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ORDEN 29/2010, DE 16 DE JULIO, DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, POR LA QUE SE CONVOCA Y REGULA LA AMPLIACIÓN TRANSITORIA DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS DE AYUDA SALARIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PARA EL EJERCICIO 2009 (DOCV DEL 23)


 
La Generalitat viene desarrollando una política de apoyo a la integración socio-laboral de los trabajadores con discapacidad de la Comunitat Valenciana, gestionando, tanto programas titularidad del Ministerio de Trabajo e Inmigración cuyas competencias hayan sido transferidas mediante las oportunas leyes, como programas propios dotados con fondos de la Generalitat y del Fondo Social Europeo.

Entre los programas gestionados por la Generalitat en virtud de transferencia de dicha competencia, se encuentran las ayudas para financiar parcialmente el coste salarial para mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, cuyas bases vienen reguladas en la Orden de 16 de octubre de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de su integración laboral en centros especiales de Empleo y trabajo autónomo, en desarrollo de lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social y Laboral del Discapacitado. Dicha Orden establece una ayuda del 50% del Salario Mínimo Interprofesional correspondiente al año de la convocatoria.

Para la gestión de las ayudas correspondientes al ejercicio 2009, la Generalitat publicó la Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales para el ejercicio 2009 (DOCV del 30.01.2009), en cuyo texto se recogen, tanto las ayudas del Ministerio de Trabajo e Inmigración, entre las que cabe destacar la citada «ayuda salarial para el mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo», como otras ayudas autonómicas, entre las que cabe destacar la «Ayuda Complementaria», para los Centros Especiales de Empleo que tengan trabajadores con discapacidad de muy difícil inserción», consistente en 200 Euros mensuales por cada trabajador con discapacidad psíquica, ó, 100 Euros mensuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, justificándose ambas ayudas mediante la presentación de las nóminas de los trabajadores y las transferencias bancarias acreditativas del pago de las mismas.

Las ayudas reguladas en dicha Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, son compatibles con el mercado común ya que se rigen por el Reglamento (CE) 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008 (DOUE DE 9.8.2008), por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pudiendo acumularse con ayudas exentas en virtud del citado Reglamento en relación con los mismos costes subvencionables por encima del umbral más alto aplicable por el Reglamento, siempre que tal acumulación no dé lugar a una intensidad de ayuda superior al 100% de los costes pertinentes durante cualquier periodo en el que se emplee a dichos trabajadores.

Así mismo, en el ejercicio 2009, y en base al crédito extraordinario publicado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración mediante la Orden TIN/2533/2009, de 18 de septiembre, a la vista de la difícil situación económica de nuestra economía y mercado de trabajo, la Generalitat publicó la Orden de 13 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que convocó y reguló la concesión de subvenciones públicas extraordinarias destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el ejercicio 2009, entre cuyos programas subvencionados incluyó la «ayuda salarial para el mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo», que hubiera resultado subvencionada en virtud de la convocatoria ordinaria publicada por la citada Orden de 30 de diciembre de 2008.

Esta segunda convocatoria correspondiente al ejercicio 2009, también resulta compatible con el mercado común al no resultar de aplicación lo previsto en el artículo 107, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por tratarse de ayudas acogidas al régimen de ayudas de minimis, establecido en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, publicado en el DOUE del 28.12.2006.

Sin embargo, actualmente, y a la vista de los efectos negativos que la crisis económica está produciendo de manera significativa en el mercado de trabajo, el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha decidido intensificar el apoyo de los poderes públicos a los centros de empleo protegido, publicando la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (BOE del 31 de diciembre), por la cual se amplia la ayuda salarial para el mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, de manera transitoria, y con efectos retroactivos desde el 10 de julio de 2009, pasando del 50% al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, motivo por el cual, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación publica la presente convocatoria de ayudas para el reconocimiento y pago de dicho incremento, siempre y cuando el total de subvenciones salariales recibidas por el mantenimiento de puestos de trabajo no exceda del 100% del coste salarial por cada trabajador subvencionado.

La presente convocatoria se enmarca asimismo en los compromisos derivados de la aprobación del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo II 2009-2013 PAVACE II.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y el Decreto 129/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, ordeno:


CAPÍTULO I

Disposiciones generales y cuantía de la subvención


Artículo 1.  Objeto y ámbito.—1.  El objeto de la presente orden es la ampliación de las ayudas concedidas en el ejercicio 2009 para favorecer el mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo con la finalidad de promover y facilitar la integración laboral de personas con discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

2.  El régimen de ayudas aplicable será el determinado en los artículos siguientes.

3.  Todas las acciones subvencionables se corresponden con actividades realizadas en el ejercicio 2009, y justificadas en los plazos establecidos en las respectivas órdenes de regulación.


