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Sentencia T.S.J. Cataluña 5745/2010 de 13 de septiembre


 RESUMEN:

Relación laboral especial de mediadores en operaciones mercantiles: No han quedado acreditadas por el recurrente a quién correspondía la carga de los elementos integrantes de la laboralidad de la relación, que ésta se prestara bajo la dependencia del demandado. Jurisdicción competente: No es la Jurisdiccional Social competente para sustanciar las cuestiones a que se contrae el presente procedimiento, sino el Civil. Tampoco puede valorarse si la prestación de servicios por parte de la demandante sería incardinable en la figura del Trabajador Autónomo Dependiente. Desestimación.

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG: 43148 - 44 - 4 - 2009 - 0018705

F.S.

ILMO. SR. AMADOR GARCIA ROS

ILMO. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

ILMA. SRA. VERÓNICA OLLÉ SESÉ

En Barcelona a 13 de septiembre de 2010

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 5745/2010

En el recurso de suplicación interpuesto por Felisa frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Tarragona de fecha 1 de diciembre de 2009 dictada en el procedimiento Demandas n.º 895/2009 y siendo recurrido/a COMPAÑIA DE SEGUROS ADESLAS, S.A.. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. VERÓNICA OLLÉ SESÉ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 2-7-09 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 1 de diciembre de 2009 que contenía el siguiente Fallo:

"Que estimando la excepción planteada por la demandada debo declarar la incompetencia de jurisdicción en la demanda interpuesta por Felisa contra COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, SA., dejando imprejuzgado el fondo del asunto."

Segundo.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

Primero.-La demandante, Felisa, ha venido colaborando con la demandada COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, S.A., dedicada a la actividad de seguros, desde el 12.03.07, mediante contrato mercantil de agencia (doc.3 de la demandada).

Segundo.-La actora consta inscrita al registro de agentes de seguros exclusivo de COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, SA., (Documental n.º 3 de la demandada)

Tercero.-El actor viene percibiendo de la demandada una retribución variable, configurada por diversas comisiones que se devengan mensualmente según producción.

El 01.01.09 se modificaron las comisiones que percibe la actora).

(documentos 365 a 387 y 425 a 516 de la demandada)

Cuarto.-La actora en fecha 09.10.09 solicitó mediante burofax a la demandada "la baja voluntaria como agente exclusivo de la Cía Adeslas".

(documento n.º 1 de la demandada)

Quinto.-La mercantil le contestó al Burofax con carta fechada del 20 octubre en la que se le comunicaba la baja como agente de seguros exclusivos.

(documento n.º 2 de la demandada)

Sexto.-En las dependencias de la demandada existían despachos a disposición de los agentes. La demandante carecía de despacho propio en el centro de trabajo de Tarragona (interrogatorio Sr. Eduardo)

Séptimo.-La parte actora percibió las siguientes retribuciones:

En 2007: 12918,92 euros

En 2008: 10571,56 euros

En 2009: 4087,79 euros

/doc. n.º 4 de la demandada)

Octavo.-La parte demandante no ostenta ni ha ostentado en el último año la representación de los trabajadores en la empresa.

Noveno.-Presentada papeleta de conciliación por la demandante en fecha 12.06.09, el acto se celebró el siguiente día 25.06.09 con el resultado de "Sin acuerdo".

Tercero.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia desestimó la demanda de despido improcedente interpuesta por el actor, y estimó la excepción de incompetencia de la jurisdicción social alegada por la empresa, por considerar que el vínculo que liga a las partes no pude calificarse como laboral.

Contra la meritada sentencia se alza en suplicación la demandante con amparo procesal en el apartado b) del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (TRLPL), pretendiendo la revisión de los siguientes hechos probados de la sentencia:

a)Modificación del último párrafo del hecho probado primero, a fin de que quede redactado de la siguiente forma: "En el contrato suscrito consta la obligación de trabajar exclusivamente para la Compañía de Seguros Adeslas, S.L.". Fundamenta su petición revisoria en el contenido del documento obrante a los folios 140 y siguientes consistente en el contrato de agencia.

b)Con base en la testifical practicada en el acto del juicio, adición de un segundo párrafo al hecho probado tercero del siguiente tenor literal: "Consta probado mediante la testifical practicada en los testimonios de la demandada, que la actora, acudía todos los días a las 9 horas a la Delegación de la Compañía Adeslas, S.A. en la Calle Rambla Nova, 106 de Tarragona, efectuando el horario de 9 a 14 horas y de 16 a 19.30 horas. La actora a indicación del coordinador, debía de realizar una o dos veces a la semana, las denominadas guardias consistentes en asistencia obligada a la delegación de 9 a 14 horas para atender a los clientes que acuden voluntariamente a la delegación (testimonio del Director de de la Delegación y del Jefe Comercial".

Debe recordarse en primer lugar, que el recurso de suplicación tiene naturaleza extraordinaria, y no se trata de una segunda instancia, donde las partes, ni tan siquiera la propia Sala, puedan proceder a revisar la valoración de la prueba realizada por el Juez ad quo. De esta forma. El Tribunal Supremo (3-5-2001, 19-02-2002 y 10-06-2008, entre otras), ha declarado de forma reiterada que para que pueda apreciarse error de hecho en la apreciación de la prueba, han de concurrir los requisitos siguientes: 1) que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u omitido que la parte recurrente estime equivocado, contrario a lo que acredite o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración histórica tildada de errónea, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándolos; 3) que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que estime se desprenda la equivocación del Juzgador, sin que sea dable una cita genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) que los documentos y pericias no sean los mismos de los que haya extraído su convicción el Juzgador y ponga de manifiesto el error de una manera clara, evidente y directa, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables y, 5) que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar al relato histórico hecho cuya inclusión a nada práctico conduciría.

La aplicación de lo anterior debe llevar a la íntegra desestimación de las dos revisiones propuestas. La primera por ser intrascendente para el fallo, por cuanto a aunque la cláusula segunda del contrato establezca que la demandante no pueda prestar servicios para otra empresa aseguradora este hecho no determina por sí mismo la existencia de relación laboral, además de que la citada exclusividad es consecuencia de una disposición legal contenida en el artículo 14 de la Ley 26/2006, de 17 de julio de mediación de seguros y reaseguros privados. Por lo que respecta a la segunda modificación pretendida debe desestimarse sin más al no ser hábil la prueba testifical a efectos de revisión de hechos probados en el marco del recurso extraordinario de suplicación.

Segundo.-El segundo y último motivo del recurso se articula con amparo en lo previsto en el apartado c) del artículo 191 del TRLPL que tiene por objeto formular censura jurídica por infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia, alegando infracción de lo dispuesto en los artículos 2.1.f) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET), así como en el artículo 1.1 del Real Decreto 1438/1985 por el que se regula la relación especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el riesgo y ventura de aquellos (RD 1438/1985).

La demandante y recurrente considera acreditado que concurren los rasgos propios de una relación especial de mediadores en operaciones mercantiles por cuanto, los servicios se prestaban con sujeción a horario, con obligación de presencia regular en el centro de trabajo y sin asumir el riesgo y ventura de las operaciones, por lo que la sentencia recurrida vulnera la normativa citada.

En el supuesto de hecho inalterado el relato fáctico contenido en los hechos probados de la sentencia, así como las manifestaciones de carácter fáctico contenidas en el cuarto de sus Fundamento de Derecho resulta que la demandante no tenía despacho, ni horario, ni una retribución fija, limitándose sus funciones a la concertación de seguros con su cartera de clientes.

La sentencia de la Sala de 19 de abril de 2010, recuerda que en relación con la figura del agente comercial nos encontramos que hasta la publicación de la Ley 12/1992 de 27 de mayo sobre contrato de agencia, en nuestro ordenamiento se perfilaban tres figuras que intervenían en operaciones de mediación mercantil, por una lado los agentes comerciales, que eran auténticos empresarios de la mediación y respondían del buen fin de las operaciones; el mediador dependiente de un empresario, con relación laboral común y sometido por tanto al Derecho Laboral común, y el representante de comercio, con status especial, derivado de la aplicación del artículo 2 del ET, y reglamentado por el RD 1438/1985. A partir de la publicación de esta norma, a pesar de que se mantienen estas tres figuras, el artículo 2 introduce un cambio sustancial por el cual para saber si estamos en presencia de un agente comercial, ya no será necesario que concurra la asunción del riesgo y ventura de las operaciones, sino únicamente, que no concurra la nota de dependencia, de tal modo, que será agente comercial aquel que se dedique a promover actos u operaciones mercantiles por cuenta ajena o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos siempre que pueda organizar su actividad profesional y el tiempo dedicado a la misma conforme a sus propios criterios, no lo será en cambio, cuando entre en el ámbito de organización empresarial de un empresario.

Posteriormente, va ser el Tribunal Supremo el que en aplicación de dicha norma ha ido delimitando los criterios para diferenciar a los agentes comerciales, de los comisionistas o de los representantes de comercio, y, por lo que aquí interesa, son relevantes en este sentido dos sentencias la de 2 julio de 1996 y 21 de octubre de 1996, y de las cuales se desprende que "la delimitación del ámbito de la relación laboral especial prevista por el artículo 2.1.f) del Estatuto de los Trabajadores, desarrollada por el Real Decreto 1438/85, y sus fronteras con la que se genera por el contrato de agencia, regulado por la Ley 12/1992, ha de efectuarse actualmente teniendo presente lo que, transponiendo a nuestro ordenamiento interno la Directiva 86/653 CEE, de 18 diciembre 1986, determina en términos imperativos esta última Ley, por la que por vía refleja se deja precisado el ámbito de la exclusión de laboralidad que consagra el art. 1.3. f) del Estatuto de los Trabajadores y el de la relación laboral especial prevista por el art. 2.1 f) del Estatuto de los Trabajadores, de manera que la nota que diferencia al representante de comercio, sometido a la relación laboral especial antes citada, de quien asume el papel de agente como consecuencia de la válida celebración de un contrato de agencia, radica esencialmente en la dependencia, la que ha de presumirse excluida, con consecuencias eliminatorias de la laboralidad, cuando, aquel que por cuenta de una o varias empresas se dedica a promover o a promover y concluir actos u operaciones de comercio, despliega dicha actividad en términos de independencia, circunstancia esta que ha de entenderse concurrente en aquellos supuestos en que, al asumir dichas funciones, queda facultado para organizar su actividad profesional y el tiempo que fuera a dedicar a la misma, conforme a sus propios criterios, sin quedar sometido, por tanto, en el desenvolvimiento de su relación, a los que pudiera impartir en tal aspecto la empresa por cuya cuenta actuare".

Por tanto, la aplicación de lo expuesto a los hechos narrados más arriba, debe llevar a la desestimación del motivo y con ello del recurso, por cuanto en ningún caso han quedado acreditadas en la instancia por el recurrente a quién correspondía la carga de los elementos integrantes de la laboralidad de la relación, que ésta se prestara bajo la dependencia del demandado, por lo que, sólo podemos llegar a la misma consideración que el Juzgado, de que no es el Orden Jurisdiccional Social competente para conocer y sustanciar las cuestiones a que se contrae el presente procedimiento, sino el Civil, ya que así resulta de lo establecido por el art. 9.5 Ley Orgánica del Poder Judicial y de los artículos 1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral. Sin que pueda tampoco entrarse a valorar si la prestación de servicios por parte de la demandante sería incardinable en la figura del Trabajador Autónomo Dependiente (TRADE), al no encontrarse entre las pretensiones de las partes la declaración de la actora como TRADE.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que hemos de desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Doña Felisa, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Tarragona de fecha 1 de diciembre de 2009, dictada en los autos n.º 895/2009, sobre despido, seguidos a su instancia contra Compañía de Seguros Adeslas, S.A. que confirmamos en todos sus extremos. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a esta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art.219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del texto procesal laboral, todo el que (a excepción de los trabajadores o causahabientes suyos, los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, quienes gocen del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos dependientes de todos ellos) intente interponer recurso de casación, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tiene abierta en el Banco Español de Crédito-BANESTO-, en la Oficina núm 2015, sita en Ronda de Sant Pere, n.º 47, n.º 0937 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.

En caso de recurso de casación, la consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO, en la oficina indicada en el párrafo anterior, n.º 0937 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, de lo que doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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