Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. 1070/1999, (Sala 1) de 15 de diciembre


 RESUMEN:

Sociedad civil: Reconocimiento de la adquisición de unos locales comerciales. Desestimación. No aceptación de la existencia de la adquisición o compra.

En la Villa de Madrid, a quince de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Madrid; cuyo recurso fue interpuesto por D. Esteban, representado por la Procurador D.ª Mercedes Marin Iribarren; siendo parte recurrida D. Casimiro, D.ª Sandra y D.ª Irene, representados por el Procurador D. Juan Luis Cardenas Porras.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-1.- La Procurador D.ª Mercedes Marín Iribarren, en nombre y representación de D. Esteban, interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Madrid, siendo parte demandada D. Casimiro, D.ª Sandra y D.ª Irene, alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "por la que se declare: A.- Que D. Esteban adquirió, junto con los demás demandados, a la sociedad civil particular Locales Comerciales PLAZA000, los locales señalado con los número NUM000 a NUM001, sitos en planta baja y semisótano de la calle DIRECCION000 N.º NUM000 y NUM002 de Madrid, cuya descripción y datos registrales se consignaran en el hecho segundo de esta demanda, dándose aquí por íntegramente reproducidos y declarándose que la participación adquirida por el demandante, D. Esteban, en cada uno de esos locales, fue del 19'54%. B.- Para que se proceda a inscribir a nombre del demandante, en el Registro de la Propiedad, la participación adquirida por este de 19'54%, y por tanto declarándose que dicha participación es de su propiedad, en relación con cada uno de los locales números NUM000; NUM002; NUM003; NUM004; NUM005; NUM006 y NUM001 del inmueble anteriormente expresado, cuya descripción y demás datos son los que se consignaran en el hecho segundo de esta demanda, que aquí se da por reproducido, procediéndose por el demandante a abonar el resto del precio que debía satisfacer por la participación que adquirió, siendo la suma pendiente de pago la cantidad de 17.852.738.- pesetas, que junto con la anterior cantidad abonada, liquida el precio de las participaciones adquiridas, debiendo cumplirse por los intervinientes en este procedimiento todos los trámites y otorgarse los documentos precisos hasta la inscripción registral a nombre del demandante y cancelándose la inscripción de dicha participación, en cuanto a las fincas citadas, a nombre de los demandados. C.- Para que, en relación con el local número NUM007 de los citados en el hecho segundo, transmitido por D. Casimiro al Sr. Gregorio y otro, se condene al Sr. Casimiro a que indemnice al demandante en el valor de la participación que a este le correspondía del 19'54% de dicho local, cuya cantidad se determinará, en periodo de ejecución de sentencia, estableciéndose dicha indemnización sobre el valor que tuviere el local en el momento en que se dicte la sentencia. D.- Para que en relación con los locales números NUM008 y NUM009 de los que se describen en el hecho segundo de la demanda, se condene a todos los demandados a que indemnicen al demandante, en la cifra que al mismo le corresponda, y en los mismo términos establecidos en el anterior apartado, letra C. E.- Alternativamente, caso de no admitirse la petición contenida en los anteriores apartados letras C y D. para que se condene a D. Casimiro a que indemnice al demandante en relación con el local número NUM007 y a todos los demandados para que indemnicen al demandante, en relación con los locales números NUM008 y NUM009, en cuanto a los daños sufridos por el mismo, consistentes en el valor de la participación que correspondía al actor sobre cada uno de esos locales, del 19'54% cuyo valor se determinará en periodo de ejecución de sentencia estableciéndose tal valor con el que correspondiera a los mismos, en el momento de otorgarse la escritura de compra de los mismos a favor de los Sres. Jon, local n.ª NUM008, Sres. Luis Enrique, local n.º NUM009 Don. Gregorio, local n.º NUM007. F.- Que, caso de estimarse la anterior pretensión, letra E, todos los demandados deben indemnizar al demandante en los perjuicios que le han ocasionado y que se cifran en el 19'54% de todas las cantidades que hubieren percibido o hubieren podido percibir los demandados por la explotación de los locales, con exclusión de los números NUM008, NUM009 y NUM007, desde el momento en que se otorgaron las correspondientes escrituras de compra, en el año 1987, conforme figura en el informe de cada uno de los locales aportados con esta demanda, hasta el momento en que se dicte sentencia, y cuya cifra deberá determinarse en periodo de ejecución de la misma. G.- Finalmente, para el supuesto que se declare que esos hechos fueron ejecutados, exclusivamente por el demandado D. Casimiro, en su propio y exclusivo provecho, se condene a este a los extremos de los apartados letras A. y B. del suplico de esta demanda, en relación con los locales inscritos a su nombre, NUM000, NUM003, NUM006 y NUM001 y se condene al mismo al pago de las indemnizaciones y demás cantidades que figuran en los restantes apartados de este suplico, letras C a F, en relación con los restantes locales mencionados. H.- Que se condene a todos los demandados al pago de las costas de este procedimiento y se declare que tanto el pago de las costas como la indemnización que se solicita en relación con los locales números NUM008 y NUM009, deben ser obligaciones solidarias, de todos los demandados.".

2.- El Procurador D. Juan Luis Cardenas Porras, en nombre y representación de D. Casimiro y D.ª Sandra, contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "declarando no haber lugar a las temerarias pretensiones del demandado y condenándole a costas.".

3.- El Procurador D. Juan Luis Cardenas Porras, en nombre y representación de D.ª Irene, contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "declarando no haber lugar a las temerarias pretensiones del demandado y condenándolo a costas.".

4.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Cinco de Madrid, dictó sentencia con fecha 27 de enero de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por el Pdor. de los Tribunales Sr. Marín Iribarren en nombre y representación de D. Esteban, contra D. Casimiro, D.ª Irene y Dña. Sandra, con expresa imposición al actor de las costas procesales devengadas en esta instancia.".

Segundo.-Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de D. Esteban, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, dictó sentencia con fecha 4 de marzo de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que con inestimación del recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª Mercedes Marín Iribarren en nombre y representación de D. Esteban frente a la sentencia dictada el día veintisiete de enero de 1993 por la Ilma. Sr.ª Magistrada del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Madrid en los autos a que el presente rollo se contrae, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la indicada resolución, imponiendo a la parte impugnante las costas procesales producidas en esta instancia.".

Tercero.-1.- La Procurador D.ª Mercedes Marín Iribarren, en nombre y representación de D. Esteban, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 4 de marzo de 1995, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, con apoyo en los siguientes motivos; MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción del artículo 1214 del Código Civil. SEGUNDO.- Al amparo del número 3.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción del artículo 359, párrafo primero, del mismo cuerpo legal. TERCERO.- Al amparo del número 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia violación por inaplicación del artículo 1253 del Código Civil. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del artículo 392, párrafo primero del Código Civil. QUINTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por inaplicación del artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Juan Luis Cardenas Porras, en nombre y representación de D. Casimiro, D.ª Sandra y D.ª Irene, presentó escrito de oposición al mismo.

3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 26 de noviembre de 1999, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Dn. Esteban formula demanda contra Dn. Casimiro, Dña. Irene y Dña. Sandra, con diversos pedimentos, de los que constituye pretensión básica la petición de que se le reconozca la adquisición, en unión de los demandados, a la sociedad civil particular Locales Comerciales PLAZA000, de los locales señalados con los números uno a diez, sitos en planta baja y semisótano de la DIRECCION000 números NUM000 y NUM002 de Madrid y se declare que la participación adquirida por el actor en cada uno de esos locales fue del 19'54%. El Juzgado de 1.ª Instancia n.º 5 de dicha Ciudad dictó Sentencia el 27 de enero de 1993, en los autos de juicio de menor cuantía número 1.129/90, en la que absuelve a los demandados, y la que recurrida en apelación por el demandante fue confirmada por la Sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de la misma Capital de 4 de marzo de 1995. Contra esta resolución se formula por Dn. Esteban el recurso de casación objeto de enjuiciamiento que estructura en cinco motivos; en el primero denuncia infracción del artículo 1214 CC.; en el segundo, del artículo 359 LEC (incongruencia); en el tercero, del artículo 1253 CC por inaplicación; en el cuarto, del art. 392, párrafo primero, CC; y en el quinto con carácter alternativo para el supuesto de que no se estimaren los motivos primero y tercero, se alega vulneración, por inaplicación, del art. 360 LEC.

Segundo.-La Sentencia del Juzgado resuelve el tema litigioso entendiendo, en síntesis, que quedó probado en autos que el comprador de los locales fue únicamente Dn. Casimiro, a nombre de quien se formalizó el documento privado de compraventa celebrado con la sociedad vendedora, sin que tuviera intervención alguna en el contrato, ni tampoco en las negociaciones anteriores, el actor -hijo de aquel-, y sin que se haya acreditado el concepto en que se entregó por el Sr. Irene al Sr. Casimiro un talón que el segundo dio a la entidad vendedora para el pago del precio de la venta, pues en tanto el primero dice que forma parte de su participación en la compra, el segundo sostiene que corresponde a la devolución de un préstamo.

La Sentencia de la Audiencia, en ejercicio de la plenitud del efecto devolutivo del recurso de apelación, declara probado, en síntesis, que la compra de los locales fue efectuada en exclusiva por Dn. Casimiro (el cual llevó las negociaciones; entregó el precio del que formaban parte varios talones de distintas personas; y firmó el documento privado de compraventa de 5 de octubre de 1987, en el que se establece que es a su favor y personas que él designe), si bien habían convenido actor y demandados adquirir participaciones en los locales, e incluso el talón litigioso se entregó por el Sr. Irene para el pago del precio, y no para la devolución de un préstamo, quedando excluido de la operación el actor a raíz de una fricción surgida con su padre respecto a la cesación del proindiviso de unas parcelas. Y como, -y ello constituye el "puntum saliens" del pleito, a juicio de la Sentencia de la Audiencia- no se probó, y la justificación no se conseguiría con la ejecución de las pruebas impracticadas, ni la participación del actor (que pretende sea del 19'54%), ni cual fue el precio total de la compraventa, ("siendo obvio -se dice- que el hecho inconcuso de haber obtenido el demandante dos préstamos escasas semanas antes de la firma del tan manido contrato privado con la sociedad - preindicada, e incluso destinado el importe de uno de ellos al pago de la cantidad que entregó el 5 de octubre de 1987, no puede deducirse mediante un razonamiento lógico-jurídico que las cantidades reflejadas en los documentos 13 y 13 bis de la demanda se enderezan a satisfacer la participación que convino con sus familiares que adquiriese y que ésta se cifrase en un 19'45%"), desestima el recurso de apelación.

Tercero.-En el primer motivo del recurso de casación se denuncia infracción del art. 1214 del Código Civil, con base en que la sentencia recurrida alteró indebidamente el "onus probandi".

La función que desempeña el art. 1214 del Código es la de determinar para quien se deben producir las consecuencias desfavorables cuando unos hechos controvertidos de interés para resolver cuestiones del pleito no han quedado suficientemente probados. Se trata de una regla cuyo alcance ha sido conformado por la doctrina científica y jurisprudencial, y que por su carácter genérico opera solamente en defecto de regla especial.

La jurisprudencia tiene declarado que no es una norma de valoración probatoria, por lo que con fundamento en la misma no puede pretenderse un nuevo examen del acervo probatorio. No se infringe por la falta de práctica de medios de prueba propuestos, sino cuando se atribuyen las consecuencias de dicha falta a quien no tenía la carga de probar. No se contradice aunque la parte entienda o sostenga que ha desplegado la actividad necesaria para tratar de justificar los hechos, porque lo trascendente para la regla es el resultado efectivo de dicha actividad. No es de aplicación en los casos de imposibilidad de probar, y aquí es ya de decir que la dificultad que puede determinar el desplazamiento de la carga a la otra parte, exige la posibilidad-facilidad para esta parte de llevarla a cabo. Y en ningún caso puede amparar el precepto del artículo 1214 la afirmación efectuada en el desarrollo del motivo, de que "corresponde a los demandados justificar que no eran ciertos ni exactos los hechos expuestos por el demandante y las peticiones formuladas por el mismo", pues precisamente se viene a sostener el criterio contrario del establecido en la norma, en cuanto atribuye la carga de la prueba de los hechos constitutivos al demandante.

Por ello es evidente -como entiende al sentencia recurrida- que correspondía al aquí recurrente probar que su participación comunitaria era del 19'54%, así como el precio total de la compraventa; sin que nada digan en contra de ello las Sentencias alegadas en el motivo, pues la de 16 de febrero de 1976 se refiere a una atribución de la carga de la prueba de los hechos constitutivos a la actora, y la de 19 de diciembre de 1978 a la atribución a los demandados de una causa extintiva de una obligación, que precisamente es la preceptiva que recoge el artículo 1214.

Es verdad que existe una Jurisprudencia (menciona el motivo las sentencias de 3 de junio de 1935 y 15 de julio de 1988, y cabría citar varias más) que reconoce, para circunstancias especiales, la aplicación de ciertos paliativos a la doctrina general, en sintonía con la necesidad de mantener un criterio flexible, por razones diversas, y entre ellas las de proximidad o cercanía a la fuente de prueba, o por la dificultad para una parte y relativa facilidad para la otra, pero esta doctrina no es de aplicación en el caso de autos porque no cabe deferir a los demandados la carga de probar a cuanto asciende la hipotética participación comunitaria del actor, si la postura procesal de aquellos es de negativa total a la existencia de esa participación, y en cuanto al precio de la compraventa, su fijación concreta no permitiría sin más deducir la realidad de dicha participación (adquisición), que seguiría teniendo como soporte exclusivo la afirmación del propio demandante-recurrente en casación.

Por todo ello, el motivo debe ser desestimado.

Cuarto.-El motivo segundo del recurso denuncia, al amparo del número 3.º del artículo 1692 LEC, infracción del art. 359, párrafo primero, de la misma Ley, por incongruencia.

En el desarrollo del motivo se argumenta, en síntesis, que en el petitum, apartado A), de la demanda se ejercitan dos acciones declarativas, una la de haber adquirido los locales, junto con los otros demandados, y otra, la de la participación que correspondía al demandante, y que en la sentencia recurrida se reconoce tal adquisición, pero se absuelve a los demandados por no haberse probado la participación, lo que supone, a juicio del recurrente, una grave contradicción e incongruencia entre el contenido del fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida y el fallo de la misma, y, por ende, debió estimarse como mínimo parcialmente la demanda y reconocerse que el demandante había adquirido los locales, junto con los demandados.

En realidad, dadas las circunstancias del caso, resultaría difícil poder hacer la separación que efectúa la parte recurrente - aunque no es preciso profundizar en ello porque no constituye "ratio decidendi"-; y por otro lado es obvio que esta parte incurre, en lógico defensa de su interés, en una visión parcial y subjetiva de los hechos, pero también sucede que la motivación de la sentencia recurrida no tiene toda la precisión deseable, por lo que se hace precisa una respuesta jurisdiccional que clarifique los intereses en litigio, evitando que una cierta apariencia fáctica pueda servir de soporte a la idea de merecer una protección jurídica, carente de fundamento, aunque para ello sea necesario complementar el "factum" en lo indispensable y acomodar los juicios de valor a las consecuencias de esta integración.

Antes de exponer el desarrollo de los acontecimientos que determinaron el pleito debe decirse que la acción básica del pleito -piedra angular del mismo- se centra en la afirmación por el actor, Dn. Esteban, de que en unión de los demandados adquirieron por compra a la Sociedad civil particular "Locales Comerciales PLAZA000 " los diez locales sitos en las plantas baja y semisótano de la DIRECCION000 n.ºs NUM000 NUM002 de Madrid. Esa es la "causa petendi" y a ello se ajusta el petitum principal -y por lo tanto el objeto básico del proceso-, pues las restantes pretensiones de la súplica de la demanda forman parte de una acumulación subordinada (sucesiva o condicionada), y por consiguiente dependientes para su análisis de la estimación de aquella. La presencia del actor el día en que se perfeccionó el contrato privado de 5 de octubre de 1987 y el hecho de que para el pago del precio anticipado por el demandado Sr. Casimiro se entregara por éste, junto a otros talones, uno por importe de 11.380.000 pts. librado por el Sr. Esteban a cargo de una cuenta abierta a su nombre, dan apariencia de veracidad a la versión de la demanda. Pero la realidad es otra, porque la única persona que gestionó la compra, la única que compró, y a quien vendió "Locales Comerciales PLAZA000 ", fue al Sr. Casimiro. Por lo tanto, no hay representación indirecta, no hay contrato por persona interpuesta, o de puesta a nombre de uno de los compradores; y la referencia, como comprador, al Sr. Casimiro y "personas que él designe", se explica por el propósito de dejar a la facultad del mismo el designar las personas que habrían de figurar en las escrituras públicas, habida cuenta que los locales se habían de comprar en bloque y carecer el comprador de fondos suficientes para financiar toda la operación; y de ahí que el actor no adquirió nada de la entidad propietaria vendedora, ni existía un convenio con vinculación jurídica con su padre, ni con las otras demandadas. El Sr. Esteban acudió a diversos expedientes (grabaciones magnetofónicas -por supuesto ocultas y planeadas- de conversaciones telefónicas celebradas con su padre Dn. Casimiro y su hermana Dña. Irene; amenazas más o menos veladas de acudir a los Tribunales; requirimientos notariales; Diligencias Preliminares de juicio, las n.º 9/88 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 12 de Madrid; denuncia penal, Diligencias Previas n.º 1035/88 del Juzgado de Instrucción n.º 14, archivadas definitivamente por Auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de diciembre de 1989) para tratar de obtener alguna prueba de haber comprado, todo ello sin éxito; y lo mismo sucedió en este proceso, donde incurre en diversas contradicciones, e incluso se aprecian importantes alteraciones de fechas, siendo de destacar que se datan las conversaciones grabadas, en el 12 de noviembre de 1987 (f. 30) y 11 de enero de 1988 (f. 47), cuando, según resulta del folio 38, la segunda (con la hermana) debió ser anterior a la primera (con el padre), salvo que se haga referencia a otra grabación que no se aportó a autos. Dicho lo anterior, y aunque no se plantea en el proceso una hipotética obligación asumida por el padre respecto del hijo de venderle o cederle algún local, o participación en los bienes comprados, es preciso aludir a las relaciones entre los mismos, para desvanecer la incertidumbre que puede crear la imprecisión de la Sentencia recurrida y las alegaciones efectuadas por la parte recurrente. La idea -y predisposición- del Sr. Casimiro era evidentemente la de hacer a sus hijos y a Dña. Sandra partícipes en los locales - no de comprar con ellos, sino de darles posteriormente una participación-; y es obvio que le anticiparon dinero en talones para ayudarle a pagar el precio, pero en ningún modo, como pago de su parte. Sucedió que el padre se enfadó con el hijo, y cambió de idea. No corresponde aquí desarrollar las diversas razones del conflicto familiar que dieron lugar a la situación, que constan extensamente en autos, pero debe destacarse la derivada de la actitud del Sr. Esteban en relación con el tema de las parcelas, oponiéndose, e incluso condicionándolo al de los locales, al deseo de su padre, cuya participación en aquellas le había donado, y cuya venta precisaba el Sr. Casimiro para poder atender con su parte de precio a hacer efectivo el correspondiente a la compraventa que negociaba respecto de dichos locales. Tampoco corresponde aquí valorar conductas personales, móviles, o esperanzas frustradas, aunque sí es importante resaltar el plano familiar en que se desenvuelve el complejo fáctico, y resolver que, en absoluto, en momento alguno, se generó o perfeccionó el vínculo jurídico que se alega en la demanda, y en el que se fundamenta la pretensión principal (de cuya suerte dependen las restantes). Así resulta meridianamente de los autos y así debe entenderse la imprecisión -incluso contradicción en el texto de la motivación- de la Sentencia de la Audiencia.

Por todo ello procede desestimar el motivo que se examina, así como el número tercero en que se denuncia infracción del artículo 1253 del Código Civil, porque ya anteriormente se dio explicación a los datos que en el mismo se mencionan, por lo que no cabe sentar la conclusión aducida por el recurrente.

Quinto.-El motivo cuarto, en el que se denuncia infracción del art. 392, párrafo primero, del Código Civil, por inaplicación, no puede ser acogido porque falta la base fáctica, estando vedado en casación hacer supuesto de la cuestión. Y la misma suerte desestimatoria debe correr el motivo quinto, en el que se aduce inaplicación del párrafo segundo del art. 360 LEC, no solo porque se alega por un cauce casacional improcedente (el n.º 4.º, en vez del 3.º, del art. 1692 LEC), sino además porque dicho precepto no es de aplicación a las alegaciones que se hacen en el motivo, ya que no es incardinable en aquel la prueba de la participación en la comunidad, aparte de que al no aceptarse la existencia de la adquisición o compra, carece de sentido dicha petición; y por otro lado, la indemnización de daños y perjuicios a que alude el motivo no tiene en el caso sustantividad propia, por referirse a pretensiones subordinadas que decaen como consecuencia del rechazo de la pretensión principal.

Sexto.-La desestimación de los motivos, conlleva la del recurso de casación, con los efectos propios de la denegación: condena en costas de la parte recurrente y pérdida del depósito constituido, de conformidad con el apartado tercero del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español


FALLAMOS


 
Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procurador Dña. Mercedes Marín Iribarren en representación procesal de Dn. Esteban contra la Sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid el 4 de marzo de 1995 que confirmó en apelación la dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia el 27 de enero de 1993, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso y a la pérdida del depósito al que se dará el destino legal. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL.- ROMAN GARCIA VARELA.- JESUS CORBAL FERNANDEZ.- Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación