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Sentencia T.S. (Sala 3) de 18 de noviembre de 2010


 RESUMEN:

Recurso de casación para la unificación de doctrina: Se cumplen los requisitos de identidad y contradicción entre la sentencia impugnada y las de contraste. Interrupción de la prescripción del derecho a imponer sanciones: Las actuaciones inspectoras de comprobación o liquidación tributaria, no tienen efectos interruptivos de la prescripción para la imposición de sanciones, cuando el procedimiento sancionador se haya iniciado tras la vigencia de la Ley 1/1998 pero antes de la entrada de la entrada en vigor de la Ley 14/2000. Aplicación de la doctrina sentada por el TS en recurso de casación en interés de ley. Estimación del recurso.

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso de casación para la unificación de doctrina número 336/2006, interpuesto por D. Pascual Gantes de Boado, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D. Ignacio, contra sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 28 de abril de 2006, dictada en el recurso contencioso- administrativo 8098/2003, seguido respecto de resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia Asturias, en materia de liquidaciones por sanción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1995 y 1996.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Dependencia de Inspección de la Delegación de la AEAT en A Coruña, con fecha 17 de octubre de 2000, incoo a D. Ignacio Acta A01 n° NUM000, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1995 en la que se señala que su actividad principal fue la de construcción, reparación y conservación de todo tipo de obras (epígrafe 507 del Impuesto sobre Actividades Económicas); que la fecha de inicio de las actuaciones fue la de 21 de enero de 2000 y que procedía modificar los datos declarados por el incremento derivado de la actividad empresarial, por la aportación no dineraria de bienes afectos al patrimonio empresarial a la entidad "Sanmartín S.A.", por importe de 77.225.901 ptas. (464.137,01 €). En consecuencia, se formulaba propuesta de liquidación por una deuda a ingresar por importe de 37.244.903 ptas. (223.846,38 €), de las que 27.964.710 ptas. (168.071,29 €) correspondían a cuota.

En la misma fecha se le incoó Acta A01 n°. NUM001, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1996, en la que se hace constar que de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo (y que también se habían iniciado en 21 de enero de 2000) se derivaba la procedencia de modificar el rendimiento neto de la actividad empresarial, en 2.098.656 ptas. (12.613,18 €), al deducir gastos en concepto de amortización en exceso por dicha cantidad, que se refieren a la amortización practicada sobre los bienes aportados a la ampliación de capital de la sociedad "Sanmartín, S.A." antes mencionada. En consecuencia, se formulaba propuesta de liquidación por una deuda a ingresar de 576.343 ptas. (3.463,89 €), de las que 468.998 ptas. (2.818,73 €) corresponden a cuota.

Existiendo autorización previa de la Inspectora Jefe Provincial, con la misma fecha antes indicada de 17 de octubre de 2000, se inició la tramitación abreviada del procedimiento sancionador que establece el artículo 34 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, mediante formalización de las correspondientes Actas que dieron lugar al acuerdo del Jefe de la Oficina Técnica de Inspección, por el que se imponía una sanción reducida de 14.681.773 ptas (88.239,23€) por el ejercicio 1995 y de 271.809 ptas. (1.633,6 €) por el ejercicio 1996.

Interpuesta reclamación económico-administrativa contra los actos de liquidación referidos, fue desestimada por resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia, de fecha 12 de junio de 2003.

Segundo.-- El hoy recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del TEAR de Galicia a que acaba de hacerse referencia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la Sección Tercera de dicho Organo Jurisdiccional, que lo tramitó con el número 8098/03, dictó sentencia, de fecha 28 de abril de 2006, con la siguiente parte dispositiva: "Acollemos parcialmente o recurso contencioso administrativo do procurador Sr. Gantes de Boado, no nome de D. Ignacio contra o acordo de 12.06.2003 do TEAR, anulando o incremento do 25% na sanción que lle impuxeron por ocultación de datos correspondente ó exercicio do IRPF do ano 1995 (acordo da AEAT da Coruña de 09.02.2001, exped. NUM002).

Non se fai declaración das custas.".

Tercero.-La representación procesal de D. Ignacio interpone contra la sentencia de referencia recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que solicita otra que case la recurrida y estime el recurso contencioso- administrativo sancionador correspondiente al ejercicio de 1995, dejándolo sin efecto por haber prescrito la acción para imponer sanción.

Aporta como sentencias de contraste las de esta Sala de 15 de junio de 2005 y las de la Sala de lo Contencioso - Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 1 de abril y 15 de octubre de 2004 y 7 de abril de 2005.

Cuarto.-- El Abogado del Estado se opone al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, solicitando la declaración de inadmisibilidad del mismo por no haberse acreditado la identidad entre la sentencia recurrida y las aportadas de contraste y, subsidiariamente, la desestimación, confirmando el fallo de aquella.

Quinto.-- Habiéndose señalado para deliberación y fallo la audiencia del 17 de noviembre de 2010, en dicha fecha tuvo lugar referida actuación procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Martin Timon, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-- Antes de resolver la cuestión que se nos plantea debemos poner de relieve que el recurso de casación para la unificación de doctrina es un tributo al principio de igualdad en la aplicación de la Ley y tiene por objeto salvar las contradicciones en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico que puedan producirse entre Tribunales del mismo orden jurisdiccional, siempre que se trate de las resoluciones que son susceptibles de esta modalidad casacional, ya que según el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se podrá interponer:

1.º) Contra las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia cuando, respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.

2.º) Contra las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en única instancia, cuando la contradicción se produzca con sentencias del Tribunal Supremo, en las mismas circunstancias señaladas con anterioridad.

El principio de igualdad en la aplicación de la Ley está especialmente presente en el precepto expresado cuando exige que las sentencias en comparación hubieren llegado a pronunciamientos distintos, respecto de los mismos litigantes y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

La consecuencia que ha de extraerse es que en esta modalidad casacional no se permite combatir de forma directa la interpretación y aplicación que del ordenamiento jurídico haya hecho la sentencia recurrida, sino solo a través de su comparación con las que, de forma contradictoria, hubieren llevado a cabo la sentencia o sentencias ofrecidas en contraste.

La determinación de la contradicción exige que concurran las precisas identidades subjetiva, fáctica y jurídica, requeridas por el apartado 1 del artículo 96 antes referido: subjetiva, porque las sentencias que se ponen en comparación han de afectar a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación; fáctica, esto es, referida a los presupuestos de hecho fijados en las sentencias recurrida y de contraste; y jurídica, lo que supone que la identidad debe darse también en las pretensiones formuladas en uno y otro proceso.

Acreditada la identidad y contradicción, la estimación del recurso sólo se producirá si es la sentencia impugnada la que ha llevado a cabo una interpretación o aplicación incorrecta del ordenamiento jurídico.

Segundo.-Es conveniente precisar que la sentencia impugnada se refiere a un supuesto en el que el obligado tributario, respecto de la declaración del IRPF del ejercicio de 1995, no declaró en 1996 la cantidad de 27.964.710 ptas., al omitir el incremento patrimonial generado por aportación no dineraria a la entidad "Sanmartín, S.A." y que la iniciación de expediente sancionador se notificó el 29 de septiembre de 2000, por lo que a tal fecha había transcurrido el plazo de cuatro años de prescripción previsto en el artículo 64.c) de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, en la redacción por la precitada Ley 1/1998, si es que se considera que las actuaciones inspectoras que dieron lugar a la realización no tenían carácter interruptivo.

La Sentencia, sin embargo, consideró que tales actuaciones tenían carácter interruptivo respecto de la prescripción del derecho de la Administración a imponer sanciones y tal efecto, argumentó en la siguiente forma (Fundamento de Derecho Segundo):

"Para resolver el punto de la prescripción en la primera de sus facetas, se va a atener esta Sala, como no puede ser de otro modo, a lo que disponen los artículos 64, 65 y 66 de la Ley General Tributaria , teniendo en cuenta principalmente como están redactados antes y después de la citada ley 1/1.998, cuyo articulo 34.1 previó la formación de expediente separado para la imposición de sanciones. Y con ello, anticipamos ya que la tesis del recurso no va a ser compartida por este Tribunal.

