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DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 203/2013, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. (BOB DEL 31)



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DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 203/2013, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. (BOB DEL 31)


 Nota
La Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, ha acometido un profundo proceso de renovación de la normativa vigente en el Territorio Histórico de Bizkaia en el gravamen de las rentas obtenidas por las personas jurídicas y las demás entidades sometidas al citado impuesto, tanto desde el punto de vista sistemático como en cuanto a la regulación sustantiva del tributo.

La disposición derogatoria única, apartado 4, de la mencionada Norma Foral dispone que, mientras no se produjera el desarrollo reglamentario de la misma, seguirían en vigor las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, constituidas fundamentalmente por el Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y ello en tanto no se opusieran a los preceptos establecidos en la nueva Norma Foral.

La Norma Foral remite en múltiples apartados a un desarrollo reglamentario posterior tanto respecto de los aspectos procedimentales de las diferentes solicitudes o procedimientos de vinculación administrativa previa como en referencia a la precisión de determinados conceptos contenidos en la regulación.

Además, la transición entre la normativa derogada y la nueva regulación plantea una serie de supuestos en los que es preciso el ejercicio de determinadas opciones o la tramitación de determinadas solicitudes por parte de los contribuyentes, lo que hace que sea preciso acometer con premura el desarrollo reglamentario de la nueva Norma Foral del impuesto.

En este mismo sentido, es de destacar la existencia de determinados aspectos muy novedosos en la regulación del Impuesto sobre Sociedades que precisan, para poder ser aplicados plenamente, de una mayor concreción en su formulación o del desarrollo de las normas reglamentarias a que remite la Norma Foral del impuesto.

El presente Decreto Foral tiene, por tanto, la finalidad de acometer el desarrollo reglamentario de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, mediante la aprobación de su Reglamento, que completa la regulación normativa de este impuesto y otorga la necesaria seguridad jurídica a los contribuyentes a la hora de prever las consecuencias tributarias de sus actuaciones desde el primer momento del primer período impositivo en que resulta de aplicación la nueva normativa.

Por lo expuesto, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión del día 23 de diciembre de 2013, se dispone:

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Artículo único. Aprobación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.—Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que se incorpora como anexo al presente Decreto Foral.


DISPOSICION ADICIONAL


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Disposición adicional única. Modificación del decreto foral 101/2005, de 21 de junio, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas, propuestas previas de tributación y cláusula anti-elusión.—Se añade una nueva disposición adicional tercera al Decreto Foral 101/2005, de 21 de junio, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas, propuestas previas de tributación y cláusula anti-elusión, que quedará redactada con el siguiente contenido:

«Disposición adicional tercera. Propuestas previas de tributación cualificadas.

1. En los supuestos a que hace referencia la disposición adicional tercera del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, la Administración tributaria tramitará una propuesta previa de tributación cualificada conforme a las normas establecidas en esta disposición adicional.

2. Estará legitimado para la presentación de la propuesta previa de tributación cualificada el contribuyente que realice las operaciones a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional tercera del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

En el caso de contribuyentes que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen especial de consolidación fiscal, la legitimación para presentar la propuesta previa de tributación cualificada corresponderá a la entidad dominante.

A los efectos de lo previsto en este apartado, resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de este Decreto Foral.

3. Las propuestas previas de tributación cualificadas se presentarán en un plazo que finaliza al término de los tres meses siguientes a la conclusión del período impositivo respecto al que deban surtir efecto.

No obstante, en el supuesto a que se refiere el apartado 5 del artículo 53 de la Norma Foral del impuesto, el plazo de presentación de la propuesta previa de tributación cualificada se prolongará hasta la finalización del plazo establecido para aprobar las cuentas anuales del ejercicio con cargo a cuyo resultado contable positivo se hubiera dotado la Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva. 4. El escrito por el que se presente la propuesta previa de tributación cualificada incluirá los extremos y se acompañará de la documentación que en cada caso se exige en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, además de los extremos a que hace referencia el apartado 2 del artículo 9 de este Decreto Foral en cuanto sean relevantes.

5. Las propuestas previas de tributación cualificadas que no cumplan los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 de esta disposición adicional se archivarán sin más trámite. 6. Resultarán de aplicación en la tramitación de las propuestas previas de tributación cualificadas las normas establecidas en el apartado 1 del artículo 10 de este Decreto Foral. El Servicio de Doctrina Tributaria elaborará un informe al Director General de Hacienda en el que se analicen los elementos de hecho y de derecho que sean relevantes para la resolución de la propuesta previa de tributación cualificada, sin que tal informe constituya propuesta de resolución.

7. El Director General de Hacienda resolverá de forma motivada la aprobación o el rechazo de la propuesta previa de tributación cualificada presentada por el contribuyente.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación de la propuesta previa de tributación cualificada sin que haya recaído resolución expresa, la propuesta se entenderá desestimada. 8. El contribuyente no podrá aplicar en su autoliquidación los preceptos respecto de los que sea preciso la autorización por medio de la aprobación de una propuesta previa de tributación cualificada en tanto no haya recibido notificación aprobatoria de la citada propuesta.

9. No obstante lo dispuesto en el artículo 128 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades y en los artículos 48 y 49 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, cuando en la fecha de finalización del plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto no se hubiera resuelto una propuesta previa de tributación cualificada presentada por el contribuyente a los efectos de lo previsto en el apartado 5 del artículo 53 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, el contribuyente dispondrá del plazo de un mes a contar desde la notificación de la Resolución del Director General de Hacienda aprobatoria de su propuesta para presentar una autoliquidación complementaria del Impuesto sobre Sociedades a los efectos de ejercitar la opción por la aplicación de la corrección en materia de aplicación del resultado prevista en el artículo 53 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, entendiéndose en tal caso que está ejercitándola dentro del plazo voluntario de declaración del impuesto a los efectos de lo previsto en el mencionado artículo 128 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.».


DISPOSICION DEROGATORIA


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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.—1. A la entrada en vigor del presente Decreto Foral queda derogado el Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, excepto sus disposiciones transitorias primera, octava, décima y decimocuarta, que continuarán produciendo sus efectos respecto a las situaciones a las que resultan de aplicación.

2. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan a lo establecido en el presente Decreto Foral, excepto las que se consideran expresamente vigentes en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición derogatoria única de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera. Entrada en vigor.—El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y surtirá efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2014.


Disposición final segunda. Desarrollo.—Se faculta al diputado foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Reglamento.


Anexo

Reglamento Del Impuesto Sobre Sociedades


Título I

El contribuyente


Artículo 1. Microempresas y pequeñas y medianas empresas.—En los supuestos a que hace referencia el apartado 4 del artículo 13 de la Norma Foral del impuesto, la plantilla media anual que deberá tenerse en cuenta respecto a la actividad de promoción de inmuebles será la que exista en el período de tiempo en el que se acometa la promoción y construcción de los inmuebles, sin que el hecho de que no se mantenga con posterioridad implique que las rentas derivadas de la enajenación de los activos corrientes promovidos por la entidad no tengan la consideración de procedentes de la realización de actividades empresariales.

Si la entidad a que hace referencia el párrafo anterior dedica posteriormente al arrendamiento o a la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute los inmuebles promovidos, en ese caso sí será preciso que se mantenga la plantilla media requerida en el apartado 4 del artículo 13 de la Norma Foral del impuesto para que la renta derivada de esa cesión o explotación de inmuebles tenga la consideración de procedente de la realización de actividades empresariales.


Artículo 2. Sociedades patrimoniales.—1. A los exclusivos efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 14 de la Norma Foral del impuesto, cuando las entidades a que se refiere la misma no estén sometidas a la normativa del Territorio Histórico de Bizkaia, se entenderá que las mismas tienen la consideración de sociedades patrimoniales cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Norma Foral del impuesto para tener tal consideración. 2. Para determinar si los beneficios no distribuidos a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 14 de la Norma Foral del impuesto provienen de la realización de actividades económicas, se tomará en consideración la normativa vigente en el período impositivo en el que se generaron los mencionados beneficios.

3. En los supuestos a que hace referencia la letra c) del apartado 2 del artículo 14 de la Norma Foral del impuesto, la plantilla media anual que deberá tenerse en cuenta respecto a la actividad de promoción de inmuebles será la que exista en el período de tiempo en el que se acometa la promoción y construcción de los inmuebles, sin que el hecho de que no se mantenga con posterioridad implique que las rentas derivadas de la enajenación de los activos corrientes promovidos por la entidad no tengan la consideración de procedentes de la realización de actividades empresariales.

Si la entidad a que hace referencia el párrafo anterior dedica posteriormente al arrendamiento o a la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute los inmuebles promovidos, en ese caso sí será preciso que se mantenga la plantilla media requerida en la letra c) del apartado 2 del artículo 14 de la Norma Foral del impuesto para que la renta derivada de esa cesión o explotación de inmuebles tenga la consideración de procedente de la realización de actividades empresariales.

4. No obstante lo dispuesto en el segundo guión de la letra c) del apartado 1 y en la letra c) del apartado 2 del artículo 14 de la Norma Foral del impuesto, no se considerarán como elementos no afectos a actividades económicas los bienes inmuebles que tengan la consideración de activos corrientes de las entidades que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entidad tenga por actividad exclusiva la promoción inmobiliaria y acredite disponer de los medios materiales y humanos necesarios para el ejercicio de esa actividad económica de forma continuada en el tiempo.

b) Que el 85 por 100 o más de su activo esté compuesto por bienes inmuebles que tengan la consideración de activos corrientes por estar afectos a su actividad de promoción inmobiliaria. c) Que el 85 por 100 o más de los ingresos de la entidad provengan de la transmisión de los bienes inmuebles promovidos por la entidad.

A los efectos del cómputo de los ingresos señalados en esta letra no se incluirán los provenientes de operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas en los términos previstos en el artículo 42 de la Norma Foral del impuesto.


Artículo 3. Obligaciones formales de las sociedades patrimoniales.—1. Las sociedades patrimoniales deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales la siguiente información:

a) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tributaron sin tener la consideración de sociedad patrimonial.

b) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tributaron en el régimen especial de las sociedades patrimoniales regulado en los artículos 66 y siguientes de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades o teniendo el carácter de sociedad patrimonial conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Norma Foral del impuesto.

c) En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reservas, designación de la reserva aplicada de entre las dos a las que, por la clase de beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.

2. Las menciones en la memoria anual deberán ser efectuadas mientras existan reservas de las referidas en la letra b) del apartado anterior, aun cuando la entidad no tenga la consideración de sociedad patrimonial en esos ejercicios posteriores.

3. Asimismo, la memoria deberá contener información detallada sobre los cálculos efectuados para determinar el resultado de la distribución de los gastos entre las distintas fuentes de renta. 4. Las obligaciones de información establecidas en el presente artículo serán también exigibles a las sucesivas entidades que ostenten la titularidad de las reservas referidas en la letra b) del apartado 1 de este artículo.


Título II

La base imponible


Capítulo I

Correcciones en materia de gastos


Artículo 4. Planes de amortización.—1. Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria la aprobación de un plan de amortización de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento general establecido en el artículo 45 de este Reglamento, con las especialidades previstas en este artículo.

2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:

a) Descripción de los elementos patrimoniales objeto del plan especial de amortización, indicando la actividad a la que se hallen afectos y su ubicación. b) Método de amortización que se propone, indicando la distribución temporal de las amortizaciones que se deriva del mismo.

c) Justificación del método de amortización propuesto.

d) Precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales.

e) Fecha de puesta en condiciones de funcionamiento de los elementos patrimoniales. En el caso de elementos patrimoniales en construcción, se indicará la fecha prevista de puesta en condiciones de funcionamiento.

3. La solicitud se presentará dentro del período de construcción de los elementos patrimoniales o dentro de los tres meses siguientes a su puesta en condiciones de funcionamiento. 4. Los planes de amortización aprobados podrán ser modificados a solicitud del contribuyente, observándose las normas previstas en los apartados anteriores. Dicha solicitud deberá presentarse dentro de los tres primeros meses del período impositivo en el cual deba surtir efecto dicha modificación.

5. Los planes de amortización aprobados podrán aplicarse a aquellos otros elementos patrimoniales de idénticas características cuya amortización vaya a comenzar antes del transcurso de tres años contados desde la fecha del acuerdo de aprobación del plan de amortización, siempre que se mantengan sustancialmente las circunstancias de carácter físico, tecnológico, jurídico y económico determinantes del método de amortización aprobado. Dicha aplicación deberá ser objeto de comunicación a la Administración tributaria con anterioridad a la finalización del período impositivo en que deba surtir efecto. 6. El procedimiento establecido en este artículo será de aplicación en los supuestos a que hacen referencia la letra b) del apartado 2 y el apartado 9 del artículo 16, el apartado 6 del artículo 17 y el apartado 3 del artículo 20 de la Norma Foral del impuesto, debiendo el contribuyente aportar, en cada caso, la justificación de la concurrencia de los requisitos establecidos en cada uno de esos preceptos.


Artículo 5. Contratos de arrendamiento financiero.—1. El ejercicio de la opción establecida en el apartado 3 del artículo 18 de la Norma Foral del impuesto será objeto de comunicación a la Administración tributaria.

2. La comunicación de la opción deberá realizarse antes de la finalización del período impositivo en el que se pretenda que surta efectos.

3. La comunicación contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

a) Identificación del activo objeto del contrato de arrendamiento financiero.

b) Indicación de la fecha de inicio efectivo y fin del período de construcción del activo.

c) Determinación de los importes y del momento temporal en que se van a satisfacer las cuotas del contrato de arrendamiento financiero.

d) Indicación de que los activos reúnen requisitos técnicos y de diseño singulares y que no se corresponden con una producción en serie.


Artículo 6. Libertad de amortización.—1. La aplicación de la libertad de amortización a que se refieren las letras e) y f) del apartado 1 del artículo 21 de la Norma Foral del impuesto deberá solicitarse de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 45 de este Reglamento, con las especialidades reguladas en este artículo.

2. El contribuyente presentará ante la Administración tributaria una solicitud que contendrá los siguientes datos:

a) Descripción de los elementos patrimoniales, actividad a la que se hallen afectos y su ubicación. b) Justificación de su afectación a la reducción y corrección del impacto contaminante de la actividad de la empresa, cuando se trate de los elementos a que se refiere la letra e) citada anteriormente. c) Resolución de los organismos oficiales del País Vasco aprobando un proyecto para la limpieza de suelos contaminados y justificación de la relación directa con el proyecto de los elementos a que se refiere la letra f) citada anteriormente.

A estos efectos, la emisión del citado informe se realizará por el Departamento de la Diputación Foral de Bizkaia competente por razón de la materia, a petición de la Administración Tributaria. d) Precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales.

e) Fecha de afectación de los elementos patrimoniales a las actividades a que se refieren las letras e) y f) antes mencionadas.

3. La solicitud se presentará dentro del período de construcción de los elementos patrimoniales o dentro de los tres meses siguientes a su afectación a las actividades referidas.


Artículo 7. Amortización conjunta para microempresas.—Cuando el contribuyente haya optado por la aplicación de la amortización conjunta de los elementos del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, en el período impositivo en el que el importe de la amortización conjunta a deducir no supere el 10 por 100 del precio de adquisición o coste de producción del conjunto de elementos patrimoniales sometidos a este método de amortización, cualquiera que sea la fecha en la que se hayan incorporado a su activo, podrá deducirse en ese período impositivo la totalidad del valor neto fiscal pendiente de amortización.


Artículo 8. Fondo de comercio financiero.—A los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Norma Foral del impuesto, los contribuyentes deberán presentar, conjuntamente con las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios en los que reduzcan su base imponible por aplicación de lo dispuesto en dicho precepto, la siguiente información:

a) En relación con la entidad directamente participada:

1.º Identificación y porcentaje de participación.

2.º Descripción de sus actividades.

3.º Valor y fecha de adquisición de las participaciones, así como el valor del patrimonio neto contable correspondiente a éstas, determinado a partir de las cuentas anuales homogeneizadas.

4.º Justificación de los criterios de homogeneización valorativa y temporal, así como de imputación a los bienes y derechos de la entidad participada, de la diferencia existente entre el precio de adquisición de sus participaciones y el patrimonio neto contable imputable a las mismas en la fecha de su adquisición.

b) Cuando la entidad cuyas participaciones se adquieren participe a su vez en otra, en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 24 de la Norma Foral del impuesto:

1.º Identificación de la entidad directamente participada, porcentaje de participación en ella y descripción de sus actividades.

2.º Identificación de las entidades indirectamente participadas, porcentaje de participación indirecta en ellas y descripción de sus actividades.

3.º Valor y fecha de adquisición de las participaciones, así como valor del patrimonio neto contable correspondiente a éstas, determinado a partir de las cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los criterios incluidos en el Código de Comercio y en sus normas de desarrollo, debidamente homogeneizadas.

4.º Justificación de los criterios de homogeneización valorativa y temporal, así como de imputación a los bienes y derechos de las entidades participadas de la diferencia existente entre el precio de adquisición de las participaciones y el patrimonio neto contable consolidado imputable a las mismas en la fecha de su adquisición.

c) Importe de la inversión realizada en la adquisición de participaciones en entidades no residentes en territorio español incluida en la base de deducción de la disposición transitoria vigésimo séptima de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades.


Artículo 9. Planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales.—1. Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración Tributaria la aprobación de un plan de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales a que se refiere el apartado 2 del artículo 26 de la Norma Foral del impuesto, de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 45 de este Reglamento, con las especialidades detalladas en el presente artículo.

2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:

a) Descripción de las obligaciones del contribuyente o compromisos adquiridos por el mismo para prevenir o reparar daños sobre el medio ambiente.

b) Descripción técnica y justificación de la necesidad de la actuación a realizar.

c) Importe estimado de los gastos correspondientes a la actuación medioambiental y justificación del mismo.

d) Criterio de imputación temporal del importe estimado de los gastos correspondientes a la actuación medioambiental y justificación del mismo.

e) Fecha de inicio de la actuación medioambiental.

3. La solicitud se presentará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de nacimiento de la obligación o compromiso de la actuación medioambiental.

4. Los planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales aprobados podrán modificarse a solicitud del contribuyente, observándose las normas previstas en este artículo. Dicha solicitud habrá de presentarse dentro de los tres primeros meses del período impositivo en el cual deba surtir efecto la modificación.


Artículo 10. Gastos no deducibles.—A efectos de lo dispuesto en la letra h) del apartado 1 del artículo 31 de la Norma Foral del impuesto, en los supuestos en los que los gastos a que hace referencia el mencionado precepto se hayan satisfecho en efectivo sólo en parte, el importe no deducible será el que se corresponda con la parte satisfecha en efectivo.


Capítulo II

Correcciones en materia de ingresos


Artículo 11. Planes especiales de reinversión.—1. Cuando se pruebe que, por sus características técnicas o económicas, la inversión debe efectuarse necesariamente en un plazo de tiempo superior al previsto en el apartado 1 del artículo 36 de la Norma Foral del impuesto, los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria la aprobación de planes especiales de reinversión.

La solicitud se efectuará y tramitará de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 45 de este Reglamento, con las especialidades detalladas en los apartados siguientes del presente artículo.

2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:

a) Descripción de los elementos patrimoniales transmitidos o que serán transmitidos.

b) Importe efectivo o previsto de la transmisión.

c) Descripción de los elementos patrimoniales en los que se materializará la reinversión.

d) Descripción del plan temporal de realización de la reinversión.

e) Descripción de las circunstancias específicas que justifican el plan especial de reinversión.

3. El plan especial de reinversión se presentará, según los casos, en los siguientes plazos:

a) Dentro de los seis meses contados a partir de la fecha de la transmisión determinante del beneficio extraordinario.

b) Dentro de los seis meses anteriores a la fecha en la que se prevé realizar la transmisión.

c) Dentro de los seis meses anteriores a la fecha en la que se prevé realizar o iniciar la inversión anticipada. En el supuesto previsto en la letra b) la transmisión deberá realizarse dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha de aprobación del plan especial de reinversión, y en el supuesto de la letra c) la reinversión deberá realizarse o iniciarse dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha de solicitud.

4. Asimismo, los contribuyentes podrán solicitar la aprobación de planes especiales de reinversión en los supuestos en los que, por circunstancias sobrevenidas debidamente motivadas, no pueda completarse el proceso de reinversión en el plazo establecido en el apartado 1 del artículo 36 de la Norma Foral del impuesto.

En tales casos, deberán presentar una solicitud que contenga los datos a que se refiere el apartado 2 anterior, precisando la parte de la reinversión realizada y el plan temporal necesario para completarla.

En los supuestos a que hace referencia este apartado, el plan especial de reinversión deberá solicitarse con anterioridad a que haya concluido el plazo a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la Norma Foral del impuesto.

5. En caso de incumplimiento, total o parcial, del plan de reinversión, el contribuyente regularizará su situación tributaria de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 36 de la Norma Foral del impuesto.

La regularización se efectuará teniendo en cuenta la proporción existente entre la inversión propuesta y la efectivamente realizada.


Artículo 12. Obligaciones formales en los supuestos de reinversión de beneficios extraordinarios.—1. Los contribuyentes harán constar en la memoria de las cuentas anuales los siguientes datos: a) Importe de la renta acogida al régimen previsto en el artículo 36 de la Norma Foral del impuesto. b) Período impositivo en que se generaron las rentas no integradas en la base imponible. c) Descripción de los elementos patrimoniales y periodos impositivos en los que se materializó la reinversión.

2. Las citadas menciones deberán realizarse hasta la total amortización de los elementos patrimoniales en los que se haya materializado la reinversión.


Artículo 13. Explotaciones económicas propias de los partidos políticos exentas.—1. Para disfrutar de la exención prevista en el apartado 2 del artículo 38 de la Norma Foral del impuesto, los partidos políticos deberán formular solicitud dirigida a la Administración tributaria antes de que finalice el período impositivo en que deba surtir efectos.

El partido político solicitante aportará, junto con el escrito de solicitud, copia simple de la escritura de constitución y estatutos, certificado de inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior así como memoria, en la que se explique y justifique que las explotaciones económicas para las que solicita la exención coinciden con su propia actividad. A estos efectos, se entenderá que las explotaciones económicas coinciden con la actividad propia del partido político cuando:

a) Contribuyan directa o indirectamente a la consecución de sus fines.

b) Cuando el disfrute de esta exención no produzca distorsiones en la competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad.

c) Que se preste en condiciones de igualdad a colectividades genéricas de personas. Se entenderá que no se cumple este requisito cuando los promotores, afiliados, compromisarios y miembros de sus órganos de dirección y administración, así como los cónyuges, parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, de parejas de hecho, o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos, sean los destinatarios principales de la actividad o se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios.

2. La Administración tributaria resolverá de forma motivada la exención solicitada. Dicha exención quedará condicionada a la concurrencia, en todo momento, de las condiciones y requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 12 y en el artículo 38 de la Norma Foral del impuesto y en el presente artículo.

Se entenderá otorgada la exención si la Administración tributaria no ha notificado la resolución en un plazo de seis meses.

3. Una vez concedida la exención a que se refieren los apartados anteriores no será preciso reiterar la solicitud para su aplicación a los periodos impositivos siguientes, salvo que se modifiquen las circunstancias que justificaron su concesión o la normativa aplicable. El partido político deberá comunicar a la Administración tributaria cualquier modificación relevante de las condiciones o requisitos exigibles para la aplicación de la exención. La Administración tributaria podrá declarar, previa audiencia del partido político por un plazo de 10 días, si procede o no la continuación de la aplicación de la exención. De igual forma se procederá cuando la Administración tributaria conozca por cualquier medio la modificación de las condiciones o los requisitos para la aplicación de la exención.

4. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de esta exención determinará la pérdida del derecho a su aplicación a partir del propio período impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.


Artículo 14. Acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de las rentas exentas percibidas por los partidos políticos.—La acreditación de los partidos políticos a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta a que se refiere el apartado 2 del artículo 38 de la Norma Foral del impuesto, se efectuará mediante certificado expedido por la Administración tributaria, previa solicitud a la que se acompañará copia del certificado de inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Este certificado hará constar su período de vigencia, que se extenderá desde la fecha de su emisión hasta la finalización del período impositivo en curso del solicitante.


Capítulo III

Correcciones en materia de reglas de valoración y medidas antiabuso


Sección Primera. Determinación del valor normal de mercado de determinadas operaciones vinculadas.


Artículo 15. Prestaciones de servicios de socios profesionales.—A efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 42 de la Norma Foral del impuesto, el obligado tributario podrá considerar que el valor convenido coincide con el valor normal de mercado cuando se trate de una prestación de servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entidad sea una de las previstas en los apartados 1 ó 2 del artículo 13 de la Norma Foral del impuesto, más del 75 por 100 de sus ingresos del ejercicio procedan del desarrollo de actividades profesionales, cuente con los medios materiales y humanos adecuados y el resultado del ejercicio previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios sea positivo.

b) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios a la entidad no sea inferior al 85 por 100 del resultado previo a que se refiere la letra a).

c) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios-profesionales cumpla los siguientes requisitos:

1.º Se determine en función de la contribución efectuada por estos a la buena marcha de la sociedad, siendo necesario que consten por escrito los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables.

2.º No sea inferior al salario medio de los asalariados de la sociedad que cumplan funciones análogas, en condiciones de dedicación equivalente, a las de los socios profesionales de la entidad. En ausencia de estos últimos, la cuantía de las citadas retribuciones no podrá ser inferior a dos veces la cantidad a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 20 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los socios con un régimen de dedicación de jornada completa o en la proporción correspondiente, en otro caso. El incumplimiento del requisito establecido en este número 2.º en relación con alguno de los socios-profesionales, no impedirá la aplicación de lo previsto en este apartado a los restantes socios-profesionales. Exclusivamente resultarán de aplicación los criterios contenidos en este artículo en el caso de que el obligado tributario opte por aplicar lo dispuesto en el mismo.


Sección Segunda. Obligaciones de documentación de las operaciones entre personas o entidades vinculadas.


Artículo 16. Obligación de documentación de las operaciones entre personas o entidades vinculadas.—exoneraciones y obligaciones de información.

1. Para poder solicitar la exoneración a que se refiere el apartado 7 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto será requisito imprescindible que se cumplan todas las condiciones establecidas en el apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto y en los artículos siguientes de este Reglamento, con excepción de la correspondiente a la superación del umbral mínimo establecido para cada operación.

El procedimiento para la exoneración de las obligaciones de documentación previsto en este apartado se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 45 de este Reglamento, siendo competente para resolver el Director General de Hacienda, previa tramitación del correspondiente procedimiento de comprobación restringida para verificar la concurrencia de todos los requisitos expuestos.

2. Lo dispuesto en las letras d) y g) del apartado 5 y en el apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto así como en el apartado anterior de este artículo no será de aplicación respecto de las prestaciones de servicios cuya remuneración tenga la consideración de rendimientos del trabajo o de actividades económicas, realizadas por un socio profesional, persona física, a las entidades con las que se encuentre vinculado, a las que se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el artículo 15 de este Reglamento, o en caso de que no ejercite la opción o no cumpla los requisitos establecidos en el citado precepto, el régimen general de obligaciones de documentación.

3. El obligado tributario deberá suministrar la información relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezcan por Orden Foral del diputado de Hacienda y Finanzas.


Artículo 17. Prestaciones de servicios cuya remuneración tenga la consideración de rendimientos del trabajo o de actividades económicas.—1. Para la aplicación de la exoneración del cumplimiento de las obligaciones de documentación a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto, deberán cumplirse además los siguientes requisitos:

a) Se documentarán las funciones o actividades que realiza la persona física vinculada para la entidad por las cuales percibe la remuneración, distinguiendo las gerenciales o de dirección, administrativas, de gestión de compras o de ventas u otras.

En el supuesto de que las personas físicas vinculadas no tengan un régimen de dedicación a jornada completa, se deberá justificar tal circunstancia, a los efectos de prorratear el umbral mínimo a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto. En el caso de que las personas físicas vinculadas tengan la condición de socios, cuando varios de ellos presten servicios a la entidad se documentarán los pactos sociales en los que se reflejen las actividades o funciones que cada uno realiza en la sociedad y los criterios seguidos para la determinación de las retribuciones de cada uno de ellos.

b) La retribución de las personas físicas vinculadas que realicen funciones gerenciales o de dirección no podrá ser inferior a la del trabajador por cuenta ajena, que sin tener esa condición, reciba la mayor retribución, en condiciones de dedicación equivalente de prestación de los servicios. c) Las retribuciones deberán satisfacerse efectivamente, por transferencia bancaria, con periodicidad y regularidad mensuales a lo largo de todo el año, debiendo, al menos, el umbral mínimo a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto dividirse a partes iguales en cada uno de los doce meses del año.

2. En el supuesto de personas físicas que presten servicios a varias entidades con las que estén vinculadas, se prorrateará el umbral mínimo establecido en la letra a) del apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto en función del tiempo de dedicación y de las funciones realizadas en cada una de ellas.

Para entender cumplidos los requisitos establecidos en la letra a) del apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto y en este artículo es preciso que, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, el importe percibido por la persona física vinculada del conjunto de entidades a las que preste servicios ascienda, al menos, al umbral mínimo establecido en la letra a) del apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto.


Artículo 18. Operaciones de financiación.—1. La exoneración del cumplimiento de las obligaciones de documentación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto será aplicable a las operaciones de financiación entre personas o entidades vinculadas, comprendiendo no sólo las operaciones específicas de préstamo y el importe de los créditos concedidos, sino también los anticipos no comerciales y las remuneraciones pendientes de pago.

2. Para la aplicación de la exoneración a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto deberán cumplirse además los siguientes requisitos: a) Se documentarán las condiciones de cada operación, tales como el tipo de interés, vigencia de la operación, vencimientos de las cuotas de amortización y de los intereses, con expresa mención del sistema utilizado para su cálculo, origen de los capitales puestos a disposición del prestatario, cuentas bancarias de cargo o abono de las sucesivas devoluciones y del pago de intereses, siendo precisa igualmente dicha obligación de documentación respecto a las cuentas corrientes mantenidas con socios y administradores.

b) La retribución de las operaciones deberá satisfacerse efectivamente en cada período impositivo, mediante transferencia bancaria, con una periodicidad mínima anual.


Artículo 19. Arrendamientos, subarrendamientos y constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles.—1. Para la aplicación de la exoneración del cumplimiento de las obligaciones de documentación a que se refiere la letra c) del apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto deberán cumplirse además los siguientes requisitos:

a) Deberá formalizarse la operación mediante un contrato escrito en el que se describan sucintamente las características del inmueble, la identificación de las partes intervinientes, el plazo de duración, la renta anual a satisfacer por la arrendataria o cesionaria, con expresa mención del momento de exigibilidad de cada una de las cuotas del arrendamiento, subarrendamiento o de la constitución o cesión del derecho real.

b) La retribución de las operaciones deberá satisfacerse efectivamente en cada período impositivo, mediante transferencia bancaria, con una periodicidad mínima anual.

2. En el supuesto de inmuebles que no tengan atribuido valor mínimo atribuible, se aplicará el tipo del 4 por 100 establecido en la letra c) del apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto al importe resultante de aplicar el 80 por 100 al precio de adquisición o, en su caso, al valor comprobado por la Administración en la última transmisión realizada, si fuera superior a aquél, siempre que la citada transmisión se hubiera realizado dentro de los cuatro años naturales anteriores a aquél en que se deban aplicar las normas establecidas en este artículo. En el supuesto de que no resulten de aplicación ninguna de las normas anteriores, el tipo del 4 por 100 se aplicará al importe resultante de aplicar el 80 por 100 a la tasación del inmueble que realice un tasador independiente, referido a la fecha de celebración del contrato. 3. El valor determinado conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto o en el apartado anterior de este artículo servirá de referencia durante el primer año de duración del contrato, contado de fecha a fecha, y se actualizará para cada uno de los siguientes cuatro años según la evolución interanual del Índice de Precios al Consumo, tomando como referencia cada uno de esos años el último valor publicado por el Instituto Nacional de Estadística con anterioridad a la fecha de revisión. Cada cinco años deberá determinarse nuevamente el valor del inmueble conforme a la metodología establecida en este artículo.


Artículo 20. Adecuación de los umbrales mínimos.—La adecuación de los importes establecidos en el apartado 6 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto se realizará por Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas, que se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», cuando los estudios y comprobaciones realizados por la Administración tributaria o la evolución general de los precios lo aconsejen.


Artículo 21. Documentación específica del contribuyente en determinados supuestos.—1. Las obligaciones documentales previstas en el apartado 4 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto serán exigibles en su totalidad, salvo cuando una de las partes que intervenga en la operación sea una de las entidades a que se refieren los apartados 1 ó 2 del artículo 13 de la Norma Foral del impuesto o una persona física y no se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, en cuyo caso las obligaciones específicas de documentación de los obligados tributarios comprenderán:

a) Las previstas en las letras a), b), c) y e) del apartado 4 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto cuando se trate de operaciones previstas en el número 2.º de la letra g) del apartado 5 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto.

b) Las previstas en las letras a) y e) del apartado 4 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto, así como las magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés aplicables a los descuentos de flujos, expectativas y demás valores empleados en la determinación del valor cuando se trate de la operación prevista en el número 3.º de la letra g) del apartado 5 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto.

c) Las previstas en las letras a), c) y e) del apartado 4 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto en los supuestos previstos en el número 4.º de la letra g) del apartado 5 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto.

d) La prevista en la letra a) del apartado 4 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto, así como la justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 15 de este Reglamento cuando se trate de las prestaciones de servicios profesionales a las que les resulte de aplicación lo previsto en el citado artículo.

e) Las previstas en las letras a) y e) del apartado 4 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto, así como la identificación del método de valoración utilizado y el intervalo de valores derivados del mismo, en el resto de los casos.

2. A los efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 46 de la Norma Foral del impuesto, en los supuestos en los que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren las letras b), d) y e) del apartado anterior de este artículo.


Sección Tercera. Comprobación del valor normal de mercado en las operaciones vinculadas.


Artículo 22.Comprobación del valor normal de mercado.—1. Cuando la corrección valorativa no sea el objeto único de la regularización que proceda practicar en el procedimiento de comprobación e investigación en el que se lleve a cabo, la propuesta de liquidación que derive de la misma se documentará en un acta distinta de las que deban formalizarse por los demás elementos de la obligación tributaria. En dicha acta se justificará la determinación del valor normal de mercado conforme a alguno de los métodos previstos en el apartado 4 del artículo 42 de la Norma Foral del impuesto y se señalarán adecuadamente los motivos que determinan la corrección de la valoración efectuada por el obligado. 2. Cuando, por haber sido necesario comprobar el valor de bienes y derechos por alguno de los medios del artículo 55 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, sea posible promover el procedimiento de tasación pericial contradictoria y hayan transcurrido los plazos oportunos sin que el obligado tributario haya promovido dicha tasación o interpuesto recurso o reclamación, y por no existir acuerdo entre las distintas partes o entidades vinculadas, la solicitud de tasación pericial contradictoria se simultaneara con un recurso o reclamación, se sustanciará aquella en primer lugar, a efectos de determinar el valor a que se refiere el apartado 2 del artículo 42 de la Norma Foral del impuesto. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria surtirá efectos suspensivos conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 128 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y determinará la inadmisión de los recursos y reclamaciones que se hubieran podido simultanear con dicha tasación pericial contradictoria.

Una vez finalizado el procedimiento de tasación pericial contradictoria a que se refiere el párrafo anterior, las partes o entidades vinculadas podrán interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra la liquidación provisional derivada del valor resultante de la tasación.

3. Una vez que la liquidación practicada al obligado tributario haya adquirido firmeza, la Administración Tributaria regularizará la situación tributaria de las demás personas o entidades vinculadas conforme al valor comprobado y firme, reconociendo, en su caso, los correspondientes intereses de demora. Esta regularización se realizará mediante la práctica de una liquidación correspondiente al último período impositivo cuyo plazo de autoliquidación hubiera finalizado en el momento en que se produzca tal firmeza. Tratándose de impuestos en los que no exista período impositivo, dicha regularización se realizará mediante la práctica de una liquidación correspondiente al momento en que se produzca la firmeza de la liquidación practicada al obligado tributario.

En esta liquidación se tendrán en cuenta los efectos correspondientes al valor comprobado y firme respecto de todos y cada uno de los periodos impositivos afectados por la corrección valorativa llevada a cabo por la Administración Tributaria e incluirá, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Los obligados tributarios deberán, asimismo, aplicar el valor comprobado en las declaraciones de los periodos impositivos siguientes a aquel al que se refiera la regularización administrativa cuando la operación vinculada produzca efectos en los mismos.

4. El procedimiento regulado en este artículo no se aplicará a las personas o entidades afectadas por la corrección valorativa que no sean residentes en territorio español o establecimientos permanentes situados en el mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la letra d) del apartado 6 del artículo 45 de la Norma Foral del impuesto.

Las personas o entidades afectadas no residentes en territorio español, salvo que se trate de establecimientos permanentes radicados en el mismo, que puedan invocar un tratado o convenio que haya pasado a formar parte del ordenamiento interno, deberán acudir al procedimiento amistoso o al procedimiento arbitral para eliminar la posible doble imposición generada por la corrección valorativa, de acuerdo con lo dispuesto en la letra f) del apartado 6 del artículo 45 de la Norma Foral del impuesto.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, las personas o entidades vinculadas podrán instar la práctica del ajuste bilateral, aún antes de que la valoración alcance firmeza, cuando exista conformidad de todas las personas o entidades vinculadas sobre las que tenga competencia inspectora la Hacienda Foral de Bizkaia, y en tal caso, la Inspección de los Tributos podrá regularizar simultáneamente la situación tributaria de todas ellas. Sección Cuarta.

Acuerdos de valoración previa de operaciones entre personas o entidades vinculadas.


Subsección Primera. Procedimiento para el acuerdo sobre operaciones vinculadas a solicitud de los obligados tributarios.


Artículo 23. Actuaciones previas.—1. Las personas o entidades vinculadas que pretendan solicitar a la Administración tributaria que determine el valor normal de mercado de las operaciones efectuadas entre ellas podrán presentar ante la Administración tributaria una solicitud previa, cuyo contenido será el siguiente:

a) Identificación de las personas o entidades que vayan a realizar las operaciones.

b) Descripción sucinta de las operaciones objeto del mismo.

c) Elementos básicos de la propuesta de valoración que se pretenda formular.

2. La Administración Tributaria analizará la solicitud previa, pudiendo recabar de los interesados las aclaraciones pertinentes y comunicará a los interesados la viabilidad o no del acuerdo previo de valoración.


Artículo 24. Inicio del procedimiento.—1. Las personas o entidades vinculadas podrán presentar ante la Administración tributaria la solicitud de determinación del valor normal de mercado de las operaciones efectuadas entre ellas con carácter previo a su realización, de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 45 de este Reglamento, con las especialidades detalladas en este artículo y teniendo presente que la solicitud contendrá una propuesta de valoración fundamentada en el valor de mercado con una descripción del método propuesto y un análisis justificando que la forma de aplicación del mismo respeta el principio de libre competencia.

La solicitud deberá ser suscrita por las personas o entidades solicitantes, que deberán acreditar ante la Administración tributaria que las demás personas o entidades vinculadas que vayan a realizar las operaciones cuya valoración se solicita conocen y aceptan la solicitud de valoración.

2. La solicitud deberá acompañarse de la documentación a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 43 de la Norma Foral del impuesto, en cuanto resulte aplicable a la propuesta de valoración, y se adaptará a las circunstancias del caso.

3. Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de la solicitud cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la propuesta de valoración que se pretende formular carezca manifiestamente de fundamento para determinar el valor normal de mercado.

b) Que se hubieran desestimado propuestas de valoración sustancialmente iguales a la propuesta que se pretende formular.

c) Que se considere que no hay un riesgo de doble imposición que puede evitarse mediante la propuesta de valoración.

d) Cualquier otra circunstancia que permita determinar que la propuesta que se pretende formular será desestimada.

4. La documentación presentada únicamente tendrá efectos en relación al procedimiento regulado en esta Sección y será exclusivamente utilizada respecto del mismo. En los casos de desistimiento, caducidad o desestimación de la propuesta se procederá a la devolución de la documentación aportada.


Artículo 25. Tramitación y efectos del acuerdo.—1. La Administración tributaria examinará la propuesta junto con la documentación presentada.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 45 de este Reglamento sin haberse notificado la resolución expresa, la propuesta podrá entenderse desestimada. 3. En el caso de que la resolución que ponga fin al procedimiento apruebe la propuesta de valoración presentada por el obligado tributario o, con la aceptación de éste, apruebe una propuesta de valoración que difiera de la inicialmente presentada, el acuerdo previo de valoración se formalizará en un documento que incluirá al menos:

a) Lugar y fecha de su formalización.

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los obligados tributarios a los que se refiere la propuesta.

c) Conformidad de los obligados tributarios con el contenido del acuerdo.

d) Descripción de las operaciones a las que se refiere la propuesta.

e) Elementos esenciales del método de valoración e intervalo de valores que, en su caso, se derivan del mismo, así como las circunstancias económicas que deban entenderse básicas en orden a su aplicación, destacando las asunciones críticas.

f) Periodos impositivos o de liquidación a los que será aplicable el acuerdo y la fecha de entrada en vigor del mismo.

4. La Administración tributaria y los obligados tributarios deberán aplicar lo que resulte de la propuesta aprobada.

5. La Administración tributaria podrá comprobar que los hechos y operaciones descritos en la propuesta aprobada se corresponden con los efectivamente habidos y que la propuesta aprobada ha sido correctamente aplicada.

Cuando de la comprobación resultare que los hechos y operaciones descritos en la propuesta aprobada no se corresponden con la realidad, o que la propuesta aprobada no ha sido aplicada correctamente, la Administración tributaria procederá a regularizar la situación tributaria de los obligados tributarios.

6. La resolución que ponga fin al procedimiento o el acto presunto desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que contra los actos de liquidación que en su día se dicten puedan interponerse.


Artículo 26. Información sobre la aplicación del acuerdo para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas.—Conjuntamente con la autoliquidación de este impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, los obligados tributarios presentarán un escrito relativo a la aplicación del acuerdo previo de valoración aprobado, cuyo contenido deberá comprender, entre otra, la siguiente información:

a) Operaciones realizadas en el período impositivo o de liquidación al que se refiere la autoliquidación a las que ha sido de aplicación el acuerdo previo.

b) Precios o valores a los que han sido realizadas las operaciones anteriores como consecuencia de la aplicación del acuerdo previo.

c) Descripción, si las hubiere, de las variaciones significativas de las circunstancias económicas que deban entenderse básicas para la aplicación del método de valoración a que se refiere el acuerdo previo.

d) Operaciones efectuadas en el período impositivo o de liquidación similares a aquellas a las que se refiere el acuerdo previo, precios por los que han sido realizadas y descripción de las diferencias existentes respecto de las operaciones comprendidas en el ámbito del acuerdo previo. No obstante, en los acuerdos firmados con otras Administraciones, la documentación que deberá presentar el obligado tributario anualmente será la que se derive del propio acuerdo.


Artículo 27. Modificación del acuerdo previo de valoración.—1. En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas existentes en el momento de la aprobación del acuerdo previo de valoración, éste podrá ser modificado para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas. El procedimiento de modificación podrá iniciarse de oficio o a instancia de los obligados tributarios, de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 45 de este Reglamento, con las especialidades detalladas en el presente artículo.

2. La solicitud de modificación deberá ser suscrita por las personas o entidades solicitantes, que deberán acreditar ante la Administración que las demás personas o entidades vinculadas que vayan a realizar las operaciones cuya valoración se solicita, conocen y aceptan la solicitud de modificación, y deberá contener la siguiente información:

a) Justificación de la variación significativa de las circunstancias económicas.

b) Modificación que, a tenor de dicha variación, resulta procedente.

El desistimiento de cualquiera de las personas o entidades afectadas determinará la terminación del procedimiento de modificación.

La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, y previa audiencia de los obligados tributarios, quienes dispondrán al efecto de un plazo de quince días, dictará resolución motivada, que podrá:

a') Aprobar la modificación formulada por los obligados tributarios.

b') Aprobar, con la aceptación del obligado tributario, una propuesta de valoración que difiera de la inicialmente presentada.

c') Desestimar la modificación formulada por los obligados tributarios, confirmando o dejando sin efecto el acuerdo previo de valoración inicialmente aprobado.

3. Cuando el procedimiento de modificación haya sido iniciado por la Administración tributaria, el contenido de la propuesta se notificará a los obligados tributarios, quienes dispondrán de un plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta para:

a) Aceptar la modificación.

b) Formular una modificación alternativa, debidamente justificada.

c) Rechazar la modificación, expresando los motivos en los que se fundamentan.

La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, dictará resolución motivada, que podrá:

a') Aprobar la modificación, si los obligados tributarios la han aceptado.

b') Aprobar la modificación alternativa formulada por los obligados tributarios.

c') Dejar sin efecto el acuerdo por el que se aprobó la propuesta inicial de valoración.

d') Declarar la continuación de la aplicación de la propuesta de valoración inicial. 4. En el caso de mediar un acuerdo con otra Administración tributaria, la modificación del acuerdo previo de valoración requerirá la previa modificación del acuerdo alcanzado con dicha Administración. A tal efecto se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 29 y siguientes de este Reglamento.

5. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 45 de este Reglamento sin haberse notificado una resolución expresa, la propuesta de modificación podrá entenderse desestimada. 6. La resolución que ponga fin al procedimiento de modificación o el acto presunto desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de liquidación que puedan dictarse.

7. La aprobación de la modificación tendrá los efectos previstos en el artículo 25 de este Reglamento, en relación a las operaciones que se realicen con posterioridad a la solicitud de modificación o, en su caso, a la comunicación de propuesta de modificación. 8. La resolución por la que se deje sin efecto el acuerdo previo de valoración inicial determinará la extinción de los efectos previstos en el artículo 25 de este Reglamento en relación a las operaciones que se realicen con posterioridad a la solicitud de modificación o, en su caso, a la comunicación de propuesta de modificación.

9. La desestimación de la modificación formulada por los obligados tributarios determinará:

a) La confirmación de los efectos previstos en el artículo 25 de este Reglamento, cuando no quede probada la variación significativa de las circunstancias económicas.

b) La extinción de los efectos previstos en el artículo 25 de este Reglamento, respecto de las operaciones que se realicen con posterioridad a la desestimación, en los demás casos.


Artículo 28. Prórroga del acuerdo previo de valoración.—1. Los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria que se prorrogue el plazo de validez del acuerdo de valoración que hubiera sido aprobado, de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 45 de este Reglamento, con las especialidades detalladas en el presente artículo. Dicha solicitud deberá presentarse antes de los seis meses previos a la finalización de dicho plazo de validez y se acompañará de la documentación que consideren conveniente para justificar que las circunstancias puestas de manifiesto en la solicitud original no han variado.

2. La solicitud de prórroga del acuerdo previo de valoración deberá ser suscrita por las personas o entidades que suscribieron el acuerdo previo cuya prórroga se solicita, y deberán acreditar ante la Administración tributaria que las demás personas o entidades vinculadas que vayan a realizar las operaciones conocen y aceptan la solicitud de prórroga.

3. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 45 de este Reglamento sin haber notificado la prórroga del plazo de validez del acuerdo de valoración previa, la solicitud podrá considerarse desestimada.

4. La resolución por la que se acuerde la prórroga del acuerdo o el acto presunto desestimatorio no será recurrible, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de liquidación que puedan dictarse.


Subsección Segunda. Procedimiento para el acuerdo sobre operaciones vinculadas con otras Administraciones Tributarias.


Artículo 29. Normas aplicables.—El procedimiento para la celebración de acuerdos con otras Administraciones tributarias se regirá por las normas previstas en esta subsección resultando asimismo de aplicación las disposiciones del presente capítulo, que también se aplicarán cuando otra Administración tributaria solicite a la Administración tributaria la iniciación de un procedimiento dirigido a suscribir un acuerdo para la valoración de operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas.


Artículo 30. Inicio del procedimiento.—1. En el caso de que los obligados tributarios soliciten que la propuesta formulada se someta a la consideración de otras Administraciones tributarias del país o territorio en el que residan las personas o entidades vinculadas, la Administración tributaria valorará la procedencia de iniciar dicho procedimiento. La desestimación del inicio del procedimiento deberá ser motivada y no podrá ser impugnada.

2. Cuando la Administración tributaria, en el curso de un procedimiento previo de valoración, considere oportuno someter el asunto a la consideración de otras Administraciones tributarias que pudieran resultar afectadas, lo pondrá en conocimiento de las personas o entidades vinculadas. La aceptación por parte del obligado tributario será requisito previo a la comunicación a la otra Administración tributaria.

3. El obligado tributario deberá presentar la solicitud de inicio acompañada de la documentación prevista en el artículo 24 de este Reglamento.


Artículo 31. Tramitación.—1. En el curso de las relaciones con otras Administraciones tributarias, las personas o entidades vinculadas vendrán obligados a facilitar cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta de valoración.

Los obligados tributarios podrán participar en las actuaciones encaminadas a concretar el acuerdo, cuando así lo convengan los representantes de ambas Administraciones tributarias.

2. La propuesta de acuerdo de las Administraciones tributarias se pondrá en conocimiento de los sujetos interesados, cuya aceptación será un requisito previo a la firma del acuerdo entre las Administraciones implicadas.

La oposición a la propuesta de acuerdo determinará la desestimación de la propuesta de valoración. 3. En caso de aceptación de la propuesta de acuerdo, el órgano competente suscribirá el acuerdo con las otras Administraciones tributarias, dándose traslado de una copia del mismo a los interesados.


Subsección Tercera. Especialidades en acuerdos previos sobre coeficiente de subcapitalización.


Artículo 32. Aplicación del procedimiento de determinación de otro coeficiente de subcapitalización.—1. En los supuestos a que se refiere el apartado 4 del artículo 47 de la Norma Foral del impuesto, el procedimiento para la determinación previa de un coeficiente distinto de subcapitalización se llevará a cabo siguiendo las normas establecidas en los artículo 24 a 28 de este Reglamento, con las especialidades establecidas en este artículo.

2. Los obligados tributarios podrán presentar ante la Administración tributaria una propuesta para la aplicación de un coeficiente distinto del establecido en el apartado 1 del artículo 47 de la Norma Foral del impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del mismo, con la que deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Cuentas anuales de la entidad.

b) Endeudamiento que, en relación al patrimonio neto a efectos fiscales, estima el contribuyente que hubiere podido obtener en condiciones normales de mercado de personas o entidades no vinculadas y justificación del mismo.

c) Descripción del grupo de sociedades al que pertenece la entidad.

d) Identificación de las entidades vinculadas con las que la entidad ha contraído o contraerá el endeudamiento. e) Coeficiente de endeudamiento que se propone y justificación del mismo, destacando las circunstancias económicas que deban entenderse básicas en orden a su aplicación.


Capítulo IV

Imputación temporal de ingresos y gastos aprobación de criterios diferentes al del devengo


Artículo 33. Aprobación de criterios de imputación diferentes al del devengo.—1. Las entidades que utilicen, a efectos contables, un criterio de imputación temporal de ingresos y gastos diferente al del devengo podrán solicitar que el referido criterio tenga eficacia fiscal. Esta solicitud se efectuará y tramitará ante la Administración tributaria, de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 45 de este Reglamento, con las especialidades detalladas en los apartados siguientes del presente artículo.

2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:

a) Descripción de los ingresos y gastos a los que afecta el criterio de imputación temporal, haciendo constar, además de su naturaleza, su importancia en el conjunto de las operaciones del contribuyente.

b) Descripción del criterio de imputación temporal cuya eficacia fiscal se solicita. En el caso de que el criterio de imputación temporal sea de obligado cumplimiento deberá especificarse la norma contable que establezca tal obligación.

c) Justificación de la adecuación del criterio de imputación temporal propuesto a la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales y explicación de su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados del contribuyente.

3. La solicitud se presentará con, al menos, seis meses de antelación a la conclusión del primer período impositivo en el que se pretenda que surta efectos.

4. En los supuestos contemplados en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 54 de la Norma Foral del impuesto, la solicitud a que se refiere el apartado 1 de este artículo deberá contener los siguientes datos:

a) Descripción de los ingresos y gastos a los que afecta el criterio de imputación temporal. b) Memoria explicativa de las particularidades que concurren en la entidad y que justifican la aplicación del criterio solicitado.

c) Justificación de la adecuación del criterio de imputación temporal solicitado a las peculiaridades mencionadas en la letra anterior.

d) Justificación de que el criterio utilizado no supondrá alteración alguna en la calificación fiscal de los ingresos o gastos de la entidad.


Título III

Deuda tributaria


Artículo 34. Deducción por inversiones en activos no corrientes nuevos.—En el supuesto de activos adquiridos en cumplimiento de una obligación legal de cesión, la entidad cesionaria no podrá aplicar la deducción a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 61 de la Norma Foral del impuesto, no debiendo computarse los importes activados por el cesionario ni como inversión del ejercicio ni como activos preexistentes, a efectos del cumplimiento del requisito previsto en la letra d) del apartado 3 del citado artículo 61.


Artículo 35. Informe motivado para la aplicación de las deducciones por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.—1. Tendrán la consideración de órganos competentes para la emisión de los informes motivados a que se refiere el apartado 2 del artículo 64 de la Norma Foral del impuesto, el Departamento del Gobierno Vasco o de la Diputación Foral de Bizkaia competentes por razón de la materia o un organismo o entidad adscrito a los mismos.

2. Las solicitudes para la emisión del informe motivado, que se denominará «informe de calificación a efectos fiscales», deberán presentarse con carácter anual, antes del 31 de diciembre de cada año y se dirigirán al órgano competente debiendo contener, además de la identificación del peticionario y de su actividad, una memoria descriptiva del proyecto.

En esta memoria se especificarán las actividades a desarrollar por el peticionario y por personas o entidades subcontratadas, así como los importes correspondientes a los gastos e inversiones que se deriven del mismo, periodificados anualmente.

3. Tratándose de proyectos cuya realización se lleve a cabo en régimen de cooperación con otras entidades, se presentará con carácter anual una única solicitud por proyecto, suscrita por todas ellas, designándose a uno de los participantes a efectos de asumir las funciones de interlocución, relación y notificación necesarias. La memoria del proyecto incluirá la determinación de las actividades y el presupuesto que realizará cada una de las entidades participantes. El informe se emitirá individualmente a cada una de las entidades participantes en el proyecto.

4. Cuando el presupuesto anual de un proyecto supere para una entidad el importe de un millón de euros, para la emisión del informe motivado será preciso que la entidad presente ante el órgano competente un informe técnico de calificación de las actividades e identificación de los gastos e inversiones asociadas a investigación y desarrollo o innovación tecnológica, correspondiente a dicho año y proyecto. El citado informe técnico de calificación deberá haber sido emitido por una entidad debidamente acreditada por un organismo integrado en la Asociación Europea de Cooperación para la Acreditación.

5. En cualquier caso, el órgano competente podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación e información considere necesaria para la adecuada comprensión, tramitación y evaluación de la solicitud presentada.

6. Los informes motivados emitidos por el órgano competente deberán identificar, con la debida separación, las actividades a desarrollar en función de los distintos conceptos contemplados en los artículos 62 y 63 de la Norma Foral del impuesto, con imputación de los gastos e inversiones afectos a cada una de ellas.


Artículo 36. Efectos del informe y facultades de la Administración tributaria.—1. Los informes motivados emitidos por el órgano competente a que se refiere el artículo anterior vincularán a la Administración tributaria en lo que se refiere a la naturaleza y calificación de la actividad como investigación, desarrollo o innovación.

2. Corresponderá a la Administración tributaria la comprobación de la efectiva realización de las inversiones y gastos y la adecuación de las actividades realizadas a las contempladas en el informe emitido, pudiendo recabar para ello, en cualquier momento, la justificación que estime necesaria. 3. Las deducciones a que se refieren los artículos 62 y 63 de la Norma Foral del impuesto se aplicarán por el contribuyente que, a requerimiento de la Administración Tributaria, presentará, en su caso, el informe motivado previsto en el artículo anterior.

Asimismo, la Administración tributaria podrá recabar del órgano a que se refiere el apartado 1 del artículo 35 de este Reglamentoinforme ampliatorio sobre la naturaleza y calificación de las actividades de los contribuyentes como investigación, desarrollo o innovación.

4. La Administración tributaria podrá, en su caso, recabar del Departamento de la Diputación Foral de Bizkaia competente por razón de la materia, informe sobre la naturaleza y calificación de las actividades que acrediten el derecho a la deducción.


Artículo 37. Deducción por inversiones y gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía.—1. A los efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 65 de la Norma Foral del impuesto, se consideran proyectos dentro del ámbito del desarrollo sostenible y de la protección y mejora medioambiental, aquéllos que tengan como objeto las siguientes materias:

a) Minimización, reutilización y valorización de residuos, considerándose como tales los que procuren una reducción de residuos, propios o de terceros, conforme a las definiciones contenidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y su normativa de desarrollo. A estos efectos, se entenderá por valorización tanto el reciclaje, incluidos compostaje y biometanización, como la valorización energética.

b) Movilidad y transporte sostenible, considerándose como tales los que consigan una reducción de emisiones contaminantes, conforme a su definición legal, o bien supongan una reducción del consumo de combustibles fósiles.

c) Regeneración medioambiental de espacios naturales consecuencia de la ejecución de medidas compensatorias o de otro tipo de actuaciones voluntarias, considerándose como tales aquéllos que, a través de la restauración de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, permitan mejorar la calidad ambiental del medio natural.

Se entenderán incluidos en la base de la deducción los desembolsos en actividades de regeneración que se realicen, bien a consecuencia de la ejecución de medidas compensatorias no obligatorias que hayan sido recogidas en una resolución administrativa, o bien a resultas de otro tipo de actuaciones voluntarias que incidan sobre el medio natural y que formen o vayan a formar parte del activo inmovilizado del inversor.

d) Minimización del consumo de agua y su depuración, considerándose como tales aquellos que supongan una mejora, bien respecto de sus obligaciones legales de depuración, o bien respecto de los consumos de agua previos a la inversión.

Se entiende por ahorro en el consumo de agua y depuración el resultado obtenido como consecuencia de la inversión efectuada para implantar avances tecnológicos en las instalaciones. e) Empleo de energías renovables, considerándose como tales los propios de aprovechamientos de fuentes renovables, cuya generación de energía se utilice bien para el consumo directo en las propias instalaciones del inversor, o bien, para su incorporación a las redes de distribución. En aquellos supuestos de aportación a las redes de distribución de la energía renovable generada, las inversiones deberán localizarse en las instalaciones del contribuyente donde desarrolla su actividad económica, la cual necesariamente deberá ser distinta a la actividad de generación y comercialización de energía renovable.

f) Eficiencia energética, considerándose como tales aquellos que supongan una reducción de la intensidad energética del inversor.

A estos efectos, la intensidad energética se entiende como la relación de la cantidad de energía consumida por unidad de producto (consumo energético específico) o, en caso de empresas del sector servicios, en relación al importe neto de la cifra de negocios (ahorro energético).

2. Las reducciones o mejoras especificadas en el apartado 1 anterior se calcularán respecto del período impositivo anterior al primero en que comience la ejecución del proyecto. En el supuesto de nueva implantación de empresas las reducciones o mejora se calcularán respecto a modelos de funcionamiento estándar que se determinarán mediante la Orden Foral del diputado foral de la Diputación Foral de Bizkaia competente por razón de la materia.

3. La aplicación de la deducción deberá ser comunicada, individualmente por cada proyecto, por medio de escrito dirigido al Departamento de la Diputación Foral de Bizkaia competente por razón de la materia, con anterioridad a la finalización del primer período impositivo en el que el contribuyente aplique esta deducción.

La comunicación deberá contener, al menos, la información que se relaciona a continuación: a) Descripción detallada del proyecto identificando el objeto del mismo y el supuesto en el que encaja dentro de los mencionados en el apartado 1 de este artículo.

b) Cuantificación del plan de inversiones a efectuar y calendario de ejecución de las mismas. c) Tecnología a utilizar, su procedencia y referencias existentes.

d) Autorización, informe de conformidad y/o certificación de la oportuna Administración sectorial o de las entidades homologadas.

En el caso de que no se disponga de las mismas en el momento de presentar la solicitud, deberán ser aportadas necesariamente una vez que hayan sido concedidas.

4. En el supuesto de que, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 65 de la Norma Foral del impuesto, la Administración tributaria requiera la presentación del certificado expedido por el Departamento de la Diputación Foral de Bizkaia competente por razón de la materia, el contribuyente dispondrá de un plazo de seis meses para la aportación del mismo, en el que se hará constar la idoneidad de las inversiones a los efectos de la práctica de la deducción. La falta de aportación del certificado en el plazo señalado por causas imputables al contribuyente determinará la pérdida del derecho a aplicar la deducción.

Asimismo, el contribuyente podrá proceder voluntariamente a la aportación de dicho certificado junto con la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades a los efectos de justificar la aplicación de la presente deducción.


Artículo 38. Deduccion por creación de empleo.—1. Para que sea de aplicación la deducción incrementada en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 66 de la Norma Foral del impuesto, será necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que no se reduzca el número de trabajadores con contrato laboral indefinido de colectivos de especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo existente a la finalización del periodo impositivo en que se realiza la contratación durante los periodos impositivos concluidos en los dos años inmediatos siguientes y que dicho número de trabajadores con contrato laboral indefinido de colectivos de especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo sea superior al existente al principio del periodo impositivo en que se genera la deducción, al menos, en las mismas unidades que el número de contratos que dan derecho a la deducción incrementada. b) Que el incremento del número de trabajadores con contrato laboral indefinido de colectivos de especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo a que se refiere el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 66 de la Norma Foral del impuesto sea superior al existente en el período impositivo anterior a aquél en el que se realizaron dichas contrataciones, al menos, en las mismas unidades que el número de contratos que dan derecho a la deducción incrementada, siendo aplicable, a estos efectos, la regla establecida en el apartado 2 de este artículo. En el caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente apartado, el contribuyente deberá incluir, en la autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se hubiera producido el incumplimiento, la cuota derivada del incremento de la deducción junto con los intereses de demora correspondientes.

2. A los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 66 de la Norma Foral del impuesto, se tomarán en consideración el número de trabajadores existentes durante todos y cada uno de los días del período impositivo anterior a aquél en el que se realizaron las contrataciones.


Título IV

Regímenes tributarios especiales


Artículo 39. Ámbito de aplicacion y contenido de la comunicación en el régimen de las Empresas de Transporte Marítimo.—1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Norma Foral del impuesto, la comunicación de la opción por este régimen deberá comprender a todos los buques, propios o arrendados, que explote la entidad que opte por la aplicación del mismo, así como los que se adquieran o arrienden con posterioridad.

2. En el caso de entidades que tributen en el régimen especial de consolidación fiscal, la comunicación será efectuada por la sociedad dominante del grupo fiscal y deberá abarcar, en los términos expuestos en el párrafo anterior, a la totalidad de los buques de todas las entidades que formen parte del grupo fiscal.

3. La opción podrá extenderse a todos los buques tomados en fletamento por la entidad comunicante. No obstante lo anterior, el tonelaje neto de los buques tomados en fletamento no podrá superar el 75 por 100 del tonelaje total de la flota de la entidad o, en su caso, del grupo fiscal que aplique el régimen, quedando excluidos de éste los buques que ocasionen la superación de dicho límite.

4. La comunicación deberá de ir acompañada de los siguientes documentos: a) Identificación y descripción de las actividades de la entidad o entidades respecto de las cuales se comunica la aplicación del régimen.

b) Acreditación respecto de cada buque del título en virtud del cual se utiliza o se utilizará, del ámbito territorial en el que se llevará acabo su gestión estratégica y comercial, de su abanderamiento y de su afectación a las actividades contempladas en el artículo 70 de la Norma Foral del impuesto.


Artículo 40. Plazos de comunicación, prórroga, renuncia y penalización por renuncia o incumplimiento.—1. La comunicación se realizará por el contribuyente a la Administración tributaria dentro de los dos meses siguientes a la finalización del periodo impositivo en el que deba surtir efecto y tendrá validez para un período de 10 años.

2. Una vez finalizada la vigencia de la primera comunicación, el contribuyente podrá comunicar prórrogas para la aplicación del régimen por períodos adicionales de 10 años. Dicha comunicación de prórroga se realizará dentro de los dos meses siguientes a la finalización del periodo impositivo en el que deba surtir efecto.

3. Si con posterioridad a la comunicación y consecuente aplicación del régimen, el contribuyente, adquiere, arrienda o toma en fletamento otros buques que cumplan los requisitos del régimen, deberá presentar, teniendo en cuenta lo dispuesto en este artículo y en el anterior, una nueva comunicación referida a éstos. La vigencia temporal de esta nueva comunicación vendrá determinada por el periodo de tiempo de vigencia que reste a la comunicación inicial de aplicación del régimen.

4. La no aplicación del régimen por el contribuyente durante el período mínimo de 10 años supone una renuncia a la tributación por este régimen. Esta renuncia debe ser comunicada por el contribuyente a la Administración tributaria dentro de los dos meses siguientes a la finalización del periodo impositivo en el que deba surtir efecto la renuncia e imposibilitará el ejercicio de una nueva comunicación en los 5 años siguientes al último en que hubiera sido aplicado el régimen.

5. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen regulado en los artículos 70 a 72 de la Norma Foral del impuesto supondrá la pérdida del derecho a aplicarlo y originará, en el ejercicio de incumplimiento, la obligación de ingreso, junto con la cuota correspondiente a ese período impositivo, de las cuotas que hubieran debido ingresarse aplicando el régimen general del impuesto correspondientes a la totalidad de ejercicios en los que se hubiera aplicado, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resultaran procedentes. Asimismo, el contribuyente no podrá efectuar una nueva comunicación de opción por la aplicación de este régimen durante los cinco años siguientes a la fecha de inicio del período impositivo en el que tuvo lugar el incumplimiento.

Lo previsto en este apartado no será de aplicación en los supuestos en los que el incumplimiento fuera debido a circunstancias excepcionales no imputables al contribuyente o a causas de fuerza mayor.


Artículo 41. Oblilgaciones de las agrupaciones de interés economico y españolas y europeas, y de las uniones temporales de empresas.—1. Las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, a las que resulte de aplicación el régimen especial previsto en el Capítulo III del Título VI de la Norma Foral del impuesto deberán presentar, conjuntamente con su autoliquidación por dicho impuesto, una relación de sus socios residentes en territorio español o de las personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio el último día del período impositivo, con los siguientes datos:

a) Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación de los socios o de las personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio.

b) Importe total de las cantidades a imputar, relativas a los siguientes conceptos: 1.º Resultado contable.

2.º Base imponible.

3.º Base de la deducción para evitar la doble imposición, tipo de entidad de la que proceden las rentas y porcentaje de participación en aquélla.

4.º Base de las deducciones establecidas en el Capítulo III del Título V de la Norma Foral del impuesto y cualesquiera otras que resulten de aplicación a la agrupación de interés económico. 5.º Retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la agrupación de interés económico.

c) Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos con cargo a reservas, distinguiendo los que correspondan a ejercicios en que a la sociedad no le hubiese sido aplicable el régimen especial.

2. Las agrupaciones de interés económico deberán notificar a sus socios o a las personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio las cantidades totales a imputar y la imputación individual realizada con los conceptos previstos en el letra b) del apartado anterior, en cuanto fueran imputables de acuerdo con las normas de este impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3. A los efectos de la no tributación de los dividendos y participaciones en beneficios establecida en el párrafo primero del apartado 3 del artículo 73 de la Norma Foral del impuesto, las agrupaciones deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales la siguiente información: a) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tributaron en régimen general.

b) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tributaron en el régimen especial, distinguiendo entre los que correspondieron a socios residentes en territorio español de aquellos que correspondieron a socios no residentes en territorio español.

c) En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reservas, designación de la reserva aplicada de entre las tres a las que, por la clase de beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.

4. Las menciones en la memoria anual a que se refiere el apartado anterior deberán ser efectuadas mientras existan reservas de las referidas en la letra b) de dicho apartado, aun cuando la entidad no tribute en el régimen especial.

5. Las obligaciones de información establecidas en los apartados 3 y 4 del presente artículo serán también exigibles respecto de las sucesivas entidades que ostenten la titularidad de las reservas referidas en la letra b) del apartado 3.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, en la medida en que resulte de aplicación, obligará a las uniones temporales de empresas sujetas al régimen especial previsto en el Capítulo III del Título VI de la Norma Foral del impuesto, en relación con sus empresas miembros residentes en territorio español el último día del período impositivo.



Artículo 42. Aplicación y obligaciones de información de las entidades acogidas al régimen de consolidación fiscal.—1. El ejercicio de la opción por el régimen de consolidación fiscal se comunicará a la Administración tributaria.

La comunicación contendrá los siguientes datos:

a) Identificación de las sociedades que integran el grupo fiscal.

En el caso de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español que tengan la condición de sociedad dominante, se exigirá, junto con la identificación de las sociedades que integren el grupo fiscal, la identificación de la entidad no residente en territorio español a la que pertenece.

b) Copia de los acuerdos por los que las sociedades del grupo han optado por el régimen de consolidación fiscal.

c) Relación del porcentaje de participación directo o indirecto mantenido por la sociedad dominante respecto de todas y cada una de las sociedades que integran el grupo fiscal y la fecha de adquisición de las respectivas participaciones.

La sociedad dominante manifestará que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 85 de la Norma Foral del impuesto.

2. La Administración tributaria comunicará a la sociedad dominante el número del grupo fiscal otorgado.


Artículo 43. Aplicación del régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.—La aplicación del régimen establecido en el Capítulo VII del Título VI de la Norma Foral del impuesto requerirá que se opte por el mismo de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 114 de la referida Norma Foral.

2. La opción deberá comunicarse, en los términos establecidos en este artículo, a la Administración tributaria.

3. La comunicación de la opción deberá efectuarse dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de inscripción de la escritura pública en que se documente la operación. Si la inscripción no fuera necesaria, el plazo se computará desde la fecha en que se otorgue la escritura pública que documente la operación y en la cual, conforme al apartado 3 del artículo 114 de la Norma Foral del impuesto, ha de constar necesariamente el ejercicio de la opción. En las operaciones de cambio de domicilio social, la comunicación deberá efectuarse dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de inscripción en el Registro del Estado miembro del nuevo domicilio social de la escritura pública o documento equivalente en que se documente la operación.

4. En el caso de operaciones de fusión o escisión, la comunicación a que se refiere el apartado anterior deberá ser efectuada por la entidad o entidades adquirentes.

Tratándose de operaciones de fusión o de escisión en las cuales ni la entidad transmitente ni la entidad adquirente tengan su residencia fiscal en España y en las que no sea de aplicación el régimen establecido en el artículo 102 de la Norma Foral del impuesto, por no disponer la transmitente de un establecimiento permanente situado en este país, la opción por el régimen especial corresponderá al socio residente afectado. El ejercicio de la opción se efectuará por este, cuando así lo consigne en el modelo de autoliquidación de este impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

5. En el caso de operaciones de aportación no dineraria y en las cesiones globales del activo y del pasivo, la comunicación deberá ser presentada por la entidad o entidades adquirentes. Si éstas no tuviesen su residencia fiscal en España, ni actuasen en este país por medio de un establecimiento permanente, la obligación de comunicar recaerá sobre la persona o entidad transmitente. 6. En las operaciones de canje de valores la comunicación se presentará por la entidad adquirente. Cuando ni la entidad adquirente de los valores ni la entidad participada cuyos valores se canjean sean residentes en España, la opción por el régimen especial corresponderá al socio residente afectado. El ejercicio de la opción se efectuará por éste, cuando así lo consigne en la casilla correspondiente del modelo de autoliquidación de este impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

7. En las operaciones de cambio de domicilio social la comunicación se presentará por la propia sociedad. 8. En la comunicación se expresarán los datos identificativos de las entidades participantes en la operación y se describirá esta. A la comunicación se acompañará, en su caso, la siguiente documentación:

a) En los supuestos de fusión o escisión, copia de la escritura pública de fusión o escisión inscrita en el Registro Mercantil, y de aquellos documentos que, según la normativa mercantil, deben obligatoriamente acompañar a la escritura para su inscripción en el Registro. Si la inscripción no fuera necesaria, copia de la escritura pública que documente la operación y en la cual, conforme al apartado 3 del artículo 114 de la Norma Foral del impuesto, ha de constar necesariamente el ejercicio de la opción.

b) En los supuestos de aportación no dineraria y en las cesiones globales del activo y del pasivo, así como en el canje de valores, copia de la escritura pública de constitución o aumento de capital social, y de los documentos que, según la normativa mercantil, deben obligatoriamente acompañar a la misma.

Si no fuese precisa escritura de constitución o aumento de capital social, copia de la escritura en que se documente la operación.

c) En el caso de que las operaciones anteriores se hubieran realizado mediante una oferta pública de adquisición de acciones, también deberá aportarse copia del correspondiente folleto informativo.

d) En las operaciones de cambio de domicilio social, copia de la escritura pública o documento equivalente en que se documente la operación y de aquellos otros documentos que deban obligatoriamente acompañar para su inscripción en el Registro del Estado miembro de destino.

9. En los supuestos a los que se refiere el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 107 de la Norma Foral del impuesto, la entidad adquirente deberá presentar, conjuntamente con su autoliquidación de este impuesto de los ejercicios en los que aplique la no integración en la base imponible contemplada en el mencionado precepto, la siguiente información:

a) Identificación de la entidad transmitente y del porcentaje de participación ostentado en ella.

b) Valor y fecha de adquisición de las participaciones de la entidad transmitente, así como el valor de los fondos propios correspondiente a dichas participaciones, determinados a partir de las cuentas anuales homogeneizadas.

c) Justificación de los criterios de homogeneización valorativa y temporal, de la imputación a los bienes y derechos de la entidad transmitente de la diferencia existente entre el precio de adquisición de sus participaciones y el valor de los fondos propios correspondiente a las mismas en la fecha de disolución de dicha entidad.


Artículo 44. Opción por la aplicación del régimen especial de las entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles.—El ejercicio de la opción por el régimen especial de las entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles se comunicará a la Administración tributaria.

La comunicación contendrá el detalle de los elementos del activo afectos a la actividad de arrendamiento de inmuebles, incluyendo todos los datos relevantes para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación del régimen especial. En el supuesto de las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 115 de la Norma Foral del impuesto, se referenciarán, asimismo, los empleados de la entidad que se exigen para la aplicación del régimen especial, incluyendo el detalle de las funciones que realicen y la relación que les una con la entidad.

En el supuesto de las entidades a que se refiere el apartado 2 del artículo 115 de la Norma Foral del impuesto, deberán referenciarse los inmuebles reflejando los metros cuadrados de superficie construida así como la relación de plazas de garaje y anexos ubicados en el mismo edificio arrendados junto con las viviendas.


Título V

Gestión del impuesto


Capítulo I

Procedimiento general para la tramitación y aprobación de solicitudes


Artículo 45. Procedimiento general para la tramitación y aprobación de solicitudes.—1. La solicitud deberá contener los datos relacionados directamente con la materia objeto de aquélla. 2. La solicitud se presentará dentro del plazo establecido en cada supuesto o, en su defecto, dentro de los tres meses siguientes a la realización de las operaciones en las que deban tener efecto los criterios aprobados.

El contribuyente podrá desistir de la solicitud formulada.

3. La Administración podrá recabar del contribuyente cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes sean necesarios y resolverá dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la recepción de la información adicional requerida. El contribuyente podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime pertinentes.

4. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el expediente se pondrá de manifiesto al contribuyente, quien dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el contribuyente.

5. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá ser motivada.

Cuando la solicitud consista en someter a la aprobación por la Administración tributaria de un plan o criterio formulado por el contribuyente, la resolución podrá:

a) Aprobar el plan o criterio formulado inicialmente por el contribuyente.

b) Aprobar un plan o criterio alternativo formulado por el contribuyente en el curso del procedimiento. c) Desestimar el plan o criterio formulado por el contribuyente.

6. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado 3 anterior, se entenderá estimada la solicitud formulada por el contribuyente.

7. Lo dispuesto en este artículo se aplicará con carácter general, teniéndose en cuenta, no obstante, las particularidades establecidas en este Reglamento para cada materia.


Capítulo II

Índice de entidades


Artículo 46. Índice de entidades.—El Índice de entidades a que se refiere el artículo 119 de la Norma Foral del impuesto se formará a partir de los datos recogidos en las declaraciones censales que deben presentarse de conformidad con lo previsto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre.

El alta, modificación o baja en el Índice de entidades se realizará de conformidad con los procedimientos establecidos en dicho Reglamento.


Artículo 47. Renovación del alta en el Índice de entidades y cancelación de la nota marginal.—En los supuestos en los que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Norma Foral del impuesto, se hubiese acordado la baja provisional en el Índice de entidades y se hubiera procedido a extender la oportuna nota marginal en el registro público correspondiente, el Director General de Hacienda acordará el alta en dicho Índice así como la cancelación de la nota marginal, previa petición de la entidad interesada, una vez que la misma se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.


Capítulo III

Opciones que deben ejercitarse con la presentación de la autoliquidación


Artículo 48. Rectificación del ejercicio de opciones.—1. No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 128 de la Norma Foral del impuesto, los contribuyentes podrán corregir los errores aritméticos o de hecho en que hayan incurrido con posterioridad a la finalización del plazo voluntario de autoliquidación del impuesto y siempre que no se haya producido un requerimiento previo de la Administración tributaria. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, la corrección de errores aritméticos o de hecho no podrá implicar la variación en más de un 50 por 100 de las cantidades consignadas en las autoliquidaciones presentadas dentro del plazo voluntario de autoliquidación del impuesto, ni podrá implicar la acreditación de cantidades que impliquen una reducción de la base imponible o la aplicación de deducciones de la cuota por conceptos u operaciones que no constaran en las autoliquidaciones presentadas dentro del plazo voluntario de declaración del impuesto.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes podrán rectificar en todo momento sus autoliquidaciones para anular el ejercicio de opciones que hubieran implicado una reducción de la base imponible o de la cuota del impuesto cuando tengan constancia del incumplimiento de los requisitos establecidos para ello y siempre que no se haya producido un requerimiento previo de la Administración tributaria.


Artículo 49. Falta de presentación de la autoliquidación.—Los contribuyentes que no hubieran presentado autoliquidación dentro del plazo voluntario de autoliquidación del impuesto no podrán, en ningún momento, ejercitar las opciones a que se refiere el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 128 de la Norma Foral del impuesto.

Tampoco podrán ejercitar el resto de opciones a que se refiere el artículo 128 de la Norma Foral del impuesto una vez que se haya producido un requerimiento de la Administración tributaria.


Capítulo IV

Pagos a cuenta


Artículo 50. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.—1. Deberá practicarse retención, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perceptor, respecto de:

a) Las rentas derivadas de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, de la cesión a terceros de capitales propios y las restantes rentas comprendidas en los artículos 36 y 37 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. b) Los premios derivados de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios.

c) Las contraprestaciones obtenidas como consecuencia de la atribución de cargos de administrador o consejero en otras sociedades.

d) Las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, cuando de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, constituyan rendimientos del capital mobiliario.

e) Las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, aun cuando constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas.

f) Las rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva. 2. Cuando un mismo contrato comprenda prestaciones de servicios o la cesión de bienes inmuebles, conjuntamente con la cesión de bienes y derechos de los incluidos en el artículo 37 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberá practicarse retención sobre el importe total.

Cuando un mismo contrato comprenda el arriendo, subarriendo o cesión de fincas rústicas, conjuntamente con otros bienes muebles, no se practicará la retención excepto si se trata del arrendamiento o cesión de negocios o minas.

3. Deberá practicarse un ingreso a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perceptor respecto de las rentas de los apartados anteriores, cuando sean satisfechas o abonadas en especie.

4. Deberán ser ingresadas en la Diputación Foral de Bizkaia las retenciones e ingresos a cuenta conforme a los criterios establecidos a tal efecto en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.


Artículo 51. Excepciones a la obligación a retener y de ingresar a cuenta.—No existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta respecto de:

1. Los rendimientos de los valores emitidos por el Banco de España que constituyan instrumento regulador de intervención en el mercado monetario y los rendimientos de las Letras del Tesoro.

No obstante, las entidades de crédito y demás instituciones financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre Letras del Tesoro estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.

2. Los intereses que constituyan derecho a favor del Tesoro como contraprestación de los préstamos del Estado al crédito oficial.

3. Los intereses y comisiones de préstamos que constituyan ingreso de las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito inscritos en los registros especiales del Banco de España, residentes en territorio español.

La excepción anterior no se aplicará a los intereses y rendimientos de las obligaciones, bonos u otros títulos emitidos por entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que integran la cartera de valores de las referidas entidades.

4. Los intereses de las operaciones de préstamo, crédito o anticipo, tanto activas como pasivas que realice la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con sociedades en las que tenga participación mayoritaria en el capital, no pudiendo extenderse esta excepción a los intereses de cédulas, obligaciones, bonos u otros títulos análogos.

5. Los intereses percibidos por las sociedades de valores como consecuencia de los créditos otorgados en relación con operaciones de compra o venta de valores a que hace referencia la letra b) del apartado 2 del artículo 63 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como los intereses percibidos por las empresas de servicios de inversión respecto de las operaciones activas de préstamos o depósitos mencionados en el apartado 2 del artículo 49 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.

Tampoco existirá obligación de practicar retención en relación con los intereses percibidos por sociedades o agencias de valores, en contraprestación a las garantías constituidas para operar como miembros de los mercados de futuros y opciones financieros, en los términos a que hacen referencia los capítulos IV y V del Real Decreto 1282/2010, de 15 de octubre, por el que se regulan los mercados secundarios oficiales de futuros, opciones y otros instrumentos financieros derivados.

6. Las primas de conversión de obligaciones en acciones.

7. Las rentas derivadas de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones.

8. Los beneficios percibidos por una sociedad matriz residente en España de sus sociedades filiales residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea, en relación con la retención prevista en el apartado 2 del artículo 52 de este Reglamento, cuando concurran los requisitos establecidos en la letra g) del apartado 1 del artículo 14 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

9. Los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por empresas para sus empleados.

b) Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no superen los 900 euros anuales.

c) Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861 de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Decreto Foral Normativo 1/1991, de 30 de abril, o bien, en algún otro epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 861, no hubiese resultado cuota cero.

A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del citado requisito, en los términos que establezca por Orden Foral el diputado foral de Hacienda y Finanzas. d) Cuando los rendimientos deriven de los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el apartado 1 del artículo 18 de la Norma Foral del impuesto, en cuanto tengan por objeto bienes inmuebles urbanos.

10. Los rendimientos que sean exigibles entre una agrupación de interés económica española o europea y sus socios, así como los que sean exigibles entre una unión temporal y sus empresas miembros. 11. Los rendimientos de participaciones hipotecarias, préstamos u otros derechos de crédito que constituyan ingreso de los fondos de titulización.

12. Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por establecimientos permanentes en el extranjero de entidades de crédito y establecimientos financieros residentes en España.

13. Los rendimientos satisfechos a entidades que gocen de exención en este impuesto en virtud de lo dispuesto en un tratado internacional suscrito por España.

14. Los dividendos o participaciones en beneficios, intereses y demás rendimientos satisfechos entre sociedades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el Capítulo VI del Título VI de la Norma Foral del impuesto.

15. Los dividendos o participaciones en beneficios repartidos por agrupaciones de interés económico, españolas o europeas, y por uniones temporales de empresas, salvo aquéllas que deban tributar conforme a las normas generales del impuesto, que correspondan a socios que deban soportar la imputación de la base imponible y procedan de períodos impositivos durante los cuales la entidad haya tributado según lo dispuesto en el régimen especial establecido en el Capítulo III del Título VI de la Norma Foral del impuesto.

16. Las rentas obtenidas por las entidades exentas a que se refiere el artículo 12 de la Norma Foral del impuesto o los preceptos equivalentes de la normativa del Impuesto sobre Sociedades vigente en los otros dos Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Comunidad Foral de Navarra y en territorio de régimen común.

La condición de entidad exenta podrá acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho. La Administración tributaria podrá establecer los medios y forma para acreditar la condición de entidad exenta.

Se podrá determinar el procedimiento para poder hacer efectiva la exoneración de la obligación de retención o ingreso a cuenta en relación con los rendimientos derivados de los títulos de la Deuda pública del Estado percibidos por las entidades exentas a que se refiere este apartado.

17. Los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el apartado 1 del artículo 33 de la Norma Foral del impuesto, así como los repartidos por mutuas de seguros generales, entidades de previsión social, sociedades de garantía recíproca o asociaciones. A efectos de lo dispuesto en este número, la entidad perceptora deberá comunicar a la entidad obligada a retener que concurren los requisitos establecidos en el mencionado artículo. La comunicación contendrá, además de los datos de identificación del perceptor, los documentos que justifiquen el cumplimiento de los referidos requisitos.

18. Las rentas obtenidas por los contribuyentes de este impuesto procedentes de activos financieros, siempre que cumplan los requisitos siguientes:

a) Que estén representados mediante anotaciones en cuenta.

b) Que se negocien en un mercado secundario oficial de valores español.

No obstante, las entidades de crédito y demás entidades financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre activos financieros, estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas cuentas. Las entidades financieras a través de las que se efectúe el pago de intereses de los valores comprendidos en este número o que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de los mismos, estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular del valor e informar del mismo tanto al titular como a la Administración tributaria, a la que, asimismo, proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en las operaciones antes enumeradas.

La Administración tributaria establecerá, asimismo, las obligaciones de intermediación e información correspondientes a las separaciones, transmisiones, reconstituciones, reembolsos o amortizaciones de los valores de Deuda pública para los que se haya autorizado la negociación separada del principal y de los cupones. En tales supuestos, las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable a cada titular e informar del mismo, tanto al titular como a la Administración tributaria, a la que, asimismo, proporcionarán la información correspondiente a las personas que intervengan en las operaciones sobre estos valores.

Se faculta al diputado foral de Hacienda y Finanzas para establecer el procedimiento para hacer efectiva la exclusión de retención regulada en este número.

19. Los premios a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo anterior, cuando su base de retención no sea superior a 300,51 euros.

20. Las rentas obtenidas por los contribuyentes de este impuesto procedentes de Deuda emitida por las Administraciones públicas de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y activos financieros negociados en mercados organizados de dichos países.

No obstante, las entidades de crédito y demás entidades financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre los activos financieros a que se refiere el párrafo precedente, estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.

Las entidades financieras a través de las que se efectúe el pago de los intereses de los valores comprendidos en este número o que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de los mismos, estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular del valor e informar del mismo tanto al titular como a la Administración tributaria a la que, así mismo, proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en las operaciones antes enumeradas.

Se faculta al diputado foral de Hacienda y Finanzas para establecer el procedimiento para hacer efectiva la exclusión de retención regulada en este número.

21. Las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva obtenidas por: a) Los fondos de inversión de carácter financiero y las sociedades de inversión de capital variable regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de inversión colectiva, en cuyos reglamentos de gestión o estatutos tengan establecida una inversión mínima superior al 50 por 100 de su patrimonio en acciones o participaciones de varias instituciones de inversión colectiva de las previstas en los párrafos c) y d), indistintamente, del apartado 1 del artículo 48 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio. b) Los fondos de inversión de carácter financiero y las sociedades de inversión de capital variable regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, en cuyos reglamentos de gestión o estatutos tengan establecida la inversión de, al menos, el 85 por 100 de su patrimonio en un único fondo de inversión de carácter financiero de los regulados en el primer inciso del apartado 3 del artículo 3 del Reglamentode desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio. Cuando esta política de inversión se refiera a un compartimento del fondo o de la sociedad de inversión, la excepción a la obligación de retener e ingresar a cuenta prevista en este número solo será aplicable respecto de las inversiones que integren la parte del patrimonio de la institución atribuida a dicho compartimento. La aplicación de la exclusión de retención prevista en este número 21 requerirá que la institución inversora se encuentre incluida en la correspondiente categoría que, para los tipos de inversión señalados en las letras a) y b), tenga establecida la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la cual deberá constar en su folleto informativo.

22. Las cantidades satisfechas por las entidades aseguradoras a los fondos de pensiones como consecuencia del aseguramiento de planes de pensiones.

23. Las rentas obtenidas por el cambio de activos en los que estén invertidas las provisiones de los seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión. Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, las entidades de seguros deberán comunicar a las entidades obligadas a practicar la retención, con motivo de la transmisión o reembolso de activos, la circunstancia de que se trata de un contrato de seguro en el que el tomador asume el riesgo de la inversión y en el que se cumplen los requisitos previstos en la letra g) del apartado 2 del artículo 57 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La entidad obligada a practicar la retención deberá conservar la comunicación debidamente firmada.

24. Las rentas derivadas del ejercicio de las funciones de liquidación de entidades aseguradoras y de los procesos concursales a que éstas se encuentren sometidas obtenidas por el Consorcio de Compensación de Seguros, en virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 24 del Texto Refundido del EstatutoLegal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre.

25. Las rentas que se pongan de manifiesto en las empresas tomadoras como consecuencia de la variación en los compromisos por pensiones que estén instrumentados en un contrato de seguro colectivo que haya sido objeto de un plan de financiación, en tanto no se haya dado cumplimiento íntegro al mismo, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 5 del artículo 36 del Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1.588/1999, de 15 de octubre.

26. Las rentas derivadas del reembolso o transmisión de participaciones o acciones en los fondos y sociedades regulados por el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio.

27. Las remuneraciones y compensaciones por derechos económicos que perciba la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores por los préstamos de valores realizados en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio de anotaciones en cuenta y compensación y liquidación de operaciones bursátiles.

Asimismo, la entidad mencionada en el párrafo anterior tampoco estará obligada a practicar retención por las remuneraciones y compensaciones derivadas de los préstamos de valores tomados en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 57, que abone a las entidades o personas prestamistas. Todo ello sin perjuicio de la sujeción de dichas rentas a la retención que corresponda, de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente impuesto personal del prestamista, que, cuando proceda, deberá practicarla la entidad participante que intermedie en su pago a aquél, a cuyo efecto no se entenderá que efectúa una simple mediación de pago.

28. Las rentas que se pongan de manifiesto por aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 45 de la Norma Foral del impuesto.


Artículo 52. Sujetos obligados a retener o efecturar un ingreso a cuenta.—1. Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta cuando satisfagan o abonen rentas de las previstas en el artículo 50 de este Reglamento:

a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de bienes y de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas.

b) Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en el ejercicio de sus actividades. c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento permanente.

2. No se considerará que una persona o entidad satisface o abona una renta cuando se límite a efectuar una simple mediación de pago, entendiéndose por tal el abono de una cantidad por cuenta y orden de un tercero, excepto que se trate de entidades depositarias de valores extranjeros propiedad de residentes en territorio español o que tengan a su cargo la gestión de cobro pie las rentas de dichos valores. Las citadas entidades depositarias deberán practicar la retención correspondiente siempre que tales rentas no hayan soportado retención previa en España.

3. En caso de premios estará obligado a retener o a ingresar a cuenta la persona o entidad que los satisfaga.

4. En las operaciones sobre activos financieros estarán obligados a retener:

a) En los rendimientos obtenidos en la amortización o reembolso de los activos financieros, la persona o entidad emisora. No obstante, en caso de que se encomiende a una entidad financiera la materialización de esas operaciones, el obligado a retener será la entidad financiera encargada de la operación.

Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos después de su emisión en activos financieros, a su vencimiento estará obligado a retener el fedatario público o institución financiera que intervenga en la presentación al cobro.

b) En los rendimientos obtenidos en la transmisión de activos financieros incluidos los instrumentos de giro a los que se refiere la letra anterior, cuando se canalice a través de una o varias instituciones financieras, el banco, caja o entidad financiera que actúe por cuenta del transmitente. A efectos de lo dispuesto en esta letra, se entenderá que actúa por cuenta del transmitente el banco, caja o entidad financiera que reciba de aquél la orden de venta de los activos financieros. c) En los casos no recogidos en los apartados anteriores, el fedatario público que obligatoriamente deba intervenir en la operación.

5. En las transmisiones de valores de la Deuda del Estado deberá practicar la retención la entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que intervenga en la transmisión. 6. En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, deberán practicar retención o ingreso a cuenta las siguientes personas o entidades:

1.º En el caso de reembolso de las participaciones de fondos de inversión, las sociedades gestoras, salvo por las participaciones registradas a nombre de entidades comercializadoras por cuenta de partícipes, respecto de las cuales serán dichas entidades comercializadoras las obligadas a practicar la retención o ingreso a cuenta.

2.º En el caso de recompra de acciones por una sociedad de inversión de capital variable cuyas acciones no coticen en bolsa ni en otro mercado o sistema organizado de negociación de valores, adquiridas por el contribuyente directamente o a través de comercializador a la sociedad, la propia sociedad, salvo que intervenga una sociedad gestora; en este caso, será ésta. 3.º En el caso de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, las entidades comercializadoras o los intermediarios facultados para la comercialización de las acciones o participaciones de aquellas y, subsidiariamente, la entidad o entidades encargadas de la colocación o distribución de los valores entre los potenciales suscriptores, cuando efectúen el reembolso. 4.º En el caso de gestoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, el representante designado de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Norma Foral 2/2004, de 23 de abril, de medidas tributarias en 2004.

5.º En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención conforme a los números anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o partícipe que efectúe la transmisión u obtenga el reembolso. El mencionado pago a cuenta se efectuará de acuerdo con las normas contenidas en el párrafo primero del apartado 4 del artículo 54, el apartado 3 del artículo 55 y la letra d) del artículo 56 de este Reglamento.

7. En las operaciones realizadas en España por entidades aseguradoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, estará obligado a practicar retención o ingreso a cuenta el representante designado de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Norma Foral 2/2004, de 23 de abril, de medidas tributarias en 2004.

8. Los sujetos obligados a retener asumirán la obligación de efectuar el ingreso en la Diputación Foral de Bizkaia, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de ésta.

La retención e ingreso correspondiente, cuando la entidad pagadora del rendimiento sea la Diputación Foral, se efectuará de forma directa.


Artículo 53. Calificación de los activos financieros y requisitos fiscales para la transmisión, reembolso y amortización de activos financieros.—1. Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento implícito aquéllos en los que el rendimiento se genere mediante diferencia entre el importe satisfecho en la emisión, primera colocación o endoso y el comprometido a reembolsar al vencimiento de aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije, total o parcialmente, de forma implícita, a través de cualesquiera valores mobiliarios utilizados para la captación de recursos ajenos.

Se incluyen como rendimientos implícitos las primas de emisión, amortización o reembolso. Se excluyen del concepto de rendimiento implícito las bonificaciones o primas de colocación, giradas sobre el precio de emisión, siempre que se encuadren dentro de las prácticas de mercado y que constituyan ingreso en su totalidad para el mediador, intermediario o colocador financiero, que actúe en la emisión y puesta en circulación de los activos financieros regulados en esta disposición.

Se considerará como activo financiero con rendimiento implícito cualquier instrumento de giro, incluso los originados en operaciones comerciales, a partir del momento en que se endose o transmita, salvo que el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de proveedores o suministradores. 2. Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento explícito aquellos que generan intereses y cualquier otra forma de retribución pactada como contraprestación a la cesión a terceros de capitales propios y que no esté comprendida en el concepto de rendimientos implícitos en los términos que establece el apartado anterior.

3. Los activos financieros con rendimiento mixto seguirán el régimen de los activos financieros con rendimiento explícito, cuando el efectivo anual que produzcan de esta naturaleza sea igual o superior al tipo de referencia vigente en el momento de la emisión, aunque en las condiciones de emisión amortización o reembolso se hubiese fijado, de forma implícita otro rendimiento adicional. Este tipo de referencia será durante cada trimestre natural el 80 por 100 del tipo efectivo correspondiente al precio medio ponderado redondeado que hubiera resultado en la última subasta del trimestre precedente correspondiente a bonos del Estado a tres años, si se tratara de activos financieros con plazo igual o inferior a cuatro años; a bonos del Estado a cinco años, si se tratara de activos financieros con plazo superior a cuatro años pero igual o inferior a siete, y a obligaciones del Estado a diez quince o treinta años si se tratara de activos con plazo superior. En el caso de que no pueda determinarse el tipo de referencia para algún plazo, será de aplicación el del plazo más próximo al de la emisión planeada.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, respecto de las emisiones de activos financieros con rendimiento variable o flotante se tomará como interés efectivo de la operación su tasa de rendimiento interno, considerando únicamente los rendimientos de naturaleza explícita y calculada, en su caso, con referencia a la valoración inicial del parámetro respecto del cual se fije periódicamente el importe definitivo de los rendimientos devengados.

No obstante lo anterior, si se trata de deuda pública con rendimiento mixto, cuyos cupones e importe de amortización se calculan con referencia a un índice de precios, el porcentaje del primer párrafo será el 40 por 100.

4. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos financieros con rendimiento implícito, y de activos financieros con rendimiento explícito que deban ser objeto de retención en el momento de su transmisión, amortización o reembolso, habrá de acreditarse la previa adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o instituciones financieras obligados a retener, así como el precio al que se realizó la operación. Cuando un instrumento de giro se convierta en activo financiero después de su puesta en circulación, ya el primer endoso o cesión deberá hacerse a través de fedatario público o institución financiera, salvo que el mismo endosatario o adquirente sea una institución financiera. El fedatario o institución financiera consignarán en el documento su carácter de activo financiero, con identificación de su primer adquirente o tenedor.

5. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona o entidad emisora, la institución financiera que actúe por cuenta de ésta, el fedatario público o la institución financiera que actúe o intervenga por cuenta del adquirente o depositante, según proceda, deberán extender certificación acreditativa de los siguientes extremos:

a) Fecha de la operación e identificación del activo.

b) Denominación del adquirente.

c) Número de identificación fiscal del citado adquirente o depositante.

d) Precio de adquisición.

De la mencionada certificación, que se extenderá por triplicado, se entregarán dos ejemplares al adquirente, quedando otro en poder de la persona o entidad que certifica.

6. Las instituciones financieras o los fedatarios públicos se abstendrán de mediar o intervenir en la transmisión de estos activos cuando el transmitente no justifique su adquisición de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

7. Las personas o entidades emisoras de los activos financieros a los que se refiere el apartado 4 no podrán reembolsar los mismos cuando el tenedor no acredite su adquisición previa mediante la certificación oportuna, ajustada a lo indicado en el apartado 5 anterior.

El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo con el párrafo anterior, no deban efectuar el reembolso al tenedor del título o activo deberán constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judicial.

La recompra, rescate, cancelación o amortización anticipada exigirán la intervención o mediación de institución financiera o de fedatario público, quedando la entidad o persona emisora del activo como mero adquirente en el caso de que vuelva a poner en circulación el título.

8. El tenedor del título, en caso de extravío de un certificado justificativo de su adquisición, podrá solicitar la emisión del correspondiente duplicado de la persona o entidad que emitió tal certificación. Esta persona o entidad hará constar el carácter de duplicado de ese documento, así como la fecha de expedición de ese último.

9. En los casos de transmisión lucrativa se entenderá que el adquirente se subroga en el valor de adquisición del transmitente, en tanto medie una justificación suficiente del referido coste.


Artículo 54. Base para el cálculo de la obligación de retener e ingresar a cuenta.—1. Con carácter general, constituirá la base para el cálculo de la obligación de retener la contraprestación íntegra exigible o satisfecha.

2. En el caso de la amortización, reembolso o transmisión de activos financieros constituirá la base para el cálculo de la obligación de retener la diferencia positiva entre el valor de amortización, reembolso o transmisión y el valor de adquisición o suscripción de dichos activos. Como valor de adquisición se tomará el que figure en la certificación acreditativa de la adquisición. A estos efectos no se minorarán los gastos accesorios a la operación. Sin perjuicio de la retención que proceda al transmitente, en el caso de que la entidad emisora adquiera un activo financiero emitido por ella, se practicará la retención e ingreso sobre el rendimiento que obtenga en cualquier forma de transmisión ulterior del título, excluida la amortización.

3. Cuando la obligación de retener tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 50 de este Reglamento, constituirá la base para el cálculo de la misma el importe del premio.

4. Cuando la obligación de retener o tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 50 de este Reglamento, la base de retención será la diferencia entre el valor de transmisión o reembolso y el valor de adquisición de las acciones o participaciones. A estos efectos se considerará que los valores transmitidos o reembolsados por el contribuyente son aquellos que adquirió en primer lugar.

Cuando se trate de reembolso de participaciones en fondos de inversión regulados por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, para las que, por aplicación de lo previsto en el apartado 3 del artículo 40 de la citada Ley, exista más de un registro de partícipes, o de transmisión o reembolso de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, comercializadas, colocadas o distribuidas en territorio español, la regla de antigüedad a que se refiere el párrafo anterior se aplicará por la entidad gestora o comercializadora con la que se efectúe el reembolso o transmisión respecto de los valores que figuren en su registro de partícipes o accionistas.

5. Cuando la obligación de ingresar a cuenta tenga su origen en virtud de lo previsto en el apartado 3 del artículo 50 de este Reglamento, constituirá la base para el cálculo de la misma el valor de mercado del bien.

A estos efectos se tomará como valor de mercado el resultado de incrementar en un 20 por 100 el valor de adquisición o coste para el pagador.

6. Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra exigible o satisfecha, la Administración tributaria podrá computar como tal una cantidad de la que, restada la retención procedente, arroje la efectivamente percibida.


Artículo 55. Nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta.—1. Con carácter general, las obligaciones de retener y de ingresar a cuenta nacerán en el momento de la exigibilidad de las rentas, dinerarias o en especie, sujetas a retención o ingreso a cuenta, respectivamente, o en el de su pago o entrega si es anterior.

En particular, se entenderán exigibles los intereses en las fechas de vencimiento señaladas en la escritura o contrato para su liquidación o cobro, o cuando de otra forma se reconozcan en cuenta, aun cuando el perceptor no reclame su cobro o los rendimientos se acumulen al principal de la operación, y los dividendos en la fecha establecida en el acuerdo de distribución o a partir del día siguiente al de su adopción a falta de la determinación de la citada fecha. 2. En el caso de rendimientos derivados de la amortización, reembolso o transmisión de activos financieros, la obligación de retener o ingresar a cuenta nacerá en el momento en que se formalice la operación.

3. En el caso de rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva, la obligación de retener o ingresar a cuenta nacerá en el momento en que se formalice la operación, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas.


Artículo 56. Porcentaje de retención e ingreso a cuenta.—El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el siguiente:

a) Con carácter general, el 19 por 100.

b) En el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, el 24 por 100.

c) En el caso de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos, el 19 por 100.

d) En el caso de ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, el 19 por 100.

e) En el caso de premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estuvieran sujetos y no exentos del gravamen especial de determinadas loterías y apuestas regulado en la disposición adicional decimoctava de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 20 por 100. En este caso, la retención se practicará sobre el importe del premio sujeto y no exento, de acuerdo con la referida disposición.


Artículo 57. Importe de la retención o del ingreso a cuenta.—El importe de la retención o del ingreso a cuenta se determinará aplicando el porcentaje a que se refiere el artículo anterior a la base de cálculo.


Artículo 58. Obligaciones del retenedor y del obligado ingresar a cuenta.—1. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar en los primeros veinticinco días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, ante el órgano competente de la Administración tributaria, declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan por el trimestre natural inmediato anterior e ingresar su importe en la Diputación Foral de Bizkaia.

No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en los veinticinco primeros días naturales de cada mes, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan por el inmediato anterior, cuando se trate de retenedores u obligados en los que concurran las circunstancias a que se refieren los números 1.º y 1.º bis del apartado 3 del artículo 71 del Real Decreto 1.624/1992, de 29 de diciembre. Por excepción, la declaración e ingreso correspondiente al mes de julio se efectuará durante el mes de agosto y los veinticinco primeros días naturales del mes de septiembre inmediato posterior. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta presentará declaración negativa cuando, a pesar de haber satisfecho rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, no hubiera procedido, por razón de su cuantía, la práctica de retención o ingreso a cuenta alguno. No procederá presentación de declaración negativa cuando no se hubieran satisfecho en el período de declaración rentas sometidas a retención e ingreso a cuenta.

2. El retenedor o el obligado a ingresar a cuenta deberá presentar, en el plazo comprendido entre el día 1 y el 31 del mes de enero, un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados en el año inmediato anterior.

Asimismo, este plazo de presentación será el aplicable en los supuestos de que la relación se presente telemáticamente o en soporte directamente legible por ordenador.

En este resumen, además de sus datos de identificación, podrá exigirse que conste una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:

a) Denominación de la entidad.

b) Número de identificación fiscal.

c) Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los conceptos, así como del ejercicio en que dicha renta se hubiera devengado.

d) Retención practicada o ingreso a cuenta efectuado.

A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las entidades domiciliadas, residentes o representadas en territorio español, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas de valores. 3. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del contribuyente certificación acreditativa de las retenciones practicadas, o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al contribuyente que deben incluirse en el resumen anual a que se refiere el apartado anterior.

La citada certificación deberá ponerse a disposición del contribuyente con anterioridad al inicio del plazo de declaración de este impuesto.

A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las entidades domiciliadas, residentes o representadas en territorio español, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores.

4. Los pagadores deberán comunicar a los contribuyentes la retención o ingreso a cuenta practicados en el momento en que satisfagan las rentas, indicando el porcentaje aplicado.

5. Las declaraciones a que se refiere este artículo se realizarán en los modelos, forma y lugar que para cada clase de rentas establezca el diputado foral de Hacienda y Finanzas, quien asimismo podrá determinar los datos que deben incluirse en las declaraciones, de los previstos en el apartado 2 anterior, estando obligado el retenedor u obligado a ingresar a cuenta a cumplimentar la totalidad de los datos contenidos en las declaraciones que afecten. 6. La declaración del ingreso o del pago a cuenta a que se refiere el número 4º) del apartado 6 del artículo 52 de este Reglamento se efectuará en la forma, lugar y plazo que determine el diputado foral de Hacienda y Finanzas.


DISPOSICIONES ADICIONALES



Disposición adicional primera. Referencias normativas.—Todas las referencias contenidas en la normativa tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia al Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, se entenderán referidas a los preceptos correspondientes de este Reglamento.


Disposición adicional segunda. Opcion por las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigafor.—egunda. Opción por las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador.—1. El ejercicio de la opción para la aplicación de la bonificación en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal que, con carácter exclusivo, se dedique a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 278/2007, de 23 de febrero, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal investigador, deberá realizarse mediante comunicación dirigida a la Administración tributaria, que se efectuará en el penúltimo mes anterior al inicio del período impositivo en el que deba surtir efecto. La mencionada opción se entenderá prorrogada tácitamente en los períodos impositivos sucesivos, salvo que el obligado tributario renuncie a la misma.

Tratándose de grupos fiscales que hayan optado por el régimen tributario previsto en el Capítulo VI del Título VI de la Norma Foral del impuesto, la opción prevista en el párrafo anterior, así como, en su caso, la correspondiente renuncia, deberá ser ejercitada mediante la oportuna comunicación por la sociedad dominante y vinculará a todas las sociedades integrantes del grupo fiscal.

2. La renuncia a la opción prevista en el apartado anterior deberá efectuarse mediante comunicación a la Administración tributaria, que deberá realizarse en el penúltimo mes anterior al inicio del período impositivo en que deba surtir efecto.

3. Los obligados tributarios por el Impuesto sobre Sociedades y, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que opten por aplicar la bonificación en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal que, con carácter exclusivo, se dedique a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, no podrán simultáneamente beneficiarse del régimen de deducciones por dichas actividades a que se refieren los artículos 62 a 64 de la Norma Foral del impuesto.


Disposición adicional tercera. Procedimientos de vinculación administrativa previa.—1. En los supuestos previstos en el apartado 5 del artículo 53 y el apartado 2 del artículo 61 de la Norma Foral del impuesto, el procedimiento de vinculación administrativa previa a que hacen referencia los citados preceptos se tramitará según lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Decreto Foral 101/2005, de 21 de junio, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas, propuestas previas de tributación y cláusula anti-elusión. 2. La solicitud de inicio del procedimiento de vinculación administrativa previa incluirá los siguientes extremos en los supuestos previstos en el apartado 5 del artículo 53 de la Norma Foral del impuesto:

a) Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al período impositivo en que se ha generado el beneficio que se destina a la Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva.

b) Cuantificación de la base imponible del período impositivo en que se ha generado el beneficio. c) Detalle del patrimonio neto a efectos fiscales de la entidad.

d) Detalle y movimientos de la Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva de los cuatro ejercicios anteriores.

e) Detalle de las participaciones en entidades en las que se pretende materializar la dotación a la Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva.

f) Memoria explicativa de los proyectos empresariales relevantes que supongan el desarrollo de nuevas actividades, productos o mercados, la ampliación o consolidación de otros existentes o la creación de empleos estables que vaya a desarrollar la entidad cuya participación se adquiere.

g) Justificación de que esas inversiones impliquen un incremento sustancial del patrimonio neto a efectos fiscales de la entidad participada.

h) Justificación de que la entidad participada encuentra dificultades, derivadas de la magnitud, la novedad o el riesgo de las inversiones a acometer, en el acceso a los mercados de capitales.

i) Detalle de los elementos contractuales que articulen la relación entre el contribuyente y la entidad participada y la asunción de riesgos en los proyectos a acometer.

j) Justificación de que la entidad participada cumple los requisitos establecidos en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 13 de la Norma Foral del impuesto.

k) Justificación de que la adquisición no se realiza a una persona o entidad vinculada en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 42 de la Norma Foral del impuesto. l) Calendario y plazos en los que se va acometer la adquisición de las participaciones en que se materializa la aplicación del saldo de la Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva.

m) Impacto económico de la inversión en un plazo de los cinco ejercicios siguientes a la adquisición, precisando los efectos tributarios previstos de la puesta en marcha del proyecto de emprendimiento o de reforzamiento de la actividad productiva.

3. La solicitud de inicio del procedimiento de vinculación administrativa previa incluirá los siguientes extremos en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 61 de la Norma Foral del impuesto:

a) Justificación de las inversiones realizadas en elementos del activo no corriente de la entidad que tengan el tratamiento contable de mejoras.

b) Justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 61 de la Norma Foral del impuesto.

c) Informe técnico que acredite que las inversiones tienen una relevancia cuantitativa o cualitativa tal que implican una alteración estructural y funcional del activo sobre el que se practica la mejora que lo haga idóneo para ser destinado a finalidades diferentes a las que se dedicaba con anterioridad.

d) Autorizaciones administrativas precisas para la modificación de la finalidad a la que estaba destinado el activo correspondiente.

e) Plazo y calendario de realización de las inversiones así como fijación del momento a partir del cual se encuentra en condiciones de funcionamiento para la nueva finalidad.


Disposición adicional cuarta. Régimen de instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria.—1. A los efectos de computar el coeficiente del 50 por ciento mínimo de inversión en viviendas y en residencias estudiantiles y de la tercera edad que las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria deben cumplir para disfrutar del tipo de gravamen previsto en el apartado 4 del artículo 56 de la Norma Foral del impuesto, se tendrán en cuenta las inversiones previstas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 86 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, y siempre que, además, en los casos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 86 mencionado se cumplan las reglas siguientes:

a) Que los bienes inmuebles en construcción tengan entidad registral mediante la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad.

b) Que se trate de viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad.

2. Se entenderá por residencia estudiantil los inmuebles diseñados o adaptados específicamente para acoger a estudiantes, que estén reconocidos oficialmente como tales.

Asimismo, se entenderá por residencias de la tercera edad los inmuebles diseñados o adaptados específicamente para acoger a personas de la tercera edad, que hayan sido autorizadas oficialmente como tales.

3. El cómputo del coeficiente de inversión a que se refiere esta disposición adicional se realizará en la misma forma prevista en el artículo 90 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, para la determinación del porcentaje de inversión en bienes inmuebles.

4. El tipo de gravamen previsto en el apartado 4 del artículo 56 de la Norma Foral del impuesto resultará provisionalmente aplicable a los fondos y las sociedades de inversión inmobiliaria de nueva creación y estará condicionado a que en el plazo de dos años, contados desde su inscripción en el correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, alcancen el porcentaje de inversión requerido en el apartado 2 del artículo 78 de la Norma Foral del impuesto. Si no llegara a cumplirse tal condición, la tributación por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios transcurridos se girará al tipo general vigente en éstos, con devengo del interés de demora.

5. En el caso de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria por compartimentos, las previsiones contenidas en esta disposición adicional deberán cumplirse para cada uno de los compartimentos.


Disposición adicional quinta. Aplicación del régimen de las entidades de tenencia de determinados valores.—1. La aplicación del régimen establecido en disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral del impuesto, exigirá la previa solicitud del contribuyente en los términos establecidos en esta disposición adicional.

2. Dicha solicitud se efectuará y tramitará ante la Administración tributaria de conformidad con el procedimiento general establecido en el artículo 45 de este Reglamento, con las especialidades previstas en los apartados siguientes.

3. Al escrito de solicitud de aplicación del mencionado régimen deberán acompañarse los siguientes documentos:

a) Copia de la escritura de constitución de la entidad.

b) Copia de los Estatutos y, en su caso, proyecto de modificación de los mismos. c) Memoria justificativa del proyecto empresarial de expansión internacional que fomente la internacionalización de las empresas o el desarrollo de nuevas actividades o mercados que pretendan desarrollar.

d) Relación de las participaciones poseídas con especificación del porcentaje de participación y su carácter de cotizadas o no, así como del valor contable de las mismas, incluyendo las adquisiciones de participaciones que pretenda acometer la entidad en aplicación del proyecto a que hace referencia la letra c) anterior.

4. La solicitud se presentará con anterioridad al inicio del primer período impositivo en el que se pretenda que surta efectos el régimen establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral del impuesto.

5. La autorización para la aplicación de este régimen de tributación corresponderá al Director General de Hacienda.

6. La entidad que desee renunciar a la aplicación del régimen establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral del impuesto deberá comunicarlo a la Administración tributaria en los tres primeros meses del período impositivo en el que desee que surta efectos la mencionada renuncia.


Disposición adicional sexta. Revocación del régimen de las entidades de tenencia de determinados valores.—La Administración tributaria podrá revocar la autorización para la aplicación del régimen establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral del impuesto según lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo quinta de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia cuando quede acreditado que no se ha cumplido sustancialmente el proyecto empresarial de expansión internacional que fomente la internacionalización de las empresas o el desarrollo de nuevas actividades o mercados que pretendía desarrollar el contribuyente.

2. Cuando en el transcurso del desarrollo de un procedimiento de gestión tributaria o de inspección en relación con un obligado tributario al que se le hubiera concedido la autorización para aplicar el régimen establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral del impuesto, se pongan de manifiesto indicios racionales de que se ha producido un incumplimiento de las condiciones a las que se sometía la autorización concedida en los términos a que hace referencia el apartado anterior, se emitirá un informe en el que se constaten los elementos de prueba del incumplimiento y la fecha de efectos de la posible revocación del régimen especial.

El Director General de Hacienda, a la vista del expediente administrativo, adoptará, en su caso, acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de la autorización, encargándose de la instrucción del mismo el Subdirector competente, quien podrá realizar los actos de instrucción por sí o mediante delegación de la instrucción en algún funcionario que dependa del mismo.

3. El acuerdo a que hace referencia el apartado anterior se notificará al contribuyente junto con el informe emitido, concediendo un plazo de alegaciones de quince días hábiles al mismo para que aporte cuantos documentos y realice cuantas alegaciones convengan a su derecho. Asimismo, podrán realizarse cuantos actos de instrucción se consideren pertinentes, y si sobre ellos el obligado tributario no hubiera podido realizar alegaciones, con anterioridad a la elaboración de la propuesta de resolución del procedimiento, se podrá de manifiesto el expediente al mismo y se le concederá un nuevo plazo de alegaciones de diez días hábiles.

4. Concluida la instrucción y a la vista de todos los elementos que obren en el expediente, el Subdirector competente elevará propuesta de resolución del procedimiento al Director General de Hacienda, a través de la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica, debiendo precisarse en la misma, al menos, los siguientes extremos:

a) Si debe revocarse o no la autorización concedida para la aplicación del régimen establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral del impuesto.

b) Los elementos de hecho que se hayan puesto de manifiesto en el expediente y que justifiquen la propuesta de resolución.

c) En caso de que proceda proponer el acuerdo de revocación, la fecha a partir de la que debe producir efectos la revocación, que puede ser anterior a la fecha de inicio del procedimiento, debiendo coincidir con la fecha a partir de la cual existen evidencias del incumplimiento de las condiciones establecidas para disfrutar del régimen especial, teniendo presente lo dispuesto a estos efectos en el segundo párrafo de la disposición adicional vigésimo quinta de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

5. El Director General de Hacienda, a la vista del expediente administrativo, resolverá acordando la revocación de la autorización o el archivo del procedimiento, debiendo ser objeto de notificación al contribuyente el contenido de la Resolución.


Disposición adicional séptima. Porcentaje de retención e ingreso a cuenta hasta el 31 de diciembre de 2014.El porcentaje de retención o ingreso a cuenta establecido en las letras a), c) y d) del artículo 56 de este Reglamento se eleva al 21 por 100 hasta el 31 de diciembre de 2014.

Nota

DISPOSICIONES TRANSITORIAS



Disposición transitoria primera. Amortización conjunta por microempresas.—Las microempresas que se acojan a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 21 de la Norma Foral del impuesto deberán aplicar la amortización conjunta a la totalidad de los elementos patrimoniales susceptibles de amortización conjunta que consten en su balance. No obstante, la amortización conjunta no afectará a los elementos patrimoniales respecto de los que, con anterioridad a la opción por la misma, el contribuyente hubiera aplicado los supuestos de libertad de amortización a que se refiere la disposición transitoria decimosexta de la Norma Foral del impuesto, de amortización acelerada a que hacen referencia el apartado 2 del artículo 21 de la Norma Foral del impuesto o el artículo 50 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, o de deducción de cuotas de los contratos de arrendamiento financiero a que se refieren el artículo 18 de la Norma Foral del impuesto o el artículo 116 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, que seguirán rigiéndose por esa regulación hasta su total amortización.


Disposición transitoria segunda. Exoneración de obligaciones de documentación en caso de arrendamientos, subarrendamientos y constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute sobre bienes inmuebles.—La aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 de este Reglamento para los contratos que se hubieran formalizado con anterioridad y estuvieran vigentes el día 1 de enero de 2010, se aplicarán las reglas establecidas en el citado precepto, si bien la fecha a la que deberá referirse la valoración del inmueble será el 1 de enero de 2010 para el primer período de cinco años.


Disposición transitoria tercera. Régimen de las entidades de tenencia de determinados valores.—1. No obstante lo dispuesto en el apartado 6 de la disposición adicional quinta de este Reglamento, los contribuyentes a los que hace referencia el apartado 1 de la disposición transitoria decimotercera de la Norma Foral del impuesto deberán presentar el escrito de renuncia a la aplicación del régimen de las entidades de tenencia de determinados valores en los cuatro primeros meses del primer período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2014.

2. Los contribuyentes que vinieran tributando hasta el último período impositivo iniciado antes del 1 de enero de 2014 siguiendo las reglas del régimen especial de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros en el Impuesto sobre Sociedades, y que no se acojan a la posibilidad de renunciar a la aplicación del régimen establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral del impuesto en los términos previstos en el apartado 1 de la disposición transitoria decimotercera de la misma, aplicarán lo dispuesto en la citada disposición adicional durante los períodos impositivos que concluyan en los cinco años inmediatos y sucesivos al 1 de enero de 2014. Si quieren renunciar a la aplicación del régimen establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral del impuesto deberán hacerlo según lo dispuesto en el apartado 6 de la disposición adicional quinta de este Reglamento.

3. Los contribuyentes a los que se refiere el apartado 1 anterior dejarán de aplicar el régimen establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral del impuesto en el primer período impositivo que se inicie a partir del 1 de enero de 2019.

No obstante, si desean continuar aplicando el régimen establecido en la mencionada disposición adicional en los períodos impositivos siguientes deberán presentar una solicitud para ello en los términos establecidos en el apartado 1 de la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral del impuesto y en la disposición adicional quinta de este Reglamento, en los seis meses anteriores a la finalización del último período impositivo a que resulte de aplicación el régimen transitorio establecido en la disposición transitoria decimotercera de la Norma Foral del impuesto. Una vez recibida la autorización a que se refieren los preceptos citados en el párrafo anterior y comenzado el primer período impositivo que se inicie a partir del 1 de enero de 2019, a los contribuyentes a que hace referencia este apartado les resultará de aplicación el régimen establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Norma Foral del impuesto en su totalidad, incluyendo lo dispuesto en el apartado 8 de la misma.

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