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Orden EYE/676/2013, de 20 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León y se hace pública la convocatoria para el año 2013

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Anexo II.XV.7. Impreso gastos por manutención y desplazamiento (costes asociados)

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    Anexo II.XV.8. Impreso gastos amortización (costes asociados)

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      Anexo II.XV.9. Declaración de otros costes asociados

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        ANEXO II.XV.10. Certificado de otros costes subvencionables (costes evaluación y control)

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          Anexo II.XVI. Certificado sobre percepción de otras ayudas o ingresos adicionales

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            Axo II.XVII. Información importante para las personas desempleadas inscritas en el servicio público de empleo de castilla y león participantes en acciones formativas




              ORDEN EYE/676/2013, DE 20 DE AGOSTO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS QUE DEBEN REGIR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS MEDIANTE CONVENIOS DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y SE HACE PÚBLICA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2013 (BOCYL DEL 22)


               
              La Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, regulada en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores ocupados la cualificación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, con el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas adecuados a los requerimientos que en cada momento precisen las empresas, y permita compatibilizar su mayor competitividad con la mejora de la capacitación profesional y promoción individual del trabajador.

              Por otro lado, la Estrategia Española de Empleo, aprobada por Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, se configura como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto del Estado, erigiéndose en un marco de referencia compartido. Dicha estrategia en el ámbito autonómico encuentra su desarrollo en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad para la Comunidad de Castilla y León 2012-2015, acordada en el marco del diálogo social de Castilla y León.

              De conformidad con la Disposición Final Tercera de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, los órganos competentes de las Administraciones autonómicas podrán dictar, en sus respectivos ámbitos competenciales, las disposiciones que sean necesarias para la aplicación de dicha orden. En virtud de ello, mediante Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León. No obstante, la publicación de la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, por la que se modifica la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, hizo necesario introducir modificaciones en la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio que se han llevado a cabo a través de la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre.

              Entre las novedades más destacadas que introdujo la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, se encontró la apertura de estos planes a los centros de entidades de formación para el empleo acreditados en el correspondiente Registro de centros y entidades, lo que implica necesariamente su participación en planes específicos compuestos por acciones formativas incluidas en el repertorio nacional de Certificados de Profesionalidad. Tal singularidad, incompatible con la composición de los restantes tipos de planes de formación previstos, hace que se configure un nuevo tipo de planes dirigidos a este tipo de formación y respecto de los cuales, los beneficiaros sean este tipo de centros. La distinta naturaleza jurídica de este tipo de entidades beneficiarias hace necesario llevar a cabo una revisión de la anterior normativa, que respondía a otras necesidades, y por ello en aras al principio de eficacia y de seguridad jurídica, se hace conveniente dictar una nueva normativa en esta materia, y derogar la anterior.

              En consecuencia, teniendo en cuenta las reglas contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, supletoriamente, en aquellos aspectos procedimentales no regulados en la normativa estatal o europea y en virtud de las competencias que tengo conferidas por la Ley 10/2003, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y por la Ley 3/2001, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de Castilla y León, dispongo:


              Primero.—La presente orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León y hacer pública la convocatoria para 2013, que se incorporan a esta disposición como Anexos I y II respectivamente.


              DISPOSICIÓN DEROGATORIA


              Documentos relacionados

              Disposición derogatoria única.—A la entrada en vigor de la presente orden quedará derogada la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León.


              DISPOSICIÓN FINAL


              La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».


              ANEXO I

              Bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León


              Base 1.ª Objeto.—1. Esta orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de las subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de Planes de Formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, referidos a la formación de oferta que regula el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el empleo, desarrollado por la Orden TAS 718/2008 de 7 de marzo, en materia de formación de oferta, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

              2. Podrán ser objeto de la subvención que regula la presente orden los siguientes tipos de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados:

              a) Planes de formación intersectoriales, compuestos por acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores.

              b) Planes de formación intersectoriales, compuestos por acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores, dirigidos a la formación específica de los colectivos de trabajadores y socios de la economía social, siempre que aporten actividad económica.

              c) Planes de formación intersectoriales, compuestos por acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores, dirigidos a la formación específica del colectivo de autónomos.

              d) Planes de formación sectoriales que se compondrán de acciones formativas dirigidas a la formación de trabajadores de un sector productivo concreto, con el fin de desarrollar acciones formativas de interés general para el mencionado sector y satisfacer necesidades específicas de formación del mismo. Las acciones específicas programadas en este tipo de planes también podrán dirigirse al reciclaje y la recualificación de trabajadores procedentes de sectores en situación de crisis.

              e) Planes de formación integrados por las acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad a través de módulos formativos de los mismos, definidas como prioritarias por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

              3. Las resoluciones de convocatoria de las subvenciones a que se refieren las presentes bases reguladoras fijarán los tipos de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados que serán objeto de subvención a través de las mismas, así como las acciones formativas consideradas prioritarias para cada uno de los tipos de planes de formación, a propuesta de la Comisión Ejecutiva de Formación para el Empleo de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.

              4. La ejecución de los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados se llevará a cabo mediante convenios suscritos entre las entidades beneficiarias señaladas en el apartado primero de la base tercera y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

              5. La duración de los convenios para la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, será anual o plurianual, según lo que establezca la respectiva resolución de convocatoria. Con respecto a los planes de formación de duración plurianual, los compromisos financieros abarcarán un solo ejercicio presupuestario, con la suscripción anual de adendas en el convenio previsto en el apartado anterior, donde se recogerán los compromisos que afecten a los sucesivos ejercicios. El importe de la subvención prevista para la anualidad o anualidades siguientes a la suscripción de los convenios estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del respectivo ejercicio económico y al mantenimiento de las circunstancias que justificaron la aprobación de un plan plurianual de formación.

              6. Los convenios, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa autonómica relativa a los convenios suscritos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tendrán, al menos, el siguiente contenido:

              a) Las partes que celebran el convenio, la capacidad jurídica con la que actúa cada una de ellas, así como la representación de los firmantes y la identificación de los miembros asociados al beneficiario cuando los haya.

              b) La normativa aplicable y los títulos competenciales que fundamentan la actuación y razones que la motivan.

              c) El objeto del convenio, las obligaciones que asumen cada una de las partes, así como los requisitos del plan de formación, describiendo sus aspectos técnicos y formales y su financiación.

              d) Las actuaciones y los órganos que se estimen necesarios para el cumplimiento del mismo.

              e) El plazo de vigencia, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga por acuerdo de las partes firmantes del convenio, mediante la suscripción de una addenda del mismo, cuando el convenio sea plurianual.

              f) Otras causas de extinción, así como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.

              g) La sujeción al orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativa de los litigios que respecto de tales convenios se susciten.

              h) El lugar y la fecha en que se suscribe.

              Tales convenios se inscribirán en el Registro de Convenios del Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional séptima de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

              7. Los planes de formación tendrán que contener la siguiente información:

              • Ámbito de aplicación del plan.

              • Objetivos y contenidos.

              • Acciones formativas a desarrollar, con indicación, en su caso, de las vinculadas al Catálogo de Nacional de Cualificaciones Profesionales y, dentro de éstas, a qué certificado o certificados de profesionalidad van dirigidas.

              • Colectivos destinatarios, desglosados por los colectivos prioritarios en virtud de lo establecido en el apartado 8 de la base quinta de esta orden.

              • Coste previsto de las acciones formativas.

              • Instalaciones y medios previstos para dar las acciones formativas.

              • Experiencia en acciones formativas relacionadas con el plan de formación.

              8. Los planes de formación se financiarán con cargo a los créditos asignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con lo que establece el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 y el Reglamento (CE) núm. 1081/2006del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, y en el Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, las ayudas previstas en la presente orden, podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), en función de la ejecución de la programación del Fondo, y el criterio de selección de las operaciones correspondiente. En el supuesto de que la formación esté cofinanciada por el Fondo Social Europeo, la convocatoria incluirá desglosados los criterios y porcentajes de cofinanciación. Las resoluciones de convocatoria de las subvenciones a que se refieren las presentes bases reguladoras fijarán la cuantía correspondiente a cada una de los diversos tipos de planes de formación que se convoquen, desglosados, y determinando las correspondientes aplicaciones presupuestarias a que se imputen. Igualmente podrán establecer que, a la financiación que se determine, podrá añadirse una cuantía adicional, cuyo porcentaje se establecerá en la convocatoria.


              Base 2.ª Régimen jurídico.—En todo lo no previsto en esta orden será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y su normativa básica de desarrollo y, supletoriamente, en aquellos aspectos procedimentales no regulados en la normativa estatal o europea, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, que desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, y cualquier otra disposición normativa aplicable por razón de la materia.


              Base 3.ª Requisitos de los beneficiarios.—1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados regulados en esta orden, las siguientes entidades:

              a) Para los planes de formación intersectoriales, previstos en la base primera, apartado 2.º a) de esta orden, las Organizaciones Empresariales y Sindicales intersectoriales más representativas en Castilla y León. La mayor representatividad de las Organizaciones Empresariales y Sindicales se determinará de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, respectivamente.

              b) Para los planes de formación intersectoriales previstos en la base primera, apartado 2.ºb) de esta orden, las Confederaciones y Federaciones de Cooperativas y/o Sociedades Laborales y las Organizaciones Representativas de la economía social de carácter intersectorial, con suficiente implantación en Castilla y León, siempre que aporten actividad económica. La suficiente implantación se acreditará en la forma que determine la correspondiente convocatoria.

              c) Para los planes de formación intersectoriales previstos en la base primera, apartado 2.º c) de esta orden, podrán ser beneficiarias las asociaciones representativas de autónomos de carácter intersectorial, así como organizaciones contempladas en el artículo 21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con suficiente implantación en el ámbito de Castilla y León, teniendo preferencia aquellas asociaciones con mayor implantación en Castilla y León. Este requisito se acreditará en la forma que establezca la convocatoria.

              d) Para los planes de formación sectorial, previstos en la base primera, apartado 2.º d) de esta orden, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y las representativas en el correspondiente sector en Castilla y León, así como los entes paritarios creados al amparo de la negociación colectiva sectorial estatal, a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 24 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo. La mayor representatividad de las organizaciones empresariales y sindicales se determinara de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, respectivamente. Tal como establece la disposición transitoria segunda de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, en tanto no sea aprobado el mapa sectorial a que se refiere el artículo 33.2.g) del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, los solicitantes que se dirijan a varios sectores y que ostenten la representatividad requerida en el párrafo anterior para cada uno de ellos, podrán presentar propuestas conjuntas que abarquen a esos sectores en función de la agrupación de sectores afines que figura como anexo de la citada Orden Ministerial, pudiendo dirigirse las referidas propuestas a todos los trabajadores pertenecientes a los sectores afines agrupados en cada propuesta. Las entidades que se agrupen al amparo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y reúnan los requisitos de representatividad indicados podrán, asimismo, presentar solicitudes en los mismos términos. En la convocatoria se determinarán los sectores para los que se financian planes de formación, a propuesta de la Comisión Ejecutiva de Formación para el Empleo de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, y el modo en que se acreditará el cumplimiento de este requisito en cada uno de los sectores.

              e) Para los planes de formación previstos en la base primera, apartado 2.º e) de esta orden, los centros y entidades de formación debidamente inscritos y acreditados para el correspondiente certificado en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, creado por Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, en relación con el Real Decreto por el que se aprueba el correspondiente certificado de profesionalidad. Este requisito se acreditará en la forma que establezca la convocatoria.

