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Sentencia A.P. Alicante 221/2003, de 30 de abril


 RESUMEN:

Régimen económico matrimonial: Liquidación. El importe de la venta de un local de negocio debe ser incluido en el inventario de bienes del matrimonio.

Iltmos. Sres.:

Presidente: D. José de Madaria Ruvira.

Magistrado: D. José Teófilo Jiménez Morago.

Magistrado: D. Javier Gil Muñoz.

En la ciudad de Elche, a treinta de Abril de dos mil tres.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de juicio de liquidación de régimen matrimonial seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Elche, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, D.ª Flora, habiendo intervenido en el recurso dicha parte, en su condición de recurrente, representada por el Procurador Sr. Pastor García y dirigida por la Letrada Sra. Soriano Martínez, y como apelada la parte actora, D. Rubén, representada por el Procurador Sr. Lara Medina con la dirección del Letrado Sr. Jiménez Alhama.


I - ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Elche en los referidos autos, tramitados con el núm. 534/02, se dictó sentencia con fecha 31 de Diciembre de 2002, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Estimando la demanda interpuesta por la representación de D. Rubén contra D.ª Flora, apruebo el inventario de la comunidad matrimonial propuesto por aquélla, sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas causadas en este procedimiento".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, en tiempo y forma, dándose traslado por término de diez días a las demás partes para que presentaran escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, presentado escrito de oposición al recurso, remitiéndose seguidamente los autos a este Tribunal, donde quedó formando el Rollo núm. 222/03, en el que se señaló para la deliberación y votación el día 23 de Abril de 2.003, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de ambas instancias, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del término para dictar sentencia por razones preferentes de índole penal.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Javier Gil Muñoz.


II - FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por el apelante se impugna la resolución recaída por entender que el Juzgador de Instancia ha procedido de forma indebida en la aplicación de las normas legales al no haber considerado la prueba de presunciones en que la recurrente sostiene su oposición a la demanda, y en virtud de la cual existiría un contrato verbal en el que los cónyuges acordaron que el actor se quedaría con el local de negocio y la demandada con la vivienda conyugal. La actora no niega la existencia del citado local, pero matizando que dicho bien fue objeto de venta con anterioridad a la separación y que el dinero obtenido fue utilizado para sufragar los gastos de enfermedad de la hija habida en el matrimonio. Debe aclararse con carácter previo que el objeto del presente procedimiento no es la declaración de existencia del contrato verbal a que hace referencia la demandada, el cual solo es citado a efectos de apoyar la tesis, por ella mantenida, de la existencia de un acuerdo previo de distribución de los bienes gananciales entre los cónyuges, sino que el objeto del presente procedimiento es determinar si el local en cuestión (o el producto de su venta) debe incluirse dentro de los bienes integrantes de la sociedad legal de gananciales. A efectos de dilucidar tal cuestión resulta totalmente intrascendente la existencia del contrato verbal, ya que, reconocido por ambas partes que el citado local de negocio era ganancial, lo realmente decisivo es comprobar si el importe obtenido por la venta del mismo fue distribuido entre los cónyuges propietarios, o, en su defecto, fue aplicado, como el esposo mantiene, a la satisfacción de necesidades, o a la atención de cargas, del matrimonio.

Segundo.-En el supuesto de autos de la prueba practicada se comprueba que:

1.º) Con fecha 10 de Febrero de 1985 se celebra contrato privado de compraventa entre D. Rubén y esposa por un lado, y D. Juan Ramón y esposa por otro lado, mediante el cual los primeros venden a los segundos el local objeto de la presente litis. Contrariamente a lo que sostiene la parte actora en el acto de la vista, este dato no permite afirmar sin más que el citado bien sale de la sociedad de gananciales, pues de inmediato surgiría la duda de hacia cuál de los patrimonios privativos sale dicho bien, sino simplemente que se ha producido la venta de un bien ganancial, cual es el local.

2.º) Con fecha 25 de Febrero de 1985, es decir tan solo 15 días después, se dictó sentencia de separación matrimonial en la que fue aprobado el convenio regulador presentado por los cónyuges de mutuo acuerdo.

3.º) Con fecha 26 de Febrero de 1987 la demandada confiere poder al actor para la venta del local de negocio. Venta que se lleva a afecto mediante escritura publica de fecha 4 de Marzo de 1987 otorgada a favor de D. Matías y D. Victor Manuel.

4.º) Mediante escritura pública de fecha 28 de Julio de 1987, D. Rubén adquiere en pleno dominio con carácter privativo la vivienda sita en Santa María, partida de Altabix calle en proyecto, finca registral n.º NUM000.

TERCERO.- Del conjunto de la prueba practicada, debe concluirse, por una parte, que el actor no acredita haber entregado a la demandada suma alguna procedente de la venta del local, y, por otra parte, que tampoco ha dejado acreditado, ni justificado, que los importes recibidos por la venta del local fueran aplicados a los gastos ocasionados por la enfermedad de la hija habida en el matrimonio. Pero es más, si bien es cierto que no es poco frecuente que, con la finalidad de ahorrar gastos, permanezca como titular registral persona distinta del titular real, de manera que cuando opera una ulterior transmisión sea el primero y no el segundo el que interviene en el otorgamiento de la escritura pública, también es cierto que en el supuesto de autos, el hecho de que con fecha 28 de Julio de 1987, es decir tan solo cuatro meses después de la venta en escritura pública del local en cuestión, el actor adquiera con carácter privativo una vivienda, relacionado con datos tales como que el actor tampoco acredita haber recibido cantidad alguna de su hermano como consecuencia de la compra de la vivienda, originan ciertas dudas sobre la efectiva realización material de la compraventa. No obstante, aún admitiendo como cierto, pues consta documento privado firmado por ambos cónyuges, que con fecha 10 de Febrero de 1985 tuviera lugar el contrato de compraventa celebrado entre el actor (y su esposa), de una parte, y el hermano del actor (y la esposa de éste), por otra, existen datos suficientes para presumir que el actor no recibió cantidad alguna hasta la fecha en que se formalizó la correspondiente escritura pública de compraventa del local, y que la cantidad recibida no fue aplicada al levantamiento de posibles cargas del matrimonio, y en concreto, según asegura el actor, a la enfermedad de la hija, sino a la compra por el esposo de una vivienda con carácter privativo. Todo lo cual viene apoyado por otros datos como: a) La esposa no recibió cantidad alguna de la citada venta, cuando lo lógico, puesto que con fecha 25 de Febrero de 1985 se produjo la separación de los cónyuges (y por lo tanto la tensión de convivencia entre los mismos debe presumirse bastante anterior a la fecha del contrato privado de venta de la vivienda), es que se hubiera procedido a la entrega a la demandada de la cantidad que le correspondía; lo cual no solo no se ha probado que así fuera, sino que es la propia parte actora quien sostiene que las sumas que se iban recibiendo las mantenía en su poder para ir sufragando gastos ocasionados de la enfermedad de la hija, gastos que, como ya ha quedado expuesto, no acredita haber satisfecho, y b) No se entiende como, si el actor tenía urgencia de recursos económicos para atender los gastos de enfermedad de su hija, con fecha 28 de Julio de 1987, es decir, faltando aún seis años para que se produjera el lamentable fallecimiento de la hija (año 1993), período de tiempo en que tales gastos continuarían produciéndose cuando no incrementándose, adquiera en propiedad una vivienda.

CUARTO.- En consecuencia, del la valoración de la prueba practicada y de la aplicación del juego de las presunciones regulado en el art. 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presunciones que en el presente caso son de correcta aplicación pues los hechos objeto de discusión, que, se repite una vez más, no lo constituye la venta del local de negocio, sino la aplicación del importe obtenido a la satisfacción de las cargas del matrimonio, no aparecen probados mediante ningún otro medio, procede la estimación del recurso formulado y, revocando la resolución recurrida, acordar que el importe de la venta del local de negocio efectuada con fecha 10 de Febrero de 1985 debe ser incluido en el inventario de bienes del matrimonio.

QUINTO.- De conformidad con el art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer expresa condena de las costas causadas en esta alzada.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación. Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.


III - PARTE DISPOSITIVA


 
FALLAMOS: Que con estimación del recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Elche, de fecha 31 de Diciembre 2002, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos revocar y revocamos dicha resolución, acordando que el importe de la venta del local de negocio efectuada con fecha 10 de Febrero de 1985 debe ser incluido en el inventario de bienes del matrimonio, permaneciendo igual el pronunciamiento en cuanto a las costas de instancia y sin que proceda hacer expresa condena de las costas causadas en esta alzada. Notifíquese esta sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación. Contra la presente resolución cabe, en su caso, recurso en los supuestos y términos previstos en los Capítulos IV y V del Libro II y Disposición Final 16.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1-2.000. Así, por esta nuestra sentencia definitiva, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Iltmo. Sr. Ponente, estando la Sala reunida en audiencia pública. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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