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Sentencia T.S.J. Extremadura 466/2010 de 16 de septiembre


 RESUMEN:

Contrato de trabajo: Se ha acreditado la existencia de un contrato de trabajo de grupo, concertado con todos los trabajadores a los que se encomendó la prestación de servicios. Competencia de la jurisdicción social: Recurso de suplicación. Procede la suplicación contra las sentencias que decidan sobre la competencia del Juzgado por razón de la materia. Si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación, la sentencia resolverá sólo sobre la competencia. Estimación parcial.

CACERES

SENTENCIA: 00466/2010

T.S.J.EXTREMADURA SALA SOCIAL

C/PEÑA S/N.º (TFN.º 927 620 236 FAX 927 620 246)CACERES

Tfno: 927 62 02 36-37-42

Fax:927 62 02 46

NIG: 10148 44 4 2009 0300548

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000328 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 483 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 3 DE CACERES

Recurrente/s: Aurelio

Abogado/a: JOSE CORTES VILLALOBOS

Procurador: MARIA JOSE GONZALEZ LEANDRO

Graduado Social:

Recurrido/s: DIRECCION000,C.B.

Abogado/a: JULIO GOMEZ ESTEBAN

Procurador: MARIA GUADALUPE SANCHEZ-RODILLA SANCHEZ

Graduado Social:

Ilmos. Sres.

D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ

D.ª ALICIA CANO MURILLO

D.ª MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ

En CÁCERES, a dieciséis de Septiembre de dos mil diez.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA SOCIAL, T.S.J.EXTREMADURA, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA N.º 466/10

En el RECURSO SUPLICACIÓN 328 /2010, formalizado por el Sr. Letrado D. JOSÉ CORTÉS VILLALOBOS, en nombre y representación de D. Aurelio, contra la sentencia número 91 /2010 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 3 de CACERES en el procedimiento DEMANDA 483/2009, seguido a instancia de la recurrente frente a DIRECCION000, C.B., parte representada por el Sr. Letrado D. JULIO GÓMEZ ESTEBAN siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. D.ª ALICIA CANO MURILLO.

De las actuaciones se deducen los siguientes:


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-D. Aurelio presentó demanda contra DIRECCION000, C.B., siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 91 /2010, de fecha veinticinco de Marzo de dos mil diez

Segundo.-En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados: "El demandante en este procedimiento, D. Aurelio aparece como firmante como "trabajador" junto con la "empresa", DIRECCION000, C.B., de un contrato de trabajo fechado en Almaraz el día 9-VIII-2008, a tiempo completo y duración determinada (modalidad "obra o servicio determinado"), en el que aquél ostenta la categoría profesional de peón agrícola, para "la realización de la obra o servicio saca de corcho campaña 2008, teniendo dicha obra autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad propia de la empresa" (así como su cláusula sexta); asimismo, el convenio colectivo de referencia es del Campo de Extremadura. Por parte de la comunidad de bienes, quien firma tal contrato es D. Luis Manuel, uno de sus comuneros. SEGUNDO: En 2008 mas en fecha que no consta, D. Luis Manuel apalabra con D. Carlos (parte actora del procedimiento número 467/2009 seguido ante este Juzgado de lo Social, también sobre reclamación de cantidad por débitos salariales contra la citada C.B.), la realización de la campaña de saca de corcho (separado del tronco y debidamente apilado en la finca en disposición de ser transportado), precio que habría de ser satisfecho por la C.B. a D. Carlos, comprometiéndose éste a realizar la oportunas labores para obtener la cosecha pactada, aportando para ello tanto los medios materiales necesarios (tractores, remolques, bestias de carga, etcétera) como las personas precisas para ejecutar tal labor silvícola. TERCERO: La C.B -y por razón de tal acuerdo verbal- satisfizo el 7-X.2008 a D. Raúl (parte actora del procedimiento número 474/2009 seguido ante este Juzgado de lo Social también sobre reclamación de cantidad por débitos salariales contra la citada C.B.), la suma de veinte mil euros y el día 12-XI-2008 pagó a D. Carlos la suma de nueve mil quinientos euros. CUARTO: El día 20-VII-2009 se celebró el acto de conciliación (promovido por papeleta presentada por la actora el previa día 26-VI) sobre reclamación de cantidad ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, el cual concluyó sin que las partes se avinieran. QUINTO: Según las tablas salariales (así, Diario Oficial de Extremadura de 4-III-2009) del Convenio del Campo de Extremadura (código de convenio n.º 8100095, cuya inscripción se ordena por Resolución de 9-VIII-2007, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y Trabajo, y publicado en el D.O.E del siguiente día 21) para el año 2008, el salario base un peón agrícola para el "resto de faenas" es de 34,80 euros al día. SEXTO: D. Carlos considera que la suma debida por la C.B. por dicha campaña del corcho en la que trabajó el actor es de 45.841 euros."

Tercero.-En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Que apreciando la excepción de incompetencia de jurisdicción invocada por DIRECCION000 C.B. contra la demanda deducida por D.. Aurelio, debo declarar y declaro la incompetencia de jurisdicción de este Juzgado de lo Social para conocer de aquélla, advirtiendo al demandante que podrá, si a su derecho interesa, ventilar su pretensión ante los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil."

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por D. Aurelio formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, tuvieron los mismos entrada en esta SALA de lo SOCIAL en fecha 21-06-2010.

Sexto.-Admitido a trámite el recurso se señaló el día para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia en la que se declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de su demanda y le advierte que el competente es el orden civil, ante lo que formula un único motivo que, al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, denuncia la infracción de los arts. 1. y 2.a) de esa misma ley y acaba pretendiendo que la Sala dicte sentencia por la que se estime el recurso, se revoque la sentencia recurrida y se estime la demanda, condenando a la demandada al pago de la cantidad reclamada.

Hay que empezar por señalar que lo que pretende el recurrente nunca puede prosperar, entre otras razones porque, resultando que lo reclamado en la demanda eran 1.339 que en el juicio se redujeron a 775,54, es claro que contra lo que respecto a la reclamación se resolviera nunca cabría recurso de suplicación, a tenor del art. 189.1 LPL, y el apartado e) de ese mismo art., tras señalar que procederá en todo caso la suplicación contra las sentencias que decidan sobre la competencia del Juzgado por razón de la materia, añade que si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación, la sentencia resolverá sólo sobre la competencia, por lo que esta Sala nunca podría entrar a determinar si procede o no la estimación de la demanda y la condena de la parte demandada.

De lo expuesto se desprende también que lo único que procedería, si estuviera mal apreciada la incompetencia, por ser la cuestión debatida competencia del orden social, es anular la sentencia recurrida y reponer las actuaciones al momento anterior a ella para que el juzgador entrara en el fondo de la cuestión y la resolviera si es que no existe ningún otro obstáculo procesal para ello, pero eso no se pide en el recurso. Sin embargo ello no es óbice para que la Sala entre a determinar la competencia y, en su caso, acordar la nulidad a que nos hemos referido, como se desprende de lo que se mantiene en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2008, en la que se resolvió recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra una de esta Sala. Se expone por el Alto Tribunal.

"La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en sentencia de 26 de septiembre de 2006, argumenta que, no habiéndose solicitado nulidad de actuaciones, ni poder declararla de oficio, de acuerdo con el mandato del art. 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la redacción acordada por La Ley Orgánica 19/2003, no entró a analizar si era o no procedente la declaración de caducidad efectuada, en tanto que la apreciación de esa argumentación carecería de efectos al no poder declarar una nulidad de actuaciones que no le había sido solicitada".

Sobre la sentencia alegada como contradictoria en el recurso se dice: "se invoca la ya citada sentencia Tribunal de Castilla-La Mancha de seis de mayo de 2005. Esta resolución estimó el recurso del demandante que había visto desestimada en la instancia su pretensión de revisión del grado de invalidez, por haberse apreciado mal formulada la reclamación previa. Había formalizado el recurso al amparo del apartado c) del art. 191 de la Ley procesal, y la Sala estima que, aunque ese precepto ampara el recurso en el que se denuncien infracciones sustantivas, en lugar de haber solicitado la nulidad al amparo del apartado a) de dicho precepto, la incoherencia del suplico y los defectos formales observados o "las deficiencias técnicas del escrito de interposición del recurso de suplicación no pueden suponer rechazo ad limine del examen de la pretensión por el Tribunal".

Ante la contradicción de los pronunciamientos, pues esta Sala entendió que, no solicitándose la nulidad de actuaciones en el recurso, no podía apreciarse de oficio, mientras que en la alegada como contradictoria el Tribunal acordó la nulidad a pesar de los defectos técnicos del recurso, el Tribunal Supremo resolvió de la siguiente forma:

"Lo cierto es que el recurrente en suplicación impugnó la interpretación que la sentencia de instancia había realizado del art. 71 de la Ley procesal y había argumentado con razonamientos suficientes. Se cometió, desde luego, el error técnico apuntado, debiendo precisar ahora si las consecuencias que la Sala acordó de tales defectos fueron desproporcionadas.

El Tribunal Constitucional (sentencia 92/1990) recordaba que "el órgano judicial está obligado a rechazar toda interpretación formalista y desproporcionada de los presupuestos procesales que le conduzcan a negar el derecho de acceso a la jurisdicción (o el recurso) debiendo utilizar, en su lugar, la que resulte ser la más favorable al ejercicio de aquel derecho fundamental", añadiendo que los requisitos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia sino que únicamente sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima" (Sentencias 68/1988, 134/1989, 92/1990 y 130/1998, entre otras). Señalando la sentencia 18/1993 que "lo relevante, a tal fin, no es la "forma" o "técnica" del escrito de recurso, sino su contenido, esto es, que de forma suficientemente precisa exponga los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser los tenidos por correctos. Desde esta perspectiva, resulta obligado concluir, que el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso, no debe rechazar ad limine el examen de una pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte, que debiera ser analizada para su estimación o desestimación por motivos materiales". En el escrito de interposición del recurso se proporcionaban "datos suficientes", la censura jurídica formulada, llevaba consigo, de ser estimada, la declaración de nulidad de la sentencia recurrida, por lo que implícitamente se formulaba tal petición. Procede, en consecuencia la estimación del recurso, casar y anular la sentencia recurrida y devolver las actuaciones a la Sala de origen para que resuelva sobre el recurso de suplicación, pudiendo acordar, si procede, la nulidad de la sentencia de instancia".

Segundo.-Ante lo expuesto, debe entrarse en el tema relativo a la competencia para conocer de la cuestión planteada en la demanda, debiéndose recordar que se trata de una cuestión de orden público procesal, que debe ser resuelta por el órgano judicial superior con entera libertad, sin sujetarse a los presupuestos y concretos motivos del recurso, sin someterse a los límites de la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia y con amplitud en el examen de toda la prueba practicada, para decidir, fundadamente y con sujeción a derecho, sobre una cuestión cuya especial naturaleza la sustrae al poder dispositivo de las partes (sentencias del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1989, 24 de enero, 5 de marzo, 6 de abril, 17 de mayo, y 11 de junio de 1990. entre otras). No obstante, en este caso, hay que partir de los hechos que el juzgador de instancia declara probados, por responder a lo que resulta de las pruebas que constan en autos, singularmente el contrato, la nómina y las alegaciones de las partes y declaraciones efectuadas por los testigos en el acto del juicio.

Sin embargo, hay que llegar a una conclusión diametralmente opuesta a la que ha llegado el juzgador de instancia en su sentencia pues de los hechos que constan probados se desprende que en el caso que se nos somete ha existido un contrato de trabajo, aunque sea en una de las modalidades previstas en el art. 10 del Estatuto de los Trabajadores, poco frecuentes y cuya regulación no está completamente perfilada, concretamente, el trabajo en común o el contrato de grupo.

En el mencionado precepto, la distinción entre una y otra figura se determina en función de quien ostenta los derechos y obligaciones derivados del contrato pues en el de trabajo en común, según el n.º 1, el empresario "conservará respecto de cada uno (los trabajadores del grupo), individualmente, sus derechos y obligaciones", por lo que la doctrina (Montoya Melgar, por ejemplo) nos dice que no es un contrato de trabajo con peculiaridades, sino una simple técnica de asignación de tarea a una pluralidad de trabajadores previamente vinculados al empresario, a título individual, mediante contratos de trabajo singulares, por lo que el trabajo en común no es más que el resultado de encomendar a varios trabajadores al servicio del mismo empresario, una misma tarea, en la que cooperan aportando sus esfuerzos coordinados. En cambio, según el n.º 2 del precepto, en el contrato de grupo, del que el antes citado autor considera como ejemplos de la figura las "cuadrillas" de segadores, los "corros" de pescadores y los conjuntos musicales, el empresario "no tendrá frente a cada uno de sus miembros (del grupo) los derechos y deberes que como tal le competen", por lo que el mismo autor nos dice que el contrato de grupo no es el resultado de una mera yuxtaposición de contratos individuales, sino un único vínculo que discurre entre empresario y grupo de trabajadores, por ello, (Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 21 de febrero de 1984), nace un solo vínculo jurídico entre el empresario y el grupo de los trabajadores, de tal forma que éstos contratan como si fuera uno sólo.

De lo que no cabe duda es de que en ambos casos existe contrato de trabajo. Así, nos dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 15 de enero de 2002:

"No obsta a la calificación como contrato de trabajo que el empresario haya encomendado la realización del trabajo a un grupo de trabajadores para que lo hagan en común, pues ni tan siquiera impide que mantenga frente a cada uno de ellos los derechos y obligaciones de la relación laboral (art. 10-1 ET). En este caso hay, en realidad, tantos vínculos laborales como trabajadores se obligan a hacer en común el trabajo. Este factor lo que hace es incidir en el modo en que los trabajadores han de cumplir su prestación esencial (trabajar), ya que supone atribuirles la facultad de distribuirse entre ellos el modo de acometer la labor encomendada y, en su configuración más típica (cuando el trabajo en común constituye el objeto único de la contratación: por ejemplo, la siega de unos campos o la realización de una obra a una cuadrilla), suele venir acompañada de retribución por la tarea (o por parcelas de ésta) y/o vinculando la jornada a la tarea.

Tampoco la impide que el contrato se haya celebrado con un grupo de trabajadores considerado en su totalidad (art. 10-2 ET), como es típico en la contratación de orquestas o grupos musicales, en el que el sujeto contratante es el grupo en cuanto tal, frente al que el empresario tiene los derechos y obligaciones, en lo que claramente supone una ficción de la persona contratante y revelan que se está ante una única relación laboral.

E igualmente no es obstáculo que el trabajador asocie a su trabajo a personal que lo auxilie, siempre que lo haga conforme a lo pactado por escrito con su empresario, ya que en tal caso, éste también lo es de aquél (art. 10-3 ET)".

En el caso que nos ocupa podemos excluir la figura del auxiliar asociado a que se refiere el art. 10.3 ET, pues no es que se concertara un contrato de trabajo con un determinado trabajador y se pactara que éste pudiera asociar a un auxiliar o ayudante para llevar a cabo su tarea, sino que el contrato, uno o varios, según se dirá, se concertó con todos los trabajadores a los que se encomendó la prestación de servicios, pero sí pueden darse en este caso las otras dos figuras, el trabajo en común y el contrato de grupo, sobre los que la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1978, a la que puede acudirse pues la regulación que contemplaba para tales figuras, la contenida en la Ley de Contrato de Trabajo, era de un contenido similar a la que ahora se establece en el ET:

"la Ley de Contrato en sus arts. 17 al 20, distingue entre dos tipos de relaciones próximas entre sí; una de ellas es el contrato de grupo y la otra trabajo dado en común a un grupo, refiriéndose a esta última modalidad al art. 17 que contempla, una pluralidad de contratos individuales de trabajo, y como consecuencia de ese carácter, el precepto permite que el empresario designa un Jefe al grupo, que no será considerado como representante de los trabajadores, salvo acuerdo en contrario, y si el salario fuese colectivo para el grupo, sus componentes tendrán derecho en él según lo que hayan participado en el resultado del trabajo, y si uno del grupo saliera de él antes de la terminación del trabajo encargado, tendrá derecho a la parte alícuota del trabajo que le corresponda en el ya realizado; y el art. 18 se refiere al contrato de grupo, cuyo objeto es la celebración por el empresario de un contrato con un grupo de trabajadores considerado en su totalidad, existiendo por tanto un vínculo único entre el empresario y el grupo, por lo que el empresario no tendrá frente a cada uno de sus miembros los derechos y deberes que como tal le competen, salvo que así se pactare ostentando la representación de los trabajadores que integren el grupo, el jefe que elijan o reconozcan, representación que lleva aparejada la función de cobrar y repartir el salario común, siendo liberatorio para el empresario el pago efectuado al representante, debiendo ser calificado el contrato celebrado entre las partes litigantes de contrato de grupo, pues fue concertado entre don Gustavo., en su calidad de empresario del Hotel Selomar, y de otra, don Francisco L. M., en representación de los profesores relacionados en el documento suscrito el 25 mayo 1974, dado que fueron contratados para formar parte de un grupo orquestal integrado por todos ellos, para actuar en el espectáculo de baile del local del hotel Selomar, siendo, pues, esa agrupación de los profesores músicos uno de los sujetos del contrato y no cada uno de sus componentes, ya que de la conjunción de sus actividades específicas según el instrumento musical para el que estaban acreditados; Batería; Guitarra; Organo y Bajo, surge aquel grupo orquestal, con denominación propia de "Orquesta López Brothers", sin que esa calificación jurídica de contrato de grupo regulado en los arts. 18 al 20 de la L. C. T., sea obstáculo legal el que en el documento del día 25 mayo 1976 se diga... siendo este convenio considerado, a todos los efectos, como un contrato individual con la empresa de cada uno de los Profesores que lo firmen, puesto que a la regla general de que el empresario no tendrá, frente a cada uno de los miembros del grupo, los derechos y deberes que como tal le competen, el último párrafo del art. 18 permite que se pacte lo contrario, pero ello no desnaturaliza la esencia del contrato de grupo".

Tercero.-En el caso que nos ocupa, la existencia de un contrato de trabajo escrito entre quien encarga el trabajo de la saca de corcho y el demandante, uno de los trabajadores que formaban el grupo, e incluso de una nómina en la que aparecen en la misma posición, parece dar a entender que lo que existía era la figura del art. 10.1 ET, el trabajo en común, que, como hemos visto, se caracteriza porque existe un contrato de trabajo para cada uno de los trabajadores; pero las demás circunstancias avocan a la otra figura, la del contrato de grupo del n.º 2, puesto que se concertó por el dueño de la explotación con uno de los componentes del grupo que, a cambio de la realización de la campaña, debía percibir un determinado precio por quintal de corcho ya preparado para su transporte, siendo él quien aportara el resto de los trabajadores e incluso las herramientas y maquinarias precisas para ello, con lo que ese trabajador que concertó el trabajo se erige, claramente, como el jefe del grupo que es quien, a tenor del mencionado precepto, ostenta la representación de quienes integran el grupo, respondiendo de las obligaciones inherentes a dicha representación.

A la existencia aquí de un contrato de trabajo, si se tratara de un contrato de grupo, o de varios, si estuviéramos ante un trabajo en común, no se oponen las razones que parecen haber llevado al juzgador de instancia a la declaración de incompetencia del orden social. Así, no lo hace que uno o varios de los trabajadores del grupo aportara los aperos y máquinas precisas para realizar el trabajo, como sucede con el vehículo que puede aportar un trabajador que presta servicios de transporte, pues, como dice la STS 18 de octubre de 2006, "esta prestación es el elemento fundamental del contrato, sin que la naturaleza de éste se desvirtúe por la aportación de vehículo por el trabajador, pues esa aportación no tiene relevancia económica suficiente para convertir la explotación del vehículo en elemento definidor de la finalidad fundamental del contrato, mientras que la actividad personal del trabajador se revela como predominante", que es lo que sucede en este caso, lo fundamental, lo que se remunera, es el trabajo, la tarea de la saca del corcho, la actividad de los trabajadores, aunque para ello hayan de servirse de herramientas o máquinas que puede aportar el empresario o ellos mismos posibilidad que está prevista en el Convenio Colectivo del Campo de la Comunidad de Extremadura para los años 2007, 2008 y 2009, publicado en el Diario Oficial de Extremadura 97/2007, de 21 agosto que en el art. 46, al referirse a las herramientas de trabajo nos dice que "Las herramientas serán facilitadas por las Empresas", pero permite que, sin que se desnaturalice el contrato, las aporte el trabajador, incluso si se trata de máquinas y herramientas a motor, pues añade que "En caso contrario el trabajador percibirá un Plus de 0,25 euros para el año 2007, 0,26 euros para el año 2008, y 0,27 euros para el año 2009 por día efectivo de trabajo, siempre y cuando la herramienta no sea de motor de lo contrario será a negociar entre las partes".

En fin, tampoco impide la existencia de contrato de trabajo la forma de remuneración, como dice el juzgador de instancia, a destajo, que el Diccionario de la Lengua Española define como "obra u ocupación que se ajusta por un tanto alzado, a diferencia de la que se hace a jornal", pues el art. 26.1 ET, al tratar del salario, se refiere a "cualquiera que sea la forma de remuneración", en lo que cabe esa forma mencionada. Así lo entiende la STS 30 de abril de 2009, diciendo que "El que la retribución se fije en atención al número de servicios prestados y a su entidad tampoco desacredita lo argumentado hasta aquí, por cuánto la forma de retribuir el trabajo no hace que la remuneración del mismo pierda su naturaleza salarial, conforme al artículo 26-1 del Estatuto de los Trabajadores, norma que permite que el trabajo se retribuya por horas o por unidad de obra". Dice el juzgador de instancia que esa forma de remuneración no se compadece con las disposiciones legales y de la norma colectiva sobre descanso, pero ya se ha visto que lo primero no es así y, en cuanto a los descansos, por una parte, que no se disfruten por el trabajador los que sean obligatorios es claro que no desnaturaliza el contrato de trabajo y, por otro, no se ve la razón por la que se hayan de incumplir las normas al respecto en la fijación del salario por unidad de obra y no cuando se fija por tiempo.

Cuarto.-Pareciendo, como se ha dicho, que lo que existe es un contrato de grupo, hay que descartar que entre el grupo y los trabajadores que lo componen exista contrato de trabajo. Así, nos dice la STS de 25 de octubre de 1988: "El actor demanda al grupo como empresa, citando nominativamente a tres componentes de dicho grupo, mas ha de tenerse en cuenta que el grupo de trabajadores, que como tal funciona no es empresario, sino según el articulo 10 del E.T., o bien es un conjunto de trabajadores con prestaciones coordinadas que lo son de un mismo empresario, o bien -cual acaece en el caso de autos- un "grupo" de trabajadores contratado como tal por un empresario en cuyo caso entre los miembros el grupo podrán existir discrepancias y deducirse reclamaciones, para cuya resolución será componente la jurisdicción social según se desprende del artículo 9.5 de la LOPJ, de 1 de julio y a los que se refiere el artículo 1 L.P.L., en su apdo. 1.º mas no una reclamación por despido, pues el grupo no tiene condición de empresa y por lo tanto el dato de haber trabajado juntamente con otros y dejar le hacerlo no constituye despido sino discrepancia que puede tener repercusión económica y que en su caso debería plantearse a tales términos".

Igualmente hay que rechazar que el contrato de trabajo exista entre el jefe de grupo y los trabajadores. Nos dicen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de abril de 2005 y de la Comunidad Valenciana de 15 de febrero de 2007: "Atendiendo al derecho y deber básicos de empresario y trabajador en una relación laboral -la prestación de los servicios contratados y su remuneración-, y tratándose de contrato de grupo, ha de afirmarse que el derecho a exigir el correcto cumplimiento de la prestación incumbe al empresario frente al grupo configurado como unidad de imputación y no frente a quienes lo componen, y correlativamente la obligación de retribuir el trabajo se tiene con el conjunto; corolario de ello es que constituya figura clave e "inexcusable" para la existencia de un contrato de grupo la del jefe de grupo, representante de sus compañeros ante la empresa (STCT 6-11-1984)", pero, como se razona en la del TSJ de Castilla-La Mancha de 16 de diciembre de 2004:

"Datos fácticos los expuestos de los que se deducen la inexistencia de relación jurídica de naturaleza laboral entre el accionante y el demandado, en tanto que éste, aun cuando ostente la representación del grupo no reúne los presupuestos necesarios para ser catalogado como empresario, entendido como aquella persona, en este caso física, dentro de cuyo ámbito de organización y dirección, preste sus servicios retributivos y por cuenta del mismo, el accionante. No concurriendo pues en el supuesto examinado las notas definidoras de la relación laboral, entre demandante y demandado contenidas en el art. 1.1 del ET.

Antes al contrario, lo que se deduce de lo actuado es que el actor, junto con el demandado y el resto de los componentes de la orquesta, forman un grupo de trabajadores considerados en su totalidad, supuesto al que se refiere el art. 10 del ET y en tal caso el empresario será única y exclusivamente la persona o entidad con la que contraten las oportunas actuaciones y no el jefe del grupo, el cual tan sólo ostentará la representación de los integrantes del mismo, respondiendo de las obligaciones inherentes a esa representación, pero no de las propias del empresario, por no reunir tal condición".

En fin, de todo lo que aquí se ha razonado se desprende que en el caso sometido al juzgador de instancia en virtud de la demanda origen de las actuaciones existe un contrato de trabajo, bien sea individual entre el demandante y el demandado, si se tratara de un trabajo en común, bien entre el grupo y el demandado si se tratara de un contrato de grupo, siendo seguro que en ambos casos el competente para conocer de las discrepancias que en torno a él surjan es el orden jurisdiccional social, a tenor de los arts. 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 y 2.a) ET. Por ello, ha de estimarse en parte el recurso interpuesto por el trabajador demandante, puesto que, como se razonó al principio, no puede accederse a su pretensión de estimación de la demanda, anulando la sentencia recurrida y reponiendo las actuaciones al momento anterior a ser dictada para que se dicte otra en la que, asumiendo su competencia, el juzgador de instancia, resuelva sobre la demanda planteada, salvo que exista otro óbice procesal que lo impida.

Debe añadirse que tampoco procede la condena en costas contenida, sin fundamento ninguno en que se apoye, en el suplico del recurso, pues, aunque, en contra de lo que pretende la demandada en su impugnación, la sentencia recurrida no ha sido confirmada, ello no supone que se la considere la parte vencida en el recurso, a la que deban imponerse las costas a tenor del art. 233.1 LPL pues, como ha señalado con reiteración el Tribunal Supremo, por ejemplo en sentencia de 21 de enero de 2002, "la parte vencida en el recurso a la que alude el artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral es exclusivamente aquella que hubiera actuado como recurrente y cuya pretensión impugnatoria hubiese sido rechazada; no, por tanto, la que hubiera asumido en el recurso la posición de recurrida, defendiendo, sin éxito, el pronunciamiento impugnado".

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,


FALLAMOS


 
Con estimación parcial del recurso de suplicación interpuesto por D. Aurelio contra la sentencia dictada el 25 de marzo de 2010 por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Cáceres, con sede en Plasencia, en autos seguidos a instancia del recurrente frente a DIRECCION000 CB, anulamos la sentencia recurrida, reponiendo las actuaciones al momento anterior a ella para que por el juzgador de instancia se dicte otra en la que, salvo que exista otro óbice procesal que lo impida, resuelva sobre la demanda origen de estas actuaciones.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta SALA SOCIAL, T.S.J.EXTREMADURA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de esta Sala - Sección abierta en GRUPO BANESTO con el n.º 11310000350328/10 debiendo indicar en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "35 Social Casación ". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código "35 Social Casación ". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrado Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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