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RESOLUCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2013, DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA, POR LA QUE SE REGULAN LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD), Y LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS (BOPA DE 1 DE JULIO)



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RESOLUCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2013, DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA, POR LA QUE SE REGULAN LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD), Y LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS (BOPA DE 1 DE JULIO)


 
(IL 2950/2013)

El Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, contiene en su Título III medidas de racionalización del sistema de dependencia que conllevan la modificación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y, en consecuencia, de su normativa de desarrollo.

Asimismo, el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, adoptado el 10 de julio de 2012 (publicado mediante Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en el Boletín Oficial de Estado de 3 de agosto de 2012), además de contemplar diversas medidas que inciden en la aplicación de la normativa del Sistema, contiene nuevos criterios sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones para la Autonomía y Atención a la Dependencia, estableciendo el plazo máximo de seis meses desde la fecha del Acuerdo, para que las comunidades autónomas promuevan las disposiciones normativas que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el mismo.

En consecuencia y una vez modificado el Decreto 144/2010, de 24 de noviembre, por el que se establecen los precios públicos correspondientes a determinados servicios sociales especializados (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 4 de diciembre de 2010), mediante Decreto 28/2013, de 5 de junio, procede revisar la totalidad del articulado de la Resolución de 27 de abril de 2011, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se regula la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias, las prestaciones económicas y la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 30 de abril de 2011), con el fin, no sólo de proceder a su armonización con la normativa estatal, sino también de mejorar la gestión de las prestaciones y lograr una mayor sistematización de la regulación existente sobre las mismas.

Tal y como se refleja en el Capítulo I, la nueva Resolución amplía su objeto, al regular la totalidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante SAAD), los criterios de valoración de la capacidad económica de las personas, así como su participación en el coste de los servicios públicos y la cuantía de las prestaciones económicas, y la gestión de las mismas.

Si bien las prestaciones que se regulan forman parte del Catálogo de prestaciones del SAAD, se ha considerado conveniente mantener como destinatarios de la norma a las personas usuarias de los servicios sociales especializados que forman parte del mismo, tengan o no reconocida la situación de dependencia, a los efectos de determinar la participación en el coste de los mismos.

Por otra parte, se incluye en el artículo 3 la regulación del derecho de acceso a las prestaciones del SAAD de las personas dependientes, según la última modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, operada por el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El Capítulo II contiene la regulación de los servicios y prestaciones económicas del SAAD, describiendo cada prestación, sus destinatarios e intensidades, el régimen de compatibilidades, así como la determinación de la participación en el coste de todos los servicios de las personas dependientes y no dependientes, y la cuantía de las prestaciones económicas, según los criterios adoptados en el Acuerdo del Consejo Territorial de SAAD de 10 de julio de 2012. Con ello, finaliza la dispersión normativa existente en la materia entre la Resolución de 27 de abril de 2011 y el Decreto 144/2010, y asimismo, se cierra el régimen de participación económica de las personas usuarias de todos los servicios públicos del SAAD, incluido el de teleasistencia, que hasta la fecha no contaba con regulación al efecto. En relación a las prestaciones económicas, además de modificar los criterios para la determinación de su cuantía y de mejorar la redacción anterior, se incluyen los nuevos requisitos en relación a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y atención al cuidador, contemplados en la regulación estatal.

El Capítulo III, sobre determinación de la capacidad económica, es aplicable a todas las personas usuarias de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, dependientes y no dependientes, a excepción de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, ya que se trata de servicios sociales generales. En el citado capítulo se modifican los criterios para la determinación de la renta y del patrimonio para adaptarlos al Acuerdo de 10 de julio de 2012 del Consejo Territorial, y asimismo se incluyen diversas disposiciones con el objeto de aportar seguridad jurídica a cuestiones principales como el período a computar, la comprobación de la capacidad económica o la revisión de la misma, de oficio o a instancia de parte.

Por último, el Capítulo IV contiene diversos aspectos sobre la gestión de las prestaciones, mejorando la redacción existente en la anterior Resolución, e incluyendo de manera expresa el procedimiento de traslado de las personas beneficiarias entre comunidades autónomas.

En la Disposición transitoria primera se regulan de manera tasada los supuestos en los que se procederá al abono íntegro de las cantidades adeudadas a las personas beneficiarias en concepto de atrasos periodificados como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Finalmente, la Disposición transitoria segunda prevé la revisión de la participación económica en el coste de los servicios de todas las personas usuarias de los servicios públicos en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente norma, dando así cumplimiento al mandato establecido en el precitado Acuerdo de 10 de julio de 2010 del Consejo Territorial del SAAD.

En virtud de lo expuesto, en uso de las facultades que me atribuye el artículo 38, letra "i", de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y al amparo de lo previsto en la disposición final primera del Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, resuelvo:


CAPÍTULO I

Disposiciones Generales


Artículo 1. Objeto de la norma y destinatarios de la norma.—    Redacción anterior    La presente Resolución tiene por objeto regular las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el ámbito del Principado de Asturias, así como los criterios de valoración de la capacidad económica de las personas a los efectos de determinar la participación de las mismas en el coste de los servicios públicos y la cuantía de las prestaciones económicas.

Serán destinatarios de la presente norma las personas que tengan reconocida la situación de dependencia, en cualquiera de sus grados y sean beneficiarios de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Asimismo, las disposiciones relativas a la determinación de la capacidad económica y a la participación en el coste de los servicios públicos pertenecientes a la Red Pública de Servicios Sociales del Principado de Asturias, serán de aplicación a todos los usuarios de los mismos, tengan o no reconocida la situación de dependencia, con las especialidades que se establezcan en cada caso.

Nota

Artículo 2. Destinatarios de la norma.—    Redacción anterior    [...]

Nota

Artículo 2. Acceso a las prestaciones para las personas dependientes.—    Redacción anterior    1. El derecho de acceso de las personas dependientes a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, salvo cuando se trate de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que quedará sujeta a un plazo suspensivo máximo de dos años a contar, según proceda, desde las fechas indicadas anteriormente, plazo que se interrumpirá en el momento en que el interesado empiece a percibir dicha prestación.

2. Las personas que tuvieran reconocido un grado de dependencia, y que fallecieran con anterioridad a la resolución de reconocimiento de la concreta prestación, no tendrán la condición de persona beneficiaria de las prestaciones económicas, y por tanto no se derivarán de las actuaciones realizadas ningún derecho.

Nota

CAPÍTULO II

Servicios y prestaciones económicas


Artículo 3. Servicios y prestaciones económicas.—1. Los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según el grado de dependencia reconocido, son los siguientes:

1. 1. Servicios:

— Prevención de la dependencia.

— Promoción de la autonomía personal.

