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ORDEN 3/2013, DE 22 DE MARZO, DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO, POR LA QUE SE CONVOCA UN PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADO AL FOMENTO DEL EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL, ENMARCADO EN EL PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS (DOCV DEL 28)


 
El Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas parte del convencimiento de que la grave situación de desempleo que sufre actualmente la Comunitat Valenciana exige coordinar e intensificar la efectividad de las medidas que están siendo impulsadas para revertir esta situación. Para ello, resulta imprescindible establecer mecanismos de colaboración tendentes a conseguir la racionalización y optimización de los recursos que las distintas administraciones públicas destinan en la lucha contra el desempleo.

El Plan de Empleo Conjunto, en el que participan la Generalitat, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, se estructura en torno a dos líneas de actuación: en primer lugar, el desarrollo de programas mixtos de empleo y formación que, promovidos por las corporaciones locales, tengan como finalidad incrementar la empleabilidad de sus participantes mediante la realización de programas formativos en alternancia con la realización de obras o servicios de interés general y social; y en segundo lugar, el establecimiento de un programa de incentivos destinados al fomento de la contratación de los desempleados por parte de las empresas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

La participación de la Generalitat en la segunda de las referidas líneas de actuación ha sido articulada en este ejercicio a través de esta convocatoria de ayudas de fomento de la contratación, que cuenta con una dotación presupuestaria equivalente al importe anual al que se comprometió para ejecutar esta actuación. En ese sentido, la previsión es que cada uno de los tres niveles administrativos involucrados (autonómico, provincial y local) aporte un tercio del coste global de este programa de incentivos a las empresas.

De conformidad con lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Ordeno:


Artículo 1. Objeto y ámbito.—Esta orden tiene como objeto promover la contratación de desempleados por parte de las empresas mediante la articulación de un programa de ayudas enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto con las entidades locales de la Comunitat Valenciana.


Artículo 2. Destinatarios finales.—Los destinatarios finales de las ayudas serán las empresas o entidades que contraten a desempleados para la prestación de servicios en centros de trabajo radicados en la Comunitat Valenciana que podrán acceder a las subvenciones a través de las convocatorias que publiquen los ayuntamientos y demás entidades locales participantes en el Plan.


Artículo 3. Entidades colaboradoras.—1. Podrán adquirir la condición de entidades colaboradoras en la gestión de este programa las diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana.

2. La colaboración de las diputaciones provinciales se instrumentará mediante sendos convenios, en los que se detallarán las condiciones, derechos y obligaciones que asume cada parte.

3. No podrán obtener la condición de entidad colaboradora las entidades en las que concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.


Artículo 4. Distribución y destino de los fondos.—1. La concesión de este programa se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.

2. En atención a su naturaleza y finalidad, la dotación presupuestaria de este programa se prorrateará entre las entidades colaboradoras de manera proporcional al número de desempleados que en el mes de enero de 2013 hayan figurado inscritos como demandantes de empleo en su ámbito territorial, para su posterior distribución bajo idéntico criterio entre las entidades locales infraprovinciales que participen en el Plan de Empleo Conjunto.


Artículo 5. Obligaciones de las entidades colaboradoras.—Además de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General de Subvenciones, son obligaciones de las entidades colaboradoras para la gestión de este programa:

a) Convocar en el ejercicio 2013 un programa de ayudas de fomento del empleo dirigido a las entidades locales o agrupaciones de estas pertenecientes a su ámbito territorial que, a su vez, instrumenten programas de incentivos dirigidos a apoyar la contratación de desempleados por las empresas.

b) Aportar para dicha convocatoria un importe equivalente al que le hubiera asignado la Generalitat, para su posterior distribución de forma acumulada entre las entidades locales de su ámbito territorial a que hace referencia la letra anterior.

c) Distribuir la dotación de la convocatoria entre las entidades locales solicitantes en función del número de desempleados.

d) Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con la gestión del programa, le sean requeridos por el SERVEF, así como comunicarle las incidencias que puedan producirse.

e) Dar publicidad en sus convocatorias y exigir a las entidades locales beneficiarias de las mismas que informen acerca de la cofinanciación del programa por la Generalitat.


