Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. 850/1994, (Sala 1) de 27 de septiembre


 RESUMEN:

Retracto arrendaticio: La presentación de un aval, aunque sea por el importe exacto de la enajenación no es equiparable a la consignación. Consignación realizada mediante la entrega de un cheque conformado: Admisible. No existe privación de la tutela judicial efectiva: Se ha incumplido un requisito legal. Falta de consignación del precio: No es un defecto procesal o una mera irregularidad: Falta un presupuesto básico de la eventual adquisición de una finca mediante retracto.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 del Puerto de Santa María, fueron vistos los autos núm. 272/89, promovidos a instancia de D. Jose Enrique, contra la entidad "Promociones Solcasa, S.L.", sobre retracto arrendaticio.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: "Que teniendo por presentada esta demanda de retracto a nombre de Jose Enrique, se sirva disponer la unión del poder por copia certificada y originales de los documentos acompañados; tener por consignado el precio de la venta de la descrita finca; y en definitiva y previo los oportunos trámites, declarar el derecho de Jose Enrique a retraer las fincas registrales n.º NUM000 y NUM001 adquiridas por la demandada Promociones Solcasa S.L., condenando a ésta a que en el breve término que al efecto se señale otorgue escritura de compraventa a favor de mi representado, bajo apercibimiento de otorgarla de oficio si no lo verificara; a cuyo fin, se confiera traslado de esta demanda a Promociones Solcasa, S.L.; con expresa imposición a la Sociedad demandada de las costas de este juicio".

Admitida a trámite la demanda la entidad demandada la contestó y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó suplicando al Juzgado: "... dictar sentencia definitiva que la desestime, condenando al actor, D. Jose Enrique, a estar y pasar por las consecuencias de dicha declaración y a las costas del juicio".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 30 de Julio de 1990, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D. Eduardo Terry Martínez en nombre y representación de D. Jose Enrique a retraer las fincas Registrales n.º NUM000 y NUM001 adquiridas por la demandada Promociones Solcasa S.L. condenando a ésta a otorgar escritura de compraventa a favor de la actora en el plazo de un mes desde que sea firme la sentencia, bajo los apercibimientos de otorgarle de oficio si no se verificara con condena costa (sic) la demandada".

Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 5.ª) dictó sentencia con fecha 16 de Febrero de 1991, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Antonio Gómez Armario, en nombre y representación de Promociones Solcasa S.L., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de los de El Puerto de Santa María con fecha treinta de Julio de mil novecientos noventa y en el juicio a que se refiere este Rollo, debemos revocar y revocamos dicha Sentencia, y desestimando la demanda, absolvemos de la interpuesta por D. Jose Enrique, a la demandada y recurrente, declarando no haber lugar a la acción de retracto intentada, condenando al actor al pago de las costas causadas en la primera instancia sin hacer pronunciamiento en cuanto a las del recurso de apelación".

Tercero.-La Procuradora D.ª María Rosario Sánchez Rodríguez, actuando en nombre y representación de D. Jose Enrique, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Motivo Primero: "Quebrantamiento de las normas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales. Este motivo, como antes hemos dicho, está previsto en el artículo 1692-3.º - segundo supuesto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante L.E.C.), y, en el presente caso, ampara nuestro recurso de casación por cuanto que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz incumple, los preceptos que a continuación se analizan, con grave perjuicio para mi representado ya que le ha producido indefensión".

Motivo Segundo: "Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Este motivo, como antes hemos visto, está previsto en el artículo 1692-3.º, primer supuesto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil". (INADMITIDO).

Motivo Tercero: "Infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la doctrina legal. Este motivo está previsto, según veíamos más arriba, en el artículo 1692-5.º de la L.E.C., y entendemos que la base de la infracción de los preceptos que más abajo se dirán, ha sido la falta de validez que ha otorgado a la consignación realizada por mi mandante".

Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción y no habiendo comparecido la entidad recurrida se señaló para la vista el día 15 de Septiembre de 1994, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. TEÓFILO ORTEGA TORRES

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La sentencia impugnada, revocando la dictada en primera instancia, declaró no haber lugar al retracto arrendaticio ejercitado por el hoy recurrente, D. Jose Enrique, por cuanto, conforme a lo dispuesto en el art. 1618-2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo conocido el precio de la venta de la finca que tiene por objeto, ya al interponerse la demanda, debió ser "consignado, y no afianzado ni avalado", a cuyo respecto sostiene el Sr. Jose Enrique que el aval bancario presentado debe considerarse suficiente a los fines propuestos por el precepto legal y formula, sobre esta base, tres motivos de casación, el segundo de los cuales ha sido inadmitido, siendo lo pertinente, dado su contenido, examinar en primer lugar el formulado como tercero, que versa sobre infracción de los arts. 1618 citado, 3-1 y 7 del Código civil y 9-1 y 24-1 de la Constitución alegándose, en síntesis, que no es defectuosa la consignación del precio de la compraventa mediante aval bancario, dado que el ejercicio del derecho de retracto se ajustó a las exigencias de la buena fe y no en forma abusiva, así como que la presentación del aval cumple la finalidad de la exigencia legal ya que "hablar de aval bancario, hoy día, momento de aplicación de la norma, es hablar de dinero en metálico", de donde se concluiría que, de no entenderse así, se estaría "obstaculizando el derecho a obtener una efectiva tutela jurisdiccional" (art. 24-1 de la Constitución) con transgresión del art. 9-1 de esta Ley Fundamental. Sobre esta cuestión se ha pronunciado la sentencia de esta Sala de fecha 20 de Abril de 1994 expresiva de que "la presentación de un aval, aunque sea por el importe exacto de la enajenación, no es equiparable a la consignación de éste, por cuanto el precepto legal sólo considera suficiente el afianzamiento en el supuesto de que el precio no fuere conocido", y es que, ciertamente, sería admisible que la consignación se hubiere realizado mediante la entrega de un cheque conformado -así, sentencia de 27 de Enero de 1992-, pero en modo alguno puede equipararse a ella el aval, que no puede ser calificado como medio de pago de realización inmediata e incluso se halla implícitamente rechazado en el art. 1618-2.º que restringe, como se ha dicho, el afianzamiento al caso de desconocerse el importe del precio, de donde se sigue el decaimiento del motivo examinado, con sólo añadir que no se trata aquí de que el retracto se ejercitara o no de acuerdo con la buena fe ni de que no se aprecie actuación abusiva alguna, sino de que se incumplió un requisito legal para dar curso a la demanda, lo que no supone obviamente privación de la tutela efectiva judicial.

Segundo.-En el primer motivo del recurso se acusa infracción de los arts. 5-1.º, 11-3 y 238-3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 24-1 de la Constitución, así como de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre subsanación de defectos procesales y, en este sentido, se alega que, en el supuesto de entenderse mal realizada la consignación del precio mediante aval - como así es, en efecto, conforme a lo razonado para desestimar el motivo tercero-, debió subsanarse el defecto cometido y, ya en este recurso, anularse las actuaciones retrotrayéndolas al momento anterior a dictarse la sentencia de segunda instancia, para que así se realice. Tampoco debe prosperar este motivo en atención a que: a) La consignación del precio es un requisito esencial para que pueda darse curso a la demanda de retracto y ha de cumplirse estrictamente -ser tal consignación y no un afianzamiento- dentro del plazo legal para el ejercicio del derecho; b) Cuando se omite la consignación del precio dentro del plazo legal para interponer la demanda, no nos hallamos ante un defecto procesal por inobservancia de un formalismo más o menos riguroso o una mera irregularidad sino ante la elusión de un presupuesto básico de la eventual adquisición, mediante el retracto, de la finca que constituye su objeto, como es poner a la inmediata disposición de la parte demandada el precio previamente abonado a su transmitente; c) La pretendida nulidad de pleno derecho (art. 238-3.º LOPJ) de la sentencia impugnada carece del mínimo fundamento convincente, pues en la apelación se dio cumplimiento a las normas de procedimiento y se debatió la cuestión sin infracción "de los principios de audiencia, asistencia y defensa", tanto más cuando ya había sido planteada en la contestación a la demanda (Fundamento de Derecho octavo); y d) Consecuentemente a todo lo expuesto, no se aprecia infracción del precepto constitucional invocado ni de la doctrina del Tribunal Constitucional a que se hace referencia en el motivo.

Tercero.-La desestimación de los dos motivos del recurso admitidos comporta la de éste, sin especial imposición de las costas causadas, por no apreciarse temeridad en el recurrente (art. 149-2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su anterior redacción).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por D. Jose Enrique contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 5.ª) con fecha 16 de Febrero de 1991; sin especial imposición de costas. Líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación