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DECRETO 189/1999, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, SOBRE MEDIDAS INCENTIVADORAS A LA CREACIÓN DE EMPLEO COMO CONSECUENCIA DE LA REORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO (BOA DE 6 DE OCTUBRE)


 

La creación de empleo estable es una de las prioridades de la acción de gobierno para superar el grave problema social y económico del desempleo.

Los procesos sobre reducción de jornada y reordenación del tiempo de trabajo para adaptarlo a las necesidades reales de los procesos productivos pueden ser un instrumento eficaz para aumentar la productividad y competitividad de las empresas y, consiguientemente, para la creación de empleo, siempre que sean consecuencia de acuerdos entre la empresa y sus trabajadores en los que se equilibren la necesaria flexibilidad empresarial y la debida estabilidad en el empleo de los trabajadores.

El Acuerdo para el Fomento del Empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón para 1999 (A.F.E.C.A.) establece que el Gobierno de Aragón planteará una propuesta de medidas incentivadoras para la reorganización del tiempo de trabajo y reducción de jornada, si el grupo de trabajo constituido al efecto por los agentes sociales no alcanzasen un acuerdo con el plazo de tres meses, como así ha ocurrido.

El A.F.E.C.A. establece los criterios para establecer medidas incentivadoras: estabilidad, creación de empleo fijo y neto, con pacto expreso en el seno de la empresa y siempre que los incentivos que pudieran establecerse cumplan la normativa de la Unión Europea en lo que respecta a la compatibilidad de ayudas públicas; compatibilidad que ha sido declarada expresamente por parte de la Comisión Europea.

La presente norma regula los incentivos para la reorganización del tiempo de trabajo y reducción de la jornada en base a los criterios expuestos. Los colectivos cuya contratación se subvenciona son los mismos previstos en el artículo 3 del Decreto 21/1999, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, sobre Fomento de la Contratación Estable, por lo que la cuantía de las subvenciones que ahora se establecen procuran guardar una adecuada proporcionalidad en la aplicación conjunta de ambas normas.

Esta actuación se encuadra dentro de los principios y programas desarrollados por el Fondo Social Europeo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 28 de septiembre de 1999 dispongo:


Artículo 1.  Objeto.—El presente Decreto tiene por objeto regular las ayudas a las empresas por la contratación indefinida de trabajadores por cuenta ajena como consecuencia de pactos entre aquellas y sus trabajadores en materia de reordenación del tiempo de trabajo y reducción de jornada.


Artículo 2.  Requisitos de las contrataciones.—1.  Deberán efectuarse con carácter indefinido desde su inicio, a jornada completa o a tiempo parcial no inferior al 50 por ciento de la ordinaria de la empresa, sin computar, en su caso, las horas complementarias.

2.  Deberán suponer un incremento neto de plantilla de los trabajadores fijos, así como de la plantilla total, como mínimo equivalente al número de contrataciones indefinidas subvencionadas.

El nivel de plantilla total se determinará calculando la media aritmética del número de trabajadores en los doce meses inmediatamente anteriores al de la contratación, computándose a estos efectos todos los trabajadores de la empresa, tanto fijos como eventuales.

El nivel de plantilla de trabajadores fijos se determinará del mismo modo, pero computándose a estos efectos sólo los fijos de plantilla.

3.  El número de contrataciones subvencionables será el resultado de dividir el total de horas anuales disminuidas en toda la plantilla entre la jornada anual individual de las nuevas contrataciones. De este cociente se subvencionará la totalidad si la parte decimal es igual o superior a 0,5.


Artículo 3.  Requisitos de los acuerdos.—1.  Deberán versar conjuntamente sobre la ordenación del tiempo de trabajo y sobre la reducción de jornada anual.

Los acuerdos deberán implicar una modificación sustancial de la distribución de la jornada diaria, semanal, mensual o anual, tales como la implantación del trabajo a turnos o la transformación de la jornada continuada en partida o viceversa y, al mismo tiempo, una reducción del número de horas anuales anteriormente establecido, en forma de disminución directa de la jornada, incremento de días festivos, de vacaciones o de permisos legal o convencionalmente establecidos.

2.  Los acuerdos deberán ser suscritos por la empresa y los representantes de los trabajadores y, de no existir éstos, por la mayoría de los trabajadores del centro de trabajo afectado.


Artículo 4.  Beneficiarios.—Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en este Decreto las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que radiquen y desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón, con las siguientes excepciones:

a)  Las contrataciones efectuadas por las Administraciones Públicas, entidades y empresas de ellas dependientes.

b)  Las contrataciones realizadas por empresas acogidas a planes de reconversión aprobados por la Administración del Estado.

c)  Las contrataciones que afecten al cónyuge o familiares, con parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, del empresario, de los socios y de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan forma jurídica de sociedad.

d)  Las contrataciones que afecten a los propios socios.

e)  Las contrataciones de trabajadores que hubiesen pertenecido a la misma empresa o grupo de empresas con contrato indefinido en los doce meses anteriores.

f)  Las empresas que en los doce meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda hayan efectuado extinciones de contratos declarados improcedentes por la jurisdicción laboral o se hayan producido por las causas previstas en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y hayan supuesto una disminución neta de plantilla.

g)  Las empresas de nueva creación, entendiéndose por tales las que hayan procedido a la apertura del centro de trabajo en los doce meses anteriores al acuerdo sobre reordenación y reducción de jornada.


Artículo 5.  Ayudas.—1.  Subvención de 500.000 pesetas por cada trabajador desempleado contratado, excepto los incluidos en el apartado siguiente.

2.  Subvención de 200.000 pesetas por cada trabajador desempleado contratado perteneciente a los siguientes colectivos:

a)  Mayores de 40 años.

b)  Mujeres.

c)  Minusválidos con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

d)  Parados de larga duración, que lleven al menos dos años desempleados y acrediten cargas familiares. La empresa deberá comprometerse a inscribir al trabajador en un curso formativo de al menos doscientas horas, adecuado al puesto de trabajo, y que se desarrolle en los dos primeros años del contrato. El tiempo de formación se distribuirá entre empresa y trabajador previo acuerdo entre ambos.

e)  Jóvenes de veintidós a treinta años sin cualificación, que hayan cursado estudios como máximo de Graduado Escolar, E.G.B. o E.S.O. La empresa deberá comprometerse a inscribir al trabajador en un curso formativo de al menos cuatrocientas horas, adecuado al puesto de trabajo y que se desarrolle en los dos primeros años del contrato. El 50 por ciento del tiempo de asistencia al Curso se computará como jornada laboral.

3.  Cuando la contratación se efectúe a tiempo parcial, el importe de la ayuda se reducirá en la misma proporción que la jornada.

4.  Estas ayudas serán incompatibles con cualesquiera otras concedidas para la misma finalidad de fomento de empleo, excepto las reguladas por la ley 64/1997, de 26 de diciembre, y en los apartados A), B), C) y E) del Decreto 21/1999.

5.  Las suma de las ayudas reguladas en las dos normas citadas y en la presente no podrá superar el 60 por ciento del coste salarial anual del trabajador.


Artículo 6.  Requisitos.—Las contrataciones deberán reunir los requisitos siguientes:

1.  Los trabajadores por cuya contratación se solicite la subvención deberán encontrarse en situación de desempleo durante un período mínimo de seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de contratación, excepto los trabajadores señalados en el apartado 2.d) del artículo 5 de este Decreto para los que se requerirá un período mínimo de dos años.

Se entenderá que no se incumple este requisito cuando el cómputo del período de seis meses sea interrumpido por altas del trabajador en la Seguridad Social por un tiempo no superior a quince días, o treinta días en el supuesto del apartado 2.d) del artículo 5 de este Decreto, con independencia de la duración de la jornada.

2.  El contrato deberá formalizarse por tiempo indefinido desde su comienzo.

3.  La empresa deberá estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación General de Aragón y no haber sido excluida del acceso a los beneficios de los programas de empleo por la comisión de alguna de las infracciones reguladas en la ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.


Artículo 7.  Obligaciones de los beneficiarios.—1.  Mantener el nivel de empleo alcanzado con la contratación subvencionada durante, al menos, tres años.

2.  En caso de baja anticipada del trabajador cuya contratación dio lugar a la subvención, la empresa deberá sustituirlo en el plazo máximo de tres meses por otro que reúna los requisitos que determinaron o hubieran podido determinar la concesión de la ayuda. Este hecho se comunicará a la Dirección General de Trabajo, aportando copia del contrato de trabajo, vida laboral y D.N.I. del nuevo trabajador, así como la documentación acreditativa que se le requiera.

3.  Comunicar, en su caso, el cambio de la personalidad jurídica de la empresa beneficiaria de la subvención y aportar la documentación acreditativa que se le requiera, en el plazo de un mes.

4.  Acreditar ante la Dirección General de Trabajo del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo el cumplimiento de las condiciones que determinaron la concesión de la ayuda.

5.  Comunicar a la Dirección General de Trabajo del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo la obtención de cualquier tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de otros Departamentos, Administraciones o Entes Públicos o Privados, en el plazo de un mes.

6.  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Diputación General de Aragón y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, así como a las que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.

7.  Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.


Artículo 8.  Solicitudes.—Las solicitudes se formalizarán mediante los impresos correspondientes debidamente cumplimentados, junto con la documentación complementaria que en cada caso proceda, debiendo exhibirse los documentos originales a efectos de la compulsa de las copias.


Artículo 9.  Plazo de presentación de las solicitudes.—El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a contar desde la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social.


Artículo 10.  Lugar de presentación de las solicitudes.—Las solicitudes, dirigidas al Director general de Trabajo deberán presentarse a través del Registro de los Servicios Provinciales del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo o por los medios regulados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Artículo 11.  Resolución.—Las solicitudes se resolverán mediante resolución motivada del Director general de Trabajo.

Para conceder las subvenciones se tendrá en cuenta el orden cronológico de entrada de las solicitudes acompañadas de la documentación completa acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

Una vez agotado el crédito presupuestario existente para atender estos programas, se procederá a denegar las subvenciones que no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria.

El plazo máximo para dictar resolución así como para la notificación correspondiente será de seis meses, contados a partir de la fecha en que haya tenido entrada la solicitud en el Registro del órgano competente para resolver.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que es desestimatoria de la concesión de la subvención o ayuda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.


Artículo 12.  Recursos.—Contra las resoluciones adoptadas en relación con las ayudas contempladas en este Decreto, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día de la notificación, de conformidad con los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.


Artículo 13.  Control y seguimiento.—La Dirección General de Trabajo del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo realizará periódicamente controles de seguimiento de los beneficiarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, por lo que los interesados deberán facilitar en el plazo que se establezca la documentación que se les requiera.


Artículo 14.  Revocación.—Procederá la revocación de la subvención, así como el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente desde el momento del pago, en caso de incumplimiento de las obligaciones del beneficiario, o de las condiciones que determinaron la concesión de la ayuda, o las impuestas en disposiciones legales o convenios aplicables, así como en los supuestos de falseamiento de datos, hechos o documentación aportados, sin perjuicio de las responsabilidades a que diera lugar su actuación.


Artículo 15.  Revisión.—La alteración de las condiciones que determinaron la concesión de la subvención o la concurrencia de cualquier otro tipo de ayudas sobrevenidas o no declaradas por el beneficiario que, en conjunto o aisladamente, superen los límites porcentuales de subvención tenidos en cuenta para su determinación, darán lugar a que se modifique dicha concesión y al reintegro del importe que corresponda.


Artículo 16.  Responsabilidad y régimen sancionador.—Los beneficios de ayudas y subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y a lo dispuesto en el artículo 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria en la redacción dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones.


Artículo 17.  Ayudas y subvenciones condicionadas.—Previamente a dictar resolución, o en la resolución concesoria de subvenciones a que se refiere el presente Decreto podrán establecerse las medidas de garantía, a favor de los intereses públicos, que se consideren precisas.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.—Se autoriza al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.


Disposición final segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

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