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DECRETO 252/1996, DE 5 DE JULIO, DE CREACIÓN DE LAS COMISIONES DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, DE REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y DE LA SUBVENCIÓN PARA LAS ACTUACIONES PROFESIONALES DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES (DOGC DEL 10)




DECRETO 252/1996, DE 5 DE JULIO, DE CREACIÓN DE LAS COMISIONES DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, DE REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y DE LA SUBVENCIÓN PARA LAS ACTUACIONES PROFESIONALES DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES (DOGC DEL 10)


 

   El artículo 119 de la Constitución establece la gratuidad de la justicia cuando lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

  Asimismo, los artículos 20.2 y 440.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial recogieron este mandato constitucional y remitieron a la Ley Ordinaria en cuanto a la regulación del sistema de justicia gratuita.

  La Ley estatal 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, que desarrolla legalmente la previsión del artículo 119 de la Constitución, ha introducido profundos cambios en el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita para aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos.

  La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ha optado por la desjudicialización del procedimiento de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita al crear las Comisiones de asistencia jurídica gratuita como órganos administrativos a los que se encarga la decisión sobre el reconocimiento del derecho, con el trabajo previo de los colegios de abogados, en cuanto a la tramitación de las solicitudes. Esta opción de desjudicialización responde a la finalidad de aligerar el volumen de trabajo de los órganos judiciales liberándolos de una tarea que no es propiamente jurisdiccional.

  La disposición adicional primera de la citada Ley delimita el ámbito de intervención normativa de las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de las competencias en materia de provisión de medios para la Administración de Justicia.

  Este Decreto desarrolla la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de acuerdo con el ámbito normativo reconocido a la Generalidad de Cataluña en la mencionada disposición adicional primera de esta Ley. De conformidad con la traslación a sede administrativa del reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, operada por la Ley, el Decreto crea las Comisiones de asistencia jurídica gratuita e incide en determinados aspectos relativos a la estructura y composición. Si bien de acuerdo con las prescripciones de la Ley las citadas Comisiones son de ámbito provincial, se posibilita a la vez que se establezcan subcomisiones cuando las necesidades del servicio lo aconsejen.

  El Decreto también regula el procedimiento relativo a la solicitud de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita y determina los documentos que deben adjuntarse a la solicitud para acreditar la situación económica del interesado y de los integrantes de la unidad familiar. Asimismo, se regula el procedimiento de tramitación en lo que se refiere a las designaciones provisionales de abogado y procurador, con la previsión de que si el solicitante tiene la condición de demandado y dispone para comparecer ante un órgano judicial de un plazo perentorio, los colegios respectivos puedan efectuar la designación de manera inmediata, a fin de evitar la indefensión.

  El Decreto también incide en aspectos relativos a la prestación del servicio por parte de los colegios de abogados y procuradores, a los que se encarga la organización y la gestión colegial de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación. En este sentido y para garantizar la calidad de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas, se prevé la especialización de los abogados por órdenes jurisdiccionales cuando el censo de colegiados lo permita, y la posibilidad de que se establezcan requisitos de formación y especialización para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, así como la tramitación de quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones de los profesionales encargados de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita.

  El Decreto también regula aspectos relativos a la financiación del servicio, orientados a garantizar la correcta aplicación de los fondos públicos que se destinan a éste. Esta financiación se arbitra mediante el otorgamiento de una subvención por parte del Departamento de Justicia a los consejos de colegios de abogados y de procuradores de los tribunales de Cataluña, la cual se destina tanto a las compensaciones de los profesionales que hayan actuado como a la contribución al gasto derivado de la gestión colegial.

  Por todo ello, a propuesta de la consejera de Justicia, previa consulta a los consejos de colegios de abogados y de procuradores de los tribunales de Cataluña, de acuerdo con el dictamen de la Comisión jurídica asesora y de acuerdo con el Gobierno decreto:


CAPÍTULO I

Disposiciones generales


Artículo 1.  Objeto.—El presente Decreto tiene por objeto la creación de las Comisiones de asistencia jurídica gratuita en Cataluña, la regulación del procedimiento de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, y la regulación del procedimiento para otorgar la subvención que corresponde para compensar las actuaciones profesionales de los abogados y procuradores en favor de quienes tengan reconocido el derecho, de acuerdo con las disposiciones de las Ley Estatal 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.


CAPÍTULO II

Las Comisiones de asistencia jurídica gratuita


Artículo 2.  Comisiones.—Se crean las Comisiones de asistencia jurídica gratuita de Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida, con sede en estas poblaciones y con el ámbito que corresponde al territorio de las actuales provincias, como órganos competentes para efectuar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.


Artículo 3.  Composición.—1.  Las Comisiones de asistencia jurídica gratuita estarán integradas, cada una de ellas, por los miembros siguientes:

  a)  Un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial que corresponda, que las presidirá;

  b)  El decano del Colegio de Abogados del ámbito territorial correspondiente o, en caso de que haya más de un colegio de abogados en aquel ámbito, el decano designado de común acuerdo entre los decanos de los colegios respectivos, o el abogado que ellos designen;

  c)  El decano del Colegio de Procuradores del ámbito territorial correspondiente o, en caso de que haya más de un colegio de procuradores en aquel ámbito, el decano designado de común acuerdo entre los decanos de los colegios respectivos, o el procurador que ellos designen;

  d)  Dos funcionarios de la Administración de la Generalidad de Cataluña: uno de ellos pertenecerá a cuerpos o escalas del grupo A, será designado por el Departamento de Justicia y hará las funciones de secretario de la Comisión; el otro pertenecerá al cuerpo de abogados de la Generalidad y será designado por el Gabinete Jurídico Central.

  2.  Se deberá nombrar un suplente por cada uno de los miembros de las Comisiones de asistencia jurídica gratuita, que serán designados de la misma manera que los titulares.


Artículo 4.  Nombramiento de los miembros.—Los miembros de las Comisiones de asistencia jurídica gratuita serán designados de acuerdo con lo que dispone el artículo anterior y su nombramiento se publicará en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña mediante resolución de la consejera de Justicia.


Artículo 5.  Funcionamiento y adscripción.—1.  El funcionamiento de las Comisiones de asistencia jurídica gratuita se ajustará a la normativa sobre funcionamiento de los órganos colegiados aplicable en Cataluña.

  2.  Las Comisiones de asistencia jurídica gratuita estarán adscritas al Departamento de Justicia de la Generalidad, que les facilitará los recursos humanos y materiales, y los medios económicos que necesiten para su correcto funcionamiento, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.


Artículo 6.  Indemnización por asistencias.—La asistencia a las reuniones de las Comisiones de asistencia jurídica gratuita, debidamente justificada por el secretario, dará lugar a las indemnizaciones que se establezcan de acuerdo con el capítulo V del Decreto 337/1988, de 17 de octubre, de regulación y actualización de las indemnizaciones por razón de servicios a la Generalidad de Cataluña, modificado por el Decreto 201/1993.


Artículo 7.  Funciones.—Las funciones de las Comisiones de asistencia jurídica gratuita serán las siguientes:

  a)  Reconocer o denegar el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

  b)  Revocar el reconocimiento del derecho, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

  c)  Efectuar las comprobaciones y revisar la información de las solicitudes recibidas.

  d)  Requerir de cualquier tipo de Administración y, en especial, de la Administración tributaria correspondiente, la confirmación de la exactitud de los datos de carácter tributario que consten en la documentación presentada en la solicitud.

  e)  Recibir y trasladar al órgano judicial correspondiente los escritos de impugnación de las resoluciones definitivas adoptadas por la Comisión.

  f )  Cualquiera otra que les atribuya la legislación sobre asistencia jurídica gratuita.


CAPÍTULO III

Procedimiento de reconocimiento del derecho


Artículo 8.  Solicitud.—1.  El reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita se solicitará por parte de las personas físicas de acuerdo con el modelo normalizado que figura como anexo de este Decreto.

  2.  A esta solicitud deberá adjuntarse la documentación siguiente:

  2.1  Obligatoria.

  a)  Declaración o declaraciones sobre el impuesto de la renta de las personas físicas que correspondan a la unidad familiar del período impositivo que, una vez vencido el plazo de presentación, sea inmediatamente anterior al momento en que se solicita el reconocimiento al derecho.

  b)  En caso de que no esté obligado a hacer la declaración sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, el solicitante acreditará sus ingresos presentando un certificado del centro o centros de trabajo sobre la totalidad de los ingresos percibidos por todos los conceptos, certificado de las altas y bajas de la Seguridad Social, y declaración responsable de los ingresos percibidos. En el caso de trabajadores autónomos, se presentará el certificado de las bases de cotización a la Seguridad Social. En el caso de pensionistas, se presentará el certificado de la pensión. En el caso de perceptores de prestaciones de desempleo, certificado del INEM del período de desempleo y de la percepción de ayudas.

  c)  Declaración o declaraciones sobre el impuesto del patrimonio que correspondan a la unidad familiar del período impositivo que una vez vencido el plazo de presentación sea inmediatamente anterior al momento en que se solicita el reconocimiento del derecho.

  2.2  Complementaria.

  a)  Fotocopia del libro de familia.

  b)  Fotocopia del contrato de alquiler de la vivienda o del recibo mensual.

  c)  Fotocopia de títulos de bienes inmuebles.

  d)  Certificados de valores.

  e)  Certificados de percepción de otras ayudas de carácter social de la Administración (becas, ...)

  f )  Cualquier otro tipo de documentación de trascendencia económica.

  3.  Cuando el solicitante sea una persona jurídica de las que establece la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, tendrá que presentar una solicitud en que consten los datos siguientes: nombre, domicilio social, N.I.F. representante, domicilio del representante, pretensión a defender judicialmente, órgano judicial y datos del contrario o contrarios. A esta solicitud deberá adjuntarse una copia de la declaración sobre el impuesto de sociedades que corresponda al período impositivo inmediatamente anterior al momento en que se solicita el reconocimiento del derecho.


Artículo 9.  Entrega de impresos.—Los impresos de solicitud se entregarán en las dependencias judiciales, en los servicios de orientación jurídica o en otras dependencias habilitadas por los colegios de abogados, en los colegios de procuradores de los tribunales, y en las diferentes dependencias del Departamento de Justicia.


Artículo 10.  Presentación de solicitudes.—Las solicitudes se presentarán, debidamente cumplimentadas y con la documentación acreditativa correspondiente, en las dependencias habilitadas por el colegio de abogados correspondiente al partido judicial del órgano que tenga que conocer del proceso principal, o ante el juzgado del domicilio del solicitante. En este último caso, el órgano judicial remitirá la solicitud a la mayor brevedad al colegio de abogados territorialmente competente.


Artículo 11.  Corrección de deficiencias.—Si el colegio de abogados constata que existen deficiencias en la solicitud o que la documentación presentada resulta insuficiente, lo comunicará a la persona interesada y fijará con precisión los defectos o carencias que se perciban y sus consecuencias, y le requerirá para que las corrija o adjunte la documentación pertinente en el plazo de diez días. Si transcurrido este plazo no se han hecho las correcciones necesarias o no se ha aportado la documentación requerida, el colegio de abogados archivará la solicitud y lo notificará a la Comisión de asistencia jurídica gratuita correspondiente.


Artículo 12.  Designaciones provisionales y traslados.—1.  Si de la solicitud y los documentos justificativos resulta acreditado que la persona interesada se encuentra incluida en el ámbito definido en el artículo 2. de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, el colegio de abogados, una vez corregidos los defectos, procederá, en el plazo máximo de quince días contados a partir de la recepción de la solicitud por el citado colegio o de la subsanación de los defectos, a la designación provisional de abogado, y lo comunicará inmediatamente, en el caso de ser preceptiva la intervención de procurador, al colegio de procuradores, para que en el plazo máximo de tres días se designe un procurador que asuma la representación. Del expediente correspondiente y de las designaciones provisionales efectuadas se dará traslado en el plazo de tres días a la Comisión de asistencia jurídica gratuita a fin de que las verifique y dicte resolución.

  2.  En caso de que el colegio de abogados considere que la persona interesada no cumple las citadas condiciones, o que la pretensión principal contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, notificará en el plazo de cinco días al solicitante que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado, y al mismo tiempo trasladará la solicitud a la Comisión de asistencia jurídica gratuita.

  3.  En caso de que el colegio de abogados no dicte ninguna resolución en el plazo de quince días, la persona interesada podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de asistencia jurídica gratuita, que reclamará el expediente al colegio de abogados y al mismo tiempo ordenará la designación provisional de abogado y procurador, en caso de que la intervención de éste fuera preceptiva, y posteriormente continuará el procedimiento fijado en el artículo 17 de la Ley Estatal 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

  4.  En caso de que el solicitante tenga la condición de demandado y el plazo de que disponga para comparecer sea perentorio, el colegio de abogados procederá a la designación inmediata de abogado y lo comunicará al colegio de procuradores para que designe también inmediatamente procurador, si su intervención es preceptiva, y posteriormente se tramitará el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita. Al hacer esta designación provisional los colegios de abogados y de procuradores advertirán claramente al interesado que, en caso de que no presente la documentación necesaria para el reconocimiento del derecho, o que ésta no acredite insuficiencia de recursos, serán a su cargo los honorarios causados en su defensa y representación.


Artículo 13.  Excepciones a la presentación de documentación.—En los procedimientos penales y en los procedimientos administrativos de expulsión de extranjeros, cuando el colegio de abogados aprecie la imposibilidad de acreditar la documentación a que se refiere el artículo 8 de este Decreto, remitirá el expediente que se haya iniciado, junto con todos los datos que haya podido aportar la persona interesada y la acreditación de las gestiones realizadas por el colegio y por el abogado designado, a la Comisión de asistencia jurídica gratuita para que continúe la tramitación.


CAPÍTULO IV

Organización de los servicios de justicia gratuita


Artículo 14.  Gestión colegial.—1.  Las juntas de gobierno de los colegios de abogados regularán y organizarán los servicios de asistencia letrada al detenido o preso y de defensa gratuita de acuerdo con los principios de eficiencia, de máxima dedicación profesional de sus integrantes, de distribución objetiva y equitativa de los diferentes turnos y, cuando el censo de abogados lo permita, de especialización por órdenes jurisdiccionales.

  2.  Los colegios de procuradores organizarán los servicios de representación gratuita de acuerdo con los principios anteriores.


Artículo 15.  Normas generales.—1.  El acceso de los abogados a los servicios de defensa gratuita y de asistencia letrada al detenido o preso será regulado por el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña con carácter general para todos los colegios de abogados. Estas normas, que podrán exigir una experiencia profesional previa para acceder a esos servicios y que, en todo caso, deberán ajustarse a los requisitos de formación y especialización que hayan podido establecer el Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia de acuerdo con lo que establece el artículo 25 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, deberán ser comunicadas al Departamento de Justicia.

  2.  El Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña podrá dictar normas de acceso al servicio de representación gratuita de acuerdo con las disposiciones del apartado anterior.


Artículo 16.  Actuación del abogado y procurador designados.—1.  La designación de un abogado para quien tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita comportará al abogado, excepto en las causas expresamente previstas en la Ley, la obligación de desarrollar las actuaciones encomendadas hasta la finalización del procedimiento en la instancia de que se trate y, si procede, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjesen sin interrupción dentro de los dos años siguientes a la resolución dictada en la instancia.

  2.  En los procedimientos penales que se inicien a raíz de una detención policial previa, la obligación establecida en el párrafo anterior se producirá, en todo caso, cuando se haga la primera asistencia o actuación ante el órgano judicial.

  3.  La designación de un procurador de los tribunales para quien tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita comportará las mismas obligaciones establecidas en el primer párrafo para la designación de abogado.


Artículo 17.  Servicio de Orientación Jurídica.—1.  Los colegios de abogados dispondrán de servicios de asesoramiento y orientación jurídica a los ciudadanos. Estos servicios darán también el asesoramiento y orientación previos al proceso a quien pretenda reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tenga por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

  2.  La consulta a estos servicios será gratuita, en todo caso, para los solicitantes de justicia gratuita.


Artículo 18.  Información a los solicitantes.—Los colegios de abogados informarán a los solicitantes del reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita sobre los requisitos necesarios para obtenerlo, y les ayudarán en la redacción de los impresos o formularios normalizados que se hayan establecido.


Artículo 19.  Asistencia letrada.—1.  Todos los colegios de abogados, excepto aquellos cuya reducida dimensión de la actividad aconseje que sean dispensados motivadamente por el Departamento de Justicia, deberán constituir un turno de guardia para la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido.

  2.  Los colegios de abogados tendrán que comunicar, por medio del Consejo de Colegios de abogados de Cataluña, al Departamento de Justicia, en los meses de noviembre y mayo de cada año, el modo como organizarán para el semestre siguiente los citados turnos, con indicación del número de abogados que intervendrán en cada uno. El número de letrados de cada turno se fijará de acuerdo con el número de asistencias previsibles determinado sobre el promedio de tres asistencias diarias por abogado, y teniendo en cuenta el ámbito judicial de cada colegio, con la aceptación del Departamento de Justicia.


Artículo 20.  Renuncia a los honorarios.—Siempre que se solicite y obtenga el reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente, la defensa y la representación tendrán que asignarse necesariamente a un abogado y a un procurador del turno de oficio; no será admisible la pretensión de litigar por medio de un abogado libremente elegido y de un procurador de oficio, o viceversa, excepto si los profesionales de libre elección renuncian por escrito, ante el cliente y el colegio donde estén inscritos, a percibir sus honorarios o derechos.


Artículo 21.  Formación.—El Departamento de Justicia, con informe previo de los consejos de colegios de abogados y de procuradores de los tribunales de Cataluña, podrá complementar los requisitos generales mínimos de formación y especialización para la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita que haya podido establecer el Ministerio de Justicia.


Artículo 22.  Tramitación de quejas.—1.  Las Comisiones de asistencia jurídica gratuita remitirán a los Consejos de Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales de Cataluña las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones de los profesionales encargados de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de aquellas otras actuaciones judiciales que sean procedentes.

  2.  Los consejos de colegios, o los colegios, estarán obligados a comunicar a las Comisiones las resoluciones y medidas adoptadas como consecuencia de los expedientes disciplinarios que hayan sido incoados. Las Comisiones podrán presentar recurso administrativo o contencioso-administrativo contra estas resoluciones.

  3.  Este mismo procedimiento se aplicará a las quejas o denuncias recibidas en el Departamento de Justicia y que afecten a la aplicación de la subvención o al cobro de honorarios por los abogados de litigantes que tengan el derecho de asistencia jurídica gratuita.


CAPÍTULO V

Subvención


Artículo 23.  Objeto de la subvención.—1.  El Departamento de Justicia subvenciona, a través de los consejos de colegios de abogados y de procuradores de los tribunales de Cataluña, las actuaciones profesionales correspondientes a la asistencia letrada al detenido o preso y a la defensa y representación gratuitas.

  2.  Esta subvención comprenderá tanto las compensaciones de los profesionales que hayan actuado como la contribución al gasto derivado de la gestión colegial de los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación jurídica gratuitas.


Artículo 24.  Compensación de la asistencia letrada.—1.  Los abogados podrán recibir una compensación por la asistencia letrada al detenido, preso o imputado cuando se dé preceptivamente a quien no hubiera designado abogado para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso, para su primera declaración ante un órgano judicial, o cuando ésta se haga por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no haya designado letrado en el lugar donde se preste. Posteriormente deberá tramitarse el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.

  2.  El pago de las compensaciones a los abogados por la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido o preso se llevará a cabo de la manera siguiente:

  a)  Cuando el colegio de abogados tenga establecido un turno de guardia, se pagará una sola compensación por cada turno de guardia. Si el número de asistencias realizadas a personas diferentes es superior a cinco dentro de una misma guardia, el abogado percibirá una compensación equivalente al doble del módulo establecido, sea cual sea el número de asistencias llevadas a cabo.

  b)  En el caso de colegios de abogados que tengan la dispensa del turno de guardia, la compensación se pagará por cada asistencia hecha. El importe total de las compensaciones a percibir por las asistencias de un solo día por abogado no podrá superar el importe del doble del módulo fijado para el turno de guardia, sea cual sea el número de asistencias llevadas a cabo.

  c)  En el caso de la primera asistencia ante el órgano judicial que se haga después del día del turno de guardia, la compensación será la equivalente al módulo de asistencia al detenido.


Artículo 25.  Compensación, defensa y representación.—1.  Los abogados y procuradores percibirán la compensación correspondiente a cada actuación hecha en el turno de oficio una vez se haya acreditado el inicio de la actividad profesional y el cumplimiento de los trámites procesales que para cada tipo de procedimiento se indican a continuación:

  a)  En los procesos civiles, incluidos los de familia, la presentación de la copia de la provisión de admisión de demanda o aquella en que se tenga por formulada la contestación, o la copia del primer escrito debidamente sellado por el juzgado o tribunal.

  b)  En apelaciones civiles, la presentación de la copia de la provisión en que se admita a trámite el recurso o, si procede, la comparecencia en alzada, o la copia del primer escrito debidamente sellado por el juzgado o tribunal.

  c)  En procedimientos penales, la presentación de la copia de la diligencia o solicitud de la actuación procesal en que intervenga el abogado o procurador, o de la apertura del juicio oral, y la providencia o auto de señalamiento de la vista oral.

  d)  En apelaciones penales, la presentación de la copia de la resolución judicial en que se tenga por formalizado o impugnado el recurso o el señalamiento para la vista.

  e)  En los otros procedimientos, la presentación de la copia de la diligencia judicial acreditativa de la intervención del abogado o procurador.

  f )  En los recursos de casación formalizados, la presentación de la copia de la provisión en la que se tenga por formalizado el recurso.

  g)  En los recursos de casación no formalizados, la presentación de la copia del informe dirigido al colegio, en que se fundamente la inviabilidad del recurso.

  h)  En transacciones extrajudiciales e informes de insostenibilidad de la pretensión, la presentación del documento transaccional o el informe.

  2.  Los abogados y procuradores tendrán que presentar a su colegio profesional la documentación establecida en el apartado anterior dentro del mes siguiente a la realización de la actuación profesional, a los efectos de su pago.

  3.  Los abogados y procuradores tendrán que comunicar a su colegio profesional la finalización del asunto para el cual han sido designados y especificarán los pronunciamientos en costas que se hayan producido y las posibles indemnizaciones o beneficios obtenidos por el cliente que tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.


Artículo 26.  Módulos de compensación.—De acuerdo con el importe global de las dotaciones presupuestarias y teniendo en cuenta la tipología de procedimientos en los cuales intervienen los profesionales designados de oficio, el Departamento de Justicia establecerá, con un informe previo del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña y del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, los módulos de compensación con cargo a fondos públicos por la prestación de los servicios de asistencia letrada al detenido y de defensa y representación gratuitas.


Artículo 27.  Registro de solicitudes.—Los colegios de abogados y los de procuradores registrarán todas las solicitudes de designación que se les hagan con las especificaciones necesarias para que en cada caso quede constancia del peticionario, la causa o actuación a que se refiere la solicitud, el órgano judicial o unidad donde se ha hecho o se hará la actuación, las fechas de solicitud y designación, la identificación de los profesionales designados y las circunstancias correspondientes a la designación, especialmente las referentes a las renuncias o aquellas que justifiquen la no prestación del servicio.


Artículo 28.  Entrega de la subvención.—1.  El Departamento de Justicia entregará trimestralmente al Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña y al Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña la subvención por las actuaciones profesionales que se establecen en este Decreto. En caso de que los importes entregados como anticipo por un trimestre no sean suficientes, se tramitará la entrega de la regularización de los importes correspondientes.

  2.  Tanto los consejos como los colegios tendrán que ingresar en una cuenta separada, con los títulos de «Consejo de colegios de...» o «Colegio de... (localidad)» y «Aportación de la Generalidad de Cataluña para compensar los servicios de asistencia jurídica gratuita», las cantidades entregadas para atender las finalidades a que se refiere este Decreto.

  3.  Los intereses que generen las citadas cuentas se aplicarán también al pago de las compensaciones por los servicios subvencionados.


Artículo 29.  Distribución de la subvención.—1.  El Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña y el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña distribuirán entre los respectivos colegios la parte de la subvención global correspondiente a cada colegio, de acuerdo con el número de actuaciones profesionales llevadas a cabo y acreditadas efectivamente durante el trimestre correspondiente al de cada entrega.

  2.  Los consejos de colegios y los colegios, como entidades colaboradoras en la distribución de la subvención, estarán sujetos a las obligaciones que para estas entidades establece la normativa de la Generalidad de Cataluña en materia de subvenciones.


Artículo 30.  Compensación gastos de gestión.—1.  El Departamento de Justicia determinará del total de la subvención un importe para atender las tareas administrativas de apoyo a la gestión colegial de los servicios de asistencia jurídica gratuita. Cada colegio de abogados y de procuradores deberá justificar documentalmente los gastos realmente producidos. En caso de que el importe entregado por este concepto sea insuficiente, el Departamento de Justicia podrá entregar una subvención adicional, hasta un máximo del 8 por ciento del importe devengado por las asistencias y los asuntos de turno de oficio de la anualidad.

  2.  El Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña y el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña distribuirán los fondos citados entre los respectivos colegios.

  3.  Con cargo a la cantidad destinada a los servicios de apoyo de la gestión colegial, los colegios de abogados mantendrán los servicios necesarios para dar cumplimiento a lo que se dispone en el artículo 18.


Artículo 31.  Presentación de la justificación.—El Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña y el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña justificarán ante el Departamento de Justicia la aplicación de la subvención recibida durante el trimestre inmediatamente anterior. Si incumplieran esta obligación, se suspenderán las entregas sucesivas hasta que se dé cuenta de la aplicación. En el supuesto de que la cuenta rendida fuese incompleta por retraso u omisión de algún colegio, se detraerá de las entregas sucesivas una cantidad igual a la última distribuida por el consejo respectivo al citado colegio.


Artículo 32.  Contenido de la justificación.—1.a)  El Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña deberá presentar trimestralmente al Departamento de Justicia, a efectos de justificar los fondos recibidos, un certificado en el que consten los datos siguientes:

  Número total de turnos de guardia o asistencias letradas llevadas a cabo.

  Número total de asuntos de defensa gratuita desglosados por tipo de procedimiento.

  Importes globales destinados a cada uno de los conceptos anteriores.

  Importe total recibido como subvención.

  Importe de los intereses generados y su aplicación.

  Cantidades totales devueltas por los letrados en caso de percepción indebida de compensaciones.

  1.b)  El Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña indicará en el mismo certificado, desglosado por colegios de abogados, los datos que figuran en el apartado anterior.

