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ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 2010, DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA CIRCULAR 04/2010 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA RELATIVA A LA INTERPRETACIÓN DEL REAL DECRETO 1000/2010, DE 5 DE AGOSTO, SOBRE VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO EN EL ÁMBITO REGLAMENTARIO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL (BOA DEL 28)


 
La Ley Orgánica 5/2007 de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 71.48, la competencia exclusiva en materia de industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa.

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo ejerce las competencias de ordenación, gestión, planificación e inspección en materia de industria, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 114/2008, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del citado Departamento.

La publicación y reciente entrada en vigor, el pasado 1 de octubre, del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, ha dado lugar a dudas interpretativas respecto a su aplicación entre los distintos agentes de la seguridad industrial.

Al objeto de aclarar las dudas interpretativas y dictar instrucciones a los Servicios Provinciales del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y a los Organismos de Control, que son quienes tramitan los correspondientes expedientes en el ámbito de la seguridad industrial, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ha emitido la Circular 04/2010 relativa a la interpretación del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio en el ámbito reglamentario de la seguridad industrial.

En virtud de todo lo expuesto y siendo conveniente que los ciudadanos y el resto de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma sean conocedores de dicha Circular, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, dispongo:

Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» de la Circular 04/2010 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, relativa a la interpretación del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio en el ámbito reglamentario de la seguridad industrial.

Circular 04/2010 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa relativa a la interpretación del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio en el ámbito reglamentario de la seguridad industrial.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, transpone la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios). Mediante esta Ley se pretenden consolidar los principios regulatorios compatibles con las libertades básicas de establecimiento y de libre prestación de servicios, y al mismo tiempo suprimir las barreras y reducir las trabas al acceso de las actividades de servicios de las empresas que se establezcan en España o que establecidas en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea deseen realizar su actividad en régimen de libre prestación en territorio español.

En el apartado 12 del artículo 3 de la Ley reconoce a los colegios profesionales y, en su caso, a los consejos generales y autonómicos de colegios profesionales como «Autoridad competente» cuando dice:

«Autoridad competente»: cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación o control de las actividades de servicios, o cuya actuación afecte al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio, y, en particular, las autoridades administrativas estatales, autonómicas o locales y los colegios profesionales y, en su caso, consejos generales y autonómicos de colegios profesionales.»

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre ha modificado, ya diversas leyes afectadas por la citada Directiva de Servicios, para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. En particular, entre las leyes afectadas, ha modificado la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

En relación con el visado la Ley 25/2009 ha añadido un nuevo artículo 13 a la Ley 2/1974 con la siguiente redacción:

«Artículo 13.  Visado.-1.  Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a los colegiados afectados, de acuerdo con los siguientes criterios:

a)  Que sea necesario por existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas.

b)  Que se acredite que el visado es el medio de control más proporcionado.

En ningún caso, los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales.

2.  El objeto del visado es comprobar, al menos:

a)  La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el artículo 10.2.

b)  La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.

En todo caso, el visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué extremos son sometidos a control e informará sobre la responsabilidad que, de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, asume el Colegio. En ningún caso comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.

3.  En caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.

4.  Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios harán públicos los precios de los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática.»

En relación con la exigencia del visado colegial la Ley 25/2009 establece en su disposición transitoria tercera:

«Disposición transitoria tercera.  Vigencia de la exigencia de visado colegial.-En el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará un Real Decreto que establezca los visados que serán exigibles de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

Hasta la entrada en vigor de la norma prevista en el párrafo anterior, la exigencia de visado se regirá por la normativa vigente.»

El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, que ha entrado en vigor el 1 de octubre de 2010, establece en su articulo 1, que tiene por objeto desarrollar lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios profesionales, que regula el visado colegial y particularmente establecer los trabajos profesionales que deben someterse a visado colegial obligatorio, en aplicación de los criterios de necesidad, por afectar directamente a la integridad física y seguridad de las personas, y proporcionalidad, por resultar el visado el medio de control más proporcionado. Asimismo concreta el régimen jurídico aplicable a los casos de visado obligatorio.

En relación con los trabajos profesionales relacionados con las edificaciones para los que se deberá obtener obligatoriamente el visado colegial, el Real Decreto 1000/2010 en los apartados a), b), c) y d) de su artículo 2 dispone:

«Artículo 2.  Visados obligatorios.-Es obligatorio obtener el visado colegial únicamente sobre los trabajos profesionales siguientes:

a)  Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley.

b)  Certificado de final de obra de edificación, que incluirá la documentación prevista en el anexo II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. A estos efectos, se entenderá por edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley.

c)  Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra que, en su caso, deban ser aportados en los procedimientos administrativos de legalización de obras de edificación, de acuerdo con la normativa urbanística aplicable.

d)  Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística aplicable.

...»

El artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación al que se hace referencia desde el Real Decreto 1000/2010 dispone:

«Artículo 2.  Ámbito de aplicación.-1.  Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a)  Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b)  Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.

c)  Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.»

Al objeto de determinar el concepto de edificación y que obras requieren proyecto, según lo dispuesto en los apartados a) y b) del artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, la Ley de ordenación de la edificación dispone en su artículo 2.2:

«2.  Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:

a)  Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.

b)  Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

c)  Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.»

Al objeto de aclarar el concepto de edificación en relación a las instalaciones fijas y al equipamiento propio, el apartado 3 del artículo 2 de la Ley de ordenación de la edificación dispone:

«3.  Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.»

Asimismo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, edificación además de ser un «edificio o conjunto de edificios», es «la acción y efecto de edificar (hacer un edificio)», siendo edificio una «construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos», y a su vez construcción toda «obra construida o edificada».

En relación con las exigencias técnicas y administrativas de la edificación, el artículo 3 de la Ley de ordenación de la edificación determina, entre otros, los requisitos básicos de la edificación relativos a la funcionalidad y a la seguridad:

«Artículo 3.  Requisitos básicos de la edificación.-1.  Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes:

a)  Relativos a la funcionalidad:

a.1)  Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

a.2)  Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.

a.3)  Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

b)  Relativos a la seguridad:

b.1)  Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

b.2)  Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

b.3)  Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.»

En lo que se refiere al concepto de proyecto, el artículo 4 de la Ley de ordenación de la edificación dispone:

«Artículo 4.  Proyecto.-1.  El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

2.  Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.»

En lo que se refiere al proyectista, el artículo 10 de la Ley de ordenación de la edificación dispone:

«Artículo 10.  El proyectista.-1.  El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

2.  Son obligaciones del proyectista:

a)  Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley.

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los elementos complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se trate.

b)  Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

c)  Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.»

En lo que a la figura del director de obra y del director de la ejecución de la obra se refiere, la Ley de ordenación de la edificación dispone:

«Artículo 12.  El director de obra.-1.  El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

2.  Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.

3.  Son obligaciones del director de obra:

a)  Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.

En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley.

...

f)  Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

g)  Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13.

Artículo 13.  El director de la ejecución de la obra.-1.  El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.

2.  Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:

a)  Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico. Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos.

En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.

...»

Mediante los Reales Decretos 249/2010, de 5 de marzo, y 560/2010, de 7 de mayo, por los que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energía y minas y diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adaptarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se han modificado diversos reglamentos de seguridad industrial de instalaciones, aparatos y equipos, en los que se determina para las obras de nueva construcción, ampliación, modificación o reforma en que casos se requiere proyecto y certificado final de obra suscrito por técnico titulado competente.

Correspondiendo a la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa la elaboración, propuesta, desarrollo, coordinación, control, y gestión de las actuaciones administrativas en materia de actividad industrial y de la seguridad industrial en particular, según lo previsto en el Decreto 114/2008, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

Esta Dirección General, a la vista de las dudas planteadas en relación con el visado de los trabajos profesionales en el ámbito de la Seguridad Industrial, y atendiendo a lo dispuesto por el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, cuya entrada en vigor se ha producido el 1 de octubre, emite la presente circular:


Primero.-Las instalaciones, aparatos o equipos, afectados por reglamentación de Seguridad Industrial, en una determinada localización y cualquiera que sea su uso, se consideran edificación y por lo tanto en el ámbito de aplicación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.


Segundo.-Para la ejecución, tanto por obra nueva como por modificación, ampliación o reforma de las instalaciones, aparatos o equipos señalados en la disposición primera, la necesidad de proyectos y certificados finales de obra viene determinada tanto por lo dispuesto en la Ley 38/1999 como por los correspondientes reglamentos de Seguridad Industrial que les afecten, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1000/2010 se requiere el visado obligatorio de dichos proyectos y certificados finales de obra.

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