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DECRETO 9/2003, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (DOE DE 11 DE FEBRERO)


 
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El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Como consecuencia de este mandato constitucional la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se erige en el pilar fundamental para el desarrollo de una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de riesgos laborales.

Así, en su artículo 5 establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

Del mismo modo, continúa diciendo el citado precepto en su párrafo tercero, las Administraciones Públicas fomentarán aquellas actividades en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención. La norma prevé para ello la adopción de programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección. Estos programas pueden instrumentarse a través de la concesión de incentivos económicos y con esta finalidad se dicta el presente Decreto.

El contenido de este Decreto consiste en el establecimiento de medidas de fomento con las que se incentiven las actividades de los particulares que colaboren en la consecución de un fin de carácter público. Este fin público consiste en la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de la siniestralidad laboral. Y las actividades que se incentivan consisten en inversiones realizadas por empresarios destinadas a lograr unas adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Se trata, en definitiva, de premiar aquellas empresas en las que la prevención de riesgos constituya un objetivo primordial y que cumplan adecuadamente la normativa vigente en esta materia, fomentando así una cultura preventiva mediante la mejora de las condiciones de trabajo.

La implantación en nuestra Comunidad de un modelo industrial basado fundamentalmente en el predominio de la pequeña y mediana empresa, que a veces no cuenta con medios ni recursos suficientes destinados a conseguir una mayor seguridad en sus instalaciones y un eficaz desarrollo de la acción preventiva, obliga como una acción más dentro de la política global de prevención de los riesgos en el trabajo que está desarrollando la Junta de Extremadura, a regular una serie de ayudas dirigidas a incentivar a estas empresas, siendo las que cuenten con un número máximo de veinticinco trabajadores las beneficiarias de las ayudas reguladas por este Decreto.

El encuadre competencial de esta materia se ubica en el artículo 9.11 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, en la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo, de Reforma del Estatuto de Autonomía, en virtud del cual corresponde a esta Comunidad la función ejecutiva en materia laboral, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias del Estado. En el ejercicio de tales competencias se procede a establecer un régimen de ayudas que tienda a conseguir la promoción de la seguridad y salud de los trabajadores.

El actual Decreto que viene a derogar el Decreto 47/2001, de 20 de marzo, por el que se establecen las subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene como objetivo principal la agilización del procedimiento respecto del pago de subvenciones, simplificándolo en los supuestos previstos en el presente Decreto.

Concretamente se simplifica el procedimiento de baremación adecuándolo a los resultados objetivos de las acciones preventivas desarrolladas en las empresas. A tal fin se incluyen como criterios de valoración a tener en cuenta para la concesión de las subvenciones, el hecho de haber sido sancionadas las empresas, con carácter firme, por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, así como la siniestralidad laboral con baja en centros de trabajo declaradas por las empresas.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con los artículos 36.d) y 90 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su sesión de 28 de enero de 2003, dispongo:


CAPÍTULO I

Disposiciones generales


Artículo 1.  Objeto.— El objeto del presente Decreto es establecer el régimen de concesión de subvenciones para la promoción de la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas que tengan como finalidad la prevención de riesgos derivados del trabajo, con el límite presupuestario que se fije en la aplicación pertinente de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio.


Artículo 2.  Incompatibilidades.— 2.1  El régimen de ayudas previsto en el presente Decreto es un régimen «de minimis» conforme a la regulación que establece la Comisión Europea en el Reglamento 69/2001, de 12 de enero (Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 13 de enero de 2001), por el que la cuantía de las ayudas acogidas a este régimen no podrán superar la cantidad de 100.000 euros (16.638.600 pesetas) por beneficiario en un período de tres años, no pudiendo ser acumulables a otros regímenes «de minimis», salvo que por su importe no superen ese umbral. A tal efecto deberá aportarse declaración de subvenciones u otras ayudas públicas solicitadas o concedidas durante los tres últimos años para ésta o cualquier otra actividad acogida al régimen «de minimis».

Las ayudas podrán ser concedidas a empresas en todos los sectores, con excepción de:

a)  El sector del transporte y las actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los productos que figuran en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

b)  Las actividades relacionadas con la exportación, especialmente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y la explotación de una red de distribución o las ayudas a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.

2.2  Las ayudas previstas en el presente Decreto son incompatibles con cualesquiera otras ayudas y subvenciones públicas que se concedan para la misma finalidad.


Artículo 3.  Beneficiarios.— Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, con domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con centro/s de trabajo en la Región, siempre que tengan trabajadores por cuenta ajena, sin que superen los veinticinco trabajadores en el momento de solicitar la subvención.

En el caso de empresas que cuenten con más de un centro de trabajo, dicho cómputo habrá de entenderse referido a la suma de trabajadores existentes en todos los centros de la misma ubicados en esta Comunidad.


Artículo 4.  Requisitos.— Los requisitos para obtener la subvención son:

a)  Que las empresas solicitantes de las subvenciones cumplan las normas sobre prevención de riesgos laborales y en especial con lo dispuesto en los artículos 23, 30 y 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

b)  Las empresas referidas no deberán haber sido sancionadas, con carácter firme, por infracciones muy graves, en materia de prevención de riesgos laborales, durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, o de la resolución, en su caso.

c)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.


Artículo 5.  Acciones subvencionables.— Las inversiones subvencionables habrán de afectar a alguna de las siguientes materias:

— Adecuación de Centros de Trabajo: Equipos e instalaciones.

— Señalización.

— Instalaciones para el control de contaminantes de naturaleza química, física y/o biológica, dentro del centro de trabajo.

— Adaptación ergonómica del puesto de trabajo.

— Sustitución de equipos de trabajo que impliquen riesgos.

— Cualesquiera otras relacionadas con los objetivos perseguidos y que pretendan una mejora efectiva de las condiciones de trabajo, con especial referencia a los principios de acción preventiva referidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.


Artículo 6.  Cuantía de las ayudas.— 6.1  La cuantía de la subvención por parte de la Consejería de Trabajo será del 40% del coste de la inversión que se considere subvencionable.

6.2  La asignación presupuestaria prevista para la concesión de las ayudas reguladas en el presente Decreto se distribuirán entre los solicitantes, de mayor a menor puntuación obtenido hasta el límite de los créditos disponibles.

6.3  En ningún caso la subvención a conceder podrá ser superior a tres mil cinco y seis céntimos de euro (3.005,06 euros) para la totalidad de las inversiones subvencionables realizadas por cada empresa solicitante.

6.4  En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los impuestos que se devenguen.


CAPÍTULO II

Disposiciones de procedimiento


Artículo 7.  Solicitud y documentación del expediente.— 7.1  Las solicitudes de subvención se dirigirán a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Trabajo, en el modelo oficial y plazo que establezca la Orden de convocatoria pública, y se presentarán en la citada Dirección o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

7.2  A la solicitud habrá de acompañarse la documentación exigida en la Orden de convocatoria.


Artículo 8.  Criterios de valoración de las solicitudes.— 8.1  Para la concesión de las subvenciones se atenderá a la puntuación otorgada en base a tres criterios de valoración:

1.  Memoria donde se recojan las acciones objetos de la subvención.

2.  Infracciones calificadas como graves y/o leves, respectivamente, que hayan adquirido firmeza, en materia de prevención de riesgos laborales.

3.  Haber declarado accidentes de trabajo o enfermedades profesionales con baja en centros de trabajo.

8.2  La valoración de los criterios expuestos se ponderarán en la Orden de convocatoria.


Artículo 9.  Resolución de las solicitudes de subvención.— 9.1  Será competente para dictar la resolución la Consejera de Trabajo, a propuesta del Director General de Trabajo.

9.2  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento sera de tres meses.

Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.


Artículo 10.  El pago de las subvenciones.— Para el pago de las subvenciones concedidas deberá quedar acreditado debidamente por el órgano administrativo correspondiente que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Hacienda Estatal y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, así como de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.


Artículo 11.  Control de las acciones subvencionables.— La Dirección General de Trabajo realizará el adecuado control y seguimiento en la aplicación de los incentivos, pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones que estime oportunas, a través de los técnicos del Centro de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA) y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


Artículo 12.  Incumplimiento de las condiciones y obligaciones.— En el supuesto que la Administración apreciara que se incumplen cualesquiera de las condiciones u obligaciones establecidas en la resolución de la concesión o en la presente norma, u obstaculizase la labor inspectora o se detecte falseamiento o tergiversación en los datos o documentos aprobados en el expediente, el órgano que concedió la ayuda, mediante la correspondiente resolución, podrá declarar la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y en su caso la obligación de reintegrar la subvención percibida.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Queda derogado el Decreto 47/2001, de 20 de marzo, por el que se establecen las subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.— Se faculta a la Consejera de Trabajo para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones oportunas para el cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en el presente Decreto.


Disposición final segunda.— El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura».

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