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DECRETO 33/2015, DE 15 DE MAYO, DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL ENERGÉTICO DE LAS ILLES BALEARS (BOIB NÚM. 73 DE 16)
 

    El artículo 30.35 del Estatuto de Autonomía, según la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero (RCL 2007, 417, 658, 1410) , de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de la comunidad autónoma y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma, respetando lo establecido en el número 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución (RCL 1978, 2836) .

    El actual modelo energético, basado en los combustibles fósiles, es la principal causa del fenómeno del cambio climático. El aumento de la temperatura media de la tierra asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2 y otros, pone en peligro la composición, la capacidad de recuperación y la productividad de los ecosistemas naturales; el desarrollo económico y social, y la salud y el bienestar de las personas.
La comunidad científica identifica el aumento de las temperaturas medias, la reducción de las precipitaciones, el incremento de las sequías, el aumento del riesgo de incendios y la pérdida de potencial agrícola y forestal como los principales efectos del cambio climático. La región mediterránea se considera una de las áreas más vulnerables de Europa frente al cambio climático.

    La Unión Europea, signataria del Protocolo de Kyoto, ha establecido recientemente sus objetivos para el horizonte 2030 en materia de clima y energía para hacer frente al cambio climático. Se destacan aquí los dos primeros:
• Un objetivo vinculante de reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo del nivel de 1990.
• Un objetivo vinculante en materia de energías renovables a nivel de la Unión Europea de alcanzar como mínimo el 27 % de energías renovables en 2030

   El Estado español está comprometido a luchar contra el cambio climático mediante la ratificación del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y del Protocolo de Kyoto. En este sentido, la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, Horizonte 2007-2012-2020, aprobada en 2007, determina que las comunidades autónomas son clave para poner en marcha medidas para la reducción de las emisiones a través de estrategias autonómicas, puesto que muchas de las medidas que se deben llevar a cabo corresponden al ámbito competencial autonómico.

    En la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la Comisión Interdepartamental sobre el Cambio Climático aprobó el 8 de abril de 2013 la Estrategia Balear de Cambio Climático, que incluye el Plan de Acción de Mitigación del Cambio Climático 2013-2020, para dar continuidad y actualizar los objetivos de la primera Estrategia Balear de Lucha contra el Cambio Climático (2005) y el Plan de Acción para la Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012.

    El único camino posible para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones fijados por las administraciones es el desarrollo de un modelo energético más sostenible, que debe estar marcado por la participación creciente de las energías renovables y el desarrollo progresivo de un modelo de generación eléctrica distribuida, en el que la penetración progresiva del vehículo eléctrico debe jugar un papel fundamental en el desarrollo de las redes energéticas inteligentes, conocidas como smart grids.

    El proceso de implantación de las energías renovables en España durante los últimos años ha sido muy importante y varias tecnologías han ido alcanzando una madurez tecnológica suficiente, especialmente en el campo de la producción de energía eléctrica, para conseguir una cuota de participación significativa en el mix energético. Así, los datos de cobertura de la demanda eléctrica indican que en el año 2014 el 27,4 % de la energía eléctrica producida en el sistema eléctrico peninsular es de origen eólico y solar.

   En las Illes Balears, sin embargo, la participación de las energías renovables es mucho menor: sobre el total de la producción eléctrica, la aportación de las energías renovables no llega al 3 %. Este dato sitúa nuestra comunidad como una de las que menos penetración de energías renovables presenta.

    Ante la necesidad de fomentar las energías renovables, la Dirección General de Industria y Energía elaboró ​​en 2013 el documento «Energías renovables y eficiencia energética en las Illes Balears: estrategias y líneas de actuación» con el objetivo de definir las actuaciones más convenientes en este campo. En el documento se identifican una serie de factores que condicionan o limitan un mayor desarrollo de este tipo de energía en las Islas. Uno de ellos es la falta de planificación territorial específica para las instalaciones de energías renovables, por lo que se establece que es necesaria la modificación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears (PDSEIB) en relación con las energías renovables.

    El PDSEIB, aprobado en 2001 y revisado en 2005, establece los planes de actuación para la energía eléctrica, el gas natural, las energías renovables y la eficiencia energética. Aunque se fijan unos objetivos para las energías renovables, el grueso del Plan se dirige a las actuaciones en materia de energía eléctrica y gas natural, con operaciones de gran entidad como la conexión con la red eléctrica peninsular mediante cable submarino y la llegada del gas natural a través de un gasoducto submarino. El Plan no contiene, sin embargo, ninguna directriz en cuanto a la planificación territorial de las instalaciones destinadas a la producción de energías renovables.

    Con estos antecedentes, la Consejería de Economía y Competitividad ha elaborado la modificación del PDSEIB relativa a la ordenación territorial de las energías renovables de acuerdo con los requerimientos y los procedimientos que exige la normativa vigente en materia de ordenación del territorio y de medio ambiente. La elaboración de la modificación del PDSEIB con el fin de que tenga una perspectiva social amplia, se ha basado en un doble proceso participativo, que ha permitido, por un lado, la intervención activa de los técnicos y el personal de la Administración promotora y, por el otro, la intervención de los agentes sociales, ambientales y económicos interesados ​​en el ámbito energético de las Illes Balears y que están representados en el Consejo Asesor de la Energía. De esta forma se ha procurado lograr un documento participativo, transparente y concurrente, elaborado con principios democráticos de participación, con el fin de aportar pluralidad, legitimidad y objetividad al Plan.

    El objetivo último de este decreto es incrementar la producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables en las Illes Balears para cumplir las previsiones autonómicas, estatales y europeas en cuanto a energías renovables y de reducción de emisiones de CO2. Por ello, la normativa se centra en las tecnologías que hoy se consideran maduras y capaces de participar de forma significativa en el sistema de producción eléctrica: la fotovoltaica y la eólica. El resto de tecnologías, como la biomasa, deberán ser objeto de una planificación específica en su momento.

    La normativa que se incorpora al PDSEIB aclara las posibilidades de instalación de energías renovables en función de sus características y ubicación. Se elimina así la incertidumbre a la que se enfrentan actualmente los agentes que intervienen en los procesos de autorización, y se aporta seguridad jurídica a este campo.

    Para que el desarrollo de las energías renovables en las Illes Balears se lleve a cabo de forma que no afecte negativamente al territorio ni al paisaje de la isla, que son activos fundamentales del modelo económico insular, la modificación del PDSEIB incluye un mapa de aptitud territorial para acoger instalaciones de energías renovables combinando las posibilidades técnicas y de recursos naturales con los criterios paisajísticos y medioambientales.

    El objetivo es que en las zonas que se definan como más aptas el proceso de tramitación de las instalaciones sea más sencillo y con más posibilidad de prosperar, dado que ya se habrán descartado aquellas zonas más sensibles en términos de protección de riesgos ambientales, espacios naturales protegidos, hábitats, fauna, conectividad ecológica, paisaje, cubiertas del suelo, ruido y planeamiento territorial vigente, entre otros.

    En esta línea, en el caso de las instalaciones fotovoltaicas se favorece la utilización de las cubiertas de las edificaciones y las instalaciones pequeñas, mientras que el desarrollo de grandes parques fotovoltaicos estará sujeto a procesos administrativos con la participación de los agentes interesados, que deberán velar porque estas infraestructuras no afecten negativamente el entorno y la capacidad de producción agrícola del territorio. En cuanto a la energía eólica, se fomentan las instalaciones microeólicas en espacios urbanos, así como los aerogeneradores de pequeña potencia; mientras que se preservan la sierra de Tramuntana y otros entornos singulares del desarrollo de los parques eólicos de una cierta entidad.

    La normativa incluye también el conjunto de medidas y condicionantes ambientales que deberán satisfacer las nuevas instalaciones en función de sus características y ubicación prevista.

    La modificación del PDESIB que se aprueba con este decreto consiste en la incorporación al texto actual del capítulo VIII, de ordenación territorial de las energías renovables, que se estructura en cuatro secciones y dos anexos.

    La sección 1.ª, de consideraciones generales, contiene el objeto de la modificación del PDSEIB, la previsión de revisión del Plan y define las zonas de aptitud ambiental y territorial establecidas.

    En la sección 2.ª, de instalaciones fotovoltaicas, se definen y clasifican las instalaciones fotovoltaicas objeto de ordenación y se establece su regulación según el tipo de instalación, si se trata de instalaciones sobre cubierta o integradas en la edificación o de instalaciones sobre el terreno —en suelo urbano y urbanizable o en suelo rústico—, y en la zona de aptitud ambiental y territorial.

    En la sección 3.ª, de instalaciones eólicas, se definen y clasifican estas instalaciones y se establece la regulación según el tipo de instalación en las zonas de aptitud ambiental y territorial en suelo rústico. Asimismo, se incluye el fomento de las instalaciones microeólicas en espacios urbanos.

    En la sección 4.ª, de declaración de utilidad pública energética e interés general, se establecen condicionantes ambientales para los procedimientos de declaración de utilidad pública previstos en la Ley 13/2012 (LIB 2012, 286) y de interés general.

    El anexo F contiene las medidas y los condicionantes ambientales para la implantación de instalaciones, y el anexo G, los planos de ordenación territorial de las energías renovables.

    Finalmente, se incorporan tres disposiciones adicionales que hacen referencia, respectivamente, a la aplicabilidad del Plan a otras instalaciones de aprovechamiento directo de la energía solar, a la posibilidad de mejorar o ampliar el parque eólico de Es Milà y a la autosuficiencia energética en las instalaciones agrarias.

    Por todo ello, a propuesta del consejero de Economía y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 15 de mayo de 2015, decreto:



Artículo único. Aprobación de la modificación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears

Se aprueba definitivamente la modificación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, aprobado por el Decreto 96/2005, de 23 de septiembre (LIB 2005, 278, 352) , de aprobación definitiva de la revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, consistente en la incorporación del capítulo VIII, de ordenación territorial de las energías renovables, y de las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, que se adjuntan como anexo a este decreto.

Disposición Final única.Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.




ANEXO
Modificación del PDSEIB relativa a la ordenación territorial de las energías renovables

Capítulo VIII
Ordenación territorial de las energías renovables

Sección 1.ª Consideraciones generales

 

Artículo 31
Objeto
El objeto de este capítulo es definir la ordenación territorial de las energías renovables en las Illes Balears por medio del establecimiento de las zonas de aptitud ambiental y territorial para la implantación de instalaciones de energía solar fotovoltaica (en adelante, fotovoltaicas) y de energía eólica terrestre (en adelante, eólicas) fomentando un modelo energético distribuido y sostenible, e incorporando medidas preventivas y correctoras de los posibles impactos ambientales y paisajísticos.

Artículo 32
Revisión del Plan
Las determinaciones establecidas en este capítulo serán vigentes mientras la aportación energética de las instalaciones de energías renovables del sistema eléctrico balear sea inferior al 27 % del total de la demanda del sistema. La superación del límite indicado supondrá la necesidad de revisar este plan director.

Artículo 33
Zonas de aptitud ambiental y territorial. Definiciones
Quedan establecidas cuatro zonas de aptitud ambiental y territorial para la implantación de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, las cuales se han obtenido a partir de la aplicación de un análisis técnico multicriterio de las características del territorio para cada tipo de instalación. Se definen las siguientes zonas:
1. Zona de aptitud alta: está formada por aquellos suelos de mayor aptitud ambiental y territorial para acoger las instalaciones y, por lo tanto, que se consideran prioritarios para implantarlas.
2. Zona de aptitud media: está formada por suelos con menos aptitud que los de la zona anterior, dado que se identifican características ambientales o territoriales que suponen alguna limitación, no crítica, para implantar estas instalaciones.
3. Zona de aptitud baja: está formada por suelos de menor aptitud que las dos zonas anteriores, dado que confluyen un mayor número de características ambientales o territoriales que suponen alguna limitación, no crítica, para implantar estas instalaciones. También queda incluida en esta zona la franja de 500 metros en torno a los espacios de relevancia ambiental.
4. Zona de exclusión. Está formada por:
— Los espacios naturales protegidos: parque nacional, parques naturales, reservas, monumentos naturales y zona de exclusión y zona de uso limitado del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana.
— Las áreas de alto nivel de protección establecidas por los PTI (excepto la zona de uso compatible y uso general del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana).
— El núcleo de la Reserva de la Biosfera de Menorca.
— Los lugares de la Red Natura 2000 (LIC/ZEC y ZEPA).
— Las zonas húmedas y las zonas Ramsar.
— Los encinares protegidos.
En el caso de la aptitud para instalaciones fotovoltaicas también quedan incluidas en esta zona las áreas naturales de especial interés (ANEI) y las áreas rurales de interés paisajístico (ARIP) definidas por la Ley 1/1991, de 30 de enero (LIB 1991, 37) , de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears, y recogidas en el planeamiento territorial y urbanístico vigente.
En el caso de la aptitud para instalaciones eólicas, sin perjuicio de lo que establece el artículo 38 de estas normas, también quedan incluidos en esta zona:
— Una franja de 1 km en torno a las zonas húmedas y zonas Ramsar.
— La zona de la península de Cap Roig, en Ibiza, enclave de gran interés para la protección de la avifauna.
— La unidad paisajística del Pla de Sant Mateu, Pla de Gelabert y Pla de Corona, por su interés patrimonial y paisajístico.
— La zona norte de Ferreries, en Menorca, por sus especiales valores naturales y paisajísticos.
— Las áreas de transición definidas y delimitadas por los PTI.
— Los terrenos situados a una distancia igual o inferior a 1 km en torno a asentamientos y núcleos urbanos.
— Los suelos urbanos y urbanizables.
Los nuevos espacios o áreas de alguna de las categorías anteriores que se puedan aprobar de acuerdo con la normativa sectorial ambiental y territorial pasan automáticamente y con carácter general a formar parte de la zona de exclusión. Asimismo, los nuevos suelos urbanos y urbanizables y las áreas de transición que pueda definir el planeamiento territorial o urbanístico pasan automáticamente y con carácter general a formar parte de la zona de exclusión para instalaciones eólicas diferentes a las de tipo A definidas en el artículo 37.2.
Los bienes de interés cultural y bienes catalogados y sus entornos de protección, y los árboles singulares declarados como tales por la normativa vigente se consideran incluidos en la zona de exclusión con carácter general.
En los ámbitos de intervención paisajística definidos y delimitados por el PTI de Mallorca, estén en la zona de aptitud que estén, se tienen que respetar los objetivos, los principios rectores, las directrices de ordenación, las determinaciones y las medidas de adecuación que establece el PTI. En cualquier caso, la implantación de instalaciones de energías renovables debe atenerse a lo que establezcan los planes especiales de ordenación de estos espacios vigentes.
El ámbito de cada zona es el delimitado en los planos de ordenación del anexo G.
En cualquier caso, en el ámbito de proyectos y a nivel de detalle, se estará a la normativa aplicable de protección y zonas de servidumbre en relación con los cursos hídricos y el riesgo de inundación (se estará en cualquier caso a lo que establezca la normativa del Plan Hidrológico de las Illes Balears vigente); las redes viaria, ferroviaria y eléctrica; las servidumbres aeronáuticas y zonas declaradas de interés para la defensa nacional, emergencias y autoprotección; así como a lo que establezcan los planes sectoriales vigentes con respecto a usos e instalaciones existentes o previstas en suelo rústico, que prevalecen por encima de la zonificación de aptitud territorial y ambiental establecida por este Plan Director. Los tres aeropuertos de las Illes Balears se han incluido directamente en los planos de ordenación como zonas de exclusión.


Sección 2. Instalaciones fotovoltaicas 

Artículo 34
 Definiciones y clasificación de las instalaciones fotovoltaicas
34.1. Definiciones
Se entiende por instalación solar fotovoltaica aquella instalación de producción de energía eléctrica que únicamente utilice la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica.
Se entiende por potencia instalada de una instalación la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.
Se entiende por ocupación territorial de una instalación fotovoltaica la superficie de terreno ocupada por esta y definida por la poligonal que la circunscribe, con exclusión de los tendidos y de los posibles elementos de almacenamiento y de distribución de la energía eléctrica producida.
34.2. Clasificación de las instalaciones fotovoltaicas
1. A efectos de las regulaciones de este plan se distingue entre instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta o integradas en la edificación, e instalaciones sobre el terreno.
2. Las instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica sobre el terreno se clasifican en:
— Instalaciones de tipo A: aquellas con una ocupación territorial inferior a 0,3 ha y potencia no superior a 100 kW. En el caso de Ibiza y Formentera forman parte de esta categoría las instalaciones con una ocupación territorial inferior a 0,15 ha y potencia no superior a 100 kW.
— Instalaciones de tipo B: aquellas con una ocupación territorial inferior a 1 ha y potencia no superior a 500 kW, y que no son del tipo A.
— Instalaciones de tipo C: aquellas con una ocupación territorial inferior o igual en 4 ha, y que no son del tipo A, ni tipo B.
— Instalaciones de tipo D: aquellas con una ocupación territorial superior a 4 ha.

Artículo 35
Instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta o integradas en la edificación
1. Se permitirá la implantación de instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta o de forma integrada en cualquier edificación tanto en suelos urbanos y urbanizables como rústicos y rústico protegido, en este último solo para autoconsumo. También se permitirán en las construcciones dedicadas a dotaciones, sistemas generales y equipamiento y las vinculadas a actividades turísticas, industriales, comerciales y a la actividad agraria o complementaria en suelo rústico.
Los instrumentos de planeamiento urbanístico general tendrán que incluir determinaciones destinadas al fomento y la implementación de las instalaciones fotovoltaicas en las edificaciones.
2. En caso de que la normativa urbanística no permita la instalación total o parcial de sistemas fotovoltaicos en la cubierta o integrados en la edificación, los ayuntamientos tendrán que permitir la ubicación de la instalación fotovoltaica de potencia máxima equivalente a la que se hubiera podido instalar sobre cubierta sobre los terrenos donde se encuentra la edificación afectada, que tendrá con carácter general —excepto en lo que corresponde a la tramitación de evaluación de impacto ambiental— la consideración de instalación sobre cubierta.
3. En los programas de ayudas y de subvenciones públicas para el fomento de las energías renovables en las Illes Balears las instalaciones referidas en este artículo tendrán la consideración de prioritarias

Artículo 36
Instalaciones fotovoltaicas sobre el terreno
36.1. En suelo urbano y urbanizable
La implantación de instalaciones fotovoltaicas sobre el terreno en suelo urbano y urbanizable se regirá por la normativa urbanística de aplicación en cada caso.
Las instalaciones fotovoltaicas sobre el terreno en suelo urbano y urbanizable se podrán admitir con carácter provisional siempre que no estén expresamente prohibidas por el planeamiento urbanístico, ni puedan dificultar su ejecución, y siempre que se justifique su necesidad y el carácter no permanente, vistas sus características técnicas o la temporalidad de su régimen de titularidad o explotación.
36.2. En zonas de aptitud alta y media en suelo rústico
1. Las instalaciones de tipo A que se ubiquen en zonas definidas de aptitud alta o media en el mapa de aptitud para las instalaciones de producción de energía solar fotovoltaica del anexo G tienen la consideración de uso admitido, y se permite su desarrollo con las limitaciones establecidas en el párrafo siguiente con la finalidad de evitar la concentración de instalaciones, las medidas establecidas en el anexo F para la prevención o reducción o de los probables efectos negativos significativos y las limitaciones establecidas por la normativa sectorial de aplicación.
2. Las instalaciones de tipo A mayores de 10 kW tendrán que respetar una distancia mínima de 300 m con respecto a cualquier otra instalación fotovoltaica sobre el terreno de más de 10 kW, a menos que se tramiten de acuerdo con lo establecido en el siguiente párrafo.
3. El desarrollo del resto de instalaciones queda condicionado a la obtención de la declaración de interés general o de utilidad pública de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso.
4. A efectos de lo establecido en este plan director se pueden considerar instalaciones independientes aquellas que se sitúan en una misma parcela catastral siempre que se respete una separación mínima de 300 m entre ellas, que la ocupación territorial del conjunto de las instalaciones no supere el 10 % de la superficie de la parcela y que la tramitación de las instalaciones sucesivas se inicie con una diferencia mínima de 2 años desde la puesta en servicio de la anterior.
5. Las instalaciones de tipo D se deberán tramitar en cualquier caso por vía de la declaración de interés general. Estas instalaciones se deberán situar o bien en espacios degradados (espacios denudados, canteras abandonadas, vertederos para restaurar y espacios no agrícolas ya transformados por actividades antrópicas en desuso) o en terrenos de baja productividad agrícola o bien integrados de forma efectiva en la actividad agraria, de acuerdo con la legislación agraria vigente.
6. En los programas de ayudas y de subvenciones públicas para el fomento de las energías renovables en las Illes Balears, las instalaciones fotovoltaicas para ubicar en zonas de aptitud alta tendrán la consideración de prioritarias.
36.3. En zonas de aptitud baja en suelo rústico
1. El desarrollo de cualquier tipo de instalación fotovoltaica sobre el terreno identificado como zona de aptitud baja queda condicionado a la obtención de la declaración de interés general o de utilidad pública de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso.
2. Las instalaciones de tipo D se deberán tramitar en cualquier caso por vía de la declaración de interés general. Estas instalaciones se deberán situar o bien en espacios degradados (espacios denudados, canteras abandonadas, vertederos para restaurar y espacios no agrícolas ya transformados por actividades antrópicas en desuso) o en terrenos de baja productividad agrícola o bien integrados de forma efectiva a la actividad agraria, de acuerdo con la legislación agraria vigente.

36.4. En zonas de exclusión
1. El desarrollo de instalaciones fotovoltaicas de tipo A y B en las zonas de exclusión, siempre que no lo impidan los instrumentos de ordenación vigentes en estos espacios y de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación, queda restringido exclusivamente a la posible implantación en espacios degradados (espacios denudados, canteras abandonadas, vertederos para restaurar y espacios no agrícolas ya transformados por actividades antrópicas en desuso) o en terrenos de baja productividad agrícola, así como en otros lugares cuando se trate de instalaciones para autoconsumo promovidas por las diferentes administraciones públicas en desarrollo o ejercicio de actuaciones ligadas al uso o servicio público.
2. El desarrollo de instalaciones queda condicionado a la obtención de la declaración de interés general o de utilidad pública de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso. Las instalaciones de tipo C y D no se admiten en zonas de exclusión, excepto que estas instalaciones formen parte de un proyecto de rehabilitación medioambiental y, en cualquier caso, se tramitarán por vía de la declaración de interés general. A estas instalaciones les será de aplicación lo que establece la legislación agraria vigente en relación con su localización y/o con la integración efectiva con la actividad agraria cuando proceda.
Sección 3.ª
Instalaciones eólicas

Artículo 37
Definiciones y clasificación de las instalaciones eólicas
37.1. Definiciones
Se entiende por instalación eólica o parque eólico aquella instalación de producción de energía eléctrica que utiliza únicamente el viento como energía primaria mediante aerogeneradores, y que puede estar formada por uno o más de un aerogeneradores.
Se entiende por potencia instalada de una instalación la suma de las potencias máximas unitarias de los aerogeneradores que configuran la instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.
37.2. Clasificación de las instalaciones eólicas
Las instalaciones eólicas de producción de energía eléctrica se clasifican en:
— Instalaciones de tipo A: aquellas con una potencia total no superior a 10 kW.
— Instalaciones de tipo B: aquellas con una potencia total inferior a 100 kW, número total de aerogeneradores no superior a 2 y que no sean de tipo A.
— Instalaciones de tipo C: aquellas con una potencia total no superior a 4 MW, número total de aerogeneradores no superior a 4 y que no sean de tipo B.
— Instalaciones de tipo D: las que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores.

Artículo 38
Instalaciones eólicas en suelo rústico
38.1. En zonas de aptitud alta y media
1. Las instalaciones eólicas de tipo A que se ubiquen en zonas definidas de aptitud alta y media en el Mapa de aptitud del territorio para las instalaciones de producción de energía eólica terrestre del anexo G tienen la consideración de uso admitido, y se permite su desarrollo con los condicionantes o las medidas establecidas en el anexo F para reducir los probables efectos negativos significativos y las limitaciones establecidas por la normativa sectorial de aplicación.
2. El desarrollo de las instalaciones eólicas de tipo B queda condicionado a las determinaciones que se establezcan en los instrumentos de planeamiento municipal, así como en los planes territoriales insulares. En ausencia de estas determinaciones, su desarrollo queda condicionado a la obtención de la declaración de interés general o de utilidad pública, de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso.
3. El desarrollo de las instalaciones eólicas de tipo C queda condicionado a la obtención de la declaración de interés general o de utilidad pública, de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso.
4. Las instalaciones de tipo D se tienen que tramitar en cualquier caso por vía de la declaración de interés general.
5. En los programas de ayudas y de subvenciones públicas para el fomento de las energías renovables en las Illes Balears, las instalaciones eólicas para ubicar en zonas de aptitud alta tendrán la consideración de prioritarias.
38.2. En zonas de aptitud baja
1. Las instalaciones eólicas de tipo A que se ubiquen en zonas definidas de aptitud baja en el Mapa de aptitud del territorio para las instalaciones de producción de energía eólica terrestre del anexo G tienen la consideración de uso admitido, y se permite su desarrollo con los condicionantes o las medidas establecidos en el anexo F para reducir los probables efectos negativos significativos y las limitaciones establecidas por la normativa sectorial de aplicación.
2. El desarrollo de las instalaciones eólicas de tipo B y C queda condicionado a la obtención de la declaración de interés general o de utilidad pública de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso.
3. Las instalaciones de tipo D se tienen que tramitar en cualquier caso por la vía de la declaración de interés general.
38.3. En zonas de exclusión
1. El desarrollo de instalaciones eólicas de tipo A y B en las zonas de exclusión está sujeto a lo que establezcan los instrumentos y la normativa de ordenación territorial, sectorial y urbanística vigentes en estos espacios. Quedan prohibidas en estas zonas las instalaciones eólicas de tipo C y D, sin perjuicio de lo que establece el punto 4 de este apartado 38.3.
2. El desarrollo de las instalaciones queda condicionado a la obtención de la declaración de interés general o de utilidad pública de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso.
3. Las instalaciones de tipo D se tienen que tramitar en cualquier caso por la vía de la declaración de interés general.
4. Constituyen una excepción los terrenos situados a una distancia igual o inferior a 1 km en torno a asentamientos y núcleos urbanos que no estén incluidos en alguna de las siguientes categorías:
— Los espacios naturales protegidos: parque nacional, parques naturales, reservas, monumentos naturales y zona de exclusión y zona de uso limitado del Paraje Natural de la Sierra de Tramuntana.
— Las áreas de alto nivel de protección establecidas por los PTI (excepto la zona de uso compatible y uso general del Paraje Natural de la Sierra de Tramuntana).
— El núcleo de la Reserva de la Biosfera de Menorca.
— Los lugares de la Red Natura 2000 (LIC/ZEC y ZEPA).
— Las zonas húmedas y las zonas Ramsar.
— Los encinares protegidos.
En estos terrenos situados entre 0 y 1 km en torno a asentamientos y núcleos urbanos y no incluidos en ninguna de las 6 categorías enumeradas:
— Las instalaciones eólicas de tipo A tienen la consideración de uso admitido, y se permite su desarrollo con los condicionantes o las medidas establecidos en el anexo F para reducir los impactos y las limitaciones establecidas por la normativa sectorial de aplicación.
— El desarrollo de las instalaciones eólicas de tipo B queda condicionado a las determinaciones que se establezcan en los instrumentos de planeamiento municipal. En ausencia de estas determinaciones, su desarrollo queda condicionado a la obtención de la declaración de interés general o de utilidad pública de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso, con los condicionantes o las medidas establecidos en el anexo F para reducir los probables efectos negativos significativos y las limitaciones establecidas por la normativa sectorial de aplicación.
— El desarrollo de las instalaciones eólicas de tipo C y D se puede autorizar excepcionalmente en la franja entre 500 m y 1 km de los asentamientos y núcleos urbanos siempre condicionado a la realización de un estudio específico que evalúe que no se produce una afectación significativa a la población próxima en términos de ruido, sombras u otras variables ambientales.
Las instalaciones eólicas de tipo C y D no se admiten a una distancia inferior a los 500 m en torno a los asentamientos y núcleos urbanos.
5. En las zonas en una distancia igual o inferior a 1 km en torno a las zonas húmedas y zonas Ramsar, las instalaciones eólicas de tipo A tienen la consideración de uso admitido, y se permite su desarrollo con los condicionantes o las medidas establecidos en el anexo F para reducir los impactos y las limitaciones establecidos por la normativa sectorial de aplicación.
38.4. Sierra de Tramuntana
Las instalaciones eólicas de tipo C y D no se admiten en el ámbito delimitado como sierra de Tramuntana en los planos de ordenación, ámbito delimitado por el perímetro exterior del ámbito del PORN y del ANEI de la sierra de Tramuntana, incluyendo también las ARIP adyacentes que quedan mayoritariamente rodeadas por este límite.

Artículo 39
Fomento de las instalaciones microeólicas
Se entiende por instalación microeólica la formada por aerogeneradores de potencia unitaria inferior a 10 kW y potencia total no superior a 100 kW.
Las administraciones públicas deben procurar fomentar y permitir las instalaciones microeólicas en los espacios urbanos que por sus características presenten una menor dificultad de integración, como los espacios abiertos (parques, paseos), los edificios públicos y comerciales, las zonas industriales y de servicios; así como las construcciones agrarias, las dedicadas a dotaciones, sistemas generales y equipamiento, y las vinculadas a actividades turísticas, industriales y comerciales en suelo rústico.


Sección 4.ª. Declaración de utilidad pública energética, de interés general e informe de la administración pública competente en materia agraria

Artículo 40
La declaración de utilidad pública energética
La ubicación de las instalaciones de energías renovables que se tramiten en los procedimientos de declaración de utilidad pública previstos en la Ley 13/2012, de 20 de noviembre (LIB 2012, 286) , de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias, se tiene que ponderar con los valores ambientales del área donde tengan que ser instaladas. En las instalaciones que se tramiten por estos procedimientos se tendrán que aplicar las medidas establecidas en el anexo F para la prevención o reducción o de los probables efectos negativos significativos y las limitaciones establecidas por la normativa sectorial de aplicación.
En el procedimiento de declaración de utilidad pública, para aquellas instalaciones no sujetas a evaluación de impacto ambiental, se tendrá que evaluar de forma específica el efecto acumulativo del proyecto por causa de infraestructuras energéticas próximas, y el resultado de esta evaluación deberá ser debidamente considerado para determinar la aceptación o no del nuevo proyecto. En las instalaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental será en el procedimiento correspondiente donde se hará la evaluación del efecto acumulativo.
Los informes técnicos de las administraciones públicas que se tengan que incorporar a los expedientes de declaración de utilidad pública, o de interés general, se referirán a la afectación en el ámbito del proyecto y a nivel de detalle para determinar la existencia de factores que puedan desaconsejar o impedir la ejecución del proyecto a partir de la normativa específica sobre la que versen los informes.

Artículo 41
La declaración de interés general
Todas las instalaciones fotovoltaicas y eólicas de tipo D se tienen que tramitar, en cualquier caso, por la vía de la declaración de interés general.
En este procedimiento, para aquellas instalaciones no sujetas a evaluación de impacto ambiental, se tendrá que evaluar de forma específica el efecto acumulativo del proyecto por causa de infraestructuras energéticas próximas, y el resultado de esta evaluación deberá ser debidamente considerado para determinar la aceptación o no del nuevo proyecto. En las instalaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental será en el procedimiento correspondiente donde se haga esta evaluación del efecto acumulativo.

Artículo 42
Informe de la administración pública competente en materia agraria
Para la autorización de las instalaciones que superen la superficie establecida en la legislación agraria se tendrá que contar con el informe de la administración agraria previsto en la citada legislación.

Disposición adicional tercera
Otras instalaciones de energías renovables e instalaciones de almacenamiento de energía
Las determinaciones referidas a las instalaciones fotovoltaicas contenidas en este capítulo serán aplicables a otras instalaciones de aprovechamiento directo de la energía solar, como las instalaciones solares térmicas, termosolares o híbridas, destinadas al abastecimiento de agua caliente o a la producción de electricidad. En ningún caso estas instalaciones superarán la altura máxima establecida en el anexo F para las instalaciones fotovoltaicas sobre el terreno.
El desarrollo del resto de instalaciones de energías renovables y de instalaciones de almacenamiento de energía se regirá por las determinaciones del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears y de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre.

Disposición adicional cuarta
Parque eólico de Es Milà
Se grafía en los planos de ordenación el ámbito del parque eólico de Es Milà, que es considerado zona apta para la futura mejora o ampliación de la instalación existente.

Disposición adicional quinta
Energías renovables en explotaciones agrarias
La implantación de energías renovables para la autosuficiencia energética de las explotaciones agrarias preferentes se considera uso admitido de acuerdo con la legislación agraria vigente.

*Ver ANEXOS en el PDF de la disposición original (BOIB NÚM. 73 DE 16)

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