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Sentencia T.S.J. Castilla y León 1239/2010 de 15 de septiembre


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Horas extraordinarias. Valor de la hora extraordinaria: No puede situarse por debajo del valor de la hora ordinaria. Limitaciones derivadas de las leyes presupuestarias sobre la subida salarial: Afectan a aquello que estaba inicialmente dentro del poder de disposición de las partes, pero no constituyen un argumento que pueda elevarse frente al cumplimiento de las disposiciones establecidas con carácter imperativo por la legislación laboral vigente. Valoración de las horas extraordinarias. Desestimación.

VALLADOLID

SENTENCIA: 01239/2010

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL

C/ANGUSTIAS S/N

Tfno: 983413204-208

Fax:983.25.42.04

NIG: 34120 44 4 2006 0000642 J.M.

425100

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001239 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000285 /2006 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 002 DE PALENCIA

Recurrente/s: RENFE OPERADORA

Abogado/a: AGUSTÍN CALDERON MARTINEZ DE AZCOITIA

Procurador: MIGUEL ANGEL SANZ ROJO

Graduado Social:

Recurrido/s: Hernan

Abogado/a: INES MUÑOZ DIEZ

Procurador:

Graduado Social:

Iltmos. Sres.: Rec. 1.239/2010

D.ª Carmen Escuadra Bueno

Presidente sustituto

D. José Manuel Riesco Iglesias

D. Rafael A. López Parada/

En Valladolid a quince de Septiembre de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 1.239/2010, interpuesto por RENFE OPERADORA contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de Palencia, de fecha 12 de Mayo de 2.010, (Autos núm. 285/2006), dictada a virtud de demanda promovida por DON Hernan contra la Entidad recurrente, sobre CANTIDAD.

Ha actuado como Ponente el Iltmo. Sr. DON José Manuel Riesco Iglesias.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 4 de julio de 2006 se presentó en el Juzgado de lo Social núm. Dos de Palencia demanda formulada por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia desestimando las excepciones de inadecuación de procedimiento y cosa juzgada alegados por la demandada y estimando parcialmente referida demanda.

Segundo.-En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes: "PRIMERO.- El demandante D. Hernan, con D.N.I. n.º NUM000, presta servicios para la demandada ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) con una antigüedad de 16.01.1981, con la categoría profesional de Oficial Oficio 917, percibiendo un salario mensual con inclusión de prorrata de pagas extras de 2.250 euros.- SEGUNDO.- el demandante ha realizado desde el mes de agosto de 2005 a octubre de 2005, las siguientes horas extraordinarias: Agosto 2005: 36,00.- Octubre 2005: 51,22.- TERCERO.- El actor ha percibido las siguientes cantidades por las horas extras realizadas: Percibido en Septiembre 2005: 262,41.- Noviembre 2005: 373,34.- CUARTO.- El demandante presentó Reclamación previa el 25.04.2006.-".

Tercero.-Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandada, fue impugnado por la parte demandante, y elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la participación a las partes de tal designación.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Frente a la sentencia del Juzgado de lo Social N.º Dos de Palencia que, tras rechazar las excepciones de inadecuación de procedimiento y cosa juzgada alegados por la demandada, estimó parcialmente la demanda interpuesta por DON Hernan contra RENFE OPERADORA, condenando a ésta a abonarle al actor la cantidad de 603,64 €, se alza la empresa articulando varios motivos de recurso, que analizaremos por separado.

Comienza la recurrente su escrito de interposición con un primer motivo amparado en la letra a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, en el que se solicita la reposición de los autos al momento de dictarse sentencia por infracción de normas que le han producido indefensión, concretamente por la vulneración de los artículos 24 de la Constitución Española, 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 97 de la Ley de Procedimiento Laboral. Achaca la recurrente a la sentencia de Palencia una incongruencia omisiva al haber dejado sin decidir el punto litigioso relativo a la limitación impuesta por la Ley General Presupuestaria y las Leyes anuales de Presupuestos.

Al igual que hemos hecho en otras sentencias similares, en esta materia de la incongruencia omisiva es conveniente que recordemos la doctrina elaborada al respecto por el Tribunal Constitucional. En la sentencia núm. 329/06, de 20 de noviembre se dice que como hemos recordado una vez más en la STC 85/2006, de 27 de marzo (LA LEY 36242/2006), F.5, la denominada incongruencia omisiva o ex silentio "tiene lugar cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las cuestiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. A estos efectos, este Tribunal ha venido distinguiendo entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas, y hemos subrayado que, si bien respecto de las pretensiones la exigencia de congruencia es más rigurosa, no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones formuladas, pudiendo ser suficiente a los fines del art. 24.1 CE, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica, aun cuando se omita una contestación singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales [entre otras, SSTC 85/2000, de 27 de marzo (LA LEY 5209/2000), F. 3 b); 8/2004, de 9 de febrero (LA LEY 636/2004), F. 4; 83/2004, de 10 de mayo (LA LEY 12364/2004), F. 3; 130/2004, de 19 de julio (LA LEY 13459/2004), F. 3 b); 146/2004, de 13 de septiembre (LA LEY 13633/2004), F. 3; 218/2004, de 29 de noviembre (LA LEY 212/2005), F. 2; 264/2004, de 20 de diciembre, F. 7; 52/2005, de 14 de marzo (LA LEY 11411/2005), F. 2 b); 95/2005, de 18 de abril (LA LEY 12174/2005), F. 2 b); 103/2005, de 9 de mayo (LA LEY 1428/2005), F. 3; 193/2005, de 18 de julio (LA LEY 13167/2005), F. 2; 250/2005, de 10 de octubre (LA LEY 10876/2006), F. 4; 264/2005, de 24 de octubre (LA LEY 11117/2006), F. 2 b); y 4/2006, de 16 de enero (LA LEY 4702/2006), F.3".

Pues bien, la aplicación de la trascrita doctrina al presente caso nos lleva a rechazar este primer motivo. En efecto, en el fundamento de derecho tercero el Magistrado da por reproducidos, en cuanto al fondo, todos los argumentos recogidos por esta misma Sala en la sentencia de 24 de febrero de 2010 (rec. 2208/09), en la que se trata por extenso toda la cuestión relativa a la limitación al incremento salarial impuesta por la Ley General Presupuestaria y por las Leyes de Presupuestos anuales. Por tanto, aún por remisión, el Magistrado argumentó la cuestión y la resolvió en el fondo al aceptar parcialmente la demanda interpuesta contra la entidad pública empresarial hoy recurrente.

Segundo.-El segundo motivo de recurso, con fundamento en el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral, lo dedica la parte recurrente, precisamente, a examinar la infracción de la Ley General de Presupuestos y de las Leyes anuales de presupuestos.

Como acabamos de señalar, sobre esa cuestión ya se ha pronunciado esta Sala en Pleno y en repetidas ocasiones, no sólo en la sentencia citada en la que ahora se recurre sino en otras más (por todas ellas, la de 17 de febrero de 2010, rec. 2147/09). Hemos dicho al respecto que cuando los órganos judiciales sociales han afrontado el problema de la aplicación de las limitaciones derivadas de las leyes presupuestarias a la subida salarial, se ha entendido que se trata de un problema estrictamente de prevalencia de la Ley sobre el convenio colectivo, como principio consagrado en los artículos 3 y 85 del Estatuto de los Trabajadores y que el Tribunal Constitucional ha expresado también, como sucede con las sentencias 177/1988, de 10 de octubre, 58/1985, de 30 de abril y 210/1990, de 20 de diciembre, en las que declaró la prevalencia jerárquica de la Ley sobre el convenio, por cuya razón éste debe respetar y someterse a lo dispuesto con carácter necesario por aquélla, primacía que no puede perderse de vista a la hora de afrontar el problema del alcance y del valor normativo del convenio colectivo. Esa es la línea doctrinal de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, entre otras, en las sentencias de 9 de diciembre de 1995 (RCUD 532/95) y, expresamente sobre la cuestión que aquí nos ocupa, de 22 diciembre 2005 (RCUD 197/2003). Por consiguiente el efecto de las restricciones derivadas de la Ley presupuestaria es, como expresamente se señala en el texto de las mismas (aunque el mismo experimenta variaciones los diferentes años y tiene una cierta complejidad interpretativa), la nulidad de los pactos individuales y colectivos, puesto que la autonomía individual y colectiva queda limitada por Ley y, por ello, queda fuera del poder de disposición de las partes el acordar subidas salariales que impliquen una subida de la masa salarial por encima de la prevista en la Ley de presupuestos anual.

Sin embargo no es este el caso, puesto que aquí no estamos ante una confrontación entre lo previsto en el convenio colectivo y la Ley y ni siquiera se discute la legalidad de un pacto de subida salarial. En este caso la limitación de la masa salarial global prescrita por la Ley presupuestaria se intenta alzar como obstáculo para el cumplimiento de la Ley laboral, lo que es algo sustancialmente distinto a lo hasta ahora resuelto por la jurisprudencia. Es cierto que los actos unilaterales del empleador público y los pactos individuales o colectivos suscritos por el mismo, en cuanto entran dentro de su poder de disposición, quedan limitados por las prescripciones de la Ley de presupuestos. Pero tales limitaciones, a juicio de esta Sala, no son aplicables cuando se trata de actos debidos, esto es, de aplicación pura y simple de las prescripciones legales. De lo contrario nos encontraríamos con situaciones realmente paradójicas, como que un trabajador que viniera cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional no tuviera derecho a percibir éste si se superase el tope de subida de la masa salarial, o que un trabajador con contrato en prácticas o para la formación fraudulento en una Administración no pudiera cobrar conforme a convenio colectivo por la misma causa, o que situaciones contrarias al principio de igualdad en materia salarial, por ejemplo entre fijos y temporales, no fueran susceptibles de reparación salarial para evitar superar tales topes presupuestarios e incluso que, superada esa masa salarial, los empleados públicos perdieran el derecho a la retribución por los servicios prestados.

Esto es, de convertir el tope de subida de la masa salarial establecido en la Ley de presupuestos anuales no en un límite a la autonomía individual o colectiva para regular aquello que, en principio, entraría dentro de su poder de disposición, sino en un obstáculo al puro y simple cumplimiento de la legislación laboral, incluso en aquellos aspectos regulados por la Ley de manera imperativa e indisponible, como es el que aquí nos ocupa, los efectos irían más allá de lo hasta ahora resuelto por la jurisprudencia, confiriendo efectos exorbitantes a la Ley de Presupuestos anuales, que no parece que hayan sido queridos por el legislador. Por otra parte, no cabe olvidar que estamos ante una Ley de Presupuestos anuales, que, aunque se trata de una auténtica norma con rango de Ley, está sin embargo limitada competencialmente, dada su especialidad y la forma de su tramitación, de manera que, aunque su contenido no está limitado a la previsión de ingresos y las autorizaciones del gasto, sino que también puede establecer disposiciones de carácter general en materias propias de la ley ordinaria estatal (con algunas excepciones que no vienen al caso) que guarden directa relación con las previsiones de ingresos y las habilitaciones de gastos de los Presupuestos o con los criterios de política económica general en que se sustentan el Tribunal Constitucional ha declarado igualmente que este contenido eventual sólo tiene cabida dentro de límites estrictos y que ni tal inclusión puede desvirtuar el contenido primordial que caracteriza a dicha ley, ni de ella se sigue que dichas materias hayan de formar necesariamente parte de su contenido y no puedan ser reguladas por una ley ordinaria (sentencia del Tribunal Constitucional 76/1992). Para delimitar el ámbito dentro del cual debe moverse necesariamente la inclusión, en las Leyes de Presupuestos, de las materias que no constituyen el núcleo esencial, mínimo e indisponible de las mismas, el Tribunal ha establecido dos condiciones: la conexión de la materia con el contenido propio de este tipo de leyes y la justificación de la inclusión de esa materia conexa en la ley que aprueba anualmente los Presupuestos Generales. En suma, para que la regulación, por una Ley de Presupuestos, de una materia distinta a su núcleo mínimo, necesario e indisponible (previsión de ingresos y habilitación de gastos) sea constitucionalmente legítima es necesario que esa materia tenga relación directa con los gastos e ingresos que integran el Presupuesto o con los criterios de política económica de la que ese Presupuesto es el instrumento y que, además, su inclusión en dicha ley esté justificada, en el sentido de que sea un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno. Por consiguiente, siendo esta limitación inherente a las Leyes anuales de presupuestos, no puede hacerse una interpretación extensiva de las mismas para conferirle carácter derogatorio de elementos básicos de la regulación laboral y de su mismo sistema de fuentes cuando se trate de empleados públicos contratados laboralmente.

La conclusión, a juicio de esta Sala, es que las limitaciones de las leyes de presupuestos anuales sobre la subida de la masa salarial afectan a aquello que estaba inicialmente dentro del poder de disposición de las partes sociales, como es lo relativo a la fijación de la cuantía concreta de los salarios, pero no constituyen un argumento que pueda elevarse frente al cumplimiento de las disposiciones establecidas con carácter imperativo por la legislación laboral vigente, porque en ese caso los actos del empresario no tienen naturaleza voluntaria y dispositiva, sino que son actos debidos. Por tanto la limitación establecida en la Leyes de Presupuestos sobre subida de la masa salarial no son aplicables frente a la aplicación de la norma de derecho imperativo establecida en el artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Estas mismas razones nos conducen necesariamente a la desestimación del segundo motivo de recurso interpuesto por la empresa RENFE OPERADORA.

Tercero.-Con idéntico amparo procesal que el motivo anterior la indicada parte recurrente argumenta en el tercero, un tanto confusamente, que se le ha producido una notoria indefensión toda vez que los cuadros de cálculo presentados por los demandantes, donde figuran unas cantidades que darían el valor de la hora extraordinaria, le ha sido totalmente imposible alegar sobre dichas cantidades toda vez que dichos cuadros no representan el valor de lo realmente percibido por los demandantes al faltar una serie de claves que la recurrente aboga por su no inclusión y que los sumatorios no representan el valor real de lo alegado en cada una de las columnas, de forma y manera que la cantidad que dice el demandante haber percibido no sabe realmente de dónde salen dichas cantidades y si están bien calculadas o no, acción ésta que le corresponde al demandante acreditar.

Para rechazar este motivo basta con la constatación de que en el mismo no se menciona ningún precepto procesal o sustantivo que haya podido resultar infringido en la sentencia de instancia, incumpliéndose así lo dispuesto en los artículos 191.c) y 194.3 de la Ley de Procedimiento Laboral. Y, en todo caso, recordaremos que lo que ha de impugnarse en este momento procesal es la sentencia de instancia y no los cuadros de cálculo presentados por el demandante -hoy recurrido- sobre los que la recurrente pudo y debió alegar lo que estimase procedente en el acto del juicio. Finalmente, si la parte recurrente considera que algunas claves no debieron incluirse para el cálculo de lo realmente percibió por el demandante debió intentar esa alteración mediante el correspondiente motivo de revisión fáctica, lo que no ha hecho.

Cuarto.-En el cuarto motivo de recurso insiste la parte recurrente en alegar las excepciones de inadecuación de procedimiento y, asimismo, la cosa juzgada, según lo ya alegado en el acto del juicio.

También sobre estas dos cuestiones se ha pronunciado la Sala para desestimarlas. Así, en la ya citada sentencia de 17 de febrero de 2010 (rec. 2147/09) dijimos lo siguiente: "Se aduce por la empresa que en este caso existe cosa juzgada en virtud de la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 28 de marzo de 2006 que desestimó el conflicto colectivo presentado por el Sindicato Ferroviario pidiendo que se declarase que los excesos sobre la jornada ordinaria debían ser retribuidos con el valor de la hora ordinaria. Contra dicha sentencia se presentó recurso de casación, que fue desestimado por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo mediante sentencia de 11 de diciembre de 2008 (casación 86/2006). Sin embargo esto no es así. De la lectura de las indicadas sentencias se deduce que los tribunales citados se limitaron a resolver sobre la interpretación del convenio colectivo, señalando que, dado que se trataba de una mera tabla numérica donde se consignaba el valor de las horas extraordinarias, dicha interpretación era clara y no se correspondía con las pretensiones del demandante. Pero al mismo tiempo declinaron resolver sobre la legalidad de dicho pacto del convenio colectivo sobre el valor de las horas extraordinarias, indicando el Tribunal Supremo en su sentencia que la cuestión relativa a la legalidad del convenio colectivo no podía ser resuelta en el marco de un proceso de conflicto colectivo, inadecuado para ello. Y, por tanto, si el procedimiento se entendió inadecuado y con tal motivo se omitió un pronunciamiento sobre la cuestión relativa a la legalidad del convenio en el punto relativo a la fijación del valor salarial de las horas extraordinarias, es evidente que tal cuestión quedó imprejuzgada.

Se alega también por la empresa la inadecuación del proceso ordinario para reclamar la ilegalidad del convenio colectivo, pero en este caso hay que tener en cuenta que lo que se reclama es una cantidad a título individual por diferencias salariales y que la eventual ilegalidad del convenio colectivo constituye únicamente una cuestión previa sobre la que el órgano judicial ha de pronunciarse para resolver lo que es el objeto principal del pleito. Por tanto y atendiendo a la pretensión, el procedimiento escogido es el adecuado. Cuestión distinta es si como cuestión previa puede cuestionarse la legalidad del convenio colectivo, en el que expresamente se recogen unas tablas en las que se expresa numéricamente el salario que ha de pagar la empresa por las horas extraordinarias. Y a este respecto no cabe duda de que el órgano judicial que es llamado a resolver debe afrontar tal cuestión previa y decidir sobre la misma, sin que en la aplicación del ordenamiento jurídico pueda desconocer las reglas reguladoras del sistema de fuentes, debiendo recordarse que únicamente las cuestiones previas relativas a la eventual inconstitucionalidad de normas con rango de Ley o de Tratados internacionales están excluidas de su conocimiento y son objeto de un procedimiento especial de naturaleza devolutiva, como es la cuestión de inconstitucionalidad que habría de elevarse ante el Tribunal Constitucional. Pero tal procedimiento no es de aplicación ni a las normas reglamentarias, ni a los convenios colectivos, de manera que las cuestiones previas relativas a su validez y legalidad han de ser analizadas y enjuiciadas por el órgano judicial como paso previo a su pronunciamiento sobre el tema de fondo, sin que sea admisible que el juez o tribunal realice una aplicación indebida del sistema de fuentes, dando prioridad a un reglamento sobre la Ley o a un convenio colectivo que establezca condiciones inferiores a las resultantes de la aplicación de las normas mínimas fijadas por Ley o reglamento".

Quinto.-Finalmente, con el mismo apoyo de la letra c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, la parte recurrente quiere que se excluyan unos conceptos para determinar el valor de la hora ordinaria, en concreto, el complemento de nocturnidad y la retribución variable.

Por lo que se refiere al complemento de nocturnidad, el Magistrado lo excluye expresamente del cálculo en el fundamento de derecho tercero con lo que huelgan más argumentos acerca de la exclusión ahora preconizada por la parte recurrente.

Y, por lo que se refiere a la retribución variable, ya dijimos en la sentencia de 24 de febrero de este mismo año que es cierto que una retribución calculada por objetivos no se debe incluir en el módulo de cálculo de las horas extraordinarias, puesto que si se retribuye por alcanzar unos determinados objetivos cuantificados, dicha retribución habrá de abonarse conforme a los objetivos cumplidos, lo que será independiente del número de horas de trabajo empleadas en ello. El problema es que no resulta de los hechos probados, ni se aporta elemento alguno que permita introducirlo como tal, que alguno de los conceptos percibidos por el trabajador se fije en función de concretos objetivos personales cuantificados y, por ello, no es posible suprimir dicho concepto del módulo de cálculo, como se pretende. En la "hoja de cálculo" que figura en el ramo de prueba del actor aparece como percibido algunos meses un "plan objetivos de productividad", pero no consta cómo se calcula el mismo ni los criterios para su devengo y cuantificación.

Por tanto, el cálculo efectuado por el Magistrado en el fundamento de derecho tercero se ajusta a lo establecido legal y convencionalmente para el cálculo de la retribución de las horas extraordinarias, cuyo número no ha discutido la recurrente. En consecuencia, hemos de desestimar el recurso y confirmar la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, y

EN NOMBRE DEL REY


FALLAMOS


 
DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por el Letrado de RENFE OPERADORA contra la sentencia dictada el 12 de mayo de 2010 por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Palencia, en los autos núm. 285/06 seguidos sobre DERECHO Y CANTIDAD, a instancia de DON Hernan contra la indicada recurrente y, en consecuencia, confirmamos íntegramente la misma.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

SE ADVIERTE QUE:

Contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 300,00 euros en la cuenta núm. 2031 0000 66 1239-10 abierta a nombre de la Sección 2.ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3 en relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos junto con la certificación de aquélla al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fé.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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