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Sentencia T.S.J. Castilla y León 1125/2010 de 15 de septiembre


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Horas extraordinarias. Leyes de presupuestos: Las limitaciones que establecen sobre la subida salarial afectan a aquello que estaba inicialmente dentro del poder de disposición de las partes sociales (la fijación de la cuantía concreta de los salarios), pero no constituyen un argumento frente al cumplimiento de las disposiciones establecidas con carácter imperativo por la legislación laboral vigente. La sentencia de instancia no incurrió en incongruencia omisiva. Valor para el cálculo de la hora extraordinaria. Desestimación.

C/ANGUSTIAS S/N

Tfno: 983413204-208 R.L.

Fax:983.25.42.04

NIG: 34120 44 4 2006 0000619

N02700

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001125 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000274 /2006 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 002 DE PALENCIA

Recurrente/s: ADIF

Abogado/a: AGUSTÍN CALDERON MARTINEZ DE AZCOITIA

Recurrido/s: Geronimo

Abogado/a: INES MUÑOZ DIEZ

Rec. Núm: 1125/2010

Ilmos. Sres.

D.ª M.ª del Carmen Escuadra Bueno

Presidenta en funciones

D. José Manuel Riesco Iglesias

D. Rafael A. López Parada /

En Valladolid a quince de Septiembre de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 1125 de 2.010, interpuesto por ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) contra sentencia del Juzgado de lo Social N.º 2 de Palencia (Autos:274/06) de fecha 12 de Mayo de 2010, en demanda promovida por Geronimo contra la Entidad demandada y recurrente. sobre RECLAMACION DE DERECHO Y CANTIDAD, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Rafael A. López Parada.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 4 de julio de 2006, se presentó en el Juzgado de lo Social de Palencia Número Dos, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.

Segundo.-En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:" PRIMERO.- El demandante D. Geronimo, con D.N.I. NUM000., presta servicios para la demandada ADMINISTRACION DE INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS (ADIF) con una antigüedad de 10-10-1995, con la categoría profesional de 531 MONTADOR I.S.M., percibiendo un salario mensual con inclusión de prorrata de pagas extras de 1.186,18 euros.

Segundo.-El demandante ha realizado desde el mes de noviembre de 2005 a marzo de 2006, las siguientes horas extraordinarias:

Noviembre 2005, 3,30 horas- Diciembre 2005, 0 horas.- Enero 2006, 1.50 horas. Febrero 2006, 8 horas.- Marzo 2006, 9 horas.

Tercero.-El actor ha percibido las siguientes cantidades por las horas extras realizadas:

MES Percibido

Diciembre 2005 24.05

Enero 2006 0

Febrero 2006 10,93

Marzo 2006 58.30

Abril 2006 65,59

Cuarto.-El demandante presentó Reclamación previa el 04-04-2006".

Tercero.-Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandada, fue impugnado por la parte demandante. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El primer motivo de recurso se ampara en la letra a del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral y denuncia la vulneración de los artículos 24 de la Constitución, 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 97 de la Ley de Procedimiento Laboral por incongruencia omisiva, "entendida como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que esta parte formuló sus alegaciones de oposición a la demanda". Se dice que la sentencia no razona sobre el argumento alegado por la parte de que la estimación de la demanda vulneraría los límites al crecimiento de la masa salarial establecidos en la Ley de Presupuestos. De la propia "incongruencia" denunciada resulta claramente que, a pesar de lo que dice la parte recurrente, no se alega un desajuste entre las excepciones alegadas y el fallo, por cuanto en el mismo no se omite pronunciamiento sobre una excepción formulada por la parte, sino un supuesto desajuste entre lo alegado y los fundamentos de la sentencia, por cuanto en los mismos (y no en el fallo) se omitiría razonar sobre unas alegaciones de la parte demandada. Hay que subrayar también que la parte recurrente no pide la nulidad de la sentencia, sino solamente la desestimación de la demanda en cuanto al fondo, según resulta claramente del suplico de su recurso, lo que resulta incongruente con esta primera alegación, puesto que si fuese atendida habría de anularse la sentencia, algo que no se pide expresamente, y en ningún caso podría dar lugar a una desestimación de la demanda por razones de fondo.

Pues bien, en relación con la incongruencia alegada, la doctrina del Tribunal Constitucional en sentencia de 20 de febrero de 2008 en los recursos de amparo acumulados 1907/2003 y 1911/2003 nos dice que en relación con supuestos de "incongruencia omisiva", el Tribunal Constitucional ha declarado en forma constante, desde la sentencia 20/1982, de 5 de mayo, que es preciso ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar si el silencio de la resolución judicial representa una auténtica lesión del artículo 24.1 de la Constitución o, por el contrario, puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, y que a estos efectos es preciso distinguir entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas. De tal modo que, si bien respecto de las primeras no sería necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales, la exigencia de congruencia, referida a la pretensión misma, es más rigurosa. Concretamente respecto de esta última y para poder concluir que la omisión no alcanza relevancia constitucional, es preciso que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda razonablemente deducirse, no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos en que se fundamenta la respuesta tácita (sentencia 5/2001, de 15 de enero). Pues bien, como se ha dicho en este caso no estamos ante una omisión en cuanto a la contestación de una excepción, sino ante el silencio en la contestación de un argumento de la parte, lo que por los motivos antedichos queda fuera del requisito de congruencia. Por otro lado, dado que se pide una resolución desestimatoria en cuanto al fondo y no la nulidad, lo que deberá hacer esta Sala es analizar dicho argumento para resolver sobre el mismo.

Segundo.-El segundo motivo de recurso se ampara en la letra c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral y denuncia la vulneración, sin cita concreta de artículos, de la Ley General de Presupuestos y de las Leyes anuales de presupuestos.

Pues bien, cuando los órganos judiciales sociales han afrontado el problema de la aplicación de las limitaciones derivadas de las leyes presupuestarias a la subida salarial, se ha entendido que se trata de un problema estrictamente de prevalencia de la Ley sobre el convenio colectivo, como principio consagrado en los artículos 3 y 85 del Estatuto de los Trabajadores y que el Tribunal Constitucional ha expresado también, como sucede con las sentencias 177/1988, de 10 de octubre, 58/1985, de 30 de abril y 210/1990, de 20 de diciembre, en las que declaró la prevalencia jerárquica de la Ley sobre el convenio, por cuya razón éste debe respetar y someterse a lo dispuesto con carácter necesario por aquélla, primacía que no puede perderse de vista a la hora de afrontar el problema del alcance y del valor normativo del convenio colectivo. Esa es la línea doctrinal de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, entre otras, en las sentencias de 9 de diciembre de 1995 (RCUD 532/95) y, expresamente sobre la cuestión que aquí nos ocupa, de 22 diciembre 2005 (RCUD 197/2003). Por consiguiente el efecto de las restricciones derivadas de la Ley presupuestaria es, como expresamente se señala en el texto de las mismas (aunque el mismo experimenta variaciones los diferentes años y tiene una cierta complejidad interpretativa), la nulidad de los pactos individuales y colectivos, puesto que la autonomía individual y colectiva queda limitada por Ley y, por ello, queda fuera del poder de disposición de las partes el acordar subidas salariales que impliquen una subida de la masa salarial por encima de la prevista en la Ley de presupuestos anual.

Sin embargo no es este el caso, puesto que aquí no estamos ante una confrontación entre lo previsto en el convenio colectivo y la Ley y ni siquiera se discute la legalidad de un pacto de subida salarial. En este caso la limitación de la masa salarial global prescrita por la Ley presupuestaria se intenta alzar como obstáculo para el cumplimiento de la Ley laboral, lo que es algo sustancialmente distinto a lo hasta ahora resuelto por la jurisprudencia. Es cierto que los actos unilaterales del empleador público y los pactos individuales o colectivos suscritos por el mismo, en cuanto entran dentro de su poder de disposición, quedan limitados por las prescripciones de la Ley de presupuestos. Pero tales limitaciones, a juicio de esta Sala, no son aplicables cuando se trata de actos debidos, esto es, de aplicación pura y simple de las prescripciones legales. De lo contrario nos encontraríamos con situaciones realmente paradójicas, como que un trabajador que viniera cobrando su salario por debajo del salario mínimo interprofesional no tuviera derecho a percibir éste si se superase el tope de subida de la masa salarial, o que un trabajador con contrato en prácticas o para la formación fraudulento en una Administración no pudiera cobrar conforme a convenio colectivo por la misma causa, o que situaciones contrarias al principio de igualdad en materia salarial, por ejemplo entre fijos y temporales, no fueran susceptibles de reparación salarial para evitar superar tales topes presupuestarios e incluso que, superada esa masa salarial, los empleados públicos perdieran el derecho a la retribución por los servicios prestados.

Esto es, de convertir el tope de subida de la masa salarial establecido en la Ley de presupuestos anuales no en un límite a la autonomía individual o colectiva para regular aquello que, en principio, entraría dentro de su poder de disposición, sino en un obstáculo al puro y simple cumplimiento de la legislación laboral, incluso en aquellos aspectos regulados por la Ley de manera imperativa e indisponible, como es el que aquí nos ocupa, los efectos irían más allá de lo hasta ahora resuelto por la jurisprudencia, confiriendo efectos exorbitantes a la Ley de Presupuestos anuales, que no parece que hayan sido queridos por el legislador. Por otra parte no cabe olvidar que estamos ante una Ley de Presupuestos anuales, que, aunque se trata de una auténtica norma con rango de Ley, está sin embargo limitada competencialmente, dada su especialidad y la forma de su tramitación, de manera que, aunque su contenido no está limitado a la previsión de ingresos y las autorizaciones del gasto, sino que también puede establecer disposiciones de carácter general en materias propias de la ley ordinaria estatal (con algunas excepciones que no vienen al caso) que guarden directa relación con las previsiones de ingresos y las habilitaciones de gastos de los Presupuestos o con los criterios de política económica general en que se sustentan el Tribunal Constitucional ha declarado igualmente que este contenido eventual sólo tiene cabida dentro de límites estrictos y que ni tal inclusión puede desvirtuar el contenido primordial que caracteriza a dicha ley, ni de ella se sigue que dichas materias hayan de formar necesariamente parte de su contenido y no puedan ser reguladas por una ley ordinaria (sentencia del Tribunal Constitucional 76/1992). Para delimitar el ámbito dentro del cual debe moverse necesariamente la inclusión, en las Leyes de Presupuestos, de las materias que no constituyen el núcleo esencial, mínimo e indisponible de las mismas, el Tribunal ha establecido dos condiciones: la conexión de la materia con el contenido propio de este tipo de leyes y la justificación de la inclusión de esa materia conexa en la ley que aprueba anualmente los Presupuestos Generales. En suma, para que la regulación, por una Ley de Presupuestos, de una materia distinta a su núcleo mínimo, necesario e indisponible (previsión de ingresos y habilitación de gastos) sea constitucionalmente legítima es necesario que esa materia tenga relación directa con los gastos e ingresos que integran el Presupuesto o con los criterios de política económica de la que ese Presupuesto es el instrumento y que, además, su inclusión en dicha ley esté justificada, en el sentido de que sea un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno. Por consiguiente, siendo esta limitación inherente a las Leyes anuales de presupuestos, no puede hacerse una interpretación extensiva de las mismas para conferirle carácter derogatorio de elementos básicos de la regulación laboral y de su mismo sistema de fuentes cuando se trate de empleados públicos contratados laboralmente.

La conclusión, a juicio de esta Sala, es que las limitaciones de las leyes de presupuestos anuales sobre la subida de la masa salarial afectan a aquello que estaba inicialmente dentro del poder de disposición de las partes sociales, como es lo relativo a la fijación de la cuantía concreta de los salarios, pero no constituyen un argumento que pueda elevarse frente al cumplimiento de las disposiciones establecidas con carácter imperativo por la legislación laboral vigente, porque en ese caso los actos del empresario no tienen naturaleza voluntaria y dispositiva, sino que son actos debidos. Por tanto la limitación establecida en la Leyes de Presupuestos sobre subida de la masa salarial no es aplicable frente a la aplicación de la norma de derecho imperativo establecida en el artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Ha de decirse, finalmente, que en el caso de las horas extraordinarias y su retribución, concurre la especial circunstancia de que las mismas pueden ser compensadas, total o parcialmente, en descanso y no en metálico, siendo la compensación en descanso la norma general, salvo disposición en contrario en el convenio colectivo. Ello podría llevar a una consideración distinta, imponiendo la compensación en descanso como forma de retribución en lugar del pago en metálico de las mismas. Pero si esta Sala hiciese tal cosa en este litigio incurriría en una flagrante incongruencia con el planteamiento de las partes, puesto que ninguna de ellas plantea tal posibilidad, ni la esgrime la empresa como argumento para oponerse al pago en metálico que se reclama. No en vano puede sospecharse que la organización del servicio ferroviario pudiera resentirse si los trabajadores obtuviesen tal compensación en descanso, cuestión sobre la cual esta Sala carece de elementos para forjarse un criterio. En todo caso procesalmente no es admisible que la pretensión de la parte actora pueda desestimarse concediendo un derecho a descansos compensatorios que ni es pedido por ella ni tampoco ofrecido por la parte demandada. Las partes en litigio parten de que las horas extraordinarias serán compensadas en metálico y se limitan a discutir la cuantificación de dicha retribución y este planteamiento no puede ser alterado por la Sala por obvias razones de congruencia procesal.

El artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a abonar las horas extraordinarias (cuando es aplicable la compensación en metálico de las mismas, lo que, como ya hemos visto, no es controvertido) en una cuantía pactada que no puede ser inferior al valor de la hora ordinaria y dicha previsión legal no puede ser derogada por la Ley de Presupuestos, ni puede interpretarse que dicha Ley lo haga por el hecho de establecer un tope máximo a la subida de la masa salarial, resultando además que no consta probado que la estimación de la presente demanda implique la superación de dicho tope.

Tercero.-Se dice en el punto tercero del recurso, con apoyo también en la letra c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, que se ha producido "notoria indefensión" a la parte recurrente por cuanto los cuadros de cálculo de los demandantes no representan el valor de lo realmente percibido al faltar una serie de claves. El motivo imputa por tanto indefensión a la demanda y no a la resolución judicial, debiendo resaltarse, en primer lugar, que se alega como motivo de fondo jurídico, sin pedir nulidad de actuaciones y, en segundo lugar, que la nulidad de actuaciones solamente podría devenir de defectos imputables a la tramitación judicial y no de los relativos a las actuaciones de las partes, como aquí se pretende. El motivo por tanto es desestimado.

Cuarto.-A continuación dice la parte que "insiste en alegar" las excepciones de inadecuación del procedimiento y de cosa juzgada, pero nada más explica en el recurso sobre dichas alegaciones, lo que obliga a su desestimación por falta de fundamentación suficiente de estos motivos de recurso. Para poder resolver sobre los mismos sería preciso que esta Sala los construyese de oficio, lo que ocasionaría una obvia indefensión a la otra parte.

Quinto.-Con el mismo amparo procesal en la letra c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral se viene a discutir la inclusión en el módulo de cálculo del precio de la hora de trabajo, por cuanto se pretende que para dicho cálculo no se incluya ni el complemento de nocturnidad ni la retribución variable.

Desde la derogación del Decreto 2380/1973 y de su Orden de desarrollo de 22 de noviembre de 1973, que regulaban el módulo de cálculo de la retribución de las horas extraordinarias en sus respectivos artículos 6, solamente puede acudirse a las normas contenidas en el convenio colectivo al respecto, pero, a falta de las mismas, ha de hacerse tomando como referencia el momento del devengo del salario por la hora extraordinaria realizada y determinando qué complementos salariales son los que forman en ese momento el salario del trabajador y en qué cuantía anual, para sumar todas las cuantías anuales y dividirla entre el número de horas que compone la jornada anual del trabajador en el año natural al que corresponde el devengo.

Por lo que se refiere al complemento de nocturnidad, no consta acreditado cómo se retribuye el trabajo nocturno en aplicación del artículo 36.2 del Estatuto de los Trabajadores, esto es, si estamos ante trabajador nocturno y se retribuye como tal o si simplemente se retribuyen las horas de trabajo en periodo nocturno. En el primer caso (retribución del trabajador nocturno en cuanto tal) el complemento de nocturnidad habría de incluirse en el módulo de cálculo de la hora ordinaria, pero no en el segundo, salvo que se tratase de horas extraordinarias nocturnas (prohibidas para los menores y para los trabajadores nocturnos, pero no con carácter general, a partir de la Ley 11/2004), algo que no consta acreditado. Dado que se trata de un hecho constitutivo del derecho reclamado la carga de la prueba del mismo correspondía, conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la parte actora. A falta de prueba ha de concluirse que no está acreditado que el complemento de nocturnidad se abonase por la condición de trabajador nocturno y no por las horas nocturnas y, por tanto, no debe incluirse en el módulo de cálculo del valor de la hora ordinaria, ni retribuirse horas extraordinarias nocturnas que no constan realizadas como tales. Pero en este caso, atendiendo al fundamento tercero de la sentencia recurrida, dicho complemento de nocturnidad ya ha sido excluido del módulo de cálculo del valor de la hora extraordinaria, lo que implica que esta alegación de la empresa recurrente (y que no se cuantifica ni se justifica en concreto) carece de objeto.

Y, por lo que se refiere a la retribución variable, es cierto que una retribución calculada por objetivos no se debe incluir en el módulo de cálculo de las horas extraordinarias, puesto que si se retribuye por alcanzar unos determinados objetivos cuantificados, dicha retribución habrá de abonarse conforme a los objetivos cumplidos, lo que será independiente del número de horas de trabajo empleadas en ello. El problema es que no resulta de los hechos probados, ni se aporta elemento alguno que permita introducirlo como tal, que alguno de los conceptos percibidos por el trabajador se fije en función de concretos objetivos personales cuantificados y, por ello, no es posible suprimir dicho concepto del módulo de cálculo, como se pretende, puesto que no consta ni siquiera que se haya incluido.

Sexto.-Finalmente, sin construirlo formalmente como un motivo separado, se alega la vulneración de la fuerza vinculante de los convenios colectivos. El argumento no puede ser atendido: la relación entre Ley y convenio se rige por un principio de norma mínima y el problema no se sitúa en términos de "espigueo" entre diferentes normas, sino en términos de comparación entre ambas para determinar si se respeta el mínimo legal. Y en esa comparación no puede englobarse de forma unitaria todos los conceptos salariales, incluyendo las horas extraordinarias junto con el salario base y demás conceptos correspondientes a la jornada ordinaria, puesto que si se admitiese esa comparación globalizadora se estaría consagrando la vulneración de una norma legal taxativa en su enunciado, que es la del artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores. Además de esa manera se tomarían como términos de comparación conceptos totalmente heterogéneos, de forma que el trabajador que haya de realizar horas extraordinarias vería expropiada una parte de la compensación mínima legal fijada para su reparto con todos los demás trabajadores que sin embargo limitarían su esfuerzo laboral a la jornada ordinaria del trabajo.

No cabe olvidar que el artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores, cuando establece que la cuantía que se fije en convenio colectivo o, en su defecto, pacto individual, para el abono de las horas extraordinarias, "en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria", no solamente lo hace en beneficio del concreto trabajador que realiza horas extraordinarias, sino también como parte de una política laboral integrada en la Ley (procedente en este caso de la reforma laboral de 1994 a través de la Ley 11/1994), que intenta reducir el número de horas extraordinarias en nuestra economía como forma de reparto del empleo y fomento de la contratación y también para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, puesto que la materia de jornada (regulada por la Directiva 2000/34 / CE y anteriormente por la 93/104 /CE) aparece estrechamente vinculada a la protección de la salud laboral. Las políticas de limitación de la jornada efectiva tienen, por tanto, un doble efecto, más allá de los intereses individuales del trabajador afectado, en el marco de la seguridad y salud de los trabajadores y de la política de empleo. No puede desconocerse por ello el carácter central en dicha política de la relativa a la limitación de la realización de horas extraordinarias, una de cuyas piezas clave es la regulación de la retribución de las mismas. El artículo 35.1 contiene por ello una norma mínima e indisponible por pacto individual o colectivo.

Cuestión distinta es que pudiera aplicarse alguna cláusula de "vinculación a la totalidad" contenida de forma expresa o tácita en el convenio colectivo que determinase que la falta de validez de una de sus partes pudieran determinar la invalidez de otras (como puede ser la estructura o cuantificación de los salarios) o incluso del conjunto del convenio, pero en tal caso ello no llevaría a la desestimación de la demanda, sino que, siendo nula una cláusula del convenio, la consecuencia sería la nulidad de todo el convenio, algo que no es objeto de discusión en la litis.

Séptimo.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral, procede imponer las costas del recurso a la parte vencida, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan a estos efectos en 300 euros. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Procedimiento Laboral, debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 227 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 228 de la misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso,

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY


FALLAMOS


 
Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el letrado D. Agustín Calderón Martínez de Azcoitia en nombre y representación de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) contra la sentencia de 12 de mayo de 2010 del Juzgado de lo Social número dos de Palencia (autos n.º 274/2006). Se imponen a la parte recurrente las costas del recurso, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan a estos efectos en 300 euros. Se decreta igualmente la pérdida del depósito constituido para recurrir y la pérdida de las consignaciones y/o el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente cuyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 300,00 euros en la cuenta núm 2031 0000 66 n.º de recurso 1125/2010 abierta a nombre de la sección 1.ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de la condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la Entidad Gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3 en relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy Fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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