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DECRETO N.º 3118 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (BOME DE 2 DE AGOSTO)




DECRETO N.º 3118 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (BOME DE 2 DE AGOSTO)


 
El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto núm. 3118/ 2013 de 30 de julio de 2013, ha tenido a bien disponer la siguiente:

Habiéndose adoptado por el Pleno de la Excma.

Asamblea de la Ciudad, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de julio de 2013, acuerdo definitivo de aprobación de la Ordenanza General de Inspección de Tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla, previa desestimación de las reclamaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de 7 de mayo de 2013, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de acuerdo con el artículo 76.2.f) del Reglamento de la Asamblea (B.O.M.E. extraordinario núm. 10, de 19 de mayo de 2012) VENGO EN DECRETAR la publicación íntegra de la Ordenanza General de Inspección de Tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Contra el expresado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano que corresponda según la normativa de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad.


ORDENANZA GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA


TÍTULO I

Normas generales


Artículo 1. Objeto.—La presente Ordenanza, aprobada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, complementa y desarrolla la regulación establecida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, en relación con el ejercicio de las facultades y funciones inspectoras.


Artículo 2. Ámbito de aplicación.—Esta Ordenanza obligará en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla, desde su aprobación definitiva hasta su derogación o modificación.


Artículo 3. Colaboración con otras Administraciones tributarias.—1. Cuando el Servicio de Inspección conozca hechos o circunstancias con trascendencia tributaria para otras Administraciones tributarias, los pondrá en conocimiento de éstas y los acompañara de los elementos probatorios que proceda, en la forma que se establezca reglamentariamente.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las actuaciones en materia de inspección que hayan de efectuarse fuera del territorio de la Ciudad de Melilla, serán practicadas por los órganos de inspección del Estado o de la comunidad autónoma competente por razón del territorio en función de las competencias correspondientes, previa solicitud del Presidente.


Artículo 4. Personal Inspector.—1. Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios que, adscritos al Servicio de Inspección Tributaria, ocupen los puestos de:

a) Jefe de Inspección de Tributos.

b) Subinspectores de Tributos.

c) Agentes Tributarios.

2. Las actuaciones preparatorias y las de comprobación o prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria podrán encomendarse al personal al servicio de la Administración tributaria que no tenga la condición de funcionario.

3. Las actuaciones de la Inspección deberán ser ordenadas y dirigidas en todo caso por el Jefe de Inspección de Tributos y serán practicadas bien directamente por éste o bien por los Subinspectores del Servicio.


Artículo 5. Derechos y deberes del personal inspector.—1. Los funcionarios de la Inspección serán considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, a los efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentando o desacato contra ellos, de hecho o de palabra durante actos de servicio o con motivo del mismo.

2. Las autoridades y entidades a que se refiere el artículo 94 de la Ley 58/2003, General Tributaria y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a prestar a los funcionarios y demás personal de la Inspección el apoyo, concurso, auxilio, y protección que les sea necesario para el ejercicio de sus funciones.

3. Todo el personal de la Inspección estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto de los datos, informes o antecedentes que conozca por razón de su cargo o puesto de trabajo.

4. Los funcionarios y demás personal al servicio de la Inspección tributaria no estarán obligados a declarar como testigos en los procedimientos civiles ni en los penales, por delitos perseguibles únicamente a instancia de parte, cuando no pudieran hacerlo sin violar el deber de sigilo que están obligados a guardar.

5. Se proveerá al personal inspector de un carné u otra identificación que les acredite para el desempeño de sus funciones.

6. Cuando el personal inspector actúe fuera de las oficinas públicas deberá acreditar su condición, si es requerido para ello.


Artículo 6. Plan de Control Tributario.—1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen.

2. En el Plan de control tributario se integrará, el plan o los planes parciales de inspección, que se basarán en los criterios de riesgo fiscal, oportunidad, aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes.

3. El plan o los planes parciales de inspección recogerán los programas de actuación, ámbitos prioritarios y directrices que servirán para seleccionar a los obligados tributarios sobre los que deban iniciarse actuaciones inspectoras en el año de que se trate.

4. La aprobación y modificación, en su caso, del Plan de control tributario, corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta del Director General de Gestión Tributaria.

5. La determinación de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de comprobación en ejecución del correspondiente plan de inspección tiene el carácter de acto de mero trámite y no será susceptible de recurso.

6. Para la determinación de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de comprobación se podrán tener en cuenta las propuestas formuladas por los órganos con funciones de aplicación de los tributos.


Artículo 7. Funciones de la Inspección.—La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.

c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos.

d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias.

e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales.

f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.

g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.

h) La realización de actuaciones de comprobación limitada.

i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración Pública.

j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en defecto de regulación expresa, por las normas establecidas en el Capítulo IV del Título III de la Ley General Tributaria, con exclusión de lo dispuesto en el artículo 149 de dicha Ley.

k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las autoridades competentes.


Artículo 8. Examen de la documentación de los obligados tributarios.—1. Para realizar las actuaciones inspectoras, se podrán examinar, entre otros, los siguientes documentos de los obligados tributarios:

a) Declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas por los obligados tributarios relativas a cualquier tributo.

b) Contabilidad de los obligados tributarios, que comprenderá tanto los registros y soportes contables como las hojas previas o accesorias de las anotaciones contables.

c) Libros registro establecidos por las normas tributarias.

d) Facturas, justificantes y documentos sustitutivos que deban emitir o conservar los obligados tributarios.

e) Documentos, datos, informes, antecedentes, y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

2. La documentación y los demás elementos a que se refiere este artículo se podrán analizar directamente. Se exigirá, en su caso, la visualización en pantalla o la impresión en los correspondientes listados de datos archivados en soportes informáticos o de cualquier otra naturaleza. Asimismo, se podrá obtener copia en cualquier soporte de los datos, libros o documentos a los que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34.1.h) de la Ley 58/2003, General Tributaria.

3. Los obligados tributarios deberán poner a disposición del personal inspector la documentación a la que se refiere el apartado 1 de este artículo. Cuando el personal inspector requiera al obligado tributario para que aporte datos, informes o antecedentes que no deban hallarse a disposición de dicho personal, se concederá un plazo no inferior a 10 días, contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, para cumplir con este deber de colaboración.


Artículo 9. Entrada y reconocimiento de fincas.—1. Los funcionarios que desarrollen actuaciones inspectoras tienen la facultad de entrada y reconocimiento de los lugares a que se refiere el artículo 142.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, cuando aquellas así lo requieran.

2. Cuando el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encontraran los mencionados lugares se opusiera a la entrada de los funcionarios de la Inspección, se precisará autorización escrita del Director General de Gestión Tributaria, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que procedan.

3. Cuando la entrada o reconocimiento afecte al domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario, se precisará el consentimiento del interesado o autorización judicial.

La solicitud de la autorización al órgano jurisdiccional será realizada por el Director General de Gestión Tributaria, previo informe motivado del Jefe de Inspección de Tributos.

4. A efectos de lo dispuesto en este artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 anterior, se considerará que el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encuentren los lugares a que se refiere el artículo 142.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, prestan su conformidad a la entrada y reconocimiento cuando ejecuten los actos normalmente necesarios que dependan de ellos para que las actuaciones puedan llevarse a cabo.

Si se produce la revocación del consentimiento del obligado tributario para la permanencia en los lugares en los que se estén desarrollando las actuaciones, los funcionarios, antes de la finalización de estas, podrán adoptar las medidas cautelares reguladas en el artículo 146 de la Ley 58/2003, General Tributaria.


Artículo 10. Obligación de atender a la Inspección.—1. Los obligados tributarios deberán atender a la Inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.

2. Cuando el personal inspector se persone sin previa comunicación en el lugar donde deban practicarse las actuaciones, el obligado tributario o su representante deberán atenderles si estuviesen presentes. En su defecto, deberá colaborar cualquiera de las personas encargadas o responsables de tales lugares, sin perjuicio de que en el mismo momento y lugar se pueda requerir la continuación de las actuaciones en el plazo que se señale y adoptar las medidas cautelares que resulten procedentes.

3. El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes en las actuaciones inspectoras cuando a juicio de la Inspección sea preciso para la adecuada práctica de aquellas.

4. En los puertos, estaciones de transportes terrestres, en los aeropuertos o en los mercados centrales, mataderos, lonjas y lugares de naturaleza análoga, se permitirá libremente la entrada del personal inspector a sus estaciones, muelles, oficinas y demás instalaciones para la toma de datos de facturaciones, entradas y salidas u otros similares, y se podrá requerir a los empleados para que ratifiquen los datos y antecedentes tomados.

5. Asimismo, el personal inspector esta facultado para:

a) Recabar información de los trabajadores sobre cuestiones relativas a las actividades en que participen.

b) Realizar mediciones o tomar muestras, así como obtener fotografías, croquis o planos.

c) Recabar el dictamen de peritos.

d) Exigir la exhibición de objetos determinantes de la exacción del tributo.

e) Verificar los sistemas de control interno de la empresa, cuando pueda facilitar la comprobación de la situación tributaria del obligado.

f) Verificar y analizar los sistemas y equipos informáticos a través de los que se lleve a cabo la gestión de la actividad económica.


Artículo 11. Lugar de las actuaciones inspectoras.—1. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 151.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, según determine la Inspección.

2. Las actuaciones relativas al análisis de la documentación a que se refiere el artículo 142.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria deberán practicarse en el lugar donde legalmente deban hallarse los libros de contabilidad o documentos, con las siguientes excepciones:

a) Cuando exista previa conformidad del obligado tributario, que se hará constar en diligencia, podrán examinarse en las oficinas públicas o en cualquier otro lugar en el que así se acuerde.

b) Cuando se hubieran obtenido copias en cualquier soporte de los libros y documentos a que se refiere el artículo 142.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, podrán examinarse en las oficinas públicas.

c) Cuando se trate de registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de los justificantes exigidos por éstas, se podrá requerir su presentación en las oficinas públicas para su examen.

d) Cuando las actuaciones de inspección no tengan relación con el desarrollo de una actividad económica, se podrá requerir la presentación en las oficinas públicas de los documentos y justificantes necesarios para la debida comprobación de su situación tributaria, siempre que estén establecidos o sean exigidos por normas de carácter tributario o se trate de justificantes necesarios para probar los hechos o las circunstancias consignados en las declaraciones tributarias.

3. Cuando el domicilio fiscal del obligado tributario se halle en Melilla, la Inspección podrá examinar todos los libros, documentos o justificantes que deban ser aportados aunque se refieran a bienes, derechos o actividades que radiquen, aparezcan o se desarrollen en un ámbito territorial distinto.

Del mismo modo, cuando el domicilio fiscal del obligado tributario no se halle en Melilla, la Inspección podrá desarrollar en cualquiera de los demás lugares a que se refiere el artículo 151 de la Ley 58/ 2003, General Tributaria, las actuaciones que procedan en relación con dicho obligado.


