Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Legislación
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

INDICE

DECRETO 258/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LA INSPECCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA COOPERATIVA (BOJA DE 26 DE ENERO DE 2002)




DECRETO 258/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LA INSPECCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA COOPERATIVA (BOJA DE 26 DE ENERO DE 2002)


 
Documentos relacionados

PREÁMBULO

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 13.20, determina la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de cooperativas, facultando el artículo 69 de dicha norma a la Comunidad Autónoma para que fomente tales sociedades mediante una legislación adecuada.

Con base en los preceptos referidos se promulgó la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, cuyo Capítulo II del Título III se encarga de regular las Infracciones y las Sanciones, refiriéndose concretamente el artículo 163 a la inspección cooperativa. Asimismo, la Disposición Final Segunda de dicha Ley, bajo el epígrafe de «Control e Inspección», prevé el desarrollo reglamentario de las normas reguladoras de la organización y funcionamiento de la inspección cooperativa, y singularmente las relativas al procedimiento y competencia. Por su parte, el artículo 166 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en sus apartados 1 y 4, remite igualmente al posterior desarrollo reglamentario del procedimiento sancionador y de la competencia de los distintos órganos para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores.

En cumplimiento de la mencionada Disposición, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 166, apartados 1 y 4, de la citada Ley, el presente Reglamento regula esta materia centrándose fundamentalmente en: La ordenación de la Inspección Cooperativa, determinación de la actividad inspectora, regulación del procedimiento sancionador y tramitación de la descalificación cooperativa.

Dicha regulación se realiza asumiendo determinadas exigencias derivadas de las peculiaridades propias del ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración, de las novedades incorporadas a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y por último, de la específica regulación que de esta materia hace el citado Capítulo de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Conforme a estos presupuestos se regula la inspección cooperativa desconcentrando en las Delegaciones Provinciales gran parte de su cometido y atribuyendo esta función a determinado personal que reúna los requisitos precisos para desarrollarla con rigor, al tiempo que se le otorga un carácter y facultades imprescindibles para su realización.

Se regula la actividad inspectora previa al eventual procedimiento sancionador, atribuyéndole un carácter preventivo cuyo aspecto más significativo viene representado por la previsión de la advertencia o recomendación.

El procedimiento sancionador, por su parte, se articula sobre la base de la existencia previa del acta de infracción, si bien su inicio formal se hace depender del acuerdo de un órgano superior de la Administración, confiriendo a su tramitación una naturaleza garantista que extreme las cautelas en defensa de la seguridad de los imputados.

Se ordena el procedimiento para descalificar a una sociedad cooperativa con arreglo a las normas del procedimiento sancionador y a las particularidades previstas en el artículo 170 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, por cuanto en ocasiones reviste esta naturaleza sancionadora, y cuando no es así, en todo caso, supone la adopción de una medida de tal envergadura que demanda la concurrencia de los principios y garantías propios de aquel procedimiento.

Por último, se posibilita la reversibilidad procedimental entre dicha medida, la descalificación, y el procedimiento sancionador, con arreglo a los principios de economía administrativa y conservación de los actos.

En consecuencia con lo anterior, y a propuesta del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, oído el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de noviembre de 2001, dispongo:


CAPÍTULO I

Disposiciones generales


Artículo 1.  Objeto.— El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de la organización y funcionamiento de la Inspección Cooperativa, así como la regulación del procedimiento sancionador y de descalificación en materia de Cooperativas.


Artículo 2.  Garantías y principios.— Para la imposición de sanciones a los posibles sujetos responsables o para la descalificación de una sociedad cooperativa será precisa la instrucción de un procedimiento administrativo previo, así como la observancia de los principios de transparencia, legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad e interdicción de la concurrencia de sanciones.


Artículo 3.  Sujetos responsables.— Son sujetos responsables de las infracciones previstas en el artículo 167 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, según los casos, las sociedades cooperativas, los miembros del Consejo Rector, el Administrador Unico, los Interventores, el Director, los Liquidadores, o los integrantes de otros órganos sociales no necesarios, cuando aquéllas les sean personalmente imputables, de acuerdo con lo previsto en el artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Artículo 4.  Concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional penal y el administrativo.— 1.  En los supuestos en que la comisión de alguna de las infracciones previstas en la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas pudiera ser constitutiva de delito o falta, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del órgano judicial competente o del Ministerio Fiscal y se abstendrá de continuar el procedimiento sancionador.

Asimismo, deberá suspenderse la tramitación del procedimiento sancionador y, en su caso, la eficacia del acto administrativo por el que se hubiera impuesto una sanción, cuando se tenga conocimiento de la instrucción de causa penal en la que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, de conformidad con el artículo 165.1 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

2.  La Administración solicitará en los expresados supuestos notificación del órgano correspondiente del acto por el que se acuerde, en su caso, no ejercitar la acción, o se declare la firmeza de la Sentencia o del Auto de sobreseimiento.

3.  El procedimiento sancionador continuará cuando recaiga alguno de los actos referidos en el apartado anterior o cualquiera otro que finalice definitivamente el procedimiento en el orden penal, sin que se haya apreciado la existencia de delito o falta.

También se reanudará el procedimiento sancionador cuando en la resolución del orden penal que declare la existencia de un delito o falta no se aprecie identidad de sujeto, hecho o fundamento con la que pueda recaer en el orden administrativo o hubiera recaído, encontrándose en suspenso con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo.

En ambos casos, se tomarán como base en el procedimiento sancionador los hechos que los Jueces y Tribunales hayan considerado probados.

4.  En los supuestos anteriores subsistirán las medidas provisionales que hubieran sido adoptadas para salvaguardar los derechos de los socios, de la propia Administración o de terceros, de conformidad con el artículo 165.3 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

5.  En ningún caso se impondrá una doble sanción administrativa cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento de acuerdo con el artículo 165.4 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.


Artículo 5.  Prescripción de infracciones y sanciones.— 1.  Las infracciones en materia de cooperativas prescribirán: Las muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, a los seis meses.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido, interrumpiéndose el mismo, además de por cualquier causa admitida en Derecho, cuando se inicie, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador. El cómputo del plazo de prescripción se reanudará si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

2.  La advertencia o recomendación realizada tras la constatación de un hecho constitutivo de infracción por la que se confiera un plazo al sujeto responsable para reparar la legalidad conculcada interrumpirá, asimismo, la prescripción por el tiempo a que se extienda dicho plazo, asimilando dicho acto, a estos solos efectos, a la iniciación del procedimiento sancionador.

3.  El inicio de un procedimiento de descalificación con conocimiento del interesado, que en el curso de su tramitación se reconduzca a la verificación de posibles infracciones en materia cooperativa, con arreglo a lo establecido en el artículo 29 de este Reglamento, también interrumpirá la prescripción, siempre que los hechos constitutivos de las eventuales infracciones constituyeran la base del procedimiento de descalificación iniciado. El cómputo del plazo de prescripción se reanudará en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo.

4.  Las comunicaciones a que hace referencia el apartado 1 del artículo 4 de este Reglamento interrumpen, asimismo, la prescripción de la infracción hasta que se notifique a la Administración la firmeza de la Resolución judicial que se dicte o hasta que el Ministerio Fiscal comunique su decisión de no ejercitar la acción penal.

5.  Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año.

El plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la Resolución por la que se impone aquélla. Dicho plazo se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor de acuerdo con el artículo 169.2 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

También interrumpirá dicho plazo la suspensión de la eficacia del acto a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 4 del presente Reglamento.


Artículo 6.  Caducidad.— El procedimiento sancionador en materia de cooperativas, así como el de descalificación, no podrá exceder de seis meses, sin perjuicio de la interrupción de su cómputo por causa imputable al interesado o de la suspensión del procedimiento por causa de concurrencia de sanciones en el orden jurisdiccional penal y el administrativo, a que se refiere el artículo 4.1.

Transcurrido dicho plazo desde el acuerdo de inicio sin que recaiga y se notifique la Resolución, se producirá la caducidad del mismo. En este caso, la Resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


CAPÍTULO II

Inspección


Artículo 7.  La inspección cooperativa.— Corresponde a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico la función inspectora sobre las sociedades cooperativas andaluzas, en lo que respecta al cumplimiento de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y de sus normas de desarrollo y aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 163.1 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.


Artículo 8.  Atribución de funciones de control e inspección.— 1.  Se atribuyen las funciones de inspección y control de la legalidad cooperativa a que se refiere el artículo 163 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas al personal dependiente de la Dirección General de Economía Social adscrito al Servicio de Inspección y Control, con título de grado medio o superior, así como al personal dependiente de las correspondientes Delegaciones Provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico adscritos a los respectivos Servicios de Economía Social, que cuenten con la expresada titulación.

Dicho personal podrá ejercitar las mencionadas funciones de control e inspección con respecto a las sociedades cooperativas domiciliadas en la provincia de la Delegación correspondiente. El personal correspondiente de la Dirección General de Economía Social podrá ejercitar dichas funciones respecto de cualquier sociedad cooperativa andaluza, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 11.1 del presente Reglamento.

2.  Excepcionalmente, mediante Resolución de los titulares de los órganos citados en el apartado 1 de este artículo y en el ámbito de sus respectivas competencias también especificadas en dicho apartado, podrán atribuirse las referidas funciones a determinado personal dependiente de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico distinto del citado en el repetido apartado. En dicho supuesto, la Resolución expresará los motivos de la referida atribución y el plazo al que se extienda.


Artículo 9.  Carácter de la Inspección Cooperativa.— El personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que tenga asignadas las funciones de control e inspección en cuanto al cumplimiento de la legislación cooperativa tendrá, a todos los efectos, la consideración de agentes de la autoridad, y en el ejercicio de sus funciones estará facultado para entrar en los locales de las sociedades cooperativas, así como para requerir las actuaciones y examinar los documentos que considere precisos para el cumplimiento de su misión de conformidad con el artículo 163.2 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.


CAPÍTULO III

Actividad inspectora


Artículo 10.  Objeto de la actividad inspectora.— 1.  A los efectos del presente Reglamento se entiende por actividad inspectora el conjunto de actuaciones realizadas por el personal que tiene atribuida funciones de inspección y control, destinadas a comprobar la observancia de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas así como de sus normas de desarrollo y aplicación.

Dicha actividad se orientará, singularmente, a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de constituir una infracción a la normativa cooperativa, a identificar los presuntos sujetos responsables, así como a constatar cualquier otra circunstancia que concurra en aquéllos o en éstos que incida sobre una eventual responsabilidad, todo ello sin perjuicio del carácter preventivo que debe informar la citada actividad inspectora.


Artículo 11.  Formas de iniciación.— 1.  La actividad inspectora se iniciará siempre de oficio y por orden del órgano competente para iniciar el posible procedimiento sancionador, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 de este Reglamento, como consecuencia de la propia iniciativa de dicho órgano, de petición razonada de otro órgano o de denuncia.

No obstante, el Director General de Economía Social, cuando las especiales circunstancias concurrentes o exigencias del servicio así lo aconsejen, podrá ordenar dicha actividad inspectora, antes de que se lleve a efecto en los términos expresados en el párrafo anterior, comunicándolo inmediatamente a la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico correspondiente a la provincia donde radique el domicilio de la sociedad cooperativa que deba inspeccionarse, a fin de que dicha Delegación se abstenga de ordenar o realizar dicha actividad.

2.  Las denuncias deberán expresar, además de la identidad de las personas que las presenten y su firma, el relato de los hechos que puedan constituir la infracción así como la fecha y lugar de su acaecimiento, y cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

El denunciante no tendrá la condición de interesado en la fase de la actividad inspectora, sin perjuicio de que, en su caso, revista tal condición en los términos previstos por el artículo 31 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una vez se inicie el procedimiento sancionador.

No obstante, al denunciante se le comunicará si se tramita o no su denuncia, con sucinta motivación en este último caso.


Artículo 12.  Formas y extensión de la actuación de la inspección cooperativa.— 1.  La actividad inspectora podrá materializarse:

a)  Mediante visita a la sede social de la sociedad cooperativa o a cualquiera de sus centros de trabajo o lugares donde se realice la actividad cooperativizada.

b)  Mediante requerimiento a la entidad inspeccionada o a cualquiera de los miembros pertenecientes a sus órganos que pudieran resultar responsables, para que comparezcan ante el Centro Directivo del que dependa el inspector actuante o aporten documentos o informes necesarios para el esclarecimiento de los hechos inspeccionados.

c)  Mediante comprobación del expediente administrativo o la verificación de datos o antecedentes que obren en las Administraciones Públicas, de los que se infiera la existencia de los hechos constitutivos de la presunta infracción.

d)  A través de cualquier otro medio legalmente admitido en Derecho que se considere idóneo para la comprobación de los hechos constitutivos de la presunta infracción.

Los representantes legales de las sociedades cooperativas y el personal que se encuentre al frente de los locales y actividades de aquéllas en el momento de la inspección estarán obligados a facilitar a los inspectores el acceso a los locales, así como el examen de los libros, registros y documentos que se soliciten por los mismos.

2.  Tales actuaciones comprobatorias no se dilatarán por espacio de más de seis meses desde la orden de inicio de la actividad inspectora, salvo que la dilación sea por causa imputable al sujeto inspeccionado o personas dependientes del mismo; asimismo, no se podrán interrumpir por tiempo superior a tres meses, siempre y cuando la interrupción no sea causada por el sujeto inspeccionado o personas de él dependientes.


Artículo 13.  Resultado de la actividad inspectora.— 1.  El inspector actuante, una vez finalizada su actuación inspectora, valorados sus resultados, y constatada, en su caso, la existencia de hechos constitutivos de infracción, podrá extender acta de infracción por la comprobación de hechos tipificados en la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas o por obstrucción a su labor, o, asimismo, podrá limitarse a formular advertencias o recomendaciones encaminadas al efectivo cumplimiento de las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada en los términos regulados en el artículo 14.

2.  Si no se constatara por el Inspector actuante la existencia de hechos presuntamente constitutivos de infracción se emitirá informe suscinto al respecto.

3.  Tanto el acta de infracción extendida como el informe a que hacen referencia los apartados anteriores se remitirán al órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador en el plazo de cinco días desde su extensión o emisión. Cuando el inspector actuante dependa de un órgano distinto al competente para iniciar, en su caso, el procedimiento, le remitirá, asimismo, copia del acta extendida o del informe emitido en el expresado plazo.


Artículo 14.  Advertencia o recomendación.— 1.  El inspector actuante formulará advertencias o recomendaciones en lugar de extender actas de infracción cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, valorando especialmente que no medie denuncia por parte de sujetos perjudicados, la ausencia de reincidencia, así como la disponibilidad del sujeto infractor a restituir la legalidad conculcada.

2.  La advertencia o recomendación se comunicará por escrito al presunto sujeto infractor, indicándole los hechos vulneradores de la legalidad con base en los cuales se le advierte o recomienda, con indicación del plazo que tiene para su subsanación, bajo apercibimiento de que de no repararse dentro del mismo, se procederá a extender la correspondiente acta de infracción.

3.  En el plazo de cinco días, el inspector actuante comunicará al órgano del que dependa la advertencia o recomendación formulada. Cuando éste sea distinto a aquél al que correspondería iniciar el procedimiento sancionador, también se lo comunicará a este último en dicho plazo.


Artículo 15.  Acta de infracción.— 1.  El acta de infracción extendida por la Inspección Cooperativa tendrá el siguiente contenido mínimo:

a)  Identificación de la entidad o personas presuntamente responsables.

b)  Relación de los hechos que motivan su extensión.

c)  La infracción o infracciones presuntamente cometidas, con expresión de la letra y apartado del artículo 167 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas en que se hallen tipificadas.

d)  Sanción o sanciones que pudieran corresponder, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

e)  Consignación de la modalidad que ha adoptado la actividad inspectora a que se refiere el artículo 12 de este Reglamento.

f)  Identificación del inspector que extiende el acta de infracción y firma del mismo.

g)  Fecha del acta de infracción.

2.  Además del contenido mínimo enumerado en el apartado 1 del presente artículo se recogerán, asimismo, en el acta de infracción todas aquellas circunstancias que se consideren relevantes para la calificación y sanción de los hechos.

Asimismo, cuando el inspector actuante estimase que resulta conveniente la adopción de alguna de las medidas provisionales relacionadas en el artículo 20 de este Reglamento, propondrá su establecimiento al órgano competente para resolver.

3.  Las circunstancias expresadas en las letras b), c) y d) del apartado 1 de este artículo se entenderán sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.


Artículo 16.  Vinculación de la actividad inspectora respecto del procedimiento sancionador.— 1.  Una vez recibida el acta de infracción por el órgano competente para iniciar, en su caso, el procedimiento sancionador, éste acordará dicho inicio a menos que, a su juicio, los hechos relacionados en el acta no constituyan infracción alguna en materia cooperativa o no resulten imputables al sujeto también referido en la misma. En cualquiera de estos casos se acordará motivadamente el archivo de las actuaciones inspectoras, notificándose dicha circunstancia al interesado y sin perjuicio de la realización de una nueva inspección sobre sujetos o hechos distintos.

2.  Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador apreciara que el contenido del acta relacionado en los apartados c) y d) del artículo 15.1 de este Reglamento no se corresponde con la calificación de la infracción o la determinación de la sanción lo hará así constar en el acuerdo de inicio, sustituyéndolo por el que considere más ajustado a Derecho.

3.  Si el expresado órgano estimara que el acta no está completa, contiene algún defecto o su contenido precisa alguna aclaración, la devolverá al inspector actuante para que la corrija y la remita una vez completada o subsanada en el plazo de diez días.

4.  Una vez recibido el informe a que se refiere el apartado 2 del artículo 13 de este Reglamento por el órgano al que competería iniciar el procedimiento, éste archivará las actuaciones sin más trámite, poniéndolo en conocimiento del interesado y del denunciante, en su caso, con arreglo a lo dispuesto para este último en el artículo 11.2 de este Reglamento. Todo ello, sin perjuicio de la realización de una nueva inspección sobre sujetos o hechos distintos.


CAPÍTULO IV

Procedimiento sancionador


Artículo 17.  Órganos competentes.— 1.  Tendrán competencia para iniciar los procedimientos sancionadores por infracciones de naturaleza cooperativa los Delegados Provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico con respecto a las sociedades cooperativas andaluzas que tengan su domicilio social en la respectiva provincia, correspondiendo su tramitación a los Servicios de Economía Social de las Delegaciones de Empleo y Desarrollo Tecnológico respectivas.

2.  Tendrán competencia para resolver los mencionados procedimientos:

a)  Los Delegados Provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico respectivos cuando se trate de faltas leves.

b)  El Director General de Economía Social cuando se trate de infracciones graves o muy graves.

c)  Corresponde al Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico la sanción de Descalificación.

3.  Cuando de un mismo procedimiento pudiera derivarse la imposición de diversas sanciones de distinta gravedad, tendrá competencia para resolverlo el Director General de Economía Social.

4.  La competencia atribuida en este artículo con respecto a las sociedades cooperativas comprende, asimismo, a los miembros de sus órganos presuntamente responsables a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento.


Artículo 18.  Iniciación.— 1.  El acuerdo de inicio del procedimiento sancionador incorporará el acta de infracción extendida y contendrá, además, los siguientes extremos:

a)  El instructor del procedimiento con mención de su nombre y apellidos y con expresa indicación del régimen de recusación del mismo.

b)  El órgano competente para la resolución del procedimiento, así como la norma que le atribuya la competencia, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c)  Expresa indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad a los efectos previstos en el artículo 19 de este Reglamento.

d)  Expresión del plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la Resolución sin perjuicio de la interrupción de su cómputo por causa imputable al interesado, así como la expresa mención de que el transcurso de dicho plazo sin que recaiga y se notifique Resolución produce la caducidad del expediente, con arreglo a lo establecido en el artículo 6 de este Reglamento.

2.  Cuando se den las circunstancias previstas en apartado 2 del artículo 16 de este Reglamento se hará constar así en el acuerdo de inicio, sustituyendo los elementos del acta relacionados en los apartados c) y d) del artículo 15.1 por aquéllos que se consideren más ajustados a Derecho.

3.  El acuerdo de inicio con el acta de infracción incorporada conforme a lo establecido en el apartado primero de este precepto se comunicará al Instructor del expediente, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al interesado, entendiéndose en todo caso por tal al presunto sujeto responsable.

En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de inicio en el plazo previsto en el artículo 21 de este Reglamento, dicho acuerdo podrá ser considerado propuesta de Resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

4.  Asimismo, cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento estime conveniente la adopción de algunas de las medidas a las que se refiere el artículo 20 de este Reglamento, lo propondrá al órgano competente para su adopción al tiempo de dictar el acuerdo de inicio.


Artículo 19.  Reconocimiento de responsabilidad.— Iniciado un procedimiento sancionador, si el sujeto infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el expediente con la imposición de la sanción que corresponda.


