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DECRETO 245/2000, DE 5 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN COOPERATIVOS (DOE DEL 12)



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DECRETO 245/2000, DE 5 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN COOPERATIVOS (DOE DEL 12)


 
Rectificado en el DOE del 26

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Por el Reglamento que ahora se aprueba se trata de establecer el cauce formal por el que debe discurrir la resolución de los conflictos cooperativos. Con él se persiguen dos finalidades básicas: Por una parte, ofrecer una alternativa ágil y rápida a las sociedades cooperativas extremeñas y a los cooperativistas para evitar el proceso judicial en la resolución de los conflictos que surjan y, por otra, asumir la financiación de este sistema de solución extrajudicial con presupuestos de la Consejería de Trabajo para la que a la agilidad y rapidez antes referida se una la gratuidad del sistema.

Sobre esta materia la Exposición de Motivos de Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura, resalta la innovadora distinción entre los conflictos individuales y colectivos que surjan en el seno de las relaciones cooperativas, remitiéndose al Reglamento de desarrollo para tratar de manera diferente la regulación de la legitimación de las partes según se trate de conflicto individual o colectivo; asimismo, hace especial mención a los distintos medios de acometer un eventual conflicto citando como tales la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estas intenciones del legislador extremeño se vierten en los artículos 166 a 168 de la citada Ley.

Por su parte el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Superior del Cooperativismo de Extremadura, aprobado por el Decreto 130/1998, de 17 de noviembre, transcribiendo el artículo 186.1.b) de la mencionada Ley 2/1998, establece como función del citado órgano colegiado la de intervenir, mediante las instituciones de la mediación, la conciliación y el arbitraje en los conflictos colectivos y en los conflictos individuales de naturaleza cooperativa. Asimismo, dispone que los conflictos deban recaer sobre materias de libre disposición por las partes y que la sumisión debe estar prevista en los estatutos sociales, reglamento interno o cláusula compromisoria.

Las normas jurídicas contenidas en el presente Decreto se han realizado teniendo en cuenta el citado Derecho autonómico y, obviamente, respetando la legislación del Estado en materia de arbitraje contenida en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre.

Por todo lo anterior, a propuesta de la Consejería de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del 5 de diciembre de 2000, dispongo:


Artículo único.—Se aprueba el Reglamento de arbitraje, conciliación y mediación cooperativos que se inserta a continuación del presente Decreto.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.—Se autoriza a la Consejera de Trabajo a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.


Disposición final segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.


REGLAMENTO DE ARBITRAJE, CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN COOPERATIVOS

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CAPÍTULO I

Disposiciones generales


Artículo 1.  Objeto.—El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los procedimientos de arbitraje, de conciliación y de mediación ante el Consejo Superior del Cooperativismo de Extremadura, para la resolución de los conflictos individuales y colectivos que surjan en el ámbito cooperativo.


Artículo 2.  Comisión de Conflictos Cooperativos.—1.  La intervención del Consejo Superior del Cooperativismo de Extremadura, mediante las instituciones de la mediación, la conciliación y el arbitraje en los conflictos colectivos y en los conflictos individuales a que se refieren los artículos 166 y 167 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura se ejercerá a través de una Comisión de Trabajo denominada Comisión de Conflictos Cooperativos.

2.  Esta Comisión estará compuesta por tres miembros designados por el Pleno del Consejo y nombrados por su Presidente por un período de cuatro años. La Comisión elegirá, de entre sus miembros, por unanimidad, un Presidente y un Secretario.

Sus acuerdos se adoptarán por mayoría. Producida alguna vacante será proveída su sustitución por el tiempo que restara de mandato por el Presidente del Consejo cuya decisión habrá de ser ratificada por el Pleno. Su régimen de funcionamiento será el previsto en la Ley para los órganos administrativos colegiados y sus miembros tendrán derecho a las indemnizaciones por razón del servicio previstas en la normativa autonómica.

3.  La Comisión de Conflictos Cooperativos prestará en todo momento su asesoramiento y su asistencia en la tramitación de los procedimientos de arbitraje, de conciliación y de mediación, con el objeto de procurar que los árbitros, los conciliadores y los mediadores cumplan adecuadamente su función.

Igualmente resolverá cualquier duda que se suscite en relación con la aplicación o interpretación del presente Reglamento, de oficio o cuando lo soliciten los árbitros, los conciliadores o los mediadores.


Artículo 3.  Ámbito.—1.  Podrán ser sometidos al arbitraje, a la conciliación o a la mediación administrados por la Comisión de Conflictos Cooperativos los que se originen:

a)  Entre sociedades cooperativas.

b)  Entre socios o asociados y la sociedad cooperativa a la que pertenezcan.

c)  Entre socios y/o asociados de la misma o de distinta sociedad.

d)  Entre uniones, federaciones y asociaciones de cooperativas, y entre éstas y los socios que las forman.

e)  Entre una sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado y los socios de las sociedades cooperativas de base, y entre las uniones, federaciones y asociaciones y los socios de las sociedades cooperativas miembros.

2.  Sólo podrán ser sometidas a la Comisión de Conflictos Cooperativos aquellas cuestiones litigiosas que versen sobre materias de libre disposición por las partes conforme a Derecho y que se deriven de la actividad cooperativa o asociativa.


Artículo 4.  Clases de conflictos.—1.  Se entiende por conflicto individual aquel en el que la solución del mismo sólo afecte a las partes en conflicto y por conflicto colectivo cuando la solución de éste tenga eficacia general. En este caso los afectados por la solución, a falta de cumplimiento voluntario por el obligado a ello, podrán alegarla aunque no hayan sido parte en el conflicto colectivo.

2.  Estarán legitimados para promover procedimientos de arbitraje, de conciliación o de mediación sobre conflictos colectivos la propia sociedad cooperativa afectada o un cinco por ciento de sus socios o asociados y la unión, federación o asociación afectada o un cinco por ciento de sus socios. Asimismo, estarán legitimados, en todo caso, las uniones, federaciones y asociaciones y las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado en relación con los miembros de las mismas.


Artículo 5.  Principios Generales.—1.  Los procedimientos regulados en este Reglamento se fundamentarán en los principios de audiencia, cotradicción, economía procesal, igualdad entre las partes y gratuidad.

2.  Todo aquello no previsto por las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, se regirá por las normas contenidas en el presente Reglamento y, en su defecto, por acuerdo de los árbitros, de los conciliadores o de los mediadores.


Artículo 6.  Lugar de celebración de los actos.—Las audiencias que hayan de celebrarse se desarrollarán en el lugar que las partes determinen de mutuo acuerdo, ofreciendo la Consejería de Trabajo instalaciones adecuadas a tal efecto. En caso de no existir acuerdo sobre el lugar de celebración los órganos encargados de dirigir los procedimientos decidirán el lugar donde haya de celebrarse la audiencia.


Artículo 7.  Notificaciones y comunicaciones.—1.  Las notificaciones de la Comisión de Conflictos Cooperativos o de los árbitros, conciliadores o mediadores y las comunicaciones entre las partes se efectuarán en el domicilio señalado por éstas, por cualquier medio que garantice la recepción auténtica y completa del contenido de la misma.

2.  Las comunicaciones entre las partes se realizarán a través de la Comisión de Conflictos Cooperativos o, una vez nombrados, de los árbitros, de los conciliadores o de los mediadores, no siendo válidas aquellas que se realicen sin la intervención de los mismos.


Artículo 8.  Cómputo de plazos.—El cómputo de los plazos establecidos en el presente Reglamento se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


CAPÍTULO II

De los árbitros, de los conciliadores y de los mediadores


Artículo 9.  Régimen jurídico de los árbitros.—A los árbitros les serán de aplicación las normas jurídicas contenidas en los artículos 12 a 20 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, con las especialidades previstas en los artículos siguientes.


Artículo 10.  Nombramiento.—Los árbitros serán nombrados por la Comisión de Conflictos Cooperativos. Si hay acuerdo entre las partes la Comisión nombrará a los propuestos por éstas. En caso contrario, serán designados por orden de reparto de entre una lista cerrada de árbitros que aprobará el Pleno del Consejo entre licenciados en Derecho, Graduados Sociales o Diplomados en Relaciones Laborales, Economistas, Ingenieros, titulados equivalentes o personas que, sin contar con las mencionadas titulaciones, tengan experiencia suficiente en la materia y reconocido prestigio en el sector. La condición de miembro de la Comisión de Conflictos Cooperativos no será obstáculo para el nombramiento como árbitro.


Artículo 11.  Acción directa.—La acción directa prevista en el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, se ejercerá contra la Junta de Extremadura.


Artículo 12.  Provisión de fondos.—La Comisión de Conflictos Cooperativos o los árbitros podrán requerir a la Consejería de Trabajo la provisión de fondos que estimen necesaria para atender a los gastos que puedan producirse en la administración del arbitraje.

No obstante lo anterior, antes de la realización de cualquier gasto se utilizarán los servicios de la Consejería de Trabajo y, en su caso, del resto de Consejerías. En este último caso la Comisión o los árbitros solicitarán el auxilio administrativo a través del vocal que represente a la Consejería en el Pleno del Consejo Superior o, en su defecto, a través del Director General de Trabajo.


Artículo 13.  Conciliadores y mediadores.—1.  A los conciliadores y a los mediadores se les aplicará el régimen jurídico previsto para los árbitros en los artículos anteriores con las especialidades previstas en los apartados siguientes.

2.  El número de conciliadores o de mediadores será uno, salvo que las partes durante la tramitación del procedimiento acuerden un número impar mayor.

3.  Si el conciliador o el mediador no aceptara la recusación y, no obstante, se lograra acuerdo o avenencia no se deparará por aquella circunstancia ningún perjuicio.


Artículo 14.  Honorarios.—Los honorarios de los árbitros, de los conciliadores y de los mediadores serán los que así se determinen por el Pleno del Consejo Superior, con cargo a las asignaciones presupuestarias de la Consejería de Trabajo.


CAPÍTULO III

Del arbitraje


Artículo 15.  Régimen jurídico.—El arbitraje administrado por la Comisión de Conflictos Cooperativos para ser válido deberá ajustarse a las prescripciones de la legislación del Estado sobre arbitraje, completada por el presente Reglamento en las materias previstas en la misma.


Artículo 16.  Sumisión al arbitraje.—1.  La sumisión al arbitraje de la Comisión de Conflictos Cooperativos se producirá siempre que exista convenio arbitral principal o accesorio y, en particular, en los siguientes supuestos:

a)  Cuando las partes estén obligadas a ello a tenor de los Estatutos Sociales o Reglamento de Régimen Interno de la entidad de que se trate.

b)  Cuando exista convenio arbitral entre las partes por el cual someten al arbitraje los conflictos que pudieran surgir entre los mismos, si cualquiera de ellas se dirige a la Comisión de Conflictos Cooperativos y solicita su intervención en los términos previstos en el presente Reglamento.

c)  Cuando surgidas discrepancias entre partes, exista acuerdo de todas ellas de someterse al arbitraje de la Comisión de Conflictos Cooperativos y, especialmente, cuando intentada la conciliación o la mediación ésta hubiese finalizado sin avenencia, y las partes decidan, de mutuo acuerdo, someter la cuestión al arbitraje de la Comisión.

2.  La sumisión al arbitraje de la Comisión de Conflictos Cooperativos implica que tanto la administración del arbitraje como el nombramiento de los árbitros corresponde a la misma en la forma prevista en el presente Reglamento.


Artículo 17.  Medidas cautelares.—En el convenio arbitral puede atribuirse a la Comisión de Conflictos Cooperativos o, cuando hayan sido nombrados, a los árbitros la facultad de adoptar las medidas cautelares que estime oportunas, siempre a solicitud de alguna de las partes.


Artículo 18.  Solicitud de arbitraje.—1.  La solicitud de arbitraje se llevará a cabo mediante un escrito dirigido a la Comisión de Conflictos Cooperativos que deberá contener, al menos, las siguientes menciones:

a)  Nombre y apellidos, si se trata de persona física, o denominación o razón social, si persona jurídica, y domicilio del demandante.

b)  Nombre y apellidos, si se trata de persona física, o denominación o razón social, si persona jurídica, y domicilio, a efectos del primer emplazamiento, del demandando.

c)  Referencia, en su caso, al convenio arbitral principal o accesorio, adjuntando copia del mismo.

d)  Una sucinta descripción de la relación jurídica de la que se derive la cuestión controvertida que se somete a arbitraje.

e)  Exposición de las pretensiones del demandante, indicando los hechos y los fundamentos de derecho en que base las mismas.

f)  Número de árbitros que se solicitan, pudiéndose indicar uno o varios, en todo caso impar, y el nombre, apellidos y domicilio de los propuestos.

2.  De la solicitud y de todos los documentos que la acompañen se adjuntarán tantas copias como partes demandadas.


Artículo 19.  Subsanación de la solicitud.—1.  Si el escrito de solicitud omitiera algunos de los requisitos enunciados en el artículo anterior, o si alguno de ellos fuese incompleto o confuso, la Comisión de Conflictos Cooperativos concederá un plazo de diez días para la subsanación de tales defectos.

2.  Si así no lo hiciere, y siempre y cuando tales omisiones imposibiliten la continuación del procedimiento, se le tendrá por desistido, previa resolución dictada al efecto por la Comisión.


Artículo 20.  Nombramiento del árbitro.—1.  De la solicitud se dará traslado a la parte demandada para que en el plazo de diez días indique su conformidad o no con el número y con la identidad de los árbitros propuestos por el demandante.

2.  La Comisión de Conflictos Cooperativos nombrará a los árbitros en el número y en las personas propuestas por las partes de común acuerdo. En defecto de éste serán nombrados tres y siguiendo el orden de reparto del artículo 10. Asimismo, y en su caso, designará los cargos del Colegio Arbitral.


Artículo 21.  Contestación del demandado.—Los árbitros se dirigirán al demandado, en el domicilio señalado por el demandante, entregándole copia de la solicitud de arbitraje y de sus documentos, para que, en un plazo máximo de diez días, formule contestación.

En este trámite el demandado podrá oponerse al arbitraje. Asimismo podrá indicar otro domicilio distinto.

De la contestación y de todos los documentos que la acompañen se adjuntarán tantas copias como demandantes. De las copias los árbitros darán inmediato traslado al demandante.


Art. 22.   Comparecencia facultativa.—Dentro de los tres días siguientes a su aceptación, los árbitros podrán convocar a las partes a una reunión para la concreción de la cuestión sometida a arbitraje.


Artículo 23.  Prueba.—1.  Por propia iniciativa o a instancia de parte los árbitros podrán abrir un período de pruebas.

2.  El período de proposición de pruebas será de diez días.

3.  Los árbitros podrán decidir sobre la realización o no de las pruebas propuestas, procediendo a la práctica de las que estimen pertinentes y admisibles en derecho en la forma que determinen. En toda práctica de prueba serán citadas y podrán intervenir las partes o sus representantes, y los árbitros podrán solicitar, para su práctica, el auxilio judicial.

4.  El período para practicar las pruebas será de diez días, pudiendo los árbitros, si lo estiman conveniente, prorrogarlo en el caso de que sea imposible practicarlas en dicho plazo. El nuevo plazo en ningún caso alterará el regulado en el artículo 30 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje.


Artículo 24.  Conclusiones.—Practicadas las pruebas, en su caso, los árbitros citarán a las partes para la celebración de una vista, que tendrá lugar en el plazo máximo de cinco días, en la que presentarán sus conclusiones.

Si se han practicado pruebas los árbitros trasladarán a las partes el resultado de las mismas al hacer la citación.


Artículo 25.  Diligencias finales.—Excepcionalmente, y una vez realizada la vista, los árbitros podrán ordenar la realización de aquellas pruebas que estimen necesarias, motivando las razones por las que deban practicarse.

En caso de llevarse a cabo las mismas, se concederá a las partes un nuevo plazo de diez días para presentar nuevas conclusiones.


Artículo 26.  Finalización del procedimiento.—1.  El procedimiento finalizará con la emisión del laudo que deberá dictarse en el plazo máximo de veinte días desde la presentación de las conclusiones y dentro del plazo señalado en el artículo 30 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje.

2.  Asimismo, el procedimiento podrá finalizar en cualquier momento anterior por desistimiento mutuo de las partes.


Artículo 27.  Costas.—Las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos debidamente justificados de los árbitros, los gastos que origine la protocolización notarial del laudo y su aclaración, los derivados de notificaciones y los que origine la práctica de las pruebas, correrán a cargo de la Consejería de Trabajo.


CAPÍTULO IV

De la conciliación


Artículo 28.  Contenido.—La conciliación consistirá en la intervención de la Comisión de Conflictos Cooperativos para la aproximación de las distintas posturas de las partes en conflicto emitiéndose una propuesta tendente a la resolución del mismo.


Artículo 29.  Demanda.—La conciliación se iniciará mediante una demanda escrita dirigida a la Comisión de Conflictos Cooperativos en la que, al menos, se hará constar:

a)  Nombre y apellidos, si se trata de persona física, o denominación o razón social, si persona jurídica, y domicilio del demandante.

b)  Nombre y apellidos, si se trata de persona física, o denominación o razón social, si persona jurídica, y domicilio, efectos del primer emplazamiento, del demandando.

c)  La pretensión que se deduzca.

d)  Los documentos que justifiquen la pretensión del demandante.

e)  La petición expresa de que el conciliador emita una propuesta de resolución del conflicto.


Artículo 30.  Subsanación.—Si la demanda de conciliación omite alguno de estos requisitos o si alguno de los mismos es incompleto o confuso se concederá un plazo de diez días para la subsanación de tales defectos.

Si así no se hiciere, y siempre y cuando tales omisiones imposibiliten la continuación del procedimiento, se tendrá por desistida a la parte interesada, previa resolución dictada al efecto por la Comisión de Conflictos Cooperativos.


Artículo 31.  Admisión a trámite.—1.  La Comisión de Conflictos Cooperativos admitirá a trámite la petición, si la cuestión se encuentra dentro del ámbito previsto en el artículo 3, y nombrará al conciliador en los términos regulados en el artículo 10. En caso contrario, se emitirá resolución denegatoria que será oportunamente notificada a la parte interesada.

2.  La designación se comunicará al conciliador para su aceptación. Si no aceptare ante la Comisión en el plazo de tres días contados desde el siguiente a la notificación, se entenderá que no acepta el nombramiento, designándose otro conciliador por el mismo procedimiento.


Artículo 32.  Contestación a la demanda.—1.  Si la demanda es admitida a trámite, el conciliador, una vez aceptada su designación, dará traslado de la misma a la parte demandada para que avenga a ella, o para que presente sus alegaciones en el plazo de diez días.

2.  En el supuesto de que la parte demandada se avenga a las pretensiones de la parte demandante el conciliador levantará un acta de avenencia.


Artículo 33.  Citación.—1.  Recibidas las alegaciones de la parte demandada, o transcurrido el plazo establecido sin que las haya emitido, se procederá a fijar el día y la hora para practicar el acto de conciliación, lo cual se notificará a las partes implicadas.

2.  Si a la vista de las alegaciones presentadas el conciliador estima que no es procedente la celebración del acto de conciliación acordará el sobreseimiento del asunto.


Artículo 34.  Acto de conciliación.—1.  El acto de conciliación no será público y solamente podrán concurrir personas no relacionadas con el procedimiento cuando todas las partes implicadas en el conflicto manifiesten su consentimiento y el conciliador lo crea oportuno.

2.  La incomparecencia de las partes supondrá el archivo definitivo del expediente, lo cual les será notificado. Sin embargo, la incomparecencia de una de las partes implicadas en el acto de conciliación supondrá la emisión de un acta de conciliación sin efecto, de la que se dará una copia certificada a la parte que comparezca y se notificará este hecho a la parte que no compareció.

3.  El acto lo dirigirá el conciliador que exhortará a las partes para que lleguen a un acuerdo, concreten los hechos, fijen aquellos en los cuales haya conformidad y puntualicen, aclaren o rectifiquen todo lo que sea necesario para delimitar los términos del debate; dará la palabra a ambas partes, empezando por el demandante, con el fin de que expongan sus alegaciones y otorgará el derecho de réplica si lo estima conveniente y dará por acabado el debate cuando lo considere oportuno.

4.  En el acto de conciliación el conciliador emitirá una propuesta tendente a la resolución del conflicto de que se trate, para que sea aceptada, rechazada o modificada por las partes.


Artículo 35.  Suspensión.—1.  Si en el transcurso del acto de conciliación alguna de las partes pidiese la suspensión del acto por falta de pruebas, o por otras causas relevantes, el conciliador accederá a la petición, si lo cree conveniente y si la otra parte no se opone.

2.  Igualmente podrá acordar la suspensión del acto de conciliación cuando lo considere conveniente, o cuando en el caso de incomparecencia de una parte no conste fehacientemente que ésta haya recibido la citación correspondiente.


Artículo 36.  Finalización del acto de conciliación.—1.  El acto de conciliación terminará con el levantamiento de un acta que deberá contener los siguientes requisitos:

a)  Los datos personales de las partes.

b)  Resumen de las peticiones formuladas por las partes y de sus alegaciones.

c)  La propuesta emitida por el conciliador, que podrá ser aceptada por las partes inmediatamente, o en el plazo de diez días desde su emisión, mediante escrito dirigido al conciliador. Si la propuesta no es admitida por las partes, se redactará un acta de conciliación sin avenencia.

d)  Firma de las partes.

2.  En cualquier fase del procedimiento, las partes podrán desistir del mismo y acordar someter la cuestión al arbitraje de la Comisión de Conflictos Cooperativos, en cuyo caso el procedimiento a seguir sería el establecido en el Capítulo III del presente Reglamento.


Artículo 37.  Efectos.—Aceptada la propuesta ésta tendrá la eficacia jurídica derivada de los contratos.


Artículo 38.  Conciliación irritual.—Cuando se solicitare la conciliación de la Comisión de Conflictos Cooperativos y se administrare la misma en forma distinta de la prevista en este Reglamento, el acuerdo adoptado será plenamente eficaz.


CAPÍTULO V

De la mediación


Artículo 39.  Contenido.—La mediación consistirá en la intervención de la Comisión de Conflictos Cooperativos para la aproximación de las distintas posturas de las partes en conflicto.


Artículo 40.  Régimen jurídico.—1.  La mediación se ajustará a las normas jurídicas previstas en los artículos 29 a 38 anteriores, con las especialidades previstas en los apartados siguientes.

2.  Las referencias realizadas a conciliación y conciliador se entenderán hechas a mediación y mediador, respectivamente.

3.  La demanda no contendrá lo previsto en la letra e) del art. 29.

4.  En el acto de mediación, el mediador aproximará las distintas posturas de las partes en conflicto para que lleguen a un acuerdo que resuelva el mismo.

5.  Si ambas partes lo deciden de mutuo acuerdo podrán solicitar del mediador la emisión de una propuesta tendente a la resolución del conflicto de que se trate, transformándose la mediación en conciliación.

La propuesta podrá ser emitida en el acto de mediación conciliación, o en un plazo máximo de diez días.

6.  En el acta se hará constar el acuerdo alcanzado por las partes, en su caso.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


Única.   Protocolo.—A los efectos del artículo 16 de este Reglamento el Consejo Superior del Cooperativismo de Extremadura elaborará un Protocolo, que contendrá un convenio arbitral, al que podrán adherirse las sociedades cooperativas y las asociaciones, uniones y federaciones de cooperativas.



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