Es el articulo 65 LGT el que explica en que momento se inicia el plazo para el computo de la prescripción en cada uno de los cuatro supuestos del articulo 64 , y en el caso c) (sanciones tributarias), lo es desde el momento en que se cometieron las respectivas infracciones, y luego, inequivocamente es el primer apartado del articulo 66.1 el que dispone que, "los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del articulo 64 se interrumpen:....". En cambio, el supuesto de la letra d) sobre devolución de ingresos indebidos cuenta con un régimen especifico de interrupción establecido por el articulo 66.2 .

La consecuencia es que las actuaciones inspectoras llevadas a cabo, válidas y subsistentes, interrumpen sin ningún género de dudas la prescripción del plazo para imponer sanciones tributarias, y es esta una conclusión que se obtiene sin empleo de ningún genero de violencia interpretativa, pues en los apartados a, b y c del articulo 66.1 se contiene referencia a diversas y plurales actuaciones del sujeto pasivo y de distintos ordenes de actuación administrativa que además de incluir expresamente entre ellas las actuaciones de inspección y comprobación, en nada desmerecen por el hecho de que la infracción se depure por medio de un expediente separado, como asimismo lo son entre sí, por ejemplo, los de gestión y liquidación por parte de Servicios u Oficinas tributarias gestoras y aquellos otros que emprende la Inspección de Tributos. De otra parte, y conceptualmente, resulta de toda obviedad que la previa comprobación del hecho imponible y determinación de las cuotas tributarias propiamente dichas y otros elementos integrantes de la deuda que el articulo 58.1 LGT identifica, con o sin intervención delos órganos integrantes de la Inspección tributaria, constituye un prius lógico para la apreciación de materia de infracción tributaria, con lo cual carece de todo sentido que la norma puede estar pensando, pese a no decirlo, en un computo en paralelo y sincrónico de ambos plazos de prescripción, con causas interruptivas distintas para cada uno de ellos.

No es, por tanto, antinomia sino concordancia lo que el articulo 30.3 a) del Reglamento General de Inspección de Tributos aprobado por Real Decreto 939/1.986, de 25 de Abril , pone de manifiesto, cuando señala que la comunicación de inicio de las actuaciones inspectoras produce el efecto de interrumpir el plazo legal de la prescripción del derecho de la Administración para determinar las deudas mediante la oportuna liquidación e imponer las sanciones correspondientes, pues, además de que la sanción misma es un elemento eventual de esa deuda tributaria, - artículo 58.2.e) LGT -, la interrupción de la prescripción está en función de actuaciones ordenadas a un fin, bien lo sean del sujeto pasivo bien de los órganos integrados en los diferentes ordenes funcionales de la Administración tributaria, y en tal sentido nada supone la dualidad formal de expedientes, que aumentará, eso sí, las garantías del sujeto pasivo, pero no desdice que la finalidad de las actuaciones comprobadoras e inspectoras sea descubrir los datos, conductas, ó situaciones de las que vayan a derivarse las eventuales responsabilidades sancionadoras tributarias. Cabe incluso añadir, que si no se menciona en dicho precepto a la acción recaudatoria o de exigencia del pago de la deudas tributarias liquidadas es justamente porque la actuación inspectora es previa a dicha liquidación y el plazo para que tal acción prescriba solo podrá iniciarse después, cuando finalice el plazo de pago voluntario de la misma, resultando obvio que ningún plazo que aún no se ha iniciado puede quedar interrumpido.

El hecho de que una ley posterior (que se cita sin total precisión), y que sería el articulo 20. Dos la Ley 14/2.000, de 29 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para 2.001, haya introducido en el articulo 66.1 .a) un inciso diciendo, "asimismo, los plazos de prescripción para la imposición de sanciones se interrumpirán, además de por las actuaciones mencionadas anteriormente, por la iniciación del correspondiente expediente sancionador", en nada abona, sino al contrario, la tesis de la parte actora, pues el novum que dicha disposición supone consiste en adicionar esa actuación iniciadora del expediente sancionador a las que ya daban lugar anteriormente a la interrupción, y no en establecer novedosamente y a partir de 1 de Enero de 2.001, que las demás actuaciones interrumpan la prescripción del apartado c) del articulo 64 , pues esto es algo, que aunque al parecer la parte actora no está dispuesta a asumir, lo decía antes y lo dice ahora el citado articulo 66 en su apartado o inciso inicial, tal y como ella misma transcribe.

"Acollemos esta interpretación como a máis correcta, e dado que entre o remate do período para presenta-la liquidación do ano 1995- xuño de 1996 - e o inicio das actuacións inspectoras - febreiro de 2000 - non transcorreran os 4 anos de prescrición, rexeitamos que a acción para impoñe-la sanción tributaria estiuvera prescrita o 17.10.2000." ";

Tercero.-En cuanto a las sentencias ofrecidas como contraste, y prescindiendo por ahora de la dictada por esta Sala en 15 de junio de 2005, en recurso de casación en interés de la Ley interpuesto por la Administración del Estado, que por su naturaleza tiene características especiales y que además es desestimatoria, es lo cierto que en las dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sí concurren los presupuestos antes indicados que hacen posible la resolución de fondo en el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto.

Así, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 15 de octubre de 2004 (recurso contencioso-administrativo 1334/2003), se refiere a un supuesto en el que la infracción imputada era la de dejar de ingresar la totalidad o parte de la deuda tributaria correspondiente al IRPF del ejercicio 1994, siendo así que la iniciación del expediente sancionador se notificó el 20 de septiembre de 1999, transcurrido, por ello, el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 64.c) de la Ley General Tributaria, tras surtir efectos la modificación de dicho precepto por la Ley 1/1998, de 26 de Febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes (artículo 24 y Disposición Final Primera).

En relación con la posible interrupción del plazo de prescripción, la referida sentencia declara en su Fundamento de Derecho Segundo:

" (...) Por otra parte, tal y como defiende el actor, no cabe entender que las actuaciones de comprobación e investigación desarrolladas con el obligado tributario en relación con el IRPF del ejercicio 1994 posean eficacia interruptiva de la prescripción de la infracción, pues elart. 66-1 de la Ley General Tributaria, hasta su modificación por Ley 14/2000, de 29 de diciembre , no hacía mención alguna de las actuaciones del procedimiento sancionador, sin que a las mismas puedan equipararse las actuaciones conducentes a la comprobación o liquidación, por poseer ambas distinta naturaleza y finalidad, todo lo que conduce a la conclusión de que el plazo de prescripción de la infracción, en el supuesto de autos y hasta que se opera la modificación de la Ley General Tributaria por la Ley 14/2000antes citada, se interrumpe por la iniciación del procedimiento sancionador notificada al interesado, de conformidad con lo dispuesto en elart. 132-2-2.º de la Ley 30/92, de 26 de noviembre , de aplicación a falta de previsión específica en la Ley General Tributaria, tanto si se entiende que nos hallamos ante una norma integrante del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, como si se toma en consideración la disposición adicional quinta de la citada Ley ."

Por su parte, la sentencia de la misma Sala de 1 de abril de 2004 contiene la misma doctrina a un supuesto referido al IRPF del ejercicio 1991, " porque desde el 20 de junio de 1992 hasta que se notifica la iniciación del expediente sancionador en fecha 5 de noviembre de 1998, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción..."

De esta forma queda acreditada la existencia de identidad fáctica por cuanto tanto en la sentencia recurrida como en las de contraste nos encontramos con expedientes de comprobación e investigación iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/1998 y procedimientos sancionadores comenzados con posterioridad a dicha fecha y, por tanto, bajo el amparo del mismo texto normativo vigente en cada momento. Por otro lado, es patente la contradicción, pues mientras las sentencias de contraste entienden que las actuaciones inspectoras de comprobación no tienen eficacia interruptiva de la prescripción de la acción parar imponer sanciones, la sentencia recurrida llega a conclusión contraria.

Con ello, desembocamos en el último tramo del recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que habremos de resolver cual de las sentencias, la recurrida y las de contraste, ofrecen la doctrina correcta.

Para hacerlo, debemos comenzar señalando que la separación de procedimientos, de comprobación e investigación y sancionador, establecida por el artículo 34 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, hizo plantearse inmediatamente la cuestión de la eficacia interruptiva o no del primero respecto de la prescripción de la acción sancionadora.

Esta Sala se enfrentó a dicha cuestión en la Sentencia de 15 de junio de 2005, dictada en el recurso de casación en interés de la ley número 86/2003, en la que se contempló un supuesto en el que la actividad inspectora se llevó a cabo sobre declaraciones por IRPF de los ejercicios 1992, 1993 y 1994 y cristalizó en Actas de fecha 16 de julio de 1998 y en acuerdo de liquidación de 5 de noviembre siguiente, procediéndose a iniciar los expedientes sancionadores en 3 de marzo de 1999.

En el recurso contencioso-administrativo que interpuso el contribuyente, alegando la prescripción del derecho a sancionar, la Sala de instancia, también la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictó sentencia, de fecha 10 de julio de 2003, estimatoria de aquel, al señalar que el artículo 34 de la Ley 1/998 proclamaba la absoluta separación de los expedientes sancionadores de los de comprobación e investigación, de modo que resultaría insólito que unas actuaciones ajenas al expediente sancionador, (que no tiene por que iniciarse necesariamente), vinieran a interrumpir la prescripción de unas ulteriores sanciones, pues ello supondría la quiebra del principio de separación de tramitación de los expedientes sancionadores, así como neutralizar el principio de presunción de inocencia.

Frente a ello, la Administración del Estado interpuso recurso de casación en interés de la ley solicitando que la declaración de doctrina legal se produjera en los siguientes términos:

" Los expedientes administrativos dirigidos a la investigación, comprobación o liquidación de hechos imponibles, que tuvieran efectos interruptivos de la prescripción, según la normativa entonces vigente a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, extienden estos efectos interruptivos de la prescripción respecto de la acción sancionadora hasta el momento de la entrada en vigor de la Ley 1/98 , sin que pueda determinarse una prescripción separada de la acción sancionadora, sino desde la entrada en vigor de la Ley 1/1998 ."

Y la Sentencia de referencia rechazó la principal alegación de fondo del Abogado del Estado, razonando que la Ley 1/98 estableció en su Disposición Transitoria Única.1 una norma específica para los procedimientos tributarios iniciados antes de la entrada en vigor de la misma, los cuales se regirían por la normativa anterior, pero señalando en el apartado 2 que la imposición de sanciones, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, "se realizará mediante un expediente separado distinto e independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor en todos aquellos procedimientos de comprobación en los que, a la entrada en vigor de la presente Ley, aún no se haya documentado el resultado de las actuaciones en las actas correspondientes". Y como la entrada en vigor de la Ley 1/1998 se produjo el 19 de marzo de 1998 (Disposición Final Segunda.1 y publicación de la Ley en el BOE de 27 de febrero anterior), la sentencia llegaba a la conclusión de que " a partir de la entrada en vigor de la Ley 1/98 , no resulta admisible que unas actuaciones ajenas al expediente sancionador puedan interrumpir la prescripción de unas ulteriores sanciones".

En todo caso, la sentencia fue desestimatoria del recurso interpuesto y no solo por entender la Sala que la impugnada contenía doctrina correcta, sino porque, en cualquier caso, no sería dañosa para el interés general, dadas las circunstancias que se exponían y muy especialmente que la de no haberse demostrado la reiteración de actuaciones administrativas iguales a la enjuiciada por la sentencia impugnada en interés de la Ley.

Posteriormente, y con transcripción de parte de la anterior, se ha seguido el mismo criterio en las Sentencias de 15 de octubre de 2009 (recurso de casación 5558/06) y 10 de noviembre de 2009 (recurso de casación 2146/2006).

Por último, en la Sentencia de 3 de febrero de 2010 (recurso de casación 5937/2004) nos hemos referido al problema suscitado por la reforma del artículo 66 de Ley General Tributaria de 1963 llevada a cabo por el artículo 20 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, en los siguientes términos contenidos en su Fundamento de Derecho Décimo Tercero:

"... Por ello, resulta evidente que antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998 , en la que se tramitaban conjuntamente las actuaciones de investigación y comprobación de hechos imponibles y las actuaciones conexas relativas a las infracciones que el sujeto pasivo hubiera poder cometido, las acciones, tanto para determinar las cuotas tributarias y sus recargos como las de las sanciones que pudieran imponerse, se interrumpían por aquellas actuaciones investigadoras o comprobadoras, y ello a pesar de que el art. 64 de la LGT distinguía claramente entre la prescripción de la acción administrativa para liquidar, la acción administrativa para recaudar y la acción administrativa para sancionar, fijando en cada uno de los supuestos prescriptivos un dies a quo distinto; en el primer caso, el de la fecha en que finalice el plazo para presentar la correspondiente declaración; en el segundo, en la fecha en que finalice el plazo de pago en periodo voluntario, y en el tercero, el día en que se entiende cometida la infracción.

La situación cambió después de la Ley 1/98, al consagrar dos procedimientos distintos y autónomos; el primero, tendente a regularizar la situación tributaria del sujeto pasivo, y el segundo, dirigido a perseguir las presuntas infracciones tributarias. Así lo declaró esta Sala, en sentencia de 15 de junio de 2005 , dictada en recurso de casación en interés de Ley n.º 86/2003 , al sentar la doctrina de "que los expedientes administrativos dirigidos a la investigación, comprobación o liquidación de hechos imponibles, que tuvieran efectos interruptivos de la prescripción, según la normativa entonces vigente a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, extienden estos efectos interruptivos de la prescripción respecto de la acción sancionadora hasta el momento de entrada en vigor de la Ley 1/1998 , sin que pueda determinarse una prescripción separada de la acción sancionadora sino desde la entrada en vigor de la Ley 1/1998 ".

Sin embargo, el legislador modificó la redacción del apartado 1 a) del art. 66 de la LGT por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, con efectos de 1 de enero de 2001 , señalando que "1 los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del art. 64 se interrumpen: a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible. Asimismo, los plazos de prescripción para la imposición de sanciones se interrumpirán, además de por las actuaciones mencionadas anteriormente, por la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador". En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2001 se vuelve atribuir eficacia interruptiva a las actuaciones de comprobación..."

Solamente añadir, aún cuando no sea necesario para la resolución del recurso, que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, actualmente vigente, establece en su artículo 189.3.a), segundo inciso, que " las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las sanciones que puedan derivarse de dicha regularización".

Por ello, debemos entender que la sentencia impugnada, que también contempla un supuesto fáctico de iniciación de procedimiento sancionador, tras la vigencia de la Ley 1/1998 y con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, según consta en el Antecedente Primero de esta Sentencia, debió seguir la doctrina de las Sentencias de esta Sala a que acabamos de referirnos. Y como no lo hizo así, es por lo que procede la estimación del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto.

Cuarto.-- La estimación del recurso conduce a la casación de la sentencia impugnada y a resolver la controversia dentro de los términos en que aparece planteado el debate, tal como requiere el artículo 97.7 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con el 95.2.d) de la misma, lo que ha de hacerse estimando el recurso contencioso-administrativo y anulando la liquidación por sanción del ejercicio de 1995 y la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia de 12 de junio de 2003 que la confirmó.

Quinto.-- No ha lugar a la imposición de costas procesales ni en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ni en la instancia.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.


FALLAMOS


 
Primero.-Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina número 336/2006, interpuesto por D. Pascual Gantes de Boado, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D. Ignacio, contra sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 28 de abril de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo 8098/2003, sentencia que se casa y anula en cuanto confirmó la sanción impuesta por el ejercicio 1995 y la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia de 12 de junio de 2003, en lo que respecta a dicho ejercicio. Sin costas.

Segundo.-- Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo número 8098/2003, y anulamos la sanción impuesta por el ejercicio de 1995 y la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia de 12 de junio de 2003 que la confirmó. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Manuel Vicente Garzon Herrero Manuel Martin Timon Joaquin Huelin Martinez de Velasco Oscar Gonzalez Gonzalez

Publicación.-Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Manuel Martin Timon, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario Certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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