Artículo 2.  Acciones apoyables.—1.  Las subvenciones previstas en la presente orden irán destinadas a incrementar «la ayuda salarial concedida por el Servef en el ejercicio 2009 para mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo» que pasa del 50% al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

2.  Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden tendrán la consideración de subvenciones públicas, y se regirán en lo no dispuesto por la misma, por la normativa a que hace referencia la Disposición Adicional Tercera de la presente orden.


Artículo 3.  Beneficiarios de las ayudas.—Serán beneficiarios de las ayudas previstas en la presente orden los titulares de los Centros Especiales de Empleo cuya actividad se realice en la Comunitat Valenciana que, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente orden, hayan resultado beneficiarios en el ejercicio 2009 de la «Ayuda Salarial para el mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo», convocadas por Orden de 30 de diciembre de 2008 y Orden de 13 de noviembre de 2009, ambas de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por las que se han regulado la concesión de subvenciones destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el ejercicio 2009.


Artículo 4.  Requisitos generales de los beneficiarios.—No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente orden las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora, ni las empresas en crisis o las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. Una PYME se considerará empresa en crisis, si cumple las siguientes condiciones:

a)  si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, que haya desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se haya perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos 12 meses o,

b)  si se trata de una sociedad en la que al menos algunos de sus socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la empresa, que hayan desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y se haya perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos 12 meses, o

c)  para todas las formas de empresas, que se haya iniciado el procedimiento para la declaración de concurso.

Una PYME con menos de tres años de antigüedad no se considerará en crisis, salvo en el caso que cumpla la condición prevista en la letra c) del apartado anterior.


Artículo 5.  Obligaciones generales de los beneficiarios.—Además de las obligaciones que para los beneficiarios de cada tipo de acción se establecen en los correspondientes artículos de esta orden, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en otras normas de general aplicación, se declaran las siguientes:

a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y de pago, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. El modo de acreditación será el establecido en la letra b), punto 2, del artículo 6.

f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h)  El beneficiario estará sujeto a las normas de información y publicidad recogido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con el artículo 31 del RD 887/2003, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, y concretamente, las entidades calificadas como Centros Especiales de Empleo, beneficiarias de cualquier tipo de ayuda regulada en la presente orden, deberán hacer constar su carácter de «Centro Especial de Empleo» «calificado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación», mediante el correspondiente cartel indicador, tanto en el domicilio social como en todos y cada uno de los centros de trabajo de la Comunitat Valenciana.

i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, Reglamento de la Ley 38/2003.

j)  La presentación de solicitudes al amparo de esta orden supone la prestación del consentimiento por parte del solicitante para que el SERVEF pueda solicitar de los órganos competentes de la Seguridad Social la información estrictamente necesaria para comprobar las altas, bajas, mantenimientos e incidencias de las contrataciones subvencionadas.

k)  Así mismo, la presentación de solicitudes al amparo de esta orden, supone la existencia de autorización expresa de todos los trabajadores con discapacidad al Centro Especial de Empleo en el que trabajan, para la cesión de datos al Servef, relativos al tipo y grado de discapacidad.

l)  Aplicación de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 180/2003 de 14 de febrero referidas a la realización de auditoria de cuentas en aquellas empresas y entidades que han recibido subvenciones o ayudas en ejercicios anteriores.

m)  Los Centros Especiales de Empleo, deberán comunicar al Servef, en un plazo no superior a 30 días, cualquier alteración o modificación que se produzca en relación con la calificación como Centro Especial de Empleo, a saber: titularidad, forma jurídica, actividades, domicilio social, apertura de nuevos centros de trabajo, etc.


CAPÍTULO II

Procedimiento general para la concesión de las ayudas


Artículo 6.  Presentación de solicitudes y documentación.—1.  Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas por la presente orden deberán dirigirse al SERVEF y se presentarán en modelo normalizado en la Dirección General del Servef sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluida la presentación, en su caso, a través del correspondiente registro telemático, de acuerdo con lo establecido en, el artículo 7.1 del Decreto 18/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, de Creación del Registro Telemático de la Generalitat y la Orden de 9 de mayo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (DOGV de 25 de mayo de 2005), que regula el procedimiento de tramitación telemática de solicitud de subvenciones y la presentación de documentación en el ámbito competencial del Servicio Valenciano de Empleo y Formación y se aprueba la aplicación informática que la posibilita, modificada por Orden de 16 de noviembre de 2009 (DOCV de 20/11/2009).

2.  Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación siguiente, salvo que ya haya sido presentada con anterioridad:

a)  Documentación acreditativa e identificativa del solicitante, y, en su caso, de su representante legal, salvo en el supuesto de que ya obrara en el SERVEF.

b)  La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el Servef obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social previstas en los artículos 18 y 19, respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.

No obstante, el solicitante podrá denegar o revocar este consentimiento efectuando comunicación escrita al Servef en tal sentido. En este supuesto, deberán presentarse certificados originales positivos de la Agencia Estatal de la administración Tributaria, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda.

c)  Datos de domiciliación bancaria, según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se ha presentado con anterioridad ante el SERVEF y no ha experimentado variación, en cuyo caso se indicará la cuenta en que se deberá practicar el ingreso, especificando en todo caso a que ayuda/s corresponde/n.

d)  Declaración responsable suscrita por el representante legal de que la entidad beneficiaria no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones y en concreto de no encontrarse en el supuesto del artículo 13 - 2 -g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e)  Datos de los expedientes tramitados en el ejercicio 2009 como consecuencia de las convocatorias publicadas en dicho año, para cuyos trabajadores con discapacidad se solicita la ampliación de la ayuda salarial del 50% al 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en el ejercicio 2009, mediante Modelo normalizado.

f)  Declaración responsable acreditativa de que el beneficiario no se encuentra ni en situación de crisis, entendida según las consideraciones que sobre la misma constan en la Disposición Adicional Segunda de la presente orden, ni sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

g)  Para la ampliación de la subvención del 50% al 75% del Salario Mínimo Interprofesional de los expedientes subvencionados en el ejercicio 2009 en base a la Orden de 13 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de convocatoria extraordinaria de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido, declaración responsable referida a las ayudas con cargo a un régimen de mínimis recibidas por la entidad durante los tres últimos años, contados desde la primera ayuda obtenida, con indicación del importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se amparaba, o, en su caso, declaración responsable de no haber recibido ninguna.

h)  Para el incremento de la ayuda salarial concedida en base a la Orden de de 30 de diciembre de 2008, y de 13 de noviembre de 2009, ambas de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan y regulan la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales 2009, aportar, mediante aplicación SIDEC, relación de trabajadores con discapacidad por los que se obtuvo dicha ayuda salarial en el ejercicio 2009, por expediente, en la que se haya incluido el coste salarial de los meses de julio a diciembre, y paga extra, por trabajador y mes. Para el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 31 de julio de 2009, deberán completarse todos los apartados de la aplicación SIDEC e indicarse los días de incapacidad temporal, adjuntando justificación documental de los periodos de incapacidad temporal de los trabajadores con discapacidad en dicho periodo, en caso contrario se considerarán que todos los días de incapacidad temporal del mes de julio se han producido entre el 10 y el 31 de julio.

3.  En el supuesto de que los documentos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha, el órgano o la dependencia en que fueron presentados, o, en su caso, emitidos, la identificación del procedimiento en que obren y que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.

4.  Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en la presente orden o no acompañen la documentación que de acuerdo con la misma resulte exigible, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 1999, modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa y su notificación en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

5.  La formulación de la solicitud por parte del interesado para acceder a los beneficios de la presente orden, supone la aceptación de la subvención por parte del solicitante de la misma, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.

6.  Las solicitudes de ayudas deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente orden.


Artículo 7.  Procedimiento y Criterios para la concesión de las ayudas.—1.  Procedimiento de concesión de subvenciones reguladas en la presente orden: procedimiento de concesión directa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, en relación con el artículo 28 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2.  Criterios para la concesión de las ayudas: las ayudas se otorgarán hasta agotar el crédito disponible según el orden en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros de entrada del Servef, siempre que se cumplan los requisitos exigidos y se acompañe la totalidad de la documentación exigida.


Artículo 8.  Tramitación, resolución y recursos.—1.  El órgano administrativo instructor, entendiendo por tal a la Dirección General de Empleo e Inserción Laboral, podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.

2.  La competencia para conocer y resolver sobre las solicitudes formuladas corresponde al director general del Servef que delega en el director general de Empleo e Inserción Laboral la concesión y denegación de la ayuda salarial destinado al mantenimiento de puestos de trabajo para trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

3.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente, a contar desde el día siguiente de la presentación de las solicitudes, será de seis meses.

4.  Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat; y ello, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.

5.  La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente la cuantía concedida e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el beneficiario de la misma, con notificación a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, antes mencionada.

6.  Las resoluciones dictadas al amparo de la presente convocatoria ponen fin a la vía administrativa, y contra las mismas, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes, computados en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Cuando la interesada sea una administración local, podrá efectuar requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el órgano competente en el plazo de dos meses que se computarán a partir del día siguiente al de su notificación, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 29/1998.

Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse idéntico recurso, en el plazo de seis meses desde que hubiese finalizado el plazo que para dictar y notificar la resolución expresa se menciona en el punto 5 de este artículo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa; y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117, antes mencionados.


Artículo 9.  Resolución de incidencias.—1.  El director general de empleo e inserción laboral, por delegación del director general del SERVEF, será el competente para resolver las incidencias que se produzcan con posterioridad a su concesión.

2.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda o subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de las mismas a que se refiere el artículo 10, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.


Artículo 10.  Concurrencia de ayudas y subvenciones.—El importe de las subvenciones reguladas en la presente orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el importe de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo.


Artículo 11.  Control de las ayudas.—1.  Corresponderá al director general de empleo e inserción laboral, por delegación del director general del SERVEF, llevar a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y el seguimiento del presente programa, para lo cual implantará todos aquellos mecanismos que considere oportunos.

2.  El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General y de los órganos competentes de las instituciones comunitarias y a cuantos procedimientos se establezcan para garantizar el cumplimiento de la presente orden.


Artículo 12.  Justificación de los gastos efectuados, reconocimiento y liquidación de las ayudas.—1.  Las ayudas solicitadas en base a la presente orden de convocatoria de ayudas, se aprobarán y abonarán de acuerdo con la justificación presentada en los expedientes del ejercicio 2009 subvencionados en base a la Orden de 30 de diciembre de 2008 y la Orden de 13 de noviembre de 2009, ambas de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por las que se regulan y convocaron ayudas para la integración laboral de trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, teniendo en cuenta que, los gastos consistentes en salarios de los trabajadores deben acreditarse mediante transferencia bancaria que requiere la presentación de justificante bancario acreditativo del periodo a que hace referencia el cargo, cargo en cuenta de los importes y trabajadores en caso de salarios y del periodo, importes y Centro Especial de Empleo, en el caso de otros gastos.

2.  Una vez examinada la solicitud y documentación presentada, comprobado el cumplimiento de los requisitos y verificada la justificación del gasto, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación procederá a dictar resolución de concesión y pago de la ayuda correspondiente.


Artículo 13.  Reintegro de las ayudas concedidas y Procedimiento de Reintegro.—1.  Reintegro de las ayudas concedidas:

1.º  La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación, de acuerdo al procedimiento y causas establecidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

2.º  También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos contemplados en los apartados 1 y 3 del artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, incluido el reintegro por el incumplimiento de las obligaciones, tanto generales como específicas impuestas a los beneficiarios en la presente orden, y concretamente, la obligación impuesta en el apartado m) del artículo 5 relativa a la comunicación previa de cualquier cambio producido respecto a la calificación del proyecto empresarial.

2.  Procedimiento de Reintegro

El procedimiento de reintegro se sustanciará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del Título II de Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en el capítulo II del Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.


DISPOSICIONES ADICIONALES



Disposición adicional primera.  Financiación.—1.  Estas ayudas se financiarán con cargo al capítulo 4, código línea T2240000, por un importe máximo de 3.000.000 €, fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal.

2.  Si a lo largo del ejercicio 2010 existiera crédito disponible que permitiera incrementar la financiación presupuestaria de esta orden, el SERVEF, previa publicación de dicho crédito en el DOCV, podrá destinarlo a la financiación de las solicitudes presentadas al amparo de esta convocatoria que no pudieran ser atendidas, sin necesidad de establecer nuevo plazo de presentación de solicitudes, salvo que ello sirva para la adecuada gestión de cada programa y proporcionar mayor efectividad a las políticas activas de empleo dirigidas a la reactivación del empleo en la Comunitat Valenciana.


Disposición adicional segunda.  Compatibilidad con el Mercado Común.—1.  Las ayudas, reguladas en la presente orden, destinadas a la ampliación de la subvención del 50% al 75% del Salario Mínimo Interprofesional de los expedientes subvencionados en el ejercicio 2009 en base a la Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales 2009, son compatibles con el mercado común ya que se rigen por el Reglamento (CE) 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008 (DOUE DE 9.8.2008), por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pudiendo acumularse con ayudas exentas en virtud del citado Reglamento en relación con los mismos costes subvencionables por encima del umbral más alto aplicable por el Reglamento, siempre que tal acumulación no dé lugar a una intensidad de ayuda superior al 100% de los costes pertinentes durante cualquier periodo en el que se emplee a dichos trabajadores.

Dichas ayudas, no podrán concederse, según dispone el artículo 1 del Reglamento de exención por categorías citado, a empresas que realicen:

a)  Actividades relacionadas con la exportación.

b)  Actividades en el sector del carbón.

c)  Quedan excluidas, asimismo, las empresas en crisis o las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

Así mismo, en el sector del transporte, quedan excluidas las ayudas destinadas a la adquisición de medios y equipos de transporte, en el caso de transporte de mercancías por carretera y transporte aéreo.

A los efectos de la exclusión del apartado c), una PYME se considerará empresa en crisis, si cumple las siguientes condiciones:

a)  si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, que haya desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se haya perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos 12 meses o,

b)  si se trata de una sociedad en la que al menos algunos de sus socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la empresa, que hayan desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y se haya perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos 12 meses, o

c)  para todas las formas de empresas, que se haya iniciado el procedimiento para la declaración de concurso.

Una PYME con menos de tres años de antigüedad no se considerará en crisis, salvo en el caso que cumpla la condición prevista en la letra c) del apartado anterior.

Tampoco resultará subvencionable por la presente orden las ayudas individuales, concedidas en aplicación de un régimen de ayudas o como ayudas ad hoc, cuyo equivalente en subvención bruta supere los umbrales siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 del Reglamento CE 800/2008:

• ayudas para el empleo de trabajadores discapacitados en forma de costes salariales: 10 millones de euros por empresa y por año.

• ayudas para compensar los costes adicionales del empleo de trabajadores discapacitados: 10 millones de euros por empresa y por año.

2.  Las ayudas, reguladas en la presente orden, destinadas a la ampliación de la subvención del 50% al 75% del Salario Mínimo Interprofesional de los expedientes subvencionados en el ejercicio 2009 en base a la Orden de 13 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas extraordinarias destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el ejercicio 2009, son compatibles con el mercado común ya que se rigen por el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, publicado en el DOUE del 28/12/2006, y relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas de «mínimis».

Dichas ayudas sometidas al régimen de «mínimis», no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:

a)  Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (CE) n.º 104/2000 del consejo.

b)  Producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado.

c)  Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros cuando la ayuda esté vinculada a la creación y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad de exportación.

d)  Carbón, según se define en el Reglamento (CE) n.º 1407/2002.

e)  Quedan excluidas, asimismo, las empresas en crisis.

Por otra parte, la aplicación del régimen de mínimis supone que la ayuda total de mínimis concedida a una empresa determinada no será superior a 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Cuando la empresa opere en el sector del transporte por carretera el importe máximo aplicable será de 100.000 euros.


Disposición adicional tercera.—La presente orden recoge las bases establecidas por el Ministerio de Trabajo para las ayudas cuya gestión y control ha sido transferida a la Generalitat y contenidas en las siguientes disposiciones:

— Ley 13/82, de 7 de abril, de Integración Social de minusválidos y legislación de desarrollo y modificativa.

— La Orden de 16 de octubre de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de su integración laboral en Centros Especiales de Empleo y trabajo autónomo.

— La Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (BOE del 31 de diciembre de 2009), en cuyo capítulo IV se amplían transitoriamente las ayudas por mantenimiento del empleo destinadas a subvencionar el coste salarial correspondiente a puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.

Resulta así mismo de aplicación, en lo no regulado en la presente convocatoria, las Ordenes de regulación y convocatoria de subvenciones públicas de la Generalitat destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el ejercicio 2009, a saber:

— Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y enclaves laborales 2009 (DOCV del 30 de enero de 2009).

— Orden de 13 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas extraordinarias destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el ejercicio 2009 (DOCV del 20 de noviembre de 2009).

Asimismo, es de total aplicación la Ley 38/2003, General de Subvenciones, teniendo en cuenta las particularidades reguladas en el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, así como el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, por tratarse de un programa cuya regulación corresponde al Estado y cuya gestión ha sido transferida a la Generalitat.


DISPOSICIÓN FINAL



Disposición final única.—Se autoriza al director general del SERVEF a dictar las disposiciones y adoptar las medidas que considere oportunas para la ejecución y aplicación de la presente orden.

Se delega en el director general del SERVEF la competencia para ampliar los plazos de justificaciones, con carácter excepcional, cuando concurran circunstancias debidamente motivadas que imposibiliten su presentación en los plazos señalados.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, computados en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Cuando la interesada sea una administración local, podrá efectuar requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el órgano competente en el plazo de dos meses que se computarán a partir del día siguiente al de su notificación, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 29/1998.

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