Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. 185/1996, (Sala 1) de 15 de marzo


 RESUMEN:

Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: Condena a un Ayuntamiento por las manifestaciones contenidas en una nota informativa divulgada en distintos medios, que constituyen imputaciones ofensivas para el honor e intimidad del demandante. Dicha divulgación no queda justificada por el hecho de que la Policía Municipal actuase dentro del ámbito de su competencia legal y reglamentaria. Responsabilidad directa: Conducta dolosa y negligente de  los funcionarios.

En la Villa de Madrid, a quince de Marzo de mil novecientos noventa y seis.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-1.- La Procuradora de los Tribunales D.ª Teresa Camy Rodríguez, en nombre y representación de D. Jorge formuló demanda de Protección Jurisdiccional del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra el Excmo. Ayuntamiento de Santander y contra D. Eloy, estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia "por la que se declare que las manifestaciones contenidas en la nota informativa divulgada en distintos medios de esta región, referidas en el hecho segundo de esta demanda, constituyen imputaciones ofensivas para su honor, e intimidad, salvaguardados por el art. 1.º de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, y 18 de la Constitución Española, condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaración, y a indemnizar al demandante en la cantidad que S.s.ª estime justa y adecuada, todo ello con imposición de las costas para dichos demandados".

2.- El Procurador de los Tribunales D. Fermín Bolado Madrazo, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Santander contestó a la demanda estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia "por la que se absuelva a mi representado de todos y cada uno de los pedimentos que se formulan en el suplico de la demanda,".

3.- La Procuradora de los Tribunales D.ª Ana Escudero Alonso, en nombre y representación de D. Eloy, contestó a la demanda estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia "en la que estimando con carácter previo la excepción propuesta se declare no haber lugar a entender sobre el fondo del asunto o, en su caso, y en el supuesto de que se entre sobre el fondo del mismo, se declare que mi representado no es responsable de la elaboración, contenido, divulgación ni publicación de la nota informativa origen de la litis, absolviendo al mismo de todos los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda."

4.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia n.º dos de Santander, dictó sentencia con fecha 1 de diciembre de 1987 cuyo fallo dice literalmente así: FALLO.-- Que desestimó la demanda formulada por D. Jorge contra el Excmo. Ayuntamiento de Santander y contra D. Eloy, debo absolver y absuelvo a ambos demandados de las pretensiones que se han formulado contra los mismos, sin especial mención en cuanto a las costas procesales causadas.

Segundo.-Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de D. Jorge, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial del Burgos dictó sentencia de fecha 3 de marzo de 1990, cuyo fallo dice literalmente así: FALLAMOS.- Que estimando como estimamos de oficio, previa audiencia de las partes litigantes, que no se ha dado intervención en esta causa al Ministerio Fiscal, siendo la misma preceptiva, y con nulidad de lo actuado, debemos dejar y dejamos sin efecto la sentencia dictada el día 1 de diciembre de mil novecientos ochenta y siete por el Juzgado de 1.ª Instancia número dos de Santander y ordenar y ordenamos que se repongan las actuaciones al momento de dar audiencia al Ministerio Fiscal en dicha primera instancia. Todo ello sin hacer expresa imposición en las costas de ninguna de las dos instancias.

Tercero.-El Procurador de los Tribunales D. Roberto Granizo Palomeque en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Santander interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, con apoyo en los siguientes motivos de casación: MOTIVOS DE CASACION.- Primero: Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692-4.º de la LEC., infracción por no aplicación del art. 533.7 de la citada Ley Procesal.. Segundo: Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692.4.º de la LEC., se denuncia infracción por no aplicación de lo dispuesto en el art. 504 de la LEC.. Tercero: Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692 de la LEC., se denuncia vulneración por aplicación indebida del apartado séptimo del art. 7 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de Mayo de Protección Civil del derecho al Honor.

2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la Procuradora D.ª Raquel Gracia Moneva, en nombre y representación de D. Jorge presentó escrito de oposición al mismo.

3.- No habiéndose solicitado por ambas partes la celebración de vista, se señaló para votación y fallo el día 27 de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. EDUARDO FERNÁNDEZ-CID DE TEMES


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La base fáctica permanece incólume: miembros de la Policía Municipal elaboraron una nota informativa en la que, con referencia al actor, se decía que "el citado entre la vecindad tiene fama de bebedor, juerguista y poco trabajador, por cuyo motivo tiene problemas familiares". Tal nota informativa iba dirigida al Iltmo. Sr. DIRECCION000 de la Corporación, pero fue recibida en varios medios informativos de la ciudad, alguno de los cuales le dio difusión. La sentencia recurrida entendió que la divulgación no quedaba justificada por el hecho de que dicha Policía actuase dentro del ámbito de su competencia legal y reglamentaria, y desconociéndose quien remitió tal nota interna a los medios informativos, mantuvo la absolución del Sr. DIRECCION000 y la condena del Ayuntamiento, aumentando el quantum indemnizatorio que se había establecido de modo simbólico, dado que la noticia había partido necesariamente del propio Ayuntamiento, con origen en la conducta dolosa o negligente de alguno de sus funcionarios, lo que le atribuía responsabilidad directa, conforme a los artículos 1903-4 del Cc., 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y 106-2 de la Constitución.

Recurre en casación el Excmo. Ayuntamiento.

Segundo.-El primer motivo se formula al amparo del n.º 4.º del art. 1692 LEC. (según modificación introducida por Ley 10/92, que era la vigente) y denuncia infracción por no aplicación del art. 533.7 de la propia Ley Procesal, al exigir la reclamación previa el R.O.F de 17 de mayo de 1952, el art. 376 de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955, la nueva Ley 7/85, de 2 de abril, y también el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, sin que tal requisito se excluya de la Ley 62/78, de 26 de diciembre.

El motivo ha de ser rechazado, no solo por su deficiente incardinación (los defectos procesales han de discurrir por el cauce del n.º 3.º del art. 1692, que exige otros requisitos), sino también porque, como se desprende de las SS. de esta Sala de 24 de marzo y 29 de octubre de 1992, 15 de marzo de 1993 y 12 de mayo de 1994, entre otras, la exigencia de reclamación previa ha de ser interpretada con criterios de flexibilidad y de adaptación conforme a las pautas contenidas en el art. 3.1 del Cc., pues su falta constituye un defecto susceptible de subsanación a lo largo del proceso y no existe en nuestro ordenamiento jurídico actual base alguna para que su exigencia, más bien formal, opere como condicionante absoluto del ejercicio de las acciones y debe ser obviada en aras de la efectividad de la tutela judicial que proclama el art. 24 de la Constitución Española, máxime en el caso que nos ocupa, en el que ya se dictó en segunda instancia una nulidad de actuaciones que devolvió las mismas al Juzgado por no haberse dado intervención al Ministerio Fiscal, de manera que la Administración en modo alguno puede decirse sorprendida por la reclamación y pudo evitarla; además, al oponerse al fondo, ya no había posibilidad de acuerdo y el trámite, que ciertamente no fue subsanado, devino inútil, constituyendo su alegación actual ánimo dilatorio, cuando la mera irregularidad insubsanada no constituye problema de casación. Y tampoco pueden olvidarse los acertados razonamientos de la Sala de Instancia: tratarse de derecho fundamental, cuya protección debe discurrir por un procedimiento "basado en los principios de preferencia y sumariedad" (art. 53.2 de la Constitución); en la Ley 62/78, de 26 de diciembre, nada se dice al respecto; en la protección jurisdiccional contencioso-administrativa el legislador dispuso la innecesariedad del recurso de reposición o de cualquier otro recurso previo (art. 6); y la Ley Reguladora del Derecho de Rectificación (2/84, de 26 de marzo), basada en idénticos principios, proclama la innecesariedad de la reclamación previa gubernativa si los medios de difusión son de titularidad pública (art.7).

Tercero.-El motivo segundo, con idéntico amparo procesal que el anterior, incurre en los mismos defectos de técnica jurídica. Acusa infracción del art. 504 LEC., en relación con el art. 506 del propio texto legal, por no acompañarse a la demanda los documentos en los que constase la divulgación y publicación de la nota informativa origen de la reclamación.

También este extremo aparece resuelto de manera plenamente acertada por la Sala de Instancia: el derecho ejercitado no nació de un título inscrito, sino de hechos imputados al Ayuntamiento recurrente; la nota informativa sí se acompañó a la demanda; bastaba que los demandados reconociesen el envío de dicha nota y su divulgación para que el derecho ejercido quedase plenamente configurado; al no ser así, los documentos llevados al proceso en período probatorio solo tenían por objeto destruir lo excepcionado; es doctrina reiterada y constante de esta Sala que la prohibición de admitir documentos después de la demanda y contestación, a que se refiere el art. 506, en relación inmediata con el 504 de la LEC. reza exclusivamente con los que son fundamentales del derecho de las partes, no con todos los demás, que podrán ser presentados con los escritos de réplica y dúplica, o en el período probatorio; y los documentos a que alude el recurrente fueron creados, en su mayoría, por sus expedicionarios en cumplimiento de mandato judicial, pero no eran previos al proceso. Por cuanto antecede, el motivo ha de perecer.

Cuarto.-El último motivo, aunque denuncia infracción del apartado séptimo del art. 7 de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, en realidad lo único que hace es mostrar su discrepancia con la condena del Ayuntamiento y con la apreciación y valoración probatoria de la Sala de instancia en cuanto a que la noticia había partido necesariamente del Ayuntamiento, con origen en la conducta dolosa o culposa de alguno de sus funcionarios, entendiendo que la supuesta actuación de un funcionario indeterminado no permite la condena en base al art. 1903-4 del Cc.

Como no se niega la difusión de la nota, ni su carácter difamatorio o peyorativo y los preceptos citados no contienen norma valorativa de prueba, no siendo la casación una tercera instancia que permita revisar toda la practicada, es llano que sin mayor razonamiento el motivo ha de perecer, pues en el primer fundamento ya se dijo que la base fáctica había quedado incólume.

Quinto.-Por imperativo legal (art. 1715, párrafo último, de la LEC.), al no haber lugar al recurso, las costas han de imponerse a la recurrente, sin pronunciamiento sobre depósito, no constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español


FALLAMOS


 
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Roberto Granizo Palomeque, en representación procesal del Ayuntamiento de Santander, contra la sentencia dictada, en 18 de mayo de 1992, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santander; condenamos a la parte recurrente al pago de las costas; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Eduardo Fernández-Cid de Temes.- Luis Martínez Calcerrada y Gómez.- José Almagro Nosete.- Antonio Gullón Ballesteros.- Gumersindo Burgos Pérez de Andrade.- Rubricados.-

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación