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DECRETO FORAL 34/1990, DE 5 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSPECCION TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTORICO DE GUIPUZCOA (BOG DEL 28) (*)



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DECRETO FORAL 34/1990, DE 5 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSPECCION TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTORICO DE GUIPUZCOA (BOG DEL 28)Comentario


 
A partir de la aprobación del Concierto Económico, se ha venido aplicando con carácter subsidiario la normativa vigente en Régimen Común en lo que afecta al ejercicio de la función inspectora. La normativa estatal es en gran parte coincidente con la que se regula en este Reglamento ya que básicamente las funciones a desarrollar son idénticas en lo que afecta a la comprobación e investigación relativa a los tributos concertados; no obstante, el enfoque del mismo es diferente al estatal ya que contempla los aspectos relativos a la función inspectora a diferencia del Reglamento de Inspección de los tributos de la administración del Estado que ha optado por una regulación de las actuaciones del órgano de inspección vinculado a la compleja organización tanto en sus servicios centrales como de los de ámbito territorial.

En el presente Reglamento se realiza una detallada regulación de todo el proceso que va desde la iniciación de las actuaciones preparatorias de los planes de inspección, obtención de información, ejercicio de las funciones de comprobación e investigación hasta la concreción de las actuaciones en diligencias y actas, así como la realización de tareas accesorias y complementarias. Por otra parte, se atribuyen determinadas competencias a los distintos órganos del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, ajustando su contenido a la Norma Foral General Tributaria.

Se aborda la regulación de la función inspectora remitiendo a un desarrollo posterior aspectos concretos de la elaboración y aprobación de los planes de inspección, ejecución de los planes y su control, delimitación del alcance de las actuaciones inspectoras de los distintos grupos de funcionarios incluidos en la plantilla del Departamento, adscripción del personal a los distintos programas operativos, así como todos aquellos aspectos que afectan a una adecuada distribución de funciones entre los órganos con competencia en la materia. De esta forma se permitirá una mejor adecuación de los efectivos personales a los distintos programas que se diseñen confiriendo al presente Reglamento un carácter más estable y permanente.

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos y previa deliberación del Consejo de Diputados en sesión del día de hoy, dispongo:


Artículo Unico.- Se aprueba el Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Guipúzcoa cuyo texto se adjunta como anexo.


TÍTULO PRELIMINAR


Artículo 1.  La Inspección de los Tributos.- Realizan funciones de Inspección de los Tributos los Organos de la Hacienda Pública Foral que tienen encomendada la función de comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos y demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Foral, procediendo, en su caso, a la regulación correspondiente.

Nota

Artículo 2.  Funciones de la Inspección de los Tributos.- Son funciones de Inspección de los Tributos:

a)  La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.

b)  La integración definitiva de las bases tributarias, mediante las actuaciones de comprobación en los supuestos de estimación directa y objetiva singular y a través de las actuaciones inspectoras correspondientes a la estimación indirecta.

c)  La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible.

d)  Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de cualesquiera beneficios, desgravaciones o devoluciones fiscales.

e)  Practicar propuestas de liquidaciones resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.

f)  Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos.

g)  La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios sobre las normas fiscales y acerca del alcance de las obligaciones y derechos que de las mismas se deriven.

h)  El asesoramiento e informe a los Organos de la Hacienda Pública Foral en cuanto afecte a los derechos y obligaciones de ésta.

i)  Cuando otras funciones se le encomienden por los Organos competentes de la Diputación Foral.


Artículo 3.  Normativa de aplicación.- 1.  Las funciones, facultades y actuaciones de Inspección de los Tributos se regirán:

a)  Por el vigente Concierto Económico.

b)  Por la Norma Foral General Tributaria, en cuanto ésta u otra disposición de igual rango no preceptúe lo contrario.

c)  Por la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de armonización, coordinación y colaboración fiscal, y cualesquiera otras normas que dicte el Parlamento Vasco, según lo prevenido en los artículos 41.2.a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y 3.1.d) de la Ley 12/1981 de Concierto Económico.

d)  Por las Normas Forales reguladoras de los distintos tributos.

e)  Por el presente Reglamento y los propios de los distintos tributos.

f)  Por cuantas otras disposiciones integren el Ordenamiento Jurídico vigente y resulten de aplicación.

2.  En todo caso tendrán carácter supletorio la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto no sea directamente aplicable, y las demás disposiciones generales de Derecho Administrativo.


Artículo 4.  Atribución de las funciones inspectoras a los órganos administrativos.- La Inspección de los Tributos se llevará a cabo por los órganos de la Hacienda Pública Foral que tengan encomendadas tales funciones.

Respecto de los Tributos Locales, corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las funciones propias de la inspección de los mismos, a través de sus órganos competentes, que se realizarán conforme a lo prevenido en la Norma Foral General Tributaria y en el presente Reglamento para las actuaciones inspectoras en materia tributaria y, sin perjuicio de lo que se disponga en los convenios de colaboración que se suscriban y de las actuaciones que se realicen en ejecución de planes de inspección conjunta o coordinada sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos.

No obstante, en cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 19.3, párrafo tercero, de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, y Disposición Adicional de la Norma Foral 13/1989, de 5 de julio, respectivamente.


Artículo 5.  Personal inspector.- 1.  Las funciones de Inspección de los Tributos serán ejercidas por los funcionarios que destinados en el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, desempeñen puestos de trabajo en los órganos con competencia en la materia, de conformidad con lo previsto en el Decreto Foral de estructura orgánica y funcional del Departamento.

La adscripción a puestos de trabajo en órganos con funciones de Inspección de los Tributos podrá recaer:

1.º  En funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado.

2.º  En funcionarios de los siguientes grupos:

a)  Inspectores de tributos y otros técnicos superiores de Administración Especial, titulados superiores.

b)  Funcionarios del Cuerpo Especial de Gestión, especialidad de Inspección Auxiliar y otros Técnicos Medios de Administración Especial.

2.  No obstante lo establecido en el número anterior, las actuaciones meramente preparatorias o de comprobación, toma de datos o prueba de hechos o de circunstancias con trascendencia tributaria podrán encomendarse a personas que no ostenten la condición de funcionarios.

3.  Los funcionarios que ocupen puestos de trabajo que supongan el desempeño de funciones propias de Inspección de los Tributos, desde la toma de posesión en los mismos, estarán investidos de los correspondientes derechos, prerrogativas y consideraciones y quedarán sujetos tanto a los derechos inherentes al ejercicio y dignidad de la función pública como a los propios de su específica condición.


Artículo 6.  Derechos, prerrogativas y consideraciones del personal inspector.- 1.  Los funcionarios que tengan encomendado el ejercicio de las funciones inspectoras, serán considerados agentes de la autoridad, a los efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra,en actos de servicio o con motivo del mismo. El Director General de Hacienda dará cuenta de aquellos actos a la Asesoría Jurídica del Departamento para que se ejercite la acción legal que corresponda.

2.  Se proveerá al personal inspector de un carnet u otra identificación que les acredite para el desempeño de su puesto de trabajo.

3.  Las autoridades, cualesquiera que sea su naturaleza; los Jefes o Encargados de oficinas civiles o militares del Estado y de los demás entes públicos territoriales, las otras Entidades a que se refiere el artículo 112 de la Norma Foral General Tributaria y quienes en general ejerzan funciones públicas, deberán prestar a los funcionarios y demás personal de la Inspección de los Tributos, a su petición, el apoyo, concurso, auxilio y protección que le sean precisos. Si así no se hiciere, se deducirán las responsabilidades a que hubiere lugar. El Director General trasladará, en su caso, lo actuado a la Asesoría Jurídica del Departamento, para que ejercite las acciones que procedan.


Artículo 7.  Deberes.- 1.  La Inspección de los Tributos servirá con objetividad los intereses generales y actuará de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

2.  En el ejercicio de sus funciones, sin merma de su autoridad y del cumplimiento de sus deberes, el personal inspector observará la más exquisita cortesía, guardando a los interesados y al público en general la mayor consideración e informando a aquéllos, con motivo de las actuaciones inspectoras, tanto de sus derechos como acerca de sus deberes tributarios y de la conducta que deben seguir en sus relaciones con la Administración, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, apoyando sus razones con textos legales.

3.  Los funcionarios que realicen funciones de inspección deberán guardar sigilo riguroso y observar estricto secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo.

La infracción de cualquiera de los deberes de secreto o sigilo constituirá falta administrativa grave, sin perjuicio de que, por su naturaleza, la conducta pudiera ser constitutiva de delito.

Constituirá falta administrativa muy grave la publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declarados por la normativa aplicable o clasificados como tales y la infracción del particular deber de sigilo establecido en el apartado sexto del artículo 111 de la Norma Foral General Tributaria.

4.  Los resultados de cualesquiera actuaciones de inspección serán utilizados en todo caso por el Organo que haya realizado tales actuaciones en orden al adecuado desempeño de sus funciones inspectoras respecto del mismo o de otro sujetos pasivos u obligados tributarios.

Los Organos que tengan atribuidas las funciones propias de inspección se comunicarán cuantos datos conozcan con trascendencia tributaria, atendiendo a sus respectivas competencias. Asimismo comunicarán tales datos a cualesquiera otros Organos para los que sean de trascendencia en orden al adecuado desempeño de las funciones de gestión tributaria que tengan encomendadas.

Cuando en el ejercicio de las funciones inspectoras se aprecie la existencia de acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de los delitos contra la Hacienda Pública, regulados en el Código Penal, se actuará de conformidad con lo prevenido en el artículo 34 del Concierto Económico. Del mismo modo se facilitarán los datos que sean requeridos por la Autoridad Judicial competente con ocasión de la persecución de los citados delitos.

Los datos, informes o antecedentes obtenidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 111 de la Norma Foral General Tributaria y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de determinados Activos Financieros, sólo podrán utilizarse para los fines tributarios encomendados a esta Diputación Foral y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de delitos monetarios, de contrabando, contra la Hacienda Pública y, en general, de cualesquiera delitos públicos.

5.  Los funcionarios que realicen funciones de inspección no estarán obligados a declarar como testigos en los procedimientos civiles ni en los penales, por delitos privados, cuando no pudieran hacerlo sin violar los deberes de secreto y sigilo que están obligados a guardar.

6.  Todo el personal con destino en órgano o dependencias con competencias inspectoras queda sujeto al mismo deber de secreto y sigilo acerca de los hechos que conozca razón de su puesto de trabajo, siéndole de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.


Artículo 8.  Registro de las actuaciones.- Las actuaciones de inspección se relacionarán o registrarán con el detalle preciso para el debido control y constancia de las mismas.


TÍTULO I

Actuaciones inspectoras


CAPÍTULO I

Clases de actuaciones


Artículo 9.  Enumeración.- Las actuaciones inspectoras podrán ser:

a)  De comprobación e investigación.

b)  De obtención de información con trascendencia tributaria.

c)  De valoración.

d)  De informe y asesoramiento.

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Artículo 10.  Actuaciones de comprobación e investigación.- 1.  Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento por los sujetos pasivos u obligados tributarios de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Pública Foral.

2.  Con ocasión de estas actuaciones, se comprobará la exactitud y veracidad de los hechos y circunstancias de cualquier naturaleza consignados por los sujetos pasivos u obligados tributarios en cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo. Asimismo se investigará la posible existencia de elementos de hecho u otros antecedentes con trascendencia tributaria que sean desconocidos total o parcialmente por la Administración. Finalmente, se determinará, en su caso, la exactitud de las operaciones de liquidación tributaria practicadas por sujetos pasivos o retenedores y se propondrá la regulación que se estime procedente de la situación tributaria de aquéllos.


Artículo 11.  Alcance de las actuaciones de comprobación de investigación.- 1.  Las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación podrán tener carácter general o parcial.

2.  Tendrán carácter general cuando tengan por objeto la identificación en su totalidad de la situación tributaria del sujeto pasivo u obligado tributario, en relación con cualquiera de los cómputos y deberes formales o de colaboración que le afecten y sean exigibles por esta Diputación Foral dentro de los límites determinados por:

a)  La competencia del Organo cuyos funcionarios realizan las correspondientes actuaciones.

b)  Los ejercicios o períodos a que se extienda la actuación inspectora.

c)  La prescripción del derecho de la Administración para determinar las deudas tributarias mediante la oportuna liquidación y de la acción para imponer las sanciones correspondientes a las infracciones tributarias que, en su caso, se aprecien.

3.  Las actuaciones de comprobación e investigación serán parciales cuando se refieran sólo a uno o varios de los tributos o deberes que afectan al sujeto pasivo u obligado tributario o hechos imponibles determinados o cuando de cualquier otro modo se circunscriba su objeto a límites más reducidos de los que se señalan en el apartado anterior.

4.  En principio, las actuaciones de comprobación e investigación tendrán carácter general. Podrán tener carácter parcial algunas actuaciones en los siguientes casos:

a)  Cuando venga exigido por normas legales o reglamentarias.

b)  Cuando así se acuerden por el Jefe del Servicio haciéndolo constar al inicio de las actuaciones mediante la correspondiente comunicación.

c)  En el caso de las comprobaciones abreviadas a que se refiere el artículo 34 de este Reglamento.

5.  Las actuaciones de comprobación e investigación de carácter general podrán limitar su objeto cuando en el curso de la ejecución se pongan de manifiesto razones que así lo aconsejen y se acuerde por el Organo competente. Del mismo modo, a juicio de los actuarios, se podrá ampliar el ámbito de aquellas actuaciones que inicialmente tuvieran carácter parcial con la correspondiente autorización del superior jerárquico.

6.  Cualquier actuación dirigida a regularizar una determinada situación tributaria no extingue el derecho de la Hacienda Pública Foral a determinar y exigir otras deudas anteriores no descritas, mediante ulteriores actuaciones.


Artículo 12.  Actuaciones de obtención de información.- 1.  Son actuaciones de obtención de información las que tienen por objeto el conocimiento de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza que obren en poder de una persona o Entidad y tengan trascendencia tributaria respecto de otras personas o Entidades distintas de aquéllas, sin que existiera obligación de carácter general de haberlos facilitado a la Administración Tributaria mediante las correspondientes declaraciones.

2.  Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se realicen actuaciones de comprobación e investigación se deberán obtener cuantos datos o antecedentes obren en poder del obligado tributario y puedan ser de especial relevancia tributaria para otras personas y Entidades, sin perjuicio de la especial comprobación en todo caso del cumplimiento de la obligación de proporcionar tales datos cuando venga exigida con carácter general.

3.  Las actuaciones de obtención de información podrán realizarse respecto de datos obrantes en poder de cualquier persona, natural o jurídica pública o privada, y que se refieran asimismo a cualesquiera personas o Entidades, dentro de los límites establecidos por este Reglamento.

4.  Las actuaciones de obtención de información podrán desarrollarse cerca de la persona o Entidad en cuyo poder se hallen los datos correspondientes, o bien mediante requerimiento hecho para que tales datos o antecedentes sean remitidos o aportados a la Inspección de los Tributos.


Artículo 13.  Actuaciones de valoración.- 1.  Las actuaciones de valoración de bienes, rentas, productos, derechos y patrimonios en general, de personas y Entidades públicas o privadas, tendrán por objeto la tasación o comprobación del valor declarado de aquéllos por cualquiera de los medios admitidos por el ordenamiento jurídico vigente y, en particular, por el artículo 52 de la Norma Foral General Tributaria. No se reputarán actuaciones de valoración aquéllas en las cuales el valor de los bienes, rentas, productos, derechos y patrimonios en general, resulte directamente de la aplicación de reglas legales o reglamentarias.

2.  Estas actuaciones podrán desarrollarse por la Inspección de los Tributos, o por otros Organos del Departamento a iniciativa propia o a instancia de otras Administraciones Tributarias.

3.  Cuando las actuaciones de valoración se realicen a instancia de los órganos recaudadores, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Recaudación.

4.  Podrán realizar las funciones de tasación o valoración de bienes, derechos o patrimonios, las personas designadas por la Diputación Foral para tal fin, de entre los distintos grupos de funcionarios descritos en el artículo 5 del presente Decreto Foral.


Artículo 14.  Actuaciones de informe y asesoramiento.- Los funcionarios que realicen funciones de inspección informarán y asesorarán, cuando así les sea solicitado por la Dirección General de Hacienda en materia de carácter económico, financiero, jurídico o técnico.


Artículo 15.  Otras actuaciones.- 1.  Además de las actuaciones generales de comprobación e investigación los órganos con funciones de inspección de los tributos podrán realizar estudios económicos y financieros, individuales, sectoriales o territoriales, y cualesquiera otros en cuanto puedan ser de interés para las actuaciones inspectoras.

2.  Asimismo podrán desarrollar, en general, cualesquiera otras actuaciones contempladas en este Reglamento o exigidas por la normativa aplicable y, especialmente, las que requieran el auxilio y la colaboración funcional con los demás Organos de la Administración Pública en sus diversas esferas o con los Organos de los poderes legislativo y judicial, en los casos y términos previstos en las leyes.


Artículo 16.  Formas de actuación.- Las actuaciones inspectoras podrán realizarse, bien por uno o varios actuarios, bien por equipos o unidades de inspección o por programas de trabajo en los términos que se establezcan por el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.


Artículo 17.  Competencia territorial de la Inspección de los Tributos.- 1.  La Inspección de los Tributos de esta Diputación Foral se ejercerá en el Territorio Histórico de Guipúzcoa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 del vigente Concierto Económico y artículo 13 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, y disposiciones que la desarrollen en esta materia.


CAPÍTULO II

Planificación de las actuaciones


Artículo 18.  Planificación de las actuaciones inspectoras.- El ejercicio de las funciones de la Inspección de los Tributos se adecuará a los correspondientes planes de actuación, sin perjuicio de la iniciativa de los actuarios con criterios de eficacia y oportunidad, cuya incorporación al plan correspondiente deberá de ser autorizado por la Dirección General de Hacienda.


Artículo 19.  Plan de inspección.- 1.  Cada plan de inspección establecerá los criterios objetivos, sectoriales, territoriales, comparativos, cuantitativos o de cualquier otra especie, que hayan de utilizarse para seleccionar a los sujetos pasivos u obligados tributarios que vayan a ser objeto de comprobación o investigación. Con arreglo al mismo se establecerán las personas o Entidades que deban ser objeto de comprobación o investigación por cada actuario, equipo o unidad, bien de forma determinada, o bien por su pertenencia a determinados sectores o actividades.

2.  Los planes de inspección tendrán la extensión temporal que se determine, pudiendo ser modificados durante su vigencia.

3.  Los planes de inspección tienen carácter reservado y no será objeto de publicidad.

4.  Los planes de inspección serán elaborados por la Dirección General de Hacienda, con el apoyo de los servicios especializados del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, sin perjuicio de que se establezca un procedimiento especial para la elaboración de los Planes de Inspección Conjunta a que se refiere el artículo 13 de la Ley 3/1989, de 3 mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal aprobada por el Parlamento Vasco, así, como los planes que se coordinen con la Administración del Estado respecto de contribuyentes con actividades en territorio común y vasco.

5.  Los planes de inspección serán aprobados y, en su caso, modificados por el Diputado Titular del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.


CAPÍTULO III

Lugar y tiempo de las actuaciones


Artículo 20.  Lugar de las actuaciones de comprobación e investigación.- 1.  Las actuaciones de comprobación e investigación podrán desarrollarse indistintamente:

a)  En el lugar donde el sujeto pasivo, retenedor o responsable, tenga su domicilio fiscal, o en aquél donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina. Cuando dicho domicilio fiscal radique fuera de Guipúzcoa, en el domicilio del representante designado según lo previsto en el artículo 46 de la Norma Foral General Tributaria.

b)  En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.

c)  Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible.

d)  En las Oficinas de la Administración Tributaria o en las del Ayuntamiento, en cuyo ámbito o término radiquen cualquiera de los lugares a que se alude en las letras anteriores, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas.

2.  La Inspección de los Tributos en cada caso determinará el lugar donde hayan de desarrollarse las actuaciones, haciéndolo constar en la comunicación correspondiente.


Artículo 21.  Criterios para establecer el lugar de determinadas actuaciones de comprobación e investigación.- 1.  Cuando las actuaciones de comprobación e investigación supongan el examen de los libros y la documentación que tengan relación con las actividades empresariales, profesionales o de otra naturaleza, desarrolladas por el obligado tributario deberán practicarse en los locales u oficinas del interesado donde legalmente deban hallarse los libros oficiales de contabilidad, los registros auxiliares, justificantes acreditativos de las anotaciones practicadas u otros documentos concernientes a la actividad desarrollada y cuyo examen proceda.

2.  No obstante, previa conformidad del interesado o su representante, podrán examinarse en las oficinas públicas determinados documentos de aquellos a los que se refiere el apartado anterior o bien todos ellos, únicamente si lo justifican la índole de la actividad o el volumen notoriamente reducido de la documentación a examinar.

3.  Tratándose de registros y documentos establecidos específicamente por normas de carácter tributario o de los justificantes relativos exclusivamente a los mismos, la Inspección de los Tributos podrá requerir su presentación en las oficinas públicas para proceder a su examen.

4.  Cuando las actuaciones de comprobación e investigación se realicen respecto de personas que no desarrollen actividades empresariales o profesionales, la Inspección de los Tributos podrá examinar en las oficinas públicas correspondientes los documentos y justificantes necesarios para la debida comprobación de la situación tributaria de aquéllas, tratándose de documentos establecidos por normas de carácter tributario o de justificantes exigidos por éstas o que deben servir precisamente para probar hechos o circunstancias consignados en las declaraciones tributarias.

5.  Cuando el domicilio tributario del interesado radique en Guipúzcoa, se podrán examinar cuantos libros, documentos o justificantes deban ser aportados aunque se refieran a bienes, derechos o actividades que radiquen, aparezcan o se desarrollen en un ámbito territorial distinto.

6.  Del mismo modo cuando el domicilio tributario del interesado no radique en Guipúzcoa, las actuaciones de comprobación e investigación se podrán, no obstante, desarrollar en cualquiera de los demás lugares a que se refiere el artículo 20 de este Reglamento.


Artículo 22.  Lugar de las demás actuaciones de Inspección de los Tributos.- 1.  Cuando las actuaciones de obtención de información se desarrollen cerca de la persona o Entidad en cuyo poder se hallen los datos correspondientes, serán de aplicación las reglas contenidas en los artículos 20 y 21 de este Reglamento para las actuaciones de comprobación e investigación. En particular, cuando las actuaciones de obtención de información supongan el examen de libros, expedientes, registros u otros documentos relativos a la actividad pública o privada desarrollada por el obligado tributario, deberán practicarse en los locales u oficinas del interesado, salvo que éste esté conforme en aportar determinados documentos de aquéllos a las oficinas públicas.

2.  Las actuaciones de valoración se realizarán en cada caso en el lugar más adecuado según su naturaleza. Asimismo, se podrán llevar a cabo cuantas otras actuaciones procedan en cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 20 de este Reglamento.


Artículo 23.  Tiempo de las actuaciones.- 1.  Cuando la Inspección de los Tributos actúe en sus dependencias o en otras oficinas públicas, lo hará normalmente dentro del horario oficial de apertura al público de las mismas y en todo caso dentro de la jornada de trabajo vigente.

2.  Si la inspección se realiza en los locales del interesado, se observará la jornada laboral de oficina o de la actividad que rija en los mismos, sin perjuicio de que pueda actuarse de común acuerdo en otras horas y días.

3.  Cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen, la inspección se podrá realizar fuera de los días y horas a que se refiere el apartado anterior, previa autorización del Jefe del Servicio.


CAPÍTULO IV

Los obligados tributarios en el procedimiento de la Inspección de los Tributos y su representación

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Artículo 24.  Intervención de los obligados tributarios en las actuaciones de la Inspección de los Tributos.- 1.  Están obligados a intervenir en el procedimiento de inspección:

a)  Los sujetos pasivos de los tributos, lo sean como contribuyentes o como sustitutos.

b)  Los retenedores de cuotas tributarias a cuenta de cualquier tributo.

c)  La sociedad dominantes del grupo a los efectos del régimen de declaración consolidada.

d)  Los sucesores de la deuda tributaria.

e)  Los responsables solidarios desde que sean requeridos para personarse en el procedimiento.

f)  Quienes estén obligados por las normas vigentes a proporcionar a la Administración cualesquiera datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria.

g)  El representante legal de los sujetos pasivos que carezcan de capacidad de obrar, desde que se inicien las actuaciones dirigidas a establecer su responsabilidad por las infracciones que hubiera podido cometer.

2.  Todos los obligados tributarios tendrán derecho a ser informados del alcance de la actuación que lleve a cabo la Inspección de los Tributos en cada caso, a la que deberán prestar la mayor colaboración en el desarrollo de su función.

3.  Cuando las funciones de comprobación e investigación se realicen cerca de Sociedades o Entidades en régimen de imputación de rendimientos o de transparencia fiscal y las actuaciones inspectoras se refieran a la comprobación de las bases imponibles, cantidades o conceptos a imputar a los socios, comuneros o partícipes, tales actuaciones se entenderán con la propia Entidad.

4.  Las actuaciones de inspección respecto de un grupo de Sociedades a los efectos del régimen de declaración consolidada podrán desarrollarse cerca de las Sociedades dominadas. Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio del carácter de la Sociedad dominante como representante del grupo consolidado y única interesada inicialmente en el procedimiento de la Inspección de los Tributos.

5.  Disuelta y liquidada una Sociedad o Entidad, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 88 de la Norma Foral General Tributaria, incumbe a los liquidadores comparecer ante la Inspección de los Tributos si son requeridos para ello en cuanto representantes que fueron en la Entidad y custodios, en su caso, de los libros y la documentación de la misma. Si los libros y la documentación se hallasen depositados en un registro público, el personal inspector podrá examinarlos en dicho registro, exigiendo si fuese precisa la presencia de los liquidadores.


Artículo 25.  Presencia del obligado tributario en las actuaciones inspectoras.- 1.  El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes en las actuaciones inspectoras cuando a juicio de la Inspección de los Tributos sea preciso su concurso para la adecuada práctica de aquéllas.

2.  A las restantes actuaciones o diligencias podrá acudir el obligado tributario o su representante siempre que lo deseen. El examen de los libros y la documentación a que se refiere el apartado primero del artículo 21 de este Reglamento deberá hacerse en presencia del obligado tributario, su representante o persona que aquél designe.

3.  Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán intervenir en las actuaciones inspectoras asistidos por un asesor, quien podrá aconsejar en todo momento a su cliente, y cuyas manifestaciones, en presencia del obligado tributario, se considerarán formuladas por éste si no se opone a ellas.

Los asesores podrán actuar asimismo como representantes de sus clientes si éstos les otorgan el correspondiente poder.


Artículo 26.  Capacidad de obrar.- 1.  Tendrán capacidad de obrar ante la Inspección de los Tributos las personas que la ostenten con arreglo a las normas del Derecho privado, así como los menores de edad para las actuaciones derivadas de aquellas actividades, cuyo ejercicio les está permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia de las personas que ejerzan la patria potestad o su tutela o curatela.

2.  Por las personas que carezcan de capacidad de obrar suficiente deberán actuar sus representantes legales. Adquirida suficiente capacidad de obrar por aquellas personas, actuarán ante la Inspección de los Tributos incluso en orden a la comprobación de su situación tributaria anterior. Quienes ostentaron su representación legal deberán actuar asimismo a requerimiento de la Inspección de los Tributos, particularmente para hacer frente a sus responsabilidades como sujetos infractores.

3.  Por las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, deberán actuar las personas que ocupen en el momento de realización de las actuaciones los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la Ley o por acuerdo válidamente adoptado. Quienes ocupasen tales órganos cuando se devengaron o debieron haberse cumplido las correspondientes obligaciones o deberes deberán actuar en su propio nombre, sin vincular a la Entidad a requerimiento de la Inspección de los Tributos, si fuese conveniente para facilitar las actuaciones inspectoras.

4.  Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria podrán designar de forma fehaciente un representante, salvo que con arreglo a Derecho haya ya una persona que ostente la representación de la Entidad. En otro caso se considerará como representante a quien aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, a cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan la Entidad o Comunidad.

5.  Las personas o Entidades no domiciliadas en Guipúzcoa actuarán, en su caso, a través de la persona física o jurídica con domicilio en Guipúzcoa que hayan designado como su representante de conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Norma Foral General Tributaria, o a quien esta representación corresponda a efectos de los distintos tributos.


Artículo 27.  Representación voluntaria.- 1.  Los obligados tributarios con capacidad de obrar suficiente podrán actuar por medio de representante, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas si no se hace manifestación en contrario.

La representación podrá ser conferida tanto por los mismos obligados tributarios como por sus representantes legales o quienes ostenten la representación propia de las personas morales; podrá ser otorgada en favor de personas jurídicas o de personas físicas con capacidad de obrar suficiente.

No podrá actuarse por medio de representación cuando la índole de las actuaciones exija la intervención personal del obligado tributario.

2.  Para suscribir las actas que se extiendan y para los demás actos que no sean de mero trámite por afectar directamente a los derechos y obligaciones del obligado tributario, la representación deberá acreditarse válidamente, mediante poder notarial, documento privado con firma legitimada, o poder conferido ante el funcionario actuante.

3.  Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación sin que sea preciso acreditarla.

Asimismo, se presumirá cada autorización en favor de quien comparece ante la Inspección de los Tribunales para intervenir en el procedimiento sin necesitar, por la naturaleza de las actuaciones, poder de representación conferido por el obligado tributario.

4.  En el poder «apud acta» se hará constar:

a)  Nombre, apellidos, domicilio tributario y número del documento nacional de identidad o documento equivalente, en su caso, tratándose de personas físicas o denominación, domicilio tributario, número de código de identificación y persona que actúe en su nombre, tratándose de personas morales, relativos al representado.

b)  Nombre, apellidos o denominación, domicilio tributario a efectos de notificaciones y número de documento nacional de identidad o código de identificación, con expresión, en su caso, de la circunstancia de que actúe profesionalmente y descripción de la profesión correspondiente, relativos al representante.

c)  El contenido de la representación, en cuanto a su amplitud y suficiencia.

d)  El lugar y la fecha de su otorgamiento.

e)  Las firmas del representante y del representado.

5.  Cuando se acredite la representación mediante documento público o privado con firma legitimada notarialmente, se levantará la correspondiente diligencia que será suscrita por el representante, incorporándose copia del documento de poder.

6.  Cuando la actuación se lleve a cabo ante persona distinta del obligado tributario se hará constar expresamente esta circunstancia en cuantas diligencias o actas se extiendan, uniéndose al expediente, en su caso, el documento acreditativo del poder otorgado. Si la representación se hubiese otorgado mediante documento público bastará la referencia al mismo, uniéndose al expediente copia simple o fotocopia con diligencia de cotejo realizada por el actuario.

7.  Actuando el obligado tributario ante la Inspección de los Tributos por medio de representante, éste deberá acreditar su representación desde el primer momento. Si no lo hiciere así, se le requerirá para que acompañe el documento correspondiente el próximo día de inspección o, de no haberlo o siendo posterior, dentro del plazo de diez días. Si el representante no acreditara entonces su representación, se podrán suspender las actuaciones haciéndolo constar en diligencia, en el caso de que carezca de valor la práctica de las mismas con aquél. En tal caso, se tendrá al obligado tributario por no personado a cuantos efectos procedan.


Artículo 28.  Efectos de la representación voluntaria.- 1.  Las actuaciones de inspección, realizadas con quien comparezca en nombre del sujeto pasivo u obligado tributario, se entenderán efectuadas directamente con este último.

2.  La revocación de la representación no supondrá la nulidad de las actuaciones practicadas con el representante antes de que se haya hecho saber esta circunstancia a la Inspección de los Tributos.

3.  Las manifestaciones hechas por personas que hayan comparecido sin poder suficiente tendrán el valor probatorio que proceda con arreglo a derecho.

Acreditada la representación, corresponde al representado probar la inexistencia de poder suficiente otorgado por su parte, sin que pueda alegar como fundamento de la nulidad de lo actuado aquellos vicios o defectos causados por él.

4.  La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate siempre que se acompañe poder bastante o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días.

Se entenderán subsanadas inmediatamente la falta o insuficiencia del poder del representante con el que se hubiesen practicado las actuaciones precedentes si el obligado tributario impugna los actos derivados de las diligencias o actas de la inspección, sin invocar tales circunstancias o ingresa el importe de la deuda tributaria liquidada como resultado de un acta de aquélla.


CAPÍTULO V

Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras


Artículo 29.  Modos de iniciación.- 1.  Las actuaciones de inspección de los tributos se iniciarán:

a)  A iniciativa de los órganos que tienen encomendadas las funciones de comprobación e investigación, en ejecución de los planes específicos aprobados. Cuando por motivos de eficacia y oportunidad deban de extenderse las actuaciones a sujetos pasivos no incluidos en un plan determinado, será precisa la autorización de la Dirección General de Hacienda.

b)  A petición del obligado tributario en los siguientes casos:

b)  1.  Cuando las leyes reguladoras de los distintos tributos hayan establecido expresamente esta causa de iniciación del procedimiento de la Inspección para los particulares efectos que se determinen.

b)  2.  Cuando exista causa fundada para su petición.

Se considerarán causas fundadas, entre otras, las siguientes:

1.º  Que la inspección solicitada se refiera a ejercicios económicos en los que falte menos de un año para completar el plazo de prescripción.

2.º  El cese en actividades empresariales o profesionales.

3.º  La disolución de sociedades.

4.º  El fallecimiento del sujeto pasivo de cualquier tributo.

5.º  La sucesión de la actividad a que se refiere el artículo 72 de la Norma Foral General Tributaria.

6.º  En cualquier otro supuesto que sea regulado mediante Orden Foral del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

La inspección deberá iniciarse antes de transcurridos tres meses desde la solicitud fundada del obligado tributario.

c)  Como consecuencia de orden escrita y motivada dictada por el Director General de Hacienda o por el Diputado Foral del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

2.  Podrán iniciarse las actuaciones de inspección en virtud de denuncia pública. Recibida una denuncia conforme al artículo 103 de la Norma Foral General Tributaria, se dará traslado de la misma a la Jefatura del Servicio de Inspección, y si ésta considera que existen indicios suficientes de veracidad en los hechos imputados y desconocidos para la Administración Tributaria, solicitará autorización de la Dirección General de Hacienda para iniciar las actuaciones de inspección que se estimen pertinentes.

Podrán archivarse sin más trámite aquellas denuncias que fundamenten la presunta infracción en meros juicios de valor o en las que no se especifiquen y concreten suficientemente los hechos denunciados de modo que la Administración no pueda juzgar respecto del fundamento y veracidad de los mismos.

Nota
Nota

Artículo 30.  Iniciación de las actuaciones inspectoras.- 1.  Las actuaciones inspectoras podrán iniciarse mediante comunicación notificada al obligado tributario para que se persone en el lugar, día y hora que se le señale, conforme a lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Título Primero de este Reglamento, teniendo a disposición de la Inspección de los Tributos o aportándole la documentación y demás elementos que se estimen necesarios. En dicha comunicación se indicará al obligado tributario el alcance de las actuaciones a desarrollar.

Cuando se requiera al interesado para que comparezca en las oficinas públicas un día determinado, entre éste y la notificación del requerimiento mediará un plazo mínimo de diez días.

2.  Cuando lo estime conveniente para la adecuada práctica de sus actuaciones, y observando siempre lo dispuesto en el artículo 39 de este Reglamento, la Inspección de los Tributos podrá personarse, sin previa comunicación, en las oficinas, instalaciones o almacenes del interesado o donde exista alguna prueba al menos parcial del hecho imponible. En este caso, las actuaciones se entenderán con el interesado, si estuviere presente, o bien con quien ostente su representación como encargado o responsable de la oficina, registro, dependencia, empresa, centro o lugar de trabajo.

Asimismo, cuando lo considere justificado, la Inspección de los Tributos podrá poner en conocimiento del interesado el inicio de las actuaciones inspectoras sin previa notificación de la oportuna comunicación.

3.  La comunicación, debidamente notificada, o bien la presencia del personal inspector, que éste haya hecho constar y fuese conocida por el interesado, con el fin de iniciar efectivamente las actuaciones inspectoras, producirán los siguientes efectos:

a)  La interrupción del plazo legal de la prescripción del derecho de la Administración para determinar las deudas tributarias mediante la oportuna liquidación e imponer las sanciones correspondientes en cuanto al tributo o tributos a que se refiera la actuación de comprobación e investigación y de la acción para imponer sanciones tributarias por el incumplimiento de cualesquiera obligaciones o deberes afectados por las actuaciones inspectoras.

b)  Si el sujeto pasivo o retenedor efectúa el ingreso de deudas tributarias pendientes con posterioridad a la notificación de la comunicación correspondiente o al inicio de cualquier otro modo de las actuaciones de comprobación e investigación, dicho ingreso tendrá meramente carácter de a cuenta sobre el importe de la liquidación derivada del acta que se incoe, sin que impida la aplicación de las correspondientes sanciones sobre la diferencia entre la cuota íntegra y los recargos resultantes del acta de inspección y las cantidades ingresadas con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras. Los intereses de demora sobre la cantidad ingresada después del inicio de tales actuaciones se calcularán hasta el día anterior a aquél en que se realizó el correspondiente ingreso.

c)  Si, con posterioridad al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación, el sujeto pasivo presenta una declaración no estando obligado a practicar operaciones de liquidación tributaria, aquélla no servirá a los efectos previstos en la letra a) del artículo 101 de la Norma Foral General Tributaria, entendiéndose iniciado el procedimiento de gestión tributaria por actuación investigadora de los órganos administrativos.

d)  Cuando el obligado tributario no hubiese cumplido su deber de declarar antes de iniciarse las actuaciones inspectoras, las declaraciones presentadas con posterioridad para subsanar dicho incumplimiento no impedirán la imposición de las sanciones que procedan en atención a las infracciones cometidas, sin que sea de aplicación lo dispuesto en la letra e) del artículo 82 de la Norma Foral General Tributaria.

e)  Se tendrán por no formuladas las consultas que se planteen por el interesado ante la Administración Tributaria en cuanto se relacionen con la materia sobre la que ha de versar la acción inspectora.

4.  Cuando la inspección se realice fuera de las oficinas públicas, manifestando su condición, los actuarios deberán acreditar su personalidad, si son requeridos para ello.

El personal inspector, al inicio de las actuaciones o en cualquier momento del procedimiento y a solicitud del obligado tributario, deberá instruir a éste acerca del significado de aquéllas, del procedimiento a seguir, de sus derechos y de las obligaciones y deberes que ha de observar en el procedimiento de inspección.

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Artículo 31.  Desarrollo de las actuaciones.- 1.  Iniciadas las actuaciones inspectoras, deberán proseguir hasta su terminación, de acuerdo con su naturaleza y carácter.

2.  Las actuaciones inspectoras se desarrollarán durante los días que sean precisos. Cada día, se practicarán las actuaciones que se estimen oportunas. Al término de las actuaciones de cada día se suspenderán y se podrá fijar el lugar, día y hora para su reanudación: Esta podrá tener lugar desde el día hábil siguiente hasta el plazo máximo de seis meses.

Cuando, suspendidas las actuaciones, no se señale en el último día la fecha y lugar de reinicio de aquéllas, para su reanudación se podrá requerir al interesado a tal fin de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de este Reglamento.

3.  Las actuaciones inspectoras podrán interrumpirse por acuerdo del Jefe del Servicio adoptado bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior escrita y motivada o moción razonada de los actuarios, atendiendo a las circunstancias que concurran. La interrupción de las actuaciones deberá hacerse constar y se comunicará al sujeto pasivo u obligado tributario para su conocimiento.

Se considerarán interrumpidas las actuaciones inspectoras cuando la suspensión de las mismas se prolongue por más de seis meses.

4.  La interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras producida por causas no imputables al obligado tributario, producirá los siguientes efectos:

a)  Se entenderá no producida la interrupción del cómputo de la prescripción como consecuencia del inicio de tales actuaciones.

b)  Los ingresos pendientes realizados después de la interrupción de las actuaciones inspectoras, sin nuevo requerimiento previo, comportarán el abono del correspondiente interés de demora sin que proceda la imposición de sanción por la ausencia inicial de dicho ingreso. Las demás declaraciones o comunicaciones presentadas fuera de sus plazos reglamentarios se entenderán realizadas espontáneamente a cuantos efectos procedan.

5.  Las actuaciones inspectoras se deberán practicar procurando siempre perturbar en la menor medida posible el desarrollo normal de las actividades laborales, empresariales o profesionales del obligado tributario.

Cuando las actuaciones se desarrollen en las oficinas o locales del obligado tributario, deberá ponerse a disposición del actuario un lugar de trabajo adecuado, así como los medios auxiliares necesarios.


Artículo 32.  Comparecencia del obligado tributario.- 1.  El obligado tributario, requerido al efecto por escrito, deberá personarse en el lugar, día y hora señalado para la práctica de las actuaciones, teniendo a disposición de la Inspección de los Tributos o aportándole la documentación y demás elementos solicitados. Si así no lo hiciere, sin mediar justa causa, se hará constar esta circunstancia para incoar el procedimiento sancionador que proceda, renovando el primer requerimiento. Si el interesado no atendiere el segundo requerimiento, así se hará constar, iniciándose nuevo procedimiento sancionador y se efectuará un tercer requerimiento apercibiendo al obligado tributario de que, de no atenderlo adecuadamente, su actitud se considerará resistencia a la actuación inspectora, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de este Reglamento.

2.  Cuando las actuaciones se realicen sin previo requerimiento en el lugar donde hayan de practicarse las mismas, el obligado tributario deberá colaborar si se hallase presente. En su defecto, deberán colaborar con los actuarios cualesquiera de las personas a que se refiere el apartado segundo del artículo 30 de este Reglamento. De no ocurrir así, esta circunstancia se hará constar para iniciar el correspondiente procedimiento sancionador al obligado tributario y requerirá en el mismo momento y lugar para la continuación de las actuaciones inspectoras en el plazo procedente que se señale, sin perjuicio de las medidas cautelares que proceda adoptar. Si este requerimiento no fuese atendido, se renovará en sus propios términos, sin perjuicio de las sanciones que procedan, apercibiendo al obligado tributario de que de no atender adecuadamente este segundo requerimiento su actitud podrá ser considerada resistencia a la actuación inspectora, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de este Reglamento.

3.  La Inspección de los Tributos podrá exigir que se le acredite la identidad, carácter y facultades de la persona o personas con cuyo concurso y asistencia se vayan a realizar las actuaciones.

Si compareciera persona sin facultades suficientes para intervenir en las actuaciones, así se hará constar y se considerará al obligado tributario como no personado, pudiendo no obstante entregar al compareciente requerimiento al efecto o exigir inmediatamente si procediera la presencia de persona adecuada.

4.  Cuando el obligado tributario pueda alegar justa causa que le impida comparecer en el lugar, día y hora señalados deberá manifestarlo así por escrito dentro de los tres días siguientes a la recepción de la notificación correspondiente o inmediatamente que desaparezcan las circunstancias que le imposibiliten obrar así y antes de la fecha señalada. Suspendida la práctica de las actuaciones, se señalará nueva fecha para las mismas, tan pronto como haya desaparecido el motivo de la suspensión, debiendo en todo caso el obligado tributario adoptar cuantas medidas de él dependan y le permitan atender adecuadamente al requerimiento.

5.  Tratándose de actuaciones inspectoras que no sean de comprobación e investigación o bien de obtención de información, lo dispuesto en los artículos 30, 31 y 32 de este Reglamento les será de aplicación únicamente cuando aquellas actuaciones se entiendan directamente con el obligado tributario.


Artículo 33.  Permanencia de los funcionarios en las actuaciones inspectoras.- 1.  Las actuaciones de comprobación e investigación se llevarán a cabo, en principio, hasta su conclusión por los funcionarios que las hubiesen iniciado, salvo cese, enfermedad u otra justa causa de sustitución, atendiendo especialmente al carácter específico de las actuaciones a desarrollar y sin perjuicio de la facultad del responsable de la unidad, grupo o programa, o en su caso del Jefe del Servicio de asumir tales actuaciones cuando proceda.

2.  Los funcionarios deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, comunicándolo a su superior inmediato, cuando concurra cualquiera de los motivos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.  Podrá promoverse la recusación en el procedimiento de Inspección de los tributos en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo.


Artículo 34.  Comprobación abreviada.- Las actuaciones de comprobación e investigación podrán efectuarse con carácter abreviado en los siguientes casos:

a)  Cuando en la ejecución del plan de inspección de que se trate se estime justificado realizar la comprobación utilizando únicamente los datos y antecedentes que obren ya en poder de la Administración Tributaria.

b)  Cuando simplemente se constate la existencia de un debito tributario vencido y no autoliquidado e ingresado en su totalidad en los plazos reglamentarios, deducido de la contabilidad, registros o documentos contables o extracontables del sujeto pasivo o retenedor, sin perjuicio de la posterior comprobación completa de la situación tributaria de aquél.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las facultades de los órganos con funciones de gestión de los tributos para corregir los errores que adviertan al controlar las declaraciones tributarias, practicando las liquidaciones provisionales que procedan, y para dictar liquidaciones provisionales de oficio con arreglo a la Ley.


Artículo 35.  Medidas cautelares.- 1.  Tanto en el caso de suspensión de actuaciones como en cualquier momento del desarrollo de las mismas, la Inspección de los Tributos podrá, de acuerdo con la normativa aplicable, adoptar las medidas de precaución y garantía que juzgue adecuadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren los libros, documentos y demás antecedentes sujetos a examen o se niegue posteriormente su existencia y exhibición.

2.  A tales efectos, la Inspección de los Tributos podrá recabar de las Autoridades competentes y sus agentes el auxilio y colaboración que considere precisos.

3.  En todo caso se harán constar las medidas precautorias tomadas.


CAPÍTULO VI

Facultades en el ejercicio de la Inspección de los Tributos


Artículo 36.  Examen de la documentación del interesado.- 1.  En las actuaciones de comprobación e investigación, los obligados tributarios deberán poner a disposición de la Inspección de los Tributos, conservados como ordena el artículo 30 del Código de Comercio, su contabilidad principal y auxiliar, libros, facturas, correspondencia, documentación y demás justificantes concernientes a su actividad empresarial o profesional, incluidos los programas y archivos en soportes magnéticos, en caso de que la empresa utilice equipos electrónicos de proceso de datos. Deberán también aportar cuantos documentos o antecedentes sean precisos para probar los hechos y circunstancias consignadas en sus declaraciones, así como facilitar la práctica de las comprobaciones que sean necesarias para verificar su situación tributaria.

2.  Para el desarrollo de dichas actuaciones, podrán utilizarse los medios que se consideren convenientes, entre los que podrán figurar:

a)  Declaraciones del interesado por cualquier tributo.

b)  Contabilidad del sujeto pasivo, retenedor u obligado tributario, comprendiendo tanto los registros y soportes contables como justificantes de las anotaciones, así como los contratos y documentos con trascendencia tributaria. Los estados contables deberán ir acompañados de los desgloses y comentarios precisos para la adecuada comprensión de la información financiera.

c)  Datos o antecedentes obtenidos directa o indirectamente de otras personas o entidades y que afecten al sujeto pasivo o retenedor.

d)  Datos o informes obtenidos como consecuencia del deber de colaborar y del derecho de denuncia.

e)  Información obtenida de otros Organos y Organismos administrativos.

f)  Cuantos datos, informes y antecedentes pueda procurarse legalmente.

3.  La Inspección de los Tribunales podrá analizar directamente la documentación y los demás elementos a que se refiere este artículo, exigiendo en su caso la visualización en pantalla o la impresión en los correspondientes listados de datos archivados en soportes informaticos. Asimismo, podrá tomar nota por medio de sus agentes de los apuntes contables y demás datos que se estimen precisos y obtener copias a su cargo, incluso en soportes magnéticos, de cualquiera de los datos o documentos a que se refiere este artículo.

4.  Cuando la Inspección de los Tributos requiera al obligado tributario para que aporte datos, informes u otros antecedentes que no resulten de la documentación que ha de hallarse a disposición de aquélla ni de los justificante de los hechos y circunstancias consignadas en sus declaraciones, se le concederá un plazo no inferior a diez días para cumplir con su deber de colaboración.


Artículo 37.  Requerimientos para la obtención de información.- 1.  De acuerdo con el artículo 111 de la Norma Foral General Tributaria, toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Norma Foral General Tributaria, las Autoridades, Entidades públicas y quienes, en general, ejerzan funciones públicas estarán obligados a suministrar a la Administración Tributaria cuantos datos y antecedentes con trascendencia tributaria ésta les recabe. Igual deber atañe a los Partidos Políticos, Sindicatos y Asociaciones Empresariales.

2.  En particular, conforme a la letra d) del artículo 140 de la Norma Foral General Tributaria, la Inspección de los Tribunales podrá requerir individualmente a cualquier persona o entidad para que facilite datos, informes o antecedentes obrantes en su poder y concernientes a otras personas o entidades, que hayan de facilitarse a la Administración con arreglo especialmente a lo dispuesto en los artículo 111 y 112 de la Norma Foral General Tributaria.

3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 12 de este Reglamento cuando se inicie una actuación de obtención de información acerca de una persona o entidad, el requerimiento escrito o la autorización para personarse sin él, deberá ser otorgado por el Jefe del Servicio de Inspección.

4.  Las actuaciones de obtención de información podrán iniciarse incluso sin previo requerimiento escrito, cuando lo justifique la índole de los datos a obtener y se limiten a examinar aquellos documentos, elementos o justificantes que han de estar a su disposición. En otro caso, se concederá a las personas o entidades requeridas un plazo no inferior a diez días para aportar la información solicitada o dar las facilidades necesarias a la Inspección de los Tributos para que sea obtenida directamente por ella, incurriendo en otro caso en infracción tributaria simple. En el curso de sus actuaciones de obtención de información funcionario autorizado ostentará las facultades a que se refiere el artículo 36 de este Reglamento.

5.  Nadie podrá negarse a facilitar la información que se le solicite, salvo que sea aplicable:

a)  El secreto del contenido de la correspondencia, así como en general el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial.

b)  El secreto de los datos que se hayan suministrado a la administración para una finalidad exclusivamente estadística.

c)  El secreto del protocolo notarial relativo a los instrumentos públicos a que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, y los relativos a cuestiones matrimoniales con excepción de las referentes al régimen económico de la sociedad conyugal.

d)  El secreto profesional concerniente a los datos privados no patrimoniales que los profesionales no oficiales conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal y familiar de las personas. Nunca se entenderán comprendidos en el secreto profesional la identidad de los clientes y los datos relativos a los honorarios satisfechos por ésta como consecuencia de los servicios recibidos.

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir la comprobación de su propia situación tributaria.

e)  El deber de los defensores y asesores de guardar secreto de aquellos datos confidenciales de los que hayan tenido conocimiento como consecuencia de la prestación de sus servicios profesionales, así como el deber de los Abogados y Procuradores de observar lo dispuesto en los artículos 437 y 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tendrán la consideración de asesores quienes, con arreglo a Derecho, desarrollen una actividad profesional reconocida que tenga por objeto la asistencia jurídica, económica o financiera. No serán, en particular, confidenciales los datos relativos a las relaciones patrimoniales recíprocas entre cliente y asesor.

f)  El secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información de acuerdo con el apartado primero del artículo 20 de la Constitución y con lo que se establezca por Ley.

6.  A efectos del apartado primero del artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, serán autoridades competentes el Diputado Foral, así como el Director General de Hacienda, del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

7.  La Dirección General de Hacienda, a propuesta de la Inspección de los Tributos, podrá solicitar de los Juzgados y Tribunales que le faciliten cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de que conozcan, respetando, en todo caso, el secreto de las diligencias sumariales.


Artículo 38.  Actuaciones de obtención de información cerca de personas o entidades dedicadas al tráfico bancario o crediticio.- 1.  Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades bancarias o crediticias, tales como Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, están obligadas a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria deducidos de sus relaciones económicas o financieras con otras personas.

2.  En particular, tales personas o Entidades estarán obligadas a requerimiento del Director General de Hacienda, a facilitar los movimientos de cuentas corrientes, de depósitos de ahorro y a plazo, de cuentas de préstamo y crédito y de las demás operaciones activas y pasivas de dichas instituciones con cualquier obligado tributario.

3.  En los casos de cuentas indistintas o conjuntas a nombre de varias personas o Entidades o de comunidades, sean o no voluntarias, en los depósitos de titularidad plural y supuestos análogos, la petición de información sobre uno de los titulares implicará la disponibilidad de todos los datos y movimientos de la cuenta, depósito u operación, pero la Administración Tributaria no podrá utilizar la información obtenida frente a otro titular sin seguir previamente los trámites que sean precisos del correspondiente procedimiento de colaboración.

4.  El requerimiento deberá precisar las cuentas u operaciones objeto de investigación, los sujetos afectados y el alcance de la misma en cuanto al período de tiempo a que se refiere.

Los datos solicitados podrán referirse a los saldos activos o pasivos de las distintas cuentas; a la totalidad o parte de sus movimientos, durante el período de tiempo a que se refiera el requerimiento, y a las restantes operaciones que se hayan producido. Asimismo, las actuaciones podrán extenderse a los documentos y demás antecedentes relativos a los datos solicitados.

El requerimiento precisará también el modo como vayan a practicarse las actuaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo.

5.  El requerimiento se notificará a la persona o Entidad requerida.

Las actuaciones podrán desarrollarse bien solicitando de la persona o Entidad requerida que aporte los datos o antecedentes objeto del requerimiento mediante la certificación correspondiente o bien personándose en la oficina, despacho o domicilio de la persona o Entidad para examinar los documentos que sean necesarios.

La persona o Entidad requerida deberá aportar los datos solicitados en el plazo de quince días. Este mismo plazo habrá de transcurrir como mínimo entre la notificación del requerimiento y la iniciación de las actuaciones en las oficinas de la persona o Entidad.

6.  El requerimiento, debidamente autorizado, se notificará al sujeto pasivo o retenedor afectado, quien podrá hallarse presente cuando las actuaciones se practiquen en las oficinas de la persona o Entidad bancaria o crediticia.

7.  La Inspección de los Tributos podrá solicitar de los interesados la aportación de certificaciones o extractos de las personas o Entidades de carácter financiero con las que operen, cuando sean necesarios para probar o justificar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias. Si los interesados no entendiesen este requerimiento, podrá procederse a solicitar la información de la persona o Entidad correspondiente con arreglo a lo dispuesto en este artículo.


Artículo 39.  Entrada y reconocimiento de fincas.- 1.  El personal inspector podrá entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación o bien se produzcan hechos imponibles o exista alguna prueba de los mismos, siempre que lo juzgue conveniente para la práctica de cualesquiera actuaciones y en particular para reconocer los bienes, despachos, instalaciones o explotaciones del interesado, practicando cuantas actuaciones probatorias conexas sean necesarias.

2.  Se precisará autorización escrita firmada por el Jefe del Servicio, cuando la entrada y reconocimiento se intenten fuera del horario usual del funcionamiento o desarrollo de la actividad o respecto de fincas o lugares donde se desarrollen actividades de la Administración Pública o bien de naturaleza empresarial o profesional.

Será precisa autorización escrita firmada por el Director General de Hacienda cuando el interesado o la persona bajo cuya custodia se encuentren las fincas se opusieren a la entrada del personal inspector, sin perjuicio, en todo caso, de la adopción de las medidas cautelares que procedan. Los interesados deberán permitir su acceso a las oficinas donde hayan de tener a disposición de aquél durante la jornada laboral aprobada para cada empresa su contabilidad y demás documentos y justificantes concernientes a su negocio. Del mismo modo, los Jefes de las unidades administrativas correspondientes permitirán el acceso del personal inspector a los registros, despachos, dependencias u oficinas de entes integrados en cualesquiera Administraciones Públicas.

3.  Cuando la entrada y reconocimiento se refieran al domicilio particular de una persona física será necesaria la obtención del oportuno mandamiento judicial, si no mediare consentimiento del interesado.

A estos efectos, se considerará domicilio particular no sólo la vivienda que sirve de residencia habitual a una persona física sino asimismo cualquier vivienda o lugar que sirva efectivamente de morada.

4.  Se considerará que el interesado o el custodio de las fincas prestan su conformidad a la entrada o reconocimiento cuando ejecuten los actos normalmente necesarios que de ellos dependan para que aquellas operaciones puedan llevarse a cabo. No obstante, cuando la entrada y reconocimiento se refieran a un domicilio particular se requerirá expresamente del interesado si consiente el acceso, advirtiéndole de sus derechos.


Artículo 40.  Otras facultades en el ejercicio de la Inspección de los Tributos.- 1.  En los puertos, estaciones de ferrocarril y de transportes terrestres y en los aeropuertos, en los mercados centrales, mataderos, lonjas y lugares de naturaleza análoga, se permitirá libremente la entrada de personal inspector a sus estaciones, muelles y oficinas para la toma de datos de facturaciones, entradas y salidas, pudiendo requerirse a los empleados para que certifiquen la exactitud de los datos y antecedentes tomados.

2.  El personal inspector está asimismo facultado:

a)  Para recabar información de los trabajadores o empleados sobre cuestiones relativas a las actividades laborales en que participen, siempre que no suponga la transgresión de la buena fe contractual ni el abuso de confianza con la empresa.

b)  Para realizar mediciones o tomar muestras, así como obtener fotografías, croquis o planos. Estas operaciones podrán ser realizadas por el propio actuario o por persona o personas designadas por aquél.

c)  Para recabar el dictamen de Peritos.

d)  Para exigir la exhibición de objetos determinantes de la exacción de un tributo.

e)  Para verificar los sistemas de control interno de la empresa, en cuanto pueda facilitar la comprobación de la situación tributaria del interesado.

f)  Para requerir al interesado la traducción de cualesquiera documentos con trascendencia probatoria a efectos tributarios redactados en una lengua no oficial.


Artículo 41.  Resistencia a la actuación inspectora.- 1.  Se considerará obstrucción o resistencia a la actuación inspectora toda conducta del obligado tributario con quien se entiendan las actuaciones, o de su representante, que tienda a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones inspectoras.

2.  En particular, constituirán obstrucción o resistencia a la actuación inspectora:

a)  La incomparecencia reiterada del obligado tributario, salvo causa justificada, en el lugar, día y hora que se le hubiesen señalado en tiempo y forma para la iniciación de las actuaciones, su desarrollo o terminación en los términos previstos en el artículo 32 de este Reglamento.

b)  La negativa a exhibir los libros, registros y documentos de llevanza y conservación obligatorias.

c)  La negativa a facilitar datos, informes, justificantes y antecedentes relacionados con el obligado tributario y que expresamente le sean demandados, así como el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotación relacionados con hechos imponibles o su cuantificación.

d)  Negar indebidamente la entrada del personal inspector en las fincas y locales o su permanencia en los mismos.

e)  Las coacciones o la falta de la debida consideración al personal inspector, sin perjuicio de las demás responsabilidades que quepa exigir.


CAPÍTULO VII

Terminación de las actuaciones inspectoras


Artículo 42.  Terminación.- Las actuaciones inspectoras se darán por concluidas cuando, a juicio del responsable de la unidad, grupo o programa, se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos de gestión que proceda dictar, bien considerando correcta la situación tributaria del interesado o bien proponiendo la regulación de la misma con arreglo a Derecho.

A tales efectos el responsable de la unidad, grupo o programa elevará al Jefe del Servicio propuesta de acta.

En el plazo de 15 días el Jefe del Servicio podrá ordenar la rectificación de los errores materiales de hecho o de derecho apreciados en la propuesta, o bien podrá dejar sin eficacia la propuesta ordenando completar las actuaciones practicadas.


Artículo 43.  Formalización.- Cuando proceda concluir las actuaciones inspectoras, se procederá, sin más, a documentar el resultado de las mismas conforme a lo dispuesto en el título segundo de este Reglamento, entendiéndolas así terminadas.


TÍTULO II

Documentación de las actuaciones inspectoras


Artículo 44.  Normas generales.- Las actuaciones de inspección de los Tributos se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas previas o definitivas.


CAPÍTULO I

Comunicaciones, diligencias e informes


Artículo 45.  Comunicaciones.- 1.  Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales el personal inspector se relaciona unilateralmente con cualquier persona, en el ejercicio de sus funciones.

2.  En las comunicaciones, la Inspección de los Tributos podrá poner hechos o circunstancias en conocimiento de los interesados en las actuaciones, así como efectuar a éstos los requerimientos que procedan.

Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.

3.  Las comunicaciones se notificarán a los interesados en la forma señalada en el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Salvo lo dispuesto para las actuaciones de obtención de información, las comunicaciones serán firmadas por el mismo actuario que las remita.

4.  En las comunicaciones se hará constar el lugar y la fecha de su expedición, la identidad de la persona o Entidad y el lugar a los que se dirigen, la identificación y la firma de quien las remita, y los hechos o circunstancias que se comunican o el contenido del requerimiento que a través de la comunicación se efectúa.

Cuando la comunicación sirva para hacer saber al interesado el inicio de actuaciones inspectoras, se hará constar en ella la interrupción de la prescripción que su notificación, en su caso, suponga.

5.  Las comunicaciones se extenderán por duplicado conservando la Inspección de los Tributos un ejemplar.


Artículo 46.  Diligencias.- 1.  Son diligencias los documentos que extiende la Inspección de los Tributos, en el curso del procedimiento inspector, para hacer constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia para el servicio se produzcan en aquél, así como las manifestaciones de la persona o personas con las que se realiza la actuación inspectora.

2.  Las diligencias no contienen propuestas de liquidaciones tributarias y pueden bien ser documentos preparatorios de las actas previas o definitivas o bien servir para constancia de aquellos hechos o circunstancias determinantes de la iniciación de un procedimiento diferente del propiamente inspector, incorporándose en documento independiente la mera propuesta del actuario con este fin.

3.  En las diligencias constarán el lugar y la fecha de su expedición; la identificación del actuario que suscriba la diligencia; el nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad y la firma, en su caso, de la persona con la que se entiendan las actuaciones; así como el carácter o representación con que interviene; la identidad del obligado tributario a quien se refieran las actuaciones y, finalmente, los propios hechos o circunstancias que constituyen el contenido propio de la diligencia.

4.  De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se negase a recibirlo, se remitirá por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia, o no pudiese o supiese hacerlo, se hará constar así en la misma, sin perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente en los términos previstos en el párrafo anterior.

Cuando la naturaleza de las actuaciones inspectoras, cuyo resultado se refleje en una diligencia, no requiera la presencia de una persona con la que se entiendan tales actuaciones, la diligencia será firmada únicamente por el actuario y se remitirá un ejemplar de la misma al interesado con arreglo a Derecho.


Artículo 47.  Contenido de las diligencias.- 1.  Las diligencias recogerán los elementos de los hechos imponibles o de su valoración y los demás que determinan la cuantía de las cuotas tributarias que, no debiendo de momento generar liquidación tributaria alguna, sea conveniente documentar para su incorporación al respectivo expediente administrativo.

2.  Las diligencias recogerán, asimismo, los resultados de las actuaciones de obtención de información a que se refiere el artículo 12 de este Reglamento, así como la iniciación de las actuaciones inspectoras en el supuesto a que se refiere el apartado segundo del artículo 30 de este Reglamento.

3.  En particular, se hará constar en diligencia para permitir la incoación del correspondiente expediente administrativo:

a)  Las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias simples, a efectos de su sanción por los Organos competentes.

b)  Los hechos que conozca la Inspección de los Tributos por sí misma o a través de otros Organos Administrativos y sean de trascendencia tributaria.

c)  Los hechos, circunstancias y elementos necesarios para iniciar el procedimiento especial de declaración de fraude de Ley en materia tributaria, cuando dicho procedimiento se inicie como consecuencia de actuaciones inspectoras.

d)  La identidad de quienes sean responsables solidarios o puedan serlo subsidiariamente de la deuda tributaria, así como las circunstancias y antecedentes determinantes de tal responsabilidad.

e)  Los hechos y circunstancias que permitan la incoación del expediente de revisión a que se refiere el artículo 148 de la Norma Foral General Tributaria.

f)  Los hechos determinantes de la incoación de un expediente de cambio de domicilio tributario.

g)  Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos públicos y llegue a conocer, el personal inspector, en su caso, en el curso de sus actuaciones.

h)  La adopción de medidas cautelares en el curso del procedimiento inspector, así como la índole de éstas.

i)  Los hechos que resulten de actuaciones relativas a expedientes de devolución de ingresos indebidos.

j)  Los hechos que pudieran infringir la legislación de carácter financiero cuyo cumplimiento corresponda verificar a la Inspección de los Tributos.


Artículo 48.  Informes.- 1.  Los Organos que realicen funciones inspectoras emitirán de oficio o a petición de terceros, los informes que:

a)  Sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico.

b)  Les soliciten otros Organos y servicios de la Administración o los Poderes Legislativo y Judicial en los términos previstos por las leyes.

c)  Resulten necesarios para la aplicación de los tributos, en cuyo caso se fundamentará la conveniencia de emitirlos.

2.  En particular, deberán emitir informe:

a)  Para completar las actas de disconformidad o de prueba preconstituida que incoe.

b)  Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias o proceda la utilización de métodos indiciarios.

c)  Cuando se promueva la iniciación del procedimiento especial de declaración de fraude de ley en materia tributaria.

d)  Para recoger los resultados de la comprobación de las regularizaciones o actuaciones efectuadas por la empresa.

e)  Cuando se solicite autorización para iniciar actuaciones de obtención de información acerca de personas o Entidades que desarrollen actividades bancarias o crediticias y que afecten a movimientos de cuentas u operaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de este Reglamento.

f)  Para completar aquellas diligencias que recojan hechos que pudieran ser constitutivos de infracción tributaria simple, detallando las circunstancias que concurran en la misma, que pudieran servir para graduar en su caso las sanciones procedentes.

g)  Con el fin de recoger la propuesta de determinación de la cifra relativa de negocios para su ulterior asignación, o de la proporción de tributarios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el régimen común y con el de los otros Territorios Históricos sujetos a concierto o convenio.

3.  Cuando otros Organos o Servicios de la Administración o los Poderes Legislativos y Judiciales soliciten informe tramitándose a través de la Dirección General de Hacienda.

En particular se emitirá informe previa autorización de la Jefatura del Servicio en los siguientes supuestos:

a)  Cuando el interesado solicite la condonación graciable de sanciones impuestas con ocasión de actuaciones inspectoras.

b)  Cuando se interponga directamente reclamación económico-administrativa contra la liquidación resultante de una acta de conformidad.

4.  Siempre que el actuario lo estime necesario para la aplicación de los tributos podrá emitir informe, justificando la conveniencia de hacerlo.

Asimismo se podrá emitir informe para describir la situación de los bienes o derechos del sujeto pasivo, retenedor o responsable, al objeto de facilitar la gestión recaudatoria del cobro de las deudas tributarias liquidadas.

5.  Cuando los informes de inspección complementen la propuesta de liquidación contenida en un acta, recogerán, especialmente, el conjunto de hechos y los fundamentos de Derecho que sustenten aquélla.


CAPÍTULO II

Actas

Nota

Artículo 49.  Actas de inspección.- 1.  Son actas aquellos documentos que extiende el actuario con el fin de recoger los resultados de sus actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo, en todo caso, la regularización que estime procedente de la situación tributaria del sujeto pasivo o retenedor o bien declarando correcta la misma.

Las actas son documentos directamente preparatorios de las liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, debiendo incorporar la propuesta de liquidación que efectúe el actuario.

2.  En las actas de inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán:

a)  El lugar y la fecha de su formalización.

b)  La identificación personal del actuario que la suscribe.

c)  El nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad y la firma de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas; así como, en cualquier caso, el nombre y apellidos o la razón o denominación social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio tributario del interesado.

d)  Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo o retenedor, con expresión de los hechos y circunstancias con trascendencia tributaria que hayan resultado de las actuaciones inspectoras o referencia a las diligencias donde se hayan hecho constar.

e)  En su caso, la regularización que los actuarios estimen procedente de las situaciones tributarias, con expresión cuando proceda, de las infracciones que aprecien, incluyendo los intereses de demora y las sanciones pecuniarias aplicables, con especificación de los criterios para su graduación y determinando la deuda tributaria debida por el sujeto pasivo, retenedor o responsable solidario en la correspondiente propuesta de liquidación.

f)  La conformidad o disconformidad con el sujeto pasivo, retenedor o responsable tributario.

g)  La expresión de los trámites inmediatos del procedimiento incoado como consecuencia del acta, y cuando el acta sea de conformidad, de los recursos que procedan contra el acuerdo de liquidación derivado de aquéllos, órganos ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlo, así como el lugar, plazo y forma de pago.

3.  Cuando sea empresario o profesional el sujeto pasivo o retenedor y respecto de los tributos para los que sea trascendente, deberá hacerse constar en el acta la situación de los libros o registros obligatorios del interesado, con expresión de los defectos o anomalías advertidos o, por el contrario, de que del examen de los mismos cabe deducir racionalmente que no existe anomalía alguna que sea sustancial para la exacción del tributo de que se trate.

4.  Salvo que venga exigido por otros preceptos de este Reglamento, se incoará un acta por cada tributo y período impositivo a que se extiende la comprobación, pudiendo agruparse con un acta única respecto de todo el período objeto de comprobación en cada uno de los tributos comprobados.

5.  Cuando de la regulación de la situación tributaria del sujeto pasivo o retenedor no resulte, total o parcialmente, la existencia de acciones y omisiones constitutivas de infracciones tributarias pero sí de cuotas, cantidades o recargos debidos a la Hacienda Pública, se hará constar así expresamente en el acta, incluyéndose en la misma la propuesta de regularización que proceda.

6.  Las actas se extenderán en los modelos oficiales aprobados por el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

Si por su extensión no pudieran recogerse en el modelo de acta todas las circunstancias que deban constar en ella, se reflejarán en anexo a la misma: el anexo formará parte del acta a todos los efectos.


Artículo 50.  Actas previas.- 1.  Las actas de inspección pueden ser previas o definitivas. Son actas previas las que dan lugar a liquidaciones de carácter provisional, a cuentas de las definitivas que posteriormente se puedan practicar.

2.  Procederá la incoación de un acta previa:

a)  Cuando, en relación con un mismo tributo e idéntico período, el sujeto pasivo, retenedor o responsable, acepte sólo parcialmente la propuesta de regulación de su situación tributaria efectuada; en este caso, se documentará en primer lugar y en un acta previa el resultado de las actuaciones a las que el interesado preste conformidad expresa, instruyéndose acta de disconformidad por los demás conceptos. En cada una de las actas se hará referencia a la formalización de la otra.

La liquidación derivada del acta previa tendrá el carácter de a cuenta de la que que como complementaria o definitiva se derive del acta de disconformidad que simultáneamente se incoe.

También podrá utilizarse el acta previa de conformidad simultáneamente con la definitiva de disconformidad en los casos en que el interesado se muestre conforme con la cuota regularizada y disconforme con la liquidación de alguno o de todos los demás elementos determinantes de la deuda tributaria.

b)  Cuando se comprueben o investiguen el Impuesto sobre Sociedades y por retenciones en la fuente, a cuenta de dicho Impuesto o del que grave la Renta de las Personas Físicas, cuando sea de aplicación el régimen de Cifra Relativa de Negocios y no haya sido fijada todavía la correspondiente cifra definitiva.

c)  Cuando se compruebe o investigue el Impuesto sobre el Valor Añadido, antes de la fijación de la proporción definitiva imputable a la Diputación Foral de las operaciones realizadas en el año natural.

d)  Cuando el hecho imponible deba ser desagregado a efectos de las correspondientes actuaciones de comprobación e investigación o cuando por su fraccionamiento territorial deba serlo en los distintos lugares en que se materialice.

e)  Cuando por causas justificadas y expresas no se haya podido ultimar la comprobación o investigación de los hechos o bases imponibles y sea necesario suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación provisional.

f)  En los supuestos de comprobación abreviada previstos en el artículo 34 de este Reglamento, salvo que a juicio del actuario pueda practicarse liquidación definitiva.

3.  Tendrán, asimismo, el carácter de previas:

a)  Las actas que se incoen por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio correspondiente a un mismo período impositivo siempre que exista causa justificada que imposibilite la comprobación simultánea de ambos tributos.

b)  Las actas que se extiendan cuando la base del tributo objeto de comprobación se determine en función de las bases establecidas para otros, o en ella se computen rendimientos objeto de retención, y unas u otros no hayan sido comprobados con carácter definitivo, salvo que dichos rendimientos se consideren debidamente acreditados.

c)  Las actas que se formalicen en relación con los socios de una sociedad o entidad en régimen de transparencia fiscal, en tanto no se ultime la comprobación de la situación tributaria de la entidad.

d)  Las actas formalizadas para recoger separadamente los resultados de actuaciones de comprobación e investigación motivadas por una denuncia pública, cuando esta pieza separada deba servir en su caso para iniciar el expediente de reconocimiento al denunciante de derecho que la normativa vigente le reconozca.

4.  Cuando se extienda un acta con el carácter de previa deberá hacerse constar expresamente, señalando las circunstancias determinantes de su incoación con tal carácter y los elementos del hecho imponible o de su valoración a que se haya extendido ya la comprobación inspectora.

5.  Con carácter general, la Inspección procurará que la realización de sus actuaciones se materialice en las correspondientes actas de carácter definitivo, y, únicamente se extenderán actas previas cuando existan causas expresas y justificadas que impidan realizar una comprobación o investigación completa de la situación tributaria de los obligados tributarios objeto de actuación.

6.  Las actas previas se tramitarán atendiendo a que el sujeto pasivo, retenedor o responsable haya o no manifestado su conformidad a la propuesta de liquidación contenida en el acta.


Artículo 51.  Actas sin descubrimiento de deuda.- 1.  Son actas sin descubrimiento de deuda aquellas de las que se deriva una liquidación sin deuda a ingresar por el sujeto pasivo o retenedor.

2.  Las actas sin descubrimiento de deuda pueden ser de comprobado y conforme o suponer una regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo o retenedor.


Artículo 52.  Actas de comprobado y conforme.- 1.  Si el actuario estimase correcta la situación tributaria del sujeto pasivo o retenedor, lo hará constar en el acta, en la que detallará los conceptos y períodos a que la conformidad se extiende. Dicha acta se denominará de comprobado y conforme.

Se podrá extender acta de comprobado y conforme por todos los períodos impositivos y respecto de cada tributo objeto de comprobación a la que se extienda la conformidad.

2.  Tales actas de comprobado y conforme podrán extenderse en presencia del interesado o de su representante o enviarse por correo certificado con acuse de recibo.

3.  Las actas de comprobado y conforme se tramitarán como las de conformidad.

No obstante, el interesado podrá manifestar su disconformidad por entender que no era correcta la liquidación por él formulada. En este caso, el acta de comprobado y conforme, excepcionalmente, se tramitará como un acta de disconformidad. Si el acta se le ha enviado al sujeto pasivo por correo, podrá formular las alegaciones que estime pertinentes dentro de los 15 días siguientes a su recepción, tramitándose en otro caso el acta como de conformidad, a partir siempre de la fecha de su notificación.


Artículo 53.  Actas sin descubrimiento de deuda con regulación de la situación tributaria del sujeto pasivo o retenedor.- 1.  Cuando de la regularización que se estime procedente de la situación tributaria de un sujeto pasivo o retenedor no resulte deuda tributaria alguna en favor de la Hacienda Pública Foral, se extenderá acta, haciéndose constar en ella la conformidad o disconformidad del interesado y tramitándose el acta conforme a dicha manifestación.

2.  Cuando de dicha regularización resulte una cantidad a devolver al interesado, la liquidación derivada del acta que se incoe, servirá para que la Hacienda Foral inicie de inmediato el correspondiente expediente de devolución de ingresos indebidos.

Cuando de las actas que documenten los resultados de una misma actuación de comprobación e investigación resulten liquidaciones de distinto signo relativas a un mismo impuesto y a su vez a un mismo sujeto pasivo o retenedor, una vez éstas firmes, se procederá, de oficio, a compensar créditos y débitos, exigiéndose o devolviéndose el saldo resultante. La compensación no perjudicará la concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, en su caso, restante.


Artículo 54.  Clases de actas a efectos de su tramitación.- Las actas serán de conformidad o de disconformidad según que el interesado haya aceptado íntegramente o no la propuesta de liquidación practicada por el actuario.

En todo caso, las actas serán firmadas por ambas partes, entregándose un ejemplar al interesado. Cuando éste se niegue a suscribir el acta o a recibir un ejemplar de la misma, el acta se tramitará como de disconformidad. Si el interesado no sabe o no puede firmar el acta, el actuario hará constar esta circunstancia.


Artículo 55.  Actas de conformidad.- 1.  Cuando ante los criterios expuestos y pruebas aportadas por la Inspección de los Tributos, el sujeto pasivo, retenedor o responsable solidario preste su conformidad a la propuesta de liquidación practicada en el acta, el actuario lo hará constar en las actas y el interesado se tendrá por notificado de su contenido.

2.  Cuando el acta sea de conformidad y con descubrimiento de deuda, el interesado deberá ingresar el importe de la deuda en los plazos que consten en el acta según lo dispuesto en el artículo 49.2.g) de este Reglamento.


Artículo 56.  Actas de disconformidad.- 1.  Cuando el sujeto pasivo, retenedor o responsable se niegue a suscribir el acta o suscribiéndola no preste su conformidad a la propuesta de regulación contenida en la misma, se incoará el oportuno expediente administrativo que se tramitará por la Oficina Gestora del Impuesto, quedando el interesado advertido, en el ejemplar que se le entregue, de su derecho a presentar ante dicha Oficina las alegaciones que considere oportunas, previa puesta de manifiesto del expediente, dentro del plazo de los 15 días siguientes al séptimo posterior a la fecha en que se haya extendido el acta o a su recepción.

2.  Si la persona con la cual se realizan las actuaciones se negare a firmar el acta, esta circunstancia se hará constar en ella, así como la mención de que le entrega un ejemplar duplicado. Si dicha persona se negare a recibir el duplicado del acta, el actuario lo hará constar igualmente y, en tal caso, el correspondiente ejemplar le será enviado al interesado, en los tres días siguientes, por alguno de los medios previstos en las disposiciones vigentes.

3.  En las actas de disconformidad se expresarán con el detalle que sea preciso los hechos y, sucintamente, los fundamentos de Derecho en los que se base la propuesta de regularización, sin perjuicio de que en el informe ampliatorio, que posteriormente ha de hacer el actuario, se desarrollen dichos fundamentos. También se recogerá en el cuerpo del acta de forma expresa la disconformidad manifestada por el interesado o las circunstancias que le impiden prestar la conformidad, sin perjuicio de que en su momento pueda alegar cuanto convenga a su derecho.

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Artículo 57.  Actas con prueba preconstituida.- 1  Cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 146 de la Norma Foral General Tributaria, podrá extenderse acta sin la presencia del obligado tributario o su representante. En el acta se expresarán, con el detalle necesario, los hechos y medios de prueba empleados y a la misma se acompañará, en todo caso, informe del actuario.

Existirá prueba preconstituida del hecho imponible cuando éste pueda reputarse probado, según las reglas de valoración de las pruebas contenidas en los artículos 114 a 119 de la Norma Foral General Tributaria.

2.  El acta, así como la iniciación del correspondiente expediente, se notificarán al obligado tributario, quien en el plazo de 15 días podrá alegar ante la Inspección de los Tributos cuanto convenga a su derecho y, en particular, lo que estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud de dicha prueba y sobre la propuesta de liquidación contenida en el acta, o bien expresar su conformidad sobre una o ambas cuestiones. Durante el plazo de alegaciones, se pondrá de manifiesto el expediente completo al obligado tributario.


Artículo 58.  Lugar de formalización de las actas.- Las actas podrán ser extendidas y firmadas bien en la oficina, local de negocio, despacho o vivienda del sujeto pasivo, retenedor o responsable, bien en las oficinas de la Administración Tributaria o del Ayuntamiento en cuyo término hayan tenido lugar las actuaciones.


CAPÍTULO III

Tramitación de las diligencias, actas y liquidaciones tributarias derivadas de las últimas


Artículo 59.  Tramitación de las diligencias.- 1.  Las diligencias que se extiendan para hacer constar hechos o circunstancias conocidos en el curso del procedimiento inspector y relativos al obligado tributario en las mismas actuaciones inspectoras, se incorporarán al respectivo expediente.

2.  Las diligencias que reflejen los resultados de actuaciones inspectoras de obtención de información se entregarán por los actuarios conforme a las directrices recibidas, para el análisis de la información obtenida.

3.  Las diligencias que se extiendan para permitir la incoación del correspondiente procedimiento o expediente al margen del propio procedimiento inspector se entregarán por el actuario al Jefe del Servicio, quien las trasladará a las oficinas gestoras para que incoen los expedientes que procedan o se dé traslado de las diligencias por el conducto adecuado a las Administraciones u Organos competentes.

4.  En particular y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 74 de este Reglamento cuando una diligencia recoja acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracciones simples, si se hubiesen extendido en presencia y con la firma del interesado o su representante, entregándosele un ejemplar, en la misma diligencia se le comunicará que se inicia el correspondiente expediente sancionador y que dispone de un plazo de 15 días después del tercero siguiente a la fecha de aquélla, para formular alegaciones ante la Oficina Gestora competente. En otro caso, se deberá comunicar al interesado la incoación del oportuno expediente para que, siempre previa puesta de manifiesto del mismo, si lo desea, formule las alegaciones que estime convenientes en el plazo de 15 días.


Artículo 60.  Tramitación de las actas de inspección.- 1.  De acuerdo con lo prevenido en el apartado c) del artículo 140 de la Norma Foral General Tributaria, la inspección practicará propuesta de las liquidaciones tributarias que resulten de sus actuaciones de comprobación o investigación. Dicha propuesta constará en la correspondiente acta de inspección según lo establecido en el artículo 49.2.e) del presente Reglamento.

2.  Cuando se trate de actas de conformidad se entenderá producida la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta, si, transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de ésta, no se hubiese notificado al interesado acuerdo de la Oficina Gestora del tributo, por el que se dicte acto de liquidación rectificando los errores materiales apreciados en la propuesta formulada en el acta y se inicie el expediente administrativo a que se refieren los párrafos siguientes, o bien, se deje sin eficacia el acta incoada y se ordene completar las actuaciones practicadas durante un plazo no superior a tres meses.

Si por la Oficina Gestora del tributo se apreciare defecto en la expresión de los requisitos del artículo 49 del presente Reglamento, o en general, falta de los indispensables para alcanzar su fin, por la Jefatura del Servicio correspondiente se dispondrán las actuaciones necesarias para corregir tales defectos o bien, acordarán la anulación del acta, reponiendo, cuando proceda, las actuaciones al momento procesal en que se cometieran los defectos apuntados, o instándose, en su caso nuevamente el procedimiento inspector. El acuerdo de anulación si procede, se notificará al sujeto pasivo y del mismo se dará cuenta al Jefe del Servicio de Inspección quien lo hará llegar al actuario o actuarios que formalizaron el acta.

En el supuesto de que por el Oficina Gestora del tributo se apreciare en un acta error material o aplicación indebida de las normas vigentes, por la Jefatura del Servicio correspondiente se dictará, previa, en su caso, puesta de manifiesto del expediente al sujeto pasivo, el acuerdo administrativo que proceda con notificación al interesado.

3.  Las actas de comprobado y conforme a que se refiere el artículo 52 del presente Reglamento, adquirirán firmeza transcurrido el plazo de 30 días desde la fecha de su notificación sin que se haya acordado la iniciación del expediente a que se refiere el apartado anterior.

4.  Cuando el acta sea de disconformidad, o de prueba preconstituida, la Oficina Gestora, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda, que será notificado reglamentariamente al sujeto pasivo.


Artículo 61.  Recursos y reclamaciones contra las liquidaciones tributarias derivadas de las actas de inspección.- 1.  Las liquidaciones tributarias derivadas de las actas de inspección serán reclamables en vía económico-administrativa, previo el recurso de reposición, si el interesado decidiera interponerlo.

No podrán impugnarse las actas de conformidad sino únicamente las liquidaciones tributarias, definitivas o provisionales, resultantes de aquéllas.

2.  Cuando el interesado interponga recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra una liquidación tributaria que comprenda una sanción impuesta observándose lo dispuesto en la letra h) del artículo 82 de la Norma Foral General Tributaria, al recibir el recurso o remitir el expediente al Tribunal la Oficina Gestora, dictará acto administrativo de liquidación, exigiendo la parte de la sanción reducida, atendiendo a la conformidad inicial de interesado.

Del mismo modo, procederá la aplicación de lo dispuesto en la letra h) del citado artículo 82 cuando se dicte acto de liquidación aceptando las alegaciones del interesado o éste se allane a la propuesta contenida en un acta de prueba preconstituida.

3.  En ningún caso podrán impugnarse por el obligado tributario los hechos y los elementos determinantes de las bases tributarias respecto de los que dio su conformidad, salvo que pruebe haber incurrido en error de hecho.

Si el interesado hubiese comparecido mediante representante e impugnare la liquidación derivada de un acta por falta o insuficiencia del poder o alegare esta circunstancia acerca de un acta de disconformidad; la liquidación o el acta serán válidas, no obstante, si las actuaciones inspectoras se han practicado observando lo dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento.


Artículo 62.  Valor probatorio de las actas y diligencias de la Inspección.- 1.  Las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de documentos públicos.

2.  Las actas y diligencias formalizadas con arreglo a las leyes hacen prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formalización y resulten de su constancia personal para los actuarios.

Los hechos consignados en las diligencias o actas y manifestados o aceptados por los interesados se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.

3.  Los actos administrativos cuyo contenido consista en una liquidación tributaria derivada de un acta de inspección gozan de presunción de legalidad, conforme al artículo 8 de la Norma Foral General Tributaria, y por ello son inmediatamente ejecutivos, aunque pueden suspenderse sus efectos cuando así lo acuerde el Organo competente, si contra ellos se interpone recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.


Artículo 63.  Firma de las diligencias y actas por los funcionarios y demás personal de la Inspección.- 1.  Las diligencias serán suscritas por los funcionarios o el personal que practique las actuaciones de las que resulten los hechos o circunstancias que se reflejan en aquéllas; o bien, por el Jefe del Equipo o Unidad, responsable del programa o el actuario designado al efecto que intervenga en la práctica de tales actuaciones dirigiendo las mismas.

2.  Las actas de inspección serán firmadas:

a)  Por el funcionario o los funcionarios que conjuntamente hayan realizado las correspondientes actuaciones de comprobación e investigación.

b)  Por el actuario o los actuarios que desempeñen un puesto de trabajo de nivel jerárquico superior cuando las actuaciones las hayan realizado en colaboración con distintos funcionarios o personal. En su caso, los resultados de lo instruido individualmente por cada actuario se documentarán en diligencia, suscribiéndose finalmente el acta en base al conjunto de las actuaciones así practicadas.


CAPÍTULO IV

Disposiciones especiales

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Artículo 64.  Estimación indirecta de bases.- 1.  El régimen de estimación indirecta de bases tributarias será subsidiario de regímenes de determinación directa o estimación objetiva singular de bases, así como del régimen de estimación objetiva singular de cuotas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se aplicará cuando la Administración no puede conocer los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de las cuotas o rendimientos por alguna de las siguientes causas:

a)  Que el sujeto pasivo o retenedor no haya presentado sus declaraciones o las presentadas no permitan a la Administración la estimación directa u objetiva de las bases o rendimientos.

b)  Que el sujeto pasivo o retenedor ofrezca resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora.

c)  Que el sujeto pasivo o retenedor haya incumplido sustancialmente sus obligaciones contables.

d)  Que por causa de fuerza mayor se haya producido la desaparición de los libros y registros contables o de los justificantes de las operaciones anotadas en los mismos.

2.  En particular, se entiende que existe incumplimiento sustancial de las obligaciones contables:

a)  Cuando el interesado incumpla la obligación de llevanza de la contabilidad o de los registros establecidos por las disposiciones fiscales.

Se presumirá la omisión de los libros y registros contables cuando no se exhiban a requerimiento de la Inspección de los Tributos.

b)  Cuando la contabilidad no recoja fielmente la titularidad de las actividades, bienes o derechos.

c)  Cuando los registros y documentos contables contengan omisiones, alteraciones o inexactitudes que oculten o dificulten gravemente la exacta constatación de las operaciones realizadas.

d)  Cuando aplicando las técnicas o criterios generalmente aceptados a la documentación facilitada por el interesado no pueda verificarse la declaración o determinar con exactitud las bases o rendimientos objeto de comprobación.

e)  Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de la actividad permita presumir, con arreglo al apartado segundo del artículo 118 de la Norma Foral General Tributaria que la contabilidad es incorrecta.

3.  Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias, se acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los sujetos pasivos, retenedores o beneficiarios de las desgravaciones informe razonado sobre:

a)  Las causas determinantes de la aplicación del régimen de estimación indirecta.

b)  Situación de la contabilidad y registros obligatorios del interesado.

c)  Justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases o rendimientos, de entre los señalados en el artículo 50 de la Norma Foral General Tributaria.

d)  Cálculos y estimaciones efectuadas en base a los medios efectivamente elegidos, incluso técnicas de muestreo.

4.  El acta incoada incorporará la correspondiente propuesta de liquidación y se tramitará según su naturaleza.

5.  Contra la liquidación tributaria resultante del acta, el interesado podrá interponer reclamación económico-administrativa, previo recurso de reposición, en su caso. En la reclamación o recurso interpuesto el interesado podrá alegar cuanto estime conveniente a su derecho y plantear la procedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta.


Artículo 65.  Métodos indiciarios.- 1.  Podrán utilizarse métodos indiciarios para la determinación total o parcial de la base imponible en los regímenes de estimación directa u objetiva singular, cuando las normas reguladoras de los distintos tributos establezcan presunciones o señalen criterios de valoración de determinados elementos de base imponible que exijan la realización de operaciones de cuantificación fundadas en signos, índices o módulos.

2.  Cuando se hayan de utilizar estos métodos indiciarios se deberá adjuntar en todo caso al acta incoada informe razonado acerca de la justificación del empleo de tales métodos y de los criterios o módulos utilizados.

3.  Cuando la estimación indiciaria comprenda actuaciones de valoración, será de aplicación lo dispuesto respecto de las mismas en este Reglamento.

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Artículo 66.  Delitos contra la Hacienda Pública.- 1.  Cuando el actuario aprecie la existencia de acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de los delitos contra la Hacienda Pública, regulados en el Código Penal actuará de conformidad con lo prevenido en el artículo 35 del Concierto Económico, y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador de carácter administrativo por los mismos hechos mientras el Ministerio Fiscal no devuelva las actuaciones o, en su caso, la autoridad judicial no dicte sentencia o auto de sobreseimiento firmes.

2.  Si los hechos pudieran ser constitutivos del delito previsto en el artículo 349 del Código Penal, el Jefe del Servicio de Inspección hará constar en diligencia los hechos y circunstancias determinantes a su juicio de la posible responsabilidad penal, remitiendo el expediente al Director General de Hacienda.

3.  El Director General de Hacienda remitirá las actuaciones al Diputado General o acordará de forma motivada la continuación de las actuaciones administrativas.

La remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción para la práctica de las liquidaciones administrativas y la imposición de sanciones tributarias.

4.  Si el presunto delito se hallase tipificado en el artículo 350 bis del Código Penal, la Oficina Gestora competente dictará, en su caso, los actos de liquidación que procedan, pero se abstendrá de iniciar el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones simples constituidas por los mismos hechos. El actuario se limitará a hacer constar en diligencia tales hechos o circunstancias.

La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa practicándose las liquidaciones que procedan en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados, incluyendo los intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización de plazo voluntario de pago y el día en que se practiquen las liquidaciones.

Si la Autoridad Judicial no apreciase la existencia de delito, se continuará el expediente en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados. Para ello, la Oficina Gestora dictará las liquidaciones que procedan, incluyendo la sanción correspondiente, o bien iniciará el expediente para la imposición de sanción por infracción simple.

5.  La Dirección General de Hacienda pasará el tanto de culpa al Organo Judicial competente o remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal a través del Diputado General.

El Diputado General remitirá las actuaciones o acordará de forma motivada la continuación de las actuaciones administrativas.

La remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción para la práctica de las liquidaciones administrativas y la imposición de sanciones tributarias.

6.  Cuando el procedimiento por delitos contra la Hacienda Pública se inicie sin haber mediado la inspección, una vez se presente a la Autoridad Judicial para formar sumario cesarán las actuaciones que pudieran estar desarrollándose por los mismos hechos, poniendo a disposición de aquélla los documentos resultantes de lo actuado.


Artículo 67.  Actuaciones de colaboración.- Cuando la Inspección de los Tributos conozca hechos o circunstancias con trascendencia tributaria para otras Administraciones, lo hará constar en diligencia de acuerdo con la letra b) del apartado tercero del artículo 47 de este Reglamento.

Dicha diligencia se remitirá a través de la Dirección General de Hacienda al Organo competente de la Administración Pública correspondiente.


Artículo 68.  Beneficios fiscales.- 1.  Si el actuario advierte que realmente no concurrieron en su momento los requisitos comprobados definitivamente en el expediente para la concesión de un determinado beneficio fiscal, iniciará el expediente de revisión que proceda de acuerdo con los artículos 147, 148 o 155 de la Norma Foral General Tributaria.

2.  La concesión o disfrute de beneficios fiscales de cualquier naturaleza mediante acuerdo o resolución expresa e individualizada se entenderá provisional cuando esté condicionada al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el expediente.

Salvo regulación expresa en contrario, de una disposición de carácter general si el actuario comprueba que no han concurrido tales condiciones o requisitos, propondrá la liquidación que proceda, reputándose revocando o no concedido, en su caso, dicho beneficio fiscal.

3.  En sus actuaciones de comprobación e investigación, la Inspección de los Tributos verificará la correcta aplicación por los sujetos pasivos en sus declaraciones-liquidaciones de cualesquiera reducciones, exenciones u otros beneficios fiscales y propondrá la práctica de las liquidaciones que procedan.


Artículo 69.  Liquidación de los intereses de demora.- 1.  Las propuestas de liquidación consignadas en las actas incluirán el interés de demora que corresponda.

2.  El interés de demora se calculará sobre la cuota liquidada a cargo del sujeto pasivo y, en su caso, los recargos sobre las bases o las cuotas ya sean a favor de la Diputación Foral o de otros Entes Públicos.

3.  El tipo de interés de demora aplicable será el vigente el día en que venció el plazo para el pago voluntario de las cantidades adeudadas, aunque posteriormente se hubiera modificado.

4.  El tiempo se computará por el número de días transcurridos desde la finalización del plazo voluntario de pago hasta la fecha del acta.


Artículo 70.  Actuaciones de valoración.- 1.  Las actuaciones de valoración, realizadas como trámite en un procedimiento ajeno al de inspección se documentarán a través de un informe, extendiéndose también las diligencias que procedan.

2.  Si en el curso de actuaciones de comprobación e investigación han de efectuarse otras de valoración, éstas se documentarán de acuerdo con el apartado anterior incorporándose sus resultados a las actas que procedan por las primeras, sin perjuicio del derecho del interesado a manifestar su disconformidad respecto de la propuesta de liquidación formulada en el acta, instando entonces la corrección de los valores incorporados, así como a impugnar las liquidaciones correspondientes alegando cuanto convenga a su derecho y, en particular, la improcedencia de las valoraciones realizadas.


Artículo 71.  Actuaciones de comprobación e investigación con responsables solidarios.- 1.  Se podrá extender acta para recoger la propuesta de liquidación dirigida a exigir el pago de la deuda tributaria directamente del responsable solidario:

a)  Cuando éste haya tenido intervención o conocimiento inmediato del hecho imponible y hayan podido practicarse con él las actuaciones dirigidas y determinar la deuda tributaria.

b)  Cuando el actuario ya conozca los hechos y disponga de los elementos de prueba previstos para determinar la deuda tributaria y establecer el supuesto de responsabilidad, incluso por haberlos obtenido cerca del sujeto pasivo o retenedor.

2.  Las liquidaciones resultantes de las distintas actas suscritas con el sujeto pasivo o retenedor se notificarán a los responsables solidarios, cuyas circunstancias consten con arreglo a lo dispuesto en la letra d) del apartado tercero del artículo 47 de este Reglamento. Si las actas se hubiesen extendido ante un responsable solidario, la notificación anterior se practicará respecto del sujeto pasivo o retenedor y, en su caso, los demás responsables solidarios.

3.  Las actuaciones dirigidas a exigir el pago de la deuda tributaria directamente de cualquiera de los responsables solidarios no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás o contra el mismo sujeto pasivo o retenedor, mientras no resulte cobrada la deuda tributaria por completo.

4.  Cada uno de los obligados solidariamente frente a la Hacienda Foral podrá utilizar, cuando se le reclame el pago de la deuda tributaria, todos los motivos de impugnación que deriven de la liquidación practicada o de la misma responsabilidad a él exigida.


Artículo 72.  Comprobación de grupos de sociedades en régimen de declaración consolidada.- Ultimada una actuación de comprobación e investigación respecto de un grupo de Sociedades en régimen de declaración consolidada, la Oficina Gestora competente practicará la liquidación que proceda determinando la base y la cuota consolidadas.

Las liquidaciones tributarias resultantes de las actas incoadas se practicarán al grupo de Sociedades en su condición de sujeto pasivo, sin perjuicio de la condición de la Sociedad dominante como representante del grupo y sujeto infractor por las infracciones tributarias cometidas en el régimen de declaración consolidada.


Artículo 73.  Sujetos pasivos carentes de suficiente capacidad de obrar y otros supuestos especiales de infracciones tributarias.- 1.  Cuando como consecuencia de las actuaciones inspectoras se aprecie la existencia de infracciones simples o graves al comprobar la situación tributaria de un sujeto pasivo que al cometerse tales infracciones carecía de suficiente capacidad de obrar en el orden tributario, se incoará expediente sancionador separado en relación con el representante legal, si lo hubiese, del incapaz, en su condición de sujeto infractor.

2.  Constará en acta la propuesta correspondiente en orden a sancionar las infracciones graves apreciadas en los supuestos previstos en los apartados primero y segundo del artículo 88 de la Norma Foral General Tributaria, así como cuando sea sujeto infractor una persona o Entidad distinta del sujeto pasivo o retenedor.

Cuando se proponga la imposición de sanciones o de liquidación de deudas tributarias en relación con una persona o Entidad, como consecuencia del resultado de actuaciones inspectoras cerca de un tercero y aquélla no haya intervenido en las actuaciones en el período de alegaciones o al impugnar los correspondientes actos administrativos, podrá oponer todos los motivos de impugnación que estime procedentes, incluso los referentes a la conformidad con el Ordenamiento Jurídico de los actos dictados con aquel tercero.


Artículo 74.  Procedimiento para la imposición de sanciones no consistentes en multa.- 1.  Cuando los hechos y circunstancias recogidos en una diligencia o en un acta determinasen, a juicio de los actuarios, la imposición de sanciones no consistentes en multa por infracciones tributarias simples o graves, aquéllos propondrán la iniciación del expediente a que se refiere el apartado segundo del artículo 81 de la Norma Foral General Tributaria.

2.  En la tramitación del expediente se dará audiencia al interesado para que alegue cuanto considere conveniente a su derecho previa puesta de manifiesto del expediente si lo desea durante el plazo de 15 días. La resolución del expediente de imposición de una sanción que no consista en multa sólo se realizará una vez firme el expediente administrativo del que se derive aquél.


Artículo 75.  Subvenciones.- 1.  Cuando en el curso de las actuaciones de inspección se compruebe que se falsearon las condiciones exigidas en su momento para la concesión de una subvención con cargo a fondos públicos o se ocultaron aquéllas que hubiesen impedido su reconocimiento o bien que en el desarrollo de una actividad subvencionada se han incumplido las condiciones establecidas alterándose los fines para los que la subvención fue concedida, se hará constar en las correspondientes diligencias, proponiendo, en su caso, la incoación de los expedientes o el ejercicio de las acciones que procedan con arreglo al Ordenamiento vigente.

2.  Cuando los hechos pudieran ser constitutivos del delito tipificado en el artículo 350 del Código Penal, se observará el procedimiento establecido en el artículo 66 del Reglamento.


DISPOSICIONES ADICIONALES



Disposición adicional primera.- Las actuaciones inspectoras relativas a todos los tributos exigibles por la Diputación Foral se regirán por lo dispuesto en este Reglamento.


Disposición adicional segunda.- Se faculta al Diputado Foral titular del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos para determinar mediante Orden Foral la organización de los órganos con funciones de Inspección de los Tributos.


Disposición adicional tercera.- Lo dispuesto en el presente Decreto Foral se entiende sin perjuicio de la vigencia del artículo 9 del Decreto Foral 34/1988, de 28 de julio.


Disposición adicional cuarta.- La competencia para resolver el expediente especial de fraude de Ley en materia tributaria corresponderá al Director General de Hacienda.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS



Disposición transitoria primera.- Lo dispuesto en este Reglamento será de aplicación a las actuaciones de inspección posteriores a su entrada en vigor y, en particular, a los documentos que se formalicen después de dicha fecha.

La tramitación de las actas incoadas y de los expedientes iniciados al margen de las actuaciones inspectoras por diligencias formalizadas antes de la vigencia de este Reglamento se efectuará con arreglo a las disposiciones concernientes hasta entonces en vigor.

La aplicación de las reglas anteriores se efectuará con independencia de la fecha de iniciación de las actuaciones inspectoras y de los períodos a que se extiendan las mismas.


Disposición transitoria segunda.- Los expedientes de estimación indirecta de bases imponibles iniciados a partir de la vigencia de este Reglamento se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el mismo.


DISPOSICIÓN FINAL


Se autoriza al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos a dictar cuantas disposiciones considere oportunas en desarrollo del presente Reglamento.

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