Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Legislación
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

INDICE

DECRETO FORAL 31/2010, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA (BOG DEL 22)



Documentos relacionados

DECRETO FORAL 31/2010, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA (BOG DEL 22)


 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años el Departamento de Hacienda y Finanzas está inmerso en un proceso de empeño continuo en la lucha contra el fraude fiscal, poniendo a disposición de dicho cometido todos los medios a su alcance, tanto personales como técnicos.

Pero el objetivo perseguido por dicho empeño queda insuficientemente habilitado si no cuenta con un marco normativo moderno y actualizado para la labor de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. A este último propósito viene a dar respuesta el Reglamento que es objeto de aprobación en el presente Decreto Foral.

En tal sentido, la aprobación de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, supuso un salto cualitativo y cuantitativo en la regulación de contenidos relativos al control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, estableciendo una clara diferenciación en cuanto a los distintos procedimientos tributarios tanto en su vertiente de gestión como de inspección, así como de recaudación.

En lo que corresponde a las actuaciones y procedimientos de inspección, cabe señalar que en línea con otros contenidos de la Norma Foral 2/2005, la regulación incluida en esta última supuso, con su aprobación, una elevación de rango de muchos de los preceptos reglamentarios existentes con anterioridad, lo cual supone que en un planteamiento inicial de desarrollo reglamentario de dichos procedimientos, la extensión de su contenido se reduzca sustancialmente, tomando como modelo de desarrollo el reglamento de contenidos mínimos, esto es, desarrollando sólo aquellos contenidos que la Norma Foral remite al mismo, en lugar de un reglamento integrador de todo el contenido normativo en la materia.

En cuanto al desarrollo reglamentario que viene a sustituir, cabe señalar que el presente Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa finiquita una situación de transitoriedad en la que permanecía el anterior Reglamento de Inspección Tributaria, aprobado por el Decreto Foral 34/1990, de 5 de junio, que por ser anterior a la aprobación de la Norma Foral 2/2005, no tenía pleno encaje en la normativa sustantiva vigente.

Otro aspecto que es digno de destacar en cuanto al desarrollo reglamentario que se aborda, es que a diferencia de otros modelos de desarrollo llevados a cabo en otros ámbitos territoriales, y en ausencia de un desarrollo general aplicable a todos los procedimientos de aplicación de los tributos, en el presente Reglamento se opta por incluir en el desarrollo de los procedimientos tributarios de inspección aspectos relacionados con las disposiciones generales comunes a todos los procedimientos incluidos en el título II y en el capítulo I del título III de la Norma Foral 2/2005.

Hechas estas consideraciones generales, procede analizar el contenido del Reglamento, que por ser, como se ha dicho, un reglamento de mínimos, reduce su estructura a tres títulos: El preliminar dedicado a las normas generales y a los planes de inspección, el primero dedicado a las normas comunes a los procedimientos y actuaciones de inspección, y el segundo y último dedicado a los procedimientos y actuaciones de inspección. De los tres, el título primero sería el que viene a desarrollar los aspectos generalistas de los procedimientos tributarios.

Como ya se ha indicado, el título preliminar aborda aspectos generales de los procedimientos y actuaciones inspectoras, tales como el ámbito de aplicación y conceptos como la Inspección de los tributos y el personal inspector.

Con respecto a la Inspección de los tributos cabe resaltar la concepción de ésta como el conjunto de órganos administrativos a los que los reglamentos de estructura orgánica les atribuyen las funciones inspectoras previstas en el artículo 135 de la Norma Foral General Tributaria, a la vez que considera personal inspector aquellos funcionarios que participen en las distintas actuaciones y procedimientos de inspección con los derechos y obligaciones que tanto la citada Norma Foral como el Reglamento les atribuyen para el desarrollo de esas funciones. A tales efectos el reglamento recoge, como concreción, la actual estructura orgánica y funcional en la Subdirección General de Inspección de la Dirección General de Hacienda.

Otro de los aspectos generales contenidos en el título preliminar se refiere a los Planes de Inspección, desarrollando el artículo 112 de la Norma Foral General Tributaria. Los Planes de Inspección determinan las estrategias y objetivos generales de las actuaciones inspectoras, conteniendo los objetivos, los programas o líneas de actuación, los criterios de selección de los sujetos a las mismas y los recursos disponibles, y ello sin perjuicio de las actuaciones de investigación que desarrolle la Subdirección General de Inspección como órgano responsable de la Inspección de los tributos. La Dirección General de Hacienda es la competente para su aprobación y, en su caso, modificación, a propuesta de la Subdirección General de Inspección.

El título primero regula las normas comunes a los procedimientos y actuaciones inspectoras, conteniendo, como ya se ha indicado, aspectos comunes a otros procedimientos tributarios, pero que en tanto no se incluyan en una regulación común, se ha considerado oportuno incluirlos en el desarrollo de los procedimientos y actuaciones inspectoras.

El capítulo I del referido título primero desarrolla las facultades de la Inspección de los tributos, desarrollando los contenidos del artículo 136 y siguientes de la Norma Foral General Tributaria, tales como el examen de la documentación del contribuyente o de terceros con trascendencia tributaria para la comprobación, la entrada y reconocimiento de fincas, la toma de muestras, el dictamen de peritos, etc.

El capítulo II desarrolla la intervención y comparencia de los obligados tributarios, estableciendo la obligación genérica de atender a la Inspección de los tributos en el desarrollo de sus actuaciones, incluso, en determinados casos, de forma personal si la naturaleza de las actuaciones lo requiere. También se regula la intervención de los obligados a través de representante, bien porque esté establecido por disposiciones legales, porque aquellos carecen de capacidad para su intervención personal, o bien porque designen representante de forma voluntaria.

El capítulo III desarrolla la documentación de las actuaciones inspectoras, distinguiendo, en los términos que lo hacen el apartado 8 del artículo 95 y el artículo 137, ambos de la Norma Foral General Tributaria, entre comunicaciones, diligencias, informes y actas, siendo las tres primeras comunes a todos los procedimientos de aplicación de los tributos, y las actas documentos específicos de los procedimientos de inspección.

Por tratarse de los documentos en los que se recogen los resultados de las actuaciones inspectoras, las actas tienen especial trascendencia en los procedimientos de inspección, de ahí que el Reglamento se detenga a regular de forma intensa su naturaleza, contenido, carácter e, incluso, en el título segundo, sus clases.

Por último, el capítulo IV del título primero desarrolla el lugar y los horarios de las actuaciones inspectoras, haciendo especial incidencia en el domicilio fiscal del obligado tributario y en la obligación de éste de presentar en las oficinas de la Inspección de los tributos los documentos establecidos o exigidos por las normas tributarias. Con respecto al horario, el Reglamento desarrolla los supuestos en los que las actuaciones inspectoras puedan realizarse fuera de la jornada laboral de oficina o de la actividad del obligado tributario.

El título segundo desarrolla las siguientes actuaciones y procedimientos recogidos en el artículo 6 del Reglamento:

a)  El procedimiento de comprobación e investigación.

b)  Las actuaciones previas de verificación y constatación.

c)  La adopción de medidas cautelares.

d)  El procedimiento de comprobación restringida.

e)  El procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario.

f)  Las actuaciones de obtención de información.

g)  Las actuaciones de investigación.

h)  Las actuaciones de control de obligaciones formales tributarias.

i)  Las actuaciones de valoración.

j)  Las actuaciones de intervención en materia de Impuestos Especiales.

Hay que apuntar que las actuaciones previas de verificación y constatación, así como la adopción de medidas cautelares, se insertan dentro de actuaciones específicas del procedimiento de comprobación e investigación, pero que por su especial naturaleza, se han destacado dentro de las actuaciones inspectoras, siendo también aplicables a los otros procedimientos inspectores en la medida en que a éstos les son de aplicación las reglas recogidas para el procedimiento de comprobación e investigación.

El procedimiento inspector por excelencia es el de comprobación e investigación, que recoge todo un abanico de trámites y actuaciones para el buen término del mismo. Comienza con las actuaciones de verificación y constatación, realizadas con el fin de conocer mejor las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento de comprobación.

Iniciado el procedimiento, se comunica el mismo al contribuyente afectado, informándole del alcance de las actuaciones, que podrán ser de alcance general o parcial. El Reglamento determina que las actuaciones tendrán carácter parcial cuando no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período objeto de la comprobación, y en todos aquellos supuestos que se señalan en el Reglamento. En otro caso, las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación tendrán carácter general. No obstante, el Reglamento prevé, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Norma Foral General Tributaria, que el obligado tributario que esté siendo objeto de actuaciones de carácter parcial, pueda solicitar que las mismas tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso, períodos afectados por la actuación, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso, regulando los trámites a realizar a tales efectos.

Respecto al desarrollo y duración del procedimiento, el Reglamento concreta las posibles medidas cautelares a adoptar para asegurar el buen fin del procedimiento de comprobación e investigación, así como los supuestos de dilaciones imputables al obligado tributario o las interrupciones justificadas que no se tendrán en cuanta a la hora de computar los tiempos del procedimiento o su duración. Así mismo, regula los casos de ampliación del plazo de duración del procedimiento recogidos en el artículo 147.1 de la Norma Foral General Tributaria.

En cuanto a la terminación del procedimiento, el Reglamento desarrolla una compleja casuística de supuestos de terminación en los que la conformidad o disconformidad del obligado tributario con respecto a la regularización y la propuesta de sanción o la alteración de la propuesta efectuada por los actuarios antes del trámite inicial de audiencia con respecto a la formalizada en el acta, conducen a una serie de diferentes supuestos de terminación del procedimiento, bien mediante acta o bien mediante liquidación dictada por el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección.

Por último, el capítulo I de este título segundo dedicado al procedimiento de comprobación e investigación termina con una sección dedicada a las disposiciones especiales que recogen el desarrollo reglamentario de la estimación indirecta de bases imponibles, la aplicación de la cláusula antielusión, los supuestos especiales de comprobación de entidades en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades o en régimen de grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido o las actuaciones para declarar los distintos supuestos de responsabilidad a los que alude el artículo 41 de la Norma Foral General Tributaria.

El resto de los capítulos del título segundo están dedicados a los restantes procedimientos y actuaciones anteriormente mencionados, desarrollando aquellos aspectos de remisión reglamentaria en la Norma Foral General Tributaria necesarios para su aplicación. Entre ellos cabe resaltar el desarrollo de las actuaciones de obtención de información, tan importantes para un eficaz control del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Por último, cabe mencionar que por tratarse de un desarrollo de contenidos de la Norma Foral General Tributaria vigente desde 2005, se estima procedente que su contendido sea de inmediata aplicación, tanto para los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor como a los iniciados con anterioridad.

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación y aprobación del Consejo de Diputados en su sesión del día de hoy, dispongo


Artículo único.  Aprobación del Reglamento de Inspección Tributaria.—Se aprueba el Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que se incorpora como anexo al presente Decreto Foral.


DISPOSICIÓN TRANSITORIA



Disposición transitoria única.  Procedimientos en tramitación.—El Reglamento aprobado mediante el presente Decreto Foral será de aplicación, en cuanto a las actuaciones pendientes, a los procedimientos y actuaciones de inspección que se hayan iniciado con posterioridad a 1 de julio de 2005 y se encuentren en tramitación a la entrada en vigor del mismo.

Así mismo, será de aplicación desde el momento en que se inicien o continúen las actuaciones de la Administración tributaria, en los procedimientos que habiendo sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se encuentren suspendidos por estar sometidos a la jurisdicción penal, o cuando como consecuencia de una resolución del Tribunal Económico Administrativo Foral o una resolución judicial se retrotraigan las actuaciones en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la referida Norma Foral.

Documentos relacionados

DISPOSICIÓN DEROGATORIA


A la entrada en vigor del presente Decreto Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo en él establecido y, en particular, el Decreto Foral 34/1990, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.  Habilitación normativa.—Se habilita al Diputado o Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar las normas que sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo establecido en el presente Decreto Foral.


Disposición final segunda.  Entrada en vigor.—El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.


ANEXO

Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa


TÍTULO PRELIMINAR

Normas generales y planes de inspección


CAPÍTULO I

Normas generales


Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.—1.  El presente Reglamento complementa y desarrolla la regulación establecida en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa (en adelante Norma Foral General Tributaria), en relación con el ejercicio de las potestades y funciones de inspección y será de aplicación a la Administración tributaria foral.

Asimismo, será de aplicación a las Entidades Locales de Gipuzkoa en los términos establecidos en la Norma Foral General Tributaria y en la normativa reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2.  La Diputación Foral ejercerá sus competencias en materia de inspección tributaria en todo el territorio del Estado.

No obstante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2 del Concierto Económico del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, se solicitará la colaboración de los órganos inspectores de la Administración correspondiente cuando deban realizarse las siguientes actuaciones fuera del Territorio Histórico de Gipuzkoa:

a)  Actuaciones de comprobación e investigación.

b)  Actuaciones de obtención de información respecto a cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las entidades financieras y cuantas personas físicas y jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio.

3.  La Diputación Foral de Gipuzkoa será competente para la tramitación de los procedimientos y actuaciones regulados en el presente Reglamento en los términos previstos en el apartado 6 del artículo 48 de la Norma Foral General Tributaria.


Artículo 2.  La Inspección de los tributos y el personal inspector.—1.  A efectos de lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria y en este Reglamento, se entenderá por la Inspección de los tributos el conjunto de órganos administrativos a los que se atribuyan, en los reglamentos de estructura orgánica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, las funciones inspectoras previstas en el artículo 135 de la citada Norma Foral.

2.  En el ámbito de la Diputación Foral de Gipuzkoa tienen consideración de personal inspector los funcionarios que, destinados en el Departamento de Hacienda y Finanzas, ocupen los siguientes puestos:

a)  El Subdirector o la Subdirectora General de Inspección,

b)  Los Jefes o las Jefas de Unidades Operativas de Inspección,

c)  Los Técnicos Superiores Inspectores Tributarios y Técnicos Medios Subinspectores,

d)  Los Agentes tributarios.

e)  Los demás órganos y unidades de apoyo en que se organice la Subdirección General de Inspección.

Por Orden Foral del Diputado o de la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, se desarrollaran las funciones y competencias del personal inspector relacionado en este apartado, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.

3.  A efectos de lo establecido en este Reglamento se entenderá por actuario el funcionario de la Administración tributaria que, teniendo la consideración de personal inspector, esté encargado de la tramitación del procedimiento o intervenga en el mismo.

4.  También tendrán la consideración de personal inspector los técnicos superiores, medios, informáticos y otros funcionarios que participen en las distintas actuaciones y procedimientos de inspección para los que hayan sido designados, pudiendo desempeñar tareas auxiliares, complementarias y, en general, de captación y tratamiento de la información.

5.  No obstante lo establecido en los apartados anteriores, las actuaciones meramente preparatorias, de comprobación, toma de datos, prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria, podrán encomendarse al personal de la Administración Tributaria que no ostenten la condición de funcionarios.

6.  Los funcionarios que ocupen puestos de trabajo que supongan el desempeño de funciones propias de la Inspección de los tributos, desde la toma de posesión de los mismos, estarán investidos de los correspondientes derechos, prerrogativas y consideraciones y quedarán sujetos tanto a los deberes inherentes al ejercicio y dignidad de la función pública, como a los propios de su específica condición.


Artículo 3.  Derechos, prerrogativas y deberes del personal inspector.—1.  En los términos establecidos en la Norma Foral General Tributaria, los funcionarios que desempeñen funciones de inspección tributaria serán considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, a los efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, durante actos de servicio o con motivo del mismo.

2.  Las autoridades y entidades a que se refiere el artículo 91 de la Norma Foral General Tributaria y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a prestar a los funcionarios y demás personal de la Inspección de los tributos el apoyo, concurso, auxilio y protección que les sea necesario para el ejercicio de sus funciones.

En caso de inobservancia de tal obligación, se trasladará, en su caso, lo actuado a los órganos con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento de Hacienda y Finanzas para que se ejerciten, en su caso, las acciones que procedan por parte del órgano competente.

3.  Todo el personal, cualquiera que sea su condición o carácter, que desempeñe o haya desempeñado labores en órganos administrativos con funciones inspectoras, tiene la obligación de secreto respecto de los asuntos en que haya intervenido directa o indirectamente y estará obligado al más estricto deber de sigilo respecto de los datos, informes o antecedentes que conozca por razón de su cargo o puesto de trabajo.

Esta información tendrá carácter reservado y sólo podrá ser comunicada a quienes por razón de sus competencias intervengan en el procedimiento de que se trate. Los resultados de las actuaciones podrán ser utilizados en todo caso por el órgano que las haya realizado y por otros órganos de la misma Administración tributaria en orden al adecuado desempeño de sus funciones respecto del mismo o de otros obligados tributarios.

4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los datos, informes o antecedentes obtenidos en el curso de las actuaciones inspectoras podrán comunicarse en los casos previstos en el artículo 92 de la Norma Foral General Tributaria.

Durante la puesta de manifiesto del expediente podrán ser comunicados los documentos, datos, informes o antecedentes obtenidos de otros obligados tributarios que figuren en el expediente y vayan a ser tenidos en cuenta en la resolución, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una ley, en cuyo caso se adoptarán las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de los datos que no afecten al obligado tributario con el que se entiende el procedimiento.

5.  El personal a que se refiere el apartado 3 no estará obligado a declarar como testigo en los procedimientos civiles ni en los penales, por delitos que sean perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada, cuando no pudiera hacerlo sin violar el deber de sigilo que esté obligado a guardar.


Artículo 4.  Acreditación del personal inspector.—1.  Se proveerá al personal inspector de un carné u otra identificación que les acredite para el desempeño de sus funciones.

2.  Cuando el personal inspector actúe fuera de las oficinas públicas deberá acreditar su condición, si es requerido para ello.


Artículo 5.  Colaboración de la Inspección de los tributos con otras Administraciones.—1.  Las actuaciones inspectoras podrán realizarse mediante colaboración entre las distintas Administraciones tributarias, de oficio o a solicitud de otra Administración tributaria, así como a través de acuerdos, convenios o de otras fórmulas o vías que se establezcan entre las mismas o con otras entidades públicas o privadas.

2.  Cuando la Inspección de los tributos de la Diputación Foral de Gipuzkoa conozca hechos o circunstancias con trascendencia tributaria para otras Administraciones tributarias, los documentará y pondrá en conocimiento de éstas, acompañándolos de los elementos probatorios que procedan.

3.  Cuando la Inspección de los tributos conozca, en el curso de sus actuaciones, hechos de los que pudieran derivarse indicios de fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea, los hará constar en diligencia y lo pondrá en conocimiento del Director o Directora General de Hacienda, a los efectos oportunos.

Asimismo, la Inspección de los tributos, por medio del órgano competente, pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, los hechos que conozca en el curso de sus actuaciones y puedan ser constitutivos de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.

4.  En el marco de los mecanismos de intercambio de información y de asistencia mutua previstos en las directivas y reglamentos comunitarios, así como en los convenios internacionales para evitar la doble imposición, la Inspección de los tributos de la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá realizar actuaciones inspectoras a instancia de las autoridades competentes de otros Estados. En el desarrollo de dichas actuaciones podrán estar presentes funcionarios de estos Estados, previa autorización del Director o Directora General de Hacienda.


Artículo 6.  Procedimientos y actuaciones de inspección.—1.  Sin perjuicio de las actuaciones que puedan llevarse a cabo por parte de otros órganos de la Administración tributaria en el ámbito de sus competencias, son procedimientos y actuaciones de inspección los siguientes:

a)  El procedimiento de comprobación e investigación.

b)  Las actuaciones previas de verificación y constatación.

c)  La adopción de medidas cautelares.

d)  El procedimiento de comprobación restringida.

e)  El procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario.

f)  Las actuaciones de obtención de información.

g)  Las actuaciones de investigación.

h)  Las actuaciones de control de obligaciones formales tributarias.

i)  Las actuaciones de valoración.

j)  Las actuaciones de intervención en materia de Impuestos Especiales.

2.  Las actuaciones pueden constituir, en su caso, el objeto de un procedimiento autónomo o producirse en el curso de otro procedimiento.


Artículo 7.  Registro de las actuaciones.—La Inspección de los tributos relacionará o registrará sus actuaciones con el detalle preciso para el debido control y constancia de las mismas, distinguiendo entre los distintos tipos de procedimientos y actuaciones a que se refiere el artículo anterior.


CAPÍTULO II

Planes de Inspección


Artículo 8.  El Plan de Inspección.—1.  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Norma Foral General Tributaria, el Plan de Inspección se incluirá en el Plan de comprobación tributaria elaborado anualmente por el Departamento de Hacienda y Finanzas.

2.  Las actuaciones de la Inspección de los tributos se adecuarán al correspondiente Plan de Inspección, que contendrá los objetivos que se persiguen, los programas o líneas de actuación, los criterios de selección y los recursos disponibles, ello sin perjuicio de las actuaciones de investigación que se desarrollen por parte de la Subdirección General de Inspección.

3.  El Plan de Inspección será aprobado y, en su caso, modificado por el Director o la Directora General de Hacienda a partir de la propuesta formulada por el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección.

4.  La inclusión en el Plan de Inspección de los programas o líneas de actuación se basará en criterios de riesgo de incumplimiento fiscal, oportunidad, aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes.

5.  En ejecución de lo contemplado en el Plan de Inspección, el Director o la Directora General de Hacienda, a propuesta del Subdirector o de la Subdirectora General de Inspección, aprobará la selección de los obligados tributarios que van a ser objeto de alguno de los procedimientos de inspección, determinando el alcance, conceptos y períodos de la misma.

La selección de los obligados tributarios que deban ser objeto de actuaciones inspectoras se basará en criterios cuantitativos, comparativos, sectoriales, territoriales, aleatorios o de cualquier otra especie, con arreglo al contenido del Plan de Inspección.

6.  La selección de los obligados tributarios tendrá el carácter de acto de mero trámite y no será susceptible de recurso o reclamación.

7.  En el marco del Plan de Inspección, las funciones y facultades de la Inspección de los tributos se ejercerán con plena autonomía e independencia.

8.  La iniciativa del personal inspector para la incorporación de actuaciones al Plan correspondiente, basada en criterios de eficacia y oportunidad, se canalizará a través de las unidades u órganos administrativos en que presten servicio, proponiendo, motivadamente, la inclusión de obligados tributarios hasta entonces no seleccionados o la inclusión de nuevas líneas o programas no previstos en el Plan.

9.  El Plan de Inspección tiene carácter reservado. No será objeto de publicidad o de comunicación ni se pondrá de manifiesto a los obligados tributarios, sin perjuicio de que se hagan públicos los criterios generales que lo informen.

10.  Podrán iniciarse actuaciones inspectoras como consecuencia de orden escrita y motivada dictada por el Director o la Directora General de Hacienda o por el Diputado o la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.


Artículo 9.  Otros Planes.—La elaboración de los planes de inspección conjunta a que se refiere el artículo 13 de la Ley 3/1989, de 3 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, así como la de los planes conjuntos de inspección contemplados en la letra b) del apartado tres del artículo 4 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, serán objeto de procedimientos especiales acordados entre las Administraciones interesadas.


TÍTULO I

Normas comunes a los procedimientos y actuaciones de inspección


CAPÍTULO I

Funciones y facultades de la inspección de los tributos


Artículo 10.  Investigación.—Corresponderá a la Inspección de los tributos la investigación de los hechos imponibles a fin de descubrir los que sean ignorados o desconocidos por la Administración tributaria y su consiguiente atribución al obligado tributario, así como el descubrimiento de supuestos de hecho de otras obligaciones tributarias ignorados por la Administración tributaria, y alcanzará a todos los supuestos de hecho determinantes de la obligación tributaria principal, de la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, de las obligaciones entre particulares resultantes del tributo y de las obligaciones tributarias accesorias y formales.

La investigación podrá realizarse en cualquier momento, anterior, simultáneo o posterior a la realización del hecho imponible o del plazo o período de su declaración.


Artículo 11.  Beneficios fiscales, devoluciones y regímenes tributarios especiales.—1.  La Inspección de los tributos, en el ejercicio de sus funciones, procederá a la comprobación del cumplimento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como de la concurrencia de las condiciones precisas para la aplicación de regímenes tributarios especiales.

2.  Los actos de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales y regímenes fiscales que estén condicionados al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el procedimiento en que se dictaron, tendrán carácter provisional. La Inspección de los tributos podrá comprobar la concurrencia de tales condiciones o requisitos y, en su caso, regularizar la situación tributaria del obligado sin necesidad de proceder a la previa revisión de dichos actos provisionales, salvo que la normativa aplicable prevea la realización de actos previos a la regularización.


Artículo 12.  Examen de libros, registros y documentos.—1.  En las actuaciones y procedimientos de inspección, el personal inspector podrá, previa su puesta a disposición, examinar entre otros los siguientes documentos de los obligados tributarios:

a)  Declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas por los obligados tributarios relativos a cualquier tributo, así como cuantos documentos o antecedentes sean precisos para probar los hechos y circunstancias consignadas en las mismas.

En todo caso, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o declaraciones por medios telemáticos deberán poner a disposición de la Inspección de los tributos los programas, ficheros y archivos generados que contengan los datos originarios de los que deriven los estados contables y las autoliquidaciones o declaraciones presentadas.

b)  Contabilidad principal y auxiliar, comprendiendo tanto los registros y soportes contables como los justificantes de las anotaciones realizadas y las hojas previas o accesorias de dichas anotaciones, así como los contratos y documentos con trascendencia tributaria. Los estados contables deberán ir acompañados de los desgloses y comentarios precisos para la adecuada comprensión de la información financiera.

c)  Libros registro establecidos por la normativa tributaria.

d)  Facturas, justificantes y documentos sustitutivos que deba emitir o conservar el obligado tributario.

e)  Cualquier otra documentación, bases de datos informatizadas, programas, incluyendo su diseño y funcionamiento, registros y archivos informáticos y demás justificantes no incluidos en las letras anteriores, que contengan información con transcendencia tributaria.

2.  Así mismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104.4, segundo párrafo de la Norma Foral General Tributaria, el personal inspector podrá utilizar los datos obtenidos en un procedimiento o en actuaciones inspectoras procedentes de:

a)  Documentos, correspondencia, datos, informes, antecedentes y cualesquiera otros con trascendencia tributaria obtenidos directa o indirectamente de otras personas o entidades, públicas o privadas, y que afecten al obligado tributario.

A estos efectos, cuando en un procedimiento de inspección el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos efectuados en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 90 y 91 de la Norma Foral General Tributaria, deberá efectuar dicha alegación en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que dichos datos le sean puestos de manifiesto por la Inspección de los tributos mediante comunicación o diligencia.

b)  Datos o informes obtenidos como consecuencia del deber de colaboración y de las denuncias públicas, atendiendo, en este último caso, a lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria.

c)  Información obtenida de otros órganos u organismos administrativos.

d)  Cuantos, datos informes y antecedentes puedan procurarse legalmente.

3.  La Inspección de los tributos podrá analizar directamente la documentación y los demás elementos a que se refiere este artículo, exigiendo, en su caso, la visualización en pantalla o la impresión de los correspondientes listados de datos archivados en soportes informáticos. Esta obligación incluye la de facilitar la conversión de los datos a formato legible cuando la lectura o interpretación de los mismos no fuera posible por estar encriptados o codificados.

4.  La Inspección de los tributos podrá obtener copia a su cargo, en cualquier soporte, de cualquiera de los datos, libros, documentos, ficheros, archivos o registros informáticos o electrónicos a que se refiere este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra h) del artículo 34 de la Norma Foral General Tributaria.

5.  Cuando en el curso de un procedimiento o actuación inspectora se requiera al obligado tributario para que aporte datos, informes u otros antecedentes que no resulten de la documentación que ha de hallarse a disposición de la Administración tributaria, ni de los justificantes o de los hechos o circunstancias consignadas en sus declaraciones, se le concederá un plazo no inferior a diez días, contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, para cumplir con su deber de colaboración, excepto que ya haya sido requerido anteriormente dentro del mismo procedimiento de inspección para la aportación de los mismos, en cuyo caso se podrá exigir el cumplimiento en un plazo inferior.

6.  Las pruebas o informaciones suministradas por las autoridades competentes de otros Estados y por otras Administraciones públicas podrán incorporarse con valor probatorio al procedimiento que corresponda.


Artículo 13.  Obligación de llevar y conservar los libros de contabilidad.—1.  A los efectos de lo establecido en la Norma Foral General Tributaria y en este Reglamento, los obligados tributarios que realicen actividades económicas deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio y demás normas contables de desarrollo o con las normas especiales que les sean de aplicación.

2.  Cuando la llevanza de contabilidad se realice mediante la utilización de técnicas informáticas o electrónicas, la obligación de conservación alcanzará a los programas, ficheros y archivos informáticos o electrónicos que les sirvan de soporte, así como a los sistemas de codificación utilizados.

3.  Los obligados tributarios deberán conservar la contabilidad en los términos a que se refiere el artículo 69 de la Norma Foral General Tributaria.

En este sentido, será necesario conservar los libros de contabilidad y su justificación documental de ejercicios prescritos cuando constituyan uno de los elementos probatorios del origen de deducciones o compensaciones que se pretenden aplicar en ejercicios no prescritos.


Artículo 14.  Obligación de llevar y conservar los libros registro de carácter fiscal.—1.  Cuando la normativa propia de cada tributo así lo prevea, los obligados tributarios deberán llevar y conservar de forma correcta los libros registro que se establezcan. Los libros registros deberán conservarse en el domicilio fiscal del obligado tributario, salvo lo dispuesto en la normativa de cada tributo.

Cuando la llevanza de los libros registro se realice mediante la utilización de técnicas informáticas o electrónicas, la obligación de conservación alcanzará a los programas, ficheros y archivos informáticos o electrónicos que les sirvan de soporte, así como a los sistemas de codificación utilizados.

2.  Las operaciones que hayan de ser objeto de anotación registral deberán asentarse en los correspondientes registros en el plazo de tres meses a partir del momento de realización de la operación o de la recepción del documento justificativo o, en todo caso, antes de que finalice el plazo establecido para presentar la correspondiente declaración, autoliquidación o comunicación, salvo lo dispuesto en la normativa propia de cada tributo.

3.  Los libros o registros contables, incluidos los de carácter informático o electrónico que, en cumplimiento de sus obligaciones contables, deban llevar los obligados tributarios, podrán ser utilizados como libros registro de carácter fiscal, siempre que se ajusten a los requisitos que se establecen en este Reglamento y en la normativa específica de los distintos tributos.

4.  El Diputado o la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas podrá disponer adaptaciones o modificaciones de las obligaciones registrales de determinados sectores empresariales o profesionales.

5.  Los obligados tributarios deberán conservar los libros registro durante el plazo previsto en la normativa de cada tributo o durante el plazo a que se refiere el artículo 69 de la Norma Foral General Tributaria.

En particular, será necesario conservar los libros registro y su justificación documental de ejercicios prescritos cuando constituyan uno de los elementos probatorios del origen de deducciones o compensaciones que se pretenden aplicar en ejercicios no prescritos.


Artículo 15.  Entrada y reconocimiento de fincas.—1.  El personal inspector tiene la facultad de entrada y reconocimiento de los lugares a que se refiere el apartado 2 del artículo 136 de la Norma Foral General Tributaria cuando las actuaciones lo requieran.

En particular, podrá entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación o se produzcan hechos imponibles o exista alguna prueba de los mismos, siempre que lo juzguen conveniente para la práctica de cualesquiera actuaciones y, en concreto, para reconocer los bienes, despachos, instalaciones o explotaciones del obligado tributario, practicando cuantas actuaciones probatorias conexas sean necesarias.

2.  Se precisará autorización del Director o de la Directora General de Hacienda, cuando la entrada y reconocimiento se intenten respecto de fincas o lugares donde no se desarrollen actividades de naturaleza empresarial o profesional y cuando el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encuentren las fincas se opusiesen a la entrada del personal inspector, sin perjuicio, en todo caso, de la adopción de las medidas cautelares que procedan.

3.  Los obligados tributarios deberán permitir el acceso del personal inspector a sus oficinas donde hayan de tener a disposición de la Inspección de los tributos su contabilidad y demás documentos y justificantes concernientes a su negocio durante la jornada laboral aprobada para cada empresa.

4.  Cuando se considere que para el desarrollo de las actuaciones inspectoras sea necesaria la entrada en un domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, se deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.

La petición de autorización al órgano jurisdiccional será cursada por el Director o la Directora General de Hacienda. A tal fin, el personal inspector que originare la solicitud redactará un informe motivando la necesidad de la entrada o el registro, que deberá contar con el visto bueno del Subdirector o de la Subdirectora General de Inspección previo a su remisión.

En la entrada y reconocimiento judicialmente autorizados, el personal inspector podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias.

Una vez finalizados la entrada y reconocimiento, se comunicarán las circunstancias, incidencias y resultados al órgano jurisdiccional que los autorizó.

5.  A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará que el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encuentren las fincas prestan su conformidad a la entrada y reconocimiento cuando ejecuten los actos normalmente necesarios que dependan de ellos para que las actuaciones puedan llevarse a cabo.

No obstante, cuando la entrada y reconocimiento se refieran a un domicilio constitucionalmente protegido, se solicitará al obligado tributario el consentimiento expreso para el acceso, advirtiéndole de sus derechos, de lo que se dejará constancia en diligencia.

Si, en cualquiera de los casos anteriores, se produce la revocación del consentimiento del obligado tributario para la permanencia en los lugares en los que se estén desarrollando las actuaciones, los actuarios, antes de la finalización de éstas, podrán adoptar las medidas cautelares reguladas en el artículo 143 de la Norma Foral General Tributaria y en el artículo 43 del presente Reglamento.


Artículo 16.  Otras facultades de la Inspección de los tributos.—1.  En los puertos, estaciones de ferrocarril y de transportes terrestres, aeropuertos, mercados centrales, mataderos, lonjas y lugares de naturaleza análoga, se permitirá libremente la entrada del personal inspector a sus estaciones, muelles, oficinas y demás instalaciones para la toma de datos de facturaciones, entradas y salidas u otros similares, pudiendo requerirse a los empleados para que certifiquen la exactitud de los datos y antecedentes tomados.

2.  Asimismo, la Inspección de los tributos está facultada para:

a)  Realizar mediciones o tomar muestras, así como obtener fotografías, croquis o planos. Estas operaciones podrán ser realizadas por el personal inspector en los términos establecidos en este Reglamento.

b)  Recabar el dictamen de peritos, pudiendo prestar sus servicios a estos efectos el personal inspector que tengan titulación suficiente y adecuada al objeto de la pericia.

c)  Exigir la exhibición de objetos determinantes de la exacción de un tributo.

d)  Verificar los sistemas de control interno de la actividad económica cuando pueda facilitar la comprobación de su situación tributaria.

e)  Requerir al interesado la traducción de cualesquiera documentos con trascendencia probatoria a efectos tributarios redactados en una lengua no oficial en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

f)  Recabar información de los trabajadores o empleados del obligado tributario sobre cuestiones relativas a las actividades laborales que desempeñen para el mismo.

g)  Realizar actuaciones de auditoría informática, entendida ésta como una actividad orientada a verificar y analizar los sistemas y equipos informáticos mediante los que se lleve a cabo, total o parcialmente, la gestión de la actividad económica.

3.  La Inspección de los tributos podrá requerir cuanta información sea necesaria para decodificar los datos de transcendencia tributaria registrados en sus sistemas informáticos y las claves de acceso a los sistemas o archivos informáticos especialmente protegidos con clave o cifrados.


CAPÍTULO II

Intervención y comparecencia ante la inspección de los tributos


SECCIÓN 1.ª  PERSONAS CON LAS QUE DEBEN ENTENDERSE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS


Artículo 17.  Obligados ante la Inspección de los tributos.—1.  Los obligados tributarios deberán atender a la Inspección de los tributos y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.

Tratándose de un grupo que tribute en régimen de consolidación fiscal, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, o grupo de entidades en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán atender a la Inspección de los tributos tanto la sociedad dominante del grupo fiscal o del grupo de entidades como las entidades dependientes.

2.  Cuando la Inspección de los tributos se persone sin previa comunicación en el lugar donde deban practicarse las actuaciones, el obligado tributario deberá atenderle si estuviese presente. En su defecto, deberá colaborar cualquiera de las personas encargadas o responsables de tales lugares y prestar ayuda y responder a todas las cuestiones pertinentes que plantee la Inspección de los tributos, sin perjuicio de que en el mismo momento y lugar se pueda requerir la continuación de las actuaciones en el plazo que se señale y adoptar las medidas cautelares que resulten procedentes.

3.  Los obligados ante la Inspección de los tributos pueden comparecer por sí o a través de representante.

4.  Cuando el obligado tributario llamado a comparecer justifique la concurrencia de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y hora que le hubiesen fijado, podrá solicitar un aplazamiento dentro de los tres días siguientes al de la notificación del requerimiento. En el supuesto de que la circunstancia que impida la comparecencia se produzca transcurrido el citado plazo de tres días, se podrá solicitar el aplazamiento antes de la fecha señalada para la comparecencia.

En tales casos, se señalará nueva fecha para la comparecencia.

5.  El obligado tributario o su representante deberá hallarse presente en las actuaciones inspectoras cuando a juicio de la Inspección de los tributos sea preciso para la adecuada práctica de aquéllas.

6.  El obligado tributario podrá intervenir en las actuaciones y procedimientos asistido por un asesor fiscal o por la persona que considere oportuno en cada momento, de lo que se dejará constancia en el expediente, así como de la identidad del asistente.

Cuando el representante acuda acompañado de cualquier persona, deberá acreditarse la conformidad del obligado tributario a que conozca las actuaciones en las que intervenga.

7.  Tratándose de entidades del artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria, las actuaciones que tengan por objeto examinar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de carácter formal, se desarrollarán con quien tenga su representación de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.3 de dicha Norma Foral.

Las liquidaciones que, en su caso, procedan se practicarán a nombre de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los partícipes, miembros o cotitulares de dichas entidades.

El examen del adecuado cumplimiento de las obligaciones relativas al tributo que grave las rentas obtenidas por las entidades en régimen de atribución de rentas se realizará en el curso de los procedimientos que puedan instruirse frente a cada socio, heredero, comunero o partícipe como obligado tributario por dicho tributo. En esos procedimientos podrán utilizarse los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de las actuaciones de comprobación de las obligaciones propias de la entidad.

8.  La comprobación de la situación tributaria de las Uniones Temporales de Empresas, Agrupaciones de Interés Económico y demás entidades obligadas a imputar rentas se desarrollará con éstas, sin perjuicio del derecho de sus socios o miembros a oponer todos los motivos de impugnación que estimen convenientes durante la tramitación del procedimiento de comprobación o investigación que se instruya frente a cada uno de ellos en el que se tenga en cuenta los resultados de las actuaciones desarrolladas con la entidad.

9.  En los supuestos de solidaridad de varios obligados tributarios por la concurrencia en un mismo presupuesto de hecho de una obligación regulada en el artículo 35.5 de la Norma Foral General Tributaria, las actuaciones y procedimientos podrán realizarse con cualquiera de los obligados tributarios que concurran en el presupuesto de hecho de la obligación objeto de las actuaciones o procedimientos.

Una vez iniciado un procedimiento de comprobación o investigación, se deberá comunicar esta circunstancia a los demás obligados tributarios conocidos que podrán comparecer en las actuaciones. El procedimiento será único y continuará con quienes hayan comparecido. Las sucesivas actuaciones se desarrollarán con quien proceda en cada caso.

Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que, en su caso, se practiquen se realizarán a nombre de todos los obligados tributarios que hayan comparecido y se notificarán a los demás obligados tributarios conocidos.


Artículo 18.  La comparecencia personal del obligado tributario.—De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 136 de la Norma Foral General Tributaria, la Inspección de los tributos podrá requerir de forma excepcional y motivada la comparecencia personal del obligado tributario en cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 34 del presente Reglamento, cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija. Entre otros supuestos, se entenderá que concurre esta circunstancia:

a)  Cuando la comparecencia personal sea necesaria para confirmar la veracidad o la autenticidad de documentos suscritos o emitidos por el obligado tributario.

b)  Cuando se precise para constatar la existencia y las circunstancias en que se realizaron operaciones concretas con trascendencia tributaria relevante, en las que hubiera participado personalmente o de las que tuviera un conocimiento directo.

c)  Cuando la actuación del representante pudiera dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones inspectoras.

d)  Cuando las manifestaciones de su representante pongan de manifiesto reiteradamente que desconoce las actividades del obligado tributario o que ya no representa a éste.

e)  Cuando sea necesario para la comprobación del domicilio fiscal declarado por el obligado tributario.


SECCIÓN 2.ª  LA REPRESENTACIÓN EN LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN


Artículo 19.  La representación legal.—1.  Las personas físicas que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario actuarán ante la Inspección de los tributos a través de sus representantes legales.

No obstante, una vez adquirida o recuperada la capacidad de obrar por las personas que carecían de ella, estas actuarán por sí mismas, incluso para la comprobación de su situación tributaria anterior.

Quienes tuvieron su representación legal deberán comparecer asimismo a requerimiento de la Inspección de los tributos, en su propio nombre sin vincular a quien representaron.

2.  Quienes hubieren ocupado los órganos a quienes corresponda la representación de las personas jurídicas cuando se devengaron o debieron haberse cumplido las correspondientes obligaciones o deberes, y no lo hicieran en el momento de realizarse las actuaciones inspectoras, deberán atender los requerimientos de los actuarios, actuando en su propio nombre, sin vincular a la entidad, si fuese conveniente para facilitar el desarrollo de las mismas.

3.  El representante legal deberá acreditar su condición ante la Inspección de los tributos. No obstante, en el supuesto de personas jurídicas se podrán considerar representantes a aquellas personas que figuren inscritas como tales en los correspondientes registros públicos.

4.  Cuando en el curso de un procedimiento de inspección se modifique o se extinga la representación legal, las actuaciones realizadas se reputarán válidas y eficaces, en tanto no se comunique tal circunstancia al personal inspector que esté desarrollando las actuaciones.


Artículo 20.  La representación voluntaria.—1.  La representación será conferida, en el caso de personas físicas con capacidad de obrar, por ellas mismas.

En el caso de personas físicas sin capacidad de obrar en el orden tributario, de personas jurídicas y de las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, la representación voluntaria podrá ser conferida por quienes tengan la representación legal cuando el contenido de su representación lo permita.

La representación podrá ser otorgada en favor de personas jurídicas o de personas físicas con capacidad de obrar.

2.  A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 46 de la Norma Foral General Tributaria, se entenderá acreditada la representación, entre otros, en los siguientes casos:

a)  Cuando su existencia conste inscrita y vigente en un registro público.

b)  Cuando conste en documento público o privado con firma legitimada notarialmente.

c)  Cuando se otorgue mediante comparecencia ante la Inspección de los tributos, lo que se documentará en diligencia en la que constará la firma e identificación del personal inspector que intervenga.

d)  Cuando la representación conste en documento emitido mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos que se establezcan por la Administración tributaria.

e)  Cuando conste acreditada en los censos de representantes voluntarios ante la Diputación Foral de Gipuzkoa a todos los efectos fiscales.

3.  En todos los supuestos de representación deberán constar, al menos, las siguientes menciones:

a)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del representado y del representante, así como la firma de uno y otro.

b)  Contenido de la representación, identificando, en su caso, el procedimiento concreto al que se refiera, así como la amplitud y suficiencia de la misma.

c)  Lugar y fecha de su otorgamiento.

d)  En el caso de representación voluntaria otorgada por el representante legal del obligado tributario, deberá acompañarse la acreditación de la representación legal.

4.  Para actuaciones previstas en el apartado 5 del artículo 46 de la Norma Foral General Tributaria, se entenderá otorgada la representación en los siguientes casos:

a)  Cuando la representación se haya hecho figurar expresamente en la declaración, autoliquidación, comunicación de datos o solicitud que sea objeto del procedimiento.

b)  Cuando la representación conferida resulte de los propios actos o de la conducta observada por el obligado tributario en relación con las actuaciones desarrolladas.

5.  La revocación de la representación no supondrá la nulidad de las actuaciones practicadas con el representante antes de que se haya acreditado esta circunstancia a la Inspección de los tributos. A partir de dicho momento, se considerará que el obligado tributario no comparece ante la Inspección de los tributos ni atiende los requerimientos de ésta hasta que nombre un nuevo representante o las atienda personalmente.

6.  La renuncia a la representación no tendrá efectos ante la Inspección de los tributos hasta que se acredite que se ha comunicado de forma fehaciente al representado dicha renuncia.


Artículo 21.  Disposiciones comunes a la representación legal y voluntaria.—1.  La acreditación de la representación deberá realizarse en la primera actuación que se realice a través de representante, si bien su falta o insuficiencia no impedirá que se tenga por realizado el acto o trámite de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, que deberá conceder al efecto el personal inspector encargado de las actuaciones o del procedimiento.

En todo caso, se podrá exigir que la persona o personas con quienes se realicen las actuaciones acrediten su identidad y el concepto en el que actúen.

En el supuesto de que el representante no acredite la representación, el acto se tendrá por no realizado o al obligado tributario por no personado a cuantos efectos procedan, salvo que las actuaciones realizadas en su nombre sean ratificadas por el obligado tributario.

2.  Se entenderán ratificadas las actuaciones del representante en caso de falta o insuficiencia del poder de representación en los siguientes supuestos:

a)  Cuando el obligado tributario impugne los actos dictados en el procedimiento en que aquél hubiera intervenido sin alegar esta circunstancia.

b)  Cuando el obligado tributario efectúe el ingreso o solicite el aplazamiento, fraccionamiento o compensación de la deuda tributaria o de la sanción que se derive del procedimiento. No obstante, en estos casos no se entenderá subsanada la falta o insuficiencia del poder de representación cuando se haya presentado recurso o reclamación económico-administrativa en el que se alegue dicha falta o insuficiencia.

3.  Cuando en las actuaciones y procedimientos de inspección se actúe mediante representante, se hará constar expresamente esta circunstancia en cuantas diligencias y actas se extiendan y se unirá al expediente el documento acreditativo de la representación. Si la representación se hubiese otorgado mediante documento público, bastará la referencia al mismo y se unirá al expediente copia simple o fotocopia con diligencia de cotejo.

4.  Las actuaciones tributarias realizadas con el representante del obligado tributario se entenderán efectuadas directamente con este último.

Las manifestaciones hechas por la persona que haya comparecido sin poder suficiente tendrán el valor probatorio que proceda con arreglo a derecho.

5.  Acreditada o presumida la representación, corresponde al representado probar su inexistencia, sin que pueda alegar como fundamento de la nulidad de lo actuado aquellos vicios o defectos causados por él.


SECCIÓN 3.ª  CASOS PARTICULARES


Artículo 22.  Actuaciones con sucesores.—1.  En el caso de actuaciones o procedimientos relativos a personas físicas fallecidas o personas jurídicas o entidades disueltas o extinguidas, deberán actuar ante la Inspección de los tributos las personas a las que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Norma Foral General Tributaria, se transmitan los correspondientes derechos, obligaciones y, en su caso, sanciones tributarias.

2.  La Inspección de los tributos podrá desarrollar las actuaciones o los procedimientos con cualquiera de los sucesores.

3.  Una vez iniciado un procedimiento de comprobación e investigación, se deberá comunicar esta circunstancia a los demás sucesores conocidos, que podrán comparecer en las actuaciones. El procedimiento será único y continuará con quienes hayan comparecido. Las sucesivas actuaciones se desarrollarán con quien proceda en cada caso.

4.  Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que, en su caso, se practiquen se realizarán a nombre de todos los obligados tributarios que hayan comparecido y se notificarán a los demás obligados tributarios conocidos.

En el caso de que la herencia se encontrase yacente, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 39 de la Norma Foral General Tributaria.

5.  Cuando en los procedimientos cuyas actuaciones se entiendan con los sucesores de un obligado tributario deba practicarse una devolución, deberá acreditarse la proporción que a cada uno corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica, a efectos de proceder al reconocimiento del derecho y al pago o compensación de la devolución, excepto cuando se trate de herencias yacentes debidamente identificadas, en cuyo caso se reconocerá y abonará la devolución a la herencia yacente.


Artículo 23.  Actuaciones en supuestos de liquidación o concurso.—1.  En caso de entidades en fase de liquidación, cuando las actuaciones administrativas tengan lugar antes de la extinción de la personalidad jurídica de las mismas, dichas actuaciones se entenderán con los liquidadores. Disuelta y liquidada la entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, incumbe a los liquidadores comparecer ante la Inspección de los tributos si son requeridos para ello en cuanto representantes de la entidad y custodios, en su caso, de los libros y la documentación de la misma. Si los libros y la documentación se hallasen depositados en un registro público, el personal inspector podrá examinarlos en dicho registro, pudiendo requerir la comparecencia de los liquidadores cuando fuese preciso para dichas actuaciones.

2.  En los supuestos de concurso, las actuaciones administrativas se entenderán con el propio concursado cuando el juez no hubiera acordado la suspensión de sus facultades de administración y disposición, y con los administradores concursales como representantes del concursado o en su función de intervención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.


Artículo 24.  Actuaciones relativas a obligados tributarios no residentes.—1.  En el caso de rentas obtenidas por obligados tributarios no residentes que operen en territorio español a través de establecimiento permanente, la Inspección tributaria se entenderá con el representante designado por el obligado tributario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Norma Foral General Tributaria, y en el artículo 9 de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

En el caso de incumplimiento de la obligación de nombrar representante, las actuaciones podrán entenderse con las personas que puedan considerarse como tales de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

En el caso de incumplimiento de la obligación de nombramiento de representante exigible a las personas o entidades residentes en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional décima de la Norma Foral General Tributaria, la Inspección de los tributos podrá considerar que su representante es el depositario o gestor de los bienes o derechos de los obligados tributarios.

2.  En el caso de tributos que deban satisfacer los obligados tributarios no residentes que operen en territorio español sin establecimiento permanente, las actuaciones podrán entenderse con el obligado tributario no residente, con el representante, en su caso, designado al efecto o, cuando la ley o una norma foral así lo prevea, con el responsable solidario con quien puedan realizarse las actuaciones directamente. En este último supuesto, las liquidaciones se podrán practicar directamente al responsable solidario, el cual podrá utilizar todos los motivos de impugnación que se deriven de la liquidación practicada o de la responsabilidad a él exigida.


CAPÍTULO III

Documentación de las actuaciones inspectoras


SECCIÓN 1.ª  NORMAS GENERALES


Artículo 25.  Clases de documentación.—Las actuaciones inspectoras se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes, actas y demás documentos en los que se incluyan actos de liquidación y otros acuerdos resolutorios, en los términos establecidos en la Norma Foral General Tributaria y en este Reglamento.


SECCIÓN 2.ª  COMUNICACIONES


Artículo 26.  Contenido de las comunicaciones.—1.  En el ámbito de las actuaciones y procedimientos de inspección, las comunicaciones a las que se refiere el apartado 8 del artículo 95 de la Norma Foral General Tributaria, contendrán mención expresa, al menos, de los siguientes datos:

a)  Lugar y fecha de su expedición.

b)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de la persona o entidad a la que se dirige.

c)  Lugar al que se dirigen.

d)  Hechos o circunstancias que se comunican o contenido del requerimiento que se realiza a través de la comunicación.

e)  Identificación y firma de quien la emite.

2.  Cuando la comunicación sirva para notificar al obligado tributario el inicio de una actuación o procedimiento de inspección, tendrá, además, el siguiente contenido:

a)  Actuación o procedimiento que se inicia y su objeto, con indicación expresa de las obligaciones tributarias o elementos de las mismas y, en su caso, períodos impositivos o de liquidación o ámbito temporal.

b)  Requerimiento que, en su caso, se formule al obligado tributario y plazo que se concede para su contestación o cumplimiento.

c)  Efecto interruptivo del plazo legal de prescripción.

d)  En el procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario, el informe al que se hace referencia en el artículo 160.2 de la Norma Foral General Tributaria y en el capítulo III del título segundo del presente Reglamento.

e)  En su caso, la indicación de la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos cuando dicha finalización se derive de la comunicación de inicio que se notifica.

3.  Salvo los supuestos de iniciación mediante personación, se concederá al obligado tributario un plazo no inferior a 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la comunicación, para que comparezca, aporte la documentación requerida o la que considere conveniente, o efectúe cuantas alegaciones tenga por oportunas.

4.  Las comunicaciones se extenderán por duplicado, conservando la Inspección de los tributos un ejemplar que se incorporará al expediente administrativo. El otro ejemplar se entregará al obligado tributario o a su representante con ocasión del acto de notificación de la comunicación. El acto de notificación podrá diligenciarse en el propio documento de la comunicación.


SECCIÓN 3.ª  DILIGENCIAS


Artículo 27.  Naturaleza de las diligencias.—Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el apartado 8 del artículo 95 y en el artículo 103, ambos de la Norma Foral General Tributaria, las diligencias podrán ser documentos preparatorios de las actas o informes que pongan fin al procedimiento, o bien servir para constancia de aquellos hechos o circunstancias determinantes de la iniciación de un procedimiento diferente.


Artículo 28.  Contenido de las diligencias.—1.  En las diligencias de la Inspección de los tributos se harán constar necesariamente los siguientes extremos:

a)  Lugar y fecha de su expedición.

b)  Nombre, apellidos y firma del personal inspector que la suscribe.

c)  El nombre y apellidos, número de identificación fiscal y la firma, en su caso, de la persona con la que se entiendan las actuaciones, así como el carácter o representación con que interviene.

d)  El nombre y apellidos o la razón y denominación social, el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario a quien se refieran las actuaciones.

e)  Procedimiento o actuación en cuyo curso se expide.

f)  Hechos y circunstancias que se hagan constar.

g)  Las alegaciones o manifestaciones con relevancia tributaria realizadas, en su caso, por el obligado tributario, entre las que deberá figurar la conformidad o no con los hechos y circunstancias que se hacen constar.

2.  Las diligencias de la Inspección de los tributos contendrán los elementos del hecho imponible o de su valoración y los demás que determinen la cuantía de las deudas tributarias que sea conveniente documentar para su incorporación al respectivo expediente administrativo.

3.  En particular, en las diligencias se harán constar, entre otros, los siguientes contenidos:

a)  La iniciación de la actuación o procedimiento de inspección y las comunicaciones y requerimientos que se efectúen a los obligados tributarios.

b)  Los resultados de las actuaciones de obtención de información.

c)  La adopción de medidas cautelares en el curso del procedimiento, así como la descripción de éstas y las circunstancias que motivaron la adopción de las mismas.

d)  Los hechos resultantes de la comprobación de las obligaciones materiales y formales u otras obligaciones tributarias.

e)  La representación otorgada mediante declaración en comparencia personal del obligado tributario ante la Inspección de los tributos.

f)  Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones imputables al obligado tributario.

4.  También se harán constar en diligencia los hechos y circunstancias determinantes de la iniciación de otro procedimiento o que deban ser incorporados en otro ya iniciado y, en particular:

a)  Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias.

b)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de quienes puedan ser responsables solidarios o subsidiarios de la deuda y de las sanciones tributarias, así como las circunstancias y antecedentes que pudieran ser determinantes de la responsabilidad.

c)  Los hechos determinantes de la iniciación de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.

d)  Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.

e)  Los hechos que pudieran infringir la legislación mercantil, financiera u otras.

f)  Los hechos que pudieran ser trascendentes para otros órganos de la misma o de otra Administración pública.

g)  El resultado de las actuaciones de comprobación realizadas con entidades dependientes integradas en un grupo fiscal que tribute en el régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades o en el régimen de grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.


Artículo 29.  Tramitación de las diligencias.—1.  Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un modelo preestablecido. No obstante, cuando fuera posible, se extenderán en el modelo aprobado por el Diputado o la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Las diligencias se extenderán en, al menos, dos ejemplares, que serán firmados por el personal inspector y por la persona o personas con quienes se entiendan las mismas. De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se negase a firmar o a recibir la diligencia, se hará constar este extremo en la misma y se considerará un rechazo a efectos de lo previsto en el artículo 107 de la Norma Foral General Tributaria.

2.  Cuando la naturaleza de las actuaciones o procedimientos de inspección cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera la presencia de persona alguna para su realización, la diligencia será firmada por el personal inspector que realice la actuación, y de la misma se remitirá un ejemplar al obligado tributario o se le pondrá de manifiesto en el correspondiente trámite de audiencia o alegaciones.

3.  Las diligencias se incorporarán al respectivo expediente.

4.  Cuando las diligencias recojan hechos o circunstancias que puedan tener incidencia en otro procedimiento iniciado o que se pueda iniciar, se remitirán al órgano competente que en cada caso corresponda.


SECCIÓN 4.ª  INFORMES


Artículo 30.  Informes de la Inspección de los tributos.—1.  La Inspección de los tributos emitirá los informes en los supuestos previstos en el apartado 8 del artículo 95 de la Norma Foral General Tributaria y en el presente Reglamento.

En particular, emitirá informe en los siguientes supuestos:

a)  Para documentar las conclusiones de un procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario en los términos establecidos en este Reglamento.

b)  Para completar las actas de disconformidad que se formalicen recogiendo especialmente el conjunto de hechos y los fundamentos de derecho que sustenten la propuesta de regularización contenida en ellas.

c)  Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases o cuotas tributarias o proceda la utilización de métodos indiciarios.

d)  Para fundamentar la aplicación de la cláusula antielusión cuando en el transcurso de una actuación o de un procedimiento de inspección se estime que pudieran concurrir las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 14 de la Norma Foral General Tributaria. En el informe se recogerán los hechos, circunstancias y elementos necesarios para iniciar el procedimiento para la aplicación de la cláusula antielusión.

e)  Para apreciar y fundamentar los hechos, la estimación, valoración o medición realizada cuando se haya producido el acuerdo a que se refiere el apartado 2 del artículo 149 de la Norma Foral General Tributaria.

f)  Para documentar las conclusiones de un procedimiento de comprobación restringida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.2 de la Norma Foral General Tributaria y artículo 66 del presente Reglamento.

g)  Para poner en conocimiento de los órganos competentes la identidad de quienes sean responsables solidarios o puedan serlo subsidiariamente de la deuda tributaria, así como las circunstancias y antecedentes determinantes de tal responsabilidad.

h)  Para completar aquellas diligencias que recojan hechos que pudieran ser constitutivos de infracción tributaria, detallando las circunstancias que concurran en la misma, a efectos de aplicación de las sanciones procedentes, cuando el personal inspector encargado de las actuaciones no sea competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador.

i)  Para completar las diligencias que recojan hechos y circunstancias que determinasen, a juicio del personal inspector encargado de las actuaciones, la imposición de sanciones no pecuniarias.

j)  Cuando se aprecien indicios de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y se remita el expediente al órgano competente.

k)  Para recoger el resultado de las actuaciones de valoración realizadas a petición de otros órganos.

l)  Para documentar las actuaciones de auditoría informática en los supuestos de colaboración y asistencia técnica previstos en este Reglamento.

Si concurre más de un supuesto en el mismo expediente, se podrá formalizar un único informe.

2.  Siempre que en el curso de las actuaciones o procedimientos de inspección el personal inspector lo estime necesario podrá emitir informe, justificando la conveniencia de hacerlo.

3.  La Inspección de los tributos podrá emitir informe para describir la situación de los bienes o derechos del obligado tributario al objeto de facilitar la gestión recaudatoria del cobro de las deudas tributarias.


SECCIÓN 5.ª  ACTAS DE INSPECCIÓN


Artículo 31.  Concepto y naturaleza de las actas de inspección.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137.2 y 138 de la Norma Foral General Tributaria, las actas son los documentos públicos que extiende la Inspección de los tributos en los supuestos establecidos en este Reglamento y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

Tienen por objeto recoger el resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la regularización de la situación tributaria del obligado tributario que se estime procedente o declarando correcta la misma.


Artículo 32.  Contenido de las actas.—1.  En las actas se consignarán, además de las menciones contenidas en el artículo 149 de la Norma Foral General Tributaria, los siguientes extremos:

a)  Nombre y apellidos y número de registro personal de los actuarios que las suscriban.

b)  La fecha de inicio de las actuaciones, las ampliaciones de plazo que, en su caso, se hubieran producido y el cómputo de las interrupciones justificadas y de las dilaciones no imputables a la Administración acaecidas durante las actuaciones.

c)  La presentación o no de alegaciones por el obligado tributario durante el procedimiento o en el trámite de audiencia previo a la firma del acta y, en el caso de que las hubiera efectuado, la valoración de las mismas por el personal inspector que suscribe el acta. No obstante, cuando se suscriba un acta de disconformidad, la valoración de las alegaciones presentadas podrá incluirse en el informe a que se refiere el artículo 30.1.b) de este Reglamento.

d)  Cuando se formalice un acta previa, deberá hacerse constar este extremo expresamente, señalando las circunstancias determinantes de su formalización con tal carácter y los elementos de la obligación tributaria a que se haya extendido la comprobación inspectora.

e)  El carácter provisional o definitivo de la liquidación que derive del acta.

f)  Cuando proceda la tramitación conjunta del procedimiento sancionador y del de comprobación e investigación, se hará constar que el acta tiene el carácter de propuesta de resolución del expediente sancionador a efectos de lo previsto en el artículo 216 de la Norma Foral General Tributaria.

g)  La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias, cuando proceda la tramitación separada del procedimiento sancionador.

h)  En caso de actas de conformidad deberán hacerse constar los medios de impugnación que puedan ser ejercidos contra las liquidaciones tácitas que puedan derivarse de las mismas, el órgano ante el que hayan de ejercitarse y el plazo para su interposición.

2.  Cuando el obligado tributario esté sujeto a obligaciones contables y registrales en relación con el tributo y periodo comprobado, deberá hacerse constar en el acta la situación de los libros o registros obligatorios del mismo, con expresión, en su caso, de los defectos o anomalías que sean trascendentes para la resolución del procedimiento o para la existencia o calificación de infracciones tributarias.


Artículo 33.  Carácter de las actas.—1.  Las actas podrán extenderse con el carácter de previas o definitivas.

Cuando las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación tengan carácter parcial y no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período objeto de la comprobación, las actas se extenderán con carácter de previas.

2.  Tendrán el carácter de previas las actas que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 de la Norma Foral General Tributaria, propongan liquidaciones provisionales, a cuenta, en su caso, de las definitivas que posteriormente puedan practicarse.

3.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.3.a) de la Norma Foral General Tributaria, procederá la incoación de un acta con el carácter de previa, entre otros supuestos, cuando se produzcan estas circunstancias:

a)  Cuando, siendo de aplicación el régimen de tributación en función del volumen de operaciones del obligado tributario, y no habiendo sido posible la determinación del mismo con carácter definitivo, se incoe un acta por cualquier concepto impositivo cuya tributación se determine en función del mencionado volumen de operaciones.

b)  Cuando se formalice un acta por el Impuesto sobre el Valor Añadido antes de la fijación del porcentaje de prorrata definitivo que se establezca en función de las operaciones realizadas en el año natural.

c)  Cuando se compruebe el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y no se haya comprobado el impuesto directo del pagador de los correspondientes rendimientos.

d)  Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y no se haya ultimado la comprobación de todas ellas.

e)  Cuando se proponga una regularización que anule o minore la deuda tributaria inicialmente autoliquidada como consecuencia de la regularización de algunos elementos de la obligación tributaria porque deba ser imputado a otro obligado tributario o a un tributo o período distinto del regularizado, siempre que la liquidación resultante de esta imputación no haya adquirido firmeza.

f)  Cuando exista una reclamación judicial o proceso penal que afecte a los hechos comprobados.

g)  Cuando no se haya podido ultimar la comprobación e investigación de los elementos de la obligación tributaria como consecuencia de no haberse obtenido los datos solicitados a terceros.

h)  Cuando se compruebe la procedencia de una devolución y las actuaciones inspectoras se hayan limitado en los términos previstos en el artículo 38.3.d) de este Reglamento.

i)  Cuando se realicen actuaciones de comprobación e investigación por los servicios de intervención en materia de impuestos especiales.

4.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.3.b) de la Norma Foral General Tributaria, procederá la incoación de un acta con el carácter de previa, además de en los supuestos previstos en dicha letra, en los siguientes:

a)  Cuando el hecho imponible pueda ser desagregado a efectos de las correspondientes actuaciones de comprobación e investigación o cuando por su fraccionamiento territorial pueda serlo en los distintos lugares en que se materialice.

b)  Cuando no se haya podido ultimar la comprobación o investigación de los hechos o bases imponibles y sea necesario suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación provisional.

c)  En los supuestos en los que el obligado tributario acepte parcialmente la propuesta de regularización, en cuyo caso se formalizará un acta de conformidad con el carácter de previa en relación con la parte de la regularización que se acepte por parte del obligado tributario y un acta con el carácter de previa o definitiva en la que se recogerá la disconformidad con el contenido establecido en este Reglamento.

d)  Las actas que se formalicen en relación con los socios de una sociedad o entidad en régimen de imputación de bases imponibles o de rentas, en tanto no se ultime la comprobación de la situación tributaria de la entidad.

e)  Cuando se haya aplicado la cláusula antielusión prevista en el artículo 14 de la Norma Foral General Tributaria y no constituya el objeto único de la regularización, siempre que sea posible la práctica de liquidación provisional por los restantes elementos de la obligación tributaria.

f)  Las actas que se extiendan cuando la base del tributo objeto de comprobación se determine en función de las bases establecidas para otros, o en ella se computen rendimientos objeto de retención, y unas u otras no hayan sido comprobadas con carácter definitivo, salvo que dichos rendimientos se consideren acreditados.

g)  Cuando así se determine en otras disposiciones legales o reglamentarias.

5.  Las actas que no tengan el carácter de previas se extenderán como definitivas.


CAPÍTULO IV

Lugar y horario de las actuaciones inspectoras


Artículo 34.  Lugar de las actuaciones inspectoras.—1.  Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse en cualquiera de los lugares establecidos en el apartado 1 del artículo 140 de la Norma Foral General Tributaria, según determine la Inspección de los tributos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del citado artículo y en el presente Reglamento.

2.  Las actuaciones relativas al examen de los libros, registros, documentos, ficheros informáticos y demás documentación a que se refiere el artículo 136.1 de la Norma Foral General Tributaria, se practicarán en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, con las siguientes excepciones:

a)  Cuando exista previa conformidad del obligado tributario, que se hará constar en diligencia, podrán examinarse en las oficinas de la Inspección de los tributos o en cualquier otro lugar en el que así se acuerde.

b)  Cuando se hubieran obtenido copias en cualquier soporte de aquéllos, podrán examinarse en las oficinas de la Inspección de los tributos.

c)  Cuando se trate de registros, documentos establecidos por normas de carácter tributario o de los justificantes exigidos por éstas, se podrá requerir su presentación en las oficinas de la Inspección de los tributos para su examen.

d)  Cuando las actuaciones de inspección no tengan relación con el desarrollo de una actividad económica, se podrá requerir la presentación en las oficinas de la Inspección de los tributos de los documentos y justificantes necesarios para la debida comprobación de su situación tributaria, siempre que estén establecidos o sean exigidos por normas de carácter tributario o se trate de justificantes necesarios para probar los hechos o las circunstancias consignados en declaraciones tributarias.

3.  Cuando el domicilio fiscal del obligado tributario radique en Gipuzkoa, la Inspección de los tributos podrá examinar en él cuantos libros, documentos o justificantes deban ser aportados, aunque se refieran a bienes, derechos o actividades que radiquen, aparezcan o se desarrollen en un ámbito territorial distinto.

Del mismo modo, cuando el domicilio fiscal del obligado tributario no radique en Gipuzkoa, la Inspección de los tributos podrá, no obstante, desarrollar en cualquiera de los demás lugares a que se refiere el artículo 140 de la Norma Foral General Tributaria, las actuaciones inspectoras que procedan en relación con dicho obligado tributario, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 1 de este Reglamento.

4.  Las actuaciones de valoración se realizarán en cada caso en el lugar más adecuado según su naturaleza.


Artículo 35.  Horario de las actuaciones inspectoras.—1.  Las actuaciones que se desarrollen en las oficinas públicas podrán realizarse fuera del horario oficial de apertura al público de las mismas o de la jornada de trabajo vigente cuando lo requieran las circunstancias de dichas actuaciones o medie el consentimiento del obligado tributario.

2.  Cuando las actuaciones se desarrollen en los locales del obligado tributario, podrán realizarse fuera de la jornada laboral de oficina o de la actividad, en los siguientes supuestos:

a)  Cuando medie el consentimiento del obligado tributario.

b)  Cuando sin el consentimiento del obligado tributario se considere necesario para que no desaparezcan, se destruyan o alteren elementos de prueba o las circunstancias del caso requieran que las actuaciones de inspección se efectúen con una especial celeridad que exija su desarrollo fuera de la jornada laboral y se obtenga, en ambos supuestos, la previa autorización del Subdirector o Subdirectora General de Inspección.

El obligado tributario podrá exigir que se le entregue copia de la autorización.

3.  Cuando sea precisa la autorización judicial para la entrada en el domicilio del obligado tributario constitucionalmente protegido, las actuaciones se ajustarán a lo que disponga la autorización en relación con la jornada y el horario para realizarlas.


TÍTULO II

Procedimientos y actuaciones de inspección


CAPÍTULO I

El procedimiento de comprobación e investigación


SECCIÓN 1.ª  ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN


Artículo 36.  Actuaciones de verificación y constatación.—1.  Con independencia de las actuaciones de obtención de información, el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección, con anterioridad al inicio de un procedimiento de comprobación e investigación, y con el fin de conocer mejor las circunstancias del caso concreto, podrá ordenar la realización de actuaciones previas de verificación y constatación a las que se refiere el apartado 3 del artículo 144 de la Norma Foral General Tributaria.

2.  En las actuaciones que se desarrollen se informará a las personas afectadas del carácter y objeto de las mismas.

3.  Las actuaciones realizadas no se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de la Norma Foral General Tributaria y no interrumpirán el plazo de prescripción de la letra a) del apartado 1 del artículo 67 de la Norma Foral General Tributaria.

4.  El resultado de las actuaciones se reflejará en un informe en el que se propondrá motivadamente la conveniencia o no de iniciar un procedimiento tributario. Dicho informe pondrá fin a las actuaciones previas y no será susceptible de recurso alguno.

5.  Las actuaciones de verificación y constatación podrán finalizar sin necesidad de informe, como consecuencia de la iniciación de un procedimiento de comprobación e investigación.


SECCIÓN 2.ª  INICIACIÓN Y ALCANCE


Artículo 37.  Iniciación del procedimiento de comprobación e investigación.—1.  No se podrá iniciar el procedimiento de comprobación e investigación con respecto a un obligado tributario sin que se haya producido su selección en el Plan de inspección en los términos previstos en los artículos 8 y 9 del presente Reglamento.

2.  El procedimiento de comprobación e investigación podrá iniciarse mediante comunicación notificada al obligado tributario para que se persone en el lugar, día y hora que se le señale y tenga a disposición de la Inspección de los tributos o aporte la documentación y demás elementos que se estimen necesarios, en los términos del artículo 26 del presente Reglamento.

3.  Cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actuaciones, y observando siempre lo dispuesto para la entrada y reconocimiento en fincas, el procedimiento podrá iniciarse sin previa comunicación mediante personación en la empresa, oficinas, dependencias, instalaciones, centros de trabajo o almacenes del obligado tributario o donde exista alguna prueba de la obligación tributaria, aunque sea parcial. En este caso, las actuaciones se entenderán con el obligado tributario si estuviese presente y, de no estarlo, con los encargados o responsables de tales lugares.

4.  En la diligencia o en la comunicación de inicio de actuaciones deberá hacerse constar la extensión y el alcance general o parcial de las mismas en relación con cada obligación y período comprobado. En caso de actuaciones de alcance parcial deberán comunicarse los elementos que vayan a ser comprobados o los excluidos de ellas. Así mismo, se le comunicarán al obligado tributario sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. La misma indicación se hará cuando se modifique, amplíe o reduzca el alcance inicial de las actuaciones.

5.  La publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa para que se lleve a cabo la notificación por comparecencia del inicio del procedimiento de comprobación e investigación tendrá los efectos señalados en el artículo 27.1 de la Norma Foral General Tributaria.


Artículo 38.  Alcance de las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación.—1.  Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación se extenderán a una o varias obligaciones y períodos impositivos o de liquidación, y dentro de cada uno de ellos podrán tener alcance general o parcial en los términos del artículo 145 de la Norma Foral General Tributaria y del presente Reglamento.

2.  Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación tendrán carácter general, salvo que se indique otra cosa en la comunicación de inicio del procedimiento, o en las resoluciones a que se refiere el apartado 4 de este artículo.

3.  Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación tendrán carácter parcial en los siguientes supuestos:

a)  Cuando las actuaciones inspectoras no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período objeto de comprobación.

b)  Cuando así se determine en el Plan de inspección aprobado por el Director o la Directora General de Hacienda.

c)  Cuando las actuaciones se refieran al cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales, así como cuando las actuaciones tengan por objeto la comprobación del régimen tributario aplicable.

d)  Cuando tengan por objeto la comprobación de una solicitud de devolución siempre que se limite exclusivamente a constatar que el contenido de la declaración, autoliquidación o solicitud presentada se ajusta formalmente a lo anotado en la contabilidad, registros y justificantes contables o extracontables del obligado tributario, sin perjuicio de la posterior comprobación completa de su situación tributaria.

e)  Cuando venga exigido por normas legales o reglamentarias.

4.  Cuando en el curso del procedimiento se pongan de manifiesto razones que así lo aconsejen, el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección, por sí o a solicitud del personal inspector encargado de las actuaciones, podrá resolver, de forma motivada, la ampliación de las actuaciones para incluir obligaciones tributarias, elementos de las mismas o períodos no comprendidos en la comunicación de inicio, así como para la ampliación del alcance de las actuaciones que se estuvieran desarrollando respecto de las obligaciones tributarias y periodos inicialmente señalados.

De igual manera, cuando en el curso del procedimiento se pongan de manifiesto razones que así lo aconsejen, el Director o la Directora General de Hacienda, por sí o a petición del Subdirector o Subdirectora General de Inspección, podrá resolver, de forma motivada, la exclusión de alguna obligación tributaria o período de los señalados en la comunicación de inicio, o la reducción del alcance de las actuaciones que se estuvieran desarrollando respecto de las obligaciones tributarias y períodos inicialmente señalados. Asimismo, podrá resolver la exclusión de elementos de la obligación tributaria que estén siendo objeto de comprobación en una actuación de alcance parcial.


Artículo 39.  Solicitud del obligado tributario de una inspección de alcance general.—1.  La solicitud a que se refiere el artículo 146 de la Norma Foral General Tributaria deberá formularse mediante escrito dirigido al Subdirector o a la Subdirectora General de Inspección o comunicarse expresamente al personal inspector, quien deberá recoger esta manifestación en diligencia, dándose traslado de la misma a aquél o aquélla.

Recibida la solicitud, el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección resolverá si la inspección de carácter general se va a realizar como ampliación del alcance del procedimiento ya iniciado o mediante el inicio de otro procedimiento.

2.  La inadmisión de la solicitud por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 146 de la Norma Foral General Tributaria, deberá estar motivada y será notificada al obligado tributario.

Contra la resolución de inadmisión no podrá interponerse recurso de reposición ni reclamación económico-administrativa, sin perjuicio de que pueda reclamarse contra el acto o actos administrativos que pongan fin al procedimiento de inspección.


Artículo 40.  Efectos del inicio del procedimiento de comprobación e investigación.—1.  Con independencia del alcance de las actuaciones, la notificación del inicio del procedimiento de comprobación e investigación interrumpirá el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, así como para imponer las sanciones tributarias correspondientes, en cuanto a los conceptos tributarios y períodos a que se extienda el procedimiento de comprobación e investigación y al cumplimiento de cualesquiera obligaciones o deberes afectados por las actuaciones inspectoras.

2.  Las declaraciones o autoliquidaciones tributarias que presente el obligado tributario una vez iniciadas las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto de la actuación o procedimiento, en ningún caso iniciarán un procedimiento de devolución ni producirán los efectos previstos en los artículos 27 y 184.3 de la Norma Foral General Tributaria, sin perjuicio de que en la liquidación que, en su caso, se practique se pueda tener en cuenta la información contenida en dichas declaraciones o autoliquidaciones.

Asimismo, los ingresos efectuados por el obligado tributario con posterioridad al inicio de las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento, tendrán carácter de ingresos a cuenta sobre el importe de la liquidación que, en su caso, se practique, sin que esta circunstancia impida la apreciación de las infracciones tributarias que puedan corresponder. En este caso, no se devengarán intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde el día siguiente a aquél en que se realizó el ingreso.


SECCIÓN 3.ª  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN


Artículo 41.  Desarrollo del procedimiento.—1.  Iniciadas las actuaciones inspectoras, deberán proseguir hasta su terminación, de acuerdo con su naturaleza y carácter.

2.  En el curso del procedimiento se realizarán las actuaciones necesarias para la obtención de los datos y pruebas que sirvan para fundamentar la regularización de la situación tributaria del obligado tributario o para declararla correcta.

3.  La dirección, desarrollo e impulso de las actuaciones corresponde a la Inspección de los tributos. Los actuarios encargados de las mismas decidirán el lugar, día y hora en que dichas actuaciones deban realizarse.

Se podrá requerir la comparecencia del obligado tributario en las oficinas de la Administración tributaria o en cualquier otro de los lugares a que se refieren el artículo 140 de la Norma Foral General Tributaria y el artículo 34 de este Reglamento.

Cuando exista personación, previa comunicación o sin ella, en el domicilio fiscal, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, se deberá prestar la debida colaboración, proporcionando el lugar y los medios auxiliares necesarios para el ejercicio de las funciones inspectoras.

4.  Al término de las actuaciones de cada día que se hayan realizado en presencia del obligado tributario, los actuarios podrán fijar el lugar, día y hora para su reanudación, que podrá tener lugar el día hábil siguiente. No obstante, los requerimientos de comparecencia en las oficinas de la Inspección de los tributos, no realizados en presencia del obligado tributario, deberán habilitar para ello un plazo mínimo de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento.

Cuando no se señale el día, fecha y lugar para la continuación de las actuaciones, los actuarios podrán requerir al obligado tributario a tal fin, mediante la oportuna comunicación o su personación directa en los lugares en los que se esté desarrollando el procedimiento.

5.  Cuando el obligado tributario justifique la concurrencia de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y hora que le hubiesen fijado, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 17 del presente Reglamento.

6.  Las actuaciones podrán interrumpirse por resolución del Subdirector o de la Subdirectora General de Inspección, adoptada bien por iniciativa propia o como consecuencia de orden superior, escrita y motivada, o moción razonada de los actuarios, atendiendo a las circunstancias que concurran.

La interrupción de las actuaciones deberá hacerse constar en el expediente y se comunicará al obligado tributario para su conocimiento.

7.  El Subdirector o la Subdirectora General de Inspección podrá asignar personal cualificado debidamente autorizado para el desarrollo de labores de apoyo en las actuaciones y procedimientos de inspección, incluso para actuaciones de auditoría informática.


Artículo 42.  Permanencia del personal inspector en el procedimiento de comprobación e investigación.—1.  Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación se llevarán a cabo, hasta su conclusión, por los actuarios a los que se les hubiese encomendado su inicio.

No obstante lo establecido en el apartado anterior, podrán ser sustituidos por cese, traslado, enfermedad o porque a juicio del Subdirector o de la Subdirectora General de Inspección concurran causas que lo justifiquen.

2.  El personal inspector designado, cuando entienda que concurre causa legal de abstención o recusación, lo pondrá en conocimiento del inmediato superior jerárquico y se abstendrá de continuar las actuaciones, cualquiera que fuese el estado de tramitación del procedimiento, decidiendo el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección lo que proceda.

Así mismo, cuando las causas legales de abstención o recusación recaigan en el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección, se abstendrá en el ejercicio de sus funciones y lo pondrá en conocimiento del Director o de la Directora General Hacienda para que decida lo que proceda.

3.  Cuando se den las circunstancias descritas en los apartados anteriores, el periodo necesario para el conocimiento y puesta al día de la situación por el nuevo personal inspector al que se haya asignado el procedimiento, tendrá el carácter de interrupción justificada del artículo 46 de este Reglamento, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder de dos meses.


Artículo 43.  Adopción de medidas cautelares.—1.  El personal inspector que esté desarrollando las actuaciones podrá adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para el aseguramiento de los elementos de prueba en los términos previstos en el artículo 143 de la Norma Foral General Tributaria.

2.  El precinto se realizará mediante la ligadura sellada o por cualquier otro medio que permita el cierre o atado de libros, registros, equipos y dispositivos electrónicos que almacenen datos o programas, sobres, paquetes, cajones, puertas de estancias o locales u otros elementos de prueba, a fin de que no se abran sin la autorización y control de los órganos de inspección.

El depósito consistirá en poner dichos elementos de prueba bajo la custodia o guarda de la persona física o jurídica que se determine por los actuarios.

La incautación consistirá en la toma de posesión de elementos de prueba de carácter mueble, debiéndose adoptar las medidas que fueran precisas para su adecuada conservación.

Los documentos u objetos depositados o incautados podrán, en su caso, ser previamente precintados.

3.  Para la adopción de las medidas cautelares se podrá recabar el auxilio y colaboración que se consideren precisos de las autoridades competentes y de sus agentes, que deberán prestarlo en los términos del apartado 4 del artículo 136 de la Norma Foral General Tributaria.

4.  La adopción de las medidas cautelares deberá documentarse mediante diligencia en la que junto a la medida adoptada y el inventario de los bienes afectados se harán constar sucintamente las circunstancias y la finalidad que determinan su adopción y se informará al obligado tributario de su derecho a formular alegaciones en los términos del apartado siguiente.

Dicha diligencia se extenderá en el mismo momento en el que se adopte la medida cautelar, salvo que ello no sea posible por causas no imputables a la Inspección de los tributos, en cuyo caso se extenderá en cuanto desaparezcan las causas que lo impidan, y se remitirá inmediatamente copia al obligado tributario.

Cuando la medida consista en el depósito, se dejará constancia de la identidad del depositario, de su aceptación expresa y de que ha quedado advertido sobre el deber de conservar a disposición de los órganos de inspección en el mismo estado en que se le entregan los elementos depositados y sobre las responsabilidades civiles o penales en las que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.

5.  Durante el tiempo de duración de la medida cautelar, y nunca después del plazo improrrogable de cinco días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la misma, el obligado tributario podrá formular alegaciones ante el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección, que deberá ratificar, modificar o levantar la medida adoptada mediante resolución debidamente motivada en el plazo de 15 días desde su adopción.

La resolución a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa, sin perjuicio de que se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la adopción de las medidas cautelares en los recursos y reclamaciones que, en su caso puedan interponerse contra la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección.

6.  El levantamiento de las medidas cautelares adoptadas se documentará en diligencia, que deberá comunicarse al obligado tributario.

La apertura de precintos se efectuará en presencia del obligado tributario, salvo que concurra causa debidamente justificada.

7.  Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación cuando en el procedimiento sancionador se adopten medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en el número 3 del artículo 215 de la Norma Foral General Tributaria.


Artículo 44.  Otras medidas cautelares.—Cuando en el curso de las actuaciones inspectoras existan indicios racionales de que el cobro de la deuda tributaria que pueda resultar del procedimiento en curso, así como el de cualquier otra deuda tributaria, se vería frustrado o gravemente dificultado, la Inspección de los tributos tendrá facultad para proponer motivadamente, a los órganos competentes para acordarlas, la adopción de medidas cautelares previstas en el número 3 del artículo 78 de la Norma Foral General Tributaria.

No obstante, sin perjuicio de tal facultad, deberá comunicar a dichos órganos cualesquiera indicios de los que razonablemente pudiera deducirse un riesgo para el cobro de la deuda tributaria.


SECCIÓN 4.ª  DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN


Artículo 45.  Plazo máximo de duración.—1.  A efectos de los plazos establecidos en el artículo 147 de la Norma Foral General Tributaria, y de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del número 2 y en los números 3 y 4 del artículo 100 de la Norma Foral General Tributaria, no se computarán los períodos de interrupción justificada ni las dilaciones imputables al obligado tributario, en los términos que se especifican en este Reglamento, con independencia de que afecten a todos o alguno de los elementos de las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento.

2.  Dichas interrupciones o dilaciones deberán documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente.

3.  Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones imputables al obligado tributario no impedirán la práctica de las actuaciones que durante dicha situación pudieran desarrollarse.


Artículo 46.  Interrupciones justificadas.—El cómputo del plazo de duración de las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación, se considerará interrumpido justificadamente cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos a otros órganos o unidades administrativas de la misma o de otras Administraciones, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición hasta la recepción de aquéllos por la Inspección de los tributos, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de 12 meses.

b)  Cuando de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 185 de la Norma Foral General Tributaria, se remita el expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente, por el tiempo que transcurra desde que se acuerde dicha remisión por parte del Director o de la Directora General de Hacienda hasta que, en su caso, se produzca la recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial por la Subdirección General de Inspección.

c)  Cuando se solicite el informe preceptivo para la aplicación de la cláusula antielusión a que se refiere el apartado 1 del artículo 163 de la Norma Foral General Tributaria, por el tiempo que transcurra desde la notificación al obligado tributario a que se refiere el apartado 1 del artículo 60 de este Reglamento, hasta la fecha del dictamen del órgano colegiado o hasta el transcurso del plazo máximo para su emisión.

d)  Cuando la determinación o imputación de la obligación tributaria dependa directamente de actuaciones judiciales en el ámbito penal, por el tiempo transcurrido desde que se tenga conocimiento de la existencia de dichas actuaciones y se deje constancia de este hecho en el expediente o desde que se remita el expediente a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal hasta que se conozca la resolución por la Subdirección General de Inspección. No obstante, cuando ello sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 145 de la Norma Foral General Tributaria.

e)  Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue a la Inspección de los tributos a interrumpir sus actuaciones, por el tiempo de duración de dicha causa. No obstante, cuando ello sea posible y resulte procedente, podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 145 de la Norma Foral General Tributaria.

f)  Cuando sea necesario solicitar la ratificación de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 104 de la Norma Foral General Tributaria, por el tiempo que transcurra entre la remisión de la petición o solicitud y la ratificación, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las solicitudes que puedan efectuarse, de seis meses.

g)  Cuando se inicie un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal a que se refiere el artículo 48 de la Norma Foral General Tributaria, por el tiempo que dure su completa tramitación o hasta que concluya el plazo máximo de resolución del mismo.

h)  Cuando se plantee el conflicto de competencias ante la Junta Arbitral prevista en el artículo 66 del Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por el tiempo que transcurra desde el planteamiento del conflicto hasta la recepción de la resolución dictada por la respectiva Junta Arbitral por la Subdirección General de Inspección

i)  Cuando en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento del fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario, por el tiempo que transcurra desde dicho intento hasta la notificación que se efectúe a los sucesores del obligado tributario, sin perjuicio de que cuando la notificación se refiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será considerada como un intento de notificación válida a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos.

Asimismo, cuando en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento de la declaración de concurso del obligado tributario, con suspensión de facultades de administración y disposición, por el tiempo que transcurra desde dicho intento hasta la notificación que se efectúe al administrador concursal, sin perjuicio de que cuando la notificación se refiera a la resolución que pone fin al procedimiento dicha actuación será considerada como un intento de notificación válida a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos.

j)  Cuando expresamente se disponga en otros preceptos del presente Reglamento.


Artículo 47.  Dilaciones imputables al obligado tributario.—Se considerarán dilaciones imputables al obligado tributario las siguientes:

a)  Los retrasos por parte del obligado tributario al que se refiera el procedimiento en el cumplimiento de comparecencias o requerimientos de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria formulados por la Inspección de los tributos. La dilación se computará desde el día siguiente al de la fecha fijada para la comparecencia o desde el día siguiente al del fin del plazo concedido para la atención del requerimiento hasta el íntegro cumplimiento de lo solicitado. Los requerimientos de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria que no figuren íntegramente cumplimentados no se tendrán por atendidos a efectos del cómputo del plazo hasta que se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al obligado tributario, salvo que la normativa específica establezca otra cosa.

b)  La aportación por el obligado tributario de nuevos documentos y pruebas una vez realizado el trámite de audiencia previo a la firma de las actas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 50 del presente Reglamento. La dilación se computará desde el día siguiente al de finalización del plazo de dicho trámite hasta la fecha en que se aporten. Cuando los documentos hubiesen sido requeridos durante la tramitación del procedimiento se aplicará lo dispuesto en el párrafo a) anterior.

c)  La concesión por la Inspección de los tributos de la ampliación de cualquier plazo, así como la concesión del aplazamiento de las actuaciones solicitado por el obligado, por el tiempo que medie desde el día siguiente al de la finalización del plazo previsto o la fecha inicialmente fijada hasta la fecha fijada en segundo lugar.

d)  La aportación por el obligado tributario de datos, documentos o pruebas relacionados con la aplicación del método de estimación indirecta desde que se deje constancia en el expediente, en los términos establecidos en el apartado 3.a) del artículo 153 de la Norma Foral General Tributaria.

e)  El retraso en la notificación de las propuestas de resolución o de liquidación o en la notificación del acuerdo por el que se ordena completar actuaciones a que se refiere el artículo 151.3.b) de la Norma Foral General Tributaria, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se haya realizado un intento de notificación hasta que dicha notificación se haya producido.

f)  Las demás previstas en el presente Reglamento.


Artículo 48.  Normas sobre cómputo del plazo.—1.  A efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento, los periodos de interrupción justificada y las dilaciones imputables al obligado tributario se contarán por días naturales.

2.  En los supuestos en los que concurran las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 147 de la Norma Foral General Tributaria, la comunicación de cualquier actuación respecto a todos o alguno de los elementos de las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento, supondrá el reinicio del cómputo de los plazos a que se refiere el mencionado precepto.

La reanudación de actuaciones con conocimiento formal del obligado tributario tras la interrupción injustificada o la realización de actuaciones después de transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento, tendrán efectos interruptivos de la prescripción respecto de la totalidad de las obligaciones tributarias y períodos a que se refiera el procedimiento.

3.  El obligado tributario tendrá derecho, si así lo solicita en cualquier momento del procedimiento, a conocer el estado del cómputo del plazo de duración y la existencia de las circunstancias previstas en los artículos anteriores, con indicación de las fechas de inicio y fin de cada interrupción o dilación.

En los supuestos de interrupción justificada, se harán constar en diligencia las fechas de solicitud y recepción, en su caso, de la información solicitada, sin revelar los datos identificativos de las personas o autoridades a quienes se ha solicitado información cuando la naturaleza de la investigación así lo demande a juicio de la Inspección de los tributos.

No obstante, en todo caso, en el trámite de audiencia previo al acta correspondiente, el obligado tributario podrá conocer la identidad de tales personas o autoridades.


Artículo 49.  Ampliación del plazo de duración del procedimiento de comprobación e investigación.—1.  En los términos de este artículo se podrá acordar la ampliación del plazo de duración del procedimiento de comprobación e investigación previsto en el apartado 1 del artículo 147 de la Norma Foral General Tributaria, cuando concurra, en relación con cualquiera de las obligaciones tributarias o períodos a los que se extienda el procedimiento, alguna de las circunstancias que se relacionan a continuación, afectando a la totalidad de las obligaciones tributarias y períodos a los que se extienda el procedimiento:

a)  Cuando revistan especial complejidad.

b)  Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice.

2.  A efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 anterior, se entenderá que las actuaciones revisten especial complejidad en los siguientes supuestos:

a)  Cuando el volumen de operaciones del obligado tributario sea igual o superior al requerido para la obligación de auditar sus cuentas.

b)  Cuando se compruebe la actividad u operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas.

c)  Cuando las actuaciones a realizar impliquen a un número de obligados tributarios superior a 75, siempre que sean precisas esas actuaciones para la regularización de la situación tributaria del obligado.

d)  Cuando los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria se realicen fuera del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y requieran la realización de actuaciones de comprobación e investigación fuera de dicho ámbito territorial.

e)  Cuando el obligado tribute en más de una Adminis-tración tributaria por el Impuesto sobre Sociedades o en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

f)  Cuando el obligado tributario esté integrado en un grupo que tribute en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades o en el de grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido que esté siendo objeto de comprobación por la Inspección.

g)  Cuando el obligado tributario esté sujeto a tributación en régimen de transparencia fiscal internacional o participe en una entidad sujeta a un régimen de imputación de rentas que esté siendo objeto de comprobación por la Inspección.

h)  Cuando el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales del obligado tributario o la desaparición o falta de aportación de los libros o registros determine una mayor dificultad en la comprobación.

i)  Cuando se investigue a obligados tributarios por su posible intervención en una red o trama organizada cuya finalidad presunta sea defraudar o eludir la tributación que corresponda u obtener indebidamente devoluciones o beneficios fiscales. En especial, se incluirá en este supuesto la investigación de tramas presuntamente organizadas para la defraudación del Impuesto sobre el Valor Añadido vinculadas a las operaciones de comercio exterior o intracomunitario.

j)  Cuando se investigue a obligados tributarios por la posible realización de operaciones simuladas, la utilización de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados o la intervención de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de eludir la tributación que correspondería al verdadero titular de los bienes, derechos o rentas.

k)  Cuando la comprobación se refiera a personas o entidades relacionadas económicamente entre sí que participen en la producción o distribución de un determinado bien o servicio, siempre que la actuación inspectora se dirija a la comprobación de las distintas fases del proceso de producción o distribución.

l)  Cuando para comprobar la procedencia de aplicar un beneficio fiscal sea necesario verificar el cumplimiento de requisitos o regímenes tributarios previstos para otro tributo.

m)  Cuando se comprueben operaciones de reestructuración empresarial acogidas a regímenes fiscales especiales y sea necesario realizar actuaciones respecto a diversos obligados tributarios, bien en el ámbito de la misma Administración actuante, bien en el ámbito de Administraciones tributarias diferentes.

n)  Cuando en el procedimiento de comprobación e investigación se estime que pudieran concurrir las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 14 de la Norma Foral General Tributaria.

3.  A efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 de este artículo, se entenderá que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice, cuando no haya presentado declaración respecto a dichas actividades o éstas sean distintas de las declaradas por el obligado tributario en las correspondientes declaraciones censales.

Se considerarán como actividades distintas de las declaradas, entre otras, las siguientes:

a)  Aquellas actividades económicas que tengan asignados grupos diferentes en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y no se consideren accesorias en los términos señalados en el artículo 9 del Decreto Foral 102/1992, de 29 de enero, por el que se adapta la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

b)  Cuando la actividad descubierta se desarrolle en una unidad de local no declarada a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, con independencia de que el obligado tributario esté o no exento de dicho impuesto.

c)  Cuando la actividad hubiera dado lugar a la inscripción en un código de actividad y del establecimiento en el ámbito de los Impuestos Especiales, distinto de aquél en que se encuentre dado de alta el obligado tributario.

4.  Si los actuarios estiman que concurre alguna de las circunstancias que justifican la ampliación del plazo de duración del procedimiento de comprobación e investigación, lo notificarán al obligado tributario, concediéndole un plazo de diez días naturales, contados desde el día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para que efectúe alegaciones. Transcurrido dicho plazo se dirigirá la propuesta de ampliación, debidamente motivada con referencia a los hechos y fundamentos de derecho, al Subdirector o a la Subdirectora General de Inspección junto con las alegaciones formuladas y la valoración jurídica de las mismas.

No podrá solicitarse la ampliación del plazo de duración del procedimiento hasta que no hayan transcurrido al menos seis meses desde su inicio. A estos efectos no se deducirán del cómputo de este plazo los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración.

Cuando dichas circunstancias sean apreciadas directamente por el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección, se notificará al obligado tributario, concediéndole idéntico plazo de alegaciones antes de dictar la correspondiente resolución, sin que en este supuesto resulte necesario que hayan transcurrido seis meses desde el inicio del procedimiento.

5.  La ampliación del plazo de duración del procedimiento se realizará mediante resolución motivada del Subdirector o de la Subdirectora General de Inspección. En dicha resolución se concretará el periodo de tiempo por el que se amplía el plazo, que no podrá exceder de doce meses.

La resolución se notificará al obligado tributario y no será susceptible de recurso o reclamación, sin perjuicio de que se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la ampliación del plazo con ocasión de los recursos y reclamaciones que, en su caso, puedan interponerse contra la liquidación que finalmente se dicte.


SECCIÓN 5.ª  TERMINACIÓN


Subsección 1.ª  Trámite de audiencia previo a las actas de inspección


Artículo 50.  Trámite de audiencia previo a la formalización de las actas de inspección.—1.  El trámite de audiencia previo a la firma de las actas se regirá por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 150 de la Norma Foral General Tributaria y en este Reglamento.

2.  Cuando el personal inspector encargado de las actuaciones considere que se han obtenido los datos y las pruebas necesarias para fundamentar la propuesta de regularización o para considerar correcta la situación tributaria, se notificará al obligado tributario personado en el procedimiento la propuesta de acta.

La propuesta de acta contendrá, cuando menos, las menciones indicadas en las letras c), d) y el primer párrafo de la letra e) del artículo 149.1 de la Norma Foral General Tributaria, así como los extremos establecidos en las letras b), d) y e) del artículo 32.1 del presente Reglamento, además de, en su caso, la propuesta de inicio del expediente sancionador para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 213.2 de la Norma Foral General Tributaria. La propuesta de inicio del expediente sancionador incluirá las menciones previstas en el artículo 24.1 del Reglamento del régimen de infracciones y sanciones tributarias, aprobado por el Decreto Foral 42/2006, de 26 de septiembre.

3.  La notificación de la propuesta de acta supondrá el inicio del cómputo del plazo de quince días naturales para que el obligado tributario, a la vista del expediente:

a)  Manifieste su conformidad o disconformidad con la propuesta de acta y la propuesta de inicio del expediente sancionador contenida en la misma.

b)  Manifieste su disconformidad con la propuesta de acta y, en su caso, su opción por la tramitación conjunta o separada del procedimiento sancionador y del de comprobación e investigación.

c)  Formule alegaciones, en su caso, en el supuesto de disconformidad con la propuesta.

d)  Se pronuncie sobre cualesquiera otros extremos que considere oportunos.

4.  Durante el trámite de audiencia se pondrá de manifiesto al obligado tributario el expediente, que incluirá las actuaciones realizadas y los elementos de prueba que obren en poder de la Inspección de los tributos. En dicho trámite, el obligado tributario podrá obtener copia de los documentos del expediente que no obraren en su poder y aportar nuevos documentos y justificantes.

5.  Si antes de finalizar el plazo de trámite de audiencia, el obligado tributario hiciese saber su decisión de no efectuar manifestación alguna ni aportar nuevos documentos ni justificantes, se tendrá por finalizado dicho trámite, recogiéndose en diligencia dicha decisión, si no la hubiese comunicado por escrito.

6.  Cuando el obligado tributario, a la vista de la diligencia que contenga la cuantía de la propuesta de regularización y, en su caso, de la sanción y de las actas que pudieren suscribirse, solicite la incoación de las mismas para prestar su conformidad, se documentará la renuncia al trámite de audiencia y se procederá a la suscripción de las actas de conformidad.

7.  Finalizado el trámite de audiencia y cuando proceda la tramitación conjunta del procedimiento sancionador y del de comprobación e investigación, se incorporará al texto del acta que proceda incoar el texto del acuerdo de inicio de dicho procedimiento sancionador que previamente deberá haber sido autorizado por el órgano a que se refiere el artículo 28 del Reglamento del régimen de infracciones y sanciones tributarias, aprobado por el Decreto Foral 42/2006, de 26 de setiembre.

8.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 151 y 152 de la Norma Foral General Tributaria, una vez finalizado el trámite de audiencia no se podrá incorporar al expediente más documentación acreditativa de los hechos, salvo que se demuestre la imposibilidad de haberla aportado con ocasión del trámite de audiencia o en un momento anterior.

9.  La fijación del lugar, fecha y hora para la formalización de las actas que procedan podrá hacerse a elección de los actuarios, bien en la notificación de inicio del trámite de audiencia, bien en comunicación ulterior finalizado el trámite de audiencia.


Subsección 2..ª  Formalización de las actas de inspección


Artículo 51.  Formalización de las actas.—1.  Concluido, en su caso, el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las actuaciones de comprobación e investigación en las actas de inspección.

2.  Las actas serán firmadas por los actuarios y por el obligado tributario. Si el obligado tributario no pudiera firmarlas, si no compareciera en el lugar y fecha señalados para su firma o se negara a suscribirlas, serán firmadas sólo por los actuarios, y se hará constar la circunstancia de que se trate.

De cada acta se entregará un ejemplar al obligado tributario, entendiéndose notificada por su firma. Si éste no hubiera comparecido, las actas deberán ser notificadas conforme a lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria y se considerará dilación imputable al obligado tributario el tiempo transcurrido desde la fecha fijada para la firma de las actas hasta la fecha de notificación de las mismas.

Si el obligado tributario compareciese y se negase a suscribir las actas, se considerará un rechazo y se tendrá por efectuada su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Norma Foral General Tributaria.

3.  Las actas se extenderán por duplicado en los modelos oficiales aprobados mediante Orden Foral del Diputado o de la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Ateniéndose a dichos modelos, podrán utilizarse medios informáticos que permitan recoger en un mismo cuerpo de acta todas las circunstancias que deban constar en ella con independencia de su extensión.

Nota
4.  En los tributos que tengan período impositivo, se formalizará un acta por cada período a que se extienda la actuación inspectora.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se trate de la comprobación de tributos locales, podrá agruparse en una acta única todo el período de comprobación respecto del tributo afectado.

5.  En los tributos sin período impositivo o de devengo instantáneo pero de declaración periódica, mensual, trimestral, anual u otra diferente, se podrá formalizar una única acta respecto de todo el ámbito temporal objeto de la comprobación, a fin de que la deuda resultante se determine mediante la suma algebraica de las liquidaciones referidas a los distintos ejercicios o períodos comprobados.

Del mismo modo, se podrá incoar una única acta respecto de las obligaciones tributarias de retener y hacer pagos o ingresos a cuenta, así como en los casos de tributos de devengo instantáneo y de declaración única.

6.  En los supuestos de personas físicas fallecidas o de personas jurídicas o demás entidades disueltas o extinguidas, así como en los supuestos del apartado 5 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, la firma de un acta de conformidad exigirá la aceptación de todos los obligados tributarios que hayan comparecido en el procedimiento.

7.  Las actas de inspección no pueden ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa, sin perjuicio de los que procedan contra las liquidaciones tributarias resultantes de aquéllas.


Artículo 52.  Lugar de formalización de las actas.—Las actas de inspección podrán ser extendidas y firmadas en las oficinas de la Administración tributaria o en la oficina, local de negocio, despacho o domicilio fiscal del obligado tributario, según determinen los actuarios.


Subsección 3.ª  Terminación sin formalización de acta


Artículo 53.  Terminación mediante informe de Inspección.—1.  Los actuarios en un procedimiento de comprobación e investigación de un determinado obligado tributario elevarán informe al Subdirector o a la Subdirectora General de Inspección cuando concurra alguna de las circunstancias a que hace referencia la letra a) del apartado 2 del artículo 148 de la Norma Foral General Tributaria, en el que constarán los hechos acreditados en el expediente y las circunstancias que determinen esta forma de propuesta de terminación del procedimiento.

A estos efectos, se considerará que ha sido imposible desarrollar el procedimiento, entre otros supuestos, en los siguientes casos:

a)  Cuando se constate la falta de competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el desarrollo de las correspondientes actuaciones inspectoras en función de lo dispuesto en el Concierto Económico.

En tal caso, del informe emitido se dará traslado a la Administración competente a los efectos oportunos.

b)  Cuando no haya sido posible localizar al obligado tributario y no se tengan elementos suficientes para realizar la propuesta de regularización a través de un procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario.

El Subdirector o la Subdirectora General de Inspección, a la vista del informe, resolverá lo que proceda, con conocimiento del Director o de la Directora General de Hacienda.

2.  Así mismo, cuando haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, cuando se trate de un supuesto de no sujeción, cuando el obligado tributario no esté sujeto a la obligación tributaria o cuando por otras circunstancias no proceda la formalización de un acta, el procedimiento terminará mediante resolución del Subdirector o Subdirectora General de Inspección, a propuesta del personal inspector que hubiese desarrollado las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación, a cuyo efecto deberá emitir informe en el que constarán los hechos acreditados en el expediente y las circunstancias que determinen esta forma de terminación del procedimiento.


Subsección 4.ª  Clases de actas


Artículo 54.  Clases de actas según su tramitación.—1.  A efectos de su tramitación, las actas de inspección podrán ser de dos clases:

a)  Actas de conformidad.

b)  Actas de disconformidad.

2.  Cuando se altere la propuesta de regularización respecto de la consignada en la propuesta de acta, el obligado tributario podrá manifestar su conformidad o disconformidad en el momento de la firma del acta, tramitándose la misma en función de lo manifestado a dichos efectos.

Se considerará que se ha alterado el acta con relación a su propuesta cuando se haya modificado la propuesta de liquidación, salvo que la modificación se deba a la rectificación de errores materiales.

3.  El acuerdo con el obligado tributario a que se refiere el apartado 2 del artículo 149 de la Norma Foral General Tributaria, se formalizará dentro de un acta de conformidad, sin perjuicio de que los restantes elementos de la regularización, incluidas, en su caso, las infracciones y sanciones tributarias, relativas a estos últimos, que se pudieran apreciar y proponer, se incorporen en la misma acta o en otra en función de la conformidad o disconformidad del obligado tributario con ellos.


Artículo 55.  Actas de conformidad y su tramitación.—1.  Cuando el obligado tributario preste su conformidad a los hechos y a las propuestas de regularización y liquidación incorporadas en el acta se hará constar en ella dicha conformidad, incluyendo, en su caso, la conformidad del obligado tributario con la propuesta de sanción que se le formule.

Cuando el obligado tributario preste conformidad a las propuestas de regularización y liquidación pero manifieste su disconformidad a la propuesta de inicio del expediente sancionador, el procedimiento sancionador se tramitará de forma separada, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del régimen de infracciones y sanciones tributarias, aprobado por el Decreto Foral 42/2006, de 26 de setiembre.

2.  Cuando el obligado tributario preste su conformidad parcial a los hechos y a las propuestas de regularización y liquidación formuladas se procederá de la siguiente forma:

a)  Si de la propuesta derivada de los hechos a los que el obligado tributario presta su conformidad no resultara una cantidad a devolver, se formalizarán simultáneamente dos actas relacionadas entre sí en los siguientes términos:

1.º  Un acta previa de conformidad que contendrá los elementos regularizados de la obligación tributaria a los que el obligado tributario haya prestado su conformidad y, en su caso, las sanciones que procedan.

2.º  Un acta de disconformidad, que incluirá la totalidad de los elementos regularizados de la obligación tributaria y, en su caso, las sanciones que procedan si se ha optado por la tramitación conjunta de ambos procedimientos.

La cuota tributaria incluida en la propuesta de liquidación contenida en el acta de conformidad, minorará la contenida en el acta de disconformidad.

b)  Si de la propuesta derivada de los hechos a los que el obligado tributario presta su conformidad resultara una cantidad a devolver, se formalizará una única acta de disconformidad en la que se harán constar los elementos regularizados de la obligación tributaria a los que el obligado tributario presta su conformidad, a efectos de la aplicación de la reducción de la sanción prevista en el artículo 192 de la Norma Foral General Tributaria, y, en su caso, las sanciones que procedan si se ha optado por la tramitación conjunta de ambos procedimientos.

3.  Una vez firmada el acta de conformidad, se entenderá dictada y notificada la liquidación tributaria y, en su caso, la sanción, de acuerdo con la propuesta formulada en la misma si, transcurrido el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la fecha del acta, no se hubiera notificado al obligado tributario resolución del Subdirector o de la Subdirectora General de Inspección con alguno de los contenidos previstos en el apartado 3 del artículo 151 de la Norma Foral General Tributaria, en cuyo caso se procederá de la siguiente forma:

a)  Si se confirma la propuesta de liquidación y, en su caso, de la sanción contenida en el acta o se rectifican errores materiales, se notificará la resolución que contendrá la liquidación, incluyendo, en su caso, la sanción, al obligado tributario, finalizando el procedimiento con dicha notificación.

b)  Si se estima que en la propuesta de liquidación o en la propuesta de sanción, en su caso, ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas, se notificará al obligado tributario resolución de rectificación conforme a los hechos aceptados por éste en el acta, concediéndole un plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a su notificación, para que formule alegaciones y manifieste su conformidad o disconformidad con la nueva propuesta. Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda, que deberá ser notificada.

c)  Si se ordena completar el expediente mediante la realización de actuaciones complementarias, se dejará sin efecto el acta formalizada, notificándolo al obligado tributario, y se realizarán las actuaciones que procedan cuyo resultado se documentará en un acta que sustituirá a todos los efectos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda.

d)  Si el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección se opusiera al acuerdo adoptado con el obligado tributario a que se refiere el apartado 2 del artículo 149 de la Norma Foral General Tributaria, se notificará al obligado tributario la resolución debidamente fundamentada que deja sin efecto el acuerdo y, en su caso, se instará la realización de las actuaciones que procedan con indicación de las medidas necesarias en orden a la corrección o modificación del acuerdo.

Si no fuera posible la corrección o modificación del acuerdo, se anulará el mismo, se notificará al obligado tributario la resolución y se ordenará la realización de las actuaciones que procedan en orden a la formulación de la propuesta de regularización que resulte de todo lo actuado.

Una vez corregido o modificado con arreglo a las indicaciones recibidas, los actuarios recabarán del obligado tributario, si fuere posible, un nuevo acuerdo y procederán a la elaboración de una nueva acta de conformidad que sustituirá a todos los efectos a la anulada. Si el obligado tributario no accediese a un nuevo acuerdo, los actuarios diligenciarán la negativa y realizarán las actuaciones pertinentes cuyo resultado se documentará en un acta que sustituirá a todos los efectos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda.

Si el acta de conformidad con acuerdo dejada sin efecto se hubiera extendido con el carácter de previa, simultáneamente con otra de disconformidad, estando ambas relacionadas entre sí, también se dejará sin efecto esta última, siendo este acto también notificado al obligado tributario. Una vez se haya corregido o modificado el acuerdo o vista la imposibilidad de uno nuevo, se extenderán las actas o el acta que proceda tramitándose en función de la conformidad o disconformidad del obligado tributario.

4.  El obligado tributario no podrá revocar la conformidad manifestada en el acta, sin perjuicio de su derecho a recurrir contra la liquidación resultante de ésta y a presentar alegaciones de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.b) de este artículo.

5.  Si resultase una deuda a ingresar, se entregarán los documentos de ingreso correspondientes a la deuda tributaria y, en su caso, a la sanción junto con el acta. Para el inicio de los plazos de pago previstos en el apartado 2 del artículo 61 de la Norma Foral General Tributaria, se tendrá en cuenta la fecha en que se entienda producida y notificada la liquidación, salvo que se dicte expresamente liquidación en cuyo caso se estará a la fecha de su notificación.


Artículo 56.  Actas de disconformidad y su tramitación.—1.  Cuando el obligado tributario se niegue a suscribir el acta, la suscriba pero no preste su conformidad a la propuesta de regularización y de liquidación contenida en el acta o no comparezca en la fecha señalada para la firma de las actas, o en todo caso no preste su conformidad expresa a la propuesta, se formalizará un acta de disconformidad, que se entenderá notificada en la fecha en que se haya formalizado el acta, en la fecha en que se haya producido la negativa a suscribirla o, si no ha comparecido, desde que se haya notificado la misma.

2.  En las actas de disconformidad, además de lo dispuesto en el artículo 32 del presente Reglamento, se recogerá en acta de forma expresa la disconformidad manifestada por el obligado tributario, o las circunstancias que determinan su tramitación como acta de disconformidad.

Se incluirá, en su caso, la opción por la tramitación conjunta o separada del procedimiento sancionador con respecto al de comprobación e investigación.

Así mismo, se expresarán con el detalle que sea preciso los hechos y fundamentos de derecho en que se base la propuesta de regularización, que serán objeto de desarrollo en el informe ampliatorio previsto en el artículo 30.1.b) de este Reglamento.

3.  Cuando la propuesta de regularización formalizada en el acta con relación a la comunicada en la propuesta de acta no se haya alterado, y sólo cuando el obligado tributario no haya presentado alegaciones a la propuesta de acta, se hará constar en la misma el derecho a presentar las alegaciones que considere oportunas en el plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se entienda notificada el acta.

4.  Cuando la propuesta de regularización formalizada en el acta con relación a la comunicada en su propuesta se haya alterado, y el obligado tributario no haya manifestado su conformidad o disconformidad según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 54 del presente Reglamento, se formalizará un acta de disconformidad. En el informe ampliatorio se expresarán de forma detallada las razones que hayan producido dicha alteración.

Cuando se produzca esta circunstancia, el obligado tributario podrá, en el plazo de 15 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha en que se entienda notificada el acta, formular, a la vista del expediente, las alegaciones que estime oportunas ante los actuarios, o bien prestar su conformidad, en cuyo caso la tramitación continuará como acta de conformidad.

En caso de que el obligado tributario prestara su conformidad, deberá formularla ante los actuarios por escrito, o bien éstos recogerla en diligencia suscrita por aquél. La continuación de la tramitación como acta de conformidad supondrá que queda sin efecto el acta de disconformidad previamente extendida y los actuarios procederán a formalizar una nueva acta de conformidad, que se tramitará con arreglo a lo establecido en el presente Reglamento. En dicho trámite el obligado tributario podrá rectificar su opción por la tramitación conjunta o separada del procedimiento sancionador.

En el caso de que el obligado tributario no preste la conformidad, los actuarios se limitarán a remitir las alegaciones presentadas al acta al Subdirector o a la Subdirectora General de Inspección para que resuelva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.

5.  El acta de disconformidad, el informe ampliatorio y la totalidad de las alegaciones formuladas por el obligado tributario se remitirán, junto con el resto del expediente, al Subdirector o a la Subdirectora General de Inspección para que dicte acto administrativo que corresponda, que deberá ser notificado.

6.  Si el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección resolviera la rectificación de la propuesta contenida en el acta por considerar que en ella ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas y dicha rectificación afectase a cuestiones no alegadas por el obligado tributario, notificará el acuerdo de rectificación para que en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, efectúe alegaciones y manifieste su conformidad o disconformidad con la nueva propuesta formulada en el acuerdo de rectificación. Transcurrido dicho plazo se dictará la resolución que corresponda, que deberá ser notificada.

7.  El Subdirector o la Subdirectora General de Inspección podrá resolver que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos. Dicho acuerdo se notificará al obligado tributario y se procederá de la siguiente forma:

a)  Si como consecuencia de las actuaciones complementarias se considera necesario modificar la propuesta de liquidación se dejará sin efecto el acta incoada y se formalizará una nueva acta que sustituirá a todos los efectos a la anterior y se tramitará según corresponda.

b)  Si se mantiene la propuesta de liquidación contenida en el acta de disconformidad, los actuarios emitirán informe sobre el resultado de las actuaciones realizadas, que remitirán al Subdirector o a la Subdirectora General de Inspección. El informe se notificará al obligado tributario para que en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación, formule las alegaciones que estime oportunas. Una vez recibidas las alegaciones o concluido el plazo para su realización, el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección dictará el acto administrativo que corresponda, que deberá ser notificado.


Subsección 5.ª  Liquidación


Artículo 57.  Liquidación tributaria.—1.  Las liquidaciones tributarias resultantes de un procedimiento de comprobación e investigación tendrán carácter provisional o definitivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 de la Norma Foral General Tributaria y en el artículo 33 del presente Reglamento.

2.  Las liquidaciones provisionales minorarán los importes de las que posterior o simultáneamente se practiquen respecto de la obligación tributaria y período objeto de regularización.

3.  Los elementos de la obligación tributaria comprobados e investigados en el curso de unas actuaciones que hubieran terminado con una liquidación provisional, no podrán regularizarse nuevamente en un procedimiento de inspección posterior, salvo que concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 3 del artículo 33 de este Reglamento, y exclusivamente en relación con los elementos de la obligación tributaria afectados por dichas circunstancias.

4.  Los elementos de la obligación tributaria a los que no se hayan extendido las actuaciones de comprobación e investigación podrán regularizarse en un procedimiento de comprobación posterior.


Artículo 58.  Liquidación de los intereses de demora.—1.  La liquidación derivada del procedimiento de comprobación e investigación incorporará los intereses de demora hasta el día en que se dicte o se entienda dictada la liquidación, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 147 de la Norma Foral General Tributaria, y de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.

2.  En el caso de actas de conformidad, los intereses de demora se calcularán hasta el día en que deba entenderse dictada la liquidación por transcurso del plazo legalmente establecido, salvo que antes de dicho plazo se notifique resolución confirmando la liquidación propuesta, en cuyo caso se calcularán los intereses hasta la fecha de dicha resolución.

3.  En el caso de actas de disconformidad, los intereses de demora se calcularán hasta la fecha de formalización del acta, sin perjuicio de la cuantificación que proceda al realizar la correspondiente liquidación.

4.  Las actas y los actos de liquidación practicados deberán especificar las bases de cálculo sobre las que se aplican los tipos de interés de demora, los tipos de interés y las fechas de comienzo y finalización de los períodos de devengo.

5.  Cuando la liquidación resultante del procedimiento inspector sea una cantidad a devolver, la liquidación de intereses de demora deberá efectuarse de la siguiente forma:

a)  Cuando se trate de una devolución de ingresos indebidos, se liquidarán a favor del obligado tributario intereses de demora en los términos del apartado 2 del artículo 32 de la Norma Foral General Tributaria.

b)  Cuando se trate de una devolución derivada de la normativa de un tributo, se liquidarán a favor del obligado tributario intereses de demora en los términos del apartado 2 del artículo 31 de la Norma Foral General Tributaria.

A efectos del cálculo de los intereses de demora, no se computarán los períodos de dilación por causas no imputables a la Administración tributaria a que se refiere el artículo 47 de este Reglamento y que se produzcan en el curso de dichos procedimientos.

6.  En el caso de que el obligado tributario esté incurso en una declaración de concurso, los intereses de demora de las cuotas correspondientes a Impuestos devengados con anterioridad a la fecha de declaración del concurso se devengarán hasta la fecha de declaración del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal.


SECCIÓN 6.ª  DISPOSICIONES ESPECIALES


Artículo 59.  Estimación indirecta.—1.  El método de estimación indirecta de bases o cuotas será utilizado por la Inspección de los tributos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52 y 153 de la Norma Foral General Tributaria, y en este artículo.

2.  La estimación indirecta podrá aplicarse en relación con la totalidad o parte de los elementos integrantes de la obligación tributaria.

3.  La apreciación de alguna o algunas de las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 52 de la Norma Foral General Tributaria, no determinará por sí sola la aplicación del método de estimación indirecta si, de acuerdo con los datos y antecedentes obtenidos a lo largo del desarrollo de las actuaciones inspectoras, pudiera determinarse la base o la cuota mediante el método de estimación directa u objetiva.

4.  A efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 52 de la Norma Foral General Tributaria, se entenderá que existe resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora cuando concurra alguna de las conductas contempladas en el apartado 1 del artículo 208 de la Norma Foral General Tributaria.

5.  A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 52 de la Norma Foral General Tributaria, se entenderá que existe incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales cuando concurra alguno o algunos de los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento del Régimen de Infracciones y Sanciones, aprobado por Decreto Foral 42/2006, de 26 de setiembre, y en los siguientes:

a)  Cuando el obligado tributario incumpla la obligación de llevanza de la contabilidad o de los libros registros establecidos por la normativa tributaria. Se presumirá su omisión cuando no se exhiban a requerimiento de la Inspección de los tributos.

b)  Cuando la contabilidad no recoja fielmente la titularidad de las actividades, bienes o derechos.

c)  Cuando los libros o registros contengan omisiones, alteraciones o inexactitudes que oculten o dificulten gravemente la constatación exacta de las operaciones realizadas.

d)  Cuando, aplicando las técnicas o criterios generalmente aceptados a la documentación facilitada por el obligado tributario, no pueda verificarse la declaración o determinarse con exactitud las bases o rendimientos objeto de comprobación.

e)  Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas o registradas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de la actividad, permita presumir, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 104 de la Norma Foral General Tributaria, que la contabilidad o los libros registros son incorrectos.

6.  A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 52 de la Norma Foral General Tributaria, serán de aplicación las siguientes reglas:

a)  Tratándose de actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se tendrán en cuenta, preferentemente, los signos, índices o módulos establecidos para la estimación objetiva, cuando se trate de contribuyentes que no hayan optado por este último método de determinación de la base imponible, sin perjuicio de que, acreditada la existencia de rendimientos procedentes de actividades económicas por un importe superior al que deriva de la aplicación de los citados signos, índices o módulos, el rendimiento a integrar en la base imponible sea el realmente comprobado.

b)  Tratándose del Impuesto sobre el Valor Añadido, se tendrán en cuenta preferentemente los índices, módulos y demás parámetros establecidos para el régimen simplificado, cuando se trate de sujetos pasivos que hayan renunciado a este último régimen, sin perjuicio de que, demostrada la existencia de operaciones sujetas y no exentas que determinen cuotas devengadas por importe superior al que deriva de la aplicación de los citados signos, índices o módulos, las cuotas a integrar serán realmente las que deriven de las operaciones comprobadas, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado uno del artículo 81 del Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, de adaptación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7.  En el supuesto en el que las actas en que se proponga la regularización de la situación tributaria del obligado mediante la aplicación del método de estimación indirecta se suscriban en disconformidad, podrá elaborarse un único informe que recoja ambas circunstancias.


Artículo 60.  Aplicación de la cláusula antielusión.—1.  Cuando la Inspección de los tributos estime que pueden concurrir las circunstancias previstas en el artículo 14 de la Norma Foral General Tributaria, emitirá un informe en el que se fundamentará la aplicación de la cláusula antielusión, y lo notificará al obligado tributario, indicándole la apertura de un plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la notificación, para formular alegaciones y aportar o proponer la práctica de las pruebas que estime procedentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 163 de la Norma Foral General Tributaria.

2.  A la vista de las pruebas solicitadas, la Inspección de los tributos decidirá motivadamente sobre la improcedencia de las que se acuerde no practicar.

3.  Una vez recibidas las alegaciones y, en su caso, practicadas las pruebas procedentes, los actuarios, en caso de mantener la procedencia de aplicación de la cláusula antielusión, emitirán un informe sobre la concurrencia de las circunstancias previstas en el citado artículo 14. En el informe se incluirá la propuesta de liquidación.

El citado informe se remitirá, junto con el expediente, al Subdirector o a la Subdirectora General de Inspección que, previa su conformidad, dará traslado del expediente completo a la Comisión Consultiva Tributaria regulada en el Decreto Foral 49/2006, de 5 de diciembre, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas y propuestas previas de tributación y se crea la Comisión Consultiva Tributaria, para que dictamine sobre la procedencia de la cláusula antielusión. La remisión se notificará al obligado tributario con indicación de la interrupción justificada prevista en el apartado 3 del artículo 163 de la Norma Foral General Tributaria, que se computará desde la notificación del informe.

En caso de que el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección estimase, motivadamente, que no concurren dichas circunstancias, devolverá la documentación a los actuarios que estén tramitando el procedimiento para que continúen con el mismo hasta su terminación, lo que se notificará al obligado tributario.

4.  La Comisión Consultiva Tributaria emitirá dictamen en el que, de forma motivada, se indicará si procede o no la aplicación de la cláusula antielusión. El dictamen se comunicará al Subdirector o a la Subdirectora General de Inspección para que ordene la continuación del procedimiento de comprobación e investigación y su notificación al obligado tributario.

5.  La interrupción del cómputo del plazo de duración del procedimiento por causa de lo previsto en este artículo, no impedirá la práctica de actuaciones inspectoras que durante dicha situación pudieran desarrollarse en relación con los elementos de la obligación tributaria no relacionados con las operaciones analizadas por la Comisión Consultiva Tributaria.


Artículo 61.  Actuaciones con entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal.—1.  La comprobación e investigación de la sociedad dominante y del grupo fiscal se realizará en un único procedimiento de inspección, que incluirá la comprobación de las obligaciones tributarias del grupo fiscal y de la sociedad dominante objeto del procedimiento.

2.  En cada entidad dependiente que sea objeto de inspección como consecuencia de la comprobación de un grupo fiscal se desarrollará un único procedimiento de inspección. Dicho procedimiento incluirá la comprobación de las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación individual del Impuesto sobre Sociedades y las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento e incluirá actuaciones de colaboración respecto de la tributación del grupo por el régimen de consolidación fiscal. En el caso en el que alguna o algunas de las sociedades dependientes estén sujetas a normativa foral de cualquiera de los otros Territorios Históricos, se solicitarán actuaciones de colaboración de la Administración tributaria competente.

3.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 67.1.a) de la Norma Foral General Tributaria, el plazo de prescripción del Impuesto sobre Sociedades del grupo fiscal se interrumpirá:

a)  Por cualquier actuación de comprobación e investigación realizada con la sociedad dominante respecto al Impuesto sobre Sociedades.

b)  Por cualquier actuación de comprobación e investigación relativa al Impuesto sobre Sociedades realizada con cualquiera de las sociedades dependientes, siempre que la sociedad dominante tenga conocimiento formal de dichas actuaciones.

La interrupción también se producirá respecto a las sociedades que deban formar parte del grupo fiscal, aunque no estuvieran incluidas en la declaración presentada por el grupo fiscal.

También se interrumpirá el plazo de prescripción en el Impuesto sobre Sociedades de aquellas sociedades que habiendo declarado como grupo fiscal se compruebe que no forman parte del mismo.

4.  Las interrupciones justificadas y las dilaciones por causa no imputable a la Administración tributaria que se produzcan en el curso del procedimiento seguido con cualquiera de las entidades dependientes y que se refieran a la comprobación del Impuesto sobre Sociedades, afectarán al plazo de duración del procedimiento seguido cerca de la sociedad dominante y del grupo fiscal, siempre que la sociedad dominante tenga conocimiento formal de ello y desde ese momento.

5.  Una vez finalizadas las actuaciones relativas al Impuesto sobre Sociedades en cada entidad dependiente, se formalizará la diligencia resumen a que se refiere el artículo 28.4.g) de este Reglamento. Dicha diligencia se incorporará formalmente al procedimiento de comprobación e investigación de la sociedad dominante y del grupo fiscal.

6.  Las actas se formalizarán al grupo fiscal, al que se practicarán las propuestas de regularización y liquidación que puedan corresponder, en las que se hará referencia a las demás sociedades que integren el grupo fiscal y a la condición de éstas como posibles responsables solidarios de la deuda tributaria, en los términos legalmente establecidos.


Artículo 62.  Actuaciones con entidades que tributen en régimen especial de grupo de entidades.—1.  Las actuaciones dirigidas a comprobar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido se entenderán con la entidad dominante, como representante del mismo. Igualmente, las actuaciones podrán entenderse con las entidades dependientes, que deberán atender a la Inspección de los tributos.

2.  Las actuaciones de comprobación o investigación realizadas a cualquier entidad del grupo de entidades interrumpirán el plazo de prescripción del impuesto referente al total de entidades del grupo desde el momento en que la entidad dominante tenga conocimiento formal de las mismas.

3.  Las actas y liquidaciones que deriven de la comprobación de este régimen especial se extenderán a la entidad dominante.

4.  Lo dispuesto en el artículo anterior será de aplicación en el procedimiento de comprobación e investigación del grupo de entidades en tanto no contradiga lo dispuesto en el Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, por el que se adapta la normativa fiscal del Territorio Histórico de Gipuzkoa a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.


Artículo 63.  Actuaciones para declarar la responsabilidad.—1.  Cuando en el curso de un procedimiento de inspección los actuarios encargados del mismo tengan conocimiento de hechos o circunstancias que pudieran determinar la existencia de responsables a los que se refiere el artículo 41 de la Norma Foral General Tributaria, propondrán al Subdirector o a la Subdirectora General de Inspección, mediante informe emitido al efecto, el inicio del procedimiento para declarar dicha responsabilidad.

A la vista de dicho informe, el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección podrá resolver el inicio, que se notificará al obligado tributario con indicación de las obligaciones tributarias y períodos a los que alcance la declaración de responsabilidad y el precepto legal en que se fundamente.

Cuando el alcance de la responsabilidad incluya las sanciones será necesario que se haya iniciado previamente el procedimiento sancionador.

La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y, si los hubiera, de los responsables solidarios. Los órganos de recaudación acreditarán, a petición de los de inspección, la condición de fallido de los deudores principales y responsables solidarios, de lo que se dejará constancia en la comunicación de inicio del procedimiento de declaración de responsabilidad.

2.  Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables a la Administración tributaria acreditados durante el procedimiento de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones seguidos frente al deudor principal se considerarán, cuando concurran en el tiempo con el procedimiento de declaración de responsabilidad, períodos de interrupción justificada y dilaciones no imputables a la Administración tributaria a efectos del cómputo del plazo de resolución del procedimiento de declaración de responsabilidad.

3.  El trámite de audiencia al responsable se realizará con posterioridad a la formalización del acta al deudor principal y, cuando la responsabilidad alcance a las sanciones, a la propuesta de resolución del procedimiento sancionador al sujeto infractor.

El responsable dispondrá de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para formular las alegaciones y aportar la documentación que estime oportunas, tanto respecto del presupuesto de hecho de la responsabilidad como de las liquidaciones o sanciones a las que alcance dicho presupuesto.

Salvo el supuesto previsto en el apartado 4 de este artículo, el responsable no tendrá la condición de interesado en el procedimiento de inspección o en el sancionador y se tendrán por no presentadas las alegaciones que formule en dichos procedimientos.

4.  El acuerdo de declaración de responsabilidad corresponderá al Subdirector o a la Subdirectora General de Inspección y habrá de dictarse con posterioridad al acuerdo de liquidación al deudor principal o, en su caso, de imposición de sanción al sujeto infractor.

El acuerdo de declaración de responsabilidad se notificará al responsable antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso otorgado al deudor principal. De no efectuarse la notificación en dicho plazo se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130.3 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto.

5.  En aquellos supuestos en los que la Norma Foral General Tributaria disponga que no es necesario el acto previo de derivación de responsabilidad previsto en el apartado 5 de su artículo 41, las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación podrán realizarse directamente con el responsable, formalizándose las actas y practicándose las liquidaciones a su nombre.


CAPÍTULO II

El procedimiento de comprobación restringida


Artículo 64.  Iniciación del procedimiento.—1.  En los supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 154 de la Norma Foral General Tributaria, el Director o la Directora General de Hacienda podrá resolver el inicio de este procedimiento cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Que la actuación deba llevarse a cabo fuera de las dependencias de la Administración tributaria, o

b)  Que por parte del órgano correspondiente así se solicite, de manera motivada.

2.  La notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de comprobación restringida al obligado tributario será realizada por el personal inspector encargado de las actuaciones.


Artículo 65.  Tramitación del procedimiento.—1.  En el procedimiento de comprobación restringida serán de aplicación las normas establecidas para el procedimiento de comprobación e investigación, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza del mismo.

2.  Dichos procedimientos no podrán desarrollarse durante la tramitación de un procedimiento de comprobación e investigación sobre los mismos conceptos tributarios y períodos impositivos.

3.  En los supuestos en que concurra la circunstancia a que se refiere el apartado 2 del artículo 156 de la Norma Foral General Tributaria, la continuación de las actuaciones del procedimiento con conocimiento formal del obligado tributario supondrá el reinicio del cómputo del plazo a que se refiere el mencionado precepto.


Artículo 66.  Terminación del procedimiento.—1.  El procedimiento de comprobación restringida terminará con la notificación al obligado tributario del correspondiente informe, en el que se harán constar los siguientes extremos:

a)  El lugar y la fecha de su formalización.

b)  Nombre y apellidos de los actuarios que lo suscriban.

c)  El nombre y apellidos, número de identificación fiscal, en su caso, de la persona con la que se hayan entendido las actuaciones, así como el carácter o representación con que interviene.

d)  El nombre y apellidos o la razón social o denominación completa, el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario a quien se refieran las actuaciones.

e)  Los hechos o circunstancias que constituyen el contenido propio de este procedimiento, dando cumplida contestación a los extremos de la situación tributaria del obligado cuya comprobación había sido solicitada.

f)  Relación de las diligencias que, en su caso, se hayan formalizado en el procedimiento.

g)  La fecha de inicio de las actuaciones inspectoras y el criterio seguido en el cómputo del plazo de duración de las mismas, así como las demás incidencias relativas a las interrupciones justificadas o injustificadas que se hubieran producido y a las dilaciones imputables al obligado tributario.

h)  Las conclusiones a que se ha llegado incluyendo, en su caso, la propuesta de regularización que estime procedente la Inspección de los tributos, así como los indicios de la existencia de una infracción tributaria.

2.  El informe emitido deberá contar con la conformidad del Subdirector o de la Subdirectora General de Inspección y será notificado al obligado tributario y remitido al órgano competente para resolver el procedimiento del que traiga causa.

3.  Cuando en el curso del procedimiento de comprobación restringida se descubran hechos o circunstancias con trascendencia tributaria que lo aconsejen, los actuarios podrán proponer de forma motivada la inclusión en un procedimiento de comprobación e investigación del obligado tributario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del presente Reglamento.

Una vez que el Director o la Directora General de Hacienda apruebe la inclusión en el Plan de Inspección del obligado tributario, se dará por concluido el procedimiento de comprobación restringida, lo que se notificará al órgano solicitante de la iniciación del procedimiento de comprobación restringida, así como al obligado tributario mediante la comunicación a que hace referencia el artículo 26.2.e) del presente Reglamento.


CAPÍTULO III

El procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario


Artículo 67.  Tramitación del procedimiento.—1.  En el procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario serán de aplicación las normas establecidas para el procedimiento de comprobación e investigación, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza del mismo, y precisará de la inclusión en el Plan de inspección de los obligados tributarios sobre los que se realice.

2.  La selección de los obligados tributarios respecto de los que se considere oportuno tramitar este procedimiento se hará en base a un informe conciso sobre los elementos de hecho que constituyan la prueba preconstituida del hecho imponible.


Artículo 68.  Terminación del procedimiento en informe.—1.  El procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario terminará por medio de informe en el que se harán constar los siguientes extremos:

a)  El lugar y la fecha de su formalización.

b)  Nombre y apellidos de los actuarios que lo suscriban.

c)  El nombre y apellidos o la razón social o denominación completa, el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario a quien se refieran las actuaciones.

d)  Los hechos o circunstancias que constituyen el contenido propio de este procedimiento, recogiendo los elementos de hecho relativos a la prueba preconstituida de la obligación tributaria y los fundamentos de derecho aplicables.

e)  La identificación del tributo y el periodo o periodos a que se refiera.

f)  La regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda, incluyendo los intereses de demora correspondientes. Se expresarán, cuando proceda, las infracciones que se aprecien y las sanciones que se propongan.

g)  Los trámites del procedimiento posteriores a la notificación del informe, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

2.  El informe será notificado al obligado tributario y entregado al Subdirector o a la Subdirectora General de Inspección para dictar los actos administrativos que correspondan.

3.  En el procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario se aplicará lo dispuesto en el artículo 160 de la Norma Foral General Tributaria, y en la medida que proceda, lo dispuesto en el artículo 56 del presente Reglamento.


CAPÍTULO IV

Actuaciones de obtención de información


Artículo 69.  Disposiciones generales.—
1. En el ámbito de las actuaciones y procedimientos de inspección, el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información establecidas en los artículos 90 y 91 de la Norma Foral General Tributaria se realizará conforme a lo dispuesto en el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, y en el presente capítulo.

2. El personal inspector, en el desarrollo de actuaciones o procedimientos de inspección, podrá obtener cuantos datos o antecedentes obren en poder del obligado tributario que puedan ser, a su juicio, de especial relevancia tributaria para otras personas y entidades, sin perjuicio de la comprobación, en todo caso, del cumplimiento de la obligación de proporcionar tales datos cuando venga exigida con carácter general.

3. Las actuaciones de obtención de información realizadas por la Inspección podrán desarrollarse, directamente en los locales, oficinas o domicilio de la persona o entidad en cuyo poder se hallen los datos correspondientes, o mediante requerimientos para que tales datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria sean remitidos o aportados a la Inspección de los tributos.

Los requerimientos de información desarrollados al amparo de lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Norma Foral General Tributaria deberán ser autorizados por el Subdirector o la Subdirectora General de Inspección, previa propuesta motivada del personal inspector encargado de las actuaciones, ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.

4. Las actuaciones de obtención de información podrán realizarse por iniciativa propia de la Inspección de los tributos o a solicitud de otros órganos administrativos o jurisdiccionales en los supuestos de colaboración.

Nota

Artículo 70.  Requerimientos individualizados para la obtención de información.—1.[...]

Nota

Artículo 71.  Requerimientos a entidades dedicadas al tráfico bancario o crediticio.—1.[...]

Nota

CAPÍTULO V

Actuaciones de control de obligaciones formales tributarias


Artículo 72.  Actuaciones de control de obligaciones censales, registrales y otras obligaciones formales.—1.  El Subdirector o la Subdirectora General de Inspección podrá ordenar la realización de actuaciones de control del cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en el artículo 29 de la Norma Foral General Tributaria, en orden a la aplicación de los tributos, a fin de verificar y constatar su cumplimiento. Las actuaciones se podrán realizar mediante requerimiento de información o mediante personación de la Inspección de los tributos en el domicilio del obligado tributario o en los establecimientos e instalaciones del mismo, documentando en diligencia la constatación de lo comprobado.

2.  Finalizadas las actuaciones se procederá a documentar el resultado de las mismas en informe. En el citado informe, la Inspección de los tributos podrá proponer:

a)  el acuerdo de baja cautelar, el inicio del procedimiento de rectificación censal, la rectificación de oficio de la situación censal o la revocación del número de identificación fiscal, regulados en el Decreto Foral 64/2008, de 15 de julio, por el que se desarrollan las obligaciones censales y las relativas al número de identificación fiscal,

b)  el inicio del procedimiento de rectificación del domicilio fiscal previsto en el artículo 48 de la Norma Foral General Tributaria.

c)  el inicio de un procedimiento de gestión o de inspección,

d)  el inicio de un procedimiento sancionador, o

e)  el archivo de las actuaciones.


CAPÍTULO VI

Actuaciones de valoración


Artículo 73.  Actuaciones de valoración.—1.  Las actuaciones de valoración tendrán por objeto la comprobación del valor de los bienes, rentas, productos, derechos y demás elementos determinantes de la obligación tributaria por los medios mencionados en el artículo 56 de la Norma Foral General Tributaria, sin perjuicio de la utilización de otros admitidos por el ordenamiento jurídico vigente.

No se reputarán actuaciones de valoración aquéllas en las cuales el valor de los bienes, rentas, productos, derechos y demás elementos determinantes de la obligación tributaria resulte directamente de la aplicación de reglas establecidas en Normas Forales o sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.

2.  Las actuaciones de valoración podrán desarrollarse por la Inspección de los tributos a iniciativa propia o a petición de otros órganos de la Administración tributaria.

3.  Las actuaciones de valoración que se sustancien en el curso de un procedimiento de comprobación e investigación o de comprobación restringida tendrán la consideración de actuación concreta del procedimiento de que se trate y será de aplicación lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de la Norma Foral General Tributaria y en la normativa que los desarrolla.

La impugnación de la procedencia de la valoración, así como de las actuaciones de valoración y de su resultado, se producirá en la forma regulada en cada uno de esos procedimientos con ocasión de los actos de regularización que se dicten.

4.  Las actuaciones de valoración realizadas por la Inspección de los tributos que no formen parte de un procedimiento de inspección se reflejarán en comunicaciones y diligencias y el resultado de la valoración se fundamentará en un informe, siendo de aplicación la normativa que en cada caso regule la valoración a realizar.


CAPÍTULO VII

Actuaciones de intervención de impuestos especiales


Artículo 74.  Actuaciones de intervención de impuestos especiales.—1.  Las actuaciones de intervención en materia de los impuestos especiales se regirán por lo dispuesto en la normativa específica y en lo no previsto en la misma, por lo dispuesto en este Reglamento en lo que resulte de aplicación, a excepción de lo dispuesto en el artículo 39 del presente Reglamento.

2.  Cuando como consecuencia de las actuaciones de comprobación o investigación, se pongan de manifiesto hechos que supongan el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de los impuestos especiales, las actuaciones de intervención continuarán mediante la notificación al obligado tributario del inicio de actuaciones destinadas a la regularización tributaria, que deberán concluir en el plazo previsto en el artículo 147 de la Norma Foral General Tributaria o, en su caso, mediante la iniciación del procedimiento sancionador.


CAPÍTULO VIII

Otras actuaciones


Artículo 75.  Otras actuaciones de la Inspección.—1.  Cuando así le sea solicitado por la Dirección General de Hacienda y sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos de la Administración, la Inspección de los tributos informará y asesorará en materias de carácter económico, financiero, jurídico o técnico relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

2.  La Inspección de los tributos podrá realizar los estudios individuales, sectoriales o territoriales de carácter económico o financiero que puedan ser de interés para la aplicación de los tributos, así como los análisis técnicos o de cualquier otra naturaleza que se consideren necesarios.

3.  Para la ejecución de las resoluciones administrativas y judiciales, los órganos de inspección podrán desarrollar las actuaciones que sean necesarias pudiendo, en su caso, ejercer las facultades previstas en el artículo 136 de la Norma Foral General Tributaria, y realizar las actuaciones de obtención de información pertinentes. No obstante, cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.4 del Reglamento de desarrollo de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Decreto Foral 41/2006, de 26 de setiembre, las mencionadas resoluciones hayan ordenado la retroacción de actuaciones, éstas se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147.5 de la Norma Foral General Tributaria.

4.  La Inspección de los tributos podrá realizar actuaciones dirigidas a la aprobación de acuerdos previos de valoración de operaciones, gastos, retribuciones, así como a la aprobación de los criterios de imputación temporal, conforme a la normativa específica que resulte de aplicación. En particular, con relación a los acuerdos de valoración previa de operaciones entre personas o entidades vinculadas, será de aplicación lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, y supletoriamente lo dispuesto en este Reglamento.


DISPOSICIÓN ADICIONAL



Disposición adicional única.  Utilización de medios informáticos, telemáticos y de nuevas tecnologías en el ejercicio de las funciones y facultades de inspección.—De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria y en los reglamentos aplicables relativos a esta materia, la Inspección de los tributos podrá utilizar medios informáticos, telemáticos, o electrónicos y podrá aplicar las nuevas tecnologías en todas sus actuaciones y en la tramitación de todos sus procedimientos.

En particular, podrá remitir diligencias, comunicaciones, requerimientos y actas mediante la transmisión telemática de los correspondientes documentos electrónicos y archivos y recepcionar documentos electrónicos y archivos, o convertir los documentos presentados en papel en documentos electrónicos mediante la digitalización de los mismos, al objeto de conformar el expediente electrónico, siempre que se garantice la autenticidad del origen de los diferentes documentos y la integridad del contenido.

Lo especificado en el párrafo anterior se extiende a otros dispositivos o formas de soporte tales como la imagen, incluidos los microfilms.


DISPOSICIÓN TRANSITORIA


Carácter de actas previas.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.3.b) de la Norma Foral General Tributaria, y en tanto no prescriban las obligaciones tributarias relativas al Impuesto sobre el Patrimonio, anteriores a la derogación del mismo por la disposición derogatoria primera de la Norma Foral 4/2009, de 23 de diciembre, por la que se introducen determinadas modificaciones tributarias, tendrán el carácter de actas previas las que se formalicen por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre el Patrimonio en tanto no se hayan comprobado las declaraciones y liquidaciones del mismo período impositivo por ambos impuestos.

Compartir por email
Imprimir
 
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación