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DECRETO 40/2014, DE 21 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ATRIBUYE AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA POR LA COMISIÓN DE DETERMINADAS INFRACCIONES EN MATERIA DE EMPLEO Y DE SEGURIDAD SOCIAL TIPIFICADAS EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO, QUE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, Y SE DETERMINAN LOS ÓRGANOS COMPETENTES PARA SU EJERCICIO (BOCYL 162 DE 25)

La Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre ( RCL 2007, 2179 ) , de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León ( RCL 1983, 405 ) , determina en su artículo 32 que la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León gozará de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado, entre los que se comprenden la potestad de sanción dentro de los límites que establezca el ordenamiento jurídico.

La Ley 10/2003, de 8 de abril ( LCyL 2003, 223 ) , crea Servicio Público de Empleo de Castilla y León, como Organismo Autónomo con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para la realización, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de actividades de fomento del empleo, formación para el empleo, orientación e intermediación en el mercado de trabajo.

Por su parte, el artículo 48.6 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto ( RCL 2000, 1804 y 2136) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, dispone que el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social, cuando corresponda a la Administración de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de ejecución de la legislación del orden social, se ejercerá por los órganos y con los límites de distribución que determine cada Comunidad Autónoma.

Sobre este particular la Sentencia 104/2013, de 25 de abril ( RTC 2013, 104 ) , del Tribunal Constitucional, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 2095/2004, interpuesto por la Generalitat de Cataluña, reconoce dentro del ámbito de las competencias en materia de Seguridad Social asumidas por las Comunidades Autónomas, la competencia para la imposición de sanciones frente a las conductas tipificadas en los artículos 24.3 y 25.4 del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social.

La Comunidad de Castilla y León, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 71.3 y 76.1 de su Estatuto de Autonomía, tiene competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de Seguridad Social, exceptuando el régimen económico, y de ejecución en materia de empleo y relaciones laborales. En el ámbito de estas materias, el texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social tipifica una serie de conductas que inciden directamente en las actuaciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Resulta oportuno, por tanto, atribuir el ejercicio de la potestad sancionadora respecto a aquellas infracciones en materia de empleo y de Seguridad Social tipificadas en el texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social que inciden de modo directo en las funciones que desarrolla, al Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Todo ello conforme a la previsión del artículo 46 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el artículo 4, apartado 4 letra n) de la Ley 10/2003.

Por otra parte es preciso acometer una modificación parcial del Decreto 18/2012, de 3 de mayo ( LCyL 2012, 151 ) , por el que se atribuye la potestad sancionadora en materias que son competencia de la Consejería de Economía y Empleo puesto que la Ley 54/1997, de 27 de noviembre ( RCL 1997, 2821 ) , del Sector Eléctrico citada en el mismo ha sido derogada por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y debe añadirse además al ámbito sancionador de esta Consejería las infracciones tipificadas en la Ley 8/2013, de 26 de junio ( RCL 2013, 979 ) , de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.

Además, teniendo en consideración que la regulación del régimen sancionador que se prevé en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas establece sanciones de cuantías muy inferiores y sin homogeneidad alguna con las regulaciones del sector eléctrico y de hidrocarburos, procede dividir el artículo 4 del citado Decreto, incorporando un apartado específico, el segundo, relativo a los órganos competentes para resolver en esta última materia; todo ello en función de las cuantías de las sanciones a imponer.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Economía y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de agosto de 2014, Dispone:


Artículo 1. Objeto

Se atribuye al Servicio Público de Empleo de Castilla y León el ejercicio de la potestad sancionadora respecto a la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 17.1, 17.2, y 17.3 en los casos en que sea competencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y en los artículos 24.3 y 25.4 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto ( RCL 2000, 1804 y 2136) .


Artículo 2. Competencia para la incoación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones de los trabajadores por cuenta ajena y propia en materia de empleo

1. Será competente para incoar los procedimientos sancionadores por infracciones en materia de empleo de los trabajadores por cuenta propia y ajena, tipificadas en los artículos 17.1, 17.2, y 17.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000 ( RCL 2000, 1804 y 2136) , el Gerente Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León del que dependa la Oficina de Empleo en la que esté inscrito el responsable de la infracción.

2. La competencia para resolver los expedientes sancionadores corresponde al Gerente Provincial del Servicio Público de Empleo Castilla y León del que dependa la Oficina de Empleo en la que esté inscrito el responsable de la infracción, que podrá imponer las sanciones previstas en el artículo 47.2.a) y b) del Real Decreto Legislativo 5/2000.


Artículo 3. Incoación de los procedimientos sancionadores por infracciones de los trabajadores o asimilados, beneficiarios o solicitantes de prestaciones

Será competente para incoar el procedimiento sancionador por infracciones cometidas por los trabajadores o asimilados, beneficiarios o solicitantes de prestaciones, tipificadas en los artículos 24.3 y 25.4 del Real Decreto Legislativo 5/2000 ( RCL 2000, 1804 y 2136) , el Gerente Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León del que dependa la Oficina de Empleo en la que esté inscrito el responsable de la infracción.


Artículo 4. Resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones de trabajadores o asimilados, beneficiarios o solicitantes de prestaciones

Será competente para resolver el procedimiento sancionador por infracciones cometidas por los trabajadores o asimilados, beneficiarios o solicitantes de prestaciones, tipificadas en los artículos 24.3 y 25.4 del Real Decreto Legislativo 5/2000 ( RCL 2000, 1804 y 2136) , el Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que podrá imponer las sanciones leves y graves previstas en el artículo 47.1.a) y b) del mismo.


Artículo 5. Acumulación de infracciones

En los supuestos de acumulación de varias de estas infracciones en un solo procedimiento, será órgano competente para imponer la sanción por la totalidad de dichas infracciones, el que lo sea para imponer la de mayor cuantía, de conformidad con la atribución de competencias sancionadoras efectuada en los artículos anteriores.


Disposición Adicional Primera. Cambios legislativos

Cuando como consecuencia de modificaciones legales operadas en el Real Decreto Legislativo 5/2000 ( RCL 2000, 1804 y 2136) , cambie la numeración de los artículos del mismo citados en este Decreto, y que tipifican las infracciones cuya sanción corresponde al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la nueva numeración de los mismos sustituirá a aquella desde el mismo momento de la entrada en vigor de la modificación, sin perjuicio de la modificación de este Decreto.


Disposición Adicional Segunda. Normativa en materia de subvenciones

La referencia del artículo 2 de este Decreto a las infracciones tipificadas en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000 ( RCL 2000, 1804 y 2136) , y sus correspondientes sanciones, se entiende sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del régimen sancionador en materia de subvenciones que fuera aplicable.


Disposición Derogatoria. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.


Disposición Final Primera. Modificación Decreto 18/2012, de 3 de mayo ( LCyL 2012, 151 ) , por el que se atribuye la potestad sancionadora en materias que son competencia de la Consejería de Economía y Empleo

Uno.– Se modifica el artículo 1, apartado 1.º, letra b) que queda redactado de la siguiente manera:

«b) Energía, tipificadas en los artículos 64, 65 y 66 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los artículos 109 , 110 y 111 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre ( RCL 1998, 2472 y RCL 1999, 318) , del Sector de Hidrocarburos, y en la disposición adicional tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio ( RCL 2013, 979 ) , de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas».

Dos.– Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente manera:

«1.– Los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores en materia de energía, excepto en materia de certificación energética de edificios, serán los siguientes:

– El titular de la jefatura del Servicio Territorial competente por razón de la materia y dentro de su ámbito territorial para multa hasta 60.102 euros.

– El titular de la Delegación Territorial, dentro de su ámbito territorial, para multas superiores a 60.102 € y hasta 300.507 euros.

– El titular de la Dirección General competente en materia de energía, para multas superiores a 300.507 euros y hasta 400.000 euros.

– El titular de la Viceconsejería competente en materia de energía, para multas superiores a 400.000 euros y hasta 500.000 euros.

– El titular de la Consejería competente en materia de energía, para multas superiores a 500.000 euros y hasta 1.502.531 euros.

– La Junta de Castilla y León, para multas superiores a 1.502.531 euros.

2.– En materia de certificación energética de edificios, los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores, serán los siguientes:

– El titular de la jefatura del Servicio Territorial competente por razón de la materia y dentro de su ámbito territorial, para multas hasta 600 €.

– El titular de la Delegación Territorial, dentro de su ámbito territorial, para multas superiores a 600 euros, y hasta 1.000 €.

– El titular de la Dirección General competente en materia de energía, para multas superiores a 1.000 €.»

Tres.– Se añade una disposición adicional con el siguiente texto:

«Disposición Adicional. Competencias del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

En el caso de que se atribuya al Servicio Público de Empleo de Castilla y León la competencia para ejercitar la potestad sancionadora respecto a la comisión de alguna de las infracciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto ( RCL 2000, 1804 y 2136) , que aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, no será de aplicación a las mismas lo previsto en los artículo 1.4 y 10.1 de este Decreto respecto a la incoación y resolución de los expedientes sancionadores respectivamente».


Disposición Final Segunda. Entrada en vigor

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
 

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