— Teleasistencia.

— Ayuda a Domicilio.

— Centro de Día.

— Centro de Noche.

— Atención Residencial.

1. 2. Prestaciones económicas:

— Prestación económica vinculada a servicio.

— Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores.

— Prestación económica de asistencia personal.

2. Los servicios públicos establecidos se integran en la Red de Servicios Sociales del Principado de Asturias y se prestarán a través de la red de centros públicos de la Comunidad, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de personas en situación de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados.


SECCIÓN 1.ª SERVICIOS


Artículo 4. Servicio de Prevención de las situaciones de dependencia.—1. El servicio de prevención de las situaciones de dependencia tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación, dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se vean afectados por procesos de hospitalización complejos.

2. Las personas en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos, recibirán servicios de prevención con el objeto de evitar el agravamiento de su grado de dependencia, incluyendo esta atención en los programas de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de los centros de día y de atención residencial.

3. Un Plan de Prevención determinará las intensidades de los servicios de prevención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito del Principado de Asturias.

4. Para las personas en situación de dependencia en grado I y con el objeto de evitar el agravamiento de su grado de dependencia, la prevención será prioritaria, por lo que formará parte de todas las actuaciones que se realicen en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.


Artículo 5. Servicio de Promoción de la Autonomía.—1. Los servicios de promoción de la autonomía personal tienen por finalidad desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria.

2. Son servicios de promoción los siguientes:

a) Habilitación y terapia ocupacional: Conjunto de intervenciones dirigidas, en función de las necesidades de cada persona, a prevenir o reducir una limitación en la actividad o alteración de la función física, intelectual, sensorial o mental, así como a mantener o mejorar habilidades ya adquiridas, con la finalidad de conseguir el mayor grado posible de autonomía personal, adaptación a su entorno, mejora en la calidad de vida e integración en la vida comunitaria.

b) Atención temprana: Conjunto de actuaciones preventivas, de diagnóstico y de intervención que de forma coordinada se dirigen a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y a su entorno, que tienen por finalidad dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.

c) Estimulación cognitiva: Tratamiento terapéutico que, por medio de las técnicas adecuadas, tiene por finalidad mantener, mejorar el funcionamiento de alguna o algunas de las capacidades cognitivas superiores (razonamiento, memoria, atención, concentración, lenguaje y similares), de las capacidades funcionales, la conducta y o la afectividad.

d) Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional: Conjunto de intervenciones orientadas a mantener o mejorar la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, evitar la aparición de limitaciones en la actividad, deficiencias o déficits secundarios y potenciar el desarrollo personal y la integración social. Todo ello con el fin de alcanzar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida.

e) Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual: Conjunto de actuaciones encaminadas a prestar apoyos, transitorios o permanentes, a personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, a fin de mejorar sus posibilidades de mantenerse en el entorno familiar y social en las condiciones más normalizadas e independientes que sea posible.

f) Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales: cuando los diferentes servicios de promoción de la autonomía personal se presten en alojamientos especiales (viviendas tuteladas, apartamentos de mayores), se recogerán en el Programa Individual de Atención como "Servicios de apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas tuteladas)", reuniendo los requisitos, características e intensidades propias del servicio de promoción concreto de que se trate, según lo establecido anteriormente.

3. Los servicios de promoción de la autonomía personal, a excepción del servicio de atención temprana, se prestarán en los centros de día y centros residenciales para personas mayores y para personas con discapacidad de la Red de Servicios Sociales del Principado de Asturias, en función de las necesidades de las personas atendidas.

A las personas que no reciban un servicio de centro de día o de atención residencial se les podrá reconocer la prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal en alguna de las modalidades descritas.


Artículo 6. Servicio de Teleasistencia.—1. El servicio de teleasistencia tiene como finalidad atender a las personas beneficiarias mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, observando las medidas de accesibilidad adecuadas para cada caso, y apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento y con el fin de favorecer la permanencia de las personas usuarias en su medio habitual.

2. Para las personas beneficiarias a las que se haya reconocido el grado I de dependencia moderada, el servicio de teleasistencia se prestará como servicio complementario al resto de prestaciones contenidas en el Programa Individual de Atención, excepto en el caso de servicios de teleasistencia avanzada con apoyos complementarios.

3. Las personas dependientes participarán en el coste del servicio de teleasistencia según su capacidad económica de conformidad con los siguientes intervalos:

a) Menos del IPREM mensual: sin participación.

b) Entre el IPREM mensual y el 1,5 del IPREM mensual: Participación del 50%.

c) Más del 1,5 del IPREM mensual: Participación del 90%.

4. Las personas que no tengan reconocido el derecho a la prestación del servicio de teleasistencia en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, participarán en el coste del mismo según lo establecido en las Ordenanzas Municipales de la Entidad Local prestadora del mismo.


Artículo 7. Ayuda a Domicilio.—1. El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria:

a) Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros.

b) Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria.

Los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar sólo podrán prestarse conjuntamente con los de atención personal.

2. La intensidad del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes estará en función del Programa Individual de Atención y se determinará en un número de horas mensuales de servicios asistenciales, mediante intervalos según grado de dependencia, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal.

3. La participación de las personas dependientes beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio se determinará mediante la aplicación de las siguientes fórmulas, que garantizan la disminución proporcional del coste en función del número de horas de atención:

1.º De 21 a 45 horas mensuales:

PB = ((0,4 x IR x CEB)/ IPREM) - (0,3 x IR)

2.º De 46 a 70 horas mensuales:

PB = ((0,3333 x IR x CEB)/ IPREM) - (0,25 x IR)

Donde:

PB: Participación de la persona beneficiaria.

IR: Coste hora servicio de ayuda a domicilio.

CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.

4. Las personas que no tengan reconocido el derecho a la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, participarán en el coste del mismo según lo establecido en las Ordenanzas Municipales de la Entidad Local prestadora del mismo.


Artículo 8. Servicio de Centro de Día.—1. El servicio de centro de día o de noche ofrece una atención integral durante el período diurno o nocturno, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.

2. La determinación del tipo de centro, así como del centro en concreto en que se preste el servicio, corresponderá al órgano gestor de los mismos y se ajustará a la normativa de acceso vigente, distinguiendo entre los siguientes:

a) Centro de día para personas mayores en la modalidad de asistencia continuada.

b) Centro de día para personas mayores en la modalidad de asistencia parcial.

c) Centro de noche para personas mayores.

d) Centro de día para personas mayores en la modalidad de estancias fin de semana.

e) Centro de apoyo a la integración de personas con discapacidad.

f) Centro de día para personas con discapacidad.

