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Sentencia A.P. Granada 252/2003, de 25 de abril


 RESUMEN:

Sociedad de gananciales: Liquidación. Inventario: Inclusión en el mismo de la vivienda familiar, el ajuar doméstico, unas participaciones en fondos de inversión y un automóvil.

SECCION CUARTA

ROLLO N° 668/02

JUZGADO DE I.ª INSTANCIA N° 10 DE GRANADA

LIQUIDACIÓN SOCIEDAD GANANCIALES 1025/01 (Separación 436/97)

PONENTE D. JOSÉ MALDONADO MARTÍNEZ.

SENTENCIA NUM 252

ILTMOS. SEÑORES:

PRESIDENTE

D. MOISÉS LAZUÉN ALCÓN

MAGISTRADOS

D. JUAN FCO RUIZ RICO RUIZ

D. JOSÉ MALDONADO MARTÍNEZ

En la Ciudad de Granada a veinticinco de Abril de dos mil tres.

La Sección Cuarta de esta Iltma. Audiencia Provincial, ha visto, en grado de apelación los precedentes autos de juicio de Liquidación Sociedad de Gananciales, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Granada, en virtud de demanda de D. Francisco, que ha designado para oír notificaciones en esta instancia el domicilio del/de la Procurador/a/ Sr/Sra. Labella Medina, contra D.ª Flor, que ha nombrado el domicilio del/de la Procurador/a/ Sr/Sra. Torrecillas Cabrera para oír notificaciones en esta alzada.

Aceptando como relación los "Antecedentes de Hecho" de la sentencia apelada, y


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO.- La referida sentencia, fechada en 8-4-02, contiene, literalmente, el siguiente fallo: "Se estima en parte la demanda, y se acuerda incluir las partidas que hemos dicho, concretamente los cuatro primeros puntos que aparecen en la propuesta de inventario formulado en la demanda:

1. Vivienda en la CALLE000 numero NUM000 Huetor Vega. Granada.

2. Ajuar doméstico de la citada vivienda.

3. Participaciones en fondos de inversión.

4. Automóvil marca Jeep matricula PF-....-R.

Asimismo se acuerda incluir la póliza de seguros suscrita con UAP, hasta la fecha de la Sentencia y en el pasivo la cantidad de 8.900.000 ptas actualizadas".

SEGUNDO.- Sustanciado y seguido el presente recurso, por sus trámites ante esta Iltma. Audiencia Provincial, en virtud de apelación interpuesta por la parte demandante, por escrito y ante el Organo que dictó la sentencia; de dicho recurso se dio traslado a la parte contraria, que formalizó la oposición; tras ello se elevaron las actuaciones a este Tribunal, señalándose día y hora para la votación y fallo, en que ha tenido lugar.

TERCERO.- Han sido observadas las prescripciones legales de trámite. Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. JOSÉ MALDONADO MARTÍNEZ.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
PRIMERO.- En el marco del procedimiento para la liquidación de la sociedad de gananciales existente entre las partes, disuelta por sentencia de separación de 3 de Noviembre de 1.998, se suscitó controversia sobre la inclusión y exclusión de determinados bienes en el mismo, incidente que concluyo con la sentencia objeto de este recurso, frente a la que se alza el actor Sr. Francisco con argumentos que apuntan a un error en la apreciación y valoración de las pruebas y que se contraen a la no inclusión en el inventario de determinadas cuentas corrientes, a la exclusión del mismo de un seguro de Vida, y al precio de venta de una vivienda privativa de la demandada, vendida durante el matrimonio, incluida en el pasivo.

SEGUNDO.- Con relación a las cuentas corrientes referidas el apelante alude a cuatro: una de Unicaja: NUM001, dos del Banco de Santander: NUM002 y NUM003 y una cuarta en el BBVA: NUM004. Sin perjuicio de consignar que la cuenta NUM003 del Banco de Santander -que era la común del matrimonio- estaba cancelada al tiempo de la disolución de la sociedad de gananciales (folio 99), no parece razonable incluir la cuenta de Unicaja, ni tampoco las restantes, cuando hay constancia de que eran cuentas de titularidad única, bien de uno, bien del otro cónyuge, y de que aproximadamente a partir de finales de 1.996, los cónyuges decidieron una separación de hecho, al menos desde el punto de vista de sus ingresos laborales, que se ingresaban en cuentas distintas y a nombre exclusivo de cada uno, debiendo tenerse presente que, interpartes, esos acuerdos tienen plenos efectos en orden a la determinación de los bienes del inventario, como se infiere de la presunción del art. 1.361 del código civil, pues, entender lo contrario, supondría ir contra sus propios actos.

Y con relación al Seguro de Vida, que la sentencia incluye en el inventario, aunque el apelante alega que estaba rescatada, es patente que tal aseveración no tiene en cuenta el documento que obra al folio 190, en el que se afirma que dicho rescate fue efectuado el 16 de Junio de 2.002, y, por tanto, posterior a la separación judicial, por lo que debe incluirse en el inventario por su valor al tiempo de la separación judicial decretada por sentencia de 3 de Noviembre de 1.998.

TERCERO.- Por último, respecto de la inclusión en el pasivo del precio de venta actualizado de la vivienda privativa de la esposa, enajenada durante el matrimonio, no se discute su inclusión, sino el valor de venta que el apelante entiende debe ser el de la escritura publica, en tanto la sentencia mantiene como tal el valor consignado en documento privado de venta aportado por la demandada.

Como se expone en las sentencias de esta Sala de 10 de Octubre y 20 de Noviembre de 2.001 y 12 de Noviembre de 2.002, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (así citamos las sentencias de 14 de Mayo de 1.981, 23 de Septiembre de 1.996 y 29 de julio de 1.998) reiteradamente viene diciendo que la valoración probatoria es facultad privativa del Juzgado o Tribunal, y que debe ser respetada la resultancia probatoria declarada en tanto no se demuestre que el Juzgador incurrió en error de hecho, o que su valoración resulte ilógica, opuesta a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana critica. La infracción de las normas valorativas de la prueba se produce, dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Diciembre de 2.001, bien porque se atribuya a un determinado medio de prueba una fuerza probatoria que la ley no le reconoce, bien porque se le niegue la eficacia que la ley asigna. Y, por lo demás, es criterio autorizado por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo el de la valoración conjunta de la prueba (Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Enero de 2.000, 5 de Julio y 25 de Septiembre de 2.001, y 8 de Febrero, 13 de Abril y 25 de junio de 2.002, entre las más recientes).

El recurrente lo que pretende es sustituir el criterio imparcial y objetivo del Juzgador por el suyo propio, parcial e interesado, debiendo significarse, como decía esta Sala en sentencia de 24 de Junio de 2.002; que el Juez no sólo debe valorar los hechos que se desprende de las pruebas, sino la facilidad para probarlos (S. del TS. de 14 de Septiembre de 1.998) de modo que ante la dificultad de probar plenamente hechos que por su carácter oculto escapan a dicha posibilidad, la Jurisprudencia constante de este Tribunal (sentencias de 21 de septiembre de 1959, 21 de mayo de 1963 y 25 de marzo de 1965, entre otras muchas), tiene declarado que basta con que se deduzca de un juicio lógico (Sentencia del TS. de 20 de Enero de 1.972).

Ciertamente que el documento publico hace prueba "contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que hubieren hecho los primeros" según dispone el art. 1.218 del código civil, por lo que parece, en principio, que habría de estarse al precio que se indicó por la hoy demandada en la escritura publica de venta, reflejada en el Registro de la Propiedad (folio 84). Pero la veracidad intrínseca de esta declaración, también tiene dicho el Tribunal Supremo que pueda ser desvirtuada por prueba en contrario (Sentencias de 15 de Febrero de 1.982 y 14 de Marzo de 1.983) en la medida en que el Notario no pueda dar fe más que de lo que sensorialmente percibe pero no de la veracidad intrínseca de lo que percibe (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de Junio de 1.983 y 7 de Julio de 1.989). Por tanto, que el Juzgador no de relevancia al precio consignado en escritura publica, en nada supone infracción de los preceptos que regulan el valor de los documentos públicos, siempre que ello se justifique con otras pruebas, que es lo que ha hecho el Juzgador al aceptar como valido el precio consignado en el documento privado de venta.

A tal efecto hay que señalar, como indica reiteradamente el Tribunal Supremo (y esta Sala aplicaba en sentencia de 20 de Noviembre de 2.001), que el art. 1.225 del código civil no impide otorgar relevancia a un documento privado no reconocido conjugando su contenido con otros elementos de prueba (Sentencias de 6 de mayo de 1994, 26 febrero, 21, 27 y 30 julio y 28 noviembre 1998; y 26 mayo 1999, entre otras), pues la falta de reconocimiento o adveración del tal documento no le priva en absoluto de valor y fuerza probatoria, "pudiendo" ser tomado en consideración (no tiene que serlo necesariamente, como matiza la Sentencia de 18 noviembre 1996), ponderando su grado de credibilidad, atendidas las circunstancias del caso y del debate (Sentencias de 10 de mayo de 1994; 19 de julio de 1995, 8 de mayo y 10 de julio de 1996; 21 de julio de 1997, 3 de abril, 27 de julio y 23 de diciembre de 1998, entre otras).

Pues bien, sobre la base de esta doctrina jurisprudencial no puede afirmarse que haya habido error en la apreciación de la prueba por el Juzgador de instancia al admitir como cierto el precio consignado en el documento privado, pues, en primer término, no se ha impugnado formalmente dicho documento ni se ha tachado de falso, simplemente se dice que "se desconoce" (Soporte informático, minuto 1,05), en segundo lugar, no se ha justificado por el actor que el ingreso de 4.600.000 pesetas en su cuenta del BBVA (folio 94) corresponda a su despido -como señaló en el interrogatorio- y, sin embargo, consta en el documento privado que dos días antes correspondía al comprador satisfacer esa suma, cómo asimismo consta el pago del resto del precio en dos pagos de uno y dos millones de pesetas, y, por último, porque no cabe desconocer -por ser notorio- la realidad del valor de un piso de tales características en el momento en que se vendió, que notoriamente no coincidía con el valor señalado en la escritura que, a mayor abundamiento, es dos años posterior al documento privado, con lo que ello significa de incremento de los precios inmobiliarios. En consecuencia, no se considera erróneo el criterio del juzgador, debiendo mantenerse su decisión, con lo que ha de desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia apelada, aun con la corrección que supone, deducir del precio de venta el importe de la hipoteca en que se subrogo el comprador de 613.530 pesetas, antes de efectuar la actualización.

CUARTO.- Habiéndose desestimado el recurso, procede imponer las costas de la alzada al apelante, de conformidad a los artículos 394 y 398 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación,


FALLAMOS.-


 
Que desestimando el recurso de apelación formulado por el Procurador M.ª Luisa Labella Medina, en la representación de Francisco, contra la sentencia de 8-4-02, dictada por el Juzgado de I.ª Instancia n° 10 de Granada, en autos de incidente de inventario en ejecución de sentencia numero 1025/01 de los que dimana este rollo, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución con imposición al apelante de las costas de esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Iltmo. Sr. D. JOSÉ MALDONADO MARTÍNEZ, Ponente que ha sido de la misma, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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