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Sentencia T.S.J. Castilla y León 1518/2010, de 20 de octubre


 RESUMEN:

Relación laboral: Existencia. Ayuntamiento y arquitecto que presta servicios dos día por semana en los locales del demandado y con medios del citado ayuntamiento. Extinción. Despido improcedente.

VALLADOLID

SENTENCIA: 01518/2010

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL

C/ANGUSTIAS S/N

Tfno: 983413204-208

Fax:983.25.42.04

NIG: 24089 44 4 2010 0000236 C.N.

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001518 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000085 /2010 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 003 LEON

Recurrente/s: Juan María

Abogado/a: ABELARDO RODRIGUEZ MERINO

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s: AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO

Abogado/a: JOSE IGNACIO DE TORRES DE DIOS

Procurador: JUAN ANTONIO DE BENITO GUTIERREZ

Graduado Social:

Rec. núm. 1518/10

Ilmos. Sres.

D. Manuel María Benito López

Presidente sustituto

D. Juan José Casas Nombela

D.ª Susana M.ª Molina Gutiérrez/

En Valladolid a veinte de octubre de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 1518 de 2010 interpuesto por D. Juan María contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. Tres de León (autos 85/10) de fecha 26 de mayo de 2010, dictada en virtud de demanda promovida por dicho actor contra el AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO sobre DESPIDO, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan José Casas Nombela.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 27 de enero de 2010 se presentó en el Juzgado de lo Social número Tres de León demanda formulada por el actor, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.

Segundo.-En referida sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:

"Primero.- Las partes suscribieron, con fecha 2 de enero de 2005, el siguiente "Contrato de Arrendamiento de Servicios": "Reunidos de una parte, D. Dimas, mayor de edad con NIF núm. NUM000 y domicilio en Paradilla de la Sobarbilla, actuando en su condición de Alcalde del Ayuntamiento de Valdefresno. De otra parte, D. Juan María con NIF N.º NUM001 y domicilio en c/ DIRECCION000, NUM002 - 24001 León. Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para formalizar el presente contrato y a tal efecto: Exponen

I.- Que D. Juan María, en su condición de arquitecto, que viene ejerciendo desde el año 1981 dicha profesión en León teniendo al efecto abierto en dicha ciudad el correspondiente estudio habiendo prestado desde 1990 hasta ahora asesoramiento técnico al Excmo. Ayuntamiento de Valdefresno cuando así le ha sido requerido.

II.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Valdefresno, interesado en contar de forma más inmediata con los servicios de un técnico en urbanismo, tomó el acuerdo de contratar a D. Juan María mediante la forma de contrato de arrendamiento de servicios, autorizando para tal fin al Sr. Alcalde para suscribir aquél, por lo que, estando de interesadas ambas partes contratantes, se lleva a efecto el mismo con arreglo a las siguientes cláusulas:

Primera.- Objeto.

Constituye el objeto del presente contrato la prestación por parte de D. Juan María de servicios de asesoramiento técnico en materia de urbanismo a favor del Excmo. Ayuntamiento de Valdefresno.

Segunda.- Duración.

El presente contrato surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2005 y tendrá una duración de un año, si bien dicho plazo se renovará automáticamente por igual período, a menos que cualquiera de las partes notificara a la otra con quince días de antelación a la conclusión de plazo vigente, su intención de no continuar.

Tercera.- Ejecución del servicio contratado.

Los trabajos a realizar por el arquitecto serán concretados en cada caso mediante las oportunas instrucciones verbales o escritas poniendo a disposición de aquél la documentación e información que sea precisa y se llevarán a cabo mediante la presencia personal del Arquitecto en las instalaciones del Ayuntamiento dos días a la semana.

Cuarta.- Remuneración.

Como contraprestación por cuantos trabajos de asesoramiento técnico le sean encomendados al arquitecto, éste percibirá una cantidad fija mensual de 78.º,68 €, IVA incluido que serán ingresados por el Ayuntamiento mensualmente en la cuenta que al efecto aquél señale, actualizándose anualmente según la subida del IPC aprobada.

Quinta.- Información confidencial.

El arquitecto se compromete a no hacer uso privado de la información confidencial que, en el desempeño de su cometido, pueda disponer.

Sexta.- Conflicto y Fueros.

Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, y las disputas que pudieran surgir en relación con el mismo, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de León.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman ambas partes el presente contrato, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. Segundo.- Desde el año 1990 y en virtud de un acuerdo inicial verbal, el actor ha realizado para la Corporación demandada diversos servicios profesionales, como estudios e informes relativos a licencias urbanísticas y otros en esta materia, y asimismo ha atendido visitas en su despacho asignado dentro de las dependencias municipales, donde disponía de medios materiales. Tercero.- El ahora demandante prestaba sus servicios los miércoles y viernes en horario de 9 a 14,30 horas. Para tomar vacaciones, se ponía de acuerdo con el Alcalde, de forma independiente al cuadro previsto para los funcionarios del Ayuntamiento. Cuarto.- El actor percibía una remuneración mensual de 757,30 euros más 121,17 en concepto de IVA, lo que totaliza 878,47 euros. Quinto.- El demandante seguía instrucciones en el sentido de entregarle los expedientes que se le encomendaban para hacer sus estudios e informes, y presentaba facturas independientes por los trabajos que "a mayores" efectuaba para el Ayuntamiento. Sexto.- El 9 de diciembre de 2009, el Ayuntamiento demandado notificó al demandante un acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 4 de diciembre de 2009, del tenor literal siguiente: "Visto el contrato de arrendamiento de servicios que vincula a este Ayuntamiento con Juan María vigente desde el 1.1.2005, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad y en virtud de la cláusula segunda del mismo, denunciar el contrato descrito y rescindir la relación contractual que hasta la fecha vinculaba a ambas partes, lo cual surtirá efectos con fecha 31 de diciembre de 2009. La decisión de no renovación será comunicada a D. Juan María con al menos quince días de antelación, según se estipula a la cláusula segunda in fine del contrato suscrito con fecha 2 de enero de 2005". Séptimo.- El actor no ha ostentado la cualidad de representante de los trabajadores. Octavo.- Interpuesta reclamación previa sin obtener respuesta expresa, se presenta la demanda el 27 de enero de 2010."

Tercero.-Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por el actor, fue impugnado por la demandada. Elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia del Juzgado de lo Social número Tres de los de León, de 26 de mayo de 2010, declaró la incompetencia del Orden Social de la jurisdicción para conocer de la demanda de despido deducida por D. Juan María frente al Ayuntamiento de Valdefresno, al considerar que no fue jurídico-laboral la relación de prestación de servicios entre esas partes habida.

Se recurre en suplicación el referido pronunciamiento por la representación y asistencia técnica del Sr. Juan María, quien interesa en primer término, al amparo de lo previsto en el artículo 191 b) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, la revisión de los hechos probados de la sentencia de instancia.

En concreto, insta el escrito de recurso la complementaria precisión en el ordinal fáctico segundo del extremo de que los servicios a los que allí se hace referencia se comenzaron a prestar el 1 de agosto de 1990, así como la también adicional concreción en dos nuevos hechos probados del contenido de la resolución con la que el Ayuntamiento de Valdefresno dio contestación a la reclamación previa en su día formulada por el Sr. Juan María, resolución aquella en la que, en definitiva, venía a sostenerse que el vínculo habido entre Ayuntamiento y arquitecto fue de naturaleza administrativa.

A juicio de la Sala, no es necesaria la formal aceptación de esas pretensiones de complemento probatorio, puesto que estándose como se está ante litigio en el que se controvierte, también, sobre la competencia material de este orden jurisdiccional, no está entonces el Tribunal constreñido por el relato probatorio efectuado en la sentencia de instancia ni por el propuesto por las partes, ya que la citada controversia es de orden público procesal e indisponible, pudiendo y debiendo por ello la Sala confrontarse con la misma a partir de todo lo actuado y para elucidar a su través esa cuestión competencial, cuestión cuya resolución no comporta otra cosa que ejercicio del control de legalidad de la función ex lege atribuida a la jurisdicción. No obstante, comoquiera que las partes de la contienda se muestran conformes con lo que son los pilares esenciales del relato fáctico que se efectúa en la sentencia objeto de recurso, y habida cuenta que esa anuencia se proyecta también hacia las peticiones de adición probatoria que se formulan en el escrito de suplicación, aunque las mismas sean objeto de dialéctica refutación, estima entonces la Sala que no existe inconveniente para abordar el recurso a partir de aquellos pilares y a partir también de esas pretensiones de complemento probatorio.

Segundo.-Ya en el territorio del debate jurídico, esto es, con la habilitación que proporciona lo previsto en el artículo 191 c) de la Ley procesal, atribuye la parte recurrente a la sentencia de León la infracción de lo establecido en la siguiente preceptiva de derecho: artículos 1, 2 a) y 5.2 de la Ley de Procedimiento Laboral; artículos 1 y 8.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Disposición Adicional Cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y Real Decreto 1465/1987, de 17 de julio, dado en desarrollo de la citada Disposición; y artículos 197 y siguientes de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas. Lo anterior, construido en dos motivos de suplicación cuya esencial identidad de razón justifica su conjunto examen.

Y la citada crítica jurídica, al servicio de obtener de esta Sala un pronunciamiento revocatorio del de instancia, declaratorio de la naturaleza laboral del vínculo habido entre el Ayuntamiento de Valdefresno y el Sr. Juan María y declaratorio también de que la decisión extintiva de ese vínculo constituyó un improcedente despido de trabajo, se instala en el siguiente esencial contexto circunstancial, tal y como el mismo surge del relato fáctico de la sentencia de origen, así como de las actuaciones obrantes en autos y que se invocan en el escrito de recurso a fin de complementar el citado relato. El 2 de enero de 2005, el Alcalde del Ayuntamiento de Valdefresno y D. Juan María, arquitecto de profesión, otorgaron contrato denominado de arrendamiento de servicios, siendo su objeto la prestación por parte del Sr. Juan María de servicios de asesoramiento técnico en materia de urbanismo a favor del Ayuntamiento identificado. Complementariamente, en el citado contrato se estipulaba lo siguiente: el inicio de sus efectos con fecha 1 de enero de 2005, siendo su duración anual y automáticamente renovable por iguales períodos, salvo renuncia de cualquiera de las partes comunicada con quince días de antelación a la conclusión del plazo vigente; que "los trabajos a realizar por el arquitecto serán concretados en cada caso mediante las oportunas instrucciones verbales o escritas, poniendo a disposición de aquél la documentación e información que sea precisa, y se llevarán a cabo mediante la presencia personal del Arquitecto en las instalaciones del Ayuntamiento dos días a la semana"; que como contraprestación por los trabajos de asesoramiento técnico, el arquitecto percibiría "una cantidad fija mensual de 780,68 euros, IVA incluido..., actualizándose anualmente según la subida del IPC aprobada"; y que "el arquitecto se compromete a no hacer uso privado de la información confidencial que, en el desempeño de su cometido, pueda disponer". El Sr. Juan María ha venido prestando servicios de asesoramiento al Ayuntamiento de Valdefresno desde el ya citado 1 de enero de 2005, consistiendo esos servicios en la emisión de informes sobre licencias urbanísticas, información al público y visitas de inspección de obras, siendo por ello mensualmente compensado en el año 2009 con 878,47 euros, 121,17 de los cuales lo eran en concepto de IVA. Junto a lo anterior, D. Juan María realizaba ocasionalmente otro tipo de trabajos técnicos para el Ayuntamiento, los cuales eran objeto de facturación independiente. La actividad del arquitecto para el Ayuntamiento se llevaba a cabo entre las 9 y las 14,30 horas de los miércoles y viernes de la semana, en despacho ubicado en las dependencias municipales y a disposición del Sr. Juan María, quien disfrutaba de la vacación anual en fechas pactadas con el Sr. Alcalde de Valdefreno y al margen de los calendarios vacacionales del funcionariado del Ayuntamiento. El arquitecto, que era titular desde 1981 de estudio profesional en la ciudad de León y que simultaneaba su quehacer para el Ayuntamiento con el ejercicio liberal de la arquitectura, había venido realizando desde agosto de 1990 diversos servicios profesionales para el Ayuntamiento tan mencionado -informes sobre licencias urbanísticas y atención de visitas-, lo cual se llevaba a cabo en despacho situado en la casa consistorial, donde disponía de medios materiales. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdefresno de 4 de diciembre de 2009, y con efectos del día 31 siguiente, se acordó la denuncia y rescisión del contrato de arrendamiento de servicios otorgado con el Sr. Juan María el 2 de enero de 2005. Deducido escrito de reclamación previa frente a la citada decisión, fue el mismo desestimado mediante resolución de 22 de enero de 2010, acto ese que considerara jurídico-administrativa la relación de prestación de servicios habida con el arquitecto. Impugnada judicialmente la determinación extintiva del contrato antes referida, fue esa impugnación respondida con el pronunciamiento que ahora se trae a la consideración de este segundo grado jurisdiccional.

Pues bien, si ese es el esencial estado de cosas concurrente en el litigio que ahora aborda esta Sala, a juicio de la misma un tal estado de cosas no tiene encaje ni en la contratación administrativa -tesis del Ayuntamiento ahora recurrido- ni tampoco en el arrendamiento de servicios contemplado en el artículo 1544 del Código Civil -tesis de la sentencia de instancia-, puesto que la relación de prestación de servicios retribuidos que hubo entre el Ayuntamiento de Valdefresno y el arquitecto superior fue la laboral que se define o caracteriza en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.

En cuanto a lo primero, esto es, en cuanto a la imposible inserción de la relación sobre la que se discute en el ámbito de la contratación administrativa, cuestión litigiosa esencialmente similar a la que ahora se comenta -allí se trataba de un arquitecto técnico contratado por el Ministerio de Defensa mediante pacto denominado de asistencia y servicios- fue abordada y resuelta por la sentencia del Tribunal Superior de 26 de febrero de 2008 (recurso 1063/2007). Citando precedentes resoluciones de ese mismo Tribunal, de 19 de mayo y de 27 de julio de 2005, en aquella sentencia se dijo que la distinción ente la contratación administrativa y la laboral experimentó una variación decisiva a partir de la promulgación de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, puesto que su Disposición Adicional Cuarta estableció que "a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley no podrán celebrarse por las Administraciones Públicas contratos de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo", añadiendo a renglón seguido que "los contratos a celebrar excepcionalmente por las Administraciones Públicas con personal para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales se someterán a la Ley de contratos del Estado". Posteriormente, si bien la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, autorizó la contratación en régimen de derecho administrativo de trabajos de consultoría y asistencia, así como los servicios y trabajos concretos no habituales que lleve a cabo la Administración, esa posibilidad relacionada con los servicios y trabajos concretos no habituales fue suprimida por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, lo cual precipitó la conocida doctrina jurisprudencial que se resume en la aseveración de que "la contratación administrativa ya no contempla la posibilidad de una contratación de actividades de trabajo en sí mismas consideradas, sino sólo en atención a la finalidad o resultado perseguido". En consecuencia, el elemento nuclear de la distinción entre lo administrativo y lo laboral radica en la naturalización o caracterización de la actividad que es objeto de contratación, de suerte tal que sólo se estará en el primero de los ámbitos jurídicos citados cuando esa actividad se constriña a la realización de un producto o resultado específico -un dictamen, un estudio, un proyecto, entendido en cualquier caso como aquello que integra el objeto material de un contrato de obra-, formando parte por el contrario de lo jurídico-laboral la contratación que se proyecta sobre la ejecución de una actividad en sí misma considerada y con independencia del fruto o resultado de la misma.

