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Sentencia A.P. Barcelona 224/2005, de 26 de abril


 RESUMEN:

Protección de menores: Incompetencia del Juzgado para conocer del seguimiento de la situación de la tutela del menor. Anulación de la medida de control y seguimiento por parte de la Generalitat a la madre.

DE

BARCELONA

SECCION Decimoctava

ROLLO N.º 822/2004

OPOSICIÓN MEDIDAS EN PROTECCIÓN DE MENORES (ART.780 NÚM. 924/2002

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 15 BARCELONA

SENTENCIA N ú m.224/05

Ilmos. Sres.

D. ENRIQUE ANGLADA FORS

D.ª ANA M.ª GARCIA ESQUIUS

D.ª MARGARITA NOBLEJAS NEGRILLO

En la ciudad de Barcelona, a veintiseis de abril de dos mil cinco.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoctava de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Oposición medidas en protección de menores (art.780, número 924/2002 seguidos por el Juzgado Primera Instancia 15 Barcelona, a instancia de Cornelio, D.ª Lorenza, contra DGAIA (DIRECCIÓ GENERAL d'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA); los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia dictada en los mismos el día 30 de marzo de 2005, por el/la Juez del expresado Juzgado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debiendo desestimar como desestimo la demanda interpuesta por D. Cornelio representado por el Procurador Sra. Carreras y D.ª Lorenza representada por el Procurador Sr. Preckler debo mantener la declaración de desamparo respecto a los hijos de los litigantes apreciada por resolución de fecha 18 de septiembre de dos mil dos, acordando la intervención del SATAV en los términos expuesto en los fundamentos de la presente resolución, debiendo remitir cada tres meses a este Juzgado un informe sobre la situación y evolución de los menores. Todo ello sin hacer imposición de las costas causadas.".

Segundo.-Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

Tercero.-Se señaló para votación y fallo el día 30 de marzo de 2005.

Cuarto.-En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales salvo el plazo para dictar sentencia.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/D.ª MARGARITA NOBLEJAS NEGRILLO.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se alzan los recurrentes contra la resolución impugnada en cuanto,no obstante desestimar la oposición a la resolución de desamparo de 18-9-2002, acuerda la intervención del SATAV a fin de que valoren la evolución y situación de la madre y los menores, que actualmente están en acogimiento simple con los abuelos maternos, debiendo remitir cada tres meses al juzgado un informe sobre la situación y evolución de los mismos. Alega como fundamento de su recurso la DGAIA, muy fundamentalmente, que tal pronunciamiento es totalmente ajeno a la función revisora que le otorga la juzgado la Llei 37/1991 de protección de los menores en sus art, 2.6 y 8, así como el 780 LEC; que tales funciones de control y seguimiento son inherentes a la función pública de protección y tutela de los menores y que están asignadas a la Generalitat, lo que implica que la DGAIA no podrá dejar de hacerlas y se producirá una intervención duplicada, sistemática e innecesaria sobre los menores y las familias; finalmente, alegaba incoherencia por ser incompatibles los acuerdos a que llega la sentencia.

Segundo.-Sentadas así las bases del recurso, hemos de señalar que, como ya indicó esta misma Sala en su sentencia de 7-1-2004, " la medida más adecuada para la protección del menor corresponde adoptarla en todo caso a la entidad pública, tal y como se desprende del art. 1 de la Ley 37/91, pudiendo impugnarla ante la autoridad judicial, --que en esta materia es sólo un órgano revisor (art.2.6) de la bondad o no de las medidas acordadas por la Administración-- las personas a que se refiere el art. 7 de dicha ley -padres, tutor, guardador o familiares que últimamente hayan convivido con el menor--, según dispone el art. 8, en concordancia con lo estatuido en los arts. 51,56 y 57 del Reglamento de protección de los menores desamparados y de la adopción. Tiene pues la intervención judicial una naturaleza puramente revisora de las resoluciones de la Administración, por lo que al imponer la sentencia recurrida la intervención del SATAV, aún reconociendo que la labor efectuada por aquélla fue correcta, el juzgado está interfiriendo en las funciones propias de la misma, funciones que son asignadas por la ley, lo cual implica un duplicidad de intervenciones que altera la letra y el sentido de la legislación de protección de menores que en modo alguno podemos amparar, por lo que debemos estimar el recurso que se examina.

Tercero.-Dada la resolución que se adopta, no procede hacer especial declaración sobre el pago de las costas causadas en esta alzada.


FALLAMOS


 
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la DGAIA, contra la sentencia de fecha 16-3-2004, dictada por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 15 de los de Barcelona, debemos declarar y declaramos la incompetencia del Juzgado para conocer del seguimiento de la situación de tutela a través de la intervención del SATAV una vez que ha sido ratificada la resolución administrativa impugnada, anulando, en su consecuencia la medida de control y seguimiento establecida en dicha resolución, confirmando los demás extremos de la misma, ello sin que proceda declaración de condena al pago de las costas causadas en esta alzada.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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