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RESOLUCIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2013, DEL DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y JUEGO, RELATIVA A DETERMINADOS REQUISITOS DE LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES AUTONÓMICOS POR PARENTESCO EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES APLICABLES A LAS ADQUISICIONES POR DONACIÓN O CUALQUIER OTRO NEGOCIO JURÍDICO INTER VIVOS Y A TÍTULO GRATUITO DE METÁLICO, DE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO, O DE CUENTAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA O SIMILARES (DOCV DEL 24)


 
La ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat modificó los artículos 10 bis y 12 bis de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, con el objeto de establecer diversos beneficios fiscales en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en relación con las adquisiciones inter vivos a título gratuito entre padres e hijos.

A tal efecto, se introdujeron diversos beneficios por parentesco, que resultaban aplicables a los adquirentes con residencia habitual en la Comunitat Valenciana a la fecha del devengo, con un patrimonio preexistente de hasta 2.000.000 de euros y siempre que la adquisición se efectuase en documento público.

Posteriormente, la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, amplió el elenco de condicionantes para poder disfrutar de los beneficios anteriores. Así, junto a los mencionados en el párrafo anterior, actualmente se exige la obligación de justificar, en el documento público en el que se efectúe la adquisición o, en su caso, en el que se formalice la misma dentro del plazo de declaración, la procedencia de los bienes que el donante transmite y los medios efectivos en virtud de los cuales se produzca la entrega de lo donado, para el caso de que lo donado consista en metálico o en cualquiera de los bienes contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (o sea, depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas de gestión de tesorería y cuentas financieras o similares). Literalmente, tanto el apartado primero del artículo 10 bis, como la letra c) del artículo doce bis, ambos de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, se cierran con la siguiente expresión: «Además, cuando los bienes donados consistan en metálico o en cualquiera de los contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, deberá justificarse en el documento público la procedencia de los bienes que el donante transmite y los medios efectivos en virtud de los cuales se produzca la entrega de lo donado».

Los conceptos «procedencia de los bienes» y «medios efectivos» conducen al ámbito de la política de prevención del blanqueo de capitales, cuya norma fundamental es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismos y, más en concreto, a la obligación existente de realizar una declaración previa de los medios de pago.

Actualmente, esta obligación viene fijada en el artículo 34 de la Ley 10/2010, cuyo desarrollo reglamentario se encuentra en el artículo 2 del Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y en la Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales (modelo S-1).

De conformidad con la normativa citada en el párrafo anterior, estarán sujetas a la obligación de presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de los fondos las personas físicas y jurídicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos:

a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

b) Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

Para una mejor comprensión de esta obligación, la normativa citada define sus elementos característicos, así:

• Se entenderá por movimiento cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de pago.

• Tienen la consideración de medios de pago: el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros; los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda; y cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

• El origen hace referencia a la procedencia de los medios de pago, esto es, al título o negocio jurídico que determine la legítima tenencia de los fondos. Textualmente, el artículo 2.3.b, párrafo segundo, del Real Decreto 925/1995 indica que «se entenderá por origen el título o negocio jurídico que determine la legítima tenencia de los fondos». Las instrucciones para la cumplimentación de la declaración del movimiento de medios de pago (O EHA/1439/2006) especifican que supone concretar cómo se han obtenido los medios de pago declarados: rendimientos del trabajo personal, actividad comercial, venta de inmuebles o valores, gestión de fondos de terceros, etc.

• Se entenderá por destino la finalidad económico-jurídica a que se hayan de aplicar los fondos.

Por tanto, en aras de una interpretación integradora, armonizada y coherente con el resto del ordenamiento jurídico, el alcance de la justificación de «la procedencia de los bienes que el donante transmite» y de «los medios efectivos en virtud de los cuales se produzca la entrega de lo donado», a la que se refiere los artículos 10 bis y 12 bis de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, debe de realizarse bajo el socaire de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Dirección General en el ámbito de la gestión de los tributos cedidos por el Estado a la Generalitat por el artículo 26.1.ª del Decreto 20/2013, de 25 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, resuelvo:


Primero.—La aplicación efectiva de la reducción en la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones prevista en el apartado primero del artículo 10 bis o de la bonificación de la cuota tributaria del citado impuesto regulada en la letra c) del artículo 12 bis, ambos de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, cuando se trate de la donación de metálico, de depósitos en cuenta corriente o de ahorro, o de cuentas de gestión de tesorería o similares, requiere la concurrencia simultánea de los siguientes condicionantes:

1. La justificación del origen o procedencia del metálico, de los depósitos en cuenta corriente o de ahorro, o de las cuentas de gestión de tesorería o similares que el donante transmite.

Esta justificación supone identificación del título o negocio jurídico que determine la legítima tenencia de los fondos, la cual se entenderá cumplida con la expresión concreta de cómo se han obtenido los mismos: rendimientos del trabajo personal, actividad comercial, venta de inmuebles o valores, gestión de fondos de terceros, etc.

2. La justificación de los medios efectivos en virtud de los cuales se produce la entrega de lo donado.

Se entenderá cumplida esta justificación con la expresión e identificación del medio de pago por el cual lo donado se pone a disposición del donatario: entrega de efectivo, cheque bancario, transferencia u otros medios electrónicos, etc.


Segundo.—Las justificaciones a las que se refiere el apartado primero deberán constar en el documento público en el que se efectúe la donación o, en su caso, en el que se formalice la donación dentro del plazo de declaración del impuesto.

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