Artículo 20.  Medidas de carácter provisional.— 1.  El órgano competente para resolver podrá adoptar, en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las siguientes medidas de carácter provisional:

a)  Designar una o más personas con la facultad de convocar la Asamblea General, establecer el orden del día de la misma y presidirla.

b)  Acordar el sometimiento de las cuentas de la cooperativa a informe de expertos independientes, designando a los que hayan de realizarlo.

c)  Suspender el abono de las subvenciones que la cooperativa tuviese concedidas o, en su caso, la tramitación de los expedientes de concesión de las mismas, cuando fuesen de su competencia. Asimismo, podrá poner en conocimiento de otros órganos de la Administración que tramiten subvenciones la iniciación del expediente sancionador, facultándose a los mismos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 166.2.c) de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas para que, en su caso, procedan a la expresada suspensión, debiendo poner dicha medida en conocimiento del órgano competente para resolver.

2.  Las referidas medidas se adoptarán siempre de oficio una vez iniciado el procedimiento sancionador, y tendrán un carácter excepcional.

3.  Los gastos que se generen como consecuencia de la convocatoria de la Asamblea General a que se refiere la letra a) del apartado anterior o la realización de la auditoría prevista en la letra b) del mismo apartado, correrán a cuenta de la sociedad, sin perjuicio de que, en su caso, puedan adelantarse por la Administración.


Artículo 21.  Alegaciones y actuaciones.— 1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados dispondrán de un plazo de quince días a contar desde el siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de inicio, para aducir cuantas alegaciones o aportar cuantos documentos u otros elementos de juicio estimen convenientes, así como, en su caso, proponer prueba concretando lo medios de que intenten valerse.

2.  Cursada la notificación a que se refiere el artículo 18.3 de este Reglamento, el Instructor del procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos o para la determinación de responsabilidades susceptibles de sanción.

3.  Si como consecuencia de la instrucción realizada resultasen modificados los hechos, su posible calificación, o las sanciones que pudieran corresponder tal como quedaron determinados en el acuerdo de inicio, todo ello se reflejará y notificará al interesado en la propuesta de Resolución.


Artículo 22.  Prueba.— 1.  Recibidas las alegaciones, documentos o informaciones a que se refiere el artículo anterior o transcurrido el plazo también señalado en dicho artículo, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.  De proponer prueba los interesados, ésta podrá inadmitirse mediante acuerdo motivado con fundamento en su improcedencia conforme a lo dispuesto en el artículo 137.4 de la expresada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.  La práctica de las pruebas estimadas pertinentes se realizará conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

4.  Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo o entidad pública, y sea admitida a trámite, se entenderá que tiene carácter preceptivo, y se podrá entender, motivadamente, que tiene carácter determinante para la Resolución del procedimiento con los efectos previstos en el artículo 83.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.  De conformidad con lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 163.2 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, los hechos constatados por los inspectores de cooperativas, siempre que se trate de funcionarios y se formalicen en actas de infracción observando los requisitos establecidos en el artículo 15 de este Reglamento, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los interesados.


Artículo 23.  Audiencia al interesado.— 1.  Concluida la instrucción a que hacen referencia los artículos precedentes, se formulará por el instructor propuesta de Resolución en la que se fijarán los extremos a que se refiere el apartado 3 del artículo 25 de este Reglamento a propósito de la Resolución y se notificará a los interesados indicándoles la puesta de manifiesto del expediente para que puedan instruirse del mismo y alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.

2.  Si antes del vencimiento del plazo, los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

3.  Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la Resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, a excepción del supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 18 de este Reglamento.

4.  La propuesta de Resolución se cursará al órgano competente para resolver el expediente inmediatamente después de concluido el trámite de audiencia, junto con toda la documentación obrante en el mismo.


Artículo 24.  Actuaciones complementarias.— 1.  El órgano competente para resolver podrá decidir mediante acuerdo motivado la realización de diligencias complementarias que considere necesarias para dictar la Resolución, que deberán practicarse en un plazo no superior a quince días.

2.  Si como consecuencia de la práctica de las expresadas diligencias debieran modificarse los hechos recogidos en la propuesta de Resolución o considerarse que la infracción reviste más gravedad que la expresada en aquélla, dichas circunstancias se notificarán al interesado para que aporte cuantas alegaciones o documentos estime convenientes en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.


Artículo 25.  Resolución.— 1.  El órgano competente para resolver dictará Resolución, que será motivada y decidirá todas las cuestiones suscitadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

2.  La Resolución no podrá contener hechos distintos a los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 24 del presente Reglamento.

3.  La Resolución deberá contener, además de los elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la identificación de las personas o entidades responsables, la relación de hechos que se consideren probados incluyendo la valoración de las pruebas practicadas, su calificación jurídica determinando la infracción o infracciones que constituyan y la sanción o sanciones que se imponen, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 167 y 168 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, o bien, la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

4.  La Resolución se notificará a los interesados. Si la actividad inspectora previa al procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de la iniciativa o la petición razonada de un órgano distinto al resolutorio se comunicará también al mismo.


Artículo 26.  Ejecutividad de la Resolución.— 1.  Las resoluciones dictadas en el ámbito de este Reglamento que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas. Las que no pongan fin a dicha vía no serán ejecutivas en tanto no haya recaído Resolución del recurso de alzada o transcurra el plazo para su interposición sin que se haya producido.

2.  La Resolución de un recurso interpuesto por el sancionado no podrá suponer la imposición de una sanción más grave que la recurrida.

3.  Las resoluciones dictadas en materia de infracción cooperativa podrán adoptar las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sean ejecutivas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 138.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con sujeción a las limitaciones previstas en el artículo 72 de la mencionada Ley.

4.  Una vez recaída Resolución sancionadora y que ésta sea firme, el órgano que hubiese adoptado la medida provisional a que se refiere la letra c) del artículo 20 de este Reglamento quedará facultado, en función de las circunstancias concurrentes y de la gravedad de los hechos imputados, para denegar la concesión de la subvención solicitada o solicitar el reintegro de la parte de la misma que se hubiere abonado. A este fin, el órgano competente para resolver deberá, en su caso, poner en conocimiento del órgano que suspendió el abono o tramitación de la subvención la Resolución sancionadora, una vez firme.

De no recaer Resolución en plazo o de no derivarse responsabilidad alguna de su contenido, se levantará la suspensión a que hace referencia la letra citada en el párrafo anterior, comunicándose también, en su caso, dicha circunstancia al órgano que suspendió el abono o la tramitación de la subvención, de acuerdo con el artículo 166.3 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.


CAPÍTULO V

Descalificación


Artículo 27.  Actividad inspectora.— 1.  La descalificación de una sociedad cooperativa se iniciará con arreglo a las normas del Capítulo III de este Reglamento, que se aplicarán conforme a la naturaleza de esta medida.

2.  Singularmente, en el acta que levante, en su caso, el inspector actuante, se hará constar, con carácter previo a cualquier otra circunstancia, la causa de la descalificación con referencia a las letras a), b) o c) del apartado 1 del artículo 170 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

En el supuesto contemplado en la letra a) que se menciona en el párrafo anterior, el contenido de las letras c) y d) del artículo 15 de este Reglamento se sustituirá por la expresión de las causas de disolución concurrentes.

En el supuesto contemplado en la letra c) del apartado 1 del artículo 170 de la Ley de Sociedades Cooperativas, el contenido de las letras b), c) y d) del artículo 15 de este Reglamento se sustituirá por la expresión de los hechos que representen la utilización de la fórmula cooperativa para encubrir finalidades ajenas a estas entidades.


Artículo 28.  Procedimiento de descalificación.— 1.  El procedimiento para descalificar una sociedad cooperativa se ajustará a las normas del procedimiento sancionador reguladas en el Capítulo IV de este Reglamento, tomando en consideración la peculiar naturaleza de esta medida.

Singularmente, el supuesto previsto en el artículo 19 de este Reglamento no será de aplicación cuando la descalificación tenga su causa en la letra a) del apartado 1 del artículo 170 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Asimismo, el trámite de audiencia a la sociedad se realizará con su Consejo Rector o, en su defecto, con un número de socios no inferior a tres, salvo en el caso de la cooperativa de segundo o ulterior grado o cooperativa de integración, en el que bastarán dos socios. Cuando tampoco fuese posible cumplimentar dicho trámite en los términos expuestos, se entenderá cubierto, publicando el correspondiente aviso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en un periódico de gran circulación en la localidad del domicilio social.

