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Sentencia T.S. (Sala 3) de 13 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Inspección: Procedimiento. Caducidad de las actuaciones inspectoras: No procede conforme a la reiterada doctrina del TS que establece que el único efecto de la paralización injustificada del procedimiento es la no interrupción de la prescripción por las actuaciones practicadas. Prescripción: No procede porque no existe caducidad del procedimiento tributario y entre la declaración del hecho imponible y las actuaciones administrativas válidas no ha transcurrido el plazo legal de cuatro años.

En la Villa de Madrid, a trece de Diciembre de dos mil diez.

VISTO por la Sección Segunda de la Sala Tercera de este Tribunal, integrada por los Excmos. Señores Magistrados anotados al margen, el Recurso de Casación en Unificación de Doctrina interpuesto por D. Cayetano y D.ª Marina, representados por la Procuradora D.ª M.ª Amelia Alonso García, bajo la dirección de Letrado, y, estando promovido contra la sentencia de 16 de noviembre de 2007 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon en el Recurso Contencioso-Administrativo número 80/07, en cuya casación aparece como parte recurrida, la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con fecha 16 de noviembre de 2007, y en el recurso antes referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Desestimar el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D. Cayetano y D.ª Marina, representados por la Procuradora D.ª M.ª Amelia Alonso García y defendidos por el Letrado D. Alfonso Corredera Mencia contra la resolución que se describe en el encabezamiento de la presente sentencia, declarando en consecuencia ajustada a derecho la misma. Ello sin hacer expresa condena en las costas procesales causadas. ".

Segundo.-Contra la anterior sentencia, la Procuradora D.ª M.ª Amelia Alonso García, en nombre y representación de D. Cayetano y D.ª Marina, interpone Recurso de Casación en Unificación de Doctrina al amparo de los artículos 96 y siguientes de la Ley Jurisdiccional. Se considera que el objeto del recurso es la caducidad y la prescripción de las actuaciones inspectoras, al amparo del artículo 29 de la Ley 1/98, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, con base en que el inicio de las mismas tuvo lugar el 20 de diciembre de 2001, y la liquidación final fue notificada el 28 de enero de 2005, habiendo transcurrido por tanto más de 12 meses; desde la entrada en vigor de la Ley 1/98, más de un año. También se considera que existe caducidad por cuanto se formularon alegaciones al Acta de Disconformidad el 27 de agosto de 2004 y la notificación del acuerdo de liquidación ocurrió el 28 de enero de 2005, por tanto había transcurrido más de un mes (artículo 60.4 del RD 939/1986 de 25 de abril, Reglamento General de Inspección de los Tributos. Termina suplicando de la Sala se estime el recurso contra la sentencia impugnada.

Tercero.-Acordado señalar día para el fallo en la presente casación cuando por turno correspondiera, fue fijado a tal fin el día 1 de diciembre de 2010, en cuya fecha tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzon Herrero, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se impugna, mediante este Recurso de Casación en Unificación de Doctrina, interpuesto por la Procuradora D.ª M.ª Amelia Alonso García, actuando en nombre y representación de D. Cayetano y D.ª Marina, la sentencia de 16 de noviembre de 2007, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por la que se desestimó el Recurso Contencioso-Administrativo número 80/07 de los que se encontraban pendientes ante dicho órgano jurisdiccional.

El citado recurso había sido iniciado por quienes hoy son recurrentes en casación contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 29 de septiembre de 2006, por la que se desestimaba la reclamación económico administrativa seguida con el n.º NUM000 a la que se acumularon la NUM001 y la NUM002 seguidas la primera contra el acuerdo del Inspector Regional Adjunto de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla y León de Soria que desestima el Recurso de Reposición interpuesto contra el acuerdo del mismo que contiene la liquidación definitiva por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 1999 y 2000 que determina una cantidad a ingresar de 138.907,36 € de los cuales 113.829,31 corresponden a cuota y 25.078,05 a intereses de demora, derivado todo ello de propuesta contenida en Acta de Disconformidad NUM003, y las segundas contra los acuerdos del mismo órgano que resuelven expedientes sancionadores por infracción tributaria grave a cada uno de los recurrentes, derivados de la liquidación anterior que imponen una sanción de 65.713,49 euros en el expediente NUM004 y de 17.462,32 euros en el expediente sancionador NUM005.

La sentencia de instancia desestimó el recurso y no conforme con ella los demandantes interponen el Recurso de Casación en Unificación de Doctrina que decidimos.

Segundo.-Los recurrentes fundan su recurso en la existencia de caducidad de las actuaciones inspectoras, así como la prescripción del derecho a liquidar las deudas tributarias correspondientes a los ejercicios impugnados.

Por lo que hace a los ejercicios 1999 y 2000, cuyas declaraciones se efectuaron el 30 de junio de 2000 y 30 de junio de 2001, respectivamente, es evidente que el acta dictada el 9 de julio de 2004, a la que se formulan alegaciones el 27 de agosto de 2004, impide que pueda hablarse de prescripción respecto al ejercicio 2000.

De este modo el único ejercicio al que se podría aplicar la prescripción es el ejercicio 1999.

Tercero.-Antes de analizar la concurrencia de la prescripción alegada procede precisar el alcance de la caducidad de los procedimientos tributarios.

Esta Sala viene reiterando de modo continuado, aunque no siempre entendido, que no existe caducidad de los procedimientos tributarios, razón por la que no deben aplicarse a los procedimientos tributarios las normas sobre la caducidad de los procedimientos administrativos.

Esto no significa que se ignore totalmente la institución de la caducidad en los procedimientos tributarios. Por eso, cuando los procedimientos tributarios se paralizan injustificadamente por un plazo superior a seis meses cesa el efecto interruptivo de la prescripción que se anuda a su iniciación. Ha de tenerse, por tanto, presente que este es el único efecto de la paralización de actuaciones. Las actuaciones no se invalidan, el efecto interruptivo de las practicadas desaparece y volverá a iniciarse cuando se reanude el procedimiento tributario.

Cuarto.-En el asunto que analizamos con independencia de que difícilmente puede admitirse que el escrito presentado reúna los requisitos mínimos de un Recurso de Casación en Unificación de Doctrina, pues no hay una relación circunstanciada y precisa de los hechos y fundamentos de derecho de las sentencias contrastadas, como exige el artículo 97.1 de la Ley Jurisdiccional, prescindiendo de este hecho decimos, los recurrentes reiteran la paralización del procedimiento entre el 27 de agosto de 2004, presentación del escrito de alegaciones, y la notificación de la liquidación 28 de enero de 2005, pero es evidente que incurren en un patente error pues entre esas dos fechas no transcurrieron seis meses sino cinco y un día.

De manera que no se produjo la caducidad del procedimiento inspector, pues la superación del plazo del mes que establece el artículo 60 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, Reglamento General de Inspección de Tributos, hemos declarado que no es plazo de caducidad.

En consecuencia, si no hubo caducidad la prescripción quedó válidamente interrumpida, con el efecto de que entre la declaración del hecho imponible, y las actuaciones administrativas válidas nunca transcurrieron 4 años.

Lo dicho comporta que los puntos de partida de los razonamientos de los recurrentes no son correctos, lo que comporta la desestimación del Recurso de Casación en Unificación de Doctrina que analizamos.

Quinto.-En materia de costas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 139.3 de la Ley Jurisdiccional, procede su imposición a los recurrentes, que no podrán exceder de 3.000 euros.

En su virtud, en nombre de su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Casación en Unificación de Doctrina interpuesto por la Procuradora D.ª M.ª Amelia Alonso García, actuando en nombre y representación de D. Cayetano y D.ª Marina, contra la sentencia de 16 de noviembre de 2007, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Todo ello con expresa imposición de las costas causadas que no podrán exceder de 3.000 euros.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Rafael Fernandez Montalvo D. Manuel Vicente Garzon Herrero D. Manuel Martin Timon D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco D. Oscar Gonzalez Gonzalez

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzon Herrero, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretaria de la misma CERTIFICO.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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