              2. También tendrán la condición de beneficiarios:

              - Los miembros asociados a la entidad beneficiaria que se comprometan a ejecutar la totalidad o parte del plan de formación en nombre y por cuenta de la entidad beneficiaria, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos para ello. Para ello, el solicitante deberá presentar junto con la solicitud una relación de entidades asociadas que participarán en la ejecución del Plan de Formación, junto con la documentación que justifique tal condición, que se determinará en la convocatoria, así como un compromiso formalizado de ejecución por escrito, concretando qué parte estimada del proyecto realizará cada entidad, que será suscrito por la representación legal de las mismas. En todo caso, el pago de la subvención se efectuará al beneficiario principal.

              - Las agrupaciones formadas por las entidades beneficiarias, y las formadas por éstas y las entidades vinculadas a éstas, que, aun careciendo de personalidad jurídica propia, tengan entre sus fines el desarrollo de actividades formativas. Cuando se trate de agrupaciones sin personalidad jurídica, deberá hacerse constar expresamente en la solicitud y en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de beneficiarios. Los instrumentos de formalización de dichas agrupaciones sin personalidad jurídica propia deberán estar realizados con carácter previo a la fecha de solicitud de la subvención. Entre las entidades agrupadas deberá formalizarse un compromiso de ejecución por escrito, concretando qué partes del proyecto realizará cada entidad y será suscrito por la representación legal de las mismas, y se remitirá copia compulsada al Servicio Público de Empleo de Castilla y León con anterioridad al inicio de la acción formativa y concretarán los compromisos de ejecución de cada uno de los miembros de la agrupación y el compromiso de responsabilidad solidaria de sus miembros frente al Servicio Público de Empleo de Castilla y León y de no disolución en tanto no hayan transcurrido los plazos de prescripción legalmente previstos. Deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes, para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

              Las convocatorias, en el marco de la normativa aplicable, establecerán las condiciones y forma de acreditación de lo previsto en este apartado.

              3. Será requisito inexcusable la acreditación del cumplimiento de la normativa sobre la integración laboral de personas con discapacidad o de la no sujeción a la misma, o, en su caso, de la exención de dicha obligación, en los términos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad, según establece el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

              4. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas entidades en las cuales concurran alguna de las siguientes circunstancias:

              a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

              b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

              c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

              d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule esta materia.

              e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Asimismo, no debe mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en período ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida. Este requisito será exigible, en todo caso, previamente al momento en que el órgano instructor realice la propuesta de resolución de concesión, y antes de producirse la propuesta de pago.

              f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

              g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, debiendo haber realizado, o en su caso, garantizado las devoluciones de cantidades concedidas y pagadas en convocatorias anteriores y cuya devolución le haya sido exigida mediante reclamación previa a la vía ejecutiva o mediante resolución de procedencia de reintegro, salvo que las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

              h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a la Ley General de Subvenciones u otras leyes que así lo establezcan.

              i) No cumplir los restantes requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la subvención.

              6. Las entidades solicitantes deberán justificar ante el Servicio Público de Empleo de Castilla y León que no están incursas en ninguna de las prohibiciones señaladas en el apartado anterior. Esta justificación se realizará mediante una declaración responsable.


              Base 4.ª Obligaciones de los beneficiarios.—1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, las entidades beneficiarias, deberán cumplir las siguientes obligaciones:

              a) Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de instrucción del procedimiento, ejecución de la formación y justificación de la subvención, así como tener a disposición de los órganos de control competentes los documentos acreditativos de la asistencia de los trabajadores a las acciones formativas.

              b) Garantizar la gratuidad de las acciones formativas para los participantes en la formación subvencionada.

              c) Comunicar a la Administración competente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Estos ingresos serán incompatibles con la subvención destinada a la misma finalidad, por lo que ésta será minorada en la cantidad ya percibida.

              d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la subvención y al pago de la misma que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine en las convocatorias, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, deberá acreditar no mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en período ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida.

              e) Hacer constar el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada, haciendo constar expresamente, en lugar visible, que las acciones formativas se han financiado con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, la cofinanciación del Fondo Social Europeo, incorporando los logos correspondientes junto a los identificativos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

              f) Remitir al órgano competente una comunicación de inicio de la formación que va a desarrollar, incluida cualquier modificación posterior, y, en su caso, la comunicación de finalización, conforme al contenido, plazos y procedimiento que a tal efecto establezcan las convocatorias. La falta de comunicación en los plazos establecidos implicará que la correspondiente acción formativa o grupo de participantes se considere no realizada a efectos de la justificación de la subvención, salvo que la no comunicación en plazo se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.

              g) Los beneficiarios deberán realizar una evaluación y control de la calidad de la formación conforme al artículo 37.4 del Real Decreto 395/2007 y el artículo 33.5 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, siguiendo los criterios e indicadores básicos que para dicha evaluación se determinen en la correspondiente convocatoria. En la convocatoria se determinará la parte de la subvención destinada a esta finalidad y el tamaño de la muestra representativa a evaluar de los grupos de formación que se impartan.

              h) Informar por escrito al Servicio Público de Empleo de Castilla y León de cualquier cambio referido a la representación legal de la entidad, sede, razón social, así como cualquier modificación en sus estatutos, que tenga relevancia o trascendencia para el objeto de la convocatoria.

              i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control y recoger en su contabilidad los gastos imputados a cada una de las acciones de forma separada o por cualquier medio que permita su identificación y, en su caso, disponer de una pista de auditoría adecuada de acuerdo con el artículos 60.f) del Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006 y el artículo 15 del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, en relación con la disponibilidad de los documentos justificativos.

              j) Conservar, durante un plazo de 4 años, los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos, computado desde la finalización del plazo establecido para la presentación de la documentación justificativa de la subvención, salvo en los supuestos de documentación justificativa gastos relativos a acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en cuyo caso, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 87 del Tratado de la Unión , y el Art. 90 del Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, se mantendrán a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas los originales o copias certificadas, durante un período de tres años a partir del cierre total o parcial del Programa Operativo, en los términos establecidos en el Art. 89 del citado Reglamento. En el caso de que las entidades, sin haber transcurrido dicho período decidan suspender su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la documentación al órgano concedente.

              k) Contratar una póliza de seguro de accidentes personales que cubra para cada uno de los alumnos de los cursos en caso de muerte o invalidez, el capital que determine la convocatoria, en ambos casos derivado del riesgo de accidentes durante el desplazamiento, por cualquier medio y durante la asistencia a cualquier fase de los cursos en que participen los alumnos.

              l) Incorporar participantes en módulos formativos vinculados al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, para la obtención de certificados de profesionalidad, en el porcentaje mínimo establecido en la correspondiente convocatoria.

              m) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo no previsto expresamente en este artículo.

              2. El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones formativas se contrata con terceras personas físicas o jurídicas.


              Base 5.ª Destinatarios de la formación y Ejecución del Plan de Formación.—1. Podrán participar en las acciones formativas incluidas en los planes de formación, los trabajadores por cuenta propia o ajena, cuyo centro de trabajo esté ubicado en Castilla y León, y coticen por cualquier régimen de la Seguridad Social o equivalentes, y los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y entidades de la economía social.

              2. El porcentaje de trabajadores desempleados que podrán participar en esta formación se determinará en la correspondiente convocatoria, no pudiendo, en ningún caso, superar el cuarenta por ciento respecto del total de participantes que inician la formación. El cómputo de dicho porcentaje se efectuará respecto de los participantes de cada plan de formación financiado.

              A tal efecto, la consideración como trabajadores ocupados o desempleados vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación. No será objeto de minoración económica el cambio de situación laboral del trabajador que se produzca a partir de la solicitud de su participación en la acción formativa, siempre que no se superen los límites porcentuales señalados en el párrafo anterior.

              Se considerarán, a estos efectos, como ocupados los trabajadores que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

              - Trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no ocupación.

              - Trabajadores que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo.

              - Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de empleo por expediente autorizado.

              3. De conformidad con el artículo 5.1.b) del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, modificado por la disposición final tercera del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo , por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, los cuidadores no profesionales podrán participar en la formación de oferta sectorial de referencia en los ámbitos de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, centros y servicios de atención a personas con discapacidad, acción e intervención social y sanidad.

              4. En los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados que tengan carácter intersectorial podrán participar trabajadores de las Administraciones públicas siempre que no superen el 10 por 100 del total de participantes de cada plan de formación.

              5. Los trabajadores descritos que deseen participar en las acciones formativas deberán solicitar su participación ante las entidades que ejecuten el plan de formación, en el modelo que se apruebe en la convocatoria.

              6. La selección de los trabajadores la realizará la entidad beneficiaria atendiendo a las prioridades del plan de formación y a criterios objetivos y de igualdad.

              7. En ningún caso, la participación de un trabajador en acciones formativas podrá superar la duración de 8 horas diarias. Las acciones formativas no podrán tener una duración inferior a 6 horas ni superior a 270 horas, no obstante, las acciones destinadas a la obtención de una acreditación oficial o cuando por norma o convenio sea exigida podrán tener una duración superior a 270 horas. Ningún trabajador podrá realizar dos o más veces la misma acción formativa en el mismo periodo de programación, ni podrá simultanear su participación en más de una acción formativa financiada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

              8. Con la finalidad de garantizar el acceso a la formación de los colectivos con mayor dificultad de acceso y mantenimiento en el mercado de trabajo, la convocatoria determinará los colectivos que tendrán prioridad para participar en la formación. El incumplimiento de los criterios de prioridad fijados en la misma o comprometidos por la entidad beneficiaria conllevará la reducción proporcional de la subvención concedida.


              Base 6.ª Ejecución de las Acciones Formativas.—1. La formación podrá impartirse de forma presencial, a distancia convencional, mediante teleformación o mixta, según las especificaciones que se establezcan en la correspondiente convocatoria para cada tipo de acción formativa. Cuando la acción o módulo formativo incluya, en todo o en parte, formación a distancia, ésta deberá realizarse con soportes didácticos que permitan un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante, que necesariamente será complementado con asistencia tutorial. La modalidad de impartición mediante teleformación deberá realizarse a través de una plataforma virtual de aprendizaje que asegure la gestión de contenidos, un proceso de aprendizaje sistematizado para los participantes y el seguimiento y evaluación de los mismos, y la impartición deberá contar con una metodología apropiada para esta modalidad. La formación impartida mediante la modalidad presencial se organizará en grupos de 25 participantes como máximo. En la formación impartida mediante la modalidad a distancia convencional o de teleformación deberá haber, como mínimo, un tutor por cada 80 participantes, y los tutores-formadores que impartan formación en la modalidad de teleformación deberán contar con formación o experiencia acreditada en esta modalidad.

              2. La formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación o de forma mixta, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, debiendo cumplir las prescripciones específicas que se establecen para cada certificado de profesionalidad, y se acreditará de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, el artículo 11.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y en el citado Real Decreto 34/2008, de 18 de enero y demás normativa reguladora de la expedición de los certificados de profesionalidad.

              3. A los efectos de determinar la subvención, una vez ejecutada la formación, en las acciones presenciales se considerará que un alumno ha finalizado la formación cuando haya asistido, al menos, al 75 por ciento de la duración de la acción formativa. Asimismo, en las acciones formativas impartidas mediante la modalidad a distancia convencional o teleformación se considerará que han finalizado la acción aquellos alumnos que hayan realizado al menos el 75 por ciento de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje a lo largo de la misma. Si se produjeran abandonos de los trabajadores se podrán incorporar a otros trabajadores a la formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los cinco primeros días lectivos desde el inicio de la acción formativa. En el supuesto de trabajadores desempleados, se considerará que han finalizado la acción formativa aquellos que tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado el 25 por ciento de la actividad formativa.

              4. El beneficiario de la subvención dará a conocer las acciones formativas que promueva entre las empresas y los trabajadores a los que va dirigida la formación, con el fin de que los trabajadores que lo deseen puedan ejercitar su derecho a la formación.

              5. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de oficio, a instancia de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León o mediante denuncia, podrá acordar la suspensión cautelar de una acción formativa cuando se observen anomalías que repercutan en el desarrollo normal de la impartición de la formación.

              6. El inicio y la finalización de cada una de las acciones formativas o de los grupos de éstas, deberá comunicarse por la entidad beneficiaria en el modo y plazo establecido en la convocatoria. En la comunicación de inicio se indicará el lugar, fecha y horario de su realización y se remitirá una relación de los participantes, así como la información que exija la convocatoria. En la comunicación de finalización se remitirá una relación de los participantes finalizados y la información que determine la convocatoria. Las modificaciones o cancelaciones deberán igualmente notificarse en el modo que determine la convocatoria. El incumplimiento de las comunicaciones en los plazos señalados, implicará que el correspondiente grupo se considerará no realizado a efectos de liquidación, a excepción de que la no comunicación se deba a causas imprevistas y éstas estén debidamente justificadas y sean comunicadas en el momento de producirse, y así se constate por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. En el supuesto de que la convocatoria permita el inicio de las acciones formativas con antelación a la suscripción del convenio, deberán comunicarse al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el plazo que establezca la convocatoria, las acciones ya comenzadas.

              7. Las variaciones que puedan producirse durante la ejecución del Plan de formación que únicamente consistan en la variación de alumnos entre acciones formativas solicitadas originariamente y que no impliquen una minoración en la valoración técnica, podrán ser aprobadas por el órgano instructor, previa consulta a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León sobre dicho extremo. El plazo de resolución será de quince días naturales computados a partir del día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, entendiéndose denegada por el transcurso del citado plazo sin haberse efectuado notificación del acuerdo, el resto de modificaciones de la resolución de concesión se tramitarán conforme a lo establecido en la base vigesimotercera de la presente orden.

              8. Para la impartición de las acciones formativas en el correspondiente Plan de Formación, será requisito imprescindible la inscripción y, en su caso, la acreditación como Centro o Entidad de Formación en el Registro habilitado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del mismo, y en los términos establecidos en la resolución de convocatoria. Las acciones formativas que se inicien sin contar con la correspondiente inscripción y, en su caso acreditación para la correspondiente especialidad formativa, serán tenidas como no realizadas a los efectos de su liquidación.


              Base 7.ª Acreditación de la formación.—1. Cuando la formación esté dirigida a la obtención total o parcial de un certificado de profesionalidad se podrá acreditar de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, el artículo 11 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

              2. Tanto en el caso anterior, como cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de los certificados de profesionalidad, la entidad beneficiaria entregará a cada participante que haya finalizado la acción formativa un certificado de asistencia a la misma y a cada participante que haya superado la formación con evaluación positiva un diploma acreditativo se hará constar la denominación de la acción, los contenidos formativos, la modalidad, duración y período de impartición.

              Además de este contenido mínimo, en ellos deberán figurar: las horas de cada modalidad en aquellos cursos que sean de modalidad mixta; los módulos formativos impartidos; duración; el nombre, apellidos y Documento Nacional de Identidad del participante. Igualmente deberán constar los logotipos correspondientes a la publicidad institucional establecida en la correspondiente convocatoria.

              El Diploma se entregará a los participantes que hayan realizado como mínimo el 75% de sus horas lectivas, o haya superado el 75% de las evaluaciones en el caso de las acciones formativas a distancia o teleformación y que hayan superado la formación con evaluación positiva. Será la entidad beneficiaria la responsable de expedir y entregar el diploma a cada participante en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de finalización de la acción formativa en que hayan participado.

              3. Las competencias adquiridas a través de esta formación podrán ser reconocidas mediante las acreditaciones totales o parciales de los certificados de profesionalidad, sin perjuicio de su reconocimiento a través del procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y de aprendizaje no formales de acuerdo con el Art. 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.


              Base 8.ª Becas y ayudas para trabajadores desempleados.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 a 28 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, los trabajadores desempleados que reciban formación prevista en esta orden, podrán percibir becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento y ayudas a la conciliación, en los términos previstos en dichos preceptos, y las condiciones que se fijan en la correspondiente convocatoria.


              Base 9.ª Calidad, Evaluación, Seguimiento y Control.—1. Los beneficiarios deberán realizar una evaluación y control de la calidad de la formación, siguiendo los criterios e indicadores básicos que para dicha evaluación se determinen en la correspondiente convocatoria. En la convocatoria se determinará la parte de la subvención destinada a esta finalidad y el tamaño de la muestra representativa a evaluar de los grupos de formación que se impartan.

              2. En la convocatoria se determinarán las actuaciones de seguimiento y control que se programen, realizadas mediante las visitas «in situ» y «ex post», que deberán cubrir, al menos, el 5 por 100 de los recursos públicos destinados a esta modalidad de formación de oferta, sin perjuicio de las actuaciones que puedan realizar los órganos de fiscalización y control a que se refiere el artículo 38.2 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.


              Base 10. Criterios de valoración de las solicitudes.—La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los criterios que se indican a continuación, según la metodología que se apruebe en la convocatoria:

              1. Capacidad acreditada de la entidad solicitante para la gestión del plan y ejecución del plan (hasta 50 puntos). Este bloque se valorará atendiendo a la información disponible en la Memoria Justificativa del Plan de Formación y en la Capacidad Técnica del Solicitante, en los términos y la puntuación que determine la convocatoria.

              2. Aspectos técnicos de las acciones formativas que integran el plan de formación, que deberán adecuarse a la oferta de las acciones/áreas prioritarias definidas en la convocatoria (hasta 20 puntos). Este bloque se valorará teniendo en cuenta la información facilitada por la entidad en la Memoria Justificativa del Plan de Formación, en la Hoja Resumen y en la Descripción de cada una de las acciones formativas, en los términos y la puntuación que determine la convocatoria.

              3. Incorporación de un porcentaje de participantes en módulos formativos vinculados al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, debiendo reflejar en el plan de formación dicha vinculación y la normativa de referencia, que superen el mínimo que se establezca en la convocatoria y de acuerdo con los tramos de puntuación que determine la misma (hasta 10 puntos).

              4. Incorporación de un porcentaje de participantes correspondientes a los colectivos prioritarios establecidos en la convocatoria de acuerdo con lo establecido en el apartado octavo de la base quinta de esta orden, que superen el mínimo establecido, y de acuerdo con los tramos de puntuación determinados en la misma (hasta 10 puntos).

              5. Incorporación de acciones formativas o contenidos en las acciones formativas no vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, orientados a la internacionalización de la empresa, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos u otras áreas formativas prioritarias dirigidas a anticipar las necesidades de cualificación del nuevo modelo productivo y las orientadas al desarrollo de los sectores más innovadores, establecidas en la correspondiente convocatoria con el límite de duración que se establezca en la correspondiente convocatoria y de acuerdo con los tramos de puntuación determinados en la misma (hasta 10 puntos).

              6. En caso de empate en la puntuación obtenida se resolverá a favor de la entidad que cumpla alguno de los supuestos del artículo 4 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. De persistir dicho empate, se resolverá conforme al criterio de preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas previsto en el artículo 5 del Decreto 75/2008.


              Base 11. Cuantía de la subvención.—1. La cuantía de la subvención se calculará con arreglo a los criterios que se establezcan en la convocatoria, teniendo en cuenta, al menos, el presupuesto destinado a la financiación de la actividad formativa, la valoración técnica obtenida, los módulos económicos máximos establecidos en la convocatoria y, en su caso, el volumen de la actividad formativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

              2. La cuantía máxima de subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnos y por el importe del módulo correspondiente.

              3. A los efectos de determinar la subvención, una vez ejecutada la formación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 3.º de la base 6.ª de esta orden.


              Base 12. Costes financiables y criterios de imputación.—1. Los costes financiables y los criterios de imputación de los mismos, con cargo a las subvenciones previstas en esta orden serán los establecidos en el Anexo II de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. Las convocatorias establecerán los términos y condiciones para la realización, imputación y justificación de estos costes, debiendo tener en cuenta, en su caso, en la justificación de los costes correspondientes a las operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, la normativa aplicable a los mismos y las instrucciones impartidas por la Autoridad de Gestión.

              2. Cuando el importe del gasto subvencionable por suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica supere los 12.000 €, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía. Junto con la justificación de los costes del proyecto deberán presentarse las ofertas indicadas en este punto y una memoria justificativa de la elección. En el caso de que por las especiales características de los bienes o servicios contratados no exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren deberá justificarse tal circunstancia. Se considerará que el beneficiario ha cumplido lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando justifique de modo razonado que la elección del proveedor responde a criterios de eficacia y economía, teniendo en cuenta el plan de formación a realizar y el ámbito en que éste se desarrolla, tal como dispone la disposición adicional quinta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la Mejora del Crecimiento y del Empleo.


              Base 13. Régimen de compatibilidad.—Las presentes subvenciones son incompatibles con otras subvenciones, ayudas ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.


              Base 14. Subcontratación.—1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar la realización de la actividad formativa, si así lo establece la correspondiente convocatoria, en los términos y con el alcance que se determine en la misma. La contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación. La subcontratación de la actividad formativa deberá efectuarse teniendo en cuenta la normativa relativa al Registro de centros y entidades de Formación y lo dispuesto en el apartado octavo de la Base Sexta de esta orden.

              2. La entidad beneficiaria deberá contar con medios propios para las funciones de programación y coordinación del plan de formación, asumiendo, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración pública, debiendo asegurar, tanto aquélla como el subcontratista, el desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control.

              3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

              a) Que el contrato se celebre por escrito.

              b) Que la celebración del mismo se autorice previamente de forma expresa en la resolución de concesión de la subvención o, en su caso, en el convenio suscrito para la ejecución de la actividad formativa, o bien mediante resolución posterior emitida en el plazo de 20 días a contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente. A tal efecto, se acompañará a la solicitud de autorización el contrato que se prevé formalizar.

              4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.

              5. La contratación con personas o entidades vinculadas con el beneficiario, sólo podrá autorizarse cuando se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado y se autorice de forma expresa en la resolución de concesión de la subvención o, en su caso, en el convenio suscrito para la ejecución de la actividad formativa, o bien mediante resolución posterior emitida en el plazo de 20 días a contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente. A tal efecto, se acompañará a la solicitud de autorización el contrato que se prevé formalizar.

              6. En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.


              Base 15. Órgano competente para aprobar la convocatoria de la subvención.—La convocatoria de la subvención se aprobará por resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.b) de la Ley 5/2008 de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.


              Base 16. Iniciación del procedimiento.—El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas bases se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y se iniciará mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que será publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» Además, será objeto de publicidad en la página web del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (www.jcyl.es) y de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (www.fafecyl.es).


              Base 17. Instrucción del procedimiento.—1. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a través del Servicio de Formación Profesional Continua, que contará con el apoyo técnico de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León en los términos previstos en el Convenio de Colaboración suscrito entre ambos.

              2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las cuales deba dictarse la Resolución.

              3. Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar de oficio en la convocatoria la aplicación del procedimiento de tramitación de urgencia, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De igual modo, se podrá conceder, de oficio o a instancia de parte, una ampliación de los mismos por el órgano instructor, que no exceda la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, debiendo ser notificado este acuerdo a los interesados, de conformidad con el Art. 49 de la citada Ley.


              Base 18. Solicitudes.—1. La solicitud de subvención se cumplimentará en el modelo normalizado que se recogerá como Anexo de la convocatoria y en la página web de la Junta de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (www.fafecyl.jcyl.es), a la que se acompañará la documentación que establezca la convocatoria. Cuando los documentos que deban acompañar a la solicitud ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la entidad actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en la letra f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan los documentos. Si resultara materialmente imposible obtener el documento, el órgano instructor deberá requerir al solicitante, con anterioridad a la evaluación de las solicitudes, su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento.

              2. Las solicitudes se presentarán en el plazo que se fije en la convocatoria, computado desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

              3. Las solicitudes se presentarán en los registros de los servicios centrales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León o de la Gerencia provincial del Servicio Público de Empleo de la provincia correspondiente a la entidad solicitante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de forma telemática, conforme establece Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en los términos que establezca la convocatoria.

              4. En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales.

              5. Dada la naturaleza de la documentación a acompañar, se excluye la posibilidad de presentar las solicitudes por telefax, conforme al artículo 1.2.a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y se declaran los números telefónicos oficiales («BOCyL» núm. 213, 4 de noviembre).

              6. La presentación de la solicitud implica la autorización al Servicio Público de Empleo de Castilla y León para poder solicitar los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario, en cuyo caso tendrá que aportar la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Cuando el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro, a efectos acreditativos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, será suficiente la aportación de una declaración responsable, en virtud del artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social en materia de subvenciones, según el modelo aprobado por la convocatoria.

              7. A los efectos de su valoración técnica, únicamente serán válidas las modificaciones de la solicitud inicial efectuadas antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

              8. La convocatoria determinará el número de solicitudes que podrá presentar una misma entidad para cada uno de los tipos de planes convocados. El incumplimiento de este límite implicará, para el solicitante que lo haya superado, la denegación del plan de formación que haya sido solicitado con posterioridad. Si los planes de formación tuvieran igual fecha de presentación, se denegará el plan de formación en el que participe un menor número de trabajadores.


              Base 19. Subsanación de defectos.—Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos para ser beneficiario el órgano instructor requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane el defecto de que adolezca siempre que éstos sean subsanables, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos previstos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


              Base 20. Valoración Técnica y Comisión de Valoración.—1. Una vez solicitadas las oportunas subsanaciones que procedieran por el órgano instructor, los expedientes serán remitidos a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, para la emisión del correspondiente informe de valoración técnica, de conformidad con los criterios de valoración y en los términos que determine la convocatoria. Dicho informe será remitido, junto con el expediente completo, al órgano instructor. El informe de valoración técnica incluirá la puntuación asignada a cada solicitud, desglosada por bloques de puntuación, de conformidad con los criterios de valoración técnica y una propuesta de financiación.

              2. A tal efecto, recibido el informe de valoración técnica, y subsanada la documentación de las solicitudes, el órgano instructor pondrá a disposición de la Comisión de Valoración la documentación del expediente y el informe de valoración técnica emitido por la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, solicitando la convocatoria de la misma a su Presidente. Dicha Comisión emitirá un informe vinculante en el que determine la valoración técnica de cada solicitud que cumpla con los requisitos para ser beneficiario, y la financiación asignada a cada plan de formación.

              3. La Comisión de valoración tendrá carácter colegiado y estará compuesta por los siguientes miembros: el Secretario Técnico Funcional, o quien le sustituya, que ejercerá las funciones de Presidente, el Jefe del Servicio de Formación Profesional Continua, o persona del citado Servicio que le sustituya, que actuará como Secretario, con voz y voto, y un técnico de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León a propuesta de la misma, que actuará como vocal.

              4. La Comisión de valoración se ajustará en su funcionamiento al régimen establecido para los órganos colegiados en la Ley 3/2001, de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


              Base 21. Propuesta de Resolución y reformulación de las solicitudes.—1. La propuesta de resolución provisional será formulada por el Servicio de Formación Profesional Continua, previo el informe vinculante de la Comisión de Valoración y será notificada a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días para efectuar alegaciones, cuando de acuerdo con lo establecido en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, sea necesario.

              2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional, sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario, para que en el plazo de alegaciones a la propuesta provisional, efectúe la reformulación de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En cualquier caso, los cambios propuestos en la reformulación del proyecto deberán respetar el objeto, condiciones y la finalidad de la subvención, no pudiendo suponer un incumplimiento de las obligaciones establecidas al beneficiario, ni minorar la valoración técnica obtenida en su solicitud original, debiendo, igualmente, respetarse, en su caso, los objetivos de cofinanciación del Fondo Social Europeo fijados en la propuesta de resolución provisional, en los términos que determine la convocatoria.

              3. En el caso de que la Administración proponga la reformulación de la solicitud al solicitante y éste no conteste en el plazo establecido en la convocatoria, o la reformulación no se ajuste a los límites previstos en la convocatoria con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial.

              4. Una vez que la reformulación haya obtenido la conformidad de la Comisión de Valoración, y teniendo en cuenta lo alegado por el solicitante en el trámite de audiencia y la reformulación del plan de formación, en su caso, se realizará la propuesta de resolución definitiva y del convenio a suscribir, debiendo someterse a informe con carácter previo a la Comisión Permanente del Consejo General de Empleo de Castilla y León y la Comisión Ejecutiva de Formación para el empleo de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.

              5. De igual modo, la Administración, a lo largo del procedimiento de concesión podrá proponer la modificación de las condiciones o forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante, debiendo recabar la aceptación de éste, que se entenderá tácitamente otorgada si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición en el plazo de quince días, desde la notificación de la misma y siempre, en todo caso, que no se dañe derecho de tercero.


              Base 22. Resolución.—1. Las solicitudes serán resueltas por el Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, sin perjuicio de las desconcentraciones y delegaciones que se puedan efectuar. El plazo máximo de resolución y notificación no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de publicación de la convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

              2. En la resolución de concesión se identificará, en su caso, la parte de la subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo. A dicha resolución se acompañarán, el convenio suscrito entre el órgano competente y la entidad beneficiaria, así como el correspondiente plan de formación, cuya financiación se haya aprobado, en su caso, tras la reformulación, en el que se incluirán los compromisos de participación de colectivos prioritarios adquiridos por la entidad.

              3. La resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma. En este supuesto si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios se aplicará lo dispuesto en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones.

              4. Contra la resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses computados desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


              Base 23. Modificación de la resolución.—1. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la misma. Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada y formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución.

              2. Las solicitudes de modificación se someterán al órgano instructor y serán resueltas por el órgano que dictó la resolución de concesión.

              3. En todo caso, la modificación sólo podrá autorizarse si no daña derechos de terceros. Cuando se trate de modificaciones que afecten exclusivamente al número de participantes en las acciones formativas no les será de aplicación lo dispuesto en el apartado primero de esta base siempre que no supongan una minoración de la valoración técnica obtenida en la solicitud de subvención.

              4. El órgano competente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación propuesta en el plazo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. Las resoluciones podrán retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de la presentación de la solicitud de modificación.


              Base 24. Pago de la Subvención.—1. El pago de la subvención quedará condicionado a que las entidades beneficiarias acrediten la realización del plan de formación para el que se concedió, en los términos previstos en esta orden y, según lo previsto en la letra e) del apartado 3 de la base 3ª de esta orden, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la entidad sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro.

              2. Podrá efectuarse el pago anticipado del cien por cien de la cuantía de las subvenciones, en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. Siendo los beneficiarios entidades sin ánimo de lucro, no serán exigibles garantías previas al cobro de los pagos anticipados.

              3. No obstante, cuando el beneficiario no sea una entidad sin ánimo de lucro, deberá aportar como garantía, con carácter previo al cobro, un aval de entidades financieras autorizadas para operar en España que cubra la totalidad del anticipo más los intereses que pudieran devengarse.

              4. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el apartado 4, párrafo tercero, del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.


              Base 25. Plazo y forma de justificación.—1. El beneficiario deberá presentar la documentación relativa a la justificación de costes en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de la formación, en los términos establecidos en el artículo 15 de la precitada Orden TAS/718/2008, de 18 de marzo, y en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ante el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y conforme a las instrucciones y modelos normalizados que establezca la convocatoria. Si la convocatoria estableciera como preceptiva la cuenta justificativa con informe de auditor, los gastos derivados de la realización de dicho informe serán subvencionables, estableciéndose en la convocatoria una financiación adicional proporcional al volumen de financiación concedida.

              2. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la documentación a que se refiere este apartado, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de reintegro previsto en el artículo 37 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. En todo caso, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar debidamente justificada la subvención concedida, se pondrá en conocimiento, de los beneficiarios las insuficiencias observadas para que en el plazo de diez días sean subsanadas.

              3. Una vez presentada y examinada la documentación justificativa, previo informe, en su caso, de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, el órgano instructor del procedimiento practicará la propuesta de liquidación, basada en los costes justificados de la acción subvencionada, respondiendo al principio de proporcionalidad. Dicha propuesta será notificada al beneficiario, el cual dispondrá de un plazo de 15 días naturales computado desde el día siguiente a la recepción de la notificación para subsanar las deficiencias observadas.

              La liquidación económica de las subvenciones concedidas se realizará en función de los participantes que hayan finalizado la formación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la base sexta de la presente orden y las horas lectivas efectivamente realizadas, a tenor de los costes financiables por participante y hora de formación. La subvención resultante tendrá como límite máximo los módulos económicos establecidos en la convocatoria en función de la modalidad de impartición y el nivel de la formación.

              Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención concedida o que se han incumplido, total o parcialmente, requisitos establecidos en la normativa aplicable para la justificación de la subvención o los fines para los que fue concedida la misma el órgano concedente notificará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de la comprobación técnico-económica. En tal supuesto, acordará el inicio del procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención o, en su caso, del procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención.


              Base 26. Criterios de graduación de los incumplimientos y reintegro de las subvenciones.—1. El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en esta orden y otras normas aplicables, y en especial las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de las condiciones que se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión o, en su caso, en el convenio, dará lugar a la pérdida total o parcial del derecho al cobro de la subvención o, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente la subvención percibida y los intereses de demora correspondientes.

              2. El órgano competente para acordar la resolución del procedimiento de reintegro será el mismo que lo sea para la concesión.

              3. La graduación de los posibles incumplimientos, se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

              a) En el supuesto de incumplimiento total: El incumplimiento total de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 100 por 100 de la subvención otorgada. Igualmente se considerará incumplimiento total si la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 35 por 100 de sus objetivos, mesurados con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumnos formados.

              b) En el supuesto de incumplimiento parcial: El incumplimiento parcial de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de su justificación de la misma dará lugar al reintegro parcial de la subvención otorgada. Cuando la ejecución del indicador mencionado en el párrafo anterior esté comprendida entre el 35 y el 100 por 100 la subvención concedida se minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan estado debidamente justificados.

              4. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por el órgano concedente desde el momento en el cual se aprecie la existencia de algunos de los supuestos de reintegro previstos en este artículo. La obligación de reintegro se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo relativo a infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones, si concurriesen las acciones y omisiones tipificadas en la citada ley.


              Anexo II

              Convocatoria de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la comunidad de Castilla y León para el año 2013


              Primero. Objeto.—1. Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones destinadas a la realización de planes de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2013.

              2. La concesión de subvenciones que regula la presente convocatoria se realizará de acuerdo a los principios de concurrencia, publicidad y objetividad.


              Segundo.- Régimen jurídico.Las subvenciones convocadas mediante la presente orden se ajustarán a lo establecido por:

              - La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

              - La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, supletoriamente, en aquellos aspectos procedimentales no regulados en la normativa estatal o europea.

              - La Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada mediante Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre.

              - La Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, 2012-2015.

              - El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

              - El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

              - La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación («B.O.E.» n.º 67, de 18 de marzo), modificada por la Orden ESS/1729/2012, de 2 de agosto («B.O.E.» N.º 186, de 4 de agosto).

              - Las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León aprobadas en el Anexo I de la presente orden.

              - La Orden EYE/1598/2011, de 29 de diciembre, por la que se desarrolla el Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León y se regula el procedimiento de inscripción y acreditación en el mismo.

              Y demás normativa de general y pertinente aplicación.


              Tercero. Aplicaciones presupuestarias.—1. Los créditos presupuestarios destinados a financiar las subvenciones establecidas en la presente convocatoria son los aprobados por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2013, en las aplicaciones y por el importe que a continuación se detalla:


               
              Aplicación Presupuestaria Importe
              08.23.241B02.7802J 7.708.655,00 €
              08.23.241B02/7700G 856.500,00 €

               
              La distribución del presupuesto será la siguiente:


               
              Planes de formación previstos la letra a) del apartado 4.1 de esta Resolución (Intersectorial) 6.863.495,00
              Planes de formación previstos la letra b) del apartado 4.1 de esta Resolución (Economía Social) 165.500,00
              Planes de formación previstos la letra c) del apartado 4.1 de esta Resolución (Autónomos) 679.660,00
              Planes de formación integrados por las acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad a través de módulos formativos de los mismos, previstos en la letra d) del apartado 4.1 de esta resolución. 856.500,00

               
              2. A esta financiación podrá añadirse una cuantía adicional de hasta un 50 por ciento, siempre que concurra alguna de las reglas previstas en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones. La efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, que deberá ser publicada con carácter previo a la resolución de concesión.

              3. Cuando la financiación correspondiente a cualquiera de los tipos de planes de formación arriba detallados no fuera cubierta en su totalidad, podrán redistribuirse los fondos para cualquiera de los otros tipos de planes de formación. La distribución de la cuantía total máxima del crédito asignado a esta convocatoria entre los diferentes créditos presupuestarios tiene carácter estimativo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisara de nueva convocatoria, en los términos del artículo 58.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.

              4. Las subvenciones objeto de la presente convocatoria estarán sujetas, según corresponda, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los términos establecidos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o al Impuesto sobre Sociedades en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; y no resulta aplicable ningún régimen de retención.


              Cuarto. Objeto de la subvención.—1. Será subvencionable la realización de:

              a) Planes de formación intersectoriales, compuestos por las acciones formativas establecidas en el Anexo II. IX de la presente convocatoria dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores.

              b) Planes de formación intersectoriales, compuestos por las acciones formativas establecidas en el Anexo II. IX de la presente convocatoria dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores, dirigidos a la formación específica de los colectivos de trabajadores y socios de la economía social, siempre que aporten actividad económica.

              c) Planes de formación intersectoriales, compuestos por las acciones formativas establecidas en el Anexo II. IX de la presente convocatoria dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores, dirigidos a la formación específica del colectivo de autónomos. En estos planes de formación podrán participar un mínimo de 125 participantes.

              d) Planes de formación integrados por acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad a través de módulos formativos de los mismos, definidas como prioritarias en el Anexo II. X de la presente convocatoria. Estos planes de formación estarán integrados por una sola acción formativa consistente en un módulo formativo del correspondiente certificado de profesionalidad, y podrán participar hasta un máximo de 15 participantes.

              2. La ejecución de los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados se llevará a cabo mediante convenios suscritos entre las entidades beneficiarias y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

              3. Las acciones formativas que integren los correspondientes planes de formación, excepto las vinculadas a certificados de profesionalidad y las que sean de prevención de riesgos laborales, incluirán un módulo con un mínimo de cinco horas formativas en materia de prevención de riesgos laborales, salvo que la duración de la acción sea inferior a 50 horas en cuyo caso el número mínimo de horas dedicadas a la materia de prevención de riesgos laborales será de dos.

              4. Las acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales deberán impartirse en la modalidad presencial, mientras que el resto de acciones podrán impartirse en modalidad presencial, en teleformación, o mixta (presencial y teleformación).En todo caso, la modalidad de impartición de los módulos complementarios tiene que obedecer a alguna de las modalidades de impartición elegidas para la formación principal, y deberá obedecer a una única modalidad.


              Quinto. Beneficiarios.—1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, las siguientes entidades:

              a) Para los planes de formación intersectoriales, previstos en la letra a) del punto 1 del apartado cuarto de esta resolución, las Organizaciones Empresariales y Sindicales intersectoriales más representativas en Castilla y León. La mayor representatividad de las Organizaciones Empresariales y Sindicales se determinará de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, de 2 de agosto, respectivamente.

              b) Para los planes de formación intersectoriales previstos en la letra b) del punto 1 del apartado cuarto de esta resolución, las Confederaciones y Federaciones de Cooperativas y/o Sociedades Laborales y las Organizaciones Representativas de la economía social de carácter intersectorial, con suficiente implantación en Castilla y León.

              c) Para los planes de formación intersectoriales previstos en la letra c) del punto 1 del apartado cuarto de esta resolución, las asociaciones representativas de autónomos de carácter intersectorial, así como organizaciones contempladas en el artículo 21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con suficiente implantación en el ámbito de Castilla y León, teniendo preferencia aquellas asociaciones con mayor implantación en Castilla y León.

              d) Para los planes de formación previstos en la letra d) del punto 1 del apartado cuarto de esta Resolución, las entidades y centros de formación, que en el momento de producción de efectos de la presente resolución estén debidamente inscritos y acreditados para el correspondiente certificado en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, creado por Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, en relación con el Real Decreto por el que se aprueba el correspondiente certificado de profesionalidad.

              2. Para la acreditación del requisito previsto en la letra a) del apartado anterior, tanto las Organizaciones Empresariales como Sindicales, deberán justificar su presencia en el Consejo General de Empleo de Castilla y León, mediante certificado expedido por el Secretario del mismo. La solicitud de subvenciones correspondientes a este tipo de planes implicará la autorización al órgano instructor para recabar el correspondiente certificado acreditativo del cumplimiento de este requisito, salvo que la entidad solicitante presente dicha certificación conjuntamente con la misma.

              La suficiente implantación de las entidades a la que se hace referencia en la letra b) del punto 1 de este apartado se acreditará mediante certificado expedido por la Dirección General de Economía Social y Autónomos de la Comunidad de Castilla y León. La solicitud de subvenciones correspondientes a estos tipos de planes implicará la autorización al órgano instructor para recabar los correspondientes certificados acreditativos de la implantación de la entidad, salvo que la entidad solicitante los presente conjuntamente con la misma.

              En cuanto a la suficiente o mayor implantación de las entidades a las que se hace referencia en la letra c) del punto 1 de este apartado se acreditará mediante certificado expedido por la Dirección General de Economía Social y Autónomos de la Comunidad de Castilla y León. En todo caso, se considerarán como de mayor implantación a éstos efectos, aquellas asociaciones que a la fecha de producción de efectos de ésta convocatoria, formen parte de la Mesa del Autónomo constituida mediante Protocolo de Colaboración de 21 de octubre de 2005. La solicitud de subvenciones correspondientes a estos tipos de planes implicará la autorización al órgano instructor para recabar los correspondientes certificados acreditativos de la implantación de la entidad, salvo que la entidad solicitante los presente conjuntamente con la misma.

              La acreditación de los centros y entidades de formación en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León en relación con el Real Decreto por el que se aprueba el correspondiente certificado de profesionalidad, se comprobará de oficio por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para cada una de las especialidades formativas solicitadas.

              3. No podrán obtener la condición de beneficiarios, las entidades en las que concurra alguna de las causas previstas en el apartado 4 de la base 3.ª del Anexo I de la presente orden por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León. A estos efectos deberán cumplimentar la declaración responsable conforme al modelo incluido en la solicitud que obra en el Anexo II. I de esta Resolución.

              4. En los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención, tendrán la condición de beneficiarios, además de los señalados en los apartados anteriores:

              a) Los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a ejecutar la totalidad o parte de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del mismo. En este caso, junto con la solicitud deberán aportar certificado expedido por quien ostente estas facultades en la organización, de acuerdo con sus estatutos, en el que se acredite la condición de miembro asociado integrante de la misma y un compromiso formalizado entre ambas entidades en el que se determine la parte estimada del plan que tiene previsto ejecutar, que será suscrito por la representación legal de ambas entidades, según el modelo establecido en el Anexo II. V. En todo caso, el pago de la subvención se efectuará al beneficiario principal.

              b) Las agrupaciones formadas por organizaciones o entidades previstas en el punto 1 de este apartado y las formadas por éstas y las entidades vinculadas a las mismas que tengan entre sus fines el desarrollo de actividades formativas. Deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la misma. Conjuntamente con la solicitud deberá aportarse copia compulsada del instrumento de formalización de dicha agrupación de fecha anterior a la solicitud de la subvención y del compromiso de ejecución por escrito que deben formalizar las entidades agrupadas, según el modelo establecido en el Anexo II.VI suscrito por la representación legal de las mismas, concretando qué partes del proyecto realizará cada entidad, así como el compromiso de responsabilidad solidaria de sus miembros frente al Servicio Público de Empleo de Castilla y León y de no disolución en tanto no hayan transcurrido los plazos de prescripción legalmente previstos. Para los planes de formación previstos en la letra d) del punto 1 del apartado cuarto de esta Resolución, la agrupación sólo podrá estar constituida por centros de formación que reúnan los requisitos establecidos en la letra e) del punto 1 de este apartado, no pudiendo participar un centro de formación en más de una agrupación.


              Sexto. Obligaciones de las entidades beneficiarias.—Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la normativa reguladora de la subvención, los beneficiarios deberán contratar una póliza de seguro de accidentes personales que cubra para cada uno de los alumnos de los cursos un capital de 18.030,36 euros en caso de muerte, y de 36.036,73 euros en caso de invalidez, en ambos casos derivado del riesgo de accidentes durante el desplazamiento, por cualquier medio y durante la asistencia a cualquier fase de los cursos en que participen los alumnos.

              La póliza de seguro amparará a un colectivo innominado, en el que la descripción del riesgo contemple al número total de participantes previstos en las acciones formativas de modalidad presencial y mixta en la reformulación y posterior aprobación del plan de formación, y su vigencia abarcará el periodo de ejecución del plan de formación.

              Una vez suscrito el convenio y antes del inicio de la ejecución del plan de formación, se deberá remitir copia de la póliza de seguro al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, debidamente firmada y sellada por el tomador, que deberá ser la entidad beneficiaria solicitante del plan de formación, y la compañía aseguradora, en la que conste debidamente identificadas las coberturas, la prima satisfecha y el coste/hora. No podrá iniciarse la ejecución de las acciones formativas posteriores a la suscripción del convenio sin haberse procedido al cumplimiento de este requisito o la subsanación de la documentación presentada cuando por parte del órgano instructor se ponga en conocimiento de la entidad beneficiaria alguna deficiencia de la misma. En caso de incumplimiento de la obligación prevista en este apartado o de la comunicación en plazo y forma de la misma, el grupo se considerará no realizado a efectos de liquidación, sin perjuicio de las facultades del órgano instructor para acordar la suspensión temporal del mismo. El justificante de pago se aportará con el resto de la documentación de justificación.


              Séptimo. Criterios de Valoración de las solicitudes.—1. La metodología para la valoración de las solicitudes, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras, será la siguiente:

              ² a) Capacidad acreditada de la entidad solicitante para la gestión del plan y ejecución del plan (hasta 50 puntos). Este bloque se valorará atendiendo a la información disponible en la Memoria Justificativa del Plan de formación y en la Capacidad Técnica del Solicitante, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

              • Experiencia previa en formación (hasta 30 puntos): La valoración de este criterio se efectuará teniendo en cuenta la experiencia demostrada en la gestión y ejecución de planes de formación en las tres últimas convocatorias, según la siguiente distribución:

              • Experiencia previa en tres convocatorias: 30 puntos.

              • Experiencia previa en dos convocatorias: 15 puntos.

              • Experiencia previa en una convocatoria: 5 puntos.

              • Recursos destinados al desarrollo y ejecución del plan de formación (hasta 10 puntos): La valoración de este criterio se efectuará teniendo en cuenta que el plan de formación cuente con la figura de un Responsable técnico, y que éste tenga experiencia probada en formación, con personal administrativo de apoyo para la gestión, apoyo de asesores pedagógicos y/o asesores laborales.

              • Sistema de calidad en la gestión de la formación (hasta 10 puntos): La valoración de este criterio se efectuará teniendo en cuenta que la entidad tenga implantado un sistema de certificación de calidad (ISO 9001 o EFQM).

              b) Aspectos técnicos de las acciones formativas que integran el plan de formación (hasta 20 puntos). Este bloque se valorará teniendo en cuenta la información facilitada por la entidad en la Memoria Justificativa del Plan de Formación, en la Hoja Resumen (Anexo II. II) y en la Descripción de cada una de las acciones formativas, de acuerdo con los siguientes criterios:

              • Definición de los objetivos de las acciones formativas (hasta 5 puntos): La valoración de este criterio se efectuará teniendo en cuenta que el objetivo contribuya a la consecución de los objetivos planteados en el Plan de Formación, que indique los conocimientos y/o las habilidades que van a adquirirse al finalizar la acción formativa, esté expresado en términos medibles, observables y cuantificables, diferenciando entre objetivos generales y específicos.

              • Contenidos de las acciones formativas (hasta 5 puntos): La valoración de este criterio se efectuará teniendo en cuenta que los contenidos estén relacionados con los objetivos perseguidos en la acción formativa, se presenten en unidades didácticas donde se describen los epígrafes principales, se detalle el contenido de los distintos epígrafes que componen el guión, se especifique la duración de cada unidad didáctica, se describa la programación de los contenidos, en el caso de existir prácticas, se especifique en qué consisten, su duración y se describa su programación y se desarrolle la metodología utilizada en el aprendizaje de los contenidos teóricos y prácticos.

              • Mecanismos de seguimiento, evaluación y control del aprendizaje (hasta 6 puntos): La valoración de este criterio se efectuará teniendo en cuenta que se evalúe la opinión de los participantes, contenidos, habilidades y aplicabilidad en el puesto de trabajo detallándose al responsable del proceso y/o plazos y/o herramientas utilizadas.

              • Instalaciones, medios didácticos y material previsto de la acción formativa (hasta 4 puntos). Se valora la adecuación, calidad e innovación de las instalaciones, medios didácticos empleados y el material previsto para el desarrollo de los contenidos y la consecución de los objetivos indicados en cada acción formativa. La información a valorar dependerá de la modalidad de la acción (presencial, mixta o teleformación) pero, como mínimo, se deberá aportar información sobre la cualificación y experiencia de los formadores y/o tutores así como el número de formadores y/o tutores por grupo, el lugar de impartición y su titularidad -pública o privada-, las instalaciones y el material con el que se cuente para la realización de la acción formativa.

              c) Incorporación de un porcentaje de participantes en módulos o unidades formativas vinculados al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, para la obtención de certificados de profesionalidad, debiendo reflejar en el plan de formación dicha vinculación y la normativa de referencia, que superen el 30 por ciento (hasta 10 puntos):

              • Más del 30 y hasta el 35 por ciento: 3 puntos.

              • Más del 35 y hasta el 40 por ciento: 4 puntos.

              • Más del 40 y hasta el 45 por ciento: 5 puntos.

              • Más del 45 y hasta el 50 por ciento: 8 puntos.

              • Más del 50 por ciento: 10 puntos.

              d) Incorporación de un porcentaje de participantes que pertenezcan a alguno de los colectivos prioritarios establecidos en el apartado décimo de la presente convocatoria, a cuyo efecto cada participante se computará una sola vez, que superen el 30 por ciento (hasta 10 puntos):

              • Más del 30 y hasta el 35 por ciento: 3 puntos.

              • Más del 35 y hasta el 40 por ciento: 4 puntos.

              • Más del 40 y hasta el 45 por ciento: 5 puntos.

              • Más del 45 y hasta el 50 por ciento: 8 puntos.

              • Más del 50 por ciento: 10 puntos.

              e) Incorporación de un módulo en las acciones formativas no vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, de una duración no inferior a dos horas, de contenidos orientados a la internacionalización de la empresa, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos (hasta 10 puntos). Se podrá incorporar un solo módulo en cada una de las acciones formativas, y la puntuación será la siguiente:

              • Inclusión de un módulo en hasta el 10% de las acciones formativas no vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (hasta 3 puntos).

              • Inclusión de un módulo en hasta el 25% de las acciones formativas no vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (hasta 6 puntos).

              • Inclusión de un módulo en hasta el 50% de las acciones formativas no vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (hasta 8 puntos).

              • Inclusión de un módulo en hasta el 75% de las acciones formativas no vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (hasta 10 puntos).

              2. A los efectos de valoración técnica y para garantizar la concurrencia, sólo se tendrá en cuenta la información incluida en la documentación técnica en el plazo de presentación de solicitudes pudiendo, en cualquier momento, el órgano instructor, de oficio o a instancia de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, efectuar la comprobación de los datos facilitados por la entidad solicitante y, a tal efecto, requerir la aportación de cualquier documento que pruebe la realidad de los mismos, constituyendo, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, causas de exclusión del procedimiento de valoración la falta de veracidad en alguno de los datos aportados o la negativa a colaborar en la comprobación de los mismos.

              La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León realizará la valoración de los planes de formación, y practicará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, comprobación y conocimiento de los datos en virtud de los cuales deba efectuarse dicha valoración.

              Los resultados de la valoración del plan de formación serán sometidos a informe de la Comisión Ejecutiva de Formación para el Empleo de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.


              Octavo. Cuantía.—1. En la determinación de la subvención a conceder se tendrán en cuenta los siguientes criterios, dependiendo del tipo de plan de formación de que se trate:

              a) Planes de formación intersectorial, previstos en el punto 1.a) del apartado cuarto de esta orden:

              1) Un 50% de los fondos disponibles se destinará a la financiación de los planes presentados por el grupo de Organizaciones Empresariales y el 50% restante a los presentados por el grupo de Organizaciones Sindicales. En el caso de que se denieguen todas las solicitudes de un grupo, o no se presente ninguna, o las cantidades solicitadas no cubran dicha asignación, la cuantía que les corresponde o la restante se le asignará al otro grupo. En ambos casos actuará como límite la ayuda solicitada y la cuantía máxima de la subvención a conceder.

              2) Si se presentaran varias organizaciones para un mismo bloque, el 50% de los fondos destinados a cada bloque de organizaciones se destinará a garantizar una financiación mínima a cada una de las presentadas que hubieran obtenido la valoración técnica mínima para resultar beneficiarias, distribuyéndose de forma equitativa entre las mismas. El resto de los fondos se asignará de forma proporcional a la valoración técnica de los planes presentados. En todo caso, cuando de la aplicación de esta fórmula resulte que a una organización le correspondería una financiación superior a la solicitada o supere el límite de la cuantía máxima de la subvención a conceder, se le asignará la menor de estas cantidades. En este supuesto, la cantidad sobrante se aplicará al resto de organizaciones del mismo bloque en proporción a la valoración técnica de los planes presentados.

              b) Planes de formación intersectorial, previstos en los puntos 1.b) y 1.c) del apartado cuarto de esta orden. La subvención se determinará en atención a la valoración técnica de los planes presentados, teniendo preferencia en el supuesto previsto en el apartado 1.c), aquéllas asociaciones que tengan mayor implantación en Castilla y León, entendiendo, en todo caso, por tales a aquellas organizaciones que tengan presencia en la Mesa del Trabajo Autónomo constituida en la Comunidad de Castilla y León, en la que participan las organizaciones representativas de trabajadores autónomos y la Administración autonómica, como órgano de participación institucional.

              c) Planes de formación, previstos en el punto 1.d) del apartado cuarto de esta Resolución. La subvención se determinará de acuerdo con el orden de puntuación resultante de la valoración técnica obtenida hasta agotar el crédito disponible, debiendo garantizarse, la financiación, al menos, de uno de los módulos formativos solicitados establecidos como prioritarios en el Anexo II. X de la presente orden.

              2. La cuantía máxima de la subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnos y por el importe del módulo según los importes que se detallan a continuación, no pudiendo superar el coste/hora solicitado para cada acción formativa dichos módulos.


               
              MODALIDAD DE IMPARTICIÓN NIVEL DE FORMACIÓN
                Básico Superior
              Presencial 9 13
              Teleformación 7,5  
              Mixta Se aplicarán los módulos anteriores en función de las horas de formación presencial y de teleformación que tenga la acción formativa.  

               
              A los efectos de determinar la subvención, una vez ejecutada la formación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 3.º base 6 del Anexo I de esta orden por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León.

              3. Sin perjuicio de lo anterior, para la determinación de la subvención máxima a conceder, el módulo económico para el módulo de prácticas en centros de trabajo que las entidades podrán solicitar junto con el correspondiente módulo formativo del certificado de profesionalidad, será de 3,00 € por alumno y hora.


              Noveno. Gastos subvencionables.—1. Los gastos subvencionables serán los recogidos en el Anexo II de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

              2. Los gastos subvencionables deben de responder a costes reales, efectivamente realizados, pagados y justificados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente.


              Décimo. Destinatarios de la formación.—1. Se considera prioritaria la participación en las acciones formativas programadas en estos planes de formación, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de la subvención, de los trabajadores pertenecientes a los colectivos considerados prioritarios por la Estrategia Española de Empleo: Personas sin cualificación profesional, personas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación profesional, personas en el ámbito rural, personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería y también los trabajadores de pymes. Asimismo, también se considerará colectivo prioritario a los trabajadores que habiendo obtenido la acreditación de una o varias unidades de competencia en un proceso de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral no hayan completado la cualificación, con respecto a los módulos formativos que necesiten para completarla, así como los trabajadores que hayan superado una unidad formativa, con respecto al resto de unidades formativas en que se subdivida el correspondiente módulo, a efectos de poder obtener la certificación del mismo. La participación de trabajadores en módulos formativos vinculados al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, para la obtención de certificados de profesionalidad, será de un mínimo del 30%.

              2. La participación de trabajadores desempleados en las acciones formativas programadas en los planes de formación será de un máximo del 40% de cada plan de formación, respecto del total de personas que inician la formación.

              A tal efecto, las entidades beneficiarias comunicarán a la correspondiente Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León las solicitudes de participación de trabajadores desempleados recibidas, cuando las mismas superen al número de plazas destinadas a este colectivo en el correspondiente grupo, para su priorización en virtud de los colectivos establecidos en el primer punto de este apartado, de conformidad con la Instrucción sobre solicitud de servicios de formación, derivación de demandantes y selección de candidatos aprobada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. La comunicación se efectuará al menos un mes antes del inicio del correspondiente grupo. Se procederá a la suspensión de la demanda de empleo de los trabajadores desempleados que participen en las acciones formativas, y a estos efectos, la entidad beneficiaria deberá informar a los participantes desempleados de las implicaciones de su participación, proporcionándoles para ello el documento informativo que figura en el Anexo II. XVII de la presente convocatoria que deberá ser recibido por todos los participantes desempleados. Asimismo, y durante el transcurso de la acción formativa, la entidad beneficiaria deberá comunicar en la aplicación informática SEGUIFOR2 las incidencias en cuanto altas y bajas de los participantes desempleados en el momento en que estas se produzcan.

              3. Los trabajadores descritos en esta convocatoria podrán solicitar su participación en los planes de formación aprobados mediante el modelo de solicitud que figura como Anexo II. III de esta convocatoria.

              4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 a 28 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, los trabajadores desempleados que participen en estos planes, podrán percibir becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento y ayudas a la conciliación, en los términos previstos en dichos preceptos, y las condiciones que se fijen en la correspondiente convocatoria. Las entidades beneficiarias y sus entidades colaboradoras colaborarán en la información a los posibles beneficiarios para el ejercicio de este derecho.


