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Sentencia T.S.J. Castilla y León 1403/2010, de 13 de octubre


 RESUMEN:

Valor de la hora extraordinaria: Subidas salariales. Limitaciones presupuestarias. Las limitaciones de las leyes presupuestarias sobre la subida de la masa salarial, pero no respecto de las disposiciones establecidas por las leyes laborales, con carácter imperativo como es el artículo 35 del E. T..

VALLADOLID

SENTENCIA: 01403/2010

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001403/10

Materia: CANTIDAD

Recurrente/s: RENFE OPERADORA,

Abogado: FRANCISCO JAVIER SAN MARTIN RODRIGUEZ

Proc: MIGUEL ANGEL SANZ ROJO

Recurrido/s: Teodoro

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: JDO. DE LO SOCIAL N.º UNO. De LEON DEMANDA 000769 /2006

Rec. Núm: 1403/2010

Ilmos. Sres.

D. Emilio Álvarez Anllo

Presidente Sección

D.ª M.ª Carmen Escuadra Bueno

D. Rafael A. López Parada /

En Valladolid a trece de Octubre de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm.1403 de 2.010, interpuesto por la entidad RENFE OPERADORA contra sentencia del Juzgado de lo Social N.º Uno de León (Autos:769/06) de fecha 26 de Mayo de 2010, en demanda promovida por Teodoro contra la Entidad demandada y recurrente, sobre CANTIDAD, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Rafael A. López Parada.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 18 de septiembre de 2006, se presentó en el Juzgado de lo Social de León Número Uno, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.

Segundo.-En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:" PRIMERO.- El demandante, Teodoro, presta servicios para la empresa demandada Entidad Pública Empresarial RENFE Operadora anteriomente a la Ley 39·/2203, de 17 de noviembre RENFE, con antigüedad reconocida de 5 de mayo de 1980, desempeñando actualmente la categoría profesional A-70 con derecho a percibir un salario y demás condiciones conforme a lo prevenido en el Convenio Colectivo y Normativa Laboral, de ámbito empresarial.

Segundo.-Como consecuencia de referida relación laboral, el trabajador reclama a la demandada, en este proceso laboral, la cantidad de 2.311,02 euros, por diferencias salariales (por horas extraordinarias), por el período comprendido entre el 1 de julio de 2005 al 30 de junio de 2006, ambos incluidos, según detalle expresado en el hecho cuarto de su demanda, en relación con los anexos aportados junto con el escrito de 3 de marzo de 2010, que damos expresamente por reproducido, partiendo de que la hora extra debería ser retribuida con un importe unitario de 17,45 euros para el año 2005 (valor equivalente al de la hora ordinaria).

Tercero.-La empresa considera que ha abonado correctamente dichas horas, pues los valores de la hora establecidos en el Convenio Colectivo de aplicación responden al máximo legalmente posible, al estar tasado su incremento máximo por lo fijado en la Ley General Presupuestaria y en las sucesivas Leyes Generales de Presupuestos, dada la naturaleza jurídica de la entidad demandada; subsidiariamente, reconoce adeudar la cantidad 1.652,37 euros, pues considera que el valor de la hora ordinaria es de 14,84 euros.

Cuarto.-Con fecha 28 de julio de 2006, la parte actora interpuso reclamación previa a la vía jurisdiccional, de la que a la fecha de la presentación de la demanda no había obtenido respuesta, interponiéndose la demanda el día 18 de septiembre de 2006.

Quinto.-Admitida a trámite la demanda, se señaló para la celebración del acto del juicio el día 23 de noviembre de 2006 y llegado el mismo, ambas partes de común acuerdo solicitaron la suspensión sine die del mismo por cuanto se estaba tramitando en la sala d e lo Social de la Audiencia Nacional conflicto colectivo sobre idéntica materia; suspensión que se acordó por este Magistrado, de conformidad con lo solicitado por ambas partes y lo previsto en el artículo 158.3 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sexto.-La parte actora presentó escrito el 3 de diciembre de 2009, poniendo en conocimiento del Juzgado la existencia de sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 11 de diciembre de 2008 (Rec.Cas.86/2006), entonces ya firme, resolviendo el recurso contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en el proceso por conflicto colectivo, ya citado, poniendo fin al mismo en el que no se entra en el fondo del asunto-, y solicitando nuevo señalamiento del juicio; como así se hizo, para el 2 de marzo de 2010, que fue suspendido para que la parte actora subsanase la demanda, como así efectuó, tras lo cual se volvió a señalar para el día 25 de mayo de 2010, fecha en que efectivamente se ha celebrado el acto del juicio."

Tercero.-Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandada, fue impugnado por la parte demandante. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Al amparo de la letra c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral denuncia la recurrente la infracción del artículo 151.2 y 163 de la Ley de Procedimiento Laboral y del artículo 24.1 de la Constitución Española. En esencia, se reiteran aquí las excepciones de Inadecuación de procedimiento y falta de acción del demandante al pretender este último indirectamente, según criterio de la recurrente, la impugnación el XV Convenio Colectivo, más concretamente los valores pactados en el convenio colectivo para las horas extras.

Sobre la inadecuación de procedimiento se ha pronunciado la Sala para desestimarla. Así, en la sentencia de 17 de febrero de 2010 (Rec. 2147/09) dijimos lo siguiente: "Se alega también por la empresa la inadecuación del proceso ordinario para reclamar la ilegalidad del convenio colectivo, pero en este caso hay que tener en cuenta que lo que se reclama es una cantidad a título individual por diferencias salariales y que la eventual ilegalidad del convenio colectivo constituye únicamente una cuestión previa sobre la que el órgano judicial ha de pronunciarse para resolver lo que es el objeto principal del pleito. Por tanto y atendiendo a la pretensión, el procedimiento escogido es el adecuado. Cuestión distinta es si como cuestión previa puede cuestionarse la legalidad del convenio colectivo, en el que expresamente se recogen unas tablas en las que se expresa numéricamente el salario que ha de pagar la empresa por las horas extraordinarias. Y a este respecto no cabe duda de que el órgano judicial que es llamado a resolver debe afrontar tal cuestión previa y decidir sobre la misma, sin que en la aplicación del ordenamiento jurídico pueda desconocer las reglas reguladoras del sistema de fuentes, debiendo recordarse que únicamente las cuestiones previas relativas a la eventual inconstitucionalidad de normas con rango de Ley o de Tratados internacionales están excluidas de su conocimiento y son objeto de un procedimiento especial de naturaleza devolutiva, como es la cuestión de inconstitucionalidad que habría de elevarse ante el Tribunal Constitucional. Pero tal procedimiento no es de aplicación ni a las normas reglamentarias, ni a los convenios colectivos, de manera que las cuestiones previas relativas a su validez y legalidad han de ser analizadas y enjuiciadas por el órgano judicial como paso previo a su pronunciamiento sobre el tema de fondo, sin que sea admisible que el juez o tribunal realice una aplicación indebida del sistema de fuentes, dando prioridad a un reglamento sobre la Ley o a un convenio colectivo que establezca condiciones inferiores a las resultantes de la aplicación de las normas mínimas fijadas por Ley o reglamento". En aplicación de lo dicho debe desestimarse la excepción de inadecuación de procedimiento y como consecuencia la de falta de acción del trabajador nacida de la relación laboral que mantiene con la demandada, cuando para lo que carecería de acción sería para interponer un conflicto colectivo según el artículo 152 de la LPL.

Por otra parte y en relación con la posterior alegación de la cláusula de vinculación a la totalidad del convenio colectivo (cláusula 12), la misma no afecta a la estimación de la demanda, puesto que se trata de aplicar una norma legal que obliga a la cuantificación salarial de las horas extraordinarias. Si de ello resulta la nulidad de una cláusula de convenio y, como consecuencia, de todo él, ello podrá plantearse por la vía procesal oportuna por las partes legitimadas para pedir la nulidad del convenio, pero no por ello puede dejarse de aplicar la norma legal en cuestión.

Segundo.-Con el mismo amparo legal se denuncia la vulneración de la cláusula IV, apartado III, punto 3.2, del XII convenio colectivo. Se dice que el actor ostenta la categoría de mando intermedio y cuadro y que en el sistema de retribución se incluye un concepto salarial, como es el de "toma y deje", que se abona por cada día efectivo de trabajo en esas condiciones. De ello se desprende que "estamos en presencia de una especial regulación del grupo de mando intermedio y con un sistema retributivo concreto en el que se especifica una valoración concreta del complemento de puesto de trabajo en el que se valora el toma y deje en una cuantía determinada para este concepto y por día efectivo de trabajo". De ello se deduce, según el recurrente, que la demanda debe ser desestimada. Se trataría, por tanto, de que las horas extraordinarias reclamadas estarían ya abonadas por la vía de dicho concepto.

Hay que decir que, aunque después se razone en los fundamentos de Derecho al respecto, nada consta en hechos probados sobre dicha circunstancia y sobre el número de horas extraordinarias realizadas que deriven de las mismas circunstancias que dan lugar al abono de dicho complemento de toma y deje. Por otro lado lo cierto es que la empresa ha reconocido y abonado como horas extraordinarias las que se reclaman y solamente se discute aquí cuál haya de ser el precio de las mismas y no su misma existencia o número. Por otra parte se aprecia que el citado concepto de toma y deje se abona por día efectivo de trabajo cuando concurran las condiciones a las que se vincula su devengo ("con habitualidad y periodicidad", según se expresa en la sentencia que cita el propio recurrente), sin que esté vinculado a un número concreto de horas de trabajo realizada, por lo que su finalidad es retribuir la situación de disponibilidad para realizar horas extraordinarias, más que la realización de las propias horas extraordinarias en sí mismas.

El motivo es desestimado.

Tercero.-Con el mismo amparo legal se denuncia la infracción, por interpretación errónea, de la cláusula 3.ª del XV Convenio Colectivo en relación con los valores de las horas extras que constan en las tablas salariales para los años 2006 y 2007 (Anexo II), así como la cláusula 12 del XV Convenio Colectivo en relación con el artículo 37.1 de la Constitución Española. Infracción por errónea interpretación del artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, del artículo 19.2 de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, y 19.2 de la Ley 30/2005, de 30 de noviembre, de Presupuestos Generales del Estado, del artículo 21.2 de la Ley 42/2006 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado, en relación con el artículo 20 y disposición adicional primera de la Ley 39/2003, de 17 de diciembre, del Sector Ferroviario, así como la infracción, por errónea interpretación, de los artículos 35 y 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, y la infracción, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo sentada en las sentencias de 21 de febrero de 2007 y 22 de abril de 2004, entre otras de las citadas en el recurso.

Resalta la empresa recurrente su naturaleza de entidad pública empresarial y su sujeción al contenido de las leyes presupuestarias, las cuales tienen jerarquía superior al convenio colectivo, siendo de aplicación a todas las Entidades Públicas. Invoca al efecto el artículo 46 de la Ley 47/03, General Presupuestaria en el sentido de que los créditos para gastos son limitativos y añade que no podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos. De modo que de aplicarse las cuantías contenidas en la sentencia de instancia, se superaría el límite de incremento retributivo fijado en la Ley de Presupuestos, lo que no es posible.

Sobre esta cuestión ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala. Así, en la sentencia de 10 de febrero de 2010 (rec. 2147/09) ya dijimos lo siguiente:

"...Pues bien, cuando los órganos judiciales sociales han afrontado el problema de la aplicación de las limitaciones derivadas de las leyes presupuestarias a la subida salarial, se ha entendido que se trata de un problema estrictamente de prevalencia de la Ley sobre el convenio colectivo, como principio consagrado en los artículos 3 y 85 del Estatuto de los Trabajadores y que el Tribunal Constitucional ha expresado también, como sucede con las sentencias 177/1988, de 10 de octubre, 58/1985, de 30 de abril y 210/1990, de 20 de diciembre, en las que declaró la prevalencia jerárquica de la Ley sobre el convenio, por cuya razón éste debe respetar y someterse a lo dispuesto con carácter necesario por aquélla, primacía que no puede perderse de vista a la hora de afrontar el problema del alcance y del valor normativo del convenio colectivo. Esa es la línea doctrinal de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, entre otras, en las sentencias de 9 de diciembre de 1995 (RCUD 532/95) y, expresamente sobre la cuestión que aquí nos ocupa, de 22 diciembre 2005 (RCUD 197/2003). Por consiguiente el efecto de las restricciones derivadas de la Ley presupuestaria es, como expresamente se señala en el texto de las mismas (aunque el mismo experimenta variaciones los diferentes años y tiene una cierta complejidad interpretativa), la nulidad de los pactos individuales y colectivos, puesto que la autonomía individual y colectiva queda limitada por Ley y, por ello, queda fuera del poder de disposición de las partes el acordar subidas salariales que impliquen una subida de la masa salarial por encima de la prevista en la Ley de presupuestos anual.

Sin embargo no es este el caso, puesto que aquí no estamos ante una confrontación entre lo previsto en el convenio colectivo y la Ley y ni siquiera se discute la legalidad de un pacto de subida salarial. En este caso la limitación de la masa salarial global prescrita por la Ley presupuestaria se intenta alzar como obstáculo para el cumplimiento de la Ley laboral, lo que es algo sustancialmente distinto a lo hasta ahora resuelto por la jurisprudencia. Es cierto que los actos unilaterales del empleador público y los pactos individuales o colectivos suscritos por el mismo, en cuanto entran dentro de su poder de disposición, quedan limitados por las prescripciones de la Ley de presupuestos. Pero tales limitaciones, a juicio de esta Sala, no son aplicables cuando se trata de actos debidos, esto es, de aplicación pura y simple de las prescripciones legales. De lo contrario nos encontraríamos con situaciones realmente paradójicas, como que un trabajador que viniera cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional no tuviera derecho a percibir éste si se superase el tope de subida de la masa salarial, o que un trabajador con contrato en prácticas o para la formación fraudulento en una Administración no pudiera cobrar conforme a convenio colectivo por la misma causa, o que situaciones contrarias al principio de igualdad en materia salarial, por ejemplo entre fijos y temporales, no fueran susceptibles de reparación salarial para evitar superar tales topes presupuestarios e incluso que, superada esa masa salarial, los empleados públicos perdieran el derecho a la retribución por los servicios prestados.

Esto es, de convertir el tope de subida de la masa salarial establecido en la Ley de presupuestos anuales no en un límite a la autonomía individual o colectiva para regular aquello que, en principio, entraría dentro de su poder de disposición, sino en un obstáculo al puro y simple cumplimiento de la legislación laboral, incluso en aquellos aspectos regulados por la Ley de manera imperativa e indisponible, como es el que aquí nos ocupa, los efectos irían más allá de lo hasta ahora resuelto por la jurisprudencia, confiriendo efectos exorbitantes a la Ley de Presupuestos anuales, que no parece que hayan sido queridos por el legislador. Por otra parte, no cabe olvidar que estamos ante una Ley de Presupuestos anuales, que, aunque se trata de una auténtica norma con rango de Ley, está sin embargo limitada competencialmente, dada su especialidad y la forma de su tramitación, de manera que, aunque su contenido no está limitado a la previsión de ingresos y las autorizaciones del gasto, sino que también puede establecer disposiciones de carácter general en materias propias de la ley ordinaria estatal (con algunas excepciones que no vienen al caso) que guarden directa relación con las previsiones de ingresos y las habilitaciones de gastos de los Presupuestos o con los criterios de política económica general en que se sustentan el Tribunal Constitucional ha declarado igualmente que este contenido eventual sólo tiene cabida dentro de límites estrictos y que ni tal inclusión puede desvirtuar el contenido primordial que caracteriza a dicha ley, ni de ella se sigue que dichas materias hayan de formar necesariamente parte de su contenido y no puedan ser reguladas por una ley ordinaria (sentencia del Tribunal Constitucional 76/1992). Para delimitar el ámbito dentro del cual debe moverse necesariamente la inclusión, en las Leyes de Presupuestos, de las materias que no constituyen el núcleo esencial, mínimo e indisponible de las mismas, el Tribunal ha establecido dos condiciones: la conexión de la materia con el contenido propio de este tipo de leyes y la justificación de la inclusión de esa materia conexa en la ley que aprueba anualmente los Presupuestos Generales. En suma, para que la regulación, por una Ley de Presupuestos, de una materia distinta a su núcleo mínimo, necesario e indisponible (previsión de ingresos y habilitación de gastos) sea constitucionalmente legítima es necesario que esa materia tenga relación directa con los gastos e ingresos que integran el Presupuesto o con los criterios de política económica de la que ese Presupuesto es el instrumento y que, además, su inclusión en dicha ley esté justificada, en el sentido de que sea un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno. Por consiguiente, siendo esta limitación inherente a las Leyes anuales de presupuestos, no puede hacerse una interpretación extensiva de las mismas para conferirle carácter derogatorio de elementos básicos de la regulación laboral y de su mismo sistema de fuentes cuando se trate de empleados públicos contratados laboralmente.

La conclusión, a juicio de esta Sala, es que las limitaciones de las leyes de presupuestos anuales sobre la subida de la masa salarial afectan a aquello que estaba inicialmente dentro del poder de disposición de las partes sociales, como es lo relativo a la fijación de la cuantía concreta de los salarios, pero no constituyen un argumento que pueda elevarse frente al cumplimiento de las disposiciones establecidas con carácter imperativo por la legislación laboral vigente, porque en ese caso los actos del empresario no tienen naturaleza voluntaria y dispositiva, sino que son actos debidos. Por tanto la limitación establecida en la Leyes de Presupuestos sobre subida de la masa salarial no son aplicables frente a la aplicación de la norma de derecho imperativo establecida en el artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Ha de decirse, finalmente, que en el caso de las horas extraordinarias y su retribución, concurre la especial circunstancia de que las mismas pueden ser compensadas, total o parcialmente, en descanso y no en metálico, siendo la compensación en descanso la norma general, salvo disposición en contrario en el convenio colectivo. Ello podría llevar a una consideración distinta, imponiendo la compensación en descanso como forma de retribución en lugar del pago en metálico de las mismas. Pero si esta Sala hiciese tal cosa en este litigio incurriría en una flagrante incongruencia con el planteamiento de las partes, puesto que ninguna de ellas plantea tal posibilidad, ni la esgrime la empresa como argumento para oponerse al pago en metálico que se reclama. No en vano puede sospecharse que la organización del servicio ferroviario pudiera resentirse si los trabajadores obtuviesen tal compensación en descanso, cuestión sobre la cual esta Sala carece de elementos para forjarse un criterio. En todo caso procesalmente no es admisible que la pretensión de la parte recurrente pueda desestimarse concediendo un derecho a descansos compensatorios que ni es pedido por ella ni tampoco ofrecido por la parte demandada. Las partes en litigio parten de que las horas extraordinarias serán compensadas en metálico y se limitan a discutir la cuantificación de dicha retribución y este planteamiento no puede ser alterado por la Sala por obvias razones de congruencia procesal.".

Y añadíamos en esa sentencia (fundamento de derecho cuarto):

"Como argumento añadido sobre el anterior se nos dice que los créditos presupuestarios tienen naturaleza limitativa y, por tanto, no pueden adquirirse compromisos de gasto por encima de los mismos. Efectivamente, el artículo 46 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, establece que "los créditos para gastos son limitativos" y añade que "no podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a Ley que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades reguladas en el título VII de esta Ley". Hay que tener en cuenta además que los créditos presupuestarios consignados para el pago de salarios del personal no están incluidos entre los ampliables a los que se refiere el artículo 54 de esa misma Ley.

Lo primero que ha de decirse es que este argumento no puede confundirse con el referido a la prohibición de subida de la masa salarial, puesto que se trata de normas distintas, cada una con su propio contenido y ámbito de aplicación. Y, respecto a esta segunda, no consta en la sentencia de instancia que se haya superado el crédito presupuestario disponible para el abono de las horas extraordinarias que reclama el actor.

En todo caso, la consecuencia de dicha superación sería, conforme al texto literal de la Ley, la nulidad de los actos administrativos que incumpliesen tal limitación, resultando que nos encontramos ante una relación laboral, que no se ordena mediante actos administrativos, sino mediante actos empresariales de Derecho Privado laboral, al cual voluntariamente se ha sometido la Administración, por lo que, de seguir el tenor literal de la Ley, no sería aplicable la sanción de nulidad allí dispuesta. Pero, incluso si lo fuese, en el ámbito laboral la nulidad no impide el pago de los servicios prestados, con independencia de que pueda producir la extinción de futuro de los compromisos laborales adquiridos contra la norma imperativa (artículo 9 del Estatuto de los Trabajadores). Por consiguiente los salarios devengados por razón del trabajo ya prestado habrían de abonarse en todo caso, independientemente de las responsabilidades de toda índole que incumban a los responsables de la gestión de gasto que decidieron la realización por los trabajadores de horas extraordinarias cuando no existía crédito presupuestario consignado para abonar las mismas, si tal fuese el caso, lo que no consta acreditado.".

La aplicación al presente supuesto de la doctrina expuesta en la sentencia que se acaba de transcribir parcialmente conlleva la desestimación del recurso interpuesto.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral, procede imponer las costas del recurso a la parte vencida, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan a estos efectos en 300 euros. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Procedimiento Laboral, debe decretarse la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme al artículo 227 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al artículo 228 de la misma Ley, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso,

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY


FALLAMOS


 
Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el letrado D. Francisco Javier San Martín Rodríguez en nombre y representación de RENFE-Operadora contra la sentencia de 26 de mayo de 2010 del Juzgado de lo Social número uno de León (autos n.º 769/2006). Se imponen a la parte recurrente las costas del recurso, que incluyen en todo caso la cuantía necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado de la parte contraria que actuó en el recurso, los cuales se fijan a estos efectos en 300 euros. Se decreta igualmente la pérdida del depósito constituido para recurrir y la pérdida de las consignaciones y/o el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado, hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización de los mismos.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente cuyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 300,00 euros en la cuenta núm 2031 0000 66 n.º de recurso 1403/2010 abierta a nombre de la sección 2.ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de la condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la Entidad Gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3 en relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy Fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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