2.  Tendrán competencia para iniciar los expedientes de descalificación los Delegados Provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico con respecto a las sociedades cooperativas andaluzas que tengan su domicilio social en la respectiva provincia, correspondiendo su tramitación a los Servicios de Economía Social de las Delegaciones Provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico respectivas. Tendrá competencia para acordar la descalificación de una sociedad cooperativa el titular de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, previo informe del Consejo Andaluz de Cooperación. Cuando se trate de cooperativas de crédito, será preciso, además, informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.

3.  Los informes a que se refiere el apartado anterior se solicitarán por el órgano competente para resolver tras recibir la propuesta de Resolución junto con la documentación obrante en el expediente, pudiendo suspender el plazo para dictar y notificar la Resolución conforme a lo establecido en el artículo 42.5.c) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Consejería de Economía y Hacienda evacuará el referido informe en el plazo de un mes.

El Consejo Andaluz de Cooperación lo evacuará en el plazo que establezcan las normas reguladoras de la organización y funcionamiento de dicho Consejo, a las que se refiere la Disposición Final Tercera de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

4.  La Resolución administrativa de descalificación será revisable en vía judicial, y no será ejecutiva hasta que no adquiera firmeza, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 170.1.c) de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

5.  La descalificación surtirá efectos registrales de oficio, anotándose preventivamente. Una vez firme la Resolución que la declare, se inscribirá en el Registro de Cooperativas, con arreglo a lo establecido en el artículo 24.6 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas e implicará la disolución de la cooperativa transcurridos dos meses sin que ésta inicie los trámites para su transformación en otra entidad, o seis meses sin que efectivamente se hubiere transformado, a menos, en este último supuesto, que concurra una causa obstativa ajena a la cooperativa de acuerdo con el artículo 170.3 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.


Artículo 29.  Conservación de la actuación administrativa.— 1.  En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución y siempre que la tramitación realizada así lo demande, los actos y trámites realizados en el cauce de un procedimiento sancionador o en las actuaciones previas al mismo podrán servir de base a la descalificación de una sociedad cooperativa y viceversa.

2.  En estos supuestos, los actos y trámites que resten hasta la Resolución se realizarán conforme a las modalidades procedimentales preordenadas a la nueva finalidad, debiendo completarse, en su caso, aquellas diligencias ya verificadas que lo precisen.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS



Disposición transitoria primera.  Expedientes o actividad en tramitación.— 1.  Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento se tramitarán y resolverán con arreglo a la normativa hasta entonces en vigor.

2.  De haberse cursado alguna denuncia u orden de inspección a la Inspección de Trabajo sin que se llegara a tramitar a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, dicho organismo se abstendrá de realizarlo, comunicándolo inmediatamente al órgano que la cursara, con remisión de la denuncia, en su caso.

Idéntico proceder se seguirá cuando la denuncia se haya presentado directamente ante la Inspección de Trabajo, en cuyo caso este organismo lo comunicará a la Delegación Provincial correspondiente, con remisión de la denuncia, en su caso.

Recibida dicha comunicación, el órgano competente para iniciar la actividad inspectora la acordará inmediatamente con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III de este Reglamento.

De haberse iniciado la citada actividad inspectora por parte de la Inspección de Trabajo a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, la misma se concluirá por ese organismo, con arreglo a la normativa hasta entonces aplicable, lo cual determinará que el eventual procedimiento sancionador derivado de dicha actividad inspectora se verifique con arreglo a la mencionada normativa.


Disposición transitoria segunda.  Informe del Consejo Andaluz de Cooperación.— Hasta tanto entren en vigor las normas reguladoras de la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz de Cooperación a que hace referencia el apartado 3 del artículo 28 del presente Reglamento, el informe que ha de evacuar dicho órgano, previo a la descalificación de una sociedad cooperativa, se emitirá en el plazo de dos meses.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA



Disposición derogatoria única.  Derogación.— Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento y, en particular, el Decreto 506/1996, 3 de diciembre, por el que se atribuyen competencias en materia de sociedades cooperativas andaluzas.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.— Se faculta al titular de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para que dicte cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Reglamento.


Disposición final segunda.  Entrada en vigor.— El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.



Compartir por email
Imprimir
 
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación