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RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL


 
Resolución aprobada por la Asamblea General

[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/61/438)]

61/144. Trata de mujeres y niñas

La Asamblea General,

Recordando todas las convenciones internacionales que abordan específicamente el problema de la trata de mujeres y niñas, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer1 y su Protocolo Facultativo2, la Convención sobre los Derechos del Niño3 y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía4, el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena5, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional6 y sus protocolos, en particular el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional7 y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional8, así como las resoluciones anteriores de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión,

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Reafirmando las disposiciones relativas a la trata de mujeres y niñas contenidas en los documentos finales de las conferencias y cumbres internacionales pertinentes, en particular el objetivo estratégico sobre la cuestión de la trata enunciado en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer9,

Nota
Reafirmando también los compromisos contraídos por los líderes mundiales en la Cumbre del Milenio y en la Cumbre Mundial 2005 de elaborar y aplicar medidas eficaces para combatir y eliminar todas las formas de trata de personas, y mejorar las medidas existentes, a fin de acabar con la demanda de víctimas de la trata y proteger a esas víctimas,

Recordando los informes del Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, así como la información relativa a la trata de mujeres y niñas contenida en el informe del Secretario General relativo al estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer10,

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Recordando también el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulado "Trafficking in Persons: Global Patterns", y la atención que allí se presta a la situación de las mujeres y las niñas víctimas de la trata,

Señalando la inclusión de crímenes relacionados con el género en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional11, que entró en vigor el 1° de julio de 2002,

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Teniendo presente que todos los Estados están obligados a actuar con la debida diligencia para prevenir e investigar la trata de personas, castigar a los responsables, rescatar a las víctimas y tomar medidas para protegerlas, y que con el incumplimiento de esa obligación se viola y menoscaba o anula el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas,

Reconociendo la necesidad de adoptar un enfoque más enérgico y orientado a cuestiones de género y edad en todas las medidas destinadas a combatir la trata y proteger a las víctimas, habida cuenta de que las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables a la trata con fines de explotación sexual y trabajo o servicios forzosos,

Reconociendo también la necesidad de hacer frente a las repercusiones de la globalización en el problema especial de la trata de mujeres y niños, en particular de niñas,

Reconociendo además los problemas que se plantean para combatir la trata de mujeres y niñas debido a la falta de legislación adecuada y de aplicación de la legislación existente, la no disponibilidad de datos y estadísticas fiables desglosados por sexo, y la escasez de recursos,

Profundamente preocupada por el número cada vez mayor de mujeres y niñas procedentes de países en desarrollo y de algunos países de economía en transición que son objeto de trata en los países desarrollados, así como dentro de las regiones y los Estados y entre ellos, y por el hecho de que también los hombres y los niños varones sean víctimas de la trata, incluso con fines de explotación sexual,

Preocupada por el uso de las nuevas tecnologías de la información, entre ellas la Internet, como instrumento para la explotación de la prostitución ajena, la trata de mujeres con fines matrimoniales, el turismo sexual con fines de explotación de mujeres y niños y la pornografía infantil, la pedofilia y otras formas de explotación sexual de los niños,

Preocupada también por el aumento de las actividades de las organizaciones delictivas transnacionales y de otros que se lucran con la trata internacional de personas, especialmente mujeres y niños, sin miramiento de las condiciones peligrosas e inhumanas que ello conlleva y en flagrante violación de las normas del derecho interno e internacional,

Reconociendo que las víctimas de la trata están particularmente expuestas al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y que, con frecuencia, las mujeres y las niñas víctimas de la trata son objeto de múltiples formas de discriminación y violencia, en particular por motivos de género, edad, origen étnico, cultura y religión, así como por su origen, y que esas formas de discriminación pueden por sí mismas fomentar la trata de personas,

Observando que parte de la demanda con fines de prostitución y trabajos forzosos se satisface mediante la trata de personas en algunos lugares del mundo,

Señalando que las mujeres y las niñas víctimas de la trata, desfavorecidas y marginadas por razón de su sexo, lo son aún más debido a la falta generalizada de información o de conciencia y reconocimiento de sus derechos humanos, y a la estigmatización que suele asociarse a la trata, así como a los obstáculos que les impiden tener acceso a información y mecanismos de amparo cuando se vulneran sus derechos, y que se requieren medidas especiales para protegerlas y aumentar su concienciación,

Reconociendo la importancia de los mecanismos e iniciativas de cooperación bilateral, subregional, regional e internacional, incluido el intercambio de información sobre las prácticas recomendadas, establecidos por los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para hacer frente al problema de la trata de personas, especialmente mujeres y niños,

Reconociendo también que los esfuerzos mundiales, como la cooperación internacional y los programas de asistencia técnica, encaminados a erradicar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, requieren un firme compromiso político, una responsabilidad compartida y una cooperación activa de todos los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino,

Reconociendo además que deben elaborarse políticas y programas de prevención, rehabilitación, repatriación y reintegración mediante un enfoque integral y multidisciplinario orientado a cuestiones de género y edad, sin descuidar la seguridad de las víctimas y el respeto del pleno goce de sus derechos humanos, y con la participación de todos los interesados de los países de origen, tránsito y destino,

Convencida de la necesidad de proteger y ayudar a todas las víctimas de la trata, respetando plenamente los derechos humanos de las víctimas,

1.  Acoge con beneplácito los esfuerzos de los gobiernos, los órganos y organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para hacer frente al problema particular de la trata de mujeres y niñas, y les alienta a que prosigan sus esfuerzos y compartan en la mayor medida posible sus conocimientos y mejores prácticas;

2.  Pide a los gobiernos que eliminen la demanda de mujeres y niñas víctimas de la trata para cualquier forma de explotación;

3.  Pide también a los gobiernos que adopten medidas apropiadas para hacer frente a los factores que aumentan la vulnerabilidad a la trata, incluidas la pobreza y la desigualdad entre los géneros, así como otros factores que fomentan el problema particular de la trata de mujeres y niñas con fines de prostitución y otras formas de comercio sexual, el matrimonio y el trabajo forzosos, a fin de eliminar esa trata, incluso reforzando la legislación vigente para proteger mejor los derechos de las mujeres y las niñas y castigar a los responsables por la vía penal y civil;

4.  Insta a los gobiernos a que formulen, apliquen y refuercen medidas eficaces, teniendo en cuenta cuestiones de género y edad, para combatir y eliminar todas las formas de trata de mujeres y niñas, incluso con fines de explotación sexual y económica, como parte de una estrategia integral contra la trata que incluya una perspectiva de derechos humanos y preste atención a la situación de las víctimas, y a que elaboren, según proceda, planes de acción nacionales a ese respecto;

5.  Insta también a los gobiernos a que consideren la posibilidad de firmar y ratificar, y a los Estados partes a que apliquen, los instrumentos jurídicos pertinentes de las Naciones Unidas, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional6 y sus protocolos, en particular el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional7, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer1, la Convención sobre los Derechos del Niño3, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer2 y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía4, así como el Convenio de 1930 relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Convenio No. 29), el Convenio de 1958 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Convenio No. 111) y el Convenio de 1999 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Convenio No. 182) de la Organización Internacional del Trabajo;

6.  Alienta a los Estados Miembros a que concierten acuerdos bilaterales, subregionales, regionales e internacionales y a que emprendan iniciativas, incluso en el plano regional12, para hacer frente al problema de la trata de personas y asegurarse de que en esos acuerdos e iniciativas se preste especial atención al problema de la trata de mujeres y niñas;

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7.  Exhorta a todos los gobiernos a que tipifiquen como delito la trata de personas en todas sus formas, reconociendo su incidencia cada vez mayor con fines de explotación sexual y turismo sexual, a que condenen y castiguen a todos los responsables, incluidos los intermediarios, ya sean nacionales o extranjeros, por medio de las autoridades nacionales competentes, bien en el país de origen del delincuente o en el país donde tenga lugar el abuso, con las debidas garantías procesales, y a que castiguen a quienes ocupen cargos de autoridad y sean declarados culpables de atentar sexualmente contra las víctimas de la trata cuya custodia les haya sido confiada;

8.  Insta a los gobiernos a tomar todas las medidas apropiadas para asegurarse de que las víctimas de la trata no sean sancionadas a causa de su situación y no vuelvan a convertirse en víctimas como consecuencia de medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales, y alienta a los gobiernos a impedir, dentro de su marco jurídico y con arreglo a sus políticas nacionales, que las víctimas de la trata de personas sean enjuiciadas por motivo de su entrada o residencia ilegal;

9.  Reconoce la necesidad urgente de una cooperación amplia y concertada entre todas las partes pertinentes, incluidos los Estados, las organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil, para contrarrestar eficazmente la amenaza de la trata de personas, en particular mujeres y niñas;

10.  Invita a los gobiernos a que refuercen la cooperación bilateral, regional e internacional con objeto de prevenir y combatir la corrupción y el blanqueo de las ganancias obtenidas mediante la trata, incluso con fines de explotación sexual comercial;

11.  Invita también a los gobiernos a que consideren la posibilidad de establecer o reforzar un mecanismo nacional de coordinación, por ejemplo, un relator nacional o un órgano interinstitucional, con la participación de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, a fin de fomentar el intercambio de información y dar a conocer datos, causas subyacentes, factores y tendencias relacionados con la violencia contra la mujer, en particular la trata de mujeres;

12.  Alienta a los gobiernos y a los órganos competentes de las Naciones Unidas a que, dentro de los límites de los recursos existentes, adopten medidas apropiadas para aumentar la concienciación pública sobre el problema de la trata de personas, particularmente mujeres y niñas; desalienten la demanda que propicia cualquier forma de explotación, incluida la explotación sexual y el trabajo forzoso, con el fin de eliminar esa demanda; den publicidad a las leyes, disposiciones y sanciones relacionadas con esta cuestión, e insistan en que la trata es un delito grave;

13.  Alienta a los gobiernos a adoptar medidas apropiadas para eliminar la demanda del turismo sexual, especialmente la demanda de niños, empleando para ello todas las acciones preventivas posibles;

14.  Insta a los gobiernos interesados a que, en cooperación con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, presten apoyo y asignen recursos a programas para incrementar la acción preventiva, en particular actividades educativas dirigidas a las mujeres y los hombres, así como a los niños y las niñas, en relación con la igualdad entre los géneros, la autoestima y el respeto mutuo, y a campañas para promover la concienciación pública sobre el problema en los planos nacional y comunitario;

15.  Exhorta a los gobiernos interesados a que asignen recursos, según proceda, para ofrecer programas amplios destinados a facilitar la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata, entre otras cosas mediante la formación profesional, la asistencia jurídica, en particular en un idioma que comprendan, y la atención médica, incluso en relación con el VIH/SIDA, y adoptando medidas para cooperar con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a fin de prestar atención social, médica y psicológica a las víctimas;

16.  Alienta a los gobiernos a que, en cooperación con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, emprendan o mejoren las campañas destinadas a dar a conocer mejor las oportunidades, las limitaciones y los derechos en caso de migración, así como la información sobre los riesgos de la migración irregular y los medios utilizados por los tratantes, a fin de que las mujeres puedan tomar decisiones con conocimiento de causa y no se conviertan en víctimas de la trata;

17.  Alienta también a los gobiernos a que intensifiquen su colaboración con las organizaciones no gubernamentales para establecer y ejecutar programas eficaces, teniendo en cuenta cuestiones de género y edad, a fin de asesorar, capacitar y reintegrar en la sociedad a las víctimas de la trata, así como programas que ofrezcan albergue y servicios de ayuda a quienes hayan sido víctimas o puedan serlo;

18.  Exhorta a los gobiernos a que dispongan lo necesario para que en el trato dispensado a las víctimas de la trata, y en todas las medidas adoptadas contra la trata de personas, en particular las que afecten a las víctimas, se preste especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y se respeten plenamente los derechos humanos de esas víctimas y los principios internacionalmente reconocidos de no discriminación, incluidas la prohibición de la discriminación racial y la existencia de vías jurídicas de reparación apropiadas, en las que cabe incluir medidas que ofrezcan a las víctimas la posibilidad de ser indemnizadas por los daños sufridos;

19.  Invita a los gobiernos a que adopten medidas para que en los procedimientos de justicia penal y en los programas de protección de testigos se tenga muy en cuenta la situación particular de las mujeres y las niñas que son víctimas de la trata, y para que las víctimas reciban apoyo y asistencia, según corresponda, para presentar sin temor denuncias a la policía o a otras autoridades, y comparecer cuando así lo requiera el sistema de justicia penal, y a que velen por que, en esos momentos, las víctimas tengan acceso a la protección y la asistencia social, médica, financiera y jurídica que necesiten;

20.  Invita también a los gobiernos a que alienten a los medios de difusión, incluidos los proveedores de servicios de la Internet, a adoptar o reforzar medidas de autorregulación para promover una utilización responsable de los medios de difusión, especialmente la Internet, con miras a eliminar la explotación de mujeres y niños, en particular de niñas, que puede fomentar la trata;

21.  Invita a las empresas, en particular a los sectores del turismo y las telecomunicaciones, incluidas las organizaciones de medios informativos, a que cooperen con los gobiernos para eliminar la trata de mujeres y niños, en particular de niñas, entre otras cosas mediante la difusión por los medios de información sobre los peligros de la trata, los derechos de las personas que han sido víctimas y los servicios a su disposición;

22.  Subraya la necesidad de reunir sistemáticamente datos desglosados por sexo y edad, preparar estudios completos a nivel nacional e internacional y elaborar metodologías comunes e indicadores definidos internacionalmente para obtener cifras pertinentes y comparables, y alienta a los gobiernos a que mejoren el intercambio de información y la capacidad de reunión de datos, promoviendo así la cooperación para hacer frente al problema de la trata;

23.  Insta a los gobiernos a que refuercen los programas nacionales de lucha contra la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, mediante una mayor cooperación en los planos bilateral, regional e internacional, teniendo en cuenta planteamientos innovadores y las mejores prácticas, e invita a los gobiernos, los órganos y organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y el sector privado a emprender conjuntamente y en colaboración investigaciones y estudios sobre la trata de mujeres y niñas que puedan servir de base para formular políticas o modificarlas;

24.  Invita a los gobiernos a que, con el apoyo de las Naciones Unidas, cuando sea necesario, y de otras organizaciones intergubernamentales, y teniendo en cuenta las mejores prácticas, preparen manuales de capacitación y otros materiales informativos e impartan capacitación al personal encargado de hacer cumplir la ley, los funcionarios judiciales y otros funcionarios pertinentes, así como al personal médico y de apoyo, con miras a sensibilizarlos acerca de las necesidades especiales de las mujeres y las niñas que son víctimas de la trata;

25.  Insta a los gobiernos a que impartan a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los funcionarios judiciales, los de inmigración y otros funcionarios pertinentes capacitación en materia de prevención y lucha contra la trata de personas, incluida la explotación sexual de mujeres y niñas, o intensifiquen dicha capacitación, que debería centrarse en los métodos utilizados para prevenir la trata, enjuiciar a quienes la practican y proteger los derechos de las víctimas, incluso protegiéndolas de los tratantes, a que incluyan en la capacitación perspectivas de derechos humanos y otras específicas de género y edad, y a que alienten la cooperación con las organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros elementos de la sociedad civil;

26.  Alienta a los gobiernos, los órganos intergubernamentales pertinentes y las organizaciones internacionales a asegurarse de que el personal militar, humanitario y de mantenimiento de la paz desplegado en situaciones de conflicto, posteriores a conflictos y otras situaciones de emergencia reciba capacitación sobre comportamientos que no fomenten, faciliten ni exploten la trata de mujeres y niñas, especialmente con fines de explotación sexual, y a que sensibilicen a dicho personal acerca del peligro que corren las víctimas de conflictos y otras situaciones de emergencia, inclusive desastres naturales, de ser también víctimas de la trata;

27.  Invita a los Estados partes en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y los Pactos internacionales de derechos humanos13 a que incluyan información y datos estadísticos sobre la trata de mujeres y niñas en sus informes nacionales presentados a los respectivos comités y procuren elaborar una metodología común y estadísticas para obtener datos comparables;

Nota
28.  Pide al Secretario General que le presente, en su sexagésimo tercer período de sesiones, un informe en el que se reseñen las actividades y estrategias que han servido para hacer frente a las dimensiones de género del problema de la trata de personas, así como los problemas que se han planteado, se establezcan los aspectos de la lucha contra la trata relacionados con el género que aún no se han abordado o que se han abordado insuficientemente, y se evalúen las medidas adoptadas utilizando indicadores adecuados, e invita al Secretario General a que tenga en cuenta en su informe la labor realizada por los gobiernos, los organismos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

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