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Auto T.S. (Sala 1) de 4 de octubre de 2005


 RESUMEN:

Adopción: Recurso extraordinario por infracción procesal contra Sentencia dictada en incidente de oposición promovido en procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre adopción. Sentencia no recurrible: Inadmisión.

En la Villa de Madrid, a cuatro de Octubre de dos mil cinco.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
1.- La Procuradora D.ª Nuria Tor Platino, en nombre y representación de D. Juan María, presentó, con fecha 26 de junio de 2001, escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal, contra la Sentencia dictada, con fecha 19 de febrero de 2001, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18.ª), en el rollo de apelación 911/2000, dimanante de los autos 255/1999, del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Mataró. 2.- Mediante Providencia de 24 de junio siguiente la Audiencia tuvo por interpuesto el recurso y acordó elevar las actuaciones a este Tribunal Supremo, apareciendo notificada dicha resolución a las partes litigantes y al Ministerio Fiscal con fecha 31 de julio y 3 de septiembre siguientes.

3.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente rollo, no han comparecido ante esta Sala las partes litigantes; el Ministerio Fiscal ha presentado escrito oponiéndose a la admisión del recurso.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Clemente Auger Liñán


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
1.- Esta Sala ha reiterado, en lo que concierne al régimen provisional de acceso al recurso extraordinario por infracción procesal establecido en la Disposición final decimosexta de la LEC, que mientras se mantenga este régimen provisional serán recurribles, por infracción procesal, exclusivamente las resoluciones susceptibles de acceso a la casación, conclusión a la que lleva el apartado 1 de la Disposición final decimosexta, y que únicamente cabe recurso extraordinario por infracción procesal, sin formular recurso de casación, frente a las sentencias dictadas en juicio ordinario instado para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales (art. 477.2, 1.º, en relación con el 249.1, 2.º LEC), y frente a las recaídas en juicio ordinario, seguido por razón de la cuantía, cuya cuantía exceda de veinticinco millones de pesetas, 150.000 euros, conforme Real Decreto 1417/2001, de 17 de diciembre (art. 477.2, 2.º, en relación con el 249.2 LEC) (D. final 16.ª1 regla 2.ª, LEC), doctrina contenida en numerosos Autos resolutorios de recursos de queja de 19 y 26 de octubre, 2 y 10 de noviembre y 21 de diciembre de 2004 y 8 de febrero de 2005, en recursos 767/2004, 844/2004, 933/2004, 905/2004, 77/2004 y 34/2005, y Autos de inadmisión de 25 de mayo, 8 y 6 de junio y 6 de julio de 2004, en recursos 1220/2001, 1433/2001, 2250/2001 y 2341/2001, entre otros).

Así pues, el examen de admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto exige precisar, inicialmente, si la Sentencia dictada por la Audiencia es recurrible en casación.

2.- A tal efecto, el primer asunto a analizar es si nos hallamos ante una sentencia dictada en segunda instancia (art. 477.2 LEC 1/2000); y la respuesta debe ser negativa. Según se advierte del examen de las actuaciones, promovido expediente de jurisdicción voluntaria de una menor bajo la vigencia de la LEC de 1881, el padre biológico citado para ser oído manifestó no prestar su asentimiento a la adopción, acordándose, a solicitud del promotor del expediente de adopción, su continuación por los trámites del juicio verbal, según dispone el art. 1827 de la LEC de 1881, dictándose Sentencia en primera instancia en la que se acuerda la adopción de la menor declarando incurso en causa de privación de la patria potestad al padre biológico, que, apelada por éste, fue confirmada por la que hoy se recurre. De manera que, sin perjuicio de que dicha Sentencia concluye definitivamente el expediente de adopción -cuya forma ordinaria de terminación es mediante auto (art. 1826, párrafo último), lo cierto es que se dicta en un incidente promovido en el seno del procedimiento de jurisdicción voluntaria, el dirigido a determinar la necesidad de asentimiento del padre biológico, cuya naturaleza incidental se deriva de la propia dicción del art. 1827 de la LEC de 1881, en el que se dice que "interrumpirá el expediente".

A este respecto se ha reiterado por este Tribunal que la propia LEC 2000 distingue entre "apelación" y "segunda instancia", configurando esta última como aquélla en la que se conoce de los procedimientos que han puesto fin a la primera instancia tras su tramitación ordinaria, lo que no ocurre en el presente caso, dado que aquélla no tiene el carácter de Sentencia de segunda instancia, por haber recaído en un incidente planteado en el curso de la tramitación de un expediente de adopción, siendo evidente la subordinación a éste del procedimiento donde recayó la Sentencia que se pretende recurrir en casación, que, incluso, desde un aspecto funcional, se manifiesta en la propia competencia para su conocimiento del mismo Juez que conoce de la adopción; y, así, esta Sala, en relación con el incidente previsto en el art. 781 de la LEC 1/2000, que también efectúa remisión a los trámites del juicio verbal, ha declarado la imposibilidad de acceso a la casación al no tener la resolución que lo concluye el carácter de Sentencia dictada en segunda instancia (Autos de fecha 30 de diciembre de 2003, en recurso 997/2002, de 28 de diciembre de 2004, en recurso 1128/2004 y de 1 de febrero de 2005, en recurso 601/2004).

Este criterio, y la decisión que ahora se adopta, resulta acorde con la más moderna orientación de la doctrina de esta Sala, aplicada en numerosos Autos resolutorios de recursos de queja (cf. AATS de 9 de abril de 2002, en recurso 2212/2001, formulado en autos de mayor cuantía sobre determinación de daños y perjuicios en el incidente de oposición a la declaración de quiebra, de 28 de enero de 2003 y 15 de julio de 2003, en recursos 1099/2002 y 678/2003, planteados en pieza de calificación de la quiebra, de 11 de febrero de 2003, en recurso 14/2003, en incidente de oposición a la declaración de quiebra, de 16 de septiembre de 2003, en recurso 918/2003, en incidente suscitado en la pieza de retroacción de la quiebra, de 4 de febrero de 2003, 15 de julio de 2003 y 23 de septiembre de 2003, en recursos 1447/2002, 428/2003 y 970/2003, suscitados en incidente de impugnación de tasación de costas, de 8 de junio y 6 de julio de 2004, en recursos 476/2004 y 593/2004, de anulación contra laudo arbitral, de 6 de julio de 2004, en recurso 576/2004, formulados en incidente de modificación de medidas de separación y divorcio, de 8 de junio y 5 de octubre de 2004, en recursos 345/2004 y 766/2004, en autos sobre tercería de dominio, de fechas 13 y 20 de julio y 14 de septiembre de 2004, en recursos 627/2004, 682/2004 y 586/2004, en autos de menor cuantía sobre impugnación de cuaderno particional elaborado por Contador dirimente en una liquidación de sociedad de gananciales promovida en un procedimiento de divorcio, de 8 de julio de 2003 y 30 de septiembre de 2003, en recursos 466/2003 y 708/2003, en incidente sobre inadmisión o exclusión de bienes en liquidación de sociedad de gananciales, de 6 de julio de 2004, en recurso 396/2004, y de 27 de julio y 13 de octubre de 2004, en recursos 518/2004 y 853/2004, en incidente sobre inadmisión o exclusión de bienes en el inventario, en división judicial de herencia, entre otros muchos).

Así pues, no siendo recurrible en casación la Sentencia, no cabe contra ella recurso extraordinario por infracción procesal, por cuanto su improcedente preparación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por concurrir la causa de inadmisión prevista en el art. 473. 2, 1.ª en relación con la Disposición Final 16.ª, apartado 1 de la LEC 2000.

3.- A mayor abundamiento, en todo caso el recurso extraordinario por infracción procesal resulta improcedente ya que, incluso prescindiendo del carácter incidental de la Sentencia impugnada, no nos hallamos frente a una Sentencia dictada en un juicio seguido por razón de la cuantía en el que ésta alcance el límite exigido en el ordinal 2.º del art. 477.2 de la LEC 1/2000, ni tampoco ante una Sentencia dictada para la tutela jurisdiccional civil de los derechos fundamentales de la persona, excepto los reconocidos en el art. 24 de la Constitución, únicos supuestos en los que, con arreglo a la doctrina expuesta, cabe dicho recurso sin formular conjuntamente recurso de casación; de manera que, en cualquier caso, resulta apreciable la causa prevista en el art. 473.2,1.º en relación con la Disposición final decimosexta, apartado 1, regla 2.ª de la LEC.

4.- En consecuencia debe declararse la firmeza de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial, de conformidad con lo previsto en el art. 473.2, párrafo tercero, en cuyo siguiente apartado 3 se deja sentado que contra este Auto no cabe recurso alguno, todo ello sin necesidad de otorgar el trámite previsto en el párrafo segundo del apartado 2 del citado art. 473 toda vez que los litigantes no se encuentran personados ante esta Sala, siendo es criterio de este Tribunal, aplicado en numerosos Autos de inadmisión, la improcedencia de dicho trámite cuando la parte recurrente no se ha personado en esta sede, única con efectivo interés para entender con ella dicha audiencia (AATS de 27 de abril, 4 y 11 de mayo y 8 de junio de 2004, en recursos 1246/2001, 1640/2001, 1987/2001 y 2267/2001).

5.- No habiendo comparecido ante esta Sala las partes litigantes procede que se les notifique esta resolución por la Sección 18.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo de apelación.


LA SALA ACUERDA


 
1.º) NO ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuesto por la Procuradora D.ª Nuria Tor Platino, en nombre y representación de D. Juan María, contra la Sentencia dictada, con fecha 19 de febrero de 2001, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18.ª), en el rollo de apelación 911/2000, dimanante de los autos 255/1999, del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Mataró.

2.º) DECLARAR FIRME dicha sentencia.

3.º) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, que la notificará a las partes litigantes en el rollo de apelación.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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