Artículo 6. Condiciones de las convocatorias.—La convocatoria prevista en el artículo anterior deberá incorporar las siguientes condiciones:

1. Las entidades locales infraprovinciales beneficiarias de las convocatorias de las diputaciones deberán realizar una aportación de fondos equivalente a un tercio del coste de la acción subvencionable, de manera que la ayuda final que concedan a las empresas y demás entidades empleadoras por la contratación de los desempleados resulte cofinanciada a partes iguales por la Generalitat, la diputación provincial y la entidad local infraprovincial.

2. Se incentivará a las empresas y entidades que contraten desempleados que en la fecha de su contratación consten inscritos de forma ininterrumpida como demandantes de empleo en los centros Servef de Empleo de la Generalitat desde, al menos, el 1 de marzo de 2013.

3. Con independencia de su modalidad contractual y de que puedan tener una mayor duración o jornada, resultarán subvencionables con una ayuda de 1.125 euros las contrataciones por un periodo de al menos tres meses con una jornada de al menos 25 horas semanales.

4. Sólo resultarán subvencionables las contrataciones que tengan lugar en 2013 en una fecha posterior a la de la convocatoria que efectúe la entidad local infraprovincial.

5. Se excluirán de la subvención los siguientes supuestos:

a) Contrataciones realizadas por administraciones públicas, empresas públicas o fundaciones públicas.

b) Contrataciones realizadas por empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición del trabajador en empresas usuarias en las que prestarán sus servicios.

c) Contrataciones realizadas por empresas que, debido a la comisión de infracciones muy graves, hubieran sido excluidas como beneficiarias de programas de empleo.

d) Contrataciones realizadas por empresas sancionadas en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.

e) Contrataciones realizadas por empresas que en el año 2013 hubieran realizado extinciones de contratos en virtud de despido colectivo; o que hubieran realizado extinciones de contratos por causas disciplinarias u objetivas declaradas improcedentes en 2013 mediante sentencia judicial firme o laudo arbitral.

f) Relaciones laborales de carácter especial del artículo 2.1 del Estatuto de los Trabajadores.

g) Contrataciones en que el empleador o los cargos directivos o miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad o de las entidades privadas sin ánimo de lucro mantengan con el trabajador contratado una relación de cónyuge, pareja de hecho, ascendiente o descendiente hasta el primer grado.

6. Las convocatorias se sujetarán al régimen de minimis, regulado en el Reglamento 1998/2006, de 15 de diciembre de 2006, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (DOUE de 28 de diciembre). Por este motivo, no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:

a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (CE) núm. 104/2000.

b) Producción primaria de los productos agrícolas recogidos en el anexo I del Tratado.

c) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros cuando la ayuda esté vinculada a la creación y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad de exportación.

d) Carbón, según se define en el Reglamento (CE) núm. 1407/2002.

e) Quedan excluidas, asimismo, las empresas en crisis.

La aplicación de este régimen supondrá que la ayuda total de minimis concedida a cualquier empresa no pueda superar los 200.000 euros durante cualquier periodo del ejercicio fiscal corriente y los dos ejercicios fiscales anteriores; si la empresa opera en el sector del transporte por carretera, el importe máximo se reducirá a 100.000 euros.

Por tal motivo, las entidades locales deberán:

a) Comunicar por escrito a las empresas y demás entidades empleadoras el importe de la ayuda concedida y su carácter de minimis, haciendo referencia expresa al citado Reglamento 1998/2006 y a su fecha de publicación en el DOUE.

b) Recabar de las empresas y demás entidades empleadoras una declaración responsable sobre otras ayudas de minimis de las que hubieran resultado beneficiarias en los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

7. Las ayudas que reciban las empresas y demás entidades empleadoras serán incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma acción subvencionable, con la salvedad de la bonificación de cuotas a la Seguridad Social. Por tal motivo, las entidades locales deberán recabar de las empresas y demás entidades empleadoras una declaración responsable relativa al cumplimiento de esta condición.

8. Las entidades locales deberán comprobar el cumplimiento efectivo de las condiciones exigidas y en los casos de baja del trabajador contratado con anterioridad al vencimiento del periodo de tres meses o de reducción durante dicho periodo de la jornada por debajo de las 25 horas semanales, deberán instar el correspondiente reintegro de la ayuda concedida.


Artículo 7. Solicitud y documentación general.—1. Dirigidas al SERVEF, las diputaciones provinciales presentarán su solicitud en impreso normalizado ante la Dirección General de Empleo e Inserción Laboral, sin perjuicio de su presentación según lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluida, en su caso, la tramitación telemática.

2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de que no incurre en las prohibiciones para obtener la condición de entidad colaboradora establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003.

b) Datos de domiciliación bancaria, según modelo normalizado.

c) Certificación del secretario relativa a que ha sido aprobada por órgano competente la participación de la diputación provincial en este programa.

d) Certificación del interventor donde conste que la diputación provincial dispone de asignación presupuestaria para la cofinanciación de este programa en los términos establecidos en esta orden.

3. La presentación de la solicitud conllevará la autorización para que el SERVEF obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, podrá denegarse o revocarse este consentimiento efectuando comunicación escrita al SERVEF en tal sentido. En este supuesto, deberá presentarse certificados originales positivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la conselleria competente en materia de Hacienda y de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de concesión y pago de la ayuda.


Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes.—Las diputaciones provinciales interesadas en colaborar en este programa deberán presentar su solicitud en el plazo de 30 días a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Artículo 9. Tramitación y resolución.—1. La instrucción corresponderá a la Dirección General de Empleo e Inserción Laboral del SERVEF, que podrá recabar la aportación adicional de cuanta documentación pudiera precisar.

2. A los efectos de distribuir la dotación entre las entidades colaboradoras, se creará una comisión de valoración con la siguiente composición: presidenta, la jefa del Área de Fomento de Empleo o persona que designe para su sustitución; vocales, dos jefes de servicio adscritos al Área de Fomento de Empleo; y secretario, un jefe de sección adscrito al Área de Fomento de Empleo. En atención a los criterios y condiciones establecidos, la comisión de valoración emitirá un informe donde se concrete la evaluación de las solicitudes presentadas y la cuantificación del importe de la ayuda que corresponde a cada entidad.

3. A la vista de la propuesta que efectúe la comisión de valoración, el director general de Empleo e Inserción Laboral, por delegación del director general del SERVEF, efectuará la correspondiente propuesta para la tramitación de los convenios de colaboración con las entidades seleccionadas.

4. Se fija en tres meses el plazo previsto por el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a contar desde el día siguiente a la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del SERVEF. Transcurrido dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo.


Artículo 10. Resolución de incidencias.—Corresponderá a la Dirección General de Empleo e Inserción Laboral del SERVEF resolver las incidencias que puedan producirse, tales como prórroga de plazos, modificaciones justificadas o cualquier variación en las condiciones particulares.


Artículo 11. Régimen de anticipos y liquidación de la subvención.—1. Podrá librarse un anticipo en el porcentaje máximo establecido con carácter general en la letra a) del artículo 47bis.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana o el que, en su caso, fuera autorizado por el Consell.

2. La liquidación se efectuará tras la aportación y comprobación de la documentación justificativa de la totalidad del gasto correspondiente a la efectiva y correcta aplicación de los fondos transferidos, para lo que únicamente se tendrá en cuenta las contrataciones que hayan sido efectivamente subvencionadas minorando, en su caso, el importe de los reintegros que corresponda.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.5 de la Ley General de Subvenciones, los rendimientos financieros que generen los fondos librados no incrementarán el importe de la subvención.

4. En aplicación del artículo 11 de la Ley 3/2000, de 17 de abril, de Creación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, tanto la actividad subvencionada como el gasto que le sea inherente podrán extenderse durante el ejercicio siguiente a aquel en que se otorgue la ayuda, siempre que la actividad se hubiera iniciado en el año de concesión.