Pues bien, es esto último lo que acaece en el caso que ahora examina esta Sala, puesto que lo que fue objeto de contratación en enero de 2005 por el Ayuntamiento de Valdefresno no radicó en un producto, una obra o un resultado determinado, sino en la actividad de asesoramiento urbanístico a la corporación y a la comunidad municipal, quehacer ese de naturaleza ordinaria y habitual, al formar parte del servicio público de ordenación y de disciplina urbanística, y quehacer que ha venido siendo desempeñado por el Sr. Juan María, cuanto menos, desde enero de 2005.

El análisis de lo segundo y de lo tercero, es decir, el imposible encaje de la relación litigiosa en el arrendamiento de servicios y su necesaria caracterización como contractual de trabajo, ha de efectuarse igualmente de la mano de una ya consolidada doctrina jurisprudencial, evocada entre otras muchas en la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2009 (resolutoria del recurso 3704/2007), y que cabe sintetizar como sigue. En primer lugar, la denominación de los contratos no sirve para identificar su auténtica naturaleza jurídica, puesto que ésta depende de la configuración de las prestaciones y obligaciones que integran su objeto. En segundo lugar, si bien las prestaciones y obligaciones del contrato de trabajo y del contrato de arrendamiento de servicios presentan una configuración común, al estarse en ambos casos ante un genérico intercambio de trabajo o actividad por precio o remuneración de la misma, esa configuración se connota sin embargo en el contrato de trabajo por las categorías de estabilidad de ese intercambio y retribución garantizada, mediante la inserción de la prestación laboral en un régimen o sistema de ajenidad y dependencia. En tercer término, esas dos específicas y decisivas características de lo laboral, esto es, la traslación a otro de los frutos del trabajo y la materialización del mismo en la organización de ese otro y bajo la dirección de ese otro, presentan sin embargo un alto nivel de abstracción y se manifiestan de manera y con intensidad distintas en función de la actividad de que se trate o del modelo productivo en el que se inserte la actividad de trabajo, siendo por ello en ocasiones necesario acudir a hechos o circunstancias indiciarias de su concurso o no. En cuarto lugar, los indicios más comunes de la existencia de dependencia se han identificado como sigue: prestación de los servicios en el centro de trabajo del empleador o en el lugar por el mismo designado; sometimiento a horario; materialización personal del trabajo; e inserción del trabajador en la organización del empleador y correlativa carencia de organización empresarial del trabajador. Por su parte, en quinto término, son indicios comunes de la prestación de servicios en términos de ajenidad los siguientes: puesta a disposición del empleador de los productos elaborados o de los servicios realizados; asunción por el empleador de las decisiones atinentes a las relaciones de mercado y con el público; el carácter fijo y/o periódico de la retribución; y cálculo de la misma en proporción a parámetros comunes o característicos de lo laboral. En fin, no cabe excluir el concurso cierto de lo jurídico-laboral por el solo dato de la alta cualificación del trabajador y por la autonomía del mismo en el desempeño de una actividad esencialmente sometida a la lex artis propia del quehacer de que se trate, puesto que lo decisivo al respecto en ese tipo de actividades sigue siendo su ejecución con sumisión o no a las notas de dependencia y ajenidad.

La dialéctica conexión de esas pautas interpretativas y aplicativas del derecho con el caso que se está abordando tiene que precipitar, como se anticipó, la caracterización como jurídico-laboral de la relación de prestación de servicios habida ente el Ayuntamiento de Valdefresno y el Sr. Juan María. En efecto, puesto que los servicios de asesoramiento urbanístico prestados por el arquitecto se llevaban a cabo en las dependencias del empleador, con sometimiento a horario y sin aportación de infraestructura organizativa alguna por parte del trabajador. Aquellos servicios de asesoramiento, de otro lado, eran los requeridos por el empleador, que no los elegidos por el arquitecto, ingresando el Ayuntamiento sus frutos y retribuyendo los servicios con periodicidad mensual y con sumas anualmente estables, sumas cuya cuantía guardaba sintonía con la retribución en el mercado de trabajo de los servicios de los titulados superiores. En consecuencia, concurrían efectivamente las esenciales notas que, con arreglo al artículo 1.1. del Estatuto de los Trabajadores, caracterizan la relación laboral, afirmación esa que no decae por las singularidades en el caso concurrentes. De un lado, el ordenamiento laboral y de Seguridad Social no impide la pluridedicación laboral o profesional. De otra parte, la inclusión del concepto IVA en la remuneración del arquitecto no impide la atribución de naturaleza salarial a esa partida, cuando no hay otra cosa, cual aquí sucede, que intercambio de servicios por salario en un contexto organizativo y directivo de titularidad del empleador. Y la circunstancia de que el trabajador no contara con personal auxiliar tampoco resulta decisiva para la exclusión de lo laboral: las actuales herramientas con las que se efectúan algunos trabajos técnicos convierten en perfectamente prescindible el referido auxilio.

Se impone por todo ello la estimación del recurso y de la demanda rectora de autos, puesto que la decisión extintiva del vínculo laboral adoptada por el Ayuntamiento de Valdefresno, decisión carente de encaje en la causalidad justificativa de la finalización del contrato de trabajo, constituyó un acto de despido laboral (artículo 49.1 k) del Estatuto), despido que ha de calificarse como improcedente por lo acabado de indicar, anudando a esa calificación las consecuencias tasadas en el artículo 56.1 de la Ley acabada de citar. Ahora bien, aquella estimación sólo puede ser parcial, puesto que a efectos indemnizatorios no cabe reconocer otra antigüedad que la de 1 de enero de 2005, esto es, la coincidente con la vida del contrato que se rubricara en aquella fecha. Así tiene ello que ser, puesto que la parte ahora recurrente, desatendiendo la carga procesal impuesta por el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no ha desplegado la actividad probatoria necesaria para poder establecer que la relación laboral que ha sido por la Sala afirmada se inició el 1 de agosto de 1990. En efecto, constando como sólo consta probado que el Sr. Juan María ha realizado desde 1990 "diversos servicios profesionales" para el Ayuntamiento, y no formando parte de la realidad de la contienda, no ya las condiciones en las que se prestaron esos servicios, sino la duración y la continuidad o no de los mismos, no es posible entonces situar la antigüedad del trabajador en la fecha antedicha, puesto que antigüedad es tiempo de prestación de servicios en la empresa, idea esa que exige permanencia y continuidad.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY


FALLAMOS


 
Estimamos parcialmente el recurso de suplicación deducido por D. Juan María contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. Tres de León de fecha 26 de mayo de 2010, dictada en virtud de demanda promovida por dicho actor contra el AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO sobre DESPIDO. En consecuencia, revocamos la sentencia de instancia, declaramos la competencia material del Orden Social de la jurisdicción para conocer de lo impetrado ante el mismo por el Sr. Juan María, estimamos parcialmente la demanda rectora de autos, declaramos la improcedencia del despido del trabajador recurrente y condenamos al Ayuntamiento de Valdefresno a arrostrar esa declaración y a que, a su elección, que deberá ser efectuada ante esta Sala dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de esta sentencia y mediante escrito o por comparecencia, readmita al Sr. Juan María o abone al mismo una indemnización de 6.588 euros. Asimismo, con independencia de la opción que pudiere formularse, condenamos al Ayuntamiento de Valdefresno a abonar a D. Juan María los salarios por el mismo dejados de percibir desde la fecha de su despido -31 de diciembre de 2009-y hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 29,28 euros diarios.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 300,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 Rec. 1518-10 abierta a nombre de la Sección 1 de las Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal de Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3 en relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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