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ORDEN EYE/1497/2009, DE 6 DE JULIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS QUE DEBEN REGIR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS MEDIANTE CONVENIOS DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (BOC y L DEL 15)



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ORDEN EYE/1497/2009, DE 6 DE JULIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS QUE DEBEN REGIR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS MEDIANTE CONVENIOS DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (BOC y L DEL 15)


 
Corrección de errores BOC y L de 2 de septiembre

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, contempla la formación de oferta como aquella que tiene por objeto facilitar a los trabajadores, ocupados o desempleados, una formación ajustada a las necesidades del mercado que atienda a los requerimientos de competitividad de las empresas, a la vez que satisfaga las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles para el desempeño cualificado de las diferentes profesiones y para el acceso al empleo. La Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, desarrollada en el Real Decreto, tiene como finalidad proporcionar a tales trabajadores la cualificación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, con el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas adecuados a los requerimientos que en cada momento precisen las empresas, y permita compatibilizar su mayor competitividad con la mejora de la capacitación profesional y promoción individual del trabajador.

Entre las modalidades de formación que conforman el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo se encuentra la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, destacan los planes de formación, que son objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, en el marco y en los términos establecidos en el Programa Operativo Plurirregional «Adaptabilidad y Empleo» 2007/2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 2007, cuyo contenido se conforma atendiendo a las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre, por el que se fijan las normas de desarrollo del mismo, siguiendo la Estrategia Europea de Lisboa del año 2000 que se fijó como objetivo que Europa se convirtiera en la economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo en el año 2010.

El artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al regular los derechos sociales, establece que los trabajadores de Castilla y León tienen derecho a formarse y promoverse profesionalmente.

Por Ley 10/2003, de 8 de abril, se crea el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y en el actualmente derogado Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regulaba el subsistema de formación profesional continua, se recogía como principio general del mismo, «la incorporación a la gestión de las Comunidades Autónomas». Con fecha 21 de octubre de 2004, la Junta de Castilla y León aprobó el Decreto 113/2004, por el que se atribuye el ejercicio de la competencia en materia de for mación continua al Servicio Público de Empleo de Castilla y León en coordinación con los órganos paritarios que se constituyeran.

La Disposición Final primera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece el carácter básico de algunos de sus preceptos, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, forman parte del régimen jurídico aplicable de las subvenciones en ella reguladas, junto con esta última, con carácter supletorio, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León , las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las del derecho privado.

La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para al concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. En virtud de la distribución constitucional de competencias, la regulación estatal no puede cerrar el contenido mínimo de las bases, limitándose a regular cuestiones que tienen consideración de legislación básica. Por ello, resulta necesario que, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León se aprueben unas bases que, partiendo e incorporando las aprobadas estatalmente, como normativa básica, regulen todos los aspectos previstos por la normativa reguladora de las subvenciones, tanto con carácter básico en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como los específicos de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, así como lo dispuesto en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, en aquellas normas declaradas de carácter básico. Por ello, la presente norma incorpora el contenido de dicha Orden Ministerial para, a partir de la misma, adaptar y desarrollar cuanto se considera necesario para el cumplimiento de los contenidos mínimos que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 6 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y el resto de la normativa aplicable, resultan imprescindibles para el correcto desarrollo normativo de unas bases reguladoras. La Disposición Final tercera de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, que la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para al concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación dispone que los órganos competentes de las Administraciones autonómicas podrán dictar, en sus respectivos ámbitos competenciales, las disposiciones que sean necesarias para la aplicación de dicha Orden.

La Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, constituida el 30 de enero de 2006, tiene entre sus fines contribuir al impulso y difusión entre empresarios y trabajadores de formación continua proporcionando a estos últimos la formación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, colaborará en la gestión de estas subvenciones en los términos que se prevén en el convenio específico de colaboración entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León para la gestión de ayudas a las iniciativas de formación profesional para el empleo, de 24 de septiembre de 2007, o sus posibles revisiones.

Dispone el artículo 6 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, que las bases reguladoras son disposiciones generales que desarrollan el régimen jurídico de cada subvención y se aprobarán, previo informe de los servicios jurídicos, y se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad y en la página web de cada Consejería u organismo correspondiente.

En su virtud, oído el Consejo General de Empleo y la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, teniendo en cuenta las reglas contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, dispongo:


Artículo Único.—La aprobación de las Bases Reguladoras por las que se regirá la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, que se incorporan como Anexo a la presente disposición.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS



Disposición transitoria primera.—Los procedimientos iniciados por convocatorias publicadas antes de la entrada en vigor de esta Orden continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su publicación.


Disposición transitoria segunda.—    Redacción anterior    Hasta la entrada en vigor de la normativa autonómica reguladora del Registro de Centros y Entidades de Formación en Castilla y León y cuando así lo dispongan expresamente las correspondientes resoluciones de convocatoria que regulan la presente norma, y con el alcance que en las mismas se establezca, no será de aplicación lo dispuesto en el apartado séptimo de la base sexta de esta Orden, en cuanto al requisito de inscripción y, en su caso, acreditación de Centros y Entidades de formación.

Nota

DISPOSICIÓN FINAL


La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León».


ANEXO

Bases reguladoras por las que se regirá la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León


CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

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Base 1.ª  Objeto.—    Redacción anterior    1.  Esta Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de las subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de Planes de Formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, referidos a la formación de oferta que regula el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el empleo, desarrollado por la Orden TAS 718/2008 de 7 de marzo, en materia de formación de oferta, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

2.  Podrán ser objeto de la subvención que regula la presente orden los siguientes tipos de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados:

a)  Planes de formación intersectoriales, compuestos por acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores.

b)  Planes de formación intersectoriales, compuestos por acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores, dirigidos a la formación específica de los colectivos de trabajadores y socios de la economía social, siempre que aporten actividad económica.

c)  Planes de formación intersectoriales, compuestos por acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias transversales en varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores, dirigidos a la formación específica del colectivo de autónomos.

d)  Planes de formación sectoriales que se compondrán de acciones formativas dirigidas a la formación de trabajadores de un sector productivo concreto, con el fin de desarrollar acciones formativas de interés general para el mencionado sector y satisfacer necesidades específicas de formación del mismo. Las acciones específicas programadas en este tipo de planes también podrán dirigirse al reciclaje y la recualificación de trabajadores procedentes de sectores en situación de crisis.

e)  Planes de formación integrados por las acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad a través de módulos formativos de los mismos, definidas como prioritarias por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Este apartado 2 ha sido redactado por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

3.  La ejecución de los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados se llevará a cabo mediante convenios suscritos entre las entidades beneficiarias señaladas en el apartado primero de la base terceray el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

4.  La duración de los convenios para la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, será anual o plurianual, según lo que establezca la respectiva resolución de convocatoria. Con respecto a los planes de formación de duración plurianual, los compromisos financieros abarcarán un solo ejercicio presupuestario, con la suscripción anual de adendas en el convenio previsto en el apartado anterior, donde se recogerán los compromisos que afecten a los sucesivos ejercicios. El importe de la subvención prevista para la anualidad o anualidades siguientes a la suscripción de los convenios estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del respectivo ejercicio económico y al mantenimiento de las circunstancias que justificaron la aprobación de un plan plurianual de formación.

5.  Los convenios, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa autonómica relativa a los convenios suscritos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tendrán, al menos, el siguiente contenido:

a)  Las partes que celebran el convenio, la capacidad jurídica con la que actúa cada una de ellas, así como la representación de los firmantes y la identificación de los miembros asociados al beneficiario cuando los haya.

b)  La normativa aplicable y los títulos competenciales que fundamentan la actuación y razones que la motivan.

c)  El objeto del convenio, las obligaciones que asumen cada una de las partes, así como los requisitos del plan de formación, describiendo sus aspectos técnicos y formales y su financiación.

d)  Las actuaciones y los órganos que se estimen necesarios para el cumplimiento del mismo.

e)  El plazo de vigencia, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga por acuerdo de las partes firmantes del convenio, mediante la suscripción de una addenda del mismo, cuando el convenio sea plurianual.

f)  Otras causas de extinción, así como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.

g)  La sujeción al orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativa de los litigios que respecto de tales convenios se susciten.

h)  El lugar y la fecha en que se suscribe.

Tales convenios se inscribirán en el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, regulado en el Decreto 248/1998, de 30 de noviembre por el que se regula el funcionamiento del Registro General de Convenios de Castilla y León y en el Registro de Convenios del Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional séptima de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

6.  Los planes de formación tendrán que contener la siguiente información:

• Ámbito de aplicación del plan.

• Objetivos y contenidos.

• Acciones formativas a desarrollar, con indicación, en su caso, de las vinculadas al Catálogo de Nacional de Cualificaciones Profesionales y, dentro de éstas, a qué certificado o certificados de profesionalidad van dirigidas.

• Colectivos destinatarios, desglosados por los colectivos prioritarios que se fijan en el apartado 8 de la base quinta de esta Orden.

• Coste previsto de las acciones formativas.

• Instalaciones y medios previstos para dar las acciones formativas.

• Experiencia en acciones formativas relacionadas con el plan de formación.

7.  Los planes de formación se financiarán con cargo a los créditos asignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con lo que establece el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 y el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, y en el Reglamento (CE) N.º 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, las ayudas previstas en la presente Orden, podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), en función de la ejecución de la programación del Fondo, y el criterio de selección de las operaciones correspondiente. En el supuesto de que la formación esté cofinanciada por el Fondo Social Europeo, la convocatoria incluirá desglosados los criterios y porcentajes de cofinanciación. Las resoluciones de convocatoria de las subvenciones a que se refieren las presentes bases reguladoras fijarán la cuantía correspondiente a cada una de los diversos tipos de planes de formación que se convoquen, desglosados, y determinando las correspondientes aplicaciones presupuestarias a que se imputen. Igualmente podrán establecer que, a la financiación que se determine, podrá añadirse una cuantía adicional, cuyo porcentaje se establecerá en la convocatoria, siempre que concurra alguna de las reglas previstas en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones. La efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda.


Base 2.ª  Régimen jurídico.—En todo lo no previsto en esta Orden será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembreGeneral de Subvenciones y su normativa básica de desarrollo y, supletoriamente, en aquellos aspectos procedimentales no regulados en la normativa estatal o europea, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, que desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para al concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, y cualquier otra disposición normativa aplicable por razón de la materia.

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Base 3.ª  Requisitos de los beneficiarios.—    Redacción anterior    1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados regulados en esta Orden, las siguientes entidades:

Nota
a)  Para los planes de formación intersectoriales, previstos en la base primera, apartado 2.º a) de esta Orden, las Organizaciones Empresariales y Sindicales intersectoriales más representativas en Castilla y León. La mayor representatividad de las Organizaciones Empresariales y Sindicales se determinará de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los artículos 6y 7 de la Ley Orgánica 11/85, de Libertad Sindical, de 2 de agosto, respectivamente.

b)  Para los planes de formación intersectoriales previstos en la base primera, apartado 2.º b) de esta Orden, las Confederaciones y Federaciones de Cooperativas y/o Sociedades Laborales y las Organizaciones Representativas de la economía social de carácter intersectorial, con suficiente implantación en Castilla y León, siempre que aporten actividad económica. La suficiente implantación se acreditará en la forma que determine la correspondiente convocatoria.

c)  Para los planes de formación intersectoriales previstos en la base primera, apartado 2.º c) de esta Orden, podrán ser beneficiarias las asociaciones representativas de autónomos de carácter intersectorial, así como organizaciones contempladas en el artículo 21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con suficiente implantación en el ámbito de Castilla y León, teniendo preferencia aquellas asociaciones con mayor implantación en Castilla y León. Este requisito se acreditará en la forma que establezca la convocatoria.

d)  Para los planes de formación sectorial, previstos en la base primera, apartado 2.º d) de esta Orden, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y las representativas en el correspondiente sector en Castilla y León, así como los entes paritarios creados al amparo de la negociación colectiva sectorial estatal, a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 24 del Real decreto 395/2007, de 23 de marzo. La mayor representatividad de las organizaciones empresariales y sindicales se determinara de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadoresaprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, respectivamente. Tal como establece la disposición transitoria segunda de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, en tanto no sea aprobado el mapa sectorial a que se refiere el artículo 33.2.g) del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, los solicitantes que se dirijan a varios sectores y que ostenten la representatividad requerida en el párrafo anterior para cada uno de ellos, podrán presentar propuestas conjuntas que abarquen a esos sectores en función de la agrupación de sectores afines que figura como anexo de la citada Orden Ministerial, pudiendo dirigirse las referidas propuestas a todos los trabajadores pertenecientes a los sectores afines agrupados en cada propuesta. Las entidades que se agrupen al amparo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y reúnan los requisitos de representatividad indicados podrán, asimismo, presentar solicitudes en los mismos términos. En la convocatoria se determinarán los sectores para los que se financian planes de formación, a propuesta de la Comisión Permanente de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, y el modo en que se acreditará el cumplimiento de este requisito en cada uno de los sectores.

e)  Para los planes de formación previstos en la base primera, apartado 2.º e) de esta Orden, los centros y entidades de formación debidamente inscritos y acreditados para el correspondiente certificado en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, creado por Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, en relación con el Real Decreto por el que se aprueba el correspondiente certificado de profesionalidad. Este requisito se acreditará en la forma que establezca la convocatoria.

Esta letra e) ha sido añadida por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

2.  También tendrán la condición de beneficiarios:

— Los miembros asociados a la entidad beneficiaria que se comprometan a ejecutar la totalidad o parte del plan de formación en nombre y por cuenta de la entidad beneficiaria, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos para ello. Para ello, el solicitante deberá presentar junto con la solicitud una relación de entidades asociadas que participarán en la ejecución del Plan de Formación, junto con la documentación que justifique tal condición, que se determinará en la convocatoria, así como un compromiso formalizado de ejecución por escrito, concretando qué parte estimada del proyecto realizará cada entidad, que será suscrito por la representación legal de las mismas. En todo caso, el pago de la subvención se efectuará al beneficiario principal.

— Las agrupaciones formadas por las entidades beneficiarias, y las formadas por éstas y las entidades vinculadas a éstas, que, aun careciendo de personalidad jurídica propia, tengan entre sus fines el desarrollo de actividades formativas. Cuando se trate de agrupaciones sin personalidad jurídica, deberá hacerse constar expresamente en la solicitud y en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de beneficiarios. Los instrumentos de formalización de dichas agrupaciones sin personalidad jurídica propia deberán estar realizados con carácter previo a la fecha de solicitud de la subvención. Entre las entidades agrupadas deberá formalizarse un compromiso de ejecución por escrito, concretando qué partes del proyecto realizará cada entidad y será suscrito por la representación legal de las mismas, y se remitirá copia compulsada al Servicio Público de Empleo de Castilla y León con anterioridad al inicio de la acción formativa y concretarán los compromisos de ejecución de cada uno de los miembros de la agrupación y el compromiso de responsabilidad solidaria de sus miembros frente al Servicio Público de Empleo de Castilla y León y de no disolución en tanto no hayan transcurrido los plazos de prescripción legalmente previstos. Deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes, para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

Las convocatorias, en el marco de la normativa aplicable, establecerán las condiciones y forma de acreditación de lo previsto en este apartado.

3.  No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas entidades en las cuales concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d)  Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de Incompatibilidades de los Miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Asimismo, no debe mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida. Este requisito será exigible, en todo caso, previamente al momento en que el órgano instructor realice la propuesta de resolución de concesión, y antes de producirse la propuesta de pago.

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, debiendo haber realizado, o en su caso, garantizado las devoluciones de cantidades concedidas y pagadas en convocatorias anteriores y cuya devolución le haya sido exigida mediante reclamación previa a la vía ejecutiva o mediante resolución de procedencia de reintegro, salvo que las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

i)  No cumplir los restantes requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la subvención.

4.  Las entidades solicitantes deberán justificar ante el Servicio Público de Empleo de Castilla y León que no están incursas en ninguna de las prohibiciones señaladas en el apartado anterior. Esta justificación se realizará mediante una declaración responsable.


Base 4.ª  Obligaciones de los beneficiarios.—    Redacción anterior    1.  Sin perjuicio de las obligaciones establecidas la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzoy en la Orden TAS /718/2008, de 7 de marzo, las entidades beneficiarias, deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a)  Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de instrucción del procedimiento, ejecución de la formación y justificación de la subvención, así como tener a disposición de los órganos de control competentes los documentos acreditativos de la asistencia de los trabajadores a las acciones formativas.

b)  Garantizar la gratuidad de las acciones formativas para los participantes en la formación subvencionada.

c)  Comunicar a la Administración competente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Estos ingresos serán incompatibles con la subvención destinada a la misma finalidad, por lo que ésta será minorada en la cantidad ya percibida.

d)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la subvención y al pago de la misma que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine en las convocatorias, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, deberá acreditar no mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida.

e)  Hacer constar el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada y, en su caso, la cofinanciación del Fondo Social Europeo. En este último supuesto, la entidad beneficiaria deberá incluir en las actividades de información de las acciones formativas, publicaciones, material didáctico y acreditaciones de la realización de la formación a entregar a los participantes el emblema del Fondo Social Europeo, con el lema «El Fondo Social invierte en tu futuro», de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Información y Comunicación del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo, y demás obligaciones de publicidad comunitaria establecidas en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) núm. 1083/2006, del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas, entre otros, al Fondo Social Europeo.

f)  Remitir al órgano competente una comunicación de inicio de la formación que va a desarrollar, incluida cualquier modificación posterior, y, en su caso, la comunicación de finalización, conforme al contenido, plazos y procedimiento que a tal efecto establezcan las convocatorias. La falta de comunicación en los plazos establecidos implicará que la correspondiente acción formativa o grupo de participantes se considere no realizada a efectos de la justificación de la subvención, salvo que la no comunicación en plazo se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.

g)  Los beneficiarios deberán realizar una evaluación y control de la calidad de la formación conforme al artículo 37.4 del Real Decreto 395/2007 y el artículo 33.5 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, siguiendo los criterios e indicadores básicos que para dicha evaluación se determinen en la correspondiente convocatoria. En la convocatoria se determinará la parte de la subvención destinada a esta finalidad y el tamaño de la muestra representativa a evaluar de los grupos de formación que se impartan.

Esta letra g) ha sido redactada por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

h)  Informar por escrito al Servicio Público de Empleo de Castilla y León de cualquier cambio referido a la representación legal de la entidad, sede, razón social, así como cualquier modificación en sus estatutos, que tenga relevancia o trascendencia para el objeto de la convocatoria.

i)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control y recoger en su contabilidad los gastos imputados a cada una de las acciones de forma separada o por cualquier medio que permita su identificación y, en su caso, disponer de una pista de auditoría adecuada de acuerdo con el artículos 60.f) del Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo de 11 de julio de 2006 y el artículo 15 del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, en relación con la disponibilidad de los documentos justificativos.

j)  Conservar, durante un plazo de 4 años, los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos, computado desde la finalización del plazo establecido para la presentación de la documentación justificativa de la subvención, salvo en los supuestos de documentación justificativa gastos relativos a acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en cuyo caso, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 87 del Tratado de la Unión, y el Art. 90 del Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo de 11 de de julio de 2006, se mantendrán a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas los originales o copias certificadas ,durante un periodo de tres años a partir del cierre total o parcial del Programa Operativo, en los términos establecidos en el Art. 89 del citado Reglamento. En el caso de que las entidades, sin haber transcurrido dicho periodo decidan suspender su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la documentación al órgano concedente.

k)  Contratar una póliza de seguro de accidentes personales que cubra para cada uno de los alumnos de los cursos en caso de muerte o invalidez, el capital que determine la convocatoria, en ambos casos derivado del riesgo de accidentes durante el desplazamiento, por cualquier medio y durante la asistencia a cualquier fase de los cursos en que participen los alumnos.

l)  Se deberá impartir un módulo formativo en Prevención de Riesgos Laborales, de una duración no inferior al 10% del número total de horas del curso. En los cursos con una duración igual o superior a 200 horas, dicho módulo formativo podrá incorporar, en su caso, el contenido mínimo del programa de formación para el desempeño de las funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales, establecido en el Anexo IV, del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

m)  Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo no previsto expresamente en este artículo.

2.  El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones formativas se contrata con terceras personas físicas o jurídicas.


Base 5.ª  Destinatarios de la formación y Ejecución del Plan de Formación.—    Redacción anterior    1.  Podrán participar en las acciones formativas incluidas en los planes de formación, los trabajadores por cuenta propia o ajena, cuyo centro de trabajo esté ubicado en Castilla y León, y coticen por cualquier régimen de la Seguridad Social o equivalentes, y los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y entidades de la economía social.

2.  El porcentaje máximo de trabajadores desempleados que podrán participar en esta formación se determinará en la correspondiente convocatoria, no pudiendo, en ningún caso, superar el cuarenta por ciento respecto del total de participantes que inician la formación. El cómputo de dicho porcentaje se efectuará respecto de los participantes de cada plan de formación financiado.

A tal efecto, la consideración como trabajadores ocupados o desempleados vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación. No será objeto de minoración económica el cambio de situación laboral del trabajador que se produzca a partir de la solicitud de su participación en la acción formativa, siempre que no se superen los límites porcentuales señalados en el párrafo anterior.

Se considerarán, a estos efectos, como ocupados los trabajadores que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

— Trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no ocupación.

— Trabajadores que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo.

— Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de empleo por expediente autorizado.

3.  De conformidad con el artículo 5.1.b) del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, modificado por la disposición final tercera del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, los cuidadores no profesionales podrán participar en la formación de oferta sectorial de referencia en los ámbitos de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, centros y servicios de atención a personas con discapacidad, acción e intervención social y sanidad.

4.  En los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados que tengan carácter intersectorial podrán participar trabajadores de las Administraciones públicas siempre que no superen el 10 por ciento del total de participantes de cada plan de formación.

5.  Los trabajadores descritos que deseen participar en las acciones formativas deberán solicitar su participación ante las entidades que ejecuten el plan de formación, en el modelo que se apruebe en la convocatoria.

6.  La selección de los trabajadores la realizará la entidad beneficiaria atendiendo a las prioridades del plan de formación y a criterios objetivos y de igualdad.

7.  En ningún caso, la participación de un trabajador en acciones formativas podrá superar la duración de 8 horas diarias. Las acciones formativas no podrán tener una duración inferior a 6 horas ni superior a 270 horas, no obstante, las acciones destinadas a la obtención de una acreditación oficial o cuando por norma o convenio sea exigida podrán tener una duración superior a 270 horas.

Este apartado 7 ha sido redactado por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

8.  Con la finalidad de garantizar el acceso a la formación de los colectivos con mayor dificultad de acceso y mantenimiento en el mercado de trabajo, se considerará que tendrán prioridad para participar en la formación: los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, las mujeres, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, mayores de 45 años, los trabajadores de baja cualificación, y personas con discapacidad, así como los trabajadores en recolocación, afectados por un expediente de regulación de empleo y los cuidadores no profesionales que atiendan a las personas en situación de dependencia, a que hace referencia el apartado tercero, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en los sectores cuya participación esté previsto.

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Base 6.ª  Ejecución de las Acciones Formativas.—    Redacción anterior    1.  La formación podrá impartirse de forma presencial, a distancia convencional, mediante teleformación o mixta. Cuando la acción o módulo formativo incluya, en todo o en parte, formación a distancia, ésta deberá realizarse con soportes didácticos que permitan un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante, que necesariamente será complementado con asistencia tutorial. La modalidad de impartición mediante teleformación deberá realizarse a través de una plataforma virtual de aprendizaje que asegure la gestión de contenidos, un proceso de aprendizaje sistematizado para los participantes y el seguimiento y evaluación de los mismos, y la impartición deberá contar con una metodología apropiada para esta modalidad. La formación impartida mediante la modalidad presencial se organizará en grupos de 25 participantes como máximo. En la formación impartida mediante la modalidad a distancia convencional o de teleformación deberá haber, como mínimo, un tutor por cada 80 participantes, y los tutores-formadores que impartan formación en la modalidad de teleformación deberán contar con formación o experiencia acreditada en esta modalidad.

Este apartado 1 ha sido redactado por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

2.  La formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación o de forma mixta, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, debiendo cumplir las prescripciones específicas que se establecen para cada certificado de profesionalidad, y se acreditará de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, el artículo 11.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y en el citado Real Decreto 34/2008, de 18 de enero y demás normativa reguladora de la expedición de los certificados de profesionalidad.

Este apartado 2 ha sido añadido por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

3.  A los efectos de determinar la subvención, una vez ejecutada la formación, en las acciones presenciales se considerará que un alumno ha finalizado la formación cuando haya asistido, al menos, al 75 por ciento de la duración de la acción formativa. Asimismo, en las acciones formativas impartidas mediante la modalidad a distancia convencional o teleformación se considerará que han finalizado la acción aquellos alumnos que hayan realizado al menos el 75 por ciento de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje a lo largo de la misma. Si se produjeran abandonos de los trabajadores se podrán incorporar a otros trabajadores a la formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los cinco primeros días lectivos desde el inicio de la acción formativa. En el supuesto de trabajadores desempleados, se considerará que han finalizado la acción formativa aquellos que tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado el 25 por ciento de la actividad formativa.

