Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Legislación
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Madrid 343/2012, de 7 de septiembre


 RESUMEN:

Lesiones causadas por porterio de discoteca: Responsabilidad civil subsidiaria de empresa para la que trabaja. Atenuación de la pena en atención a la escasa gravedad de los hechos. Dilaciones indebidas.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 11 DE MADRID

ROLLO DE APELACION N.º 403/2011

SENTENCIA 343/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION SEXTA

ILMOS. SRES.

MAGISTRADOS

D. PEDRO JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ PALACIOS

D. JOSE MANUEL FERNANDEZ PRIETO GONZALEZ

D. JULIAN ABAD CRESPO

==========================================================

En Madrid, a 7 de Septiembre de 2012.

VISTAS, en segunda instancia, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial de Madrid, las presentes Diligencias seguidas por el trámite de procedimiento abreviado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Rodrigo, contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n.º 11 de Madrid, de fecha 23 de Septiembre de 2011, en la causa citada al margen.

VISTO, siendo Ponente el Presidente de la Sección, Ilmo. Sr. D. PEDRO JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ PALACIOS, quién expresa el parecer de la Sala.


I.ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—La Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n.º 11 de Madrid, dictó sentencia, de fecha 23 de Septiembre de 2011, cuyo relato fáctico es el siguiente: " ÚNICO: Apreciando en conciencia la prueba practicada, se declara probado que el día 10 de septiembre de 2006, sobre las 05:00 horas, el acusado Rodrigo, mayor de edad y sin antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, en el exterior de la discoteca Marula Café, sita en la Calle Caños Viejos N.º 3 de Madrid, siendo éste portero del local y, motivado por una discusión previa, empujó de forma violenta a D. Carlos Francisco, que cayó al suelo golpeándose contra el bordillo. Por estos hechos, D. Carlos Francisco, sufrió lesiones consistentes en traumatismo facial, traumatismo craneoencefálico, herida inciso contusa sobre la ceja derecha de 2,5 cm, abundantes erosiones en hernicara izquierda y en cuello región derecha, inflamación en rodilla izquierda, inflamación en región anterior de hombro derecho, contusión en hombro derecho y dolor en muñeca derecha requirentes de primera asistencia facultativa y de tratamiento médico o quirúrgico consistente en valoración clínica inicial y estimación de medidas sintomáticas fundamentales, sutura de herida, indicación de hielo y Xumadol e Ibuprofeno, así como retirada de puntos. Las lesiones precisaron en curar 30 días, de los cuales 7 fueron impeditivos, constando como secuelas perjuicio estético, por persistencia de cicatriz supraciliar derecha de unos 1,8 cm de longitud, que correspondería a un valor de alrededor de 1 punto desde el estricto punto de vista médico forense dánsose en zona accesible a la vista social, identificable pero bien delimitada, sin alteraciones cromáticas y de aspecto similar a los pliegues cutáneos frontales".

Y cuyo fallo es: " Que debo condenar y condeno a Rodrigo, como autor responsable de un delito de lesiones previsto y penado en el art. 147.1 del C.P ., ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En cuanto a la responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a D. Carlos Francisco, en la cantidad de 2.560 euros por las lesiones y secuelas padecidas por el mismo, con los correspondientes intereses legales previstos en el artículo 576 de la LEC , siendo responsable civil subsidiario D. Benjamín, legal representante de " Marula Café Sociedad Civil ". Todo ello con condena en costas".

Segundo.—Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, por el Procurador D. Gabriel de Diego Quevedo, en representación de Rodrigo, condenado en la instancia, recurso de apelación, que basó en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido dicho recurso, se dio traslado del mismo a las demás partes personadas, siendo impugnado por el Ministerio Fiscal y la Procuradora Dña. María Ángeles Galdiz en representación de Carlos Francisco, remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia Provincial para su resolución.

Tercero.—En fecha de Diciembre de 2011 tuvo entrada en esta Sección Sexta el precedente recurso, formándose el correspondiente rollo de apelación y por providencia de fecha siguiente se señaló fecha para la deliberación y resolución del recurso, fijándose la audiencia del día 6 de Septiembre de 2012.

Cuarto.—SE ACEPTAN los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, en cuanto no se opongan a los presentes.


II.FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El ahora recurrente resultó condenado por la comisión de un delito de lesiones del art. 147.1 del Código Penal en la sentencia dictada en la instancia e impugna la misma, en primer lugar, en base a una errónea valoración de la prueba practicada. Y para fundamentar dicho motivo la parte efectúa una nueva valoración de la prueba practicada, en concreto: a) la declaración prestada por el perjudicado, que considera que incurre en contradicciones con lo manifestado ante la Policía y en la fase de instrucción, que no resulta verosímil e incurre en incredibilidad subjetiva; b) la declaración efectuada por el testigo Erasmo, cuya validez probatoria descarta al no ver los hechos e incurrir en contradicciones; c) la declaración del testigo Fulgencio, que no descarta que los hechos pudieran suceder como los relató el acusado y d) el informe médico forense pues en el mismo no se dice que las lesiones sean compatible con una caída a plomo del perjudicado. Igualmente analiza las pruebas que la parte considera de descargo como: a) la declaración del testigo Isaac, que resulta exculpatoria al considerar que la caída sufrida por la víctima fue accidenta; b) la declaración de la testigo Ana, que corrobora lo manifestado por el recurrente en el acto del juicio y d) la declaración del acusado, cuya valoración por la juzgadora de instancia se considera como arbitraria.

Segundo.—La pretensión sustentada por la parte recurrente en el motivo enunciado radica, como se ve, en sustituir la apreciación en conciencia de las pruebas practicadas por la juzgadora a quo que son premisa del fallo recurrido, por su propia y necesariamente interesada apreciación de la prueba, lo que no cabe admitir habida cuenta que las pruebas en el proceso penal están sometidas a la libre apreciación del tribunal conforme dispone el artículo 741 de la Ley procesal criminal, y el resultado de aquellas es el obtenido en el ejercicio de una facultad perteneciente a la potestad jurisdiccional que el artículo 117.3 de la Constitución Española atribuye en exclusividad a Jueces y Tribunales.

Tanto el Juez de instancia como el de apelación son libres para apreciar las pruebas en conciencia (STC 21 de diciembre de 1983) y, si bien es cierto, que el carácter absoluto de la apelación, como nuevo juicio, que permite la revisión completa pudiendo el Tribunal de apelación hacer una nueva valoración de la prueba, señalar un relato histórico distinto del reseñado en instancia, o rectificar el erróneo criterio jurídico mantenido por el Juez "a quo", sin embargo, es a éste, por razones de inmediación en su percepción, a quien aprovechan al máximo las pruebas practicadas en el acto del juicio.

Por eso, suele afirmarse que la fijación de los hechos llevada a cabo por la resolución recurrida ha de servir de punto de partida para el órgano de apelación y solo podrá rectificarse por:

1.º- inexactitud o manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba;

2.º- que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio. Y

3.º- Que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia.

Y en el caso que nos ocupa, no concurre ninguna de las circunstancias anteriormente expuestas, sino que la Juez de lo Penal ha valorado de forma correcta la prueba practicada en el acto del juicio oral tal y como ha quedado plasmado en la resolución que se recurre, en donde se analiza pormenorizadamente la prueba de cargo, constituida, fundamentalmente, por la declaración de la víctima, quien se ratificó en el acto del juicio en haber sido empujado violentamente por el acusado, cayendo al suelo y golpeándose contra el bordillo del mismo, y las declaraciones de los testigos Erasmo, quien pudo ver como su amigo "volaba" y caía al suelo con el rostro hacia el suelo y Fulgencio, quien vio como el acusado lanzaba a Carlos Francisco al exterior de la Discoteca, cayendo éste al suelo, y el informe médico forense, que consideró compatible las lesiones que presentaba el perjudicado con el desarrollo de los hechos denunciados por éste, y valorando igualmente la prueba de descargo, no considerando creíbles las manifestaciones prestadas por el ahora recurrente y los testigos Ana y Isaac por las contradicciones en que incurrieron y no ser compatible la forma en que explicaron las lesiones sufridas por la víctima con la etiología de las mismas.

Por tanto, la valoración de las pruebas efectuadas por la juzgadora de instancia resulta acorde con las practicadas en el acto del juicio, sin que las contradicciones que se denuncian en el recurso por parte de los testigos de cargo resulten relevantes para desvirtuar el fallo condenatorio, al tener la suficiente fuerza incriminatoria para sustentar el mismo, por lo que este primer motivo debe ser desestimado.

Tercero.—Igualmente se impugna en el recurso la falta de aplicación del art. 147.2 del Código Penal, que estima procedente tanto por los medios empleados como por el resultado producido y la estimación como muy cualificada de la atenuante de dilaciones indebidas, al haber transcurrido cuatro años y nueve meses desde que se interpuso la denuncia hasta la celebración del juicio.

Respecto a la primera de dichas cuestiones hay que señalar que la apreciación de una lesión de menor gravedad encajable en el art. 147.2 CP exige un juicio de proporcionalidad que atienda tanto al desvalor de la acción como al del resultado, siendo de aplicación en supuestos en que el medio empleado o el resultado producido evidencie una menor trascendencia objetiva y, por tanto, una disminución de la antijuridicidad reprochable. El legislador ha querido así obligar al juzgador a atemperar el rigor de la penalidad del precepto en aquellos supuestos donde el castigo podría considerarse como desproporcionado al reproche de antijuridicidad y culpabilidad. Y en el presente caso, donde del propio relato de hechos parece deducirse que no existió dolo directo sino eventual en la causación de las lesiones, que se debieron al golpearse la víctima con el bordillo como consecuencia del empujón que le propinó el acusado, y que tales lesiones no pueden estimarse como graves al tardar en curar treinta días, de los que únicamente siete fueron impeditivos, la aplicación del citado párrafo segundo parece las mas adecuada a las circunstancias del hecho enjuiciado y, por ello, el motivo ha de tener favorable acogida.

Cuarto.—Por último, y en relación a la pretensión de la aplicación al caso de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, que la parte fundamenta, sustancialmente, en haber transcurrido cuatro años y nueve meses desde que se interpuso la denuncia hasta la celebración del juicio, señalando los diversos intervalos de tiempo transcurridos en las diferentes actuaciones judiciales, hay que señalar que el derecho al proceso sin dilaciones viene configurado como la exigencia de que la duración de las actuaciones no exceda de lo prudencial, salvo que existan verdaderas razones que justifiquen tal retraso, y siempre que esas demoras tampoco se deban a la conducta procesal del propio acusado que las sufre, como en los supuestos de rebeldía, suspensiones del Juicio por él provocadas, etc., tal y como señala la STS de 30 de Marzo de 2010. Y en el caso presente, la principal tardanza operada en la causa, incoada por hechos sucedidos el 10 de Septiembre de 2006, ha sido debida al enjuiciamiento de la misma ya que tuvo su entrada en el Juzgado de lo Penal el día 1 de Octubre de 2009, celebrándose el juicio en fecha 27 de Junio de 2011, sin que puedan compartirse las razones aducidas por el órgano judicial para no considerar como dilación indebida la originada por las carga de trabajo que pesa sobre el mismo, pues, como señala el TC en sentencias 153/2005, de 6 de Junio, y 93/2008 de 21 Julio,. 2008, FJ 6, « la circunstancia de que las demoras en el proceso hayan sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales, o del abrumador trabajo que pesa sobre algunos de ellos, si bien pudiera eximir de responsabilidad a las personas que los integran, de ningún modo altera la conclusión del carácter injustificado del retraso ni limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a éste, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de aquel derecho (dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática) en función de circunstancias ajenas a los afectados por las dilaciones. Por el contrario es exigible que Jueces y Tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el Ordenamiento les encomienda ( STC 180/1996, de 16 de noviembre (sic) (LA LEY 120/1997), FJ 4). En este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado que el art. 6.1 [del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH)] obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable ( STEDH de 11 de marzo de 2004, caso Lenaerts contra Bélgica ) ».

Por tanto, el tiempo empleado en el enjuiciamiento de la causa no resulta razonable, y aunque no sea imputable el retraso en el señalamiento del juicio al Juzgado de lo Penal, debido al elevado número de causas pendientes de ello, a tenor de la Jurisprudencia antes aludida, lo cierto es que las causas estructurales no excluyen la aplicación de la atenuante, al tratarse de retrasos que objetivamente redundan en perjuicio del acusado, si bien no como muy cualificada, como se pretende en el recurso, ya que para ello la Sala Segunda del TS requiere la concurrencia de retrasos de intensidad extraordinarios, casos excepcionales y graves, cuando sea apreciable alguna excepcionalidad o intensidad especial en el retraso en la tramitación de la causa (SSTS de 3 de marzo y de 17 de marzo de 2009) o en casos extraordinarios de dilaciones verdaderamente clamorosas y que se sitúan muy fuera de lo corriente o de lo más frecuente, lo que no sucede en el caso.

Quinto.—Consecuentemente con lo resuelto en los anteriores fundamentos, y en atención a la aplicación al caso del apartado n.º 2 del art. 147, que sanciona el delito de lesiones con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, así como la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, se estima procedente, en razón a la naturaleza del delito cometido y ausencia de antecedentes penales en el acusado, la imposición de una pena de tres meses de prisión y accesorias correspondientes.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,


FALLAMOS


 
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Gabriel de Diego Quevedo, en representación de Rodrigo, contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n.º 11 de Madrid, de fecha 23 de Septiembre de 2011, REVOCAMOS parcialmente dicha resolución en el sentido de condenar al citado por un delito de lesiones del art. 147.2 del Código Penal, en lugar de por el número 1 del mismo, con la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de TRES MESES DE PRISION, con las mismas accesorias y demás pronunciamientos que se contienen en tal resolución, que confirmamos íntegramente, declarando de oficio las costas devengadas en esta alzada.

Con certificación de la presente resolución remítanse las actuaciones originales al Juzgado de lo Penal expresado.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de apelación, definitivamente juzgando, y contra la que no cabe recurso, la pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
 
III Congreso Internacional Compliance. El futuro Compliance
Ley it be
Rebajas
Webinar FCPA
 
Foros de formación