Artículo 12. Horario de las actuaciones inspectoras.—1. Se podrán desarrollar actuaciones inspectoras fuera de los días y horas a los que se refiere el artículo 152 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en los términos establecidos en el artículo 182 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

2. La autorización a que se refiere el artículo 182.2.b) de dicho reglamento se emitirá por el Director General de Gestión Tributaria.


TÍTULO II

Documentación de las actuaciones inspectoras


Artículo 13. Documentación de las actuaciones inspectoras.—Las actuaciones inspectoras se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes, actas y demás documentos en los que se incluyan actos de liquidación y otros acuerdos resolutorios, en los términos establecidos en el Real Decreto 1065/ 2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.


Artículo 14. Diligencias.—1. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un modelo preestablecido. No obstante, cuando fuera posible, se extenderán en el modelo establecido al efecto.

2. De cada diligencia se extenderán al menos dos ejemplares, que serán firmados por el personal que practique las actuaciones y por la persona o personas con quienes se entiendan estas. Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia o no pudiese hacerlo, se hará constar así en la misma sin perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente.

De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se negase a recibir la diligencia, se hará constar así en ella, y, en su caso, se considerará un rechazo a efectos de lo previsto en el artículo 111 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

3. Cuando la naturaleza de las actuaciones inspectoras cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera la presencia de persona alguna para su realización, la diligencia será firmada únicamente por el personal que realice la actuación, y de la misma se remitirá un ejemplar al obligado tributario o se le pondrá de manifiesto en el correspondiente trámite de audiencia o de alegaciones.


Artículo 15. Actas de inspección.—1. En las actas de inspección a que se refiere el artículo 143.2 de la Ley 58/2003, se consignarán además de las menciones contenidas en el artículo 153 de dicha ley, los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos y número de registro de personal de los funcionarios que la suscriben.

b) La fecha de inicio de las actuaciones, las ampliaciones de plazo que, en su caso, se hubieran producido y el cómputo de las interrupciones justificadas y de las dilaciones no imputables a la Administración acaecidas durante las actuaciones.

c) La presentación o no de alegaciones por el interesado durante el procedimiento o en el trámite de audiencia y, en el caso de que las hubiera efectuado, la valoración de las mismas por el funcionario que suscribe el acta. No obstante cuando se suscriba un acta de disconformidad, la valoración de las alegaciones presentadas podrá incluirse en el informe a que se refiere el artículo 157.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

d) El carácter provisional o definitivo de la liquidación que derive del acta. En el caso de liquidación provisional se harán constar las circunstancias que determinan dicho carácter y los elementos de la obligación tributaria a que se haya extendido la comprobación.

e) En el caso de actas con acuerdo deberá hacerse constar, además de lo señalado en el artículo 155.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la fecha en que el órgano competente ha otorgado la preceptiva autorización y los datos identificativos del depósito o de la garantía constituidos por el obligado tributario.

2. Cuando el obligado tributario esté sujeto a obligaciones contables y registrales en relación con el tributo y periodo comprobado, deberá hacerse constar en el acta la situación de los libros o registros obligatorios, con expresión, en su caso, de los defectos o anomalías que sean trascendentes para la resolución del procedimiento o para determinar la existencia o calificación de infracciones tributarias.

3. En relación con cada obligación tributaria podrá extenderse una única acta respecto de todo el ámbito temporal objeto de la comprobación a fin de que la deuda resultante se determine mediante la suma algebraica de las liquidaciones referidas a los distintos periodos comprobados.

4. La Inspección extenderá sus actas en los modelos oficiales aprobados al efecto por el Consejero de Economía y Hacienda.

Si por su extensión no pudieran recogerse en el modelo de acta todas las circunstancias que deban constar en ella, estas se reflejarán en un anexo que formará parte del acta a todos los efectos y que se formalizará también en modelo oficial.


Artículo 16. Valor probatorio de las actas y diligencias.—1. Las actas y diligencias extendidas por la Inspección tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

2. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas o diligencias se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho.


TÍTULO III

Procedimiento de Inspección


Artículo 17. Procedimiento inspector.—1. El procedimiento de inspección se iniciará:

a) De oficio.

b) A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en el artículo 149 de la Ley 58/ 2003, General Tributaria.

2. El procedimiento de inspección podrá iniciarse mediante comunicación notificada al obligado tributario para que se persone en el lugar, día y hora que se le señale y tenga a disposición de la Inspección o aporte la documentación y demás elementos que se estimen necesarios, en los términos del artículo 87 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

3. Cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actuaciones, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta ordenanza, el procedimiento de inspección podrá iniciarse sin previa comunicación mediante personación en la empresa, oficinas, dependencias, instalaciones, centros de trabajo o almacenes del obligado tributario o donde exista alguna prueba de la obligación tributaria, aunque sea parcial. En este caso las actuaciones se entenderán con el obligado tributario si estuviese presente y, de no estarlo, con los encargados o responsables de tales lugares.

4. Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

5. La comunicación, debidamente notificada, o bien la presencia de la Inspección que ésta haya hecho constar y fuese conocida por el interesado, con el fin de iniciar efectivamente las actuaciones inspectoras, producirán los siguientes efectos:

a) La interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar las deudas tributarias mediante la oportuna liquidación, e imponer las sanciones correspondientes respecto de los conceptos y periodos objeto del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1.a) y 189.3.a) de la Ley 58/2003, General Tributaria.

b) Las declaraciones o autoliquidaciones tributarias que presente el obligado tributario una vez iniciadas las actuaciones, en relación con las obligaciones tributarias y periodos objeto del procedimiento, en ningún caso iniciarán un procedimiento de devolución ni producirán los efectos previstos en los artículos 27 y 179.3 de la Ley 58/ 2003, General Tributaria, sin perjuicio de que en la liquidación que, en su caso, se practique se pueda tener en cuenta la información contendida en dichas declaraciones o autoliquidaciones.

Asimismo, los ingresos efectuados por el obligado tributario con posterioridad al inicio de las actuaciones, en relación con las obligaciones tributarias y periodos objeto del procedimiento, tendrán carácter de ingresos a cuenta sobre el importe de la liquidación que, en su caso, se practique, sin que esta circunstancia impida la apreciación de las infracciones tributarias que puedan corresponder. En este caso, no se devengarán intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso.


Artículo 18. Extensión y alcance de las actuaciones del procedimiento de inspección.—1. Las actuaciones del procedimiento inspector se extenderán a una o varias obligaciones y periodos impositivos o de liquidación, y podrán tener alcance general o parcial en los términos establecidos en los artículos 148 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 178 del Real Decreto 1065/ 2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

2. La extensión y el alcance general o parcial de las actuaciones deberán hacerse constar al inicio de estas mediante la correspondiente comunicación.

Cuando el procedimiento de inspección se extienda a distintas obligaciones tributarias o periodos, deberá determinarse el alcance general o parcial de las actuaciones en relación con cada obligación y periodo comprobado. En caso de actuaciones de alcance parcial deberán comunicarse los elementos que vayan a ser comprobados o los excluidos de ellas.

3. Cuando en el curso del procedimiento se pongan de manifiesto razones que así lo aconsejen, el Director General de Gestión Tributaria, a propuesta del Jefe de Inspección de Tributos, podrá acordar de forma motivada:

a) la modificación de la extensión de las actuaciones para incluir obligaciones tributarias o periodos no comprendidos en la comunicación de inicio o excluir alguna obligación tributaria o periodo de los señalados en dicha comunicación.

b) La ampliación o reducción del alcance de las actuaciones que se estuvieran desarrollando respecto de las obligaciones tributarias y periodos inicialmente señalados. Asimismo, se podrá acordar la inclusión o exclusión de elementos de la obligación tributaria que esté siendo objeto de comprobación en una actuación del alcance parcial.


Artículo 19. Solicitud del obligado tributario de una inspección de alcance general.—1. La solicitud a que se refiere el artículo 149 de la Ley 58/2003, General Tributaria, deberá formularse mediante escrito dirigido al Jefe de Inspección de Tributos o comunicarse expresamente al funcionario que esté desarrollando las actuaciones, quien deberá recoger esta manifestación en diligencia.

2. Se dará traslado de la solicitud al Consejero de Economía y Hacienda, quien acordará si la inspección de carácter general se va a realizar como ampliación del alcance del procedimiento ya iniciado o mediante el inicio de otro procedimiento.

3. La inadmisión de la solicitud por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 149 de la Ley 58/2003, General Tributaria, deberá estar motivada y será notificada al obligado tributario. Contra el acuerdo de inadmisión no podrá interponerse recurso, sin perjuicio del que proceda contra el acto o actos administrativos que pongan fin al procedimiento de inspección.


Artículo 20. Tramitación del procedimiento inspector.—1. En el curso del procedimiento de inspección se realizarán las actuaciones necesarias para la obtención de los datos y pruebas que sirvan para fundamentar la regularización de la situación tributaria del obligado tributario o para declararla correcta.

2. Los funcionarios que tramiten el procedimiento decidirán el lugar, día y hora en que dichas actuaciones deban realizarse. Se podrá requerir la comparecencia del obligado tributario en las oficinas públicas o en cualquier otro de los lugares a que se refiere el artículo 151 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Cuando exista personación, previa comunicación o sin ella, en el domicilio fiscal, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, se deberá prestar la debida colaboración y proporcionar el lugar y los medios auxiliares necesarios para el ejercicio de las funciones inspectoras.

3. Al término de las actuaciones de cada día que se hayan realizado en presencia del obligado tributario, los funcionarios que estén desarrollando las actuaciones podrán fijar el lugar, día y hora para su reanudación, que podrá tener lugar el día hábil siguiente. No obstante los requerimientos de comparecencia en las oficinas públicas no realizados en presencia del obligado tributario deberán habilitar para ello un plazo mínimo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento.

4. Sin perjuicio del ejercicio de las facultades y funciones inspectoras, las actuaciones del procedimiento deberán practicarse de forma que se perturbe lo menos posible el desarrollo normal de las actividades laborales o económicas del obligado tributario.

5. Cuando el obligado tributario justifique la concurrencia de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y hora que le hubiesen fijado, podrá solicitar un aplazamiento dentro de los tres días siguientes al de la notificación del requerimiento. En el supuesto de que la circunstancia que impida la comparecencia se produzca transcurrido el citado plazo de tres días, se podrá solicitar el aplazamiento antes de la fecha señalada para la comparecencia.

En tales casos, se señalará nueva fecha para la comparecencia.


Artículo 21. Medidas Cautelares.—1. Los funcionarios que estén desarrollando las actuaciones en el procedimiento de inspección podrán adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para el aseguramiento de los elementos de prueba en los términos previstos en los artículos 146 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 181 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

2. Para la adopción de las medidas cautelares, se podrá recabar el auxilio y colaboración que se consideren precisos de las autoridades competentes y sus agentes, que deberán prestarlo en los términos del artículo 142.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

3. La adopción de estas medidas deberá documentarse mediante diligencia en la que junto a la medida adoptada y el inventario de los bienes afectados se harán constar sucintamente las circunstancias y la finalidad que determinan su adopción y se informará al obligado tributario de su derecho a formular alegaciones. Dicha diligencia se extenderá en el mismo momento en el que se adopte la media cautelar, salvo que ello no sea posible por causas no imputables a la Administración, en cuyo caso se extenderá en cuanto desaparezcan las causas que lo impiden, y se remitirá inmediatamente copia al obligado tributario.

4. En el plazo improrrogable de cinco días, contados desde el día siguiente al de la notificación de la medida cautelar, el obligado tributario podrá formular alegaciones ante el Servicio de Inspección Tributaria. El Consejero de Economía y Hacienda deberá ratificar, modificar, o levantar la medida adoptada mediante acuerdo debidamente motivado en el plazo de 15 días desde su adopción, que deberá comunicarse al obligado.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser objeto de recurso, sin perjuicio de que se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la adopción de las medidas cautelares en los recursos que, en su caso puedan interponerse contra la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección.

5. Cuando las medidas cautelares adoptadas se levanten se documentará esta circunstancia en diligencia, que deberá comunicarse al obligado.


Artículo 22. Plazo de las actuaciones inspectoras.—1. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo máximo de 12 meses contados desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 104 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, por otro periodo que no podrá exceder de 12 meses, cuando concurra, en relación con cualquiera de las obligaciones tributarias o periodos a los que se extienda el procedimiento, alguna de las circunstancias a que se refieren los apartados 1 y 4 del artículo 150 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Dicho acuerdo afectará a la totalidad de las obligaciones tributarias y periodos a los que se extienda el procedimiento.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1.a) de la Ley 58/2003, General Tributaria, se entenderá que las actuaciones revisten especial complejidad en los supuestos previstos en el artículo 184.2 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1.b) de la Ley 58/2003, General Tributaria, se entenderá que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice, cuando no haya presentado declaración respecto a dichas actividades o estas sean distintas de las declaradas por el obligado tributario en la correspondiente declaración censal.

Se considerará actividad distinta de la declarada la prevista en un grupo de la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas diferente de aquel en el que el obligado tributario se encuentre dado de alta o la que se desarrolle en una unidad de local no incluida en la correspondiente declaración censal, con independencia, en ambos casos, de que el obligado tributario esté o no exento de dicho impuesto.

También se considerará actividad distinta la que hubiera dado lugar a la inscripción en un código de actividad y de establecimiento en el ámbito de los impuestos especiales diferente de aquel en que se encuentre dado de alta el obligado tributario.

4. Cuando el funcionario que esté desarrollando las actuaciones estime que concurre alguna de las circunstancias que justifican la ampliación del plazo de duración del procedimiento de inspección, lo notificará al obligado tributario y le concederá un plazo de 10 días, contados desde el día siguiente al de la notificación, para que efectúe alegaciones. Transcurrido dicho plazo dirigirá, en su caso, la propuesta de ampliación, debidamente motivada, al Director General de Hacienda-Intervención junto con las alegaciones formuladas.

No podrá solicitarse la ampliación del plazo de duración del procedimiento hasta que no hayan transcurrido al menos seis meses desde su inicio.

A estos efectos no se deducirán del cómputo de este plazo los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración.

5. La competencia para ampliar el plazo de duración del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda mediante acuerdo motivado. El acuerdo de ampliación se notificará al obligado tributario y no será susceptible de recurso, sin perjuicio de que se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la ampliación del plazo con ocasión de los recursos que, en su caso, puedan interponerse contra la resolución que finalmente se dicte.

6. La interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al obligado tributario o el incumplimiento del plazo de duración del procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este artículo no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:

a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada o durante el plazo señalado en el apartado 1 de este artículo.

En estos supuestos se entenderá interrumpida la prescripción por la reanudación de actuaciones con conocimiento formal del interesado tras la interrupción injustificada o la realización de actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo al que se refiere el apartado 1 de este artículo.

b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la reanudación de las actuaciones que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y periodo objeto de las actuaciones tendrán el carácter de espontáneos a los efectos del artículo 27 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Tendrán asimismo el carácter de espontáneos los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento previsto en el apartado 1 de este artículo y que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y periodo objeto de las actuaciones inspectoras.

7. El incumplimiento del plazo de duración al que se refiere el apartado 1 de este artículo determinará que no se exijan intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento hasta la finalización del procedimiento.


Artículo 23. Cómputo del plazo máximo de resolución.—1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se considerarán periodos de interrupción justificada y dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración, los supuestos previstos en los artículos 103 y 104 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

2. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración deberán documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente.

3. A efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento, los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración se contarán por días naturales.

4. El obligado tributario tendrá derecho, a conocer el estado del cómputo del plazo de duración y la existencia de las circunstancias previstas reglamentariamente, con indicación de las fechas de inicio y fin de cada interrupción o dilación, siempre que lo solicite expresamente.

5. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no impedirán la práctica de las actuaciones que durante dicha situación pudieran desarrollarse.


Artículo 24. Trámite de audiencia previo a las actas de inspección.—1. Cuando la Inspección considere que se han obtenido los datos y las pruebas necesarios para fundamentar la propuesta de regularización o para considerar correcta la situación tributaria del obligado, se notificará el inicio del trámite de audiencia previo a la formalización de las actas de conformidad o de disconformidad.

2. En la misma notificación de apertura del trámite de audiencia podrá fijarse el lugar, fecha y hora para la formalización de las actas.


Artículo 25. Formalización de las actas.—1. Concluido, en su caso, el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las actuaciones de comprobación e investigación en las actas de inspección.

2. Las actas serán firmadas por el funcionario y por el obligado tributario. Si el obligado no supiera o no pudiera firmarlas, si no compareciera en el lugar y fecha señalados para su firma o si se negara a suscribirlas, serán firmadas sólo por el funcionario y se hará constar la circunstancia de que se trate.

De cada acta se entregará un ejemplar al obligado tributario, que se entenderá notificada por su firma. Si aquel no hubiera comparecido, las actas deberán ser notificadas conforme lo dispuesto en la Ley 58/2003, General Tributaria, y se considerará como dilación no imputable a la Administración el tiempo transcurrido desde la fecha fijada para la firma de las actas hasta la fecha de notificación de las mismas. Si el obligado compareciese y se negase a suscribir las actas se considerará un rechazo a efectos de lo previsto en el artículo 111 de dicha Ley.

Cuando el interesado no comparezca o se niegue a suscribir las actas, deberán formalizarse actas de disconformidad.

3. Las actas de inspección no pueden ser objeto de recurso, sin perjuicio de los que procedan contra las liquidaciones tributarias resultantes de aquellas.


Artículo 26. Clases de actas según su tramitación.—A efectos de su tramitación, las actas de inspección pueden ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad.


Artículo 27. Actas con acuerdo.—1. Cuando de los datos y antecedentes obtenidos en las actuaciones de comprobación e investigación, la Inspección entienda que puede proceder la conclusión de un acuerdo por concurrir alguno de los supuestos señalados en el artículo 155.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, lo pondrá en conocimiento del obligado tributario. Tras esta comunicación, el obligado tributario podrá formular una propuesta con el fin de alcanzar un acuerdo.

2. Una vez desarrolladas las oportunas actuaciones para fijar los posibles términos del acuerdo, el actuario solicitará la correspondiente autorización para la suscripción del acta con acuerdo del Consejero de Economía y Hacienda. La autorización deberá ser expresa y anterior o simultánea a la firma del acta, y se adjuntará a esta.

3. La fecha y el lugar de formalización del acta se comunicarán al obligado tributario junto con los datos necesarios y los trámites a realizar para la constitución del depósito o garantía a que se refiere el artículo 155.3.b) de la Ley 58/2003, General Tributaria.

4. Antes de proceder a la firma del acta, el obligado tributario deberá acreditar fehacientemente la constitución del depósito o garantía en los términos previstos reglamentariamente.

5. Si en el momento señalado para la firma del acta no se hubiese aportado por el obligado tributario el justificante de la constitución del depósito o garantía se entenderá que ha desistido de la formalización del acta con acuerdo.

6. Una vez firmada el acta se entenderá producida y notificada la liquidación y, en su caso, impuesta y notificada la sanción, en los términos de las propuestas formuladas, si transcurridos 10 días contados desde el siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del Consejero de Economía y Hacienda rectificando los errores materiales que pudiera contener el acta con acuerdo.

Confirmadas las propuestas, el depósito realizado se aplicará al pago de dichas cantidades. Si se hubiera presentado aval o certificado de seguro de caución, el ingreso deberá realizarse en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003, General Tributaria, o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que la Administración tributaria hubiera concedido con dichas garantías y que el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley General Tributaria.


Artículo 28. Actas de conformidad.—1. Cuando el obligado tributario preste su conformidad a los hechos y a las propuestas de regularización y liquidación incorporadas en el acta, se hará constar en ella dicha conformidad.

2. Una vez firmada el acta de conformidad, se entenderá dictada y notificada la liquidación de acuerdo con la propuesta formulada en ella si, transcurrido el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del Consejero de Economía y Hacienda, con alguno de los contenidos previstos en el artículo 156.3 de la Ley 58/ 2003, General Tributaria.

3. Si resultase una deuda a ingresar, se entregará junto con el acta el documento de ingreso.

Para el inicio de los plazos de pago previstos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se tendrá en cuenta la fecha en que se entienda dictada y notificada la liquidación, salvo que se dicte expresamente liquidación en cuyo caso se estará a la fecha de su notificación.


Artículo 29. Actas de disconformidad.—1. Cuando el obligado tributario se niegue a suscribir el acta, la suscriba pero no preste su conformidad a las propuestas de regularización y de liquidación contenidas en el acta o no comparezca en la fecha señalada para la firma de las actas, se formalizará un acta de disconformidad, en la que se hará constar el derecho del obligado tributario a presentar las alegaciones que considere oportunas dentro del plazo de los 15 días, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que se haya producido la negativa a suscribir, se haya suscrito o, si no se ha comparecido, se haya notificado el acta.

2. En el acta de disconformidad se expresarán los hechos y fundamentos de derecho en que se base la propuesta de regularización. Los fundamentos de derecho serán además objeto de desarrollo en un informe ampliatorio que se entregará al obligado tributario de forma conjunta con el acta.

También se recogerá en el acta de forma expresa la disconformidad manifestada por el obligado tributario o las circunstancias que determinan su tramitación como acta de disconformidad, sin perjuicio de que en su momento pueda alegar cuanto convenga a su derecho.

3. Una vez recibidas las alegaciones formuladas por el obligado tributario o concluido el plazo para su presentación, el Consejero de Economía y Hacienda, a la vista del acta, del informe y de las alegaciones en su caso presentadas, dictará el acto administrativo que corresponda que deberá ser notificado.

Si el Consejero de Economía y Hacienda acordase la rectificación de la propuesta contenida en el acta por considerar que en ella ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas, y dicha rectificación afectase a cuestiones no alegadas por el obligado tributario, notificará el acuerdo de rectificación para que en el plazo de 15 días, contados desde el día siguiente al de la notificación, efectúe alegaciones y manifieste su conformidad o disconformidad con la nueva propuesta formulada en el acuerdo de rectificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda, que deberá ser notificada.

4. El Consejero de Economía y Hacienda podrá acordar que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos. Dicho acuerdo se notificará al interesado y se procederá de la siguiente forma:

a) Si como consecuencia de las actuaciones complementarias se considera necesario modificar la propuesta de liquidación se dejará sin efecto el acta incoada y se formalizará una nueva acta que sustituirá a todos los efectos a la anterior y se tramitará según corresponda.

b) Si se mantiene la propuesta de liquidación contenida en el acta de disconformidad, se concederá al obligado tributario un plazo de 15 días para la puesta de manifiesto del expediente y la formulación de las alegaciones que estime oportunas. Una vez recibidas las alegaciones o concluido el plazo para su presentación, el Consejero de Economía y Hacienda dictará el acto administrativo que corresponda.


Artículo 30. Terminación del Procedimiento.—1. El procedimiento inspector terminará mediante liquidación del Consejero de Economía y Hacienda o por las demás formas previstas en este artículo.

2. Cuando haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, cuando se trate de un supuesto de no sujeción, cuando el obligado tributario no esté sujeto a la obligación tributaria o cuando por otras circunstancias no proceda la formalización de un acta, el procedimiento terminará mediante acuerdo del Consejero de Economía y Hacienda a propuesta del funcionario que hubiese desarrollado las actuaciones, que deberá emitir un informe en el que constarán los hechos acreditados en el expediente y las circunstancias que determinen esta forma de terminación del procedimiento.

3. Las actuaciones de comprobación de obligaciones formales terminarán mediante diligencia o informe, salvo que la normativa tributaria establezca otra cosa.

4. Contra la liquidación tributaria dictada y otros acuerdos resolutorios se podrá interponer el recurso de reposición previo al contencioso administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación con el artículo 108 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación ante el mismo órgano que la dictó.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, con arreglo a lo señalado en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


Artículo 31. Clases de liquidaciones derivadas de las actas de inspección.—Las liquidaciones derivadas de un procedimiento de inspección tendrán carácter definitivo o provisional de acuerdo con los dispuesto en los artículos 101 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 190 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.


Artículo 32. Liquidación de los intereses de demora.—1. La liquidación derivada del procedimiento inspector incorporará los intereses de demora hasta el día en que se dicte o se entienda dictada la liquidación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.

2. En el caso de actas con acuerdo o de conformidad, los intereses de demora se calcularán hasta el día en que deba entenderse dictada la liquidación por el transcurso del plazo legalmente establecido.

En el caso de actas de disconformidad, los intereses de demora se calcularán hasta la conclusión del plazo establecido para formular alegaciones.

3. Las actas y los actos de liquidación practicados deberán especificar las bases de cálculo sobre las que se aplican los tipos de interés de demora, los tipos de interés y las fechas de comienzo y finalización de los periodos de devengo.


TÍTULO IV

Normas especiales del procedimiento inspector


Artículo 33. Aplicación del método de estimación indirecta.—El método de estimación indirecta de bases o cuotas será utilizado por la Inspección de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53 y 158 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y el artículo 193 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.


Artículo 34. Declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.—1. Cuando el funcionario que esté desarrollando las actuaciones estime que pueden concurrir las circunstancias previstas en el artículo 15 de la Ley 58/2003, General Tributaria, lo notificará al obligado tributario y le indicará la apertura de un plazo de alegaciones de 15 días contados desde el día siguiente al de la notificación.

2. Una vez recibidas las alegaciones, y en su caso, practicadas las pruebas procedentes, el Jefe de Inspección de Tributos emitirá un informe con el visto bueno del Director General de Gestión Tributaria, sobre la concurrencia o no de las circunstancias previstas en el artículo 15 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que se remitirá junto con el expediente al Consejero de Economía y Hacienda.

3. En caso de que el Consejero de Economía y Hacienda estimase que concurren dichas circunstancias remitirá a la Comisión Consultiva el informe y los antecedentes. La remisión se notificará al obligado tributario con indicación de la interrupción prevista en el artículo 159.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Si por el contrario estimase motivadamente que no concurren tales circunstancias se devolverá el expediente, lo que se notificará al obligado tributario.

4. La Comisión consultiva emitirá un informe motivado en el que se indicará si procede o no la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Dicho informe se comunicará al Consejero de Economía y Hacienda que ordenará su notificación al obligado tributario y la continuación del procedimiento de inspección.

En el caso de acordarse la ampliación del plazo para emitir el mencionado informe, el acuerdo deberá notificarse al obligado y se dará traslado, asimismo, a la Inspección.


TÍTULO V

Otras Actuaciones Inspectoras


Artículo 35. La comprobación limitada.—1. La Inspección podrá desarrollar actuaciones de comprobación limitada, para lo que se ajustará a lo dispuesto en los artículos 136 a 140, ambos inclusive, de la Ley 58/2003, General Tributaria, y los artículos 163, 164 y 165 del Real Decreto 1065/ 2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

2. Con carácter previo a la resolución, la Inspección deberá notificar al obligado tributario la propuesta de resolución o de liquidación para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta, alegue lo que convenga a su derecho. Se podrá prescindir del trámite de alegaciones cuando la resolución contenga manifestación expresa de que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada.

3. El procedimiento de comprobación limitada terminará, por resolución del Consejero de Economía y Hacienda, por caducidad, o por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación limitada.


Artículo 36. La comprobación de valores.—1. El procedimiento de comprobación de valores se regulará por lo dispuesto en los artículos 57, 134 y 135 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y por las normas establecidas en la Sección 9.ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

2. El órgano competente para dictar liquidación de acuerdo con la valoración administrativa efectuada será el Consejero de Economía y Hacienda.


Artículo 37. Actuaciones de obtención de información.—1. La Inspección podrá desarrollar actuaciones de obtención de información de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y los artículos 55, 56 y 57 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

2. En los requerimientos de información se concederá un plazo no inferior a 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para aportar la información solicitada.

No obstante, las actuaciones de obtención de información podrán iniciarse inmediatamente, incluso sin previo requerimiento escrito, en caso de que lo justifique la naturaleza de los datos a obtener o de las actuaciones a realizar y la Inspección se limite a examinar documentos, elementos o justificantes que deban estar a su disposición. En otro caso, se concederá a las personas o entidades requeridas un plazo no inferior a 10 días, para aportar la información solicitada o dar las facilidades necesarias a la Inspección para que pueda obtenerla directamente.

3. Los requerimientos individualizados de información que se efectúen a las entidades y órganos a que se refieren el artículo 94.3 y 4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se realizarán directamente por el Director General de Gestión Tributaria, previa solicitud debidamente justificada del Jefe de Inspección de Tributos.

4. Cuando se trate de requerimientos de información que exijan el conocimiento de movimientos de cuentas o de operaciones a los que se refiere el artículo 93.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se podrá solicitar la información a los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, o requerirla directamente a las entidades bancarias o crediticias con las que operen sin que sea necesario notificar dicho requerimiento al obligado tributario al que se refiere la información requerida.

Para requerir directamente la información a la entidad bancaria o crediticia será necesario obtener previamente la autorización del Director General de Gestión Tributaria o el consentimiento del obligado tributario. A estos efectos, el Jefe de Inspección de Tributos dirigirá una solicitud debidamente justificada que comprenda los motivos que aconsejan el requerimiento directo a la entidad, así como la procedencia, en su caso, de no notificar dicho requerimiento al obligado tributario.


TÍTULO VI

Del procedimiento sancionador


Artículo 38. Procedimiento sancionador.—1. El procedimiento sancionador se regulará por las normas establecidas en el Titulo IV de la Ley 58/2003, General Tributaria, en el Capítulo III del Real Decreto 2063/2004, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario y en su defecto por las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia administrativa.

2. En los procedimientos sancionadores no iniciados como consecuencia de un procedimiento inspector, el órgano competente para iniciar y tramitar el procedimiento será el Jefe de Inspección de Tributos. La competencia para resolver corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.


Artículo 39. Procedimiento sancionador derivado de un procedimiento de inspección.—1. Los procedimientos sancionadores derivados de un procedimiento inspector se iniciarán de oficio por el funcionario que hubiera desarrollado la actuación de comprobación e investigación, salvo que el Consejero de Economía y Hacienda designe otro diferente. En todo caso, el inicio del procedimiento sancionador requerirá autorización previa del Consejero de Economía y Hacienda, que podrá ser concedida en cualquier momento del procedimiento de comprobación e investigación o una vez finalizado éste, antes del transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 209 de la Ley 58/ 2003, General Tributaria.

2. Se iniciarán tantos procedimientos sancionadores como actas de inspección se hayan incoado, sin perjuicio de los que hayan de iniciarse por las conductas constitutivas de infracción puestas de manifiesto durante el procedimiento inspector y que no impliquen liquidación.

3. La instrucción del procedimiento podrá encomendarse por el Consejero de Economía y Hacienda al funcionario competente para acordar el inicio o a otro diferente, en función de las necesidades del servicio o de las circunstancias del caso.

4. Concluidos los actos de instrucción, se formulará propuesta de resolución que será notificada al interesado, concediéndole un plazo de 15 días para la puesta de manifiesto del expediente y para que alegue cuando considere conveniente y presente los documentos y pruebas que estime oportunas.

Con ocasión del trámite de alegaciones, el interesado podrá manifestar de forma expresa su conformidad o disconformidad con la propuesta de resolución, de acuerdo y con los efectos previstos en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 25 del Real Decreto 2063/2004, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario.

En el supuesto de tramitación abreviada previsto en el artículo 210.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la propuesta de resolución se incorporará al acuerdo de iniciación del procedimiento.

5. El órgano competente para dictar el acto resolutorio del procedimiento sancionador será el Consejero de Economía y Hacienda.

6. El procedimiento sancionador deberá concluir en el plazo máximo de seis meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. El vencimiento de dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento. Dicha caducidad impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.

7. Contra las resoluciones dictadas se podrá interponer el recurso de reposición previo al contencioso administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación con el artículo 108 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación ante el mismo órgano que la dictó.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, con arreglo a lo señalado en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.


Artículo 40. Tramitación conjunta del procedimiento sancionador.—1. En el supuesto de renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador, se estará a lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Real Decreto 2063/2004, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario.

2. En el supuesto de tramitación conjunta por actas con acuerdo, se estará a lo dispuesto en el artículo 28 de dicho reglamento.


DISPOSICIONES ADICIONALES



Disposición adicional primera.—Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza.


Disposición adicional segunda.—Las referencias y remisiones que esta Ordenanza hace a distintas normas legales y reglamentarias, deben entenderse efectuadas a las disposiciones de las mismas en cada momento vigentes.


Disposición adicional tercera.—Las referencias nominativas contenidas en esta Ordenanza se entenderán realizadas a los órganos que en cada momento tengan atribuidas las competencias y funciones en materia de inspección de tributos.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA



DISPOSICIÓN FINAL



Disposición final única.—La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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