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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. de 22 de diciembre de 2003


 RESUMEN:

Separación matrimonial. Determinación del carácter privado de dos inmuebles adquiridos por el esposo antes del matrimonio; aplicación de la legislación vigente al tiempo de la adquisición.

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El problema litigioso se circunscribe a la determinación del carácter ganancial, o privativo del marido, de dos bienes inmuebles, a cuyo extremo quedó reducido el litigio suscitado entre Dn. José Augusto y Dña. Consuelo en relación con la liquidación de la sociedad de gananciales como consecuencia de su extinción producida por haberse decretado judicialmente la separación matrimonial por Sentencia de 6 de octubre de 1986 del Juzgado de 1ª Instancia nº 25 de Madrid confirmada por la de la Audiencia Provincial de 10 de enero de 1990.

Los inmuebles litigiosos son dos pisos adquiridos por el Sr. José Augusto a través de cooperativas de viviendas, uno sito en Jaca y otro en Madrid, los cuales se reconoce que le pertenecen con carácter privativo por las Sentencias del Juzgado de 1ª Instancia nº 25 de Madrid de 20 de septiembre de 1996, autos de juicio de menor cuantía 1229 de 1994, y de la sección 22ª de la Audiencia Provincial de la misma Capital de 25 de noviembre de 1997, recaída en el Rollo 1.810 de 1996, que desestima el recurso de apelación formulada contra la resolución del Juzgado.

La decisión adoptada por los Tribunales de instancia se fundamenta en los siguientes extremos: 1. El matrimonio se celebró el 5 de junio de 1982 y por lo tanto en esta fecha se constituyó el régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales. 2. Los dos inmuebles fueron adquiridos antes del matrimonio por el esposo, al cual le fueron adjudicadas las viviendas por las respectivas Cooperativas el 22 de mayo de 1979 (el piso de Jaca) y el 16 de febrero de 1981 (el de Madrid). Y, 3. La normativa civil aplicable es, conforme a la doctrina jurisprudencial, la vigente al tiempo de la adquisición, por lo que, en el caso, dadas las fechas anteriores, es la del Código Civil anterior a la redacción introducida en la materia por la Ley de 13 de mayo de 1981, con arreglo a la que tienen carácter privativo los bienes que cada uno de los cónyuges aportare al matrimonio. Por ello se reconocen del esposo demandante los dos inmuebles litigiosos.

Contra la Sentencia de la Audiencia Provincial se interpuso por Dña. Consuelo recurso de casación articulado en tres motivos, todos al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC, que se examinan seguidamente.

Segundo.-En el primer motivo se alega violación del art. 48 del Reglamento de Cooperativas aprobado por Decreto del 16 de noviembre de 1978, nº 2.710/1978, en relación con los arts. 103, 105 y 106 del mismo.

El motivo se desestima por tres razones:

En primer lugar se invocan preceptos que no son idóneos para servir de soporte por sí solos a un recurso de casación, dado que tienen naturaleza reglamentaria y no constituyen normas que reconozcan con carácter autónomo derechos civiles, o relaciones o situaciones jurídicas de esta índole.

En segundo lugar, el enunciado del motivo no pasa de ser una excusa para combatir la apreciación probatoria efectuada por la resolución recurrida, la cual, con base en la documental obrante en las actuaciones, entendió que las adjudicaciones con carácter definitivo de las viviendas en litigio se efectuó por las Cooperativas al adjudicatario Sr. José Augusto en fechas 22-5-1979 y 16-2-1981. Tal apreciación sólo cabía desvirtuarla en casación mediante la denuncia de error en la valoración probatoria con expresa mención de la disposición legal que contenga una regla de tal índole y el sentido en que se considere conculcada, y en el caso no se cita ningún precepto idóneo al efecto, cuyo carácter por lo demás no tienen los que se indican en el enunciado del motivo.

Finalmente, en el motivo se tergiversa el sentido de la cuestión planteada en apelación. La resolución recurrida alude a la Ley de Cooperativas 52/1974, de 19 de diciembre, y más concretamente al Reglamento 2.710/1978, de 16 de noviembre, (arts. 105 y 106), -a mayor abundamiento argumentativo- para rechazar la alegación de la parte recurrente de que la transmisión de la propiedad de las viviendas a los cooperativistas no tiene lugar hasta que se produce la liquidación de la Cooperativa y extinción de su personalidad jurídica. Nada tiene que ver este planteamiento, por lo demás acertadamente rechazado en la resolución recurrida, con la versión dialéctica que se suscita en el recurso de casación, en el que se discurre acerca de que el pago de una cantidad de dinero y la adquisición de la condición de socio no supone que se haya adquirido en propiedad los pisos, para lo cual es preciso el acuerdo de la Asamblea General de la Cooperativa, con cuya argumentación, además de traer a colación una cuestión nueva en cuanto no fue la suscitada en apelación, se incide en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión, toda vez que la apreciación de la adjudicación definitiva de las viviendas la deduce el juzgador de instancia de la documental obrante en autos, y ésta no ha sido desvirtuada, ni siquiera intentada desvirtuar en la forma adecuada, anteriormente expuesta.

Tercero.-En los motivos segundo y tercero se acusa infracción de los arts. 1347 y concordantes, 1361, 1407 y 1397 y concordantes, todos ellos del Código Civil.

Los dos motivos se desestiman porque incurren en petición de principio o supuesto de la cuestión, ya que parten de la base de que, al no constar haberse producido la adjudicación con anterioridad al matrimonio, los bienes tienen carácter ganancial por haberse adquirido durante el mismo, apreciación que resulta contraria a la establecida en la sentencia de instancia en la que de forma meridiana se sienta probado, por la documental obrante en los autos, la fecha de aquellas adjudicaciones, anteriores tanto al matrimonio como a la Reforma del Código Civil por la Ley de 13- 5-1981, y tal apreciación fáctica resulta incólume en casación y vinculante para este Tribunal.

Cuarto.-La desestimación de los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de casación interpuesto y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas en el mismo y a la pérdida del depósito, de conformidad con lo establecido en el art. 1715.3 LEC.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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