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Sentencia A.P. Jaén 244/2004, de 29 de octubre


 RESUMEN:

Protección de menores: Desamparo de una menor, con el mantenimiento del acogimiento residencial, ya que se trata de una familia desestructurada que no se encuentra en condiciones de asumir los deberes inherentes a la guarda y custodia de la menor.

 

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. Pío Aguirre Zamorano

MAGISTRADOS.

D.ª María Esperanza Pérez Espino.

D.ª María Jesús Jurado Cabrera.

En la ciudad de Jaén, a veintinueve de Octubre de dos mil cuatro

Vistos en grado de apelación, por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial los autos de Oposición a Resolución Administrativa de Protección de Menores seguidos en primera instancia con el n.º 166 del año 2004, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 (antiguo Mixto n.º 8) de Jaén, rollo de apelación de esta Audiencia n.º 301 del año 2004, a instancia de D. Rafael, representado en la instancia por el Procurador Sra. Romero Martín y defendido por el Letrado Sra. Benito de Balas, contra Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, y defendido por el Letrado de la Junta de Andalucía y contra el Ministerio Fiscal.

ACEPTANDO los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 (antiguo Mixto N.º 8) de Jaén, con fecha 30 de Junio de 2004.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por dicho Juzgado y en la fecha indicada, se dictó sentencia que contiene el siguiente FALLO: "Ratificar la resolución de fecha 21 de enero de 2004 dictada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Jaén, en el Procedimiento sobre desamparo n.º 93/2003 incoado respecto a la menor María Inmaculada, manteniendo por tanto todas las consecuencias de esta como el acogimiento residencial.".

Segundo.-Contra dicha sentencia se preparó e interpuso por la parte actora, en tiempo y forma, recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 (antiguo Mixto n.º 8) de Jaén, presentando para ello escrito de alegaciones en el que basa su recurso en la indefensión sufrida en el expediente y error en la valoración de la prueba, solicitando la revocación de la sentencia recurrida y se dicte otra conforme a sus pretensiones..

Tercero.-Dado traslado a las demás partes del escrito de apelación, se presentó escrito impugnándolo por la parte demandada, solicitando la confirmación de la sentencia por sus propios fundamentos, remitiéndose por el Juzgado las actuaciones a esta Audiencia, en la que se formó el rollo correspondiente, quedando las actuaciones sobre la mesa para dictar la resolución oportuna.

Cuarto.-En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.

Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada D.ª María Jesús Jurado Cabrera.

Aceptando los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Muestra el apelante, su disconformidad con la resolución judicial dictada, en cuanto desestima la oposición por él formulada a la declaración de desamparo, toda vez, que según entiende no es ajustada a derecho, insistiendo en esta alzada sobre la alegación de indefensión por no haber tenido acceso al expediente administrativo y alegando como motivo de impugnación el error en la apreciación de la prueba por entender que no concurren circunstancias que puedan justificar dichas medidas.

Por su parte el Ministerio Fiscal y el Letrado de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, solicitan la confirmación de la resolución recurrida por sus propios fundamentos, poniendo de relieve la total legalidad con que se tramitó el expediente, así como la grave situación en la que se encontraba la menor, falta de toda asistencia moral, situación no esporádica como se infiere de las pruebas aportadas.

Respecto a la alegada indefensión ha de ser rechazada, en cuanto el Sr. Rafael no resultó en modo alguno indefenso en el procedimiento de declaración de desamparo de su nieta, al constar que se le notificó la iniciación de oficio de dicho procedimiento y la posibilidad de formular alegaciones como interesados y así se desprende de la documental aportada, debiendo de tenerse en cuenta que la nulidad de los actos procesales sólo cabe declararla cuando el vicio sea generador de efectiva indefensión para las partes, artículos 238 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en este caso ninguna merma de ese derecho de defensa se observa.

Ciertamente, más allá de la cita de la resolución administrativa que se impugna, lo que persigue el apelante es que se declara que no existe situación de desamparo de la menor y que la misma pese a vivir nuevamente con sus abuelos, con apoyo en las alegaciones que efectúan en su escrito de interposición del recurso.

El problema que se plantea encierra una complejidad fáctica muy notable y comporta un drama humano evidente que alcanza sin duda, en este caso, a los abuelos, pero cuyos principales protagonistas y afectados son los niños.

La decisión que se tome ha de tener como principal referente el interés de éstos, como sucede, en definitiva, con cualquier medida que por la Administración o los Tribunales de Justicia se adopte respecto de menores.

