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Sentencia T.S.J. Castilla y León 505/2010 de 14 de septiembre


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad. Subcontratación de obras y servicios: La empresa principal no tiene la misma actividad que la subcontratada, aunque conste en sus Estatutos la posibilidad de realizar también tareas de construcción. Las actividades de ambas empresas deben ser real y efectivamente coincidentes. La empresa principal no debe responder de los salarios adeudados por la subcontratista con los trabajadores que presten sus servicios para ella. No concurre la aplicación del artículo 42 del ET. Desestimación.

BURGOS

SENTENCIA: 00505/2010

RECURSO DE SUPLICACION Num.: 448/2010

Ponente Ilma. Sra. D.ª María José Renedo Juárez

Secretaría de Sala: Sra. Carrero Rodríguez

SALA DE LO SOCIAL

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

CASTILLA Y LEÓN.- BURGOS

SENTENCIA N.º: 505/2010

Señores:

Ilma. Sra. D.ª María José Renedo Juárez

Presidenta

Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Toral

Magistrado

Ilmo. Sr. D. Santiago Ezequiel Marqués Ferrero

Magistrado

En la ciudad de Burgos, a catorce de Septiembre de dos mil diez.

En el recurso de Suplicación número 448/2010, interpuesto por Leoncio, Patricio, Severino, Carlos Ramón, Pedro Enrique, Avelino, Cosme, Fabio Y Imanol, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Segovia, en autos número 874/2009, seguidos a instancia de los recurrentes, contra, las empresas CONSTRUCCIONES BADAJOZ, S.L. Y LABORCON S.L., siendo parte el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, en reclamación sobre Cantidad. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. D.ª María José Renedo Juárez que expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 13 de mayo de 2.010, cuya parte dispositiva dice: Estimo parcialmente la demanda presentada por el letrado Sr. Martín Ramírez, en representación de D. Leoncio, D. Patricio, D. Severino, D. Carlos Ramón, D. Pedro Enrique, D. Avelino, D. Cosme, D. Luis Pedro y D. Imanol contra las empresas Casas Construcciones Badajoz, S. L., y Labarcón, S. L., y Fondo de Garantía Salarial; condeno a la empresa Casas Construcciones Bajadoz, S. L, a abonar a Leoncio la cantidad de 2.361,51 euros, D. Patricio la de 3.085,06 euros, D. Severino la de 3.483,06 euros, D. Carlos Ramón la de 2.789,32 euros, D. Pedro Enrique la de 1.714,67 euros, D. Avelino la de 1.983,60 euros, D. Cosme la de 2.863,53 euros, D. Luis Pedro la de 3.922,60 euros y D. Imanol la de 1.581,81 euros, más el interés de mora del 10%, y les absuelvo de las demás pretensiones deducidas.

Segundo.-En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- D. Leoncio -N. I. E. NUM000 -, D. Patricio -N. I. E. NUM001 -, D. Severino -N. I. E. NUM002 -, D. Carlos Ramón -N. I. E. NUM003 -, D. Pedro Enrique -N. I. E. NUM004 -, D. Avelino -N. I. E. NUM005 -,, D. Cosme -N. I. E. NUM006 -, D. Luis Pedro -N. I. E. NUM007 - y D. Imanol -N. I. E. NUM008 - prestaron sus servicios a la orden y cuenta de la empresa Casas Construcciones Badajoz, S. L., en las obras sitas en El Espinar (Segovia) y Navas de San Antonio (Segovia), con las categorías y antigüedades que se relacionan en la demanda, y debían haber percibido unas remuneraciones salariales conforme a convenio. (Los contratos, nóminas e informes de vida laboral se dan por reproducidos). SEGUNDO.- El 30-X-2006, las empresas Laborcon, S. L., como promotora, y Casas Construcciones Badajoz, S. L., como contratista, celebraron el contrato mercantil de ejecución de obras, entre las que se relacionaban, entre otras, las sitas en Navas de San Antonio (Segovia), El Espinar (Segovia). (El contrato se da por reproducido). TERCERO.- La empresa Casas Construcciones Badajoz, S. L., adeuda a D. Leoncio la cantidad de 2.361,51 euros, D. Patricio la de 3.085,06 euros, D. Severino la de 3.483,06 euros, D. Carlos Ramón la de 2.789,32 euros, D. Pedro Enrique la de 1.714,67 euros, D. Avelino la de 1.983,60 euros, D. Cosme la de 2.863,53 euros, D. Luis Pedro la de 3.922,60 euros y D. Imanol la de 1.581,81 euros en concepto de salarios devengados desde agosto 2008 y la parte proporcional de paga extraordinaria Navidad y, en algunos, la paga extraordinaria de verano 2008 y la de las vacaciones no disfrutadas, conforme a los cálculos y conceptos relacionados en el hecho primero, subapartados de 1 a 9, inclusive -que se da por reproducido-. CUARTO.-. El Convenio Colectivo de ámbito provincial para el sector de Construcción y la revisión salarial para el año 2008 - publicados en el B. O. P. 19-X-2007 y 6-II-2008, respectivamente- es el aplicable a la controversia enjuiciada. QUINTO.- El 17-VI- 2009, en el U. M. A. C., la conciliación se celebró sin avenencia respecto a Laborcon, S. L., y, al no comparecer la empresa codemandada, intentada sin efecto.

Tercero.-Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación los demandantes, siendo impugnado por Laborcon S.L.. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

Cuarto.-En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales vigentes.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El objeto del presente Recurso es la impugnación de la sentencia recaída en la instancia interesando al amparo del artículo 191 b y c de la Ley de Procedimiento Laboral la condena de la empresa Laborcon S.L. que fue absuelta en la sentencia recurrida.

Se fundamenta, en primer lugar el recurso al amparo del artículo 191 B de la Ley de Procedimiento Laboral.

No podemos olvidar que el recurso de suplicación tiene naturaleza extraordinaria y no constituye una apelación o segunda instancia, dado que en el proceso laboral solamente existe una instancia, de manera que es el Magistrado de instancia el competente para la práctica y valoración de las pruebas con arreglo a los principios de inmediación, oralidad y concentración.

Una de las consecuencias de esta configuración es que la sentencia de instancia solamente puede ser impugnada por motivos tasados, que son los consignados en el artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Aunque el apartado b del artículo 191 de La Ley de Procedimiento Laboral permite la revisión de los hechos declarados probados en la sentencia de instancia a través de los correspondientes motivos de suplicación, esta posibilidad de revisión es limitada, dada la naturaleza extraordinaria del recurso y el principio de instancia única.

De acuerdo con una conocida y reiterada doctrina jurisprudencial, proveniente de la establecida por el Tribunal Supremo en el supuesto análogo de la casación, para que dicha revisión pueda prosperar es preciso que el motivo de recurso amparado en la letra b del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral cumpla los siguientes requisitos formales:

a) Debe concretar exactamente el ordinal de la relación fáctica de instancia que haya de ser objeto de revisión;

b) Debe señalar el sentido en que ha de ser revisado, es decir, si hay que adicionar, suprimir o modificar algo; y

c) Debe proponer, mediante un texto alternativo al contenido en la sentencia de instancia, la nueva redacción que debe darse al hecho probado, salvo se pida la supresión total del correspondiente ordinal del relato fáctico.

El incumplimiento de estos requisitos determina el fracaso del motivo de revisión fáctica, sin necesidad de entrar en su análisis. Si tales requisitos se cumpliesen, la revisión podría prosperar siempre y cuando:

a) Se apoye la pretensión en prueba documental o pericial;

b) Dicha prueba obre en autos o haya sido aportada en trámite de suplicación válidamente conforme al artículo 231 de la Ley de Procedimiento Laboral.

c) Se concrete con exactitud el documento o pericia en el que se funda la revisión fáctica pretendida;

d) Se evidencie el error del Juzgador de instancia de la prueba documental o pericial señalada por el recurrente y no se limite a conjeturas o hipótesis realizados a partir de la misma; y

e) La revisión tenga trascendencia para provocar la anulación de la sentencia o la revocación del fallo mediante la estimación del recurso de suplicación.

Lo que en ningún caso puede pretenderse en suplicación es una nueva valoración por parte del Tribunal Superior del conjunto de la prueba practicada en instancia, ni la práctica de nuevas pruebas (con la excepción en este caso de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Procedimiento Laboral). Solicitar la parte recurrente que se adicionen en el hecho probado segundo el párrafo siguiente:

la empresa Laborcon tiene por objeto:

-la construcción, conservación y explotación de cualquier tipo de obras públicas y edificaciones en general

-construcción, compraventa, permuta, enajenación y promoción de inmuebles para viviendas, apartamentos,.... bien para su arrendamiento, o explotación, así como la adquisición o enajenación de terrenos o fincas.... su urbanización y parcelación

-toda clase de servicio de reparación de inmuebles obras mayores y menores, reformas y mantenimientos edificios y locales......

Todo ello al amparo de los documentos obrantes a los folios 82,141 y 142,sobre la certificación del R.Mercantil y de la TGSS,así como los folios 150 a 159 en orden a los contratos suscritos y que se dan íntegramente por reproducidos y que se refieren al objeto social de dicha empresa y que consta como documento indubitable en los estatutos de la sociedad.

Se entendería trascendente dicha adición porque pone de manifiesto un hecho fundamental para declarar la procedencia de la responsabilidad, como es que la empresa absuelta tiene la misma actividad que la constructora contratada.

Es decir fundamenta el recurso que posteriormente específica en la fase jurídica en que la actividad de la promotora no sólo se refiere y limita a dicha actividad inmobiliaria sino que en su objeto social es además ejecutora de obras con lo cual debería de haberse declarado su responsabilidad al amparo del artículo 42.

Ahora bien, correspondería a la fase jurídica, en todo caso, determinar si la promotora ha realizado o no funciones de constructora y por tanto el hecho de que conste o no el objeto social de la S.L. no modifica en ningún caso el fondo del asunto.

Máxime, cuando no se pide la modificación del hecho probado en que consta que "realiza las funciones de promotora".

Segundo.-Como segundo motivo del recurso y con amparo procesal en el art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral se alega por la parte recurrente que por la sentencia de instancia se ha vulnerado los artículos 42.2 del Estatuto de los Trabajadores y el art. 22 del C.Colectivo del Sector al entender que la codemandada debe de responder de forma solidaria al tener la consideración de contratista principal.

En la sentencia recurrida por el Magistrado de Instancia se entendió que no era de aplicación el art. 42.2 del Estatuto de los trabajadores al considerar que el trabajador demandante no había probado los requisitos exigidos en el citado articulo para declarar tal responsabilidad.

Establece el art. 42 del ET EDL 1995/13475, en sus dos primeros puntos:

"Subcontratación de obras y servicios.

1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la TGSS, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables y en los términos que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará exonerado de responsabilidad el empresario solicitante.

2. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante el año siguiente a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata".

Señala la STS de 20-7-2005 (r. 2160/2004) EDJ 2005/140030, respecto al concepto de "propia actividad" recogido en el anterior precepto legal: "la Sentencia de 24-11-98 EDJ 1998/25267 señala que caben dos interpretaciones de este concepto: a) la que entiende que propia actividad es la "actividad indispensable", de suerte que integrarán el concepto, además de las que constituyen el ciclo de producción de la empresa, todas aquellas que resulten necesarias para la organización del trabajo; y b) la que únicamente integra en el concepto las actividades inherentes, de modo que sólo las tareas que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal se entenderán "propia actividad" de ella. En el primer caso, se incluyen como propias las tareas complementarias. En el segundo, estas labores no "nucleares" quedan excluidas del concepto y, en consecuencia de la regulación del art. 42 del ET EDL 1995/13475.

Pero, como precisa la sentencia citada, recogiendo la doctrina de la sentencia de 18 enero 1995 EDJ 1995/12172, "si se exige que las obras y servicios que se contratan o subcontratan deben corresponder a la propia actividad empresarial del comitente, es porque el legislador está pensando en una limitación razonable que excluya una interpretación favorable a cualquier clase de actividad empresarial". Es obvio que la primera de las interpretaciones posibles anula el efecto del mandato del art. 42 del ET EDL 1995/13475, que no puede tener otra finalidad que reducir los supuestos de responsabilidad del empresario comitente y, por ello, se concluye que "ha de acogerse la interpretación que entiende que propia actividad de la empresa es la que engloba las obras y servicios nucleares de la comitente".

De igual modo la anterior STS de 22-11-02 EDJ 2002/54257 señala que "lo que determina que una actividad sea "propia" de la empresa es su condición de inherente a su ciclo productivo".

Partiendo de los hechos declarados probados que han resultado incontrovertidos debemos de analizar si concurren o no los requisitos expuestos para extender la responsabilidad a Laborcon S.L. como alega la parte recurrente.

La conclusión no puede ser otra que a la que ha llegado el Magistrado de instancia, ya que a la parte demandante le incumbe probar que concurren los hechos para imputar tal responsabilidad esto es que la contratación o subcontratación recaiga sobre obras o servicios correspondientes a la propia actividad del empresario principal, lo que no se ha probado.

Del contrato formalizado entre la empresa contratista" Casas construcciones Badajoz "y entre promotores Laborcon S.L. conforme obra al documento unido a las actuaciones A los folio 58 y siguientes en los que formalizan por un lado varios promotores y por otro una contratista la realización literalmente "promoción y construcción de las obras de edificación de viviendas" sitos entre....... otros en El Espinar..... tiene por objeto la realización por parte del contratista de las obras de edificación de distintas viviendas y se reservan la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud los técnicos designados por los promotores. Asimismo es de parte del promotor el estudio de seguridad que forma parte del proyecto ejecución, la expedición de licencias y trámites con las administraciones públicas, los honorarios técnicos por redacción del proyecto de construcción, así como su estudio de seguridad dirección de obras y coordinación de seguridad y salud.

Por el recurrente se alega la jurisprudencia del T.S.J. de la Comunidad Valenciana rec - sentencia 3825/06 no hace referencia a la condición de promotora en el ejercicio de funciones de contratista sino al contrario dentro de la responsabilidad que se le puede atribuir en virtud de la ley de prevención de riesgos laborales y es en esa condición cuando se articula diferentes responsabilidad a la contemplada en el presente procedimiento cuando el promotor de obras de construcción, es un empresario titular del centro de trabajo en los términos del artículo 24.2 de la Ley 31/1995, cuyas obligaciones se definen en dicho artículo y en el capítulo III del Real Decreto 171/2004, si bien, al tratarse de una obra sujeta a la aplicación del Real Decreto 171/2004, las obligaciones del artículo 7 del citado Real Decreto 171/2004, conforme a su disposición adicional primera, se sustancian a través de la aplicación de las que incumben al promotor en el Real Decreto 1627/1997, que incluyen dos esenciales:

a) La planificación preventiva, a través del estudio de seguridad y salud, sea éste ordinario o básico;

b) La coordinación preventiva, tanto en fase de proyecto como en la fase de obra, a través de los correspondientes coordinadores de seguridad y salud en ambas fases, que actúan como auxiliares contractuales del promotor para el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Pero no respondería de las deudas salariales.

Debemos de recordar la jurisprudencia del T. Supremo Sala IV sobre la responsabilidad del promotor por todas S 2-10-2006 RCUD en la que se señala "El tema de la responsabilidad del promotor por deudas del contratista con sus trabajadores ha sido resuelto por este Sala en nuestra sentencia de 20 de julio de 2005 (Recurso 2160/2004).

En ella señalábamos que "en nuestro ordenamiento la Ley 38/1999, de ordenación de la edificación, distingue en el marco de esta actividad varios agentes, entre los que se encuentran el promotor y el constructor. El promotor se define como "cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título" y sus obligaciones en relación con el proceso de edificación son las de ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él, facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra, concertar los seguros exigibles y entregar al adquirente la documentación de la obra ejecutada. Por su parte, el constructor es "el agente que asume contractualmente, ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato", y sus obligaciones son las relativas a ejecutar la obra con sujeción al proyecto, tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor, designar al jefe de obra, asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera, formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato, firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra, facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada y suscribir las garantías previstas en el artículo 19 de la Ley 38/1999. De esta regulación se desprende que, aunque insertas en el mismo sector de la edificación, las actividades empresariales de los promotores y de los constructores son distintas. El promotor desarrolla una serie de acciones de iniciativa, coordinación y financiación de los proyectos de edificación que tienen carácter básicamente administrativo y comercial, mientras que la labor del constructor es fundamentalmente física y productiva. Se trata, por tanto, de actividades empresariales que son en sí mismas diferentes, aunque entre ellas pueda existir una conexión o dependencia funcional y en este sentido la actividad de construcción no es una actividad "inherente" al ciclo productivo de la actividad inmobiliaria".

Y se añadía, como argumento de apoyo, que "el supuesto de hecho del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, en la medida en que está conectado en el plano de las consecuencias jurídicas con la aplicación de un régimen severo de responsabilidad para las contratas en el marco de la propia actividad, parte de una conexión más intensa entre las actividades del principal y del contratista, de manera que se produzca una cierta implicación de las organizaciones de trabajo de los empresarios, como se pone de relieve en el debate sobre el denominado "elemento locativo de la contrata" ya en gran medida superado por las nuevas tecnologías que permiten establecer una implicación entre organizaciones de trabajo por encima de la presencia en el mismo lugar de trabajo y es obvio que esta implicación no se produce, en principio, entre las organizaciones de trabajo de una promotora inmobiliaria y de una empresa constructora".

Entre otras SENTENCIA N.º: 187/2008 T.S.J. Social BURGOS

Expresamente el magistrado de instancia hace la valoración sobre que la empresa o en absuelta no tiene la misma actividad que la subcontratada pese a constar en su estatuto y en el objeto social de dicha entidad la posibilidad de la construcción. Pero a mayor abundamiento hemos de concretar que el objeto de la subcontratada está perfectamente acotado y es mas no se ha interesado de forma alguna la modificación del hecho segundo en el que expresamente se declara que la empresa absuelta actúa como promotora y la empresa condenada como constructora con lo cual queda perfectamente delimitado la función que desempeñan y actividad que desempeñan cada una de ellas en el contrato que en concreto vincula en todo caso al trabajador o el recurrente con ellas. No hubo párrafo.

La categoría profesional de los actores tan sólo puede llevarse a cabo y por consiguiente prestar sus servicios los trabajadores hoy recurrentes para la empresa que tiene por objeto la edificación de las casas objeto del contrato en ningún caso la actividad que desarrolla Laborcon S.L..

Doctrina que es aplicable al presente supuesto y en consecuencia al ser su objeto social entre otros el de la promoción y gestión de obras y en concreto en esta contrata haber subcontratado la ejecución de la edificación de distintas viviendas, no respondería de los salarios adeudados por la empresa subcontratista con los trabajadores que presten para ella sus servicios. Por todo lo cual procederá la desestimación de este concreto motivo del recurso.

En este mismo sentido ya se ha pronunciado esta Sala en Sentencias n.º 770 y 790/09 en los que se expone un supuesto idéntido.

"En síntesis, los motivos del recurso son los que siguen:

a).Entiende que Laborcón es promotora inmobiliaria y Casas Construcción Badajoz, entidad contratista, y que realizó la ejecución de obra.

b). Que ambas entidades Laborcón y Casas Construcción Badajoz, son empresas que tienen una misma actividad.

Hemos de partir del contenido de la STS de 20 de julio de 2005, recurso 2160/04, donde se viene a indicar que "la noción propia actividad ha sido precisada ya en doctrina anterior de esa misma Sala en el sentido que lo que determina que una actividad sea propia de la empresa es su condición de inherente a su ciclo productivo". En este sentido, la Sentencia de 24 de noviembre de 1998, señalaba que en principio cabrían dos interpretaciones de ese concepto, así:

a). La que entiende que propia actividad es la actividad indispensable, de suerte que integrarán el concepto, además de las que constituyen el ciclo de producción de la empresa, todas aquellas que sean necesarias para la organización del trabajo.

b). La que únicamente integra en el concepto las actividades inherentes, de modo que sólo las tareas que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal se entenderán como propia actividad de ella. En el primer caso, se incluyen como propias las tareas complementarias. En el segundo, esas tareas no nucleares quedan excluidas del concepto, y, en consecuencia, de la regulación del artículo 42 del ET. Pero, como precisa la sentencia citada, recogiendo la doctrina de la Sentencia de 18 de enero de 1995, si se exige que las obras y servicios que se contratan o subcontratan deben corresponder a la propia actividad empresarial del comitente, es porque el legislador está pensando en una limitación razonable que excluya una interpretación favorable a cualquier clase de actividad empresarial.

Es obvio que la primera de las interpretaciones posibles anula el efecto del mandato del artículo 42 del ET, que no puede tener otra finalidad que la de reducir los supuestos de responsabilidad del empresario comitente, y, por ello, se concluye que ha de acogerse la interpretación que entiende que propia actividad de la empresa es la que engloba las obras y servicios nucleares de la comitente.

En el marco de la ley de edificación vigente en el momento al que se refiere este procedimiento -reclamaciones salariales correspondientes al año 2008-, ley 38/99, distingue en el marco de la actividad constructiva entre promotor y constructor. El promotor se define como cualquier persona física o jurídica, con recursos propios o ajenos, que programa y financia obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. Y sus obligaciones en relación con el proceso de edificación son las de ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. Al mismo tiempo facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. Y concertar, como no, los seguros exigibles y entregar al adquirente la documentación de la obra ejecutada.

Por su parte, el constructor será el agente que asume contractualmente, ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujeción a proyecto y al contrato, y sus obligaciones son las relativas a ejecutar la obra, con sujeción a proyecto, tener la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor, designar al jefe de obra, asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera, formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato, firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra, facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada y suscribir las garantías previstas en el artículo 19 de la citada ley de edificación.

De esa regulación, se desprende que, aunque insertas en el mismo sector de la edificación, las actividades empresariales de promotor y constructor son distintas. El promotor desarrolla labores de iniciativa, y financiación de los proyectos, mientras que la labor del constructor es la de carácter física y productiva. Se trata, por tanto, de actividades empresariales que son diferentes, aunque entre ellas pueda existir conexión o dependencia funcional, y en este sentido la actividad constructiva no es actividad inherente al ciclo productivo de la actividad inmobiliaria.

Esa dependencia recíproca entre proyecto y construcción no implica unidad de actividad, de la misma manera que una actividad productiva cualquiera es presupuesto necesario para otra que se dedica a la comercialización de los productos de la primera sin confundirse con ella. Y también es cierto que un mismo agente económico podría a la vez dedicarse a la construcción y a la promoción, añadiendo que la norma no contempla la posibilidad de concurrencia de actividad, sino la actualidad de esa coincidencia de actividades.

El supuesto de hecho del artículo 42 del ET, en la medida que está conectado en el plano de las consecuencias jurídicas con la aplicación de un régimen severo de responsabilidad para las contratas en el marco de la propia actividad, parte de una conexión más intensa entre las actividades del principal y la del contratista, de manera que se produzca una cierta implicación de las organizaciones de trabajo de los empresarios, como se pone de relieve en el debate sobre el denominado elemento locativo de la contrata. Ya en gran medida superado por las nuevas tecnologías que permiten establecer una implicación entre organizaciones de trabajo por encima de la presencia del mismo en el mismo lugar de trabajo, y es obvio que esta implicación no se produce, en principio, entre organizaciones de trabajo de una empresa inmobiliaria y una empresa constructora.

Aplicando esta doctrina al caso de autos, y sirviendo de base el contenido del relato de hechos probados no modificados de la sentencia, podemos entender que no cabría la aplicación del artículo 42 del ET. Por cuanto, por un lado, la empresa Laborcón es promotora, y la entidad Casas Construcción Badajoz, es contratista ejecutora de obras -ordinal segundo-. Por lo que, entre una y otra no habría principio de unidad productiva. De manera que ambas empresas poseen actividades distintas. Y aún cuando la empresa Laborcón pudiera dedicarse a la construcción, como es alegado por el recurrente, en el caso de autos, nos encontramos con que su actividad concreta, en su relación con Casas Construcción Badajoz, fue de promoción inmobiliaria. Y la entidad Casas Construcción Badajoz, de ejecución de esa misma construcción proyectada. Por lo que no puede aplicarse el artículo 42 del ET, y por tanto, no puede establecerse ese principio de solidaridad entre ambas empresas en relación con el pago de salarios adeudados al actor. No existiendo conexión o dependencia funcional en la actividad de ambas empresas a los efectos razonados en la Sentencia del Tribunal Supremo antes invocada.

Es decir, como bien razona el impugnante del recurso, no basta la mera posibilidad que las actividades de ambas empresas sean coincidentes, sino que en el caso contemplado -ejecución de obras por una empresa derivadas de proyecto redactado por otra-, dichas actividades de ambas empresas lo sean efectiva y realmente coincidentes y no de manera potencial. Cosa que no ocurre en el supuesto de hecho contemplado en este procedimiento".

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de Suplicación interpuesto por Leoncio, Patricio, Severino, Carlos Ramón, Pedro Enrique, Avelino, Cosme, Fabio Y Imanol, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Segovia, en autos número 874/2009, seguidos a instancia de los recurrentes, contra, las empresas CONSTRUCCIONES BADAJOZ, S.L. Y LABORCON S.L., siendo parte el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, en reclamación de cantidad y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma prevenida en los artículos 100 de la Ley de Procedimiento Laboral, 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus concordantes y firme que sea la presente, contra la que cabe interponer recurso extraordinario de casación para la unificación de doctrina para ante el Tribunal Supremo dentro de los diez días siguientes de su notificación, devuélvanse los autos junto con testimonio de esta Sentencia, incorporándose otro al rollo que se archivará en la Sala, al Juzgado de lo Social de procedencia para su ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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