3. La intensidad de este servicio dependerá de la tipología del centro en que se preste, y se adecuará a las necesidades personales de la persona dependiente, con los límites establecidos por la normativa estatal.

4. La determinación de la participación económica de las personas usuarias (dependientes y no dependientes) se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática, que garantiza la equidad en la progresividad de la participación según su capacidad económica:

PB = (0,4 x CEB) - (IPREM/ 3,33)

Donde:

PB: Participación económica de la persona beneficiaria en el coste del servicio.

CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.

Si la capacidad económica de la persona beneficiaria es igual o inferior al IPREM mensual, ésta no participará en el coste del servicio.


Artículo 9. Servicio de Atención Residencial.—1. El servicio de atención residencial ofrece una atención integral y continuada, de carácter personal, social y sanitario, que se prestará en centros residenciales, públicos o privados concertados, teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona.

Puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial sea la residencia habitual de la persona en situación de dependencia, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia, durante vacaciones, fines de semana o períodos de descanso de los cuidadores no profesionales, sin que en estos casos pueda superar los 30 días.

2. La determinación del tipo de centro, así como del centro en concreto en que se preste el servicio, corresponderá al órgano gestor de los mismos y se ajustará a la normativa de acceso vigente, distinguiendo entre los siguientes:

a) Centro de atención residencial para personas mayores.

b) Centro de atención residencial para personas con discapacidad.

c) Alojamiento tutelado o vivienda con apoyos para personas con discapacidad, en la modalidad de estancia.

d) Alojamiento tutelado o vivienda con apoyos para personas con discapacidad, en la modalidad de asistencia parcial.

e) Alojamiento tutelado o vivienda con apoyos para personas con discapacidad, en la modalidad de estancias de fin de semana.

Asimismo, el servicio de atención residencial ajustará los servicios y programas de intervención a las necesidades de las personas en situación de dependencia atendidas.

3. La intensidad del servicio de atención residencial estará en función de los servicios del centro que precisa la persona con dependencia, de acuerdo con su Programa Individual de Atención.

Nota

Artículo 9 bis. Determinación de la participación económica de las personas usuarias de centros de atención residencial para personas mayores.—1. La determinación de la participación económica de las personas no dependientes usuarias de centros residenciales de mayores será la establecida en el Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos residenciales para ancianos, en el Capítulo IX. Liquidación de estancias.

2. La determinación de la participación económica de las personas dependientes usuarias de centros residenciales de mayores, se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática, que garantiza la progresividad en la participación:

PB = CEB-CM

Donde:

PB: participación económica de la persona beneficiaria en el coste del servicio de atención residencial.

CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.

CM: Cantidad mínima para gastos personales, referenciada al 19% del IPREM mensual.

Si la cuantía resultante de la aplicación de la fórmula es negativa, la persona beneficiaria no participará en el coste del servicio de atención residencial.

Una vez determinada la participación en el coste de los servicios, se establece una cantidad de referencia para gastos personales que será del 19% del IPREM mensual.

Cuando los usuarios no dispongan de patrimonio líquido suficiente y el 75% de los ingresos o rentas líquidas mensuales de que dispongan, sin computar las pagas extraordinarias de las pensiones, sea insuficiente para hacer frente al precio público resultante, participarán abonando mensualmente a cuenta el 75% de sus ingresos o rentas líquidas, no computando las pagas extraordinarias de las pensiones, previa solicitud del usuario o de su representante.

3. A partir del día siguiente a la finalización definitiva de la prestación del servicio se realizará la liquidación definitiva en la que se procederá a determinar, en su caso, la deuda total acumulada, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar en cualquier momento durante la prestación del servicio, bien de oficio, bien a solicitud del usuario, liquidaciones complementarias con la finalidad de aminorar la deuda generada.

Nota

Artículo 9 ter. Determinación de la participación económica de las personas usuarias del resto de servicios.—1. La determinación de la participación económica de las personas usuarias dependientes y no dependientes, se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática, que garantiza la progresividad en la participación:

PB = CEB-CM

Donde:

PB: participación económica de la persona beneficiaria en el coste del servicio de atención residencial.

CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.

CM: Cantidad mínima para gastos personales, referenciada al 19% del IPREM mensual.

Si la cuantía resultante de la aplicación de la fórmula es negativa, la persona beneficiaria no participará en el coste del servicio de atención residencial.

Una vez determinada la participación en el coste de los servicios, se establece una cantidad de referencia para gastos personales que será del 19% del IPREM mensual.

2. En el caso de las personas dependientes, cuando los ingresos o rentas líquidas anuales de que dispongan sean insuficientes para hacer frente al abono del precio público resultante, éstas participarán mensualmente a cuenta de la cantidad que resulte de aplicar la siguiente fórmula matemática:

PBc = CEBc - CM

donde:

PBc: Participación económica mensual a cuenta de la persona beneficiaria en el coste del servicio de atención residencial.

CEBc: Renta líquida mensual de la persona beneficiaria.

La deuda generada desde la entrada en vigor de la presente disposición se liquidará con carácter anual, no obstante, los interesados podrán solicitar, en cualquier momento a lo largo del año, la liquidación total o parcial de la misma.

3. En el caso de las personas no dependientes cuando los ingresos o rentas líquidas anuales de que dispongan sean insuficientes para hacer frente al abono del precio público resultante, éstas abonarán mensualmente a cuenta el 75% de sus ingresos o rentas totales que por cualquier concepto pudiera percibir, no computándose a estos efectos las pagas extraordinarias de las pensiones.

Nota

SECCIÓN 2.ª PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA A SERVICIO Y PARA ASISTENCIA PERSONAL


Artículo 10. Prestación económica vinculada a servicio.—1. La prestación económica vinculada a servicio, tiene por finalidad contribuir a la financiación del coste de los servicios que se determinen en el Programa Individual de Atención, cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado que se adapte a sus necesidades.

2. Las personas beneficiarias de una prestación económica vinculada a servicio podrán ser incluidas en la lista de demanda del servicio correspondiente, teniendo en este caso carácter transitorio.

3. En todo caso, los centros, entidades y servicios a los que se acceda a través de la prestación económica vinculada deberán estar debidamente acreditados.

4. La cuantía mensual de la prestación económica vinculada a servicio no podrá en ningún caso, ser superior a la aportación del beneficiario por el coste del servicio que recibe, y será del 100% de la cantidad máxima establecida en el Real Decreto que fije las cuantía anuales, cuando la capacidad económica de la persona beneficiaria sea igual o inferior al IPREM mensual.

Cuando la capacidad económica de la persona dependiente sea superior al IPREM mensual, la cuantía mensual de la prestación económica vinculada a servicio se establecerá en función del coste del servicio y la capacidad económica, de conformidad con lo siguiente:

CPE = IR + CM-CEB

Donde:

CPE: Cuantía de la prestación económica.

IR: Coste del servicio (tomando como referencia el precio público establecido)

CM: Cantidad para gastos personales de la persona beneficiaria para cada tipo de servicio, referenciada, en su caso, al 19% del IPREM mensual.

CEB: Capacidad económica de la persona beneficiaria.

5. Para proceder al abono de la prestación económica vinculada a servicio, es necesario presentar:

— Original de las facturas que se han emitido por el centro prestador desde el comienzo del mismo.

— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria, conforme al modelo establecido.


Artículo 11. Prestación económica para asistente personal.—1. La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de un asistente personal, que facilite el acceso a la educación, al trabajo, así como la participación en asociaciones y posibilite una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria de las personas dependientes.

2. La contratación de la asistencia personal podrá realizarse mediante un contrato con empresa privada debidamente acreditada, o directamente a través de contrato con el asistente personal. En este último supuesto, el asistente personal deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Mayoría de edad para trabajar.

b) Residencia legal en España.

c) No ser el cónyuge o pareja de hecho de la persona dependiente, ni tener con él una relación de consanguinidad, afinidad o adopción.

d) Estar dado de alta en régimen especial de autónomos de la Seguridad Social.

e) Reunir las condiciones de formación específicas para el desempeño de su trabajo.

3. La cuantía de la prestación económica de asistencia personal se determinará en función del coste del servicio y de la capacidad económica, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 10 sobre la prestación económica vinculada a servicio.

4. Para proceder al abono de la prestación económica de asistencia personal, es necesario presentar:

— Original de las facturas expedidas por la empresa o entidad privada o por el propio asistente personal, en su caso.

— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria, conforme al modelo establecido.


SECCIÓN 3.ª PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR


Artículo 12. Definición y finalidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.—1. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar tiene carácter excepcional y está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada a la persona dependiente que faciliten el mantenimiento de ésta en su entorno habitual.

2. Dado el carácter excepcional del reconocimiento de esta prestación, la determinación de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar corresponderá a la Consejería competente en la materia, a propuesta de los equipos territoriales de servicios sociales y siempre que se cumplan los requisitos establecidos para ello.


Artículo 13. Exigencia de atención previa e inexistencia de recursos.—1. La persona beneficiaria ha de estar siendo atendida mediante cuidados en el entorno familiar con carácter previo a la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y no ser posible el reconocimiento de un servicio debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados.

2. Para acreditar el requisito de la atención previa se estará a la declaración responsable la persona dependiente con ocasión de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, así como el informe técnico complementario al Baremo de Valoración de la Dependencia.

3. Con el fin de determinar la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados, se entenderá que se da esta circunstancia cuando, en el momento de la propuesta de Programa Individual de Atención, no se conozca la existencia de recursos adecuados en la misma localidad del domicilio de la persona dependiente o, cuando existiendo el servicio, no se conozca la existencia de disponibilidad de plazas vacantes o, en su caso, de las horas de atención que corresponden a la persona por su grado de dependencia, o no se pueda acceder a las mismas por falta de medios para asumir la participación económica en el coste de los mismos.

Asimismo, se considerará que hay inexistencia de recursos cuando, debiendo acceder a ellos a través de la prestación económica vinculada a servicio, no se pueda adquirir el servicio con la intensidad promedio que le corresponda según su grado de dependencia.

4. En el Programa Individual de Atención que determine la prestación más adecuada a las necesidades de la persona beneficiaria, se deberán indicar expresamente los motivos por los que no pueda ser propuesto un servicio o, en su caso, la prestación económica vinculada a dicho servicio.

5. En caso de que la persona en situación de dependencia reconocida en grado I viniera recibiendo un servicio de los previstos para su grado de dependencia, en la resolución de concesión de prestaciones se ha de mantener al menos el mismo servicio u otro servicio con la misma intensidad. En el supuesto de que dicho servicio sea incompatible con la prestación económica de cuidados en el entorno, no se concederá ésta.


Artículo 14. Requisitos de la persona cuidadora.—1. Con el objeto de garantizar la atención y cuidado que la persona dependiente necesita, se requiere que la persona cuidadora reúna los siguientes requisitos:

a) Mayoría de edad laboral y disponibilidad para la realización de apoyos en las actividades básicas de la persona beneficiaria. En este sentido, una misma persona no podrá ser cuidadora, a dedicación completa, de más de dos personas dependientes.

Puesto que la disponibilidad para la realización de apoyos en las actividades básicas de la vida diaria de la persona dependiente requiere proximidad con la persona cuidadora, en aquellos supuestos en que no sea exigible la convivencia, se requerirá que entre el domicilio de la persona cuidadora y el de la persona dependiente medie una distancia igual o inferior a 45 kilómetros, o en todo caso, un tiempo de desplazamiento igual o inferior a 30 minutos.

b) Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco de la persona dependiente. Se entienden como relaciones asimiladas la de las parejas de hecho, tutores y personas designadas, administrativa o judicialmente, con funciones de acogimiento

Cuando la persona tenga reconocida la situación de dependencia en grado II o grado III y tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, se podrá excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco señalado en el párrafo anterior, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el período previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud.

Cuando la persona en situación de dependencia tuviera reconocido el grado I, el entorno a que se refiere el apartado anterior habrá de tener, además, la consideración de entorno rural.

c) Que exista convivencia entre la persona beneficiaria y la persona cuidadora, para personas reconocidas con grado III, dada la necesidad de atención permanente y apoyo indispensable y continuo de otra persona. Para las personas reconocidas con grado I y II, no se exigirá convivencia.

d) Que la persona cuidadora acredite la capacidad física, mental e intelectual suficiente para desarrollar adecuadamente por sí misma las funciones de atención y cuidado, así como que no tenga reconocida la situación de dependencia.

e) Que la persona cuidadora asuma formalmente los compromisos necesarios para la atención y cuidado de la persona en situación de dependencia.

f) Que la persona cuidadora realice las acciones formativas que se le propongan.

g) Que la persona cuidadora facilite el acceso de los servicios sociales de las Administraciones públicas competentes, a la vivienda de la persona en situación de dependencia con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos o variación de las circunstancias, previo consentimiento de la persona beneficiaria.


Artículo 15. Acreditación de requisitos.—1. Para la acreditación del cumplimiento de los requisitos mencionados en el anterior artículo, se tendrá en cuenta la declaración de la persona dependiente con ocasión de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, así como el informe técnico complementario al Baremo de Valoración de la Dependencia.

2. Para acreditar el requisito de convivencia o disponibilidad, en su caso, se deberá aportar certificado de empadronamiento de la persona cuidadora.

3. El compromiso de atención y cuidado, así como el de facilitar el acceso de los servicios sociales a la vivienda de la persona dependiente, y el de recibir las actividades formativas que se propongan, se acreditará mediante una declaración responsable, conforme al modelo que se establezca.


Artículo 16. Cambio de persona cuidadora.—1. Se deberá comunicar el cambio de la persona cuidadora, a fin de valorar si reúne los requisitos establecidos y por tanto, procede el mantenimiento de la prestación.

2. Para ello se deberá presentar solicitud de revisión del Programa Individual de Atención, aportando la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se establece en el anterior artículo, a excepción de la establecida en el apartado 1.

3. Recibida la solicitud de revisión, se mantendrá el abono de la prestación económica hasta la resolución de la misma, no obstante, en caso de desestimación de la revisión, los efectos de la extinción de la prestación se retrotraerán hasta la fecha de la solicitud de revisión del Programa Individual de Atención.


Artículo 17. Cuantía y abono de la prestación económica.—1. La cuantía mensual de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, se establece en función de la capacidad económica de la persona beneficiaria y proporcionalmente al mayor grado de dependencia, de conformidad con la siguiente formula matemática:

CPE = (1.33 x Cmax) - (0,44 x CEB x Cmax)/ IPREM

Donde:

CPE: Cuantía de la prestación económica.

Cmax: Cuantía máxima de la prestación económica.

CEB: Capacidad económica del beneficiario.

Ante la misma capacidad económica de la persona dependiente, la cuantía resultante de esta prestación no podrá ser superior a la que correspondiera por prestación vinculada al servicio.

2. Para el abono de la prestación, deberá presentarse la siguiente documentación:

— Fotocopia del DNI/NIF de la persona cuidadora.

— Declaración responsable acerca de la cualificación, necesidades formativas del cuidador y compromiso de facilitar el acceso a los servicios sociales a la vivienda de la persona dependiente.

— Certificado de empadronamiento de la persona cuidadora.

— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria, conforme al modelo establecido.


SECCIÓN 4.ª RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES


Artículo 18. Régimen de compatibilidades entre prestaciones.—1. Las prestaciones económicas son incompatibles entre sí, y con los servicios incluidos en el catálogo, salvo con los siguientes:

a) Servicios de prevención de las situaciones de dependencia.

b) Servicios de promoción de la autonomía personal

c) Servicio de teleasistencia.

d) Servicio de atención residencial temporal, por descanso de la persona cuidadora o del centro prestador del servicio principal, por un período máximo de 30 días al año en centro público o privado concertado o en su caso.

2. Los servicios incluidos en el catálogo serán incompatibles entre sí, a excepción del servicio de teleasistencia y de atención residencial temporal, que será compatible con los siguientes servicios:

a) Servicios de prevención de las situaciones de dependencia.

b) Servicios de promoción de la autonomía personal.

c) Servicio de ayuda a domicilio.

d) Servicio de centro de día y de noche.

3. El servicio de atención residencial permanente en centros para personas con discapacidad, es compatible con el servicio de centro de día cuando la atención prestada por el servicio de atención residencial no sea integral y resulte imprescindible para poder recibir este último.

4. El régimen de compatibilidades previsto en apartados anteriores para los servicios se aplicará, igualmente, para la prestación económica vinculada a cada servicio.


SECCIÓN 5.ª NORMAS COMUNES SOBRE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS EN EL COSTE DE LAS PRESTACIONES


Artículo 19. Participación económica de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones.—1. Las personas beneficiarias han de participar en el coste de las prestaciones, conforme a su capacidad económica, sin que nadie pueda quedar fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.

2. La capacidad económica mínima de la persona beneficiaria vendrá referenciada a la cuantía mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM).

3. La participación de la persona beneficiaria en el coste del servicio se hará de forma progresiva, mediante la aplicación de la correspondiente fórmula en función de su capacidad económica, hasta alcanzar el 90% del coste de referencia del servicio y se tendrá en cuenta la naturaleza de la prestación de dependencia reconocida, según se trate de un servicio o de una prestación económica. No obstante, éste límite no será aplicable a las personas no dependientes usuarias del servicio de atención residencial.

4. La capacidad económica de la persona beneficiaria, será determinada siempre en cómputo anual, sin perjuicio de que, para el cálculo de su participación en el coste de los servicios y prestaciones, se compute en términos mensuales calculada como la doceava parte de su capacidad económica anual.

5. La cantidad mínima para gastos personales se incrementará en un 25% para las personas en situación de dependencia por razón de su discapacidad, en atención a su edad y mayores apoyos para la promoción de su autonomía personal.


Artículo 20. Prestaciones de análoga naturaleza y finalidad.—1. La percepción de una de las prestaciones económicas previstas deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En particular, se deducirán las prestaciones previstas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre:

a) El complemento de gran invalidez.

b) El complemento de asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%.

c) El complemento de necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva.

d) El subsidio de tercera persona.

2. Si la persona beneficiaria de alguno de los servicios fuera titular de alguna prestación de análoga naturaleza y finalidad de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dicha prestación se sumará a la cuantía calculada con arreglo a los criterios de participación del servicio hasta el 100% del coste de referencia del mismo. En el caso de que la persona fuera beneficiaria de un servicio de ayuda a domicilio o de centro de día se sumará únicamente el 20% del importe de la prestación de análoga naturaleza y finalidad.


CAPÍTULO III

Determinación de la capacidad económica


Artículo 21. Determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias.—1. La capacidad económica de las personas beneficiarias del SAAD, se valorará de acuerdo con la renta y el patrimonio de la persona interesada, en los términos que establece el artículo 14.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

2. La capacidad económica personal del beneficiario será la correspondiente a su renta, incrementada en un 5 por ciento de su patrimonio neto a partir de los 65 años de edad, en un 3 por ciento de los 35 a los 65 años y en un 1 por ciento a los menores de 35 años.

3. Sólo se tendrá en cuenta la vivienda habitual para el cálculo de la capacidad económica personal, cuando la prestación que reciba el beneficiario sea de atención residencial a través de la Red de Servicios Sociales Pública, concertada o mediante una prestación vinculada a este servicio.

4. Para la determinación de la capacidad económica personal, incluida la determinación de las cargas familiares, será de aplicación, con carácter supletorio, la normativa correspondiente a los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y del Patrimonio.

5. Las disposiciones incluidas en el presente capítulo serán de aplicación a las personas no dependientes usuarias de los servicios públicos regulados en la presente norma, a excepción de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.


Artículo 22. Criterios para la determinación de la renta.—1. Se considera renta los ingresos de la persona beneficiaria, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos, atendiendo a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, o, en su caso, a las normas fiscales que pudieran ser de aplicación.

