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Sentencia T.S.J. Extremadura 462/2010 de 14 de septiembre


 RESUMEN:

Despido por causas objetivas: No se admite la alegación del trabajador recurrente de ser insuficiente el contenido de la carta de despido en cuanto a la expresión de la causa, por tratarse de una cuestión nueva rechazable de plano, pues no se invocó en la demanda ni tampoco en el acto del juicio. Concurre la causa económica negativa invocada en la carta extintiva, que priva a la empresa de liquidez y de expectivas de superación de dicha situación. Procedencia del despido. Desestimación.

CACERES

SENTENCIA: 00462/2010

T.S.J.EXTREMADURA SALA SOCIAL

C/PEÑA S/N.º (TFN.º 927 620 236 FAX 927 620 246)CACERES

Tfno: 927 62 02 36-37-42

Fax:927 62 02 46

NIG: 10148 44 4 2010 0300019

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000356 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000065 /2010 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 003

Recurrente/s: Elias

Abogado/a: VICTOR F HERNANDEZ MONTES

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s: TALLERES FATELA,S.L.

Abogado/a: DOMINICA MARCOS RAMOS

Procurador:

Graduado Social:

ILMOS. SRES.

D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ.

D.ª ALICIA CANO MURILLO.

D.ª MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ.

En CÁCERES, a catorce de Septiembre de dos mil diez.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA SOCIAL, T.S.J. EXTREMADURA, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA N.º 462

En el RECURSO SUPLICACIÓN 356/2010, formalizado por el Sr. Letrado D. VÍCTOR FERNANDO HERNÁNDEZ MONTES, en nombre y representación D. Elias, contra la sentencia número 106/10 dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 3 de CÁCERES, con sede en PLASENCIA, en el procedimiento DEMANDA 65 /2010, seguido a instancia del mismo recurrente, frente a TALLERES FATELA, S.L., parte representada por la Sra. Letrada D.ª DOMINICA MARCOS RAMOS, sobre DESPIDO OBJETIVO, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. D.ª ALICIA CANO MURILLO.

De las actuaciones se deducen los siguientes:


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-D. Elias presentó demanda contra TALLERES FATELA, S.L., siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 106, de fecha siete de Abril de dos mil diez

Segundo.-En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados: "1.º- El demandante en este procedimiento, D. Elias como trabajador ha venido prestando sus servicios laborales para la mercantil demandada TALLERES FATELA, S.L. (dedicada a la cerrajería), desde 2-III- 1995, con la categoría profesional de oficial 2.ª administrativo; percibe un último salario mensual (Incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias) de 1.252Z73 euros. 2.º- La citada entidad empleadora, mediante escrito de 15-XII-2009, (folio 7 y 8 de las actuaciones) pone en conocimiento del actor su decisión de dar por extinguido su contrato de trabajo, con efectos de esa misma fecha, "por causas objetivas, dado que concurren causas económicas y de producción", al amparo del art. 52, letra c) del Estatuto de los Trabajadores, señalando que la indemnización correspondiente -a razón de veinte días de salario pro año de antigüedad en la empresa- era pro importe de 12.390 euros, suma que no pone a disposición del trabajador "por dificultades de liquidez". 3.º- A instancia del actor se celebró el día 8-I-2010 ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y conciliación acto de conciliación con la referida compañía, acto que concluyó sin que las partes se avinieran. 4.º- A 6-X-2009, la demandada mantenía una deuda por cotizaciones para la Tesorería General de la Seguridad Social de 42.690Z71 euros. Dicho Servicio común ha procedido a embargar el 33Z333% de una cierta finca urbana propiedad de aquélla. Asimismo, en el Juzgado de Primera Instancia número Uno de los de Plasencia se siguen los autos número 365/2009, de ejecución hipotecaria promovidos por una determinada entidad crediticia contra la demandada, en el que el importe principal de crédito reclamado es de 260.194Z 72 euros. 5.º- El actor considera que le son debidos pro la empresa alrededor de 6.000 ó 7.000 euros por salarios. 6.º- El demandante no ha ostentado, en el año anterior al despido, la condición de delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical."

Tercero.-En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "FALLO: Que desestimando la demanda deducida por D. Elias contra la entidad TALLERES FATELA, S.L., debo declarar y declaro la inexistencia del despido invocado en el escrito de demanda y la absolución de esta compañía de todas las pretensiones deducidas en el suplico con que aquélla concluye."

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante, formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, tuvieron entrada en esta SALA SOCIAL, T.S.J. EXTREMADURA, en fecha 28-6-10.

Sexto.-Admitido a trámite el recurso se señaló día para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La resolución de instancia declara procedente la decisión extintiva de la relación laboral que unía al actor con la demandada, amparada en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y motivada en causas económicas. Frente a dicha decisión se alza el vencido, interponiendo el presente recurso de suplicación, y, en los dos primeros motivos de recurso, aún formalmente, por el cauce prevenido en el apartado b) del artículo 191 de la LPL, solicita la revisión de los hechos declarados probados de la sentencia impugnada. Y decimos formalmente por cuanto examinado el motivo primero viene a resultar que lo que interesa materialmente, ofreciendo la redacción que estima conveniente, es la revisión de los fundamentos de derecho tercero y cuarto, y lo hace remitiéndose, sin más precisión, respecto del primero a los "documentos 3, 4, 5 y 6 aportados en el acto del juicio por la empresa demandada, puestos en relación con los documentos aportados por esta parte y que obran en Autos, en especial la memoria abreviada de las cuentas anuales correspondientes al año 2008"; y en cuanto al segundo lo apoya en los "Documentos 3, 4, 5 y 6 y en las declaraciones testificales de los testigos aportados en el acto del juicio por la parte demandada y los citados por ésta", siendo significativa, como no podía ser de otra forma, las redacciones que ofrece, al recaer sobre fundamentos de derecho suplanta al Juzgador, con expresiones tales como "este juzgador considera que la empresa no ha dado suficiente explicación......(...) por lo cual en la parte dispositiva de esta resolución se declarará la existencia de despido improcedente que se postulaba en el suplico de demanda", haciendo lo propio con la extensa redacción con la que trata de sustituir el fundamento de derecho tercero de la sentencia de instancia. Y todo ello sin intentar siquiera modificar la real declaración fáctica, respecto de la cual en modo alguno se puede decir que se preste a confusión pues se encabeza, empleando letra mayúscula, como "HECHOS PROBADOS".

En consecuencia con lo expuesto, el motivo primero no puede prosperar por razones formales. En primer término por cuanto que, tal y como nos recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2005, los recursos no se dan contra los fundamentos de derecho de las resoluciones. Pero es más, aún teniendo en consideración, siguiendo del propio modo la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, sentencias de la Sala de lo Social de 7 de abril de 1989, 6 de julio de 1990, 7 de febrero de 1992, 29 de junio de 1992, 27 de julio de 1992, y 16 de abril de 2004, entre otras muchas, el indudable valor fáctico de las declaraciones que con tal carácter se contienen de forma inadecuada en la fundamentación jurídica, e intentando suplir las deficiencias del recurso, que ya hemos expuesto, viene a resultar que, en efecto, y en lo que respecta únicamente a los hechos que se refieren en el fundamento de derecho cuarto, pues el fundamento de derecho tercero se sustenta en los inalterados, por no solicitarlo, hechos probados cuarto y quinto, en tal se declara que la empresa ha probado: "la importante situación de pérdidas (unos 41.500 euros en el año 2009 y unos 40.200 en el año 2008, cuando la ganancia en 2006 fue de uno 9.900 euros) derivada principalmente de la paulatina pero muy fuerte mengua del volumen de trabajos y por ende, de los ingresos (unos 560.600 euros en 2006 a unos 100.300 euros en 2009) que priva a tal compañía mercantil no sólo de iliquidez sino de expectativas de superación de esta generalizada situación económica negativa, considerando, en suma, acreditada la necesidad de amortizar el puesto de trabajo del actor por la causa económica que invoca el empleador en su decisión extintiva...", teniendo en cuenta que en el relato fáctico no se concretan dichos hechos, sino la remisión a la comunicación extintiva (hecho probado segundo). Pero aún atendiendo a la doctrina sobre atenuación del rigorismo formal que planea sobre este tipo de recursos, de naturaleza extraordinaria, tal y como reiteradamente ha puesto de manifiesto tanto la Sala de lo Social del Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, es lo cierto que, como nos recuerda la sentencia de 24 de junio de 2008, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, con exposición del criterio mantenido por dicha Sala, es necesario que concurran una serie de requisitos para que llegue a buen fin la modificación fáctica, "Como razonábamos, entre otras muchas, en nuestras Sentencias de 12 de marzo de 2002 (rec. 379/01), 6 de julio de 2004 (rec. 169/03), 20 de febrero de 2007 (rec. 182/05), y 15 de octubre de 2007 (rec. 26/07) "respecto del error en la apreciación de la prueba tiene reiteradamente declarado esta Sala (Auto de 5 de marzo de 1992 y Sentencias de 2 de junio de 1992, 31 de marzo de 1993 y 4 de noviembre de 1995, entre otras muchas) que, para que la denuncia del error pueda ser apreciada, es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico.

b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial (en el recurso de casación únicamente la documental) obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas.

c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia".

Dicha doctrina viene aderezada con el recordatorio de que el presente recurso no es el ordinario de apelación, sino el extraordinario de casación, aplicable tal naturaleza al de suplicación, reiterando en términos más concretos para solventar el supuesto que allí se sometía a su consideración, que en este tipo de recursos y en concreto en lo que respecta a la revisión fáctica, el error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios, pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia -que aprecia "los elementos de convicción" (artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral), concepto más extenso que el de medios de prueba, pues no sólo abarca a los que enumera el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino también el comportamiento de las partes en el transcurso del proceso e incluso sus omisiones-, por el de la parte, lógicamente parcial e interesado, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar que tanto el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como el artículo 117.3 de nuestra Constitución otorgan en exclusiva a los Jueces y Tribunales".

En el mismo sentido cabe citar las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1993, 15 y 26 de julio y 26 de septiembre de 1995, 2 y 11 de noviembre de 1998, 2 de febrero de 2000, 24 de octubre de 2002 y 12 de mayo de 2003, en las que se ha venido sosteniendo que es preciso para que prospere la revisión fáctica (aún razonando en clave de recurso de casación, mas aplicable al recurso de suplicación): "1.º- Que se citen documentos concretos de los que obren en autos que demuestren de manera directa y evidente la equivocación del juzgador, cuando tales pruebas no resulten contradichas por otros elementos probatorios unidos al proceso. 2.º- En segundo lugar, que se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que ponga de relieve el error denunciado. 3.º- Que la modificación propuesta incida sobre la solución del litigio, esto es, que sea capaz de alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida. 4.º- que se identifiquen de manera concreta los hechos probados cuya revisión se pretende, para modificarlos, suprimirlos o adicionarlos con extremos nuevos, y al mismo tiempo ha de proponerse la redacción definitiva para los hechos modificados". Y también, en lo que respecta a la forma de efectuar la revisión fáctica, de la doctrina de suplicación, al igual que la del Tribunal Supremo, sentada en relación a esta función jurisdiccional, puede desprenderse una serie de "reglas básicas", cuya finalidad es evitar que la discrecionalidad judicial se extralimite hasta el punto de transformar el recurso excepcional de suplicación en una segunda instancia. Estas "reglas" las podemos compendiar del siguiente modo:

1.º) La revisión de hechos no faculta al tribunal a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental alegada que demuestre patentemente el error de hecho.

2.º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada (SSTS 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, 6 de mayo de 1985 y 5 de junio de 1995).

3.º) En el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba (SSTC 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990, de 15 de febrero, con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable (SSTS 10 de marzo de 1980, 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

4.º) La revisión fáctica no puede sustentarse en medios de prueba que no sean la prueba documental pública o privada en el sentido ya expuesto, y la pericial (artículo 191.b) y 194 de la Ley de Procedimiento Laboral), tal y como ha puesto de relieve el Tribunal Supremo en sentencias de 10 de febrero y 6 de noviembre de 1990, en relación a la prueba testifical y la de confesión judicial, en la que se incluye el supuesto del artículo 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Segundo.-Con arreglo a lo expuesto, mal podemos estimar el motivo examinado, pues, aún obviando lo que ya hemos dejado razonado, el recurrente cita la prueba en que pretende sustentarse en el modo expuesto al inicio de la presente resolución, es decir de la forma inconcreta y lacónica expuesta, lo que supondría que esta Sala examinara el total de los medios de prueba y los valorara nuevamente, incluidos los tenidos en consideración por el Magistrado de instancia, lo cual nos está vedado, teniendo en cuenta, del propio modo, que el recurrente cita la prueba testifical, inhábil, tal y como hemos razonado a los fines propuestos, y atendiendo al sustento fáctico que expone el Magistrado de instancia de la declaración de hechos probados, y que se concreta en la documental aportada por las partes, de los interrogatorios de estas, así como los testimonios de los Sres. Darío y Jacobo, también trabajadores de la demandada, así como el informe pericial contable emitido por el Sr. Vicente, quién desde hace unos diez años lleva la contabilidad de la empresa demandada. Lo propio cabe aplicar para desestimar el motivo segundo de recurso, que ampara también en el apartado b) del artículo 191 de la LPL, en el que pretende la adición de un nuevo hecho probado con sustento en "la prueba testifical que consta en autos", prueba, como hemos dejado expuesto, inhábil a los efectos pretendidos.

Tercero.-Resuelto en sentido negativo los motivos estudiados, en el tercero, con amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 de la LPL, el disconforme denuncia, en el apartado A) la infracción del artículo 53 del ET, por considerar que la carta de despido es insuficiente, lo que debe conllevar la declaración de nulidad, en aplicación del indicado precepto en relación con el artículo 122 de la LPL y 52 del Texto Estatutario. En cuanto a tal, no podemos entrar a analizar lo que pretende, aún cuando es obvio, por remisión a la carta obrante a los folios 7 y 8 de los autos, que tal no concurre, pues ello ni se invocó en la demanda, que como bien expone el Juez a quo, en la que únicamente se alega que "no estamos de acuerdo con el despido, por cuanto el mismo es contrario a derecho y lesivo a los intereses del demandante, no cumpliendo lo establecido legalmente", pese a lo cual el Magistrado de instancia en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia recurrida, razona "Aunque nada se dice en el escrito de demanda, este Juzgador considera que la empresa ha dado suficiente explicación al trabajador de la situación económica de la empresa..". Y tampoco se invoca en el acto de juicio, pese a sostener lo contrario el recurrente, tal y como consta en el acta de juicio del procedimiento del que trae causa el presente recurso, en la que en modo alguno se alega tal, razón por la cual no cabe pronunciamiento. Ello es así dado que lo expuesto ha de calificarse como cuestión nueva y no puede prosperar porque no se hizo en la instancia y, por tanto, no pudo ser contestada por la parte contraria, que no tuvo ocasión de defenderse ni de aportar los medios de prueba que tuviera por conveniente para combatirla, así como tampoco pudo ser tratada por el Magistrado "a quo" en su resolución. La prohibición de aducir en esta fase procesal cuestiones fácticas y/o jurídicas nuevas es contemplada por el Tribunal Supremo en Sentencias de 18 de abril de 1988, 10 de febrero y 11 de julio de 1989, 5 y 31 de julio, 5 y 17 de noviembre de 1993, 18 de enero y 16 de mayo de 1994, 6 de octubre de 1995, 7 de mayo y 19 de noviembre de 1996, 15 de enero, 4 de febrero y 23 de septiembre de 1997, 6 y 17 de febrero y 14 de mayo de 1998, 11 y 12 de abril de 2.000, 15 de noviembre de 2.000, 26 de noviembre de 2003, 22 de abril de 2004 y 22 de junio de 2004, entre otras.

Y en el apartado B) del propio motivo, el disconforme viene a invocar la infracción del artículo 52 en relación con el artículo 51 del ET, infracción que sustenta en que la situación de pérdidas o negativa de la empresa no se da en el supuesto examinado, teniendo en cuenta la revisión interesada de los hechos probados, ni tampoco concurre el nexo de unión que debe existir entre la medida adoptada y el fin que se pretende lograr, que no es otro que el vencimiento de la situación económica negativa, probar que existe una necesidad objetivamente acreditada de amortizar el puesto de trabajo de que se trate, o lo que la doctrina jurisprudencial denomina conexión de funcionalidad. En cuanto a ello, obvio es que el primer alegato no puede prosperar pues la revisión propuesta no ha tenido éxito; y en cuanto al segundo, tal y como se extrae de la demanda deducida y de las ya reseñadas actas de juicio, tales alegaciones no constan, lo que nos ha de vedar entrar a debatir tal. Y en cuanto a lo segundo, tal y como nos recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2008, con cita de la de 11 de junio de 2008, fundamento de derecho segundo: "En síntesis, lo que vienen a establecer estas sentencias es que la justificación de un despido objetivo económico tiene que enjuiciarse a partir del análisis de tres elementos: el supuesto de hecho que determina el despido -"la situación negativa de la empresa"-, la finalidad que se asigna a la medida extintiva adoptada (atender a la necesidad de amortizar un puesto de trabajo con el fin de contribuir a superar una situación económica negativa) y "la conexión de funcionalidad o instrumentalidad" entre la medida extintiva y la finalidad que se asigna. En el presente caso no se discute la existencia de una situación económica negativa, que se pone de manifiesto a través de pérdidas sostenidas y significativas en los términos a los que ya se ha hecho referencia. Lo que se niega por la sentencia recurrida para rechazar la procedencia de la medida extintiva es que ésta sea suficiente por sí sola para solventar la problemática y también se afirma que no consta que contribuya "a superar la situación de manera razonable". Estas afirmaciones se basan en un análisis de la situación que se limita a la cita de otra sentencia y a reiterar el análisis más completo de la sentencia de instancia en los términos que ya se han expuesto. En definitiva, puede concluirse que la declaración de la improcedencia del despido se funda, por una parte, en una concepción de la finalidad de la medida extintiva, que debe permitir por sí sola superar la situación negativa, y, de otra, en considerar que no se acredita la conexión funcional entre la medida extintiva y la finalidad que ésta debe perseguir según la ley. Estos dos planos deben ser distinguidos en nuestra respuesta"

Y en su fundamento de derecho cuarto nos aclara:

"...es preciso examinar la conexión funcional o instrumental entre la medida extintiva adoptada y el objetivo de hacer frente a la situación económica negativa, logrando un nuevo equilibrio que permita reducir las pérdidas o recuperar los beneficios. La doctrina de la Sala en la sentencia de contraste y en otras sentencias posteriores, como las de 15 de octubre de 2003 y 11 de junio de 2008, tiende a considerar que cuando se acreditan pérdidas relevantes los despidos pueden tener un principio de justificación, pues con ellos "se reducen directamente los costes de funcionamiento de la empresa, aumentando con ello las posibilidades de superación de su situación negativa", afirmándose también en ocasiones que "si las pérdidas son continuadas y cuantiosas se presume en principio, salvo prueba en contrario, que la amortización de puestos de trabajo es una medida que coopera a la superación de la situación económica negativa". Esta conclusión debe ser, sin embargo, matizada. Con carácter general es cierto que la reducción de los costes de personal contribuyen a reducir las pérdidas de una empresa. Pero esta conexión no es automática; no establece una relación directa entre el nivel de las pérdidas y el número de los despidos y tampoco puede verse como una presunción que desplace al trabajador despedido la carga de acreditar los hechos de los que pueda derivarse la falta de conexión entre la medida extintiva y el objetivo que ésta debe perseguir. Por ello, ni se puede presumir que la empresa por el solo hecho de tener pérdidas en su cuenta de resultados pueda prescindir libremente de todos o de alguno de sus trabajadores, ni tampoco se le puede exigir la prueba de un hecho futuro, que, en cuanto tal, no susceptible de ser acreditado, como sería el demostrar la contribución que la medida de despido pueda tener en relación con la situación económica negativa de la empresa. Lo que se debe exigir son indicios y argumentaciones suficientes para que el órgano judicial pueda llevar a cabo la ponderación que en cada caso conduzca a decidir de forma razonable acerca de la conexión que debe existir entre la situación de crisis y la medida de despido".

Con arreglo a lo expuesto, la situación económica negativa de la demandada como hemos visto concurre, y en cuanto a la conexión de dicha situación con la medida de extinción del contrato nos la explica el Magistrado de instancia en el fundamento de derecho cuarto, al poner de manifiesto que la situación económica que se expone no sólo priva a la demandada de liquidez, teniendo en cuenta lo que se expone en el hecho probado cuarto, sobre la demandada pese el embargo de un inmueble por deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social (42.690,71 euros), y está inmersa en proceso de ejecución hipotecaria, en la que el importe principal del crédito reclamado asciende a 260.194,72 euros, sino que su situación le priva de expectativas de superación de dicha situación, lo que explica por sí solo la conexión de la situación descrita con la decisión adoptada. No olvidemos, en todo caso, que la situación económica que conduce a la decisión de cierre de la empresa, también, conforme a reiterada jurisprudencia, puede sustentar la decisión de extinguir los contratos de trabajo por causas económicas.

Es por todo lo expuesto que el recurso ha de ser desestimado y confirmada la sentencia de instancia.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de Suplicación D. Elias, contra la sentencia número 106/10 dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 3 de CACERES, con sede en PLASENCIA, en el procedimiento 65/2010, seguido a instancia del mismo recurrente, frente a TALLERES FATELA, S.L., sobre DESPIDO OBJETIVO, y, en consecuencia, confirmamos la sentencia de instancia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de esta Sala - Sección abierta en GRUPO BANESTO con el n.º 11310000350205/2010 debiendo indicar en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "35 Social Casación ". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código "35 Social Casación ". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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