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ORDEN 35/2010, DE 30 DE AGOSTO, DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, POR LA QUE SE REGULAN Y CONVOCAN LOS PROGRAMAS DE TALLERES DE EMPLEO, PARA EL RECICLAJE PROFESIONAL, DURANTE EL EJERCICIO 2010, PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS DEL SECTOR CERÁMICO EN EL MARCO DEL FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN (DOCV DE 10 DE SEPTIEMBRE)




ORDEN 35/2010, DE 30 DE AGOSTO, DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, POR LA QUE SE REGULAN Y CONVOCAN LOS PROGRAMAS DE TALLERES DE EMPLEO, PARA EL RECICLAJE PROFESIONAL, DURANTE EL EJERCICIO 2010, PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS DEL SECTOR CERÁMICO EN EL MARCO DEL FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN (DOCV DE 10 DE SEPTIEMBRE)


 
El Reglamento (CE) n.º 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, establece y regula el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

El objeto de dicho Fondo es el de permitir a la Unión Europea prestar ayuda a los trabajadores que hubieran perdido su puesto de trabajo como consecuencia directa de la crisis financiera y económica mundial.

En base a ello, la Generalitat planteó la solicitud FEAG/2009/014/ES/Comunidad Valenciana, en relación a los despidos producidos en diversas empresas del sector cerámico de Castellón, como consecuencia de la crisis del sector de la construcción.

Con fecha 16 de junio de 2010 por el Parlamento Europeo y por el Consejo se aprobó la decisión de efectuar la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización a fin de atender la solicitud antes indicada, efectuada por la Comunidad Valenciana.

A fin de arbitrar las ayudas correspondientes, se ha elaborado en el ámbito de la Formación Profesional la presente orden en la que, para mejorar la ocupabilidad de los trabajadores despedidos del sector cerámico, se persigue que las acciones subvencionadas combinen la realización de un trabajo efectivo y la formación profesional para el empleo, a fin de favorecer su reincorporación al mercado de trabajo.

En virtud de todo ello, oído el Consejo Valenciano de Formación Profesional, y en uso de las facultades que me confiere la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Consell, y el Decreto 129/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, ordeno:


TÍTULO I

Normas generales


CAPÍTULO I

Definiciones


Artículo 1.  Objeto de la orden.—El objeto de la presente orden es regular y convocar subvenciones para el ejercicio 2010, de los programas de Talleres de Empleo, para el reciclaje profesional, en el marco de la normativa reguladora de los Talleres de Empleo establecida mediante la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, así como en el marco del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG en lo sucesivo).


Artículo 2.  Definición.—Los Talleres de Empleo, para el Reciclaje Profesional, se configuran como programas mixtos de empleo y formación que tienen por objeto, mejorar la ocupabilidad de los desempleados, mediante la realización de obras o servicios de interés general y social, que posibiliten a los alumnos trabajadores la realización de un trabajo efectivo que, junto con la formación profesional ocupacional recibida, procure su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral, así como su reciclaje profesional.


CAPÍTULO II

Características de los programas


Artículo 3.  Destinatarios finales.—Con carácter general, serán destinatarios finales de los programas regulados en esta orden, los desempleados, registrados en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (en adelante SERVEF), procedentes de industrias del sector cerámico radicadas en la provincia de Castellón, en virtud de despido individual o Expediente de Regulación de Empleo, que hubieran tenido lugar entre el 25/09/2008 y el 24/06/2009 de acuerdo con la decisión de 16 de junio de 2010 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el FEAG.

Asimismo, estos desempleados, deberán tener 25 años o más, en la fecha de su incorporación al Taller.


Artículo 4.  Duración y características generales de los talleres.—La duración de los Talleres de Empleo para el reciclaje Profesional, será como mínimo de 6 meses y como máximo de 9 meses, y deberán finalizar, en cualquier caso, antes del 15 de septiembre de 2011. Una vez transcurrido el plazo de duración previsto en la correspondiente resolución aprobatoria, se entenderá finalizado el proyecto de Taller.

El contenido de los Talleres alterna la formación con la práctica profesional.

Durante este período de formación en alternancia con la práctica profesional, los alumnos trabajadores de los Talleres, serán contratados por las entidades promotoras, utilizándose al efecto exclusivamente la modalidad del contrato para la formación, regulado en el artículo 11.2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, según la redacción dada por el Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, por lo que deberán reunir los requisitos establecidos en dicha disposición y normas de desarrollo.

La duración de los contratos de trabajo suscritos con los alumnos trabajadores no podrá exceder a la fecha de finalización de cada proyecto de Taller.

Los alumnos trabajadores percibirán las retribuciones salariales que les correspondan de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable y en la presente disposición.

Asimismo, durante todo el proceso, los alumnos recibirán orientación, asesoramiento e información laboral y profesional así como formación empresarial, por parte de las entidades promotoras.

Una vez finalizados los proyectos, las entidades promotoras, prestarán asistencia técnica a los alumnos trabajadores participantes tanto para la búsqueda de empleo por cuenta ajena como para el establecimiento por cuenta propia, de forma individual o en proyectos de economía social, durante un periodo de al menos seis meses desde la finalización de los proyectos.

En los proyectos de Talleres de Empleo para el reciclaje Profesional, se impartirá formación complementaria de carácter modular, relacionada con la alfabetización informática, sensibilización medioambiental y prevención de riesgos laborales. Además, y en función del proyecto, podrán impartirse otros módulos complementarios, como idiomas o trabajo en equipo.

Para los alumnos trabajadores participantes en estos Talleres, que no hayan finalizado los ciclos educativos comprendidos en la escolaridad obligatoria, previstos en la normativa vigente en materia de educación, y de conformidad asimismo con lo establecido en el artículo 23.2, así como el artículo 11.2.e) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se organizarán programas específicos con el fin de completar dicha educación y proporcionarles una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas reguladas en las normas educativas vigentes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a todos aquellos que posean el título de Graduado escolar.

En los Talleres de Empleo para el reciclaje Profesional, los alumnos trabajadores recibirán formación profesional ocupacional relacionada con la ocupación a desempeñar. Dicha formación se adecuará, en la medida de lo posible, en función del oficio o puesto de trabajo a desempeñar, a los contenidos establecidos en la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del real decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.


CAPÍTULO III

Selección de participantes


Artículo 5.  Comisión mixta de selección de participantes.—1.  La selección de los alumnos trabajadores, así como la del director, personal docente y personal de apoyo de las mismas, será efectuada por una comisión mixta paritaria constituida a tales efectos por los técnicos designados por la Dirección Territorial de Empleo de Castellón y aquellos designados por el representante legal de la entidad promotora, actuando de presidente uno de los técnicos de la Dirección Territorial, que tendrá voto de calidad para el caso de empate.

2.  La comisión mixta podrá establecer o completar sus propias normas de funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Así, establecerá los criterios para la realización de la selección, de acuerdo con lo establecido en esta orden e instrucciones que la desarrollen, levantando acta por duplicado de la constitución del grupo mixto y de la determinación de los criterios de selección que se harán públicos para conocimiento de todos los interesados.

3.  Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar, derivadas de los procesos de selección, serán resueltas por la comisión mixta, sin que quepa ulterior recurso en vía administrativa.

4.  Finalizado el proceso de selección, la comisión mixta preparará la relación de seleccionados, personal directivo, docente y de apoyo, levantará acta por duplicado de las actuaciones realizadas y trasladará un ejemplar a la entidad promotora, para su cumplimentación y otro a la dirección territorial de Empleo del SERVEF.


Artículo 6.  Selección de personal directivo, docente y de apoyo.—1.  Para la selección del personal directivo, docente y de apoyo, de los Talleres, la comisión mixta, mencionada en el artículo anterior, establecerá el procedimiento de selección a seguir, incluyendo los criterios de baremación de los méritos, utilizándose preferentemente oferta de empleo elaborada por la Comisión citada, y tramitada por el centro SERVEF que corresponda, convocatoria pública o ambas, y teniendo en cuenta en la selección que dichos criterios respondan a los principios que señala la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del Empleado Público cuando la entidad promotora este obligada por dicha Ley. Asimismo, podrán incorporarse al proceso de selección las personas incluidas previamente en ficheros de expertos existentes en el SERVEF. En el caso de directores de proyectos, estos deberán contar, al menos, con titulación universitaria de grado medio.

2.  Cualquiera que sea el sistema de selección utilizado, se seguirán los criterios, procedimientos y baremos establecidos por el SERVEF, por lo que no será de aplicación la normativa establecida para los procedimientos de selección de personal de las distintas administraciones públicas, aun cuando la entidad promotora sea un organismo público. En este último caso, el personal seleccionado no se considerará incluido en las correspondientes plantillas o relaciones de puesto.


Artículo 7.  Selección de alumnos trabajadores.—1.  La selección de los alumnos trabajadores será precedida, en todo caso, de la tramitación de oferta de actividad o de empleo por el correspondiente centro SERVEF efectuada entre los desempleados, procedentes de industrias del sector cerámico, en virtud de despido individual o Expediente de Regulación de Empleo, que hubieran tenido lugar entre el 25/09/2008 y el 24/06/2009, y registrados en el correspondiente Centro SERVEF de Empleo.

2.  Los candidatos, en el momento de la selección, deberán cumplir, además de los requisitos de situación administrativa y de edad establecidos en la presente disposición, aquellos derivados de la normativa de aplicación para formalizar un contrato para la formación a fin de poder acceder a la fase de formación en alternancia, según lo dispuesto en la presente orden. Asimismo, cuando las especialidades contempladas en el proyecto exijan una formación específica previa de carácter general o en alguna materia específica, será necesario que la acrediten.

3.  Los alumnos trabajadores seleccionados deberán mantener los requisitos de selección a la fecha de su incorporación a los Talleres.


CAPÍTULO IV

Certificación y evaluación


Artículo 8.  Certificación de la formación.—1.  Al término de su participación en el Taller, los alumnos trabajadores recibirán un certificado, expedido por la entidad promotora, en los términos recogidos en el artículo 11.2.g) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

2.  La formación adquirida por los alumnos trabajadores será objeto de acreditación, mediante Certificado de Aprovechamiento, por parte del SERVEF.


Artículo 9.  Seguimiento y evaluación de los proyectos.—1.  El SERVEF realizará cuantas acciones sean necesarias para el seguimiento y evaluación del programa establecido en esta orden, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. Las entidades promotoras facilitarán cuantos datos, documentación e información sean necesarias para evaluar las actuaciones realizadas.

2.  El Consejo Valenciano de Formación Profesional será informado periódicamente de los resultados de los programas de estos Talleres, así como de cualquier extremo relacionado con el desarrollo de los mismos.


TÍTULO II

De las subvenciones


CAPÍTULO I

Procedimiento de concesión


Artículo 10.  Gestión de las subvenciones.—1.  El régimen jurídico aplicable a estas subvenciones públicas será el establecido en el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la citada ley. (En adelante Reglamento de la Ley General de Subvenciones).

2.  La gestión de estas subvenciones corresponderá al SERVEF, siendo órgano instructor la Dirección Territorial de Empleo de Castellón.

3.  El procedimiento de concesión de las subvenciones recogidas en esta orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, en los términos establecidos en el Titulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.


Artículo 11.  Entidades promotoras beneficiarias de las subvenciones.—Podrán promover los proyectos de Talleres de Empleo para el reciclaje Profesional, y ser beneficiarios de las subvenciones reguladas mediante la presente orden, las siguientes entidades:

a)  Órganos, organismos autónomos y otros entes públicos de la administración General del Estado y de la Comunitat Valenciana.

b)  Entidades locales, sus organismos autónomos y entidades con competencias en materia de promoción de empleo, dependientes o asimiladas a las mismas, cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades locales.

c)  Consorcios.

d)  Corporaciones y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.


Artículo 12.  Condición de beneficiario.—1.  Tendrán la condición de beneficiario, las entidades promotoras a las que se refiere al artículo 11 que reuniendo todos los requisitos legalmente establecidos, y los especificados en la presente orden, hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación que legitime su concesión, acrediten ser competentes para la ejecución de las correspondientes obras o servicios y dispongan de la capacidad técnica y de gestión suficientes.

2.  No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora aquellas personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La justificación de no hallarse incurso en alguna de dichas circunstancias se efectuará mediante la presentación, junto con la solicitud de concesión de subvenciones, de la certificación y/o la declaración responsable, según proceda, a que se refiere el artículo 22 del Reglamento General de Subvenciones.

3.  Asimismo, será requisito para la concesión de las subvenciones y para el pago de las mismas que los beneficiarios o entidades colaboradoras no sean deudores por resolución firme de procedencia de reintegro. No se entenderá adquirida la condición de deudor de la administración hasta tanto haya transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin hacer efectiva la deuda, se haya obtenido el aplazamiento de pago, o se hubiera suspendido legalmente el procedimiento de libranza.


Artículo 13.  Requisitos y documentación.—1.  Con carácter general, las entidades señaladas en el artículo 11 de esta orden, cuando deseen promover un proyecto de Taller de empleo para el reciclaje Profesional y obtener las subvenciones previstas en esta disposición, deberán presentar la siguiente documentación, cuyos modelos normalizados estarán disponibles en la página Web del SERVEF:

a)  Solicitud, efectuada por el representante legal del Ente Promotor y dirigida a el/la director/a general del SERVEF.

b)  Documentación identificativa de la personalidad jurídica del solicitante y acreditativa de poder suficiente y subsistente para actuar en nombre y representación de las entidades promotoras.

c)  Declaración responsable de la Entidad promotora de que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d)  Autorización expresa al SERVEF para obtener a través de técnicas electrónicas, informáticas o telemáticas, los datos acreditativos de que la entidad solicitante se encuentra al corriente del cumplimento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y con la Hacienda autonómica valenciana, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social. En otro caso, deberán aportarse certificados originales positivos, o copia compulsada, de la Agencia Estatal de la administración Tributaria, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresiva de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda.

e)  Documento acreditativo del último abono del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E), o declaración responsable de su exención o no sujeción.

f)  Certificación acreditativa de la financiación de aquella parte del coste del proyecto que no subvencione el SERVEF, entendiéndose que queda por cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada, a tenor de lo establecido en el artículo 32.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

g)  En el caso de que los Entes Promotores sean asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, escritura pública de constitución y estatutos debidamente inscritos en el registro correspondiente que acrediten su condición de entidades sin ánimo de lucro.

h)  Documentación acreditativa de la titularidad jurídica del objeto de actuación y de su disponibilidad para la ejecución de la obra o servicio previstos. En el caso de titularidad privada, escritura pública de cesión para uso público por un plazo no inferior a veinticinco años. El SERVEF podrá eximir de este requisito sustituyéndolo por la autorización de los titulares, a determinadas entidades por el carácter social de la obra o servicio que se tenga que realizar, debiendo quedar las circunstancias debidamente acreditadas en el expediente.

i)  Ficha de Mantenimiento de Terceros de la Cuenta específica a la que el SERVEF trasferirá los fondos en el caso de ser aprobado el proyecto, así como certificación de la apertura de la misma.

j)  Proyecto relativo a la obra a realizar, cuyo contenido mínimo consistirá en una memoria en la que se recogerán los siguientes aspectos:

— Denominación y datos de identificación del proyecto y de la entidad promotora.

— Descripción detallada de la obra o servicio que haya que realizar. Dependiendo de la obra a realizar, deberá acompañarse de un proyecto básico o proyecto técnico completo firmado por técnico competente. En todo caso si se trata de un proyecto básico, deberá contener al menos, una memoria descriptiva, unidades de obra, planos generales y presupuesto con estimación global por capítulos.

— Lugar de prestación de la actividad subvencionada, que deberá ser algún municipio de las Comarcas de L'Alcalatén, la Plana Alta y la Plana Baja.

k)  Proyecto de Plan Formativo por especialidades y en relación con el proyecto de obra o servicio que haya que desarrollar, de forma que se establezca la coherencia entre las especialidades formativas solicitadas, el plan formativo por especialidades y las unidades de obra o servicios. Los itinerarios formativos se adecuarán, en la medida de lo posible, a lo establecido en los reales decretos de los correspondientes certificados de profesionalidad.

Asimismo en el proyecto de Plan Formativo se especificarán también los siguientes aspectos:

— Descripción de instalaciones, aulas y medios previstos para la formación de los alumnos para la realización del Plan Formativo. Entre los medios previstos para la formación de los alumnos se dispondrá de acceso a internet a través de una línea ADSL, así como el equipamiento informático y de proyección audiovisual preciso para la utilización de este recurso en las aulas. Si el Ente Promotor no dispone de esta línea de ADSL, su alta podrá ser imputada a la subvención en el apartado de gastos de formación y funcionamiento.

— Fecha prevista para el comienzo del proyecto y duración de los talleres.

— Presupuesto de gastos que expresen los costes máximos totales derivados de la contratación del personal directivo, docente y de apoyo, costes máximos totales derivados del funcionamiento y gestión del proyecto y costes máximos totales derivados de la contratación de alumnos trabajadores.

— Presupuesto de ingresos que comprenderá la subvención que se solicita al SERVEF, la parte financiada por aportaciones de la entidad promotora, en su caso, o de otras instituciones u organismos y, en su caso, ingresos previstos como consecuencia, de la enajenación de bienes producidos o servicios prestados por el proyecto. Se harán constar expresamente, en su caso, las aportaciones o los ingresos que disminuyan el importe de la subvención que se haya de solicitar al SERVEF.

Este proyecto deberá presentarse en soporte papel e informático junto con la solicitud de la subvención.

l)  Informe sobre las estrategias de desarrollo y perspectiva de empleo de los beneficiarios del proyecto.

3.  En el supuesto de que los documentos que deben acompañar a la solicitud de concesión de las ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha, el expediente y el órgano o la dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y que no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.


Artículo 14.  Lugar y plazo de presentación de solicitudes.—Las solicitudes para esta convocatoria se presentarán en el plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana Dichas solicitudes deberán presentarse en el registro del SERVEF, en los registros de las Direcciones Territoriales de Empleo o bien, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo Común, incluida la presentación, en su caso, a través del correspondiente registro telemático, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 del Decreto 18/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, de Creación del Registro Telemático de la Generalitat Valenciana y la orden de 9 de mayo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (DOGV de 25 de mayo de 2005), que regula el procedimiento de tramitación telemática de solicitud de subvenciones y la presentación de documentación en el ámbito competencial del Servicio Valenciano de empleo y Formación, modificada por Orden de 16 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.


Artículo 15.  Valoración de las solicitudes.—1.  Recibidas las solicitudes corresponde al Servicio Territorial de Formación y cualificación Profesional de la Dirección Territorial de Empleo de Castellón, comprobar que reúnen todos los requisitos y la documentación exigida en el artículo 13.

2.  Las solicitudes, que reúnan todos los requisitos y documentación, contempladas en el párrafo anterior serán valoradas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

2.1.  Porcentaje de desempleados, que reúnan las características indicadas en el artículo 3 de la presente orden, en el municipio de ejecución del proyecto, entre 0 y 20 puntos.

2.2.  Adecuación entre las especialidades propuestas y ocupaciones más ofertadas en el mercado laboral del territorio: entre 0 y 15 puntos.

2.3.  Aportaciones de la entidad promotora u otras entidades colaboradoras. A tal efecto se tendrá en cuenta el esfuerzo inversor en cada caso, valorándose en función de las características del proyecto a realizar: entre 0 y 15 puntos.

3.  Además, una vez realizada la valoración técnica señalada, se valorarán los siguientes apartados en función de las características del proyecto formativo y la trayectoria de la entidad proponente:

3.1.  Calidad del proyecto, desde el punto de vista de las actuaciones a realizar y su adecuación para la cualificación y adquisición de experiencia profesional de los alumnos trabajadores: Entre 0 y 5 puntos.

3.2.  Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del plan formativo: entre 0 y 5 puntos.

3.3.  Valoración de las actuaciones realizadas por la Entidad solicitante, en los dos años anteriores a la presentación del proyecto en materia de empleo y formación: Entre 0 y 10 puntos.

3.4.  Impacto socioeconómico del proyecto en el correspondiente ámbito territorial, con específica referencia a la inserción de los alumnos: Entre 0 y 15 puntos.

4.  La valoración señalada en los dos párrafos anteriores, será realizada por un órgano colegiado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, presidido por el director general de Formación y cualificación Profesional o persona en quien delegue y que estará compuesto por las siguientes personas:

4.1.  El Jefe de Área de Formación y Cualificación Profesional.

4.2.  El director Territorial de Empleo de Castellón.

4.3.  Un funcionario de la indicada Dirección Territorial.

4.4.  Un/a funcionario/a de la Dirección General de Formación y Cualificación profesional que actuará como secretario/a.

5.  El director general de Formación y Cualificación Profesional, a la vista del expediente, del informe del citado órgano colegiado y, atendiendo a criterios de distribución territorial, procederá a formular la propuesta de resolución provisional que deberán estar suficientemente motivada, con indicación de los factores o criterios tenidos en cuenta en la valoración, que deberá notificarse a los interesados, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite anterior cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos o documentos que los aducidos por el interesado, en cuyo caso la propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.


Artículo 16.  Resolución.—1.  A la vista de la propuesta de resolución definitiva, la Dirección General del SERVEF, u órgano en quien delegue, dictará la resolución procedente.

2.  El plazo para resolver y notificar las solicitudes será de seis meses contados a partir de la publicación de esta orden.

3.  Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat, y ello sin perjuicio de la obligación legal de resolver.

4.  Las resoluciones de concesión que se dicten al amparo de esta convocatoria se notificarán a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dichas resoluciones de concesión serán motivadas y determinarán, además del objeto, condiciones y finalidad de la subvención concedida, la fecha de inicio de los proyectos aprobados, la duración de los mismos, así como la cuantía concedida.

5.  Las resoluciones que dicte el/la director/a general del SERVEF al amparo de la presente orden agotan la vía administrativa, y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

6.  En el supuesto que las entidades interesadas fueren Administraciones Públicas, se podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante idéntico órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación, salvo que hubiera mediado el requerimiento a que hace referencia el artículo 44 de la mencionada Ley, en cuyo caso el citado plazo contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

7.  La Dirección General del SERVEF, u órgano en quien delegue, publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la ley 38/2003 General de Subvenciones, la relación de los solicitantes a los que se concede la subvención con indicación de la cantidad concedida y finalidad de la subvención.


Artículo 17.  Costes elegibles.—1.  Las subvenciones que conceda el SERVEF para proyectos de Talleres de Empleo para el reciclaje Profesional, se calcularán para cubrir los siguientes conceptos:

A)  Costes salariales del personal directivo docente y de apoyo (Módulo A).

B)  Costes de formación y mantenimiento (Módulo B).

C)  Salarios de los alumnos (Módulo C).

2.  El módulo A incluye todos los costes salariales del personal directivo, docente y de apoyo así como los costes de las cuotas a cargo del empleador a la Seguridad Social por todos los conceptos, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. Para el cálculo de este módulo se considera una ratio de un docente a jornada completa por cada 8 alumnos.

3.  El módulo B compensará los gastos de mantenimiento, medios didácticos, material escolar, material de consumo y otros gastos de funcionamiento así como el seguro de accidentes de los alumnos que el ente promotor deberá suscribir con carácter obligatorio durante la primera fase de la etapa formativa.

4.  El módulo C incluye el siguiente concepto:

— El salario derivado del contrato de formación que de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores suscribirá cada alumno con el Ente Promotor. Se financiará el 120% del Salario Mínimo Interprofesional. Asimismo, se subvencionará también la totalidad de las cuotas a cargo del empleador, correspondientes a la Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional establecidas para dichos contratos en su normativa específica.


Artículo 18.  Cuantía de la subvención.—Para los Talleres de Empleo para el reciclaje Profesional, en el ejercicio 2010 se establecen las siguientes cuantías:

— Módulo A, 3'08 € por alumno y hora.

— Módulo B, 0'84 € por alumnos y hora.

— Módulo C, el 120% del Salario Mínimo Interprofesional, en concepto de salarios de alumnos trabajadores.

Cuando la duración del proyecto determine que se actúe en ejercicios distintos, la resolución de concesión contemplará con carácter estimativo, según dicha duración, uno o varios incrementos anuales para años sucesivos del 1,5%, aplicados sobre el Salario Mínimo Interprofesional y las cuotas patronales que correspondan a la anualidad en que se inicia el proyecto. Si el incremento del Salario Mínimo Interprofesional fuera superior al indicado porcentaje la diferencia será asumida por la entidad beneficiaria.

El importe total de la subvención calculada conforme a los criterios anteriores, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste del proyecto.


CAPÍTULO II

Normas comunes


Artículo 19.  Obligaciones de las entidades promotoras, control y publicidad.—Sin perjuicio de las obligaciones específicas que las administraciones competentes impongan a las entidades promotoras, éstas quedarán obligadas, como beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente orden a:

a)  Realizar la actividad para la que se conceda la subvención.

b)  Formar a los alumnos trabajadores participantes en los aspectos teóricos y prácticos de las actividades profesionales y oficios objeto del programa, así como contratarles durante la etapa de formación en alternancia.

c)  Acreditar ante el organismo que concede la subvención la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión.

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación que haya de efectuar el SERVEF, así como a las de control financiero que legalmente correspondan.

e)  Comunicar al organismo que conceda las subvenciones la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

f)  Identificar convenientemente, a efectos de difusión pública, las actividades, obras y servicios que se realicen sobre la base de esta orden, teniendo en cuenta la normativa establecida al efecto.

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, hasta el 31 de diciembre de 2015. Las entidades que, sin haber transcurrido el citado período, decidan suspender su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la citada documentación al SERVEF.

h)  Dar a conocer que la correspondiente ayuda está cofinanciada por el Fondo Europeo de Adaptación y Globalización (FEAG), de acuerdo con las instrucciones y modelos facilitados por el SERVEF.


Artículo 20.  Inicio y finalización de los proyectos.—1.  Una vez dictada y notificada la resolución de concesión, los entes promotores comunicarán el inicio de la actividad a la Dirección Territorial del Servef, utilizando el modelo normalizado y acompañando la siguiente documentación:

1.1.  Solicitud de transferencia de los fondos, según modelo normalizado.

1.2.  Declaración responsable y/o certificaciones a las que se refiere el artículo 12.2 de la presente orden, en el caso de que no estén en vigor las ya aportadas.

1.3.  Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa vigente de acuerdo con lo previsto por la ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los trabajadores. A tal efecto, el Ente promotor deberá elaborar una evaluación de los puestos de trabajo que ocuparán los alumnos/trabajadores en los contratos formativos.

1.4.  En el caso de que los proyectos a realizar impliquen especialidades para las cuales haya sido necesario proyecto básico de obras o proyecto técnico completo, el Ente promotor deberá presentar también una certificación acreditativa de que las obras son dirigidas por el técnico competente en cada caso.

Los Talleres deberán iniciarse durante el año 2010, debiendo finalizar antes del 15 de septiembre de 2011.


Artículo 21.  Pago y justificación.—Una vez dictada la resolución de concesión, previa solicitud, se podrá adelantar a la entidad beneficiaria hasta el máximo legal previsto del importe de la ayuda, aportando aval bancario a favor del SERVEF, siempre que no tenga la condición de Administración Pública, o esté exenta de dicha obligación por disposición legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y deberá disponer de una cuenta bancaria específica a la que se transferirá dicho importe, previa comunicación del número de cuenta.

Una vez finalizado el proyecto formativo, y en el plazo de 30 días naturales, a contar desde su finalización, se remitirán los justificantes de pagos efectuados con especificación del importe correspondiente a cada una de las partidas subvencionadas, utilizando para ello el programa informático SIDEC, o aquel que para análoga finalidad le sea facilitado por el SERVEF:

a)  Gastos de personal: Su justificación se efectuará con la presentación de una relación completa del personal contratado según modelo normalizado, la copia de las nóminas mensuales de todos los trabajadores, TC1 y TC2 y los justificantes de las transferencias efectuadas en ambos conceptos.

b)  Costes de formación y mantenimiento: Su justificación se efectuará mediante la presentación de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, así como la justificación de los pagos efectuados.

A efectos de acreditación del pago se utilizará preferentemente documento de transferencia bancaria. En cualquier caso, para gastos menores acreditados mediante recibos, éstos identificarán claramente el perceptor firmante de los mismos.

c)  Salarios de los alumnos trabajadores: Su justificación se efectuará con la presentación de la relación nominal de los alumnos, según el modelo normalizado así como la justificación de las trasferencias efectuadas. Las Entidades Promotoras deberán justificar también estos conceptos con la presentación de la copia de las nóminas mensuales de todos los alumnos/trabajadores, los TC1 y TC2 y los justificantes de las transferencias efectuadas en ambos conceptos.

En todo caso la justificación de los gastos subvencionados se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y de acuerdo con las indicaciones que el SERVEF pueda proporcionar en cada caso para justificar que la subvención concedida se acomoda a las condiciones impuestas y a la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la misma.

Los justificantes originales se marcarán por el beneficiario con una estampilla establecida al efecto, en la que se indicará la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso se indicará el porcentaje o la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.

La falta de justificación dará lugar al reintegro total o parcial de las subvenciones recibidas, según lo establecido en el Título II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Se entenderá gasto subvencionable aquel que, de manera indubitada, responda a la naturaleza de la actividad subvencionada y haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación establecido en el artículo anterior.


Artículo 22.  Rendimientos financieros.—De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios, no incrementarán el importe de la subvención concedida, en razón a la escasa cuantía de los mismos y la dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de su seguimiento y control.


Artículo 23.  Obligación de llevar contabilidad separada.—Los beneficiarios quedan obligados a la identificación en cuenta contable separada de todos los ingresos y gastos referidos a operaciones de la afectación de la subvención a la finalidad de su concesión.

A estos efectos deberá disponer de cuenta bancaria específica a la que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación transferirá, previa comunicación por el beneficiario del número de dicha cuenta, el montante total o parcial, según proceda. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación de justificación de las subvenciones percibidas en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la presente norma.


Artículo 24.  Causas de reintegro de subvenciones.—1.  Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

2.  En el caso de incumplimientos parciales el/la director/a General del Servef, u órgano en quien delegue, determinará la cantidad a reintegrar por el beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con la letra n), del apartado 3 del artículo 17 de dicha Ley.


Artículo 25.  Procedimiento de reintegro.—El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales de los procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo dispuesto en el título II, capítulo II, «Del procedimiento de reintegro», de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por lo establecido en el título III, capítulo II, sección 1.ª artículo 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.


Artículo 26.  Procedimiento sancionador.—Si como consecuencia de la tramitación de un expediente de reintegro, se detectara alguna de las infracciones tipificadas en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 67 de dicha Ley desarrollado por los capítulos I y II del título III y II del Reglamento General de Subvenciones, así como lo establecido en el artículo 102 y siguientes de dicho Reglamento.


DISPOSICIONES ADICIONALES



Disposición adicional primera.—Las ayudas contempladas en la presente orden se financiarán con cargo al capítulo IV, del estado de gastos del presupuesto del SERVEF para 2010, subprograma presupuestario 322.52, Formación para el Empleo, línea T7716000, «Talleres de Empleo para el Reciclaje Profesional», con un importe máximo de 2.779.870 €, siendo cofinanciadas en un 65% con cargo al FEAG.


Disposición adicional segunda.—Se autoriza al director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación para que mediante resolución haga públicas las posibles ampliaciones de la dotación contemplada en la disposición anterior.


Disposición adicional tercera.—Por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación se informará al Consejo Valenciano de Formación Profesional de las subvenciones concedidas al amparo de la presente orden.


Disposición adicional cuarta.—Dado que los destinatarios de las acciones formativas a impartir al amparo de la presente orden son los trabajadores desempleados, a los que se les facilita una cualificación profesional que facilita su inserción laboral, y los beneficiarios entidades sin ánimo de lucro, habida cuenta del carácter de estas ayudas y que van dirigidas a un colectivo que no ejerce actividad económica, estas subvenciones no cumplen con el requisito de la ventaja económica para una empresa, ni con el falseamiento de la competencia afectando a los intercambios comerciales entre los estados miembros, y en consecuencia, quedan excluidas de la aplicación del principio de incompatibilidad con el mercado común, formulado en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no siendo, por tanto, obligatoria la notificación de las mismas, a la Comisión Europea.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.—En lo no previsto en la presente orden, le será de aplicación lo establecido la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001 por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo.


Disposición final segunda.—Las subvenciones a que se refiere la presente orden se regularán por lo previsto en la misma y en lo no previsto, será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley; así como el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.


Disposición final tercera.—Se faculta a la Dirección General del Servef a dictar las Instrucciones que procedan para el desarrollo e implantación de la presente orden.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante éste mismo órgano en el plazo de un mes computado en los términos ya dichos, según lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso de los previstos en la vigente legislación.

En caso de que las entidades interesadas fueren Administraciones Públicas, podrán interponer recurso contencioso administrativo ante idéntico órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación, salvo que hubiera mediado el requerimiento a que hace referencia el artículo 44 de la mencionada Ley, en cuyo caso el citado plazo contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

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