  2.  Cada colegio de abogados deberá justificar trimestralmente, por medio del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, la subvención recibida mediante los documentos siguientes:

  a)  Un certificado en el que conste:

  El importe total recibido del Consejo de Colegios.

  Número de turnos de guardia o, si procede, de asistencias letradas al detenido efectuadas.

  Número total de asuntos de defensa gratuita desglosados por tipo de procedimiento.

  Importes destinados a cada uno de los dos conceptos anteriores.

  Cantidades totales devueltas por los letrados en caso de percepción indebida de compensaciones.

  b)  Relación detallada de los turnos de guardia o, si procede, de las asistencias letradas al detenido efectuadas con indicación de los datos siguientes: día de la actuación, número de atestado o telefonema, centro de detención, nombre de los detenidos, tipo de delito, importe bruto, retención del I.R.P.F. e importe neto liquidado al letrado.

  c)  Relación detallada de los asuntos de defensa gratuita asumidos por cada letrado, con indicación del número de expediente dado por la Comisión de asistencia jurídica gratuita, nombre del beneficiario, tipo y número de procedimiento, órgano judicial, importe bruto pagado, retención del I.R.P.F. e importe neto liquidado al letrado.

  d)  Relación por letrados de las cantidades devueltas en caso de percepciones indebidas de compensaciones, con indicación de los datos siguientes: número de expediente dado por la Comisión de asistencia jurídica gratuita, nombre del beneficiario, tipo y número de procedimiento, órgano judicial, importe devuelto, semestre en que se liquidó la compensación y motivo de la devolución.

  e)  Copia del documento de ingreso a Hacienda de las retenciones de I.R.P.F. aplicadas.

  3.  El Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña y los colegios de procuradores deberán presentar trimestralmente la justificación de las actuaciones profesionales de representación gratuita en los términos de los anteriores apartados 1 y 2 que les sean aplicables.

  4.  Los colegios de abogados y de procuradores deberán custodiar toda la documentación referente a las designaciones y los pagos efectuados. El Departamento de Justicia podrá, en cualquier momento, solicitar de los colegios que aporten cualquiera de estos documentos.

  5.  Los gastos de gestión colegial previstos en el artículo 30 se justificarán detallada y documentalmente.


Artículo 33.  Memoria anual.—El Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña y el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña remitirán al Departamento de Justicia una memoria anual sobre el funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita.


Artículo 34.  Comisión de seguimiento.—1.  Una Comisión mixta formada por representantes del Departamento de Justicia y de los Colegios de Abogados y Procuradores, designados por los consejos de colegios respectivos, hará el seguimiento de la efectividad y cumplimiento de lo que se dispone en este Decreto, y podrá recabar los datos e informes que considere convenientes de cualquiera de los colegios de abogados y de procuradores de Cataluña.

  2.  Esta Comisión será la creada mediante la orden de la consejera de Justicia de 6 de mayo de 1996, de creación de la Comisión mixta de seguimiento de las subvenciones a las actuaciones profesionales correspondientes del turno de oficio y a la asistencia letrada al detenido (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña núm. 2206) y las referencias de la citada Orden al Decreto 233/1995, de 25 de julio, sobre medidas para instrumentar la subvención para las actuaciones profesionales correspondientes al turno de oficio y a la asistencia letrada al detenido, se entenderá que se refieren al presente Decreto.


DISPOSICIÓN ADICIONAL



Disposición adicional única.—Cuando el volumen de asuntos u otras circunstancias justificadas lo aconsejen, por orden de la consejera de Justicia de la Generalidad de Cataluña se podrán crear subcomisiones de asistencia jurídica gratuita, las cuales tendrán las mismas funciones que este Decreto otorga a las Comisiones y la composición que establece el artículo 3 para éstas. El ámbito territorial de actuación de cada una se establecerá en la orden de creación.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS



Disposición transitoria primera.—  Los turnos de guardia para la asistencia letrada al detenido o preso establecidos en el momento de la publicación de este Decreto continuarán vigentes hasta la finalización del semestre natural.


Disposición transitoria segunda.—  Mientras no haya funcionarios del cuerpo de abogados de la Generalidad, formarán parte de las Comisiones dos funcionarios que pertenezcan a cuerpos o escalas del grupo A.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA



Disposición derogatoria única.—Queda derogado el Decreto 233/1995, de 25 de julio, sobre medidas para instrumentar la subvención para las actuaciones profesionales correspondientes al turno de oficio y a la asistencia letrada al detenido, y las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente Decreto.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.—  Se faculta a la consejera de Justicia para que dicte las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de este Decreto.


Disposición final segunda.—  Este Decreto entrará en vigor el mismo día que entre en vigor la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.


ANEXO

Solicitud de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita

  Núm. expediente:

  Con la finalidad de acreditar la concurrencia de los requisitos legales para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, declaro, bajo juramento o promesa, que los datos que especifico a continuación son ciertos, completos, sin ninguna omisión, que pretendo sólo litigar por derechos propios y que conozco las responsabilidades y los gastos en los que incurro en caso contrario.

  1.  Datos personales.

  A)  Declarante.

  Nombre, primer apellido, segundo apellido, N.l.F., domicilio, núm., código postal, municipio, provincia, teléfono avisos, fecha nacimiento, estado civil (1), régimen conyugal, profesión.

  B)  Cónyuge (1).

  Nombre, primer apellido, segundo apellido, N.I.F., domicilio (2), núm., código postal, municipio, provincia, teléfono avisos, fecha nacimiento, profesión.

  C)  Familiares que conviven con el declarante.

  Número de hijos, otros, nombre, primer apellido, segundo apellido, parentesco.

  2.  Datos económicos de la unidad familiar.

  A)  Ingresos anuales: perceptor, importe bruto, concepto (3).

  B)  Propiedades bienes inmuebles: titular, valoración (4), cargas (5), tipo (6).

  C)  Propiedades bienes muebles: titular valoración (7), tipo (8).

  D)  Otros bienes: titular, valoración, cargas, descripción.

  3.  Otros datos de interés (9).

  Menos 1SMI..; entre 1SMI y 2SMl...; entre 2SMI y 4SMl..; más 4SMI...

  4.  Asistencia al detenido.

  Centro, fecha, órgano judicial, fecha, abogado interviniente, número de atestado/diligencia, tipo de delito.

  5.  Pretensión a defender judicialmente.

  Demandante, demandado, abogado designado, jurisdicción, partido judicial, órgano judicial.

  6.  Contrario.

  Asimismo, me comprometo a abonar todos los gastos que haya originado mi defensa y representación en caso de que no me sea reconocido judicialmente el derecho a la justicia gratuita.

  Lugar/fecha/firma.

  Lugar, fecha: me comprometo a presentar la documentación que me ha sido requerida y que consiste en: (detallarla), en un plazo máximo de diez días hábiles. En caso contrario, se entenderá por desistida mi solicitud y deberé abonar todos los gastos que haya originado mi defensa y representación.

  Dictamen del Colegio de Abogados de: Favorable, desfavorable.

  Documentación que se adjunta:

  Obligatoria [para acreditar los datos del apartado 2.A)]:

  Copia de la declaración del I.R.P.F. de los miembros de la unidad familiar.

  Copia de la declaración del impuesto del patrimonio de los miembros de la unidad familiar.

  En caso de no estar obligado a hacer la declaración del l.R.P.F.: certificado de los centros de trabajo, altas y bajas, S.S., etc.

  Declaración responsable de los ingresos percibidos.

  Autónomos: certificado bases de cotización S.S.

  Certificado de pensiones.

  Certificado del INEM del período de desempleo y de la percepción de ayudas.

  Certificado de percepción de otras ayudas de carácter social de la Administración (becas, etc.)

  Complementaria [en caso de haber cumplimentado los apartados 1.B), 1.C), 2.B), 2.C), 2.D)].

  Fotocopia de libro de familia.

  Fotocopia del contrato de alquiler de la vivienda o del recibo mensual.

  Fotocopia de los títulos de los bienes inmuebles.

  Certificados de valores.

  Otros:

  Instrucciones para cumplimentar el formulario:

   (1)  Si es casado/a, cumplimente el apartado 1-B.

   (2)  Si es el mismo que el del/de la declarante, déjelo en blanco.

   (3)  Salarios, pensiones por jubilación o invalidez, bajas por incapacidades, prestaciones de desempleo, dividendos de acciones y obligaciones, rentas por arrendamientos, becas, etc.

   (4)  Valor de mercado, valor escriturado o valor catastral.

   (5)  Hipotecas o créditos que graven ese bien.

   (6)  Vivienda que sirve de domicilio, otras viviendas, fincas, solares, plazas de aparcamiento, locales comerciales o industriales, etc.

   (7)  Valor de mercado.

   (8)  En caso de vehículos a motor, indique la marca y el modelo.

   (9)  Datos no incluidos en apartados anteriores de trascendencia en su economía familiar. Ejemplos: declarante o familiares con grandes discapacidades declaradas o demostrables, estado de salud, obligaciones que pesen sobre el/la declarante, coste del proceso, retención judicial por pagos de pensiones compensatorias y alimentarias, etc.



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