Artículo 12. Plazo y justificación de la subvención.—La entidad colaboradora deberá justificar en el primer trimestre de 2014 la entrega de los fondos percibidos ante la Dirección General de Empleo e Inserción Laboral mediante una cuenta justificativa que contendrá la siguiente documentación:

a) Memoria de las actuaciones realizadas, según modelo normalizado, que certificará el secretario y contendrá la relación de corporaciones locales participantes en el plan, trabajadores cuya contratación ha sido subvencionada, empresas beneficiarias, etc.

b) Memoria económica del coste de la actuación que certificará el interventor, acompañada, en su caso, del justificante del reintegro de los fondos no utilizados.


Artículo 13. Modificación y reintegro.—1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas podrán ser causa de modificación de los términos de la concesión.

2. Darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, de conformidad con los artículos 91, 92 y 93 de su Reglamento.

3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de la posible calificación de los hechos como infracción administrativa e incoación del procedimiento sancionador, de acuerdo con los artículos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones y el titulo IV de su Reglamento.


Artículo 14. Control.—1. El SERVEF ejercerá las funciones de control, evaluación y seguimiento del programa.

2. Los beneficiarios y entidades colaboradoras están obligados a someterse y colaborar con el control financiero que realice la Intervención General de conformidad con el título III de la Ley General de Subvenciones. A estos efectos deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable. Asimismo deberán conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.


DISPOSICIONES ADICIONALES



Disposición adicional primera. Financiación.—Esta convocatoria está financiada con fondos propios de la Generalitat con cargo al capítulo 4, código de línea T2941000, subprograma 322.51, «Fomento de empleo», por un importe de 5.000.000 euros.


Disposición adicional segunda. Compatibilidad con el mercado común.—1. En un primer nivel, las ayudas reguladas en esta orden son compatibles con el mercado común y no están sujetas a comunicación o notificación a la Comisión Europea al no resultar de aplicación lo previsto en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por estar destinadas a entidades públicas para la realización de actuaciones de fomento del empleo en su ámbito competencial.

2. Por lo que se refiere a los beneficiarios últimos de las ayudas (las empresas y demás entidades empleadoras) se ha establecido expresamente que el régimen de las ayudas que concedan las entidades locales debe sujetarse al Reglamento 1998/2006, de 15 de diciembre de 2006, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis.


Disposición adicional tercera. Concepto de empresa en crisis.—1. A los efectos de este programa, las pymes solo tendrán la consideración de empresa en crisis si concurre alguna de las siguientes condiciones:

a) En el caso de sociedades de responsabilidad limitada, cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se haya perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos 12 meses.

b) En el caso de sociedades en que al menos algunos de sus socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la empresa, cuando haya desaparecido más de la mitad de sus fondos propios y se haya perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos 12 meses.

c) Para cualquier forma de empresa, cuando se haya iniciado el procedimiento para la declaración de concurso.

2. Las pymes con menos de tres años de antigüedad no se considerarán en crisis, salvo en el caso de que cumplan la condición prevista en el epígrafe c) del apartado anterior.

3. Se entenderá que las grandes empresas se encuentran en crisis si concurren las condiciones establecidas en el punto 2.1 de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DOUE de 1 de octubre de 2004, 2004/C 244/02).


Disposición adicional cuarta. Normativa aplicable.—Esta convocatoria se sujeta a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento, y a los preceptos en vigor del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.


Disposición adicional quinta. Modelos normalizados.—Los modelos normalizados a que se hace referencia en esta orden se encuentran en la dirección de Internet <http://www.servef.es>.


DISPOSICIÓN FINAL



Disposición final única. Facultades de ejecución y desarrollo.—Se faculta al director general del SERVEF para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que requiera la aplicación de esta orden; asimismo se le delega la competencia para modificar los términos y plazos fijados en la convocatoria cuando concurran circunstancias que lo aconsejen.

Contra este acto, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, computado en los mismos términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que los interesados ejerciten, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

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