Este apartado anteriormente apartado 2, ha pasado a denominarse 3 tras su redacción por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

4.  El beneficiario de la subvención dará a conocer las acciones formativas que promueva entre las empresas y los trabajadores a los que va dirigida la formación, con el fin de que los trabajadores que lo deseen puedan ejercitar su derecho a la formación.

Este apartado anteriormente apartado 3, ha pasado a denominarse 4 por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

5.  El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de oficio, a instancia de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León o mediante denuncia, podrá acordar la suspensión cautelar de una acción formativa cuando se observen anomalías que repercutan en el desarrollo normal de la impartición de la formación.

Este apartado anteriormente apartado 4, ha pasado a denominarse 5 por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

6.  El inicio y la finalización de cada una de las acciones formativas o de los grupos de éstas, deberá comunicarse por la entidad beneficiaria en el modo y plazo establecido en la convocatoria. En la comunicación de inicio se indicará el lugar, fecha y horario de su realización y se remitirá una relación de los participantes, así como la información que exija la convocatoria. En la comunicación de finalización se remitirá una relación de los participantes finalizados y la información que determine la convocatoria. Las modificaciones o cancelaciones deberán igualmente notificarse en el modo que determine la convocatoria. El incumplimiento de las comunicaciones en los plazos señalados, implicará que el correspondiente grupo se considerará no realizado a efectos de liquidación, a excepción de que la no comunicación se deba a causas imprevistas y éstas estén debidamente justificadas y sean comunicadas en el momento de producirse, y así se constate por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. En el supuesto de que la convocatoria permita el inicio de las acciones formativas con antelación a la suscripción del convenio, deberán comunicarse al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el plazo que establezca la convocatoria, las acciones ya comenzadas.

Este apartado anteriormente apartado 5, ha pasado a denominarse 6 por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

7.  Las variaciones que puedan producirse durante la ejecución del Plan de formación que únicamente consistan en la variación de alumnos entre acciones formativas solicitadas originariamente y que no impliquen una minoración en la valoración técnica, podrán ser aprobadas por el órgano instructor, previa consulta a la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo sobre dicho extremo. El plazo de resolución será de quince días naturales computados a partir del día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, entendiéndose denegada por el transcurso del citado plazo sin haberse efectuado notificación del acuerdo.

Este apartado anteriormente apartado 6, ha pasado a denominarse 7 por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

8.  Para la impartición de las acciones formativas en el correspondiente Plan de Formación, directamente o mediante subcontratación, será requisito imprescindible la inscripción y, en su caso, la acreditación como Centro o Entidad de Formación en el Registro habilitado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del mismo, y en los términos establecidos en la resolución de convocatoria. Las acciones formativas que se inicien sin contar con la correspondiente inscripción y, en su caso acreditación para la correspondiente especialidad formativa, serán tenidas como no realizadas a los efectos de su liquidación y las mismas no podrán ser acreditadas con las correspondientes certificaciones oficiales.

Este apartado anteriormente apartado 7, ha pasado a denominarse 8 por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.


Base 7.ª  Acreditación de la formación.—1.  Cuando la formación esté dirigida a la obtención total o parcial de un certificado de profesionalidad se podrá acreditar de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, el artículo 11 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzoy el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

2.  Tanto en el caso anterior, como en los supuestos en los cuales la formación no esté vinculada a la obtención de los certificados de profesionalidad, la entidad beneficiaria entregará a cada participante que haya finalizado la acción formativa, un certificado de asistencia a la misma y a cada participante que haya superado la formación con evaluación positiva, un diploma acreditativo de la realización de la acción formativa, en el que como mínimo se haga constar la denominación de la acción, los contenidos formativos, la modalidad, duración y período de impartición.

Además de este contenido mínimo, en ellos deberán figurar como mínimo: las horas de cada modalidad en aquellos cursos que sean de modalidad mixta, los módulos formativos impartidos y su duración, nombre, apellidos, Documento Nacional de Identidad del participante. Igualmente deberán constar los logotipos del Fondo Social Europeo, de la Junta de Castilla y León, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León y, en su caso, el de la entidad beneficiaria.

El Diploma se entregará a los participantes y haya realizado como mínimo el 75% de sus horas lectivas, o haya superado el 75% de las evaluaciones en el caso de las acciones formativas a distancia o teleformación y que hayan superado la formación con evaluación positiva.

Será la entidad beneficiaria la responsable de expedir y entregar el diploma a cada participante en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de finalización de la acción formativa en que hayan participado.

Las competencias adquiridas a través de esta formación podrán ser reconocidas mediante las acreditaciones totales o parciales de los certificados de profesionalidad, de conformidad con la normativa que regule el procedimiento y requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y de aprendizaje no formales de acuerdo con el Art. 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.


Base 8.ª  Becas y ayudas para trabajadores desempleados.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 a 28 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, los trabajadores desempleados que reciban formación prevista en esta Orden, podrán percibir becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento y ayudas a la conciliación, en los términos previstos en dichos preceptos, y las condiciones que se fijan en la correspondiente convocatoria.


Base 9.ª  Calidad, Evaluación, Seguimiento y Control.—    Redacción anterior    1.  Los beneficiarios deberán realizar una evaluación y control de la calidad de la formación, siguiendo los criterios e indicadores básicos que para dicha evaluación se determinen en la correspondiente convocatoria. En la convocatoria se determinará la parte de la subvención destinada a esta finalidad y el tamaño de la muestra representativa a evaluar de los grupos de formación que se impartan.

Este apartado 1 ha sido redactado por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

2.  En la convocatoria se determinarán las actuaciones de seguimiento y control que se programen, realizadas mediante las visitas in situ y ex post, que deberán cubrir, al menos, el 5 por ciento de los recursos públicos destinados a esta modalidad de formación de oferta, sin perjuicio de las actuaciones que puedan realizar los órganos de fiscalización y control a que se refiere el artículo 38.2 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.

El apartado 2 original ha sido derogado por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), pasando a ser el antiguo apartado 3, el actual apartado 2.


Base 10.ª  Criterios de valoración de las solicitudes.—    Redacción anterior    La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los criterios que se indican a continuación, según la metodología que se apruebe en la convocatoria:

1.  Capacidad acreditada de la entidad solicitante o de la entidad designada para la gestión y ejecución del plan (hasta 20 puntos). Este bloque se valorará atendiendo a la información disponible en la Memoria Justificativa del Plan de Formación y en la Capacidad Técnica del Solicitante, teniendo en cuenta los aspectos que determine la convocatoria.

2.  Aspectos técnicos de las acciones formativas que integran el plan de formación (hasta 20 puntos). Este bloque se valorará teniendo en cuenta la información facilitada por la entidad en cada una de las acciones formativas en la «Descripción de la Acción Formativa», de acuerdo con los aspectos que determine la convocatoria.

3.  Incorporación de un porcentaje de participantes en módulos formativos vinculados al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, debiendo reflejar en el plan de formación dicha vinculación y la normativa de referencia, que superen el mínimo que se establezca en la convocatoria y de acuerdo con los tramos de puntuación que determine la misma (hasta 10 puntos).

4.  Incorporación de acciones formativas o contenidos, orientados a la internacionalización de la empresa, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos u otras áreas formativas prioritarias dirigidas a anticipar las necesidades de cualificación del nuevo modelo productivo y las orientadas al desarrollo de los sectores más innovadores establecidas en la correspondiente convocatoria (Hasta 10 puntos)

Este apartado 4 ha sido redactado por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

5.  Adecuación de la oferta formativa del plan de formación a las necesidades del ámbito o sector al que va dirigido (Hasta 40 puntos). Para valorar este bloque se tendrá en cuenta el porcentaje de participantes encuadrados en los grupos de prioridad de las acciones formativas del plan, adecuadas a las necesidades del ámbito o sector al que va dirigida la formación requerida por el mercado de trabajo, de acuerdo con los criterios de prioridad de las acciones que se establezcan en la convocatoria, a propuesta de la Comisión Permanente de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León. Este criterio tendrá una valoración de hasta 40 puntos, de acuerdo a la distribución de bloques establecida en el siguiente cuadro, permitiéndose un margen de movilidad del 15% de los participantes entre los distintos grupos de prioridad.

Cuando el porcentaje de participantes sea inferior al establecido en cada uno de los bloques de prioridad, los puntos se calcularán de manera proporcional a dicho porcentaje:


 
Prioridad Puntos % de Participantes
Máxima Hasta 25 ? 55%
Media Hasta 10 ? 20%
Mínima Hasta 5 ? 10%

 

Base 11.ª  Cuantía de la subvención.—    Redacción anterior    1.  La cuantía de la subvención se calculará con arreglo a los criterios que se establezcan en la convocatoria, teniendo en cuenta, al menos, el presupuesto destinado a la financiación de la actividad formativa, la valoración técnica obtenida, los módulos económicos máximos establecidos en el Anexo I de Orden TAS/718/2008, de 7 de marzoy el volumen de la actividad formativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

2.  La cuantía máxima de subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnos y por el importe del módulo correspondiente.

3.  A los efectos de determinar la subvención, una vez ejecutada la formación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 3.º de la base 6.ª de esta Orden.

Este apartado 3 ha sido redactado por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.


Base 12.ª  Costes financiables y criterios de imputación.—1.  Los costes financiables y los criterios de imputación de los mismos, con cargo a las subvenciones previstas en esta Orden serán los establecidos en el Anexo II de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Las convocatorias establecerán los términos y condiciones para la realización, imputación y justificación de estos costes, debiendo tener en cuenta, en la justificación de los costes correspondientes a las operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, la normativa aplicable a los mismos y las instrucciones impartidas por la Autoridad de Gestión.

2.  Cuando el importe del gasto subvencionable por suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica supere los 12.000 €, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía. Junto con la justificación de los costes del proyecto deberán presentarse las ofertas indicadas en este punto y una memoria justificativa de la elección. En el caso de que por las especiales características de los bienes o servicios contratados no exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren deberá justificarse tal circunstancia. Se considerará que el beneficiario ha cumplido lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando justifique de modo razonado que la elección del proveedor responde a criterios de eficacia y economía, teniendo en cuenta el plan de formación a realizar y el ámbito en que éste se desarrolla, tal como dispone la disposición adicional quinta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.


Base 13.ª  Régimen de compatibilidad.—Las presentes subvenciones son incompatibles con otras subvenciones, ayudas ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.


Base 14.ª  Subcontratación.—    Redacción anterior    1.  La entidad beneficiaria podrá subcontratar la realización de la actividad formativa, si así lo establece la correspondiente convocatoria, en los términos y con el alcance que se determine en la misma. La contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación. La subcontratación de la actividad formativa deberá efectuarse teniendo en cuenta la normativa relativa al Registro de centros y entidades de Formación y lo dispuesto en el apartado octavo de la Base Sexta de esta Orden.

Este apartado 1 ha sido redactado por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

2.  La entidad beneficiaria deberá contar con medios propios para las funciones de programación y coordinación del plan de formación, asumiendo, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración pública, debiendo asegurar, tanto aquélla como el subcontratista, el desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control.

3.  Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  Que el contrato se celebre por escrito.

b)  Que la celebración del mismo se autorice previamente de forma expresa en la resolución de concesión de la subvención o, en su caso, en el convenio suscrito para la ejecución de la actividad formativa, o bien mediante resolución posterior emitida en el plazo de 20 días a contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente. A tal efecto, se acompañará a la solicitud de autorización el contrato que se prevé formalizar

Esta letra b) ha sido redactada por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

4.  No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.

5.  La contratación con personas o entidades vinculadas con el beneficiario, sólo podrá autorizarse cuando se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado y se autorice de forma expresa en la resolución de concesión de la subvención o, en su caso, en el convenio suscrito para la ejecución de la actividad formativa, o bien mediante resolución posterior emitida en el plazo de 20 días a contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente. A tal efecto, se acompañará a la solicitud de autorización el contrato que se prevé formalizar.

Este apartado 5 ha sido redactado por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

6.  En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.


Base 15.ª  Órgano competente para aprobar la convocatoria de la subvención.—La convocatoria de la subvención se aprobará por resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.b) de la Ley 5/2008de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.


CAPÍTULO II

Procedimiento de concesión


Base 16.ª  Iniciación del procedimiento.—El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas bases se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y se iniciará mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que será publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» Además, será objeto de publicidad en la página web del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (www.jcyl.es) y de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León (www.fafecyl.es).


Base 17.ª  Instrucción del procedimiento.—1.  El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a través del Servicio de Formación Profesional Continua, que contará con el apoyo técnico de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León en los términos previstos en el Convenio de Colaboración suscrito entre ambos.

2.  El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las cuales deba dictarse la Resolución.

3.  Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar de oficio en la convocatoria la aplicación del procedimiento de tramitación de urgencia, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De igual modo, se podrá conceder, de oficio o a instancia de parte, una ampliación de los mismos por el órgano instructor, que no exceda la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, debiendo ser notificado este acuerdo a los interesados, de conformidad con el Art. 49 de la citada Ley.


Base 18.ª  Solicitudes.—1.  La solicitud de subvención se cumplimentará en el modelo normalizado que se recogerá como Anexo de la convocatoria y en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es) y de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León (www.fafecyl.es), a la que se acompañará la documentación que establezca la convocatoria.

Cuando los documentos que deban acompañar a la solicitud ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la entidad actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en la letra f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan los documentos. Si resultara materialmente imposible obtener el documento, el órgano instructor deberá requerir al solicitante, con anterioridad a la evaluación de las solicitudes, su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento.

2.  Las solicitudes se presentarán en el plazo que se fije en la convocatoria, que no excederá de un mes, computado desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

3.  Las solicitudes se presentarán en los registros de los servicios centrales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León o de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de forma telemática, conforme establece la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se establecen criterios generales para la presentación telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos administrativos.

4.  En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales.

5.  Dada la naturaleza de la documentación a acompañar, se excluye la posibilidad de presentar las solicitudes por telefax, conforme al artículo 1.2.a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y se declaran los números telefónicos oficiales («BOC y L» n.º 213, 4 de noviembre).

6.  La presentación de la solicitud implica la autorización al Servicio Público de Empleo de Castilla y León para poder solicitar los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario, en cuyo caso tendrá que aportar la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Cuando el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro, a efectos acreditativos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, será suficiente la aportación de una declaración responsable, en virtud del artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social en materia de subvenciones, según el modelo aprobado por la convocatoria.

7.  A los efectos de su valoración técnica, únicamente serán válidas las modificaciones de la solicitud inicial efectuadas antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

8.  Una misma entidad no podrá solicitar con cargo a estas subvenciones la suscripción de más de un convenio del mismo tipo, salvo en los planes de formación sectorial, en los cuales únicamente se podrá solicitar la suscripción de un convenio por sector objeto de financiación. El incumplimiento de este límite implicará, para el solicitante que lo haya superado, la denegación del plan de formación que haya sido solicitado con posterioridad. Si los planes de formación tuvieran igual fecha de presentación, se denegará el plan de formación en el que participe un menor número de trabajadores.


Base 19.ª  Subsanación de defectos.—Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos para ser beneficiario el órgano instructor requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane el defecto de que adolezca siempre que éstos sean subsanables, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos previstos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Base 20.ª  Valoración Técnica y Comisión de Valoración.—1.  Una vez solicitadas las oportunas subsanaciones que procedieran por el órgano instructor, los expedientes serán remitidos a la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, para la emisión del correspondiente informe de valoración técnica, de conformidad con los criterios de valoración y en los términos que determine la convocatoria. Dicho informe será remitido, junto con el expediente completo, al órgano instructor. El informe de valoración técnica incluirá la puntuación asignada a cada solicitud, desglosada por bloques de puntuación, de conformidad con los criterios de valoración técnica y una propuesta de financiación.

2.  A tal efecto, recibido el informe de valoración técnica, y subsanada la documentación de las solicitudes, el órgano instructor pondrá a disposición de la Comisión de Valoración la documentación del expediente y el informe de valoración técnica emitido por la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, solicitando la convocatoria de la misma a su Presidente. Dicha Comisión emitirá un informe vinculante en el que determine la valoración técnica de cada solicitud que cumpla con los requisitos para ser beneficiario, y la financiación asignada a cada plan de formación.

3.  La Comisión de valoración tendrá carácter colegiado y estará compuesta por los siguientes miembros: el Secretario Técnico Funcional, o quien le sustituya, que ejercerá las funciones de Presidente, el Jefe del Servicio de Formación Profesional Continua, o persona del citado Servicio que le sustituya, que actuará como Secretario, con voz y voto, y un técnico de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León a propuesta de la misma, que actuará como vocal.

4.  La Comisión de valoración se ajustará en su funcionamiento al régimen establecido para los órganos colegiados en la Ley 3/2001, de 3 de juliodel Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Base 21.ª  Propuesta de Resolución y reformulación de las solicitudes.—1.  La propuesta de resolución provisional será formulada por el Servicio de Formación Profesional Continua, previo el informe vinculante de la Comisión de Valoración y será notificada a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días para efectuar alegaciones, cuando de acuerdo con lo establecido en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, sea necesario.

2.  Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional, sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario, para que en el plazo de alegaciones a la propuesta provisional, efectúe la reformulación de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En cualquier caso, los cambios propuestos en la reformulación del proyecto deberán respetar el objeto, condiciones y la finalidad de la subvención, no pudiendo suponer un incumplimiento de las obligaciones establecidas al beneficiario, ni minorar la valoración técnica obtenida en su solicitud original, debiendo, igualmente, respetarse los objetivos de cofinanciación del Fondo Social Europeo fijados en la propuesta de resolución provisional, en los términos que determine la convocatoria.

3.  En el caso de que la Administración proponga la reformulación de la solicitud al solicitante y éste no conteste en el plazo establecido en la convocatoria, o la reformulación no se ajuste a los límites previstos en la convocatoria con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial.

4.  Una vez que la reformulación haya obtenido la conformidad de la Comisión de Valoración, y teniendo en cuenta lo alegado por el solicitante en el trámite de audiencia y la reformulación del plan de formación, en su caso, se realizará la propuesta de resolución definitiva y del convenio a suscribir, debiendo someterse a informe con carácter previo a la Comisión Permanente del Consejo General de Empleo de Castilla y León y la Comisión Permanente de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León.

5.  De igual modo, la Administración, a lo largo del procedimiento de concesión podrá proponer la modificación de las condiciones o forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante, debiendo recabar la aceptación de éste, que se entenderá tácitamente otorgada si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición en el plazo de quince días, desde la notificación de la misma y siempre, en todo caso, que no se dañe derecho de tercero.


Base 22.ª  Resolución.—1.  Las solicitudes serán resueltas por el Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, sin perjuicio de las desconcentraciones y delegaciones que se puedan efectuar. El plazo máximo de resolución y notificación no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de publicación de la convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

2.  En la resolución de concesión se identificará la parte de la subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo. A dicha resolución se acompañarán, el convenio suscrito entre el órgano competente y la entidad beneficiaria, así como el correspondiente plan de formación, cuya financiación se haya aprobado tras la reformulación, en su caso.

3.  La Resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma. En este supuesto si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios se aplicará lo dispuesto en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de juliopor el que se aprueba el Reglamento general de Subvenciones.

4.  Contra la resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses computados desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de juliode, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

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Base 23.ª  Modificación de la resolución.—    Redacción anterior    1.  Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la misma. Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada y formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución.

2.  Las solicitudes de modificación se someterán al órgano instructor y serán resueltas por el órgano que dictó la resolución de concesión.

3.  En todo caso, la modificación sólo podrá autorizarse si no daña derechos de terceros. Cuando se trate de modificaciones que afecten exclusivamente al número de participantes en las acciones formativas no les será de aplicación lo dispuesto en el apartado primero de esta base siempre que no supongan una minoración de la valoración técnica obtenida en la solicitud de subvención.

4.  El órgano competente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación propuesta en el plazo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. Las resoluciones podrán retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de la presentación de la solicitud de modificación.

Esta base 23.ª ha sido redactada por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.


Base 24.ª  Pago de la Subvención.—    Redacción anterior    1.  El pago de la subvención quedará condicionado a que las entidades beneficiarias acrediten la realización del plan de formación para el que se concedió, en los términos previstos en esta Orden y, según lo previsto en la letra g) del apartado 3 de la base 3.ª de esta Orden, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la entidad sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro.

2.  Podrá efectuarse el pago anticipado del cien por cien de la cuantía de las subvenciones, en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. Siendo los beneficiarios entidades sin ánimo de lucro, no serán exigibles garantías previas al cobro de los pagos anticipados.

3.  No obstante, cuando el beneficiario no sea una entidad sin ánimo de lucro, deberá aportar como garantía, con carácter previo al cobro, un aval de entidades financieras autorizadas para operar en España que cubra la totalidad del anticipo más los intereses que pudieran devengarse.

Este apartado 3 ha sido añadido por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

4.  En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el apartado 4, párrafo tercero, del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Este apartado anteriormente apartado 3, ha pasado a denominarse 4 tras su redacción por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

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Base 25.ª  Plazo y forma de justificación.—    Redacción anterior    1. El beneficiario deberá presentar la documentación relativa a la justificación de costes en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de la formación, en los términos establecidos en el artículo 15 de la precitada Orden TAS/718/2008, de 18 de marzo, y en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ante el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y conforme a las instrucciones y modelos normalizados que establezca la convocatoria. Si la convocatoria estableciera como preceptiva la cuenta justificativa con informe de auditor, los gastos derivados de la realización de dicho informe serán subvencionables, estableciéndose en la convocatoria una financiación adicional proporcional al volumen de financiación concedida.

2. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la documentación a que se refiere este apartado, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de reintegro previsto en el artículo 37 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

En todo caso, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar debidamente justificada la subvención concedida, se pondrá en conocimiento, de los beneficiarios las insuficiencias observadas para que en el plazo de diez días sean subsanadas.

3.  Una vez presentada y examinada la documentación justificativa, previo informe, en su caso, de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, el órgano instructor del procedimiento practicará la propuesta de liquidación, basada en los costes justificados de la acción subvencionada, respondiendo al principio de proporcionalidad. Dicha propuesta será notificada al beneficiario, el cual dispondrá de un plazo de 15 días naturales computado desde el día siguiente a la recepción de la notificación para subsanar las deficiencias observadas.

La liquidación económica de las subvenciones concedidas se realizará en función de los participantes que hayan finalizado la formación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la base sexta de la presente orden y las horas lectivas efectivamente realizadas, a tenor de los costes financiables por participante y hora de formación. La subvención resultante tendrá como límite máximo los módulos económicos establecidos en el Anexo I de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo en función de la modalidad de impartición y el nivel de la formación.

Este segundo párrafo ha sido redactado por la Orden EYE/743/2012, de 6 de septiembre (BOCyL del 11), por la que se modifica la Orden EYE/1497/2009, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas mediante convenios destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León, y se hace pública la convocatoria para el año 2012.

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención concedida o que se han incumplido, total o parcialmente, requisitos establecidos en la normativa aplicable para la justificación de la subvención o los fines para los que fue concedida la misma el órgano concedente notificará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de la comprobación técnico-económica. En tal supuesto, acordará el inicio del procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención o, en su caso, del procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención.

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Base 26.ª  Criterios de graduación de los incumplimientos y reintegro de las subvenciones.—1.  El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en esta Orden y otras normas aplicables, y en especial las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de las condiciones que se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión o, en su caso, en el convenio, dará lugar a la pérdida total o parcial del derecho al cobro de la subvención o, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente la subvención percibida y los intereses de demora correspondientes.

2.  El órgano competente para acordar la resolución del procedimiento de reintegro será el mismo que lo sea para la concesión.

3.  La graduación de los posibles incumplimientos, se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

a)  En el supuesto de incumplimiento total:

El incumplimiento total de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 100 por ciento de la subvención otorgada. Igualmente se considerará incumplimiento total si la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 35 por ciento de sus objetivos, mesurados con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumnos formados.

b)  En el supuesto de incumplimiento parcial:

El incumplimiento parcial de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de su justificación de la misma dará lugar al reintegro parcial de la subvención otorgada. Cuando la ejecución del indicador mencionado en el párrafo anterior esté comprendida entre el 35 y el 100 por ciento la subvención concedida se minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan estado debidamente justificados.

4.  El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por el órgano concedente desde el momento en el cual se aprecie la existencia de algunos de los supuestos de reintegro previstos en este artículo. La obligación de reintegro establecida en el artículo 18 se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo relativo a infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones, si concurriesen las acciones y omisiones tipificadas en la citada Ley.

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