tampoco esta petición puede ser aceptada. La correspondencia de dicho descuento con el pacto de referencia remite o contiene una valoración y aplicación de dichos descuentos. Dicho significado impide tener a dicha declaración como receptora de estrictas circunstancias de hecho. Su ubicación en la relación de hechos de la sentencia, en consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.P.L., que no puede ser tenida sino por inadecuada y consecuentemente rechazada.

Quinto.-Interesa finalmente la recurrente, por el cauce procesal previsto en el art. 191.c de la L.P.L, la revocación de la sentencia recurrida por la vía procesal dispuesta en el art. 191.c de la L.P.L. por considerar que con la misma se infringen los arts. 2.1b, 2.2 y 8.1.a de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, puestos los mismos en relación con el art. 28 de la Constitución. Niega la existencia de cualesquiera vulneración del derecho a la libertad sindical de los demandantes afirmando que "la empresa nunca negó la condición de delegado sindical del actor sino que se limitó a solicitarle que justificara documentalmente su condición...(que) el actor ha podido asistir a todas las reuniones y otras actividades de carácter sindical en la empresa...(que) el tiempo empleado en estas actividades ha sido cargado provisionalmente en la cuenta de horas del actor de la que sigue siendo deudor a la empresa...es decir, no ha habido ningún descuento sindical...y no tiene...ninguna importancia, sino la informática, el que el actor no dispusiera de una clave de acceso al ordenador...". La resolución del recurso planteada no puede sino partir del contenido a reconocer en el derecho de libertad sindical para esclarecer el significado y función que, en el contexto de esa libertad, tiene la figura del delegado sindical en la empresa. Solo a partir de dicho significado podrán fijarse las condiciones determinantes de su válida y eficaz designación y, en su caso, las facultades de control y comprobación de la legitimidad de su nombramiento que puedan reconocerse al empresario.

Sexto.-La libertad de organización en el ejercicio de la actividad dirigida a la defensa y promoción de los intereses generales de los trabajadores que corresponde a los sindicatos no sólo es un principio consagrado en el art. 7 de la Constitución. Dicha libertad organizativa constituye, además, el núcleo esencial del derecho fundamental de libertad sindical que reconoce el art. 28.1 de la propia Constitución y desarrolla la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, puesto que no puede afirmarse que existan sindicatos, en el sentido constitucional del término, si no hay libertad sindical y ésta no es concebible si no se organizan libremente -arts. 2 de la LOLS - y no ejercen en libertad su acción sindical -art. 8 de la misma Ley- (v. STC 51/1984). Por consiguiente como se encarga de dejar sentado una constante doctrina constitucional "la libertad sindical, en el plano colectivo, garantiza a los Sindicatos un ámbito esencial de libertad para organizarse a través de instrumentos de actuación de la forma que considere más adecuada a la efectividad de su acción sindical, dentro, claro está, del respeto debido a la Constitución y a la Ley" (STC 292/1993). No puede, en consecuencia, sino reconocerse que los sindicatos pueden, en el ejercicio de su libertad de autorganización en los lugares de trabajo, constituirse a través de órganos, que legalmente son conocidos con el nombre de secciones y delegados sindicales -art. 8.1.a) de la LOLS - con capacidad para "ejercer aquellas actividades que permitan la defensa y protección de los propios trabajadores" (STC 40/1985). Ni siquiera el legislador, que sí puede modular o modalizar los derechos de estos órganos sindicales, podría rechazar o negar su existencia en la medida en su creación forma parte del contenido esencial del derecho (SSTC 61/1989 y 84/1989). Esta capacidad de creación de secciones sindicales es configurada en la LOLS, además, como una facultad que se ejerce con independencia de cualquier índice de representatividad o implantación que tenga el sindicato al que pertenecen y sin sujeción a formalidades legalmente preestablecidas debiendo únicamente observarse al efecto lo que en tal materia dispongan los Estatutos del propio sindicato; sindicato que será además el único sujeto "a quien, dentro de su marco estatutario, corresponde comprobar el cumplimiento de esas formalidades" (STC 292/1993). Y ni siquiera, además, se dirá en la citada doctrina constitucional, "la comunicación del acto constitutivo de la sección sindical está sujeta a forma que no venga establecida en los Estatutos y su puesta en conocimiento del empresario solamente es necesaria en la medida en que se precise para desarrollar la acción sindical dentro de la empresa" (STC 292/1993). E igual régimen de libertad, se dirá, regirá el estatuto jurídico de los delegados sindicales, que son representantes o mandatarios de las secciones sindicales. Así su designación o nombramiento que, con independencia de que la empresa esté o no obligada a reconocerle los derechos y garantías del art. 10 de la LOLS -STC 84/1989 -, es ejercicio de libertad interna de autoorganización del sindicato, compete a la sección sindical a través del procedimiento electoral que venga establecido en los Estatutos del sindicato, correspondiendo a éste la función de controlar su cumplimiento.

Séptimo.-El reconocimiento de dicha libertar organizativa en la creación y designación del delegado sindical no impide, según advierte la misma doctrina constitucional, que la elección de delegado sindical deba notificarse al empresario por cuanto, se dirá, su conocimiento es necesario para que alcancen efectividad los derechos y garantías que corresponde a aquél. Así el Tribunal Constitucional considerará que "es indudable que la libertad de elección de los delegados sindicales no puede llevarse al extremo absoluto de admitir que el delegado elegido pueda gozar de las garantías y ejercer los derechos que le reconozcan la Ley y el convenio colectivo, al margen de toda intervención del empresario, al cual el nombramiento del delegado le impone obligaciones y cargas, puesto que la existencia de esos delegados, además de ser ejercicio del derecho de libertad sindical, engendra un derecho de prestación a cargo de un tercero (SSTC 61/1989 y 84/1989). Por ello, concluirá, y para que el nombrado delegado sindical tenga las garantías y derechos reconocidos en el art. 10.3 de la LOLS, "es preciso que su nombramiento sea conocido por el empresario, el cual, a partir de él, podrá desplegar su comprobación de que en la elección se han cumplido los presupuestos legalmente exigibles, teniendo facultad para negar la legitimidad de la elección si tales presupuestos no han sido cumplidos" (STC 292/93). En el bien entendido sentido, añadirá cautamente, de que este derecho de control del empresario "sólo es admisible desde la perspectiva del delegado como órgano de representación sindical, beneficiaria de determinadas ventajas y prerrogativas que entrañan correlativas cargas y costes para la empresa pero carece de fundamentos el delegado se configura como simple instancia organizativa del sindicato (STC 84/1989). No existe por tanto inconveniente alguno, concluirá el Alto Tribunal, "en reconocer que el empresario puede recabar de la sección sindical o del delegado aquellos datos que precise para comprobar la legitimidad de su creación y elección". Control o comprobación que solo encontrará "un límite insuperable en los derechos fundamentales del trabajador, que no pueden ser vulnerados por el empresario, obligado a respetarlos, como lo están los propios órganos sindicales" (STC 292/93).

Octavo.-Lo que interesa destacar en este momento es que la posibilidad de un control empresarial es plenamente factible en la clave constitucional y legal aludida. Los límites del mismo, evidentemente, también. Así, y por ejemplo en el caso enjuiciado en el año 1993, el Tribunal Constitucional entiende que dicho control ha superado dichos límites al haber exigido el empresario afectado que se le comunicara los nombres de los afiliados que forman la sección sindical al considerar que dicha exigencia supone una vulneración del derecho de libertad ideológica de esos afiliados en su vertiente negativa, esto es, en la de no estar nadie obligado a declarar sobre su ideología ex art. 16.2 de la CE. La revelación de la afiliación sindical, dirá el Tribunal Constitucional, e un derecho personal y exclusivo del trabajador, que están obligados a respetar tanto el empresario como los propios órganos sindicales. Es cierto que el empresario puede negar su reconocimiento al delegado sindical que resulte haber sido ilegítimamente elegido pero para verificar el cumplimiento de los requisitos legales no le es lícito exigir una conducta al delegado que es contraria a un derecho constitucional. Debería el empresario, dirá el Alto Tribunal, verificar ese cumplimiento por procedimientos respetuosos con el derecho de libertad ideológica de sus trabajadores que no conllevan el conocimiento de su afiliación sindical, como son los que establecen aquellos ordenamientos en los que la acción sindical en la empresa depende de la concurrencia de un porcentaje mínimo de implantación en los que se mantiene en secreto la afiliación de aquellos trabajadores que así lo desean. Y negará la validez de los argumentos de que el conocimiento de la afiliación sindical es ineludible para la debida observancia de determinadas prescripciones legales y que legitimar la elección de un delegado sindical sin tener constancia de que existan trabajadores afiliados que formen la sección sindical equivale a dar un trato discriminatorio a los otros sindicatos, puesto que ni la dificultad de conseguir determinados objetivos -en este caso, eficaz control empresarial de la legitimidad de la elección- puede justificar la vulneración de un derecho fundamental ni la protección del derecho de unos trabajadores a no desvelar su afiliación sindical puede causar discriminación a los otros trabajadores que aceptan voluntariamente la publicación de su afiliación ni al sindicato al que éstos pertenezcan. Así, y en conclusión, que mantendrá en dicha sentencia que el otorgamiento de amparo al derecho de libertad sindical deviene obligado "puesto que el empresario, cuyo poder de dirección y gestión de la empresa tiene como límite infranqueable el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, de sus representantes o del propio sindicato, no puede imponer a un delegado sindical una conducta lesiva de alguno de esos derechos -en este caso, el de libertad ideológica de los trabajadores afiliados al sindicato-. Y por ello la negativa de éste a cumplir el requerimiento empresarial no autoriza al empresario para negarle la condición de delegado ni los derechos y garantías que le corresponden en tal calidad y al haberlo hecho así ha conculcado el derecho de libertad sindical.

Noveno.-La aplicación de estos criterios doctrinales al caso enjuiciado conlleva, entendemos, una solución distinta. Y es que el requerimiento empresarial por el que cual se intenta vehicular por el mismo el control al que hemos aludido no puede significar interferencia o violación de derecho fundamental alguno y de los trabajadores afectados. La pretensión del empresario pasa, como se especifica en el apartado cuarto de la relación de hechos probados, no requiere elemento alguno que exceda del ámbito natural de dicho control y al que se ha aludido de "comprobación de que en la elección se han cumplido los presupuestos legalmente exigibles". Consecuencia también natural de dicho control es la facultad de negar la legitimidad de la elección si tales presupuestos no han sido cumplidos o si simplemente, y como sucede en este caso, no se permite el despliegue de ese mismo y básico control. No podemos así reconocer en el requerimiento empresarial de referencia ni un formalismo excesivo alguno ni una absoluta falta de necesidad, ambas circunstancias apreciadas en la sentencia de instancia y que llevan al órgano judicial de instancia a la decisión adoptada en la misma (v. apartado cuarto de la relación de fundamentos jurídicos de la misma en su último párrafo). Todo ello nos lleva a descartar que se haya producido la violación de los derechos fundamentales aludidos. La sentencia, al no haberlo entendido así, incurrirá por su parte en la infracción de las normas y doctrina constitucional aludida. Lo que nos obliga a, y estimando el recurso, ordenar su revocación para, con desestimación de la demanda, absolver a la demandada de las peticiones contenidas en la misma.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que estimando como estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por Prysmian Cables y Sistemas S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 20 de los de Barcelona en fecha 14/12/09 en autos seguidos en dicho Juzgado con el n.º 835/09, debemos revocar y revocamos la misma para, y con desestimación de la demanda al entender que no se ha producido infracción o violación de los derecho fundamentales alegados en la demanda, absolver a la demandada de las peticiones contenidas en la demanda. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art. 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita, intente interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en El Banco Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm. 2015, sita en Ronda de Sant Pere, n.º 47, N.º 0965 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo anterior), N.º 0965 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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