Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Legislación
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 
LEY 7/2015, DE 2 DE ABRIL, DE LA GENERALITAT, DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES REPRESENTATIVAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA (DOCV NÚM. 7501 DE 9)

BOE NÚM. 101 DE 28 

PREÁMBULO


 
    La Constitución Española (RCL 1978, 2836) reconoce el papel institucional de las organizaciones sindicales y empresariales configurándolas como uno de los pilares básicos de nuestro Estado social y democrático de derecho. En este sentido, las consagra en el artículo 7 como organizaciones básicas dentro del sistema político, refiriéndose a su participación en la vida económica y social para la defensa y promoción de los intereses que les son propios. De igual manera, el artículo 129.1 de la Constitución dispone la necesidad de establecer formas de participación en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general, lo que indudablemente determina la presencia activa de las organizaciones sindicales y empresariales en aquellos organismos.
 
     La mencionada participación institucional está igualmente reconocida en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (RCL 1982, 1821), que establece en su artículo 9.4 que la Generalitat promoverá la participación de los agentes económicos y sociales y del conjunto de la sociedad civil en los asuntos públicos. Este reconocimiento del papel institucional de las organizaciones empresariales y sindicales se enmarca en la línea de facilitar procesos de concertación y diálogo social con el objetivo de profundizar en la democracia, impulsar el desarrollo económico, la equidad social y el fortalecimiento de la sociedad civil en la Comunitat Valenciana. La interlocución de los agentes sociales en el marco de la participación institucional va más allá de la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y del empresariado. Se trata de tener en cuenta a los agentes sociales para la adopción de medidas que van a afectar al conjunto de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana.

    En este sentido, en nuestra comunidad existe una larga trayectoria de diálogo social y concertación que se inició en 1984 con el Programa económico valenciano (PEV I), que continuó con el PEV II (1988-1993), su ampliación del 1994, el PEV III (1994-1999), su adecuación en el AVEF en el 1996, los Pavace 1 y 2, suscritos para los períodos 2001-2006 y 2009-2013, respectivamente.
La relevancia de estas organizaciones genera la necesidad de regular su participación institucional de forma que, reconociendo la necesidad de fomentar el diálogo como factor ineludible de la cohesión social y el progreso económico, se establezcan las bases por las que se lleve a efecto, fijando reglas de juego objetivas, transparentes, eficaces y equitativas, así como los cometidos esenciales de aquella participación, la forma de organización, su funcionamiento y financiación.

    El artículo 9.2 de nuestra Constitución establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

    En este sentido, y en el marco del II Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo 2009-2013 (PAVACE), la Generalitat se fijó, como uno de los objetivos principales, la elaboración de una Ley de Participación Institucional que fijara el marco jurídico de la participación de las organizaciones sindicales y empresariales dada, por un lado, la dimensión de la interlocución y de la participación que estas organizaciones desempeñan en la defensa de los intereses que les son propios y, por otro lado, su contribución responsable al desarrollo económico y social junto al bienestar de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana.

    Por otra parte, se ha de destacar igualmente la acción social propia de interés general que desarrollan las organizaciones empresariales y sindicales, en numerosas ocasiones en colaboración o con el fomento de la Administración de la Generalitat. Por ello, la presente ley reconoce dicha labor y la incorpora como uno de los ejes sobre los que hacer pivotar la acción pública de la Generalitat.

    En consonancia con los anteriores planteamientos, se elabora la presente ley, que se estructura en tres capítulos con un total de doce artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria única con un anexo, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, y regula la determinación de los ámbitos y órganos de participación, el desarrollo de sistemas que garanticen la participación de los agentes económicos y sociales en función de los distintos grados de representatividad, asegurando el principio de no discriminación entre organizaciones y el establecimiento de un único sistema de compensación a los agentes económicos y sociales para facilitarles el desarrollo de las funciones de participación previstas en esta ley.

    Con esta ley se dota de seguridad jurídica al régimen de compensación económica y de ayudas por la participación y colaboración institucional, respectivamente, de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y de aquellas otras que cumplan los requisitos de cada convocatoria para la colaboración. En el primer caso, acudiendo al criterio de la representatividad, que pretende garantizar la actividad y funcionamiento básicos de dichas organizaciones, preservando y cumpliendo así el mandato constitucional de garantizar su sostenimiento; y en el caso de las ayudas a la colaboración institucional, valorándolas en función de la consecución de objetivos o resultados, con lo que se incentiva una actividad vinculada de manera especial a la empleabilidad, la formación, la igualdad de género en el trabajo, la conciliación de la vida familiar y laboral, y otros factores que enriquecen no solo el ámbito laboral y empresarial, sino también al conjunto de la sociedad.

    Por tanto, a través de esta ley se pretende dinamizar la actividad tanto en términos de participación en los órganos y entidades públicas de su ámbito de aplicación, como en lo que se refiere a su colaboración institucional a través de los incentivos a una acción social proactiva, socialmente comprometida y con resultados tangibles y transparentes para la sociedad. Con ello, además, se alcanzará una mayor racionalización de los recursos destinados a estas últimas actuaciones, así como la unificación y objetivación de los criterios de concesión de las ayudas, en la medida en que la financiación a obtener se liga a la consecución de los distintos objetivos establecidos, encaminados todos ellos a potenciar la incorporación de los demandantes de empleo al mercado de trabajo de la Comunitat Valenciana, y en general, al fomento de la empleabilidad y el emprendimiento.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

 
Artículo 1. Objeto
1. Es objeto de la presente ley la regulación del marco jurídico de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Comunitat Valenciana. También es objeto de esta ley la regulación del marco jurídico de la colaboración institucional en el mismo ámbito.
2. Se entiende por participación institucional, a los efectos de esta ley, la representación e intervención de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas intersectoriales en el sector público de la Generalitat valenciana con competencias en materia laboral, social, económica e industrial, que afecten a los intereses económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras y del empresariado.
Son competencias en materia laboral, social, económica, industrial y fomento del desarrollo económico las relativas a trabajo, empleo, industria, crédito público, formación profesional, economía social, políticas de igualdad, emigración e inmigración vinculada a su integración social e inserción laboral, y, en general, cualquier otra materia con relevancia laboral, social o económica.
3. Se considera como colaboración institucional el desarrollo, por parte de las organizaciones sindicales y empresariales, de la acción social y económica propia de interés general, cuyos objetivos tiendan al cumplimiento de finalidades de interés público. Especialmente se fomentarán las actuaciones sectoriales e intersectoriales en la mejora del empleo y su calidad y dignidad, la dinamización empresarial e industrial y la preservación del estado del bienestar.


Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El régimen de la participación y colaboración institucionales regulado en la presente ley será de aplicación en relación con el sector público de la Generalitat valenciana y que tengan atribuidas las competencias señaladas en el apartado 2 del artículo anterior o que realicen las actividades de fomento a que se refiere su apartado 3.
2. A los efectos de esta ley, integran el sector público de la Generalitat valenciana la administración de la Generalitat y el sector público instrumental de la Generalitat contemplados en los apartados a y b del artículo 2.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero (LCV 2015, 49), de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.
3. Se regirán por su normativa específica:
a) Los órganos sectoriales de participación o negociación colectiva en el ámbito del empleo público.
b) Los procesos de negociación de convenios colectivos laborales.
c) El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.


Artículo 3. Criterios de representatividad en el ámbito de la participación institucional
1. La representatividad de las organizaciones sindicales y empresariales a la que se refiere esta ley se regirá por lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto (RCL 1985, 1980), de Libertad Sindical, y en la disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (RCL 1995, 997), por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. Para la determinación específica del número de representantes de estas organizaciones en los órganos y entidades del ámbito de aplicación de la presente ley, se aplicará el criterio de representatividad en el ámbito autonómico y de paridad entre las representaciones sindicales y empresariales.
3. La designación y cese de las personas representantes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas se realizará en conformidad con las propuestas formuladas por estas organizaciones a través de sus órganos de dirección competentes, y se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 2 de abril (LCV 2003, 120), de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (RCL 2007, 586), para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO II
Del contenido de la participación institucional y de los derechos y deberes de los sujetos participantes
 

Artículo 4. Contenido de la participación institucional
La participación institucional se hará efectiva a través de la presencia de la representación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en comisiones, consejos u otros órganos colegiados semejantes de dirección, participación, consultivos o de asesoramiento, o en mesas o foros específicos de negociación o concertación socioeconómica, de acuerdo con las previsiones que se determinen en la normativa reguladora o de creación de cada órgano o entidad.
En cualquier caso, se asegurará que la representación de las organizaciones sindicales y empresariales será paritaria.


Artículo 5. Derechos y deberes en el ejercicio de la participación institucional
1. La representación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los órganos y entidades del ámbito de aplicación de la presente ley llevará a cabo sus tareas de participación institucional de acuerdo con los principios de buena fe negociadora, lealtad institucional y confianza legítima.
2. Los sujetos participantes tienen atribuidos, en el ejercicio de su labor institucional, sin perjuicio de las facultades y competencias de los órganos normativamente previstas, los siguientes derechos:
a) Conocer los anteproyectos de ley o los proyectos de normas reglamentarias de desarrollo de normas legales.
b) Recibir información de las medidas y los planes de carácter sectorial e intersectorial que se elaboren, a fin de poder hacer aportaciones y proponer modificaciones sobre estas iniciativas.
c) Proponer y participar en la elaboración de criterios, directrices y líneas generales de actuación.
d) Proponer al Consell, a través de la conselleria competente por razón de la materia, propuestas de elaboración de normas legales y reglamentarias, así como propuestas de realización de actuaciones dirigidas a facilitar el desarrollo efectivo de las tareas propias del órgano que se relaciona directamente con la propuesta.
e) Recibir las compensaciones económicas reconocidas en esta ley.
3. En el ejercicio de su labor institucional, los sujetos participantes tienen, además de los que especialmente se prevean en la normativa reguladora de los órganos en que se integren, los siguientes deberes:
a) Asistir a las reuniones de los órganos de participación institucional en los que la organización sindical o empresarial a la que se pertenecen tenga reconocida por el ordenamiento jurídico su presencia.
b) Custodiar los documentos a los que tengan acceso por razón del ejercicio del derecho de participación institucional.
c) Guardar la confidencialidad debida sobre las deliberaciones producidas en los órganos de participación y no utilizar la información obtenida en las reuniones de estos órganos que haya sido declarada reservada, para fines distintos de los que se hayan sometido a consideración.

CAPÍTULO III
Del fomento de la participación y colaboración institucionales
 

Artículo 6. Consignaciones presupuestarias
La Administración de la Generalitat consignará en sus presupuestos anuales partidas destinadas a fomentar adecuadamente la participación y colaboración institucionales de las organizaciones sindicales y empresariales, en los términos expresados en el artículo 1 de la presente ley. Las citadas partidas deberán reflejar expresamente dicha finalidad, y serán distribuidas, asignadas y gestionadas en los términos y condiciones de la presente ley y de su normativa de desarrollo.


Artículo 7. Distribución del presupuesto total de la Generalitat destinado a la participación y colaboración institucionales
1. El importe total de las partidas presupuestarias de las consellerias o entidades de la Generalitat que se destine a la participación y colaboración institucionales en cada ejercicio deberá responder a la siguiente distribución:
a) A la compensación económica adecuada y suficiente a los costes derivados del ejercicio de la participación institucional.
b) A las compensaciones económicas y subvenciones a la colaboración en desarrollo de esta ley.
2. Corresponderá a la conselleria competente en materia de hacienda la coordinación y control del cumplimiento de lo dispuesto en el anterior apartado.


Artículo 8. Compensación económica por la participación institucional
1. Se reconoce a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, incluidas en el ámbito de esta ley, el derecho a percibir una compensación económica por su participación institucional, que se distribuirá entre las mismas.
El importe de las compensaciones económicas por la participación institucional se establecerá en las leyes de presupuestos anuales de la Generalitat. Reglamentariamente se determinará el régimen de concesión de las citadas compensaciones económicas que en todo caso tendrán la consideración de subvenciones nominativas directas.
2. La asistencia de las personas representantes de las organizaciones sindicales y empresariales con participación institucional a las reuniones derivadas de dicho ejercicio será a título gratuito, sin derecho alguno a retribuciones o indemnizaciones por razón de su actividad.


Artículo 9. Régimen general de las subvenciones a la colaboración institucional
El procedimiento de concesión de subvenciones a la colaboración institucional se tramitará preferentemente en régimen de concurrencia competitiva.


Artículo 10. Criterios de valoración y justificación de las subvenciones a la colaboración institucional
1. Las subvenciones a la colaboración institucional atenderán al desarrollo de planes, programas o actuaciones de políticas activas de empleo, de igualdad de género en el empleo, de integración laboral y social de las personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales o medioambientales y, en general, las que impulsen la actividad económica y sociolaboral.
En las relativas a empleo y formación, se valorará el nivel de inserción laboral de las actuaciones.
Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán objetivos, requisitos o indicadores mínimos de cumplimiento de los criterios reglamentarios que, de no alcanzarse por una o más organizaciones, determinen la no atribución a las mismas de la parte de subvención correspondiente al criterio en concreto al que se refieran. Por el mero hecho de no asignarse a una organización dicha parte, no acrecerán las asignaciones del resto de organizaciones, pudiendo, por tanto, la partida o partidas presupuestarias no ser ejecutadas en su integridad en tales supuestos.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el siguiente artículo y en la disposición adicional segunda de esta ley, y del resto de requisitos y condiciones que puedan establecerse legal o reglamentariamente o en las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones, las organizaciones sindicales y empresariales beneficiarias de las mismas deberán aportar, en la documentación justificativa del cumplimiento de condiciones y objetivos, también sus últimas cuentas anuales aprobadas.


Artículo 11. Justificación y control
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos o instituciones, las organizaciones sindicales y empresariales receptoras de las compensaciones económicas o beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente capítulo estarán sometidas al control económico y financiero de sus actividades, por parte de la Intervención General de la Generalitat y de la Sindicatura de Comptes, para lo cual habrán de prestar la colaboración necesaria y aportar toda la información que les sea requerida en el ejercicio de las referidas actividades.


Artículo 12. Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana
Se crea la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana como órgano colegiado sin personalidad jurídica, de participación institucional permanente, su carácter será tripartito y paritario y constituido por representantes del Consell y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
La Mesa de Diálogo Social impulsará la concertación y la coordinación socioeconómica y la participación institucional en los términos recogidos en la presente ley.
Su composición y régimen de funcionamiento serán objeto de desarrollo reglamentario, respetándose en todo caso la paridad de sus miembros y lo dispuesto en la legislación valenciana en materia de órganos colegiados sin personalidad jurídica diferenciada.

DISPOSICIONES ADICIONALES

 
Primera. Participación institucional de las organizaciones o instituciones representativas de intereses sectorialesLa participación institucional recogida en la presente ley, que corresponde a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, se realizará sin menoscabo de la función de asesoramiento que corresponde a otras organizaciones e instituciones de carácter socioeconómico presentes en determinados órganos de la Administración de la Generalitat.
Las organizaciones representativas de la economía social y de los trabajadores autónomos, participarán en los órganos y entidades de la administración de la Generalitat cuyas competencias afecten directamente a los respectivos intereses de la economía social y del trabajo autónomo.


Segunda. Transparencia y gobernanza de la participación y colaboración institucionales
Las organizaciones empresariales y sindicales del ámbito de aplicación de esta ley, además de las obligaciones de justificación de los fondos recibidos con arreglo a la normativa contenida en las bases reguladoras, deberán dar publicidad de las actividades realizadas y que hayan sido financiadas con fondos públicos. A tal efecto, dicha publicidad comprenderá la publicación en sus páginas web de la información financiera que refleje el origen y destino de los fondos percibidos y la información de las actividades referidas al destino otorgado a los mismos en concepto de colaboración institucional regulados en esta ley.


Tercera. Otros regímenes de ayudas
Se exceptúan del régimen de ayudas a la participación institucional y colaboración institucional establecido en la presente ley, aquellas que se establezcan por el Consell anualmente, en el marco de referencia de los procesos de elección de representantes de los trabajadores y empleados públicos, de conformidad con la Ley orgánica de libertad sindical, el título II del Texto refundido del Estatuto de los trabajadores y el título XI de la Ley 10/2010 de 9 de julio (LCV 2010, 330), de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
 

Única. De la modificación y reordenación de la Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015 (LCV 2014, 400)
Se modifican las consignaciones presupuestarias de la Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015, cuyos beneficiarios son las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana, mediante la supresión, modificación y nueva creación de líneas presupuestarias en la forma que se contiene en el anexo de la presente ley.
Con la entrada en vigor de esta ley se realizarán las operaciones presupuestarias y contables que procedan para garantizar la disponibilidad de los créditos en el ejercicio 2015.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
 
Única. Derogación normativa
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo que se dispone en la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES
 
Primera. Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. No obstante, el primer ejercicio presupuestario de aplicación de lo dispuesto en su capítulo III será 2015.

Segunda. Desarrollo reglamentarioSe autoriza al Consell para que, en el plazo de seis meses desde la publicación de la presente ley, apruebe su desarrollo reglamentario.
 
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
 
Ebooks desde 3
Tarifa Plana
Publicaciones Compliance Norma UNE
Aranzadi Fusion empresa
 
Webinar precios de transferencia