              Decimoprimero. Régimen específico.—1. Los convenios que se suscriban al amparo de esta convocatoria tendrán una duración anual.

              2. Los planes de formación incorporados a los convenios, se podrán ejecutar desde el día siguiente al de la suscripción del correspondiente convenio.

              3. Las entidades efectuarán las siguientes comunicaciones, preferentemente a través de la aplicación informática SEGUIFOR2, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

              - Comunicación de inicio: Al menos 7 días naturales antes del inicio de cada uno de los grupos/acciones de formación, deberá comunicarse el lugar y, en el caso de las acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, mediante módulos formativos o unidades formativas de los mismos, el código de la especialidad formativa y el número de censo en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León de la entidad responsable de la impartición, fecha de inicio y fin y el horario de su realización. En este trámite, se deberá comunicar la relación de formadores y/o tutores con los suficientes conocimientos específicos en la materia y experiencia docente, y, en el caso de las acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, mediante módulos formativos o unidades formativas de los mismos, antes del inicio de la actividad formativa se deberá remitir a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, la documentación relativa al personal docente, su titulación, experiencia profesional y docente de acuerdo con el correspondiente certificado de profesionalidad, no pudiendo iniciar la actividad formativa sin esta previa comunicación. Una vez realizada dicha comunicación, su modificación o cancelación deberá comunicarse, con anterioridad a la fecha inicialmente prevista para el comienzo del grupo/acción.

              - Comunicación de participantes: hasta el primer día, inclusive, del comienzo de la acción formativa deberá comunicarse a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León una relación de los participantes que vayan a iniciar la formación, con el límite máximo de los alumnos aprobados en el plan de formación para aquélla. En el caso de que la acción formativa esté integrada por varios grupos, esta comunicación deberá efectuarse teniendo en cuenta que el total de participantes de todos los grupos no puede exceder el número de alumnos aprobados para la acción formativa de que se trate. De acuerdo con lo establecido en el tercer apartado de la Base 6.ª del Anexo I, si se produjeran abandonos de los trabajadores deberán ser comunicados por la entidad beneficiaria pudiendo incorporar otros trabajadores a la formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa. Si se produjeran abandonos con posterioridad a la impartición del 25% de las horas de formación, se admitirán desviaciones por acción formativa de hasta un 10% del número de participantes que las hubieran iniciado. Así, una vez comunicado el abandono por la entidad beneficiaria, se podrá sustituir al alumno que ha abandonado la acción formativa, incorporando a un nuevo trabajador en su lugar. No obstante, en caso de que la acción formativa esté integrada por varios grupos, los alumnos que abandonen durante el primer cuarto de duración de la formación y no sean sustituidos por otros, se tendrán, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, como alumnos que no han iniciado la formación en ese grupo, pudiendo comunicar su participación en grupos de la misma acción formativa que se ejecuten posteriormente. Estas comunicaciones reflejarán la situación laboral, ocupada o desempleada, que acrediten los trabajadores al inicio de la formación.

              4. En caso de incumplimiento, cumplimiento defectuoso de las comunicaciones en los plazos señalados o inadecuación de lo comunicado con las comprobaciones que se realicen, implicará que el correspondiente grupo se considerará no realizado a efectos de liquidación, a excepción de que la no comunicación se deba a causas imprevistas, estén debidamente justificadas y sean comunicadas en el momento de producirse. El órgano instructor, de oficio o a instancia de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, podrá acordar que el incumplimiento a que se refiere este párrafo produzca la anulación del participante afectado por el mismo, cuando de la naturaleza del incumplimiento así se deduzca.

              5. Mediante la suscripción del convenio quedará constituida una Comisión Mixta de Seguimiento del mismo, integrada por el Jefe de Servicio de Formación Profesional Continua del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que la presidirá, y tres vocales, uno de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, a propuesta de su Directora Gerente, y dos a propuesta de la entidad beneficiaria. Ejercerá las funciones de secretario, con voz y sin voto, un funcionario del Servicio de Formación Profesional Continua del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, designado por el Jefe del mismo. Esta Comisión se reunirá cuando así lo solicite cualquiera de las partes, y sus funciones son analizar y valorar el desarrollo del Plan de Formación y de los resultados de las acciones formativas. En lo referido a la celebración de sus sesiones y deliberaciones se estará a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados, y en el artículo 52 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León.

              6. Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán realizar una evaluación y control de la calidad de la formación que ejecuten, debiendo destinar a esta finalidad hasta un cinco por ciento de la subvención concedida. A estos efectos, se garantizará la implantación de sistemas y dispositivos de mejora continua de la calidad en los centros que impartan las acciones formativas por medio de un cuestionario que sobre la calidad de las acciones formativas deben de rellenar los participantes a la finalización de cada acción formativa, al que se refiere el Anexo II. IV de esta convocatoria, así como cualquier otra actuación que se considere adecuada para la evaluación de la calidad de las acciones formativas. Las actuaciones de evaluación y control deberán cubrir una muestra representativa de al menos un cinco por ciento de los grupos de formación que se impartan.

              Los beneficiarios de las subvenciones deberán realizar las siguientes actividades en relación con los cuestionarios de evaluación de la calidad:

              a) Cumplimentación y/o supervisión de los datos correspondientes al Bloque I del cuestionario correspondiente: Datos identificativos de la acción.

              b) Distribución de los cuestionarios entre la totalidad de participantes que finalicen las acciones formativas.

              c) Recopilación y custodia de los cuestionarios cumplimentados por los participantes, con el fin de que quede constancia en la documentación correspondiente a cada grupo impartido.

              d) Remisión de los resultados de los cuestionarios cumplimentados por los participantes que hayan finalizado las acciones formativas en el plazo de diez días desde el requerimiento que en este sentido efectúe el Servicio de Formación Profesional Continua del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el formato digital que el mismo facilite al efecto.

              7. Para la impartición de las acciones formativas en el correspondiente Plan de Formación, será requisito imprescindible la inscripción y, en su caso, acreditación como Centro o Entidad de Formación en el Registro habilitado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del mismo. Las acciones formativas que se inicien sin contar con la correspondiente inscripción y, en su caso acreditación para la correspondiente especialidad formativa, será tenidas como no realizadas a los efectos de su liquidación y las mimas no podrán ser acreditadas con las correspondientes certificaciones oficiales.


              Decimosegundo. Subcontratación.—Las entidades beneficiarias podrán subcontratar hasta el cien por cien de la realización de la actividad formativa, por una sola vez y en los términos establecidos base 14 del Anexo I de la presente orden por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León. La subcontratación de la actividad formativa deberá efectuarse teniendo en cuenta la normativa relativa al Registro de centros y entidades de Formación.

              Cuando los beneficiarios concierten con personas o entidades vinculadas a los mismos la ejecución parcial de las actividades subvencionadas, siempre que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado, deberá obtenerse la previa autorización del órgano concedente, que deberá ser formulada en el modelo normalizado que obra en el Anexo II. VII de esta convocatoria.

              Las entidades y centros de formación beneficiarias de los planes de formación previstos en la letra d) del apartado 4.1 de esta Resolución, no podrán subcontratar en ningún caso la actividad formativa a realizar por lo que habrán de disponer de los espacios, instalaciones y recursos requeridos en los programas formativos asociados a cada uno de los certificados de profesionalidad. Igualmente, no podrán participar como entidades colaboradoras en ninguno de los otros tipos de planes.

              La autorización para subcontratar será concedida, en su caso, en el correspondiente convenio, no admitiéndose a trámite solicitudes de autorización en un momento posterior al de la concesión de la subvención.


              Decimotercero. Solicitudes.—1. La solicitud de subvención se cumplimentará en el modelo normalizado, que se recoge en el Anexo II.I de esta orden, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es), y a través de la aplicación informática SEGUIFOR2 (http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp) disponible en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es) y en la página web de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, (www.fafecyl.jcyl.es). Salvo en los supuestos en que se presente la documentación a través del registro telemático, de conformidad con lo dispuesto en el punto tercero de este apartado, el solicitante deberá presentar, conjuntamente con la solicitud, en formato papel, la documentación prevista en el punto séptimo de este apartado, salvo la prevista en las letras a),b),c) y d), que deberá presentarse en formato digital (.doc o .pdf).

              2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará desde el día siguiente al de su publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y finalizará el día 11 de septiembre de 2013 (incluido).

              3. Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en los registros de los servicios centrales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León o de la Gerencia provincial del Servicio Público de Empleo de la provincia correspondiente a la entidad solicitante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

              4. En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales.

              5. Dada la extensión y complejidad de la documentación a acompañar, se excluye la posibilidad de presentar las solicitudes por medio de telefax, conforme establece el artículo 1.2 a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los Registros Administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se declaran los números oficiales («B.O.C. y .L.» de 4 de noviembre de 2002).

              6. Las solicitudes se podrán presentar de forma telemática, conforme establece el Decreto 7/2013,de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en papel en los registros de los servicios centrales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, sito en el Edificio de Soluciones Empresariales de Castilla y León, calle Jacinto Benavente, número 2, 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

              La solicitud podrá presentarse de forma electrónica siempre y cuando el solicitante disponga de DNI electrónico, certificado digital de clase 2CA de firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y o cualquier otro certificado electrónico reconocido por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y compatible con sus plataforma tecnológicas corporativas. En este caso, los solicitantes podrán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a través del la aplicación SEGUIFOR2 (http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp), disponible en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es) y en la página web de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, (www.fafecyl.jcyl.es), sin perjuicio de la posibilidad de requerir al interesado la exhibición del documento o información original de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

              7. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

              a) Memoria justificativa del Plan de formación (formato digital). En esta memoria se proporcionará, al menos, la siguiente información:

              - Ámbito de aplicación del Plan de formación.

              - Objetivos del Plan a corto, medio y largo plazo, en relación con las necesidades formativas, cuantificados en la medida de lo posible.

              - Contenidos del Plan de Formación.

              b) Memoria justificativa de la capacidad técnica del solicitante para la gestión del plan que se solicita (formato digital). En esta memoria se detallarán, al menos, los aspectos a los que se hace referencia en la letra a) del punto primero del apartado séptimo de la presente orden.

              c) Hoja Resumen de cada una de las acciones formativas que integran el plan (formato digital). Se cumplimentará en el modelo normalizado que se recoge en el Anexo II.II de esta resolución, que estará a disposición de los interesados en la página web de la Junta de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es), y en la página web de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, (www.fafecyl.jcyl.es) y a través de la aplicación informática SEGUIFOR2, disponible en el siguiente acceso http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp. En el caso de que el contenido del resumen de varias acciones formativas coincidan, sólo se detallará en una de ellas indicando en las demás el número y nombre de aquélla en la que esté desarrollado.

              d) Descripción de la acción formativa (formato digital). Junto con la Hoja Resumen de cada una de las acciones formativas se acompañará una memoria de cada una de las acciones en la que se detallará, al menos, los aspectos a los que se hace referencia en la letra b) del punto primero del apartado séptimo de la presente orden. No será necesaria la presentación de este documento cuando la acción formativa se corresponda con un módulo o unidad formativa correspondiente a un certificado de profesionalidad, en cuyo caso el contenido de la acción se entenderá referido al regulado en el correspondiente Real Decreto por el que se aprueba el mismo..

              e) Copia compulsada del documento que acredite la identificación del representante legal autorizado que formula y firma la solicitud, salvo que se autorice expresamente al órgano instructor a obtener los datos relativos al DNI o NIE, acreditándose dicha representación mediante original o copia compulsada de poder bastante en derecho (formato papel).

              f) Original o copia compulsada de los estatutos debidamente legalizados (formato papel).

              g) Copia de la Tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante (formato papel).

              h) Declaración responsable de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según modelo del Anexo II.VIII (formato papel), tanto de la entidad solicitante como, en su caso, de los miembros asociados o agrupados.

              i) En su caso, compromiso de ejecución de entidad asociada, según modelo del Anexo II.V (formato papel), junto con la documentación indicada en el mismo.

              j) En su caso, compromiso de ejecución de entidad agrupada, según modelo del Anexo II.VI (formato papel), junto con la documentación indicada en el mismo.

              k) En su caso, autorización para subcontratar, según modelo del Anexo II.VII (formato papel).

              8. Si los documentos que han de acompañar a la solicitud se hubieran presentado en convocatorias anteriores, no será necesario aportarlos nuevamente cuando estuvieren ya en poder del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, siempre que se indique la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponden los documentos, conforme a lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 35. f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

              9. Para los planes de formación previstos en las letras a), b) y c) del primer punto del apartado cuarto del presente Anexo II, una misma entidad no podrá solicitar con cargo a estas subvenciones la suscripción de más de un convenio del mismo tipo. En el caso de los planes de formación previstos en la letra d) del primer punto del apartado cuarto del presente Anexo II, una misma entidad podrá solicitar con cargo a estas subvenciones la suscripción de hasta tres convenios del mismo tipo. El incumplimiento de este límite implicará, para el solicitante que lo haya superado, la denegación del plan de formación que haya sido solicitado con posterioridad. Si los planes de formación tuvieran igual fecha de presentación, se denegará el plan de formación en el que participe un menor número de trabajadores.

              10. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente orden, el órgano instructor requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane el defecto de que adolezca, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos previstos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


              Decimocuarto. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.—1. A efectos acreditativos, será suficiente la aportación por el solicitante o el beneficiario de una declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, según el modelo establecido en el Anexo II. VIII de la presente orden, en virtud del artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones.

              2. Si el beneficiario es una entidad con ánimo de lucro, la presentación de la solicitud implicará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 5 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones, en relación con el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.


              Decimoquinto. Instrucción.—El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será el Servicio de Formación Profesional Continua del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución y que contará con el apoyo técnico de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León en los términos previstos en el Convenio de Colaboración suscrito.


              Decimosexto. Propuesta de resolución.—1. Previo informe técnico de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, en el que deberá constar desglosada la puntuación por bloques y una propuesta de financiación, y posterior informe vinculante de la Comisión de Valoración, la propuesta de resolución será formulada por el Servicio de Formación Profesional Continua. La propuesta de resolución será notificada a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días para efectuar alegaciones.

              2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En cualquier caso, los cambios propuestos en la reformulación del proyecto deberán respetar el objeto, condiciones, la finalidad de la subvención y las obligaciones del beneficiario, no pudiendo minorarse la valoración técnica asignada al plan, según los siguientes criterios:

              a) Podrá reducirse el número de acciones formativas, teniendo en cuenta la prioridad de las mismas, con las condiciones que se establezcan en la propuesta de resolución provisional. Asimismo, se podrá reducir o ampliar el número de grupos y participantes previstos en cada una de ellas; dicha modificación sólo podrá producirse entre acciones formativas comprendidas dentro de un mismo grupo de prioridad y de acuerdo con cualquier otro límite o condición que se indique expresamente en la propuesta de resolución.

              b) En ningún caso se podrán incluir acciones formativas no admitidas, ni modificar la duración ni la modalidad de las presentadas, ni el coste hora de las acciones.

              En el caso de que la Administración proponga la reformulación de la solicitud al solicitante y éste no conteste en el plazo de alegaciones, o la reformulación no se ajuste a los límites previstos en la convocatoria con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial.

              Se dará traslado de esta modificación a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.

              3. Una vez que la reformulación haya obtenido la conformidad de la Comisión de Valoración, previo informe de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, y teniendo en cuenta lo alegado por el solicitante en el trámite de audiencia y la reformulación del plan de formación, se realizará la propuesta de resolución definitiva y del convenio a suscribir.


              Decimoséptimo. Resolución.—1. Las solicitudes serán resueltas por el Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1.b) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

              El plazo de resolución y notificación será de seis meses contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes, transcurrido el cual sin que se haya dictado y notificado resolución, se entenderán desestimadas por silencio administrativo.

              2. La resolución de concesión de la subvención será notificada en la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

              3. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses computado desde el día siguiente al de su notificación.


              Decimoctavo. Modificación y revisión de la Resolución.—1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras.

              2. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar su modificación, en los términos establecidos en la base 23 del Anexo I de esta orden por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León.


              Decimonoveno. Plazo y forma de justificación.—1. El beneficiario deberá presentar, en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de la formación, la justificación de la realización de la actividad subvencionada así como los gastos generados por dicha actividad mediante la presentación de una cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, que estará integrada por la siguiente documentación:

              a) La documentación justificativa de la realización de la formación, con especificación de cada acción formativa realizada de la que se hubiese comunicado su inicio en el momento oportuno, debiendo aportar la certificación de finalización del plan de formación, según el modelo normalizado que consta en el Anexo II. XI de esta convocatoria, así como la comunicación de finalización de cada grupo formativo a través del modelo normalizado que consta en el Anexo II. XII de esta convocatoria.

              b) Documentación acreditativa de los costes incurridos, con aportación en original o fotocopia compulsada de justificantes del gasto, previo estampillado del original, y del pago de los costes. Estos justificantes irán acompañados de los correspondientes impresos de justificación de costes, según los modelos normalizados establecidos en los Anexos II. XV.1 a II. XV.10 de la convocatoria, así como del certificado resumen de costes, establecido en el Anexo II. XIV, el certificado de obtención de otras subvenciones ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, establecido en el Anexo II. XVI de la convocatoria y los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado el beneficiario. Asimismo, deberá presentarse la documentación relativa a las actuaciones de evaluación y control de la calidad de la formación a que hace referencia el artículo 37.4 del Real Decreto 395/2007 y el artículo 33.5 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

              c) La acreditación de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la recibida en concepto de anticipo, así como los rendimientos financieros, en su caso.

              2. La justificación se efectuará de conformidad con los modelos que constan como Anexos antes citados a esta Resolución, con arreglo a las instrucciones que obran en el Anexo II. XI.

              3. El procedimiento de justificación y liquidación se regirá por lo dispuesto en la base 25 del Anexo I de esta orden por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León., La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, realizará el informe de liquidación.


              Vigésimo. Forma de pago y régimen de anticipos.—1. Una vez dictada la resolución de concesión de la subvención, los beneficiarios que lo hubieran solicitado podrán recibir un anticipo del cien por cien de la subvención concedida. Para solicitar el pago del anticipo se deberá cumplimentar la correspondiente casilla establecida en el Anexo II. I de la orden de convocatoria. Para el supuesto de subvenciones concedidas a entidades con ánimo de lucro se requerirá, como garantía, con carácter previo al cobro, la presentación de un aval de una entidad financiera autorizada para operar en España, que cubra la totalidad de la cuantía anticipada más los intereses que pudieran devengarse, a tenor de lo dispuesto en el artículo 37.2.a) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

              2. No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la entidad sea deudora por resolución firme de reintegro.


              Vigesimoprimero. Régimen de compatibilidad.—La obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas será incompatible con la subvención destinada a financiar el coste de la actividad subvencionada.


              Vigesimosegundo. Seguimiento y control de las acciones subvencionadas.—El Servicio Público de Empleo de Castilla y León podrá realizar en cualquier momento, mediante los procedimientos pertinentes, las comprobaciones oportunas respecto al destino y aplicación de las subvenciones concedidas. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, realizará el seguimiento de las acciones formativas con el fin de supervisar el desarrollo de las mismas, a través de actuaciones in situ y ex post, conforme lo establecido en el artículo 36 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

              Efectuadas dichas actuaciones, el técnico de seguimiento cumplimentará el informe de comprobación en la aplicación informática SEGUIFOR 2, en la que constará el cumplimiento o incumplimiento de todos y cada uno de los apartados de la misma. Las deficiencias que se detecten, que supongan un incumplimiento de la normativa, darán lugar a incidencias que se grabarán por el técnico de seguimiento en la aplicación informática SEGUIFOR 2.

              Se realizarán comprobaciones adicionales de las entregas de material, de la información facilitada a los participantes al inicio de la formación sobre los objetivos y contenidos del curso, de los controles de seguimiento y de las pruebas que conlleve la enseñanza programada, así como la verificación de los soportes didácticos y de la asistencia tutorial.

              En cuanto a las acciones formativas impartidas bajo la modalidad de teleformación, la entidad beneficiaria antes de iniciar la acción deberá poner a disposición del Servicio de Formación Profesional Continua un usuario y clave de acceso a la aplicación a través de la que se imparta la formación e instrucciones de utilización de la misma con perfil suficiente que permita la comprobación de su realización por parte de los técnicos habilitados.

              Las actuaciones de seguimiento y control que se realicen deberán cubrir, al menos, el 5 por ciento de los recursos públicos destinados.

              Las visitas a realizar tendrán en cuenta la distribución temporal y de localización de su desarrollo de las acciones formativas objeto de control, para que la actuación de verificación sobre el terreno se desarrolle durante todo el plazo de ejecución del plan de formación y en todo el territorio de la Comunidad. De igual modo, en la elección de los grupos a visitar se seguirá, en la medida de lo posible, un criterio de reparto equitativo en función del volumen de financiación de cada Plan de formación, efectuando al menos una visita (presencial o ex post) en cada uno de los mismos. Todo ello, con la salvedad de las actuaciones iniciadas por comunicación o denuncia de parte.


              Vigesimotercero. Reintegro de subvenciones.—1. Los incumplimientos de los beneficiarios de las subvenciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la base 26 del anexo I de esta orden, darán lugar, según el caso, a que se reduzca la cuantía de la subvención o al reintegro parcial o total de las cantidades ya percibidas, con los intereses de demora correspondientes, en su caso.

              2. En todo lo no previsto en esta Resolución se estará a lo establecido en la normativa general en materia de reintegro de subvenciones.


              Vigesimocuarto. Información y Publicidad.—Los beneficiarios harán constar expresamente, en lugar visible, que las acciones formativas se han financiado con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, la cofinanciación del Fondo Social Europeo, incorporando los logos correspondientes junto a los identificativos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.


              Vigesimoquinto. Instrucciones.—Se faculta al Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para dictar cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento y efectividad de esta orden, que serán publicadas en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es) y de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (www.fafecyl.jcyl.es).


              Vigesimosexto. Protección de datos.—1. La información contenida en las comunicaciones realizadas por las entidades solicitantes, y por aquéllas que resulten beneficiarias, al Servicio Público de Empleo de Castilla y León y a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, al amparo de la presente convocatoria, quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.

              2. Los datos identificativos de las entidades solicitantes, beneficiarias y participantes se integrarán en ficheros informáticos a los efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa de desarrollo.


              ANEXO II.I

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              ANEXO II.II

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              ANEXO II.III

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              ANEXO II.IV

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              ANEXO II.V

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              ANEXO II.VI

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              ANEXO II.VII

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              ANEXO II.VIII

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              ANEXO II.IX

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              ANEXO II.X

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              ANEXO II.XI

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              ANEXO II.XII

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              ANEXO II.XIII

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              ANEXO II.XIV

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              ANEXO II.XV.1

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              ANEXO II.XV.2

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              ANEXO II.XV.3

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              ANEXO II.XV.4

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              ANEXO II.IV.5

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              ANEXO II.XV.6

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              ANEXO II.XV.7

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              ANEXO II.XV.8

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              ANEXO II.XV.9

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              ANEXO II.XV.10

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              ANEXO II.XVI

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              ANEXO II.XVII

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