2. Se entenderá como renta personal, con carácter general, la mitad de la suma de los ingresos de los miembros del matrimonio o pareja de hecho. No obstante, en el caso de cónyuges en régimen económico de separación de bienes que no hubiera presentado declaración conjunta del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ejercicio de referencia, y así lo manifieste de manera expresa el solicitante, se entenderá como renta personal la de la persona solicitante.

3. Asimismo, cuando la persona dependiente tuviera a su cargo a ascendientes mayores de 65 años, descendientes o personas vinculadas a la persona beneficiaria por razón de tutela y/o acogimiento de menores de 25 años o mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, la renta personal se dividirá entre el número de personas consideradas además de la persona beneficiaria.

A estos efectos, se entiende como persona a cargo, aquélla cuyos ingresos anuales sean inferiores a los que establezca la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo personal y familiar.

4. En relación a las rentas derivadas de los seguros privados de dependencia, a que se refiere el artículo 51.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se estará a lo que establezca por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o, en su caso, por las comunidades autónomas con competencia fiscal en la materia.

5. En los ingresos de las personas beneficiarias no se tendrán en consideración como renta la cuantía de las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad recogidas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Del mismo modo, cuando exista cónyuge o pareja de hecho cuyas rentas deban computarse según lo establecido en este artículo, no se tendrán en cuenta las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad que éste pudiera percibir.

6. No tendrá la consideración de renta la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y aquellas ayudas de igual contenido que se hayan podido establecer por las comunidades autónomas.


Artículo 23. Criterios para la determinación del patrimonio.—1. Se considera patrimonio de la persona beneficiaria el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder, de conformidad con las normas fiscales que, en su caso, pudieran resultar de aplicación.

2. Únicamente, se computará la vivienda habitual en el supuesto de que la persona beneficiaria reciba el servicio de atención residencial o la prestación económica vinculada a tal servicio y no tenga personas a su cargo que continúen residiendo en dicha vivienda. En este caso, el valor a computar será el valor catastral de la vivienda o, en su defecto, el valor escriturado, aplicada la exención que por vivienda habitual establezca, en su caso, la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio.

3. A estos efectos, se entiende como personas a su cargo el cónyuge o pareja de hecho, ascendientes mayores de 65 años, descendientes o personas vinculadas a la persona beneficiaria por razón de tutela y/o acogimiento de menores de 25 años o mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que convivieran con la persona beneficiaria y dependan económicamente del mismo, según lo establecido en el apartado 3 del artículo 21.

4. En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje correspondiente a la propiedad de la persona beneficiaria.

5. No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, salvo cuando la persona titular de dicho patrimonio sea la que accede al servicio y siempre que el acceso a dicho servicio tenga carácter definitivo, en la medida que el mismo participa en la cobertura de las necesidades vitales de la persona. No obstante, se computarán las rentas derivadas de dicho patrimonio que no se integren en el mismo.

6. Asimismo, se computarán las disposiciones patrimoniales realizadas por la persona beneficiaria en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, en los términos recogidos en la disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.

7. Los bienes inmuebles se computarán según su valor catastral en el ejercicio que se toma como referencia para el cálculo de la capacidad económica.

En el caso de los elementos patrimoniales susceptibles de incorporarse a la capacidad económica de la persona beneficiaria se aplicarán reglas de estimación objetiva a su valor documentado más actual.


Artículo 24. Período a computar.—1. El período a computar en la determinación de la renta y del patrimonio será el correspondiente al último ejercicio fiscal cuyo período de presentación de la correspondiente declaración haya vencido a la fecha de presentación de la solicitud o del último disponible en la base de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. No obstante, cuando la capacidad económica de la persona beneficiaria sólo provenga de la percepción de pensiones, prestaciones o subsidios públicos, el período a computar en su determinación será el correspondiente al ejercicio en el que se presente la solicitud.

2. En los casos que para un interesado no se dispusiera de información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o de cualquier otro Organismo Público, la capacidad económica se referirá al ejercicio con ingresos acreditados inmediatamente posterior o, en su defecto, inmediatamente anterior al que se indica en el primer apartado, excepto en los casos en los que la inexistencia de datos se deba a que el interesado no se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.

3. En el caso de que, en el año que se toma como referencia para el cálculo de la capacidad económica, o con posterioridad, se hubieran modificado las prestaciones periódicas percibidas por el beneficiario, se utilizará el ejercicio económico con ingresos acreditados inmediatamente posterior. En su defecto, la renta procedente de dichas prestaciones se valorará utilizando la cuantía mensual que efectivamente haya percibido desde el momento en que se produjo dicha modificación por el número de pagas anuales.


Artículo 25. Comprobación de la capacidad económica de las personas beneficiarias.—1. La Consejería competente en materia de Bienestar Social recabará de las Administraciones Públicas la información necesaria para determinar y verificar la capacidad económica inicial de la persona dependiente, sin perjuicio de poder requerir en cualquier momento la documentación señalada en el artículo 15 del Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, u otra que estime necesaria.

2. La presentación de la solicitud de reconocimiento de grado de dependencia conllevará la autorización a la Consejería competente en materia de Bienestar Social, para verificar la información aportada por los interesados en aquélla, mediante la obtención de datos de carácter económico que sobre ellos existan en las distintas Administraciones, Registros Públicos o cualquier otro organismo competente.

En el supuesto de que exista diferencia entre la información económica declarada por las personas interesadas y la obtenida por la Administración Pública, prevalecerá esta última para la determinación de la capacidad económica.

3. No obstante lo anterior, las personas solicitantes tendrán la obligación de declarar en la solicitud en relación a las siguientes circunstancias y, en su caso, a aportar la documentación que se señala a continuación:

a) Las disposiciones patrimoniales que hayan efectuado en los cuatro años anteriores, así como las que realicen con posterioridad, a favor del cónyuge, persona de análoga relación de afectividad al cónyuge o parientes hasta el cuarto grado inclusive, debiendo aportar en su caso, la documentación acreditativa de las mismas.

b) En caso de que el solicitante y/o sus convivientes fueran perceptores de pensiones o prestaciones públicas del ISFAS, MUFACE, MUGEJU, deberán declararlas en la solicitud y acompañar certificado emitido por la Entidad Pagadora correspondiente con sus importes anuales y revalorizaciones.

c) Cuando el solicitante y/o sus convivientes fueran perceptores de pensiones o prestaciones públicas de otros Estados, deberán hacerlo constar en la solicitud y presentar con la misma, certificado emitido por la Entidad Pagadora correspondiente con sus importes anuales y revalorizaciones, o documentación acreditativa de las mismas.

d) En caso de que el solicitante fuera titular de bienes o derechos de contenido económico sometidos a cargas o gravámenes, deberá presentar documentación acreditativa de las mismas para su toma en consideración.

4. Cuando, siendo necesario requerir documentación a la persona interesada para proceder al cálculo de su capacidad económica, ésta no la aporte en el plazo establecido para ello, decaerá su derecho al trámite, correspondiéndole la mínima cuantía de la prestación económica o la máxima participación en el coste del servicio público que se le llegue a reconocer. En estos casos, la cuantía de la prestación económica o de la participación en el coste del servicio permanecerá invariable hasta que no sea revisada a instancia del interesado y se aporte la documentación necesaria para ello, conforme al artículo siguiente.

5. Las personas que no siendo beneficiarias del SAAD, fueran usuarias de alguno de los servicios incluidos en el catálogo de dicho Sistema, deberán acreditar su capacidad económica mediante la presentación de la documentación requerida en las disposiciones de carácter general que regulan el régimen de acceso a cada uno de los servicios sociales especializados, o en su defecto por la señalada en el artículo 15 del Decreto 68/2007, y cuantos documentos adicionales sean requeridos por la Administración para la determinación de su capacidad económica conforme a lo establecido en los artículos precedentes.

6. La aportación de aquella documentación que obre en poder de otras Administraciones Públicas, podrá sustituirse por la autorización firmada por la persona interesada o su representante legal, para que la Administración del Principado de Asturias o entidades públicas a ella adscritas, puedan obtener de otras Administraciones la información precisa para la determinación y revisión de su capacidad económica.

7. La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica podrá dar lugar a la suspensión o extinción de la prestación, además de las responsabilidades de cualquier otro tipo en que pudiera incurrir la persona beneficiaria.

En el caso de prestaciones económicas conllevará, además, la devolución de las cantidades percibidas indebidamente y en el supuesto de participación insuficiente en el coste de los servicios conllevará la obligación de resarcir la diferencia.


Artículo 26. Revisión de la capacidad económica a instancia de parte.—1. La capacidad económica de las personas dependientes, y en consecuencia, la cuantía de la prestación económica o la participación en el coste del servicio, en su caso, podrán ser revisadas a solicitud de las personas interesadas o sus representantes legales, cuando exista una variación en sus circunstancias personales o económicas

2. La persona interesada deberá presentar solicitud de revisión de la capacidad económica, acompañando la misma de la documentación acreditativa de la variación de su situación.

3. Si como consecuencia de la revisión se viera modificada la cuantía de la prestación económica o la cantidad que debiera abonar mensualmente la persona usuaria de los servicios, los efectos se producirán a partir del día primero del mes siguiente en que se hubiera producido el hecho causante, o si éste no se pudiera acreditar, desde la entrada de la solicitud de revisión de la capacidad económica.


Artículo 27. Revisión de oficio de la capacidad económica y deber de comunicación.—1. En todo caso, las personas beneficiarias o sus representantes legales deberán comunicar por escrito a la Consejería competente en materia de bienestar social, y en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente al de la producción del hecho causante, cualquier variación de su situación personal o económica que pueda suponer una modificación respecto a su capacidad económica o prestación reconocida.

No será necesaria esta comunicación cuando la variación de la capacidad económica afecte exclusivamente a las pensiones o prestaciones sociales públicas de las que fuera perceptora la persona beneficiaria.

2. No obstante, la Administración realizará de oficio, al menos cada cuatro años, una revisión de la capacidad económica de cada persona dependiente.

En estos casos, si como consecuencia de la revisión se viera modificada la cuantía de la prestación económica o la cantidad que debiera abonar mensualmente la persona usuaria de los servicios, los efectos se producirán a partir del día primero del mes siguiente en que se hubiera producido el hecho causante, salvo que la variación afecte exclusivamente a las pensiones o prestaciones sociales públicas de las que fuera perceptora la persona beneficiaria, en cuyo caso, los efectos comenzarán a partir de la resolución de revisión de la capacidad económica y de la prestación reconocida.

3. Asimismo, la Administración procederá a la revisión de la capacidad económica con ocasión del procedimiento de revisión de la situación de dependencia o de la prestación reconocida en el Programa Individual de Atención.

Si como consecuencia de la revisión de la situación de dependencia, se viera modificada la cuantía de la prestación económica o la participación en el coste del servicio reconocido, los efectos comenzarán a partir de la resolución de revisión de la situación de dependencia, o en el caso de tener reconocida la prestación económica vinculada a servicio o de asistencia personal, a los seis meses desde la solicitud de revisión de la situación de dependencia si ésta no se resolvió en plazo.

En el supuesto de revisiones de oficio de la situación de dependencia, los efectos de la modificación de la cuantía de la prestación económica se retrotraerán a la fecha de inicio del procedimiento si éstos son favorables, y comenzarán a partir de la resolución de revisión de la situación de dependencia si son desfavorables para el interesado.


CAPÍTULO IV

Gestión de las prestaciones


Artículo 28. Pago de los servicios públicos.—Una vez determinada la participación económica de las personas usuarias de servicios públicos en el coste de los mismos, se procederá al cobro de las cantidades que resulten por parte del órgano gestor que corresponda, según lo establecido en la normativa que regule los precios públicos de servicios sociales especializados.


Artículo 29. Abono de las prestaciones económicas.—1. El abono de las prestaciones económicas se realizará mensualmente, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la persona beneficiaria o su representante legal, de la que ha de ser titular, y previa acreditación por parte de ésta del cumplimiento de los requisitos según lo establecido en la presente resolución.

2. En caso de fallecimiento de la persona beneficiaria con anterioridad al pago de las prestaciones devengadas, éstas podrán ser satisfechas a la persona designada como representante de la comunidad hereditaria.

3. La solicitud de cambio de la cuenta bancaria ha de presentarse por escrito, acompañando la misma del modelo de fichero de acreedores debidamente cumplimentado.


Artículo 30. Justificación de las prestaciones económicas.—Las personas beneficiarias de prestaciones económicas deberán justificar el mantenimiento de los requisitos establecidos para la percepción de las mismas, siempre que así lo requiera la Consejería competente, mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) En el caso de la prestación económica vinculada a servicio, deberán presentar original de las facturas que se han emitido por el centro prestador en el período correspondiente, por importe igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.

b) En el supuesto de que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, deberán presentar una declaración responsable suscrita por la persona dependiente o su representante legal, de que se han mantenido los requisitos establecidos para la percepción de la prestación económica.

c) En el caso de prestación económica de asistencia personal, deberán presentar: originales de las facturas emitidas por los servicios prestados durante el año correspondiente por importe igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.


Artículo 31. Suspensión y extinción de las prestaciones económicas.—1. Son causas de suspensión del abono de las prestaciones económicas:

a) Pérdida de alguno de los requisitos para su percepción, según la normativa vigente.

b) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios.

c) Renuncia expresa por la persona beneficiaria.

d) Ingreso de la persona dependiente en un centro hospitalario o en un centro de público de atención residencial cuando dicho período supere los treinta días.

e) Pérdida de la acreditación o no obtención de la misma por parte del centro privado prestador del servicio. En estos casos, la prestación económica vinculada a servicio se reanudará en el momento en que el centro obtenga la citada acreditación, teniendo efectos retroactivos desde que el inicio de la suspensión.

f) Compensación de pagos indebidos, por el período necesario para proceder al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

2. El derecho a la prestación económica se extinguirá de manera automática por las siguientes causas:

a) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su percepción.

b) Renuncia expresa de la persona beneficiaria o su representante legal.

c) Fallecimiento de la persona beneficiaria.

d) Modificación del Programa Individual de Atención que implique la asignación de un servicio u otra prestación económica incompatible con su percepción según lo dispuesto en la presente norma.

3. Los efectos de la suspensión o de extinción de la prestación económica comenzarán desde el primer día del mes siguiente a la producción del hecho causante, salvo en los siguientes supuestos:

— En caso de fallecimiento, la prestación económica se abonarán hasta el día del fallecimiento.

— En caso de renuncia expresa, los efectos comenzarán desde la presentación del escrito de solicitud.

— Cuando se trate de una modificación de la prestación reconocida, los efectos comenzarán desde el inicio de la nueva prestación.

4. En los supuestos de suspensión por compensación de deuda, los efectos comenzarán a partir del primer día del mes siguiente a la resolución de declaración de cantidades indebidamente percibidas y de suspensión de la prestación económica.


Artículo 32. Reintegro de prestaciones económicas.—1. Procederá el reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas o recibidas en exceso, o bien su compensación con las cantidades devengadas con posterioridad cuando se mantenga el derecho a percibir una prestación económica.

2. Están obligadas al reintegro de las prestaciones económicas las siguientes personas:

a) Las personas beneficiarias.

b) Solidariamente, los representantes legales de la persona beneficiaria cuando ésta careciera de capacidad de obrar.

c) En caso de fallecimiento de la persona en situación de dependencia obligada al reintegro, la obligación de satisfacer las cantidades pendientes de restitución se transmitirá a sus causahabientes, sin perjuicio de lo que establezca el derecho civil, en particular para el caso de aceptación de la herencia a beneficio de inventario.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en el Decreto 14/1993, de 25 de febrero, por el que se regulan los reintegros de pagos indebidos, modificado por Decreto 23/1996 (BOPA 24-03-1993) y el Decreto 38/1991 de 4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios y otros ingresos de derecho público del Principado de Asturias.


Artículo 33. Traslado de la persona beneficiaria entre comunidades autónomas.—1. La persona beneficiaria que traslade su residencia de forma permanente al territorio de otra comunidad autónoma o a las ciudades de Ceuta y de Melilla, está obligada a comunicarlo a la Consejería competente en materia de bienestar social.

2. La comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y de Melilla de destino, deberán revisar el Programa Individual de Atención en el plazo máximo de 60 días naturales, a contar desde la fecha en que tenga conocimiento de dicho traslado. La Administración del Principado de Asturias mantendrá, durante dicho plazo, el abono de las prestaciones económicas reconocidas y suspenderá el derecho a la prestación cuando se trate de un servicio, sustituyéndolos por la prestación económica vinculada al servicio.

A tal efecto, una vez resuelto el traslado, se procederá al abono de las cantidades devengadas en un único pago.

3. Las personas en situación de dependencia que se encuentren temporalmente desplazadas de su residencia habitual dentro del territorio español, mantendrán el derecho y reserva del servicio, así como la obligación de abonar la participación en el coste del mismo o, continuarán, en su caso, percibiendo la prestación económica durante un tiempo máximo de 60 días al año con cargo a la Administración del Principado de Asturias.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS


Disposición transitoria primera.—1. Se procederá al abono íntegro de las cantidades devengadas en concepto de atrasos periodificados de prestación económica para cuidados en el entorno familiar que se encuentren pendientes a la entrada en vigor de la presente norma, cuando se den las siguientes circunstancias:

a) Fallecimiento de la persona dependiente.

b) Modificación de la prestación reconocida en el Programa Individual de Atención.

c) Traslado a otra comunidad autónoma.

2. Asimismo, en caso de disponibilidad presupuestaria, y con ocasión del abono de la quinta parte de las cantidades devengadas en concepto de atrasos, podrá procederse a la liquidación íntegra de la deuda cuando ésta no supere los 3.000 euros.


Disposición transitoria segunda.—1. La Administración del Principado de Asturias procederá de oficio a la revisión de la participación económica de las personas dependientes y no dependientes en el coste de los servicios públicos con el objeto de adaptarla a lo establecido en la presente Resolución, para lo que se establece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

2. Lo dispuesto en la presente norma no afectará a aquellas personas a las que les haya sido de aplicación la anterior normativa en materia de determinación de su capacidad económica, hasta en tanto no se produzca la revisión de la misma, de oficio o a instancia de parte.

3. El plazo previsto en el apartado primero de esta disposición será de nueve meses para las revisiones relativas a los Servicios de Atención Residencial y Centro de Día dependientes del Organismo Autónomo E.R.A., y para los Servicios de Alojamiento Residencial y Centro de Día dependientes de la Dirección General de Mayores y Discapacidad.

Nota

Disposición Transitoria tercera.—Las personas dependientes usuarias de centros de atención residencial para mayores que, a la entrada en vigor de la presente norma, ya vinieran efectuando abonos mensuales a cuenta de la liquidación final de la deuda generada, no precisarán efectuar la previa solicitud señalada en el apartado 2 del artículo 9. bis de esta Resolución.

Nota

Disposición Transitoria Cuarta.—La presente Resolución será de aplicación a los procedimientos de cálculo de la participación económica en el coste del Servicio de Atención Residencial iniciados al amparo de lo dispuesto en la Resolución de 28 de junio de 2013, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 1 de julio de 2013).

Nota

DISPOSICIÓN DEROGATORIA



Disposición derogatoria única.—    Redacción anterior    La presente Resolución deroga a la anterior Resolución de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de 27 de abril de 2011, por la que se regula la determinación de la capacidad económica de las personas usuarias que tengan reconocida la situación de dependencia, las prestaciones económicas y la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias, así como a la Resolución de 17 de abril de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 27 de abril de 2011 (BOPA de 22-IV-2013).

Nota

DISPOSICIÓN FINAL


La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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