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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 30 de noviembre de 1992


 RESUMEN:

Vulneración del derecho fundamental a la intimidad y a la propia imagen: Conformidad de la primera emisión del programa sobre el alcoholismo con el consentimiento prestado por la recurrente. En una segunda emisión se desvirtua y desnaturaliza el contenido para el que se presta el consentimiento. Prueba documental: Grabaciones. Se admiten como instrumento de prueba siempre que se certifique su autenticidad, veracidad y fidelidad.

PONENTE: Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.

PROCEDIMIENTO: Incidentes (Ley 62/1978).

MATERIA: Derechos fundamentales: Intimidad y propia imagen; segunda emisión de un programa

sobre alcoholismo eliminando parcialmente contenido del primero. Recurso de casación: Error de

hecho, procede apreciarlo. Pruebas: Documental, cintas de vídeo.

NORMAS APLICADAS: Arts. 1.6, 3 y 1.215 del Código Civil. Arts. 504 y 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Arts. 2.2, 7.3 y 9.3 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo.

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1945, 16 de junio de 1990 y 11 de abril de 1992. Sentencias del Tribunal Constitucional 171/1990 y 197/1991.

DOCTRINA: Si en el primer programa consentido la recurrente aparece como una mujer alcohólica liberada, esta conclusión no se deduce de la segunda emisión que, al aprovechar en parte la primera, operó con un resultado muy distinto y desafortunado para la interesada, al no quedar manifiestamente claro el "desenganche" logrado del problema alcohólico en que esta droga social la tenía atrapada.

En la villa de Madrid, a treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincia] de Madrid (Sección Undécima), en fecha 9 de abril de 1990, como consecuencia de los autos incidentales sobre derecho a la intimidad y propia imagen, tramitado en el Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de los de Madrid, cuyo recurso fue interpuesto por Silvia, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Raquel Gracia Moneva, que no compareció al acto de la vista, en el que es parte recurrida, "Televisión Española, S. A.", que fue representada por el Procurador don Luis Pozas Granero y defendida por el Letrado don Jerónimo León Abadín, así como el Ministerio Fiscal.


Antecedentes de hecho


 
Primero.-El Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Madrid tramitó el proceso incidental núm. 111/1988, promovido por Silvia contra "Televisión Española, S. A.", haciendo constar en su demanda relación de hechos y aportaciones de Derecho que tuvo por conveniente, para suplicar al Juzgado: "Se dicte en su día sentencia, que contenga los siguientes pronunciamientos: 1.º Que TVE se abstenga de difundir y reproducir en lo sucesivo, sacándolas de contexto y sin autorización alguna, las grabaciones de cualquier clase que obren en sus archivos y videotecas, relativas directa o indirectamente a Silvia. 2.° Que TVE proceda a destruir e inutilizar totalmente la cinta grabada en su poder, con la imagen y manifestaciones de mi representada, utilizada y reproducida en el programa "En Familia" del pasado día 23 de octubre de 1987. 3.° Que se condene a TVE a indemnizar en 2.500.000 ptas., a mi representada, en concepto de daños y perjuicios. 4.º Que se condene a TVE al pago de las costas de este procedimiento."

Segundo.-"Televisión Española, S. A.", se personó en el pleito y presentó contestación, con contenido fáctico y jurídico acorde a sus pretensiones opositoras y en el que vino a suplicar: "Dicte sentencia por la que se absuelva libremente a mi represenada de todos los pedimentos contenidos en el suplico de la misma, con expresa imposición de costas a la parte demandante".

Tercero.-Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a sus actuaciones, la Magistrada-Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de los de Madrid, dictó Sentencia en fecha 30 de mayo de 1988, cuyo fallo dice literalmente: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por Silvia contra TVE debe declarar y declaro el derecho de la parte actora a una indemnización de 1.000.000 de ptas. y costas procesales a cargo de TVE, así como que TVE se abstenga de difundir y reproducir en lo sucesivo, sacándolas de contexto, las grabaciones relativas a Silvia."

Cuarto.-Contra dicha sentencia de la instancia "Televisión Española, S. A.", interpuso recurso de apelación para ante la entonces Audiencia Territorial de Madrid (Sala Segunda de lo Civil), al que se le dio la tramitación legal (rollo núm. 880/1988), habiendo pronunciado en el mismo sentencia la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de esta capital, en fecha 9 de abril de 1990, la que contiene la siguiente parte dispositiva: "Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por "Televisión Española" contra la sentencia dictada por la lima. Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia núm. 19 de Madrid el 30 de mayo de 1988 en el proceso especial del que dimana este rollo, debemos revocar y revocamos dicha sentencia y en su lugar y con desestimación total de la demanda interpuesta por Silvia, debemos absolver y absolvemos a "Televisión Española, S. A.", de los pedimentos de la demanda y, todo ello, sin hacer declaración en cuanto a las costas causadas en primera y segunda instancia."

Quinto.-La Procuradora de los Tribunales doña Raquel Gracia Moneva, causídica de Silvia, formuló ante la Sala contra la sentencia de apelación, recurso de casación integrado por los motivos siguientes: 1.° Al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, error en la apreciación de la prueba. 2.º Por la vía del núm. 5 del art. 1.692, infracción por interpretación errónea del párrafo 3.º del art. 9.º de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982. 3.º Interpretación errónea del apartado 2.º del art. 2.º de la citada Ley Orgánica con relación a los preceptos 1.256 y 1.262 del Código Civil. 4.º Interpretación errónea del apartado 3.° del art. 7.º de la Ley Orgánica 1/1982. 5.º Infracción del art. 18 de la Constitución y doctrina jurisprudencial.

Sexto.-Debidamente convocadas las partes y el Ministerio Fiscal, la vista pública y oral del recurso se celebró el pasado día 12 de noviembre de 1992, con la asistencia e intervención del Letrado don Jerónimo León, ya mencionado, por la parte recurrida TVE, no compareciendo al acto la defensa de la parte recurrente.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.


Fundamentos de Derecho


 
Primero.-Se denuncia error en al apreciación de la prueba - núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - como integrador del primer motivo casacional y con alusión expresa a las dos cintas de vídeo de los programas televisivos emitidos el 9 de marzo de 1986, bajo el título "El Dominical", dirigido por César Abertua sobre la problemática del alcoholismo y el que se retransmitió el 23 de octubre de 1987, dedicado al mismo tema, con la actuación directiva y de presentación a cargo de Sergio. En ambos casos apareció como protagonista la actora del proceso y recurrente en esta casación Silvia.

La sentencia combatida establece como dato fáctico determinante del fallo, que el segundo programa respetó el contenido del primero, si bien se admite y así lo expresa el fundamento jurídico segundo, que dicha reproducción lo fue sólo "en parte del testimonio grabado con anterioridad" y precisamente dicha parte omitida se presenta como la cuestión nuclear del pleito, pues si la recurrente apareció en la emisión del 9 de marzo de 1986 como una persona con problemas alcohólicos, también tuvo un contenido positivo ya que, al haber logrado su rehabilitación, se mostró como una persona feliz, liberada, con vida normal e integrada sin complejos en la sociedad, proyectando así su mensaje de esperanza hacia aquellas personas afectadas y dependientes del alcohol.

Lo que no sucede en el programa posterior de 23 de octubre de 1987, objeto de la impugnación de la demanda, donde se prescindió de la rehabilitación lograda y se dio la imagen o al menos quedó patente la zozobrante e inquietadora situación de duda, si la recurrida seguía inmersa en el problema, sin haber salido del abismo que la dependencia alcohólica produce y así ha sido constatado por abundante actuación probatoria conforme.

Lo expuesto determina a declarar que la Sala de la instancia no matizó ni apreció en forma correcta y debida las diferencias sustanciales de los dos programas televisivos, en cuanto el último no vino a reflejar fiel y exactamente el precedente, por lo que el motivo resulta procedente. Se puede presentar el escollo de la categoría de documentos de los vídeos de referencia.

Efectivamente los medios probatorios documentales aparecen regulados en los arts. 1.216 y siguientes del Código Civil y 596 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se suele equiparar documento a escritura, arts. 1.223 y 1.224 del Código Civil, y no se prevean las aportaciones probatorias derivadas de los importantes avances y descubrimientos técnicos de estos tiempos, como sucede con las cintas magnéticas, vídeos y cualquier otro medio de reproducción hablada o representación visual del pensamiento humano, contrario a lo que sucede en el Código Civil italiano, cuyo art. 2.712 (Sección Cuarta, título segundo, libro sexto), en relación al precepto 261 del Código de Procedimiento Civil, sí recoge tales instrumentos de prueba, tanto en forma general como específica.

La falta de atención de nuestros legisladores a estos estados de progreso científico no significa que la jurisprudencia permanezca estática y pasiva, en razón a labor de hacer el Derecho más próximo y útil a los hombres por su adecuación a la realidad histórico-social presente y complementación del Ordenamiento jurídico (arts. 1.°6 y 3." del Código Civil). No se da prohibición expresa de utilización de esta clase de medios probatorios y los arts. 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1.215 del Código Civil no han de reputarse herméticamente cerrados al efecto, en cuanto aquéllos reflejan más que propiamente expresan los pensamientos humanos. En todo caso su utilización probatoria exige siempre la necesaria y precisa adveración y certificación de autenticidad, veracidad y fidelidad que encuentre cauce procesal adecuado mediante el reconocimiento judicial, sometido a las reglas de procedimiento y valoración previstas. En esta línea aperturista es significativa la antigua Sentencia de 25 de mayo de 1945 que reconoció valor probatorio a reproducciones fotográficas, al no presentar en pugna con la Ley y concretamente con el precepto procesal 504, estableciendo la resolución los requisitos para lograr eficacia.

Segundo.-Consecuentemente a lo analizado la estimación del recurso se impone, pues si bien la recurrente colaboró, intervino y prestó su consentimiento libre y voluntario en la realización del primer programa televisivo, hay que entender que el mantenimiento y subsistencia del asenso y su vinculación al mismo debe serlo en cuanto a que cualquier reproducción posterior lo fuera respetando aquél en su integridad y fidelidad esencial o al menos sin fragmentación de dicha parte fundamenta] en que, como efectivamente se produjo, no se reflejó su logro en la rehabilitación que procuró y alcanzó; pues de esta manera se estableció en los espectadores visuales del segundo programa una dañosa incógnita como ya se dejó expuesto.

El consentimiento expreso otorgado por la actora, aun en su condición de miembro directivo de la Asociación Ex-Alcohólicos Españoles, lo fue para un testimonio exclusivamente personal, con fines de divulgación social y con el objetivo de animar a otras personas con problemas de tal clase a procurar su rehabilitación y por ello no fue aplicado correctamente el art. 2.°.2 de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, pues se hizo un aprovechamiento alterante de dicho consentimiento inicial, se desvió de lo que constituía su objeto y contenido, con repercusión dañosa en el honor y propia imagen de la que ahora recurre, al ser utilizados en forma no correcta y distinta a como lo fue inicialmente. De esta manera la limitación que puede producirse a la tutela de tales derechos fundamentales, absolutos, inmutables y permanentes, conforme al precepto citado y que esta Sala ha admitido (Sentencias de 16 de junio de 1990 y 11 de abril de 1992), no opera en el presente caso y de forma bien expresa. Como compendio de la cuestión, si en el primer programa consentido la recurrente aparece como una mujer alcohólica liberada, esta conclusión no se deduce de la segunda emisión que, al aprovechar en parte la primera, operó con un resultado muy distinto y desafortunado para la interesada, al no quedar manifiestamente claro el "desenganche" logrado del problema alcohólico en que esta droga social la tenía atrapada y, en todo caso, a los efectos de los núms. 3 y 4 del art. 7.º de la Ley Orgánica 1/1982 y del siguiente precepto 9.º3, en la cuantía indemnizatoria fijada en la instancia de 1.000.000 de ptas.

El discurso lleva a la conclusión lógica general de que no ha concurrido una autorización expresa para la visión parciaria de la segunda programación que vino a actualizar el tema de la alcoholemia de dicha Silvia; con lo que quiebra la primacía del derecho a transmitir información, en todo caso veraz, conforme al art. 20.1. de la Constitución, que también quiere decir exacta, no cercenada y sin manipulaciones que puedan dar a entender lo que viene a ser distinto o diferente del contenido fiel correspondiente a la misma, con lo que pierde la esencial condición de autenticidad, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que la legitimación informadora no concurre cuando el ejercicio de tal derecho en libertad lo es "de manera desmesurada y exorbitante del fin", en atención al cual la Constitución concede su posición referencial (Sentencias 171/1990 y 197/1991, de 17 de octubre).

Los motivos estudiados en su conjunto por su afinidad y función impugnadora, articulados bajo los núms. 2, 3, 4 y 5, aportados por el cauce del art. 1.692, núm. 5, de la Ley Procesal Civil, proceden ser acogidos, una vez que quedaron expuestas las infracciones de las normas que los integran, arts. 2.°.2, 7.°.3 y 9.°.3 de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

La estimación del recurso determina la casación de la sentencia de apelación y confirmación de la dictada en la primera instancia, que de esta manera surge plena y eficaz a la vida del tráfico en su dinamismo de ejecutoriedad.

Tercero.-En cuanto a costas no procede hacer declaración expresa ya que, conforme al art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se da lugar al recurso por lo que cada parte satisfará las suyas y con igual pronunciamiento respecto a las del recurso de apelación y las de primera instancia, a no haberse aceptado en su totalidad las peticiones de la actora.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,


FALLAMOS:


 
Que debemos declarar, como declaramos, que procede estimar y acoger al recurso de casación formulado por Silvia contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid -Sección Undécima-, el 9 de abril de 1990, en las actuaciones procedimentales de referencia, la que casamos y anulamos y debemos confirmar, como confirmamos, la pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de los de Madrid, en fecha 30 de mayo de 1988, por lo que con estimación parcial de la demanda principal se condena a "Televisión Española, S. A." a satisfacer a la recurrente mencionada la indemnización de 1.000.000 de ptas., así como a que "Televisión Española, S. A.", se abstenga de difundir y reproducir en lo sucesivo, sacándolas de contexto, las grabaciones relativas a la referida Silvia. No se hace declaración en cuanto a las costas de ambas instancias y debiendo cada parte satisfacer las suyas en este recurso.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Alfonso Villagómez Rodil.- Francisco Morales Morales.- Pedro González Poveda.- Luis Martínez Calcerrada Gómez.- Jaime Santos Briz.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. 1.110 Sr. don Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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