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Sentencia T.S.J. Cataluña 5748/2010, de 13 de septiembre


 RESUMEN:

Despido objetivo: Causas económicas. Representantes de los trabajadores: Prioridad de permanencia en la empresa. Siendo el puesto de trabajo del actor conductor, y no existiendo tras las distintas extinciones contractuales ningún puesto de conductor en la empresa, ha quedado reducida a la mínima expresión productiva, y no cabe la posibilidad de declarar la prioridad del trabajador a permanecer en la empresa. No existe homogeneidad entre el puesto desempeñado por el recurrente y los que restan en la empresa. Desestimación.

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG: 08113 - 44 - 4 - 2009 - 0022973

ECR

ILMO. SR. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL

ILMO. SR. AMADOR GARCIA ROS

ILMA. SRA. VERÓNICA OLLÉ SESÉ

En Barcelona a 13 de septiembre de 2010

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 5748/2010

En el recurso de suplicación interpuesto por Inocencio frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Manresa de fecha 8 de enero de 2010 dictada en el procedimiento n.º 963/2009 y siendo recurridos Ministeri Fiscal y Manteniment i Lloguer, SA. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. VERÓNICA OLLÉ SESÉ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 18 de agosto de 2009 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 8 de enero de 2010 que contenía el siguiente Fallo:

"Desestimo las demandas dirigidas por Inocencio, Luciano, Nemesio, Plácido y Julia contra Manteniment i Lloguer S.A. y el Ministerio Fiscal, y declaro la procedencia del despido por causas objetivas de que fueron objeto los operarios el 2-8-09."

Segundo.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

Primero.-El Sr. Inocencio ha prestado servicios laborales a la mercantil demandada desde el 14-4-98 con la categoría profesional de conductor y por un salario mensual con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 2.155'78 euros, ostentando el cargo de Delegado de Personal por el sindicato CC.OO.

El Sr. Luciano ha prestado servicios laborales a la mercantil demandada desde el 3-5-90 con la categoría profesional de montador y por un salario mensual con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 2.277'30 euros, sin ostentar ni haber ostentado representación alguna de los trabajadores.

El Sr. Nemesio ha prestado servicios laborales a la mercantil demandada desde el 17-10-00 con la categoría profesional de ingeniero y por un salario mensual con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 2.485'45 euros, sin ostentar ni haber ostentado representación alguna de los trabajadores. Su contrato de trabajo está sujeto a la D.A. 1.ª de la Ley 12/2001.

El Sr. Inocencio ha prestado servicios laborales a la mercantil demandada desde el 7-9-83 con la categoría profesional de montador y por un salario mensual con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 2.909'70 euros, sin ostentar ni haber ostentado representación alguna de los trabajadores.

La Sra. Julia ha prestado servicios laborales a la mercantil demandada desde el 22-1-07 con la categoría profesional de oficial administrativa y por un salario mensual con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 1.458'38 euros, sin ostentar ni haber ostentado representación alguna de los trabajadores. Su contrato de trabajo está sujeto a la D.A. 1.ª de la Ley 12/2001.

Segundo.-En julio de 2009 la empresa tenía 12 trabajadores en plantilla.

Tercero.-La empresa tiene por objeto el alquiler de grúas-pluma para la construcción de edificios, incluyendo su montaje, desmontaje y mantenimiento.

En 2007 la actividad de la empresa se tradujo en el montaje de 114 grúas y en el desmontaje de 119, con un promedio de plantilla de 19 operarios.

En 2008 la actividad de la empresa se tradujo en el montaje de 37 grúas y en el desmontaje de 87, con un promedio de plantilla de 15 operarios.

En 2009, hasta el 31-5-09, la actividad de la empresa se tradujo en el montaje de 8 grúas y en el desmontaje de 31, con un promedio de 12 operarios.

El 31-3-09 la empresa presentaba un resultado de explotación del último trimestre de -94.000 euros y un resultado final de las cuentas de -117.000 euros.

El volumen de trabajo de 2009 requiere 256 horas de trabajo productivo mensual en montaje, desmontaje y mantenimiento de grúas.

La plantilla mínima legal para la actividad a que ha quedado reducida la empresa (1 gerente, 1 ingeniero y 2 operarios de producción) implica 636 horas mensuales de trabajo.

Prevista una media de 6 desmontajes mensuales, no resulta viable mantener el servicio propio de transporte con conductor de la empresa.

Cuarto.-El 3-7-09 la empresa intentó comunicar mediante sendas cartas idénticas (que se dan por expresa e íntegramente reproducidas en este Hecho) a los 5 actores (y además a otros 3 operarios que se han aquietado a la decisión empresarial, por un total de 8) que su contrato laboral se extinguiría el 2-8-09. Los operarios se negaron a recogerlas y fueron expedidas de inmediato por burofax. Expresaba que las causas productivas, económicas y organizativas que han motivado esta decisión son las reflejadas en el informe adjunto a la presente y que formando parte de esta carta de despido damos por íntegramente reproducido. Las cartas eran acompañadas de un informe (que se da por expresa e íntegramente reproducido en este Hecho) que contenía, entre otros, los datos que se han consignado en el Hecho anterior.

Tercero.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora Inocencio, que formalizó dentro de plazo, y dando traslado a las partes contrarias, lo impugnó la parte demandada MANTENIMENT I LLOGUER SA, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia desestimó la demanda de despido interpuesta por el actor y cuatro trabajadores de la empresa Manteniment i Lloguer, S.A. (la Empresa o Manteniment i Lloguer) declarando la procedencia del despido objetivo de los actores con efectos del 2 de agosto de 2008.

Contra la meritada sentencia se alza en suplicación únicamente el actor Don Inocencio, interesando se declare la improcedencia del despido del actor, al ser representante de los trabajadores, y tener prioridad de permanencia en la empresa. No se discuten en el recurso la concurrencia de las causas económicas alegadas por la empresa, dedicada al montaje y desmontaje de grúas.

El primer motivo del recurso del actor se interpone con amparo procesal en el apartado b) del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (TRLPL), pretendiendo la revisión del hecho probado primero de la sentencia a fin de que en el primer párrafo la categoría profesional del recurrente que figura como conductor se sustituya por categoría profesional de grupo 5. Fundamenta la pretensión revisoría en el documento obrante al folio 351 de los autos consistente en Resolución del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en la que figura que el sector de la empresa es el del Metal. Alega el recurrente que en actual convenio colectivo de Siderometal 2007-2012, no existe la categoría profesional de conductor, al contrario de lo que ocurría cuando se suscribió el contrato de trabajo.

Debe recordarse en primer lugar, que el recurso de suplicación tiene naturaleza extraordinaria, y no se trata de una segunda instancia, donde las partes, ni tan siquiera la propia Sala, puedan proceder a revisar la valoración de la prueba realizada por el Juez ad quo. De esta forma. El Tribunal Supremo (3-5-2001, 19-02-2002 y 10-06-2008, entre otras), ha declarado de forma reiterada que para que pueda apreciarse error de hecho en la apreciación de la prueba, han de concurrir los requisitos siguientes: 1) que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u omitido que la parte recurrente estime equivocado, contrario a lo que acredite o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración histórica tildada de errónea, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándolos; 3) que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que estime se desprenda la equivocación del Juzgador, sin que sea dable una cita genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) que los documentos y pericias no sean los mismos de los que haya extraído su convicción el Juzgador y ponga de manifiesto el error de una manera clara, evidente y directa, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables y, 5) que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar al relato histórico hecho cuya inclusión a nada práctico conduciría.

La aplicación de lo anterior debe llevar a la íntegra desestimación de la modificación propuesta. En primer lugar, por cuanto tal y como figura en el primero de los Fundamentos de Derecho de la sentencia, la categoría profesional del trabajador recurrente y del resto de los demandantes fue un hecho indiscutido y que por tanto no fue objeto de debate en el pleito, y en segundo porque como oportunamente se verá es intrascendente para el fallo de la sentencia.

Segundo.-El segundo y último motivo del recurso se articula con amparo en lo previsto en el apartado c) del artículo 191 del TRLPL que tiene por objeto formular censura jurídica por infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia, alegando infracción de lo dispuesto en el artículo 52.c del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET), en relación con el artículo 68.b del mismo texto legal y la jurisprudencia que los aplica en particular las Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2005, y la doctrina en suplicación de los Tribunales Superiores de Justicia aplicando dicha jurisprudencia.

La demandante y recurrente estima que de prosperar la modificación fáctica propuesta, la sentencia de instancia vulnera el derecho de prioridad de permanencia en la empresa en caso de despido objetivo de los representantes de los trabajadores establecido en los artículos 52.c) y 68 del TRLET, por cuanto permaneciendo en la empresa dos operarios de producción, el recurrente podría haber ocupado uno de dichos puestos, con lo que el despido es improcedente.

La sentencia de instancia considera sin embargo, que siendo el puesto de trabajo del actor conductor y no existiendo tras las distintas extinciones contractuales ningún puesto de conductor en la empresa, que ha quedado reducida a la mínima expresión productiva, no cabe la posibilidad de declarar la prioridad del trabajador a permanecer en la empresa.

Así pues, la cuestión litigiosa se centra en determinar en el caso de autos el alcance del derecho de permanencia establecido en la normativa que se cita infringida.

La STS de 30 de noviembre de 2005, citada tanto en el recurso como en su impugnación por las partes contiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto de la cuestión referida casando una sentencia del TSJ de Extremadura, y considerando acertada la contenida en la sentencia de esta Sala de 20 de febrero de 1998, en la que se determinaba que la garantía de prioridad de permanencia debe extenderse a todas las secciones de la empresa (y no sólo a aquella en la que se producían las causas objetivas), y ello respecto a los puestos de trabajo en los que pudiera existir homogeneidad con los desempeñados por los representantes.

En el supuesto de autos inalterado el relato fáctico de la sentencia consta que: (i) el trabajador no sólo ostentaba formalmente la categoría de conductor sino que realizó durante toda su relación profesional con la empresa demandadas funciones propias del puesto de trabajo de conductor; (ii) que como consecuencia de las pérdidas económicas ocasionadas por la importante reducción de actividad de 114 montajes de grúas y 119 de desmontaje en el año 2007, a 8 de montaje en el año 2009 y 31 de desmontaje, la empresa ha reducido la plantilla, de 12 personas en julio de 2009 a 4, que constituyen el mínimo legal exigible para tener la empresa operativa; (iii) que las personas que permanecen en la empresa son el gerente, un ingeniero y dos operarios de producción.

La aplicación de la jurisprudencia anteriormente expuesta al supuesto de autos debe conllevar la desestimación del motivo y con ello del recurso interpuesto, por cuanto no existe homogeneidad entre el puesto desempeñado por el recurrente y los que restan en la Empresa. En primer lugar, porque la parte actora y recurrente fundamenta su petición en la modificación de un hecho sobre el que existió conformidad en la instancia, esto es la categoría profesional del actor establecida en el hecho probado primero de la sentencia y sobre la que tal y como figura con claridad meridiana en el Fundamento de Derecho primero de la sentencia recurrida existió conformidad de las partes. No puede ahora el actor en fase de recurso realizar alegaciones que no fueron hechas en la instancia y sobre las que mostró conformidad, ni mucho menos la Sala aceptar estas alegaciones completamente extemporáneas sin crear indefensión a la parte demandada, que ante un hecho indiscutido pudo abstenerse en la instancia de proponer o practicar prueba al respecto, debiendo por ello desestimarse la pretensión de la parte recurrente sin más. Por ello, constando acreditado en la sentencia de instancia, representante de los trabajadores realizaba funciones de conductor, habiendo suprimido la empresa todos los puesto de trabajo de conductor ante la falta de actividad, y habiéndose quedado tan sólo con la estructura mínimamente exigible para realizar la actividad de montador y desmontador de grúas, resulta evidente que no existe un puesto de trabajo equivalente al del actor en el que pudiera realizar sus servicios.

No puede tampoco considerarse como acertadamente manifiesta la letrada impugnante en su escrito, que la categoría de montador de grúas pueda ser en ningún caso, equivalente o intercambiable con la de conductor, en los términos establecidos en el artículo 22.3 del TRLET, que para considerar que existe equivalencia entre las categorías profesionales exige que la aptitud profesional propia de la primera, sea suficiente para desarrollar las funciones laborales básicas de la segunda, previa realización de cursos simples de adaptación o formación. Resulta evidente, que la actividad de montaje y desmontaje de grúas tiene claramente unos requerimientos formativos, de aptitud y prevención de riesgos laborales sustancialmente distintos a los de conductor prestados por el recurrente durante toda su relación laboral con la empresa.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que hemos de desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Don Inocencio, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Manresa de fecha 8 de enero de 2010, dictada en los autos n.º 963/2009, sobre despido, seguidos a su instancia y la de Luciano, Nemesio, Plácido y Julia contra Manteniment i LLoguer, S.A. y Ministerio Fiscal, que confirmamos en todos sus extremos. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a esta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art.219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del texto procesal laboral, todo el que (a excepción de los trabajadores o causahabientes suyos, los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, quienes gocen del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos dependientes de todos ellos) intente interponer recurso de casación, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tiene abierta en el Banco Español de Crédito-BANESTO-, en la Oficina núm 2015, sita en Ronda de Sant Pere, n.º 47, n.º 0937 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.

En caso de recurso de casación, la consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO, en la oficina indicada en el párrafo anterior, n.º 0937 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, de lo que doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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