La solución no puede pasar por afirmaciones absolutas o categóricas del signo que sean, respecto a cual es su interés, y por tanto se trata de ponderar la totalidad de circunstancias concurrentes y bajo criterios razonables y de futuro, adoptar la decisión que más les favorezca y les permita desarrollar íntegramente su vida y personalidad, dándoles la seguridad y estabilidad de que carecía, teniendo en cuenta además, que lo que aquí se cuestiona es estrictamente el desamparo, lo que implica que no deben resolverse sobre otras cuestiones enlazadas con él pero que son objeto de otro litigio.

Pues bien, en cuanto al error en la apreciación de la prueba invocado, debe ser igualmente desestimado tras haberse efectuado por este Tribunal la función revisoria propia de esta instancia, pues la sentencia lleva a cabo una correcta valoración de la prueba practicada en las presentes actuaciones, fundamentalmente la documental aportada, de lo que se deduce que hay suficientes datos que avalan la resolución de desamparo dictada, al amparo de lo determinado en el artículo 172 del Código Civil, según lo cual, "la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, cuando constata que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas necesarias de protección para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores.

Al respecto, es preciso reseñar, que en aplicación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del menor de 15 de Enero de 1996, que a su vez se inspira en diversos tratados y convenios Internacionales como la "Convención de los derechos de niño" de 20 de Noviembre de 1989, y la "Carta Europea de los derechos del niño", aprobada por el Parlamento Europeo, el interés superior a tener en cuenta es el de los menores, sobre cualquier otro que se considere legítimo, o como dice la Exposición de Motivos de dicha Ley las necesidades de los menores es el eje de sus derechos y protección. El artículo 172 del Código Civil considera como situación de desamparo "la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.".

Pues bien, la Sala, valorando en su conjunto la abundante prueba practicada esencialmente la documental, informes de distintos trabajadores sociales, además de la testifical, ratifica la acertada valoración probatoria del juzgador de instancia en lo cual no se observa ninguna conclusión ilógica o absurda, en cuanto en efecto, el ambiente familiar en el que la menor vivía con sus abuelos no era para ella la situación más favorable, lo que suponía un riesgo para dicha menor, concurriendo una situación de desamparo de la misma, y ello teniendo en cuenta de modo especial el preferente interés de la misma proclamado en el artículo 172 citado y el principio de prioridad de la propia familia natural, a pesar del cual se llega a la conclusión de que los abuelos, con malas relaciones entre ellos, la enfermedad mental que padece la abuela, tratarse de una familia desestructurada, no se hallan, a pesar del gran cariño que les profesan a su nieta, en condiciones de asumir los deberes inherentes a la guarda y custodia de la menor, de un modo adecuado, pues ciertamente resulta acreditado en las actuaciones para aquella la privación de la necesaria asistencia moral y material.

Efectivamente, como es conocido, la situación de desamparo se define por el artículo 172 del Código Civil, ya citado, como aquella situación de hecho que se produce a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecido por las leyes para la guarda de menores cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material o se advierta peligro, físico o psíquico, para el menor; por tanto dicha situación de desamparo no resulta de la ausencia de progenitores, sino que se anuda a la falta de la necesaria asistencia moral y material de los menores, lo cual resulta acreditado en el caso que nos ocupa, pues la menor carecía de la asistencia o protección moral y material necesarias.

Por todo ello, la resolución impugnada fue adoptada en beneficio de la menor y respondiendo a una real, aunque no querida, situación de desamparo y de imposibilidad de atención en su propia familia, a pesar de la buena voluntad de sus abuelos.

Por lo expuesto y por los propios fundamentos de la resolución recurrida que aquí se dan por reproducidos, produce su íntegra confirmación, con desestimación del recurso de apelación interpuesto.

Segundo.-Dado el sentir de esta sentencia, por imperativo del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, atendiendo a la naturaleza de la cuestión debatida, no se hace expresa mención de las costas del recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 (antiguo Mixto n.º 8) de Jaén, con fecha 30 de Junio de 2004, en autos de Juicio de Oposición a Resolución Administrativa de Protección de Menores, seguidos en dicho Juzgado con el n.º 166 del año 2004, debemos de confirmarla y la confirmamos íntegramente, sin expreso pronunciamiento en las costas procesales de este recurso.

Comuníquese esta sentencia por medio de certificación al Juzgado de Primera Instancia n.º 2 (antiguo Mixto n.º 8) de Jaén, con devolución de los autos originales para que lleve a cabo lo resuelto.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó, estándose celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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