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Sentencia T.S. 501/1996, (Sala 1) de 18 de junio


 RESUMEN:

Culpa extracontractual: Responsabilidad y pago solidario de daños y perjuicios. Caso fortuito: Cantera que a causa del arrastre de materiales, originado por las torrenciales lluvias produjo el daño en un pueblo cercano. Consideración del carácter extraordinario de las lluvias acaecidas. La causa efectiva del desastre no fue la cercanía de la cantera sino la inesperada lluvia torrencial.

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Junio de mil novecientos noventa y seis.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen los recursos de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Quinta, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número dos de Orihuela, sobre declaración de responsabilidad y pago solidario de daños y perjuicios, cuyos recursos fueron interpuestos por Don Gregorio, Don Bernardo y Don Juan Antonio y Doña Catalina representados por el procurador de los tribunales Don Carlos J. Navarro Gutiérrez y por el Excmo. Ayuntamiento de Cox representado por el procurador de los tribunales Don Florencio Araez Martínez, en el que son recurridos Don Juan Luis y Don Carlos José, quienes no han comparecido ante este Tribunal Supremo.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Ante el Juzgado de Primera Instancia número dos de Orihuela, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de Don Juan Luis y Don Carlos José contra Don Gregorio, Don Bernardo y Don Juan Antonio, Doña Catalina como viuda de Don Jesus Miguel y el Excmo. Ayuntamiento de Cox sobre declaración de responsabilidad y pago solidario de daños y perjuicios.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia declarando la responsabilidad solidaria de todos los demandados y condenando a los mismos al pago igualmente solidario de los daños y perjuicios que como consecuencia de la instalación de una cantera, en la ladera de la Sierra, ocasionó a las fincas propiedad de los demandados y a sus instalaciones y negocio, y que la parte actora estima en veintiún millones de pesetas, como asimismo se condenara a los demandados, solidariamente al pago de las costas causadas en el procedimiento.

Admitida a trámite la demanda los demandados la contestaron alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimaron oportunos y terminaron suplicando al Juzgado se dictara sentencia desestimatoria de la demanda con expresa imposición de costas a los actores, y por el Excmo. Ayuntamiento de Cox se formularon excepciones dilatoria planteada de incompetencia de jurisdicción y de falta de reclamación previa en vía gubernativa, y perentoria planteada de prescripción de la acción que se ejercita de contrario.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 26 de junio de 1991, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que desestimando las excepciones dilatorias de incompetencia de jurisdicción y de falta de reclamación previa en vía gubernativa y excepción previa de prescripción propuestas, y estimando la demanda interpuesta por el procurador Don Antonio Martínez Moscardó en nombre y representación de Don Juan Luis y Don Carlos José, frente a Don Gregorio, Don Juan Antonio, Don Bernardo y Don Jesus Miguel por quien ha comparecido su viuda Doña Catalina actuando en su propio nombre y en beneficio de la masa hereditaria de su difunto esposo, y esposas de aquéllos a los efectos del artículo 144 del Reglamento Hipotecario, representados por el procurador Don Ernesto Mínguez García, y frente al Excelentísimo Ayuntamiento de Cox, representado por el procurador Don Jaime Martínez Rico, debo declarar y declaro haber lugar a la misma declarando la responsabilidad solidaria de dichos demandados respecto de los daños y perjuicios causados a los actores en las fincas instalaciones y negocios de los mismos condenando a aquellos al pago a dichos actores y con carácter solidario del importe de dichos daños y perjuicios a determinar en ejecución de sentencia sirviendo como base para su cuantificación el valor en la fecha de producción de los daños, primeros de noviembre de 1987 y respecto de los objetos y elementos contenidos en la parte dispositiva del auto de fecha 15 de noviembre de 1989 dictado en el ramo de prueba de la parte actora y sin que en ningún caso pueda superar la cantidad estimada en la demanda de veintiún millones quinientas pesetas, y a determinar todo ello en la forma prevista en el artículo 928 de la Ley de Enjuiciamiento Civil siguientes y concordantes y a través de los oportunos dictámenes periciales a practicar en forma, condenando a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones y todo ello con expresa condena en las costas procesales a dichos demandados".

Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuesto recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Quinta, dictó sentencia con fecha 29 de enero de 1992, cuyo fallo es como sigue: "Con desestimación de los recursos de apelación deducidos contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Orihuela de fecha 26 de junio de mil novecientos noventa y uno, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución, con imposición de las costas procesales causadas en esta alzada a las partes apelantes".

Tercero.-El procurador Don Carlos J. Navarro Gutiérrez, en representación de Don Gregorio, Don Bernardo y Don Juan Antonio y Doña Catalina, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Primero.-Con fundamento en el artículo 1.692-4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por error en la apreciación de la prueba, basado el mismo en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del Juzgador en ambas instancias, no resultando contradichos por otras pruebas.

Segundo.-Con fundamento en el artículo 1.692-5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas sobre valoración de la prueba y sana crítica, en función del artículo 1.214 del Código civil aplicable para resolver lo que es objeto del debate.

Tercero.-Al amparo del artículo 1.692-5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 1.105 del Código civil.

Cuarto.-Al amparo del artículo 1.692-5.º por infracción del artículo 1.902 del Código civil y Jurisprudencia que lo interpreta, en relación con el artículo 1.104 del Código civil aplicable a la culpa contractual y extracontractual.

Quinto.-Al amparo del artículo 1.692-5.º (7y 4.º en su caso) de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 1.103 del Código civil y jurisprudencia que lo interpreta, en funciones de compensación y moderación.

Cuarto.-El procurador Don Florencio Araez Martínez, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Cox, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Primero.-Comprendido en el apartado tercero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fundado en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, al infringirse por no aplicación el artículo 533-7.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recoge la excepción dilatoria de falta de reclamación previa en la vía administrativa y artículo 138 y 142 de la Ley de Procedimiento Administrativo y artículo 212 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto n.º 2.568/86, de 28 de noviembre).

Segundo.-Comprendido en el apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y fundado en error en que se incurre por la sentencia, en la apreciación de la prueba basada en documentos que obran en autos y demuestran la equivocación del Juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Tercero.-Comprendido en el apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fundado en el error de hecho padecido por el Tribunal de instancia en el establecimiento y valoración del hecho base del que deriva la prueba de presunciones utilizada para la determinación de la existencia de la relación de causalidad, con infracción del artículo 1.249 del Código civil.

Cuarto.-Comprendido en el apartado quinto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico, por infracción del artículo 1.253 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinto.-Comprendido en el apartado quinto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico por vulneración, del artículo 1.968, párrafo segundo, del Código civil y el artículo 40.3 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Sexto.-Comprendido en el apartado quinto, del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fundado en la infracción del principio del "onus probandi" y de las Reglas de la carga de la prueba contenidas en el artículo 1.214 del Código civil.

Séptimo.-Comprendido en el apartado quinto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fundado en la infracción de normas de la jurisprudencia, que ha venido a interpretar el artículo 1.902 del Código civil en materia de compensaciones de culpas, determinada por el artículo 1.103 del Código civil.

Octavo.-Comprendido en el apartado quinto, del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico, la infringirse por la vía de la no aplicación del artículo 1.248 del Código civil y artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Noveno.-Comprendido en el apartado quinto, del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fundado en la infracción de normas del ordenamiento jurídico, al infringirse el artículo 1.105 del Código civil, el artículo 54 de la Ley 7/88 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, del artículo 223 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, artículo 106-2 de la Constitución Española, artículo 40-1 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, así como la doctrina jurisprudencial producida en la interpretación de dichos preceptos en lo relativo a la fuerza mayor.

Quinto.-Admitido el recurso y conferido traslado de instrucción a las partes, ninguna de las personadas formularon escritos de impugnación.

Sexto.-No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 4 de junio de 1996, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ALMAGRO NOSETE


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Dos son los recursos de casación entablados en las presentes actuaciones. El primero de los motivos del recurso formulado por Don Gregorio, Don Bernardo, Don Juan Antonio y Doña Catalina viene conducido bajo el antiguo n.º 4.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, versa sobre "error de hecho" en la valoración de la prueba documental, citándose al efecto como demostrativos del supuesto error escrituras públicas, informes de técnicos, fotogramas aéreos y vídeocasetes, entre otros, lo que, en definitiva, con independencia del nulo valor documental, que tienen algunos de los expresados documentos a fines casacionales, pone de relieve que la parte recurrente intenta por medio del mismo un nuevo examen de estas pruebas y replantear otra valoración probatoria, o sea, la conversión del recurso de casación en una tercera instancia, sin atender a los estrictos límites del motivo que se refiere al error patente o craso, acreditado "prima facie" mediante una simple comprobación, ceñida a particulares concretos y nunca a una revisión probatoria de conjunto. Por tanto, el motivo perece.

Segundo.-Igual suerte desestimatoria corre el motivo segundo del expresado recurso, amparado en el n.º 5 del artículo 1.692 por infracción de las normas sobre apreciación de la prueba, y concretamente del artículo 1.214, pues el precepto en cuestión, cuyo ámbito de aplicación, se reduce a la determinación de la carga de la prueba, no contiene ninguna regla valorativa específica de prueba y ha de considerarse como correcta a efectos procesales la resolución que pondera las pruebas y emite conclusiones, cualquiera que sea la procedencia de las partes que ofrecen los instrumentos probatorios correspondientes, sin discriminación puesto que las normas que regulan la carga de la prueba no son absolutas y puede efectuarse el fenómeno procesal de la "adquisición de la prueba", ya que la doctrina del "onus probadi" no tiene otro alcance que el señalar las ausencias de la falta de prueba y no es apreciable por consiguiente, cuando como en el caso ahora contemplado, la sentencia recurrida establece con precisión la resultancia probatoria obtenida a través de la apreciación de los medios de prueba aportados al pleito (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1988 entre otras muchas).

Tercero.-El tercero de los motivos del recurso en examen, señala la infracción del artículo 1.105 del Código civil (artículo 1.692-5.º antiguo de la Ley de Enjuiciamiento Civil), al entender, frente a la tesis de la Sala "a quo" que el hecho causante de los daños tuvo carácter fortuito o de fuerza mayor. Mas tal concepto pugna con los datos y circunstancias fácticas que se han tenido como probados: la ubicación de la cantera que a causa del arrastre de materiales, originado por las torrenciales lluvias produjo el daño, se encuentra a ciento sesenta y un metros del linde del casco urbano, con infracción de preceptos reglamentarios, situación que había dado lugar a que por orden de los tribunales de lo contencioso-administrativo se decretara la nulidad del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Cox y la cesación de las actividades de la cantera, de cuya resolución se hizo caso omiso. Mal puede hablarse de la imprevisibilidad del suceso porque si es cierto que las lluvias son imprevisibles en ocasiones, la dimensión del peligro, que por este u otros fenómenos meteorológicos o naturales, entrañaba la cercanía de la cantera (desprendimientos, etc), había motivado actuaciones judiciales concretas con el resultado que consta. Por ello, el motivo perece.

Cuarto.-Lo mismo cabe predicar del motivo cuarto que acusa, bajo igual ordinal, la infracción del artículo 1.902 del Código civil en relación con el artículo 1.104 del texto legal citado. Sin embargo el relato de hechos probados que permanecen incólumes ante la jurisdicción limitada de este órgano casacional, no permiten atisbar un mínimo resquicio por donde se vislumbre la inconcurrencia de algunos de los requisitos que motivan la declaración condenatoria. Está, en efecto, perfectamente delimitada la acción, consistente en este caso, en la omisión de las actividades en la cantera, y, su carácter netamente antijurídico, pues se incumplía un mandato judicial; la relación de causa efecto, originada por el mantenimiento ilícito de una situación de peligro o potencialidad indebida de los riesgos, que desencadenaron, sin control, las lluvias, fenómeno causal que, aunque último eslabón de la cadena, únicamente sirvió para confirmar "in actu", la imprevisión culposa de los hechos que acaecieron. Los daños producidos son pues, consecuencia de aquella imprevisión negligente.

Quinto.-El último motivo de este recurso incide de nuevo en hacer supuesto de la cuestión, pues la denuncia que formula por infracción del artículo 1.103 del Código civil (artículo 1.692-5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) en orden a la compensación de culpas y moderación que se pide no se sostiene a tenor de las declaraciones de la sentencia de instancia que claramente determina que "en ningún caso ha quedado acreditado que los daños fueran debidos también a la falta de diligencia de los actores-apelados, debiendo recaer la carga de la prueba sobre tales extremos a la parte que la alega". Por ello, el motivo sucumbe.

Sexto.-El segundo de los recursos de casación contra la sentencia de segunda instancia, que se compone de nueve motivos, es formulado por el Ayuntamiento de Cox. El primer motivo denuncia la falta de reclamación previa en vía administrativa y, con ello, la infracción entre otras normas del artículo 138 de la vigente, (al tiempo del caso), ley de procedimiento administrativo. Pero el sustento fáctico de tal excepción procesal pugna con la realidad declarada de los hechos que sin ambages, ni dudas ni matizaciones de clase alguna, de modo palmario establecen que la referida vía fue agotada oportunamente. En efecto, los entonces actores-apelados y hoy recurridos formularon la reclamación al Ayuntamiento y éste la denegó declarando que contra la resolución cabía recurso de reposición; se resolvió el recurso denegando dicha reposición y se concedió a los reclamantes el plazo de dos meses para el ejercicio de la correspondiente acción y dentro de su plazo se presentó la demanda objeto de esta litis. Tales hechos han quedado suficientemente acreditados en autos y así se recogen en la sentencia de instancia. Procede, por ello, el rechazo del motivo.

Séptimo.-El segundo motivo, amparado en el antiguo n.º 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia el error de hecho cometido por la Sala de instancia al no considerar el carácter extraordinario, de las lluvias acaecidas que sitúan el fenómeno entre los casos de fuerza mayor. Al efecto, se citan el informe del centro meteorológico zonal de Murcia, la certificación expedida por la Confederación Hidrográfica del Segura y el informe emitido por el Gobierno civil de Alicante, pero ninguno de estos informes periciales que constituyen pruebas documentadas mas no prueba por documentos tienen valor a los fines casatorios, según reiterada jurisprudencia, que pone de relieve que la valoración de los informes de esta naturaleza no es revisable en casación (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1990) y si se consideran como documentos administrativos tampoco tienen eficacia casacional, pues los informes administrativos son inhábiles para patentizar el error en casación (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1990). En definitiva, por medio de este motivo no se permite realizar una nueva valoración de la prueba practicada tratando de sustituir el criterio del juzgador de instancia, objetivo e imparcial, por el propio y subjetivo de la parte recurrente (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1995). Por tanto, el motivo sucumbe. Lo propio ocurre con el motivo noveno (denuncia por la vía del apartado 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 1.105 del Código civil con las demás disposiciones que cita), pues no cabe hacer supuesto de la cuestión empeñándose frente a los claros argumentos de la sentencia recurrida y sus declaraciones probatorias que estamos en presencia de un caso de fuerza mayor.

Octavo.-El motivo tercero, apoyado en razones de error de hecho (artículo 1.692-4.º) intenta destruir el que llama hecho base de la presunción que sienta el Tribunal de instancia para dislocar la resultancia probatoria inferida sobre la causa de los daños, esto es, las lluvias torrenciales en función de la cercanía de la cantera al pueblo. Pero, con independencia de por el órgano "a quo" no se ha utilizado la prueba de presunciones para obtener las resultancias probatorias que establece, no puede considerarse idóneo el soporte documental que se quiere emplear como documento demostrativo del error, es decir, la sentencia del Tribunal de lo contencioso-administrativo, puesto que la referida sentencia es sólo uno de los elementos probatorios tomados en consideración. No cabe decir que como la finalidad de la prohibición según las normas aplicables para la explotación de la cantera no era otra que evitar que se triturara piedra y se levantaran nubes de polvo en los aledaños de aquella, la causa efectiva del desastre no fue la cercanía de la cantera, mandada clausurar en sus actividades, sino la inesperada lluvia torrencial que, por inesperada era imprevisible, cuando lo razonable es suponer que desaparecida la causa principal, que contravenía lo dispuesto en las leyes, las subsiguientes no hubieran producido el efecto dañino que ocurrió. No es posible ignorar, además, la jurisprudencia de esta Sala que proclama que las sentencias recaídas en otros procesos carecen de eficacia suficiente para apreciar error probatorio en la casación civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1.995, entre otras). En consecuencia fenece el motivo. Como coligado a este motivo y siguiendo su suerte ha de rechazarse asimismo el motivo cuarto, que da por sentado que se ha destruido el hecho base de la supuesta presunción, y concretamente denuncia la infracción del artículo 1.253 del Código civil, en cuanto que señala como inferencia lógica de dicho y referido hecho base, la producción de los daños. No está demás que se recuerde también la línea jurisprudencial (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1992, entre otras muchas) que rechaza el empleo de estos preceptos cuando los Tribunales de instancia, como ocurre en este caso, no han precisado la utilización de la prueba indirecta de las presunciones, por lo que no ha habido posibilidad de desobedecer la norma que se invoca como transgredida.

Noveno.-El motivo quinto (artículo 1.692-5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) acusa la infracción del artículo 1.968-2 del Código civil (sin duda por error el recurrente situó este precepto en la Ley de Enjuiciamiento Civil) por cuanto se considera prescrita la acción. Mas la argumentación que se explaya resulta vana e inconducente porque descansa en el supuesto erróneo, según consta ya en el fundamento jurídico sexto, de que la demanda se presentó fuera del plazo de los dos meses, una vez resuelto el recurso de reposición que agotaba la vía gubernativa. Ergo el motivo claudica.

Décimo.--- El motivo sexto acusa la infracción del "onus probandi" y con ello la violación del artículo 1.214 del Código civil, a cuyo efecto, se formulan diversas disquisiciones sobre las causas del accidente y las respectivas imputaciones. Es lo cierto que el artículo 1.214 del Código civil, por su carácter general no puede servir de apoyo a un recurso de casación, porque el Tribunal de instancia puede obtener su convicción por cualquiera de las pruebas obrantes en autos, con independencia de quien las haya proporcionado al juzgador y sin que dicho artículo contenga norma alguna sobre valoración de la prueba (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1991). Mas cuando se invoca, como en el caso ocurre, como alteración del "onus probadi", (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1991) habrá que señalar las razones y criterios concretos por los que se ha alterado esta regla y la verdad es que la prueba de la culpa de los condenados está perfectamente establecida, por lo que no puede verse afectada por este precepto, y, que la afirmación de la sentencia de instancia acerca de la carga que le incumbía a los demandados está en plena armonía con el dicho precepto, de manera que mal puede argüirse sobre una compensación de culpas, cuando los supuestos fácticos de la culpa de la contraparte no han sido probados por quienes la alegan. Por ende el motivo se desestima. Con este motivo perece también el séptimo que denuncia una mala interpretación del artículo 1.902 del Código civil (artículo 1.692-5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) a causa de no haberse tomado en consideración la compensación de culpas por obvias razones de coherencia.

Undécimo.-Finalmente, el octavo y último de los articulados (el noveno ya fue anteriormente rechazado), denuncia (artículo 1.692-5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) la infracción de los artículos 1.248 del Código civil y 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la prueba de testigos. Sin entrar en lo erróneo del cauce elegido para la impugnación el motivo debe rechazarse pues las reglas de la sana crítica para la apreciación de la prueba testifical no se hallan consignadas en precepto alguno de la ley, ni en la jurisprudencia, por lo que no pueden invocarse útilmente a efectos de casación (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1990, entre otras muchas). Si lo que intenta es, desde otro ángulo no combatir la apreciación y si la falta de apreciación, el camino elegido debía haber sido otro y no la invocación de los preceptos aludidos.

DUODECIMO.- La desestimación de todos los motivos de cada uno de los recursos conduce a la declaración de no haber lugar a los mismos con imposición de las costas a las partes de sus respectivos recursos con pérdida de los depósitos constituidos (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español


FALLAMOS


 
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Gregorio, Don Bernardo y Don Juan Antonio y Doña Catalina y asimismo declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Excmo. Ayuntamiento de Cox, ambos contra la sentencia de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Quinta, en autos, juicio de menor cuantía número 128/89 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número dos de Orihuela por Don Juan Luis y Don Carlos José contra Don Juan Antonio, Don Gregorio y Don Bernardo y Doña Catalina como heredera de Don Jesus Miguel y el Excmo. Ayuntamiento de Cox. Las costas de cada uno de los recursos se imponen a cada una de las partes promoventes con pérdida de los depósitos constituidos a los que se dará el destino legal; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- ALFONSO BARCALA TRILLO-FIGUEROA.- JOSE ALMAGRO NOSETE.- GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE ANDRADE.- RUBRICADOS.-

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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