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DECRETO FORAL 38/2006, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA (BOG DE 4 DE SEPTIEMBRE)



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DECRETO FORAL 38/2006, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA (BOG DE 4 DE SEPTIEMBRE)


 
Corrección de errores BOG de 26 de septiembre


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ha supuesto una renovación conceptual en lo que a la aplicación de los tributos se refiere. De este modo, se ha introducido dentro de este concepto tanto a la gestión, como a la inspección y a la recaudación. No obstante, si bien el sistema de recaudación que instaura en su título III capítulo V es totalmente novedoso, tanto por su actual concepción, como por su estructura y connotaciones, no resulta del todo completo, como es normal en una disposición con rango de Norma Foral, ya que son muchas las remisiones a un posterior desarrollo reglamentario.  

Mediante el presente Decreto Foral se procede, por tanto, a la aprobación del Reglamento de Recaudación, Reglamento que viene a desarrollar la parte correspondiente a dicha materia y que sustituirá a su antecesor así como a diversas normas de rango reglamentario, en aras de una mejor sistematización de la misma.  

Pero no sólo eso. Además, el presente Reglamento se separa de la estructura del anterior, para mostrarnos un cuerpo normativo mucho más ordenado y sistematizado, debido tanto al deseo del legislador de que así lo sea, como a la necesidad de adaptarse a los cambios de estructura normativa introducidos por la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

Así pues, el Reglamento se divide en cinco títulos, refiriéndose el primero de ellos a las disposiciones de carácter general que afectan a todos los procedimientos, entre las que podemos destacar su ámbito de aplicación, que no sólo abarca a las deudas tributarias reconocidas a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa. De este modo, tal y como sucedía anteriormente, los procedimientos regulados en el presente Reglamento sirven para recaudar tanto las deudas tributarias, las derivadas de sanciones tributarias, así como de recursos de naturaleza pública, bien sea acreedora la Diputación Foral de Gipuzkoa, bien lo sean las entidades locales u organismos autónomos forales o locales.  

En cuanto a los ingresos en la gestión recaudatoria, resulta determinante su nueva ubicación dentro del Reglamento: Si bien antes se regulaban dentro del libro relativo al período voluntario, ahora el Reglamento los sitúa en este primer título, de aplicación general a todos los procedimientos que recoge el Reglamento, lo cual parece más acertado.  

El título II se dedica a la deuda, regulándose por un lado el pago y por otro las garantías del mismo. En cuanto al primero resulta digna de mención la ampliación que realiza el Reglamento respecto del anterior en cuanto a los medios de pago, incluyendo la transferencia y domiciliación bancarias, la tarjeta de crédito y débito así como el pago en especie. Se regula, asimismo, la compensación de deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda pública con créditos reconocidos por ella a un mismo deudor, bien de oficio, bien a instancia de persona interesada.  

El título III se refiere al período voluntario y al ejecutivo, quedando este último completamente separado del procedimiento de apremio, que ocupa un capítulo íntegro dentro de este título. Respecto al procedimiento de apremio, la novedad más importante radica en la desaparición del orden de prelación de los embargos —siempre con los límites de proporcionalidad y de menor daño posible a los deudores—, auténtico lastre que se arrastraba desde la aprobación del ahora derogado Reglamento de recaudación, que podía suponer efectos desfavorables tanto para los deudores como para la Administración autora del embargo.  

Resulta completamente novedoso el título IV, que regula el procedimiento frente a responsables y sucesores de las deudas, en una ubicación mucho más acertada que la anterior (título preliminar), así como la certificación por adquisición de explotaciones o actividades económicas y el certificado expedido a instancia de contratistas y subcontratistas.  

El último título, finalmente, recoge la posibilidad de exigir mediante el procedimiento de apremio las deudas derivadas de la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda pública, aspecto novedoso, igualmente, del presente Reglamento.  

Por último, conviene recordar aquí que en la redacción de este Reglamento se ha mantenido vigente el espíritu que impulsó la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, siguiendo los principios de adaptación a nuestro tiempo y a los nuevos medios y tecnologías, la simplificación de los procedimientos y la unificación de los plazos.  

En su virtud, a propuesta del Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación y aprobación del Consejo de Diputados en sesión del día de la fecha, dispongo


Artículo único.  Aprobación del Reglamento de Recaudación.— Se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuyo texto se inserta a continuación.  


DISPOSICIÓN TRANSITORIA


Régimen transitorio del reglamento.—1.  Los procedimientos en tramitación a la entrada en vigor del presente Decreto Foral se regirán, en cuanto a las actuaciones posteriores, por lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el mismo, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.  

Para dichos procedimientos, las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este Decreto Foral, cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de venta mediante gestión y adjudicación directas se hayan producido antes de la entrada en vigor de este Decreto Foral.  

2.  Los aplazamientos y fraccionamientos concedidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto Foral se regirán por la normativa vigente en el momento de su concesión, inclusive en cuanto a las consecuencias de su incumplimiento.  

3.  Las notificaciones de los acuerdos de denegación de aplazamientos, fraccionamientos o compensaciones dictados antes de la entrada en vigor de este Decreto Foral, relativos a aplazamientos, fraccionamientos o compensaciones solicitados en período voluntario de ingreso, incluirán los plazos de pago y el cálculo de la liquidación de los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente en el momento de dictarse aquellos acuerdos.  


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


1.  A la entrada en vigor de este Decreto Foral, quedarán derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a esta disposición, y en particular:

a)  El Decreto Foral 27/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

b)  El Decreto Foral 91/1996, de 10 de diciembre, por el que se crea la cuenta corriente fiscal.  

c)  El Decreto Foral 42/2000, de 2 de mayo, por el que se regulan determinadas cuestiones relativas al pago de las deudas tributarias y demás deudas de derecho público mediante su domiciliación bancaria y se modifican determinados preceptos del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

2.  Las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de los textos derogados a los que se refiere el apartado anterior continuarán vigentes, en tanto no se opongan a lo previsto en el presente Decreto Foral, hasta la entrada en vigor de las distintas normas reglamentarias que puedan dictarse en desarrollo del mismo.  

3.  Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente, deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de este Decreto Foral que regulan la misma materia que aquéllas.  

4.  Los convenios de recaudación anteriormente formalizados conservarán su vigencia, sin perjuicio de que, en su caso, su posterior modificación se acomode al artículo 3.3 de este Reglamento.  


DISPOSICIÓN FINAL


Entrada en vigor.—El presente Decreto Foral entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.  


REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA


TÍTULO I

Disposiciones generales


CAPÍTULO I

La gestión recaudatoria


SECCIÓN 1.ª  DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 1.  Concepto de gestión recaudatoria.— La gestión recaudatoria de la Hacienda pública consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago.  

A efectos del presente Reglamento todos los créditos de naturaleza pública a que se refiere este artículo se denominan deudas. Se considerarán obligados al pago aquellas personas o entidades a las que la Hacienda pública exige el ingreso de la totalidad o parte de una deuda.  

El cobro en período ejecutivo de los recursos a que se refiere el párrafo anterior se efectuará, en su caso, por el procedimiento de apremio regulado en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en este Reglamento.  


Artículo 2.  Normativa aplicable y ámbito de aplicación.— 1.  La gestión recaudatoria se regirá por las siguientes normas:

a)  Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y Norma Foral de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

b)  Normas Forales y Leyes reguladoras de los tributos y demás recursos de naturaleza pública y sus normas de desarrollo.  

c)  Tratados y convenios de carácter internacional y normas comunitarias que resulten de aplicación.  

d)  El presente Reglamento y sus normas de desarrollo.  

e)  Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.  

2.  Este Reglamento desarrolla la gestión recaudatoria regulada en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y será de aplicación en el ámbito de la Diputación Foral de Gipuzkoa y sus Organismos Autónomos.  

3.  Este Reglamento también será de aplicación en el ámbito de competencias de las Entidades Locales en los aspectos no regulados específicamente por las mismas.  

4.  Cuando se realice la recaudación en vía administrativa de apremio de créditos a favor de otras Administraciones públicas, se seguirá el procedimiento regulado en este Reglamento, en todo aquello que no esté expresamente regulado en la normativa en virtud de la que se realiza dicha recaudación.  


SECCIÓN 2.ª  ÓRGANOS RECAUDADORES


Artículo 3.  Órganos recaudadores.— 1.  A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, son órganos de recaudación:

a)  Las unidades administrativas del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas a las que las normas organizativas del mismo atribuyan competencias en materia de recaudación.  

b)  Las unidades administrativas de los distintos Departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y sus organismos autónomos que lleven a cabo la recaudación en período voluntario de recursos de Derecho Público.  

c)  Las unidades administrativas de los Entes Públicos que gestionen la recaudación en período voluntario de recursos de Derecho Público.  

2.  Las unidades administrativas del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas a las que las normas organizativas del mismo atribuyan competencias en materia de recaudación en período ejecutivo tendrán encomendadas la recaudación por el procedimiento de apremio de todos los recursos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de sus organismos autónomos forales.  

3.  Los órganos del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas podrán asumir la gestión recaudatoria de los recursos de otras Administraciones públicas mediante la formalización de los correspondientes convenios que se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.  


Artículo 4.  Recaudación por la Diputación Foral de Gipuzkoa de créditos a favor de los organismos autónomos forales.— 1.  La recaudación en período ejecutivo de los créditos de los organismos autónomos forales se rige por lo dispuesto en este Reglamento, con las siguientes particularidades:

a)  Las relaciones certificadas de deudas impagadas en período voluntario serán expedidas por los órganos competentes de los organismos autónomos forales. Cuando las deudas sean inferiores a la cantidad que el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas fije como coste mínimo estimado de recaudación ejecutiva, los citados organismos sólo las incluirán cuando se hayan acumulado deudas del mismo deudor por importe superior.  

b)  La providencia de apremio será dictada por el órgano competente del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  

c)  Las cantidades recaudadas, a excepción de los recargos del período ejecutivo y costas, serán transferidas a las cuentas oficiales del organismo autónomo foral.  

2.  Los intereses de demora se liquidarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de este Reglamento.  

3.  La declaración de fallido y en su caso la de crédito incobrable se efectuará por el órgano que tenga atribuida la competencia dentro del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, que lo comunicará al organismo autónomo foral para su toma de razón.  

Podrán rehabilitarse dichos créditos, tanto por iniciativa del propio organismo como de los órganos competentes en recaudación ejecutiva, en los mismos casos y por análogo procedimiento al previsto para los créditos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

4.  Será aplicable lo dispuesto en este Reglamento sobre adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa, la cual se llevará a cabo con atención a lo dispuesto en la Norma Foral 8/1996, de 9 de julio, de Patrimonio del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

Nota

Artículo 5.  Recaudación por los Entes Locales.— Corresponde a las Entidades Locales la recaudación de las deudas cuya gestión tengan atribuida y se llevará a cabo:

a)  Por las propias entidades de acuerdo con lo establecido en sus propias normas de atribución de competencias.  

b)  Por otros entes territoriales a cuyo ámbito pertenezcan cuando así se haya establecido legalmente, cuando con ellos se haya formalizado el correspondiente convenio o cuando se haya delegado esta facultad en ellos.  


Artículo 6.  Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.— 1.  Pueden actuar como entidades colaboradoras en la recaudación las entidades de crédito autorizadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 10 de este Reglamento.  

A efectos del presente Reglamento, sólo podrán actuar como entidades colaboradoras las siguientes entidades de crédito:

a)  Los bancos.  

b)  Las cajas de ahorro.  

c)  Las cooperativas de crédito.  

2.  En ningún caso la autorización que se conceda o el convenio que se formalice atribuirá el carácter de órganos de la Administración a las entidades de crédito que sean colaboradoras en la recaudación.  

3.  El Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas podrá autorizar a las entidades de crédito a actuar como entidades colaboradoras en la gestión de aquellos ingresos de la Diputación Foral de Gipuzkoa distintos a los referidos en el artículo 11 de este Reglamento.  


SECCIÓN 3.ª  OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN, FACULTADES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA

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Artículo 7.  Facultades de los órganos de recaudación.— 1.  Los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación serán considerados agentes de la autoridad y tendrán las facultades previstas en el artículo 166 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y en la normativa que se dicte en desarrollo de los mencionados artículos.  

Asimismo, podrán adoptar las medidas cautelares a las que alude el artículo 166 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, previstas para el procedimiento de comprobación e investigación.  

2. Los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación podrán realizar actuaciones de obtención de información previstas en los artículos 90 y 91 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de conformidad con lo previsto en dichos artículos y en el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.

Nota

CAPÍTULO II

Ingresos de la gestión recaudatoria


Artículo 8.  Ingresos de la gestión recaudatoria.— 1.  Los ingresos de la gestión recaudatoria tanto en período voluntario como en ejecutivo, se efectuaran conforme a lo dispuesto en este capítulo.  

2.  Si el vencimiento de cualquier plazo de ingreso coincide con un sábado o un día inhábil quedará trasladado al primer día hábil siguiente.  


SECCIÓN 1.ª  INGRESOS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN PERÍODO VOLUNTARIO Y EN PERÍODO EJECUTIVO


Artículo 9.  Lugar de realización de los ingresos.— Los ingresos podrán realizarse:

a)  En las cuentas restringidas de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.  

b)  En las cuentas autorizadas abiertas en entidades de crédito.  

c)  En las cajas de los órganos gestores.  

d)  En la Dirección General de Finanzas y Presupuestos.  

e)  En cualquier otro lugar de pago que se establezca por el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  


Subsección 1.ª  Ingresos a través de entidad colaboradora en la recaudación


Artículo 10.  Entidades colaboradoras en la recaudación.— 1.  Podrán colaborar en la recaudación las entidades de crédito autorizadas. La prestación del servicio de colaboración no será retribuida.  

2.  Las entidades que deseen actuar como colaboradoras en la gestión recaudatoria solicitarán autorización del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, acompañando declaración expresa de estar en disposición de prestar el servicio de colaboración en las condiciones establecidas en cada caso por la normativa vigente.  

Corresponderá al Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas resolver discrecionalmente las solicitudes, determinando la forma y condiciones de la prestación del servicio, para lo cual tendrá en cuenta la solvencia de la entidad y su posible contribución al servicio de colaboración en la recaudación, pudiendo recabar los informes que considere oportunos.  

Nota
La resolución deberá notificarse a la entidad en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud. La resolución que determine la autorización se publicará, asimismo, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y se referirá a todas las oficinas de una misma entidad, salvo las que con carácter excepcional se exceptúen.  

La resolución que deniegue la autorización deberá ser motivada.  

3.  La entidad que posea varios establecimientos deberá designar uno de ellos, el cual deberá encontrarse situado en Gipuzkoa, para relacionarse con el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  

Asimismo, comunicará la fecha de comienzo de la prestación del servicio de colaboración, que no podrá exceder de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la autorización.  

4.  Los órganos competentes del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas efectuarán el control y seguimiento de la actuación de las entidades colaboradoras, pudiendo a tal efecto ordenar la práctica de comprobaciones en dichas entidades.  

Las comprobaciones se referirán exclusivamente a su actuación como entidades colaboradoras, pudiéndose efectuar en las oficinas de la entidad o en las dependencias del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  

Las actuaciones podrán referirse al examen de la documentación relativa a operaciones concretas o extenderse a la actuación de colaboración de dichas entidades o de sus oficinas durante un período determinado de tiempo.  

Para la práctica de las comprobaciones, las entidades deberán poner a disposición de los funcionarios designados al efecto toda la documentación que los mismos soliciten en relación con la actuación de la entidad en su condición de colaboradora y, en particular, extractos de cuentas restringidas, documentos de ingreso y justificantes de ingreso en las cuentas de la Tesorería Foral. Asimismo deberán permitir el acceso a los registros informáticos de la entidad respecto de las operaciones realizadas en su condición de colaboradora.  

5.  Si dichas entidades incumplen las obligaciones establecidas en el presente Reglamento y demás normas aplicables, las obligaciones de colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa o las normas tributarias en general, el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas podrá suspender temporalmente o revocar definitivamente la autorización otorgada a las entidades de crédito para actuar como colaboradoras en la recaudación, sin perjuicio de la responsabilidad que en cada caso proceda.  

En particular, podrá hacer uso de las facultades a las que se refiere el párrafo anterior, cuando se den alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Presentación reiterada fuera de los plazos establecidos, de forma incompleta o con graves deficiencias, de la información que como entidad colaboradora debe aportar a la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

b)  Manipulación de los datos contenidos en la información que debe aportar a la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la que debe custodiar la entidad o en la que debe entregar a los contribuyentes.  

c)  Incumplimiento de las obligaciones de proporcionar o declarar cualquier tipo de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria.  

d)  Incumplimiento de las órdenes de embargo, así como la colaboración o consentimiento en el levantamiento de bienes embargados o sobre los que se haya constituido una medida cautelar o una garantía.  

e)  Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

f)  No realizar diariamente el ingreso de las cantidades recaudadas en las cuentas restringidas o no efectuar o efectuar con retraso el ingreso de las cantidades recaudadas en las cuentas de la Tesorería Foral, cuando se haya ocasionado un grave perjuicio a la Hacienda pública o a un particular.  

g)  Inutilidad de la autorización, manifestada por el nulo o escaso volumen de los ingresos realizados a través de la entidad.  

h)  No adaptación a las especificaciones técnicas e informáticas que se establezcan por la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

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Artículo 11.  Ingresos a través de entidad colaboradora en la recaudación.— 1.  Los obligados al pago, tengan o no cuentas abiertas en las entidades colaboradoras, deberán ingresar en éstas las siguientes deudas:

a)  Las que resulten de autoliquidaciones realizadas en los modelos reglamentariamente establecidos, así como de aquellas cuya presentación se haya efectuado por vía telemática.  

b)  Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, tanto en período voluntario como ejecutivo.  

c)  Cualesquiera otras que se determinen por el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  

2.  Asimismo, las entidades colaboradoras admitirán las autoliquidaciones que no den lugar a ingreso, así como las declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de las obligaciones de suministro de información previstas en la normativa tributaria.  


Artículo 12.  Procedimiento de ingreso a través de entidad colaboradora.— 1.  Los ingresos se realizarán en cuentas restringidas abiertas en las citadas entidades, cuya denominación y funcionamiento serán establecidas mediante Orden Foral del Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  

2.  Las entidades colaboradoras admitirán, en todo caso, el dinero de curso legal como medio de pago. Asimismo, podrán aceptar cualquier otro medio de pago habitual en el tráfico bancario, si bien la admisión de estos medios queda a discreción y riesgo de la entidad.  

Cualquiera que fuera el medio de pago utilizado, en ningún caso correrán por cuenta de la Administración los gastos que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso legal. Como consecuencia de dichos gastos no podrán minorarse en ningún caso los importes ingresados.  

3.  Las entidades colaboradoras admitirán dichos ingresos todos los días que sean laborables para las mismas durante las horas de caja, abonándolos seguidamente en la cuenta restringida.  

4.  Las entidades colaboradoras no se responsabilizarán de la exactitud de los datos consignados por los contribuyentes, excepto del número de identificación fiscal del declarante y deberán admitir los ingresos sin consideración al posible vencimiento de los plazos de recaudación.  

5.  Cuando se trate de autoliquidaciones, la persona obligada al pago presentará a la entidad colaboradora los impresos en los que se contengan aquéllas.  

Si el ingreso es consecuencia de una liquidación practicada por la Administración y notificada a la persona obligada al pago, ésta presentará el documento de ingreso según modelo establecido.  

6.  La entidad colaboradora que deba admitir un ingreso, comprobará, previamente a su abono en cuenta:

a)  La coincidencia exacta del importe de aquél con el que ha de figurar en el «total a ingresar» de la autoliquidación o documento de ingreso.  

b)  Que en los citados documentos se consignan el nombre, domicilio y número de identificación fiscal del contribuyente, concepto y ejercicio o período a que corresponde el citado pago.  

Si resultase conforme la anterior comprobación, la entidad colaboradora procederá a extender en el documento destinado a tal efecto de los que componen la autoliquidación o en el documento de ingreso, validación, bien mecánica mediante máquina contable o bien manual mediante sello, de los siguientes conceptos: Fecha de ingreso, total ingresado, concepto, clave de la entidad y de la oficina receptora, certificando de este modo el concepto del ingreso así como que éste se ha efectuado en las cuentas de la Tesorería Foral.  

7.  En los casos para los que se establezca que el contribuyente puede presentar en sobre cerrado el documento de ingreso o devolución, la autoliquidación y la documentación complementaria, lo hará de acuerdo con las normas siguientes:

a)  Presentará en la entidad colaboradora el documento de ingreso o devolución en el que constarán los datos esenciales de la autoliquidación y la cantidad a ingresar o devolver resultante de la misma.  

b)  La entidad comprobará si el documento de ingreso o devolución está correctamente cumplimentado.  

En caso de ingreso, lo certificará con las formalidades y requisitos anteriormente citados.  

En caso de solicitud de devolución por transferencia, sellará los documentos, certificando la existencia de la cuenta bancaria y la titularidad del contribuyente.  

En ambos casos, la entidad colaboradora conservará en su poder el ejemplar a ella destinado y entregará al contribuyente los que le correspondan.  

c)  El contribuyente unirá a su autoliquidación el ejemplar para la Administración de su documento de ingreso o devolución y lo entregará en la propia entidad colaboradora para su remisión a la Administración en sobre cerrado, en cuyo anverso constará su nombre y apellido, razón social o denominación y concepto impositivo.  

d)  A petición del contribuyente, la entidad colaboradora deberá estampar en la primera hoja de los ejemplares para la Administración y para el interesado de la correspondiente autoliquidación o declaración sello en el que consten los siguientes datos: Fecha en la que se produce la presentación de la declaración y claves de la entidad y de la oficina receptora.  

8.  Cuando, presentado un documento de ingreso por un contribuyente, el importe validado por la entidad colaboradora resulte correcto pero ésta realice un ingreso superior al procedente se tramitará su devolución a la entidad colaboradora en los términos previstos en la normativa aplicable, sin que a tales ingresos les resulte de aplicación el interés de demora.  


Artículo 13.  Procedimiento de ingreso por otros medios electrónicos, informáticos o telemáticos de pago.— El Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas podrá determinar la forma, el procedimiento y demás condiciones de ingreso de la deuda por otros medios electrónicos, informáticos o telemáticos de pago.  


Subsección 2.ª  Ingresos en cuentas autorizadas abiertas en entidades de crédito y en cajas de órganos gestores


Artículo 14.  Ingresos en cuentas autorizadas y en cajas de órganos gestores.— 1.  Podrán realizarse ingresos en cuentas autorizadas abiertas en entidades de crédito cuando esté justificada su necesidad por razones de gestión, mejor prestación del servicio, de custodia de fondos o similar.  

El Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas autorizará de forma individualizada la apertura de dichas cuentas autorizadas, fijando las condiciones de su utilización.  

La cancelación de tales cuentas será acordada por el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas cuando, por iniciativa del órgano gestor o propia, se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su apertura o no se cumplen las condiciones impuestas para su uso.  

2.  El Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, a solicitud de los órganos gestores, podrá autorizar el ingreso en cajas situadas en las dependencias del órgano gestor cuando existan razones de economía, eficacia o mejor prestación del servicio a los usuarios.  

En tal caso deberán aplicarse, como mínimo, las normas siguientes:

a)  Deberá entregarse justificante de todo ingreso.  

b)  Deberá quedar copia o resguardo de cada ingreso.  

c)  Los fondos deberán ser trasladados a las cuentas de la Tesorería Foral diariamente o en el plazo que establezca el órgano competente, compatible con criterios de buena gestión.  

3.  Los ingresos que se realicen por medio de efectos timbrados se regirán por las normas que en este Reglamento regulan dicho medio de pago.  


Subsección 3.ª  Ingresos en la Dirección General de Finanzas y Presupuestos


Artículo 15.  Ingresos en la Dirección General de Finanzas y Presupuestos.— 1.  La Dirección General de Finanzas y Presupuestos, a través del órgano competente, recaudará las cantidades que se liquiden o retengan en dicho órgano, y aquellas respecto de las cuales así lo establezca el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  

2.  Dichas cantidades se ingresarán en las entidades de crédito.  

3.  Excepcionalmente, el Director o Directora General de Finanzas y Presupuestos podrá autorizar el ingreso en la Caja de la Dirección General Finanzas y Presupuestos.  


Subsección 4.ª  Especialidades del ingreso de deudas recaudadas por organismos autónomos forales


Artículo 16.  Ingresos en organismos autónomos forales.— Los ingresos cuya gestión corresponda a los organismos autónomos forales podrán realizarse a través de las cuentas autorizadas abiertas a nombre del organismo autónomo foral en las entidades de crédito o en las cajas del organismo autónomo foral.  

Todos los ingresos en las cuentas o cajas del organismo serán registrados individual o colectivamente y comprobados con las facturas, recibos y demás justificantes de la venta, servicio u otra operación a que correspondan.  

Los fondos recaudados en las cajas deberán ser ingresados en las cuentas autorizadas diariamente o en el plazo que establezca el órgano competente, compatible con criterios de buena gestión.  

Nota

SECCIÓN 2.ª  RECAUDACIÓN DE DEUDAS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO Y NOTIFICACIÓN COLECTIVA


Artículo 17.  Modalidad de cobro.— La recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá realizarse, según se establezca en cada caso:

a)  Por los órganos de recaudación de los entes que tengan a su cargo la gestión de los recursos.  

b)  A través de las entidades colaboradoras mediante la presentación del documento expedido al efecto por la Administración foral.  

c)  Por cualquier otra modalidad que se establezca para el ingreso de los recursos de la Hacienda foral.  


Artículo 18.  Anuncios de cobranza.— 1.  La comunicación del período de pago se llevará a cabo de forma colectiva, publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, exponiéndose, asimismo, en los Ayuntamientos afectados del Territorio Histórico. Dicho anuncio podrá divulgarse además, de forma abreviada, por los medios de comunicación que se consideren adecuados.  

2.  El anuncio de cobranza deberá contener, al menos:

a)  El plazo de ingreso.  

b)  La modalidad de cobro utilizable de entre los previstos en el artículo 17 de este Reglamento.  

c)  Lugares, días y horas de ingreso.  

d)  En su caso, fecha límite para que la domiciliación bancaria de pago de recibos surta efectos en dicho período de cobro.  

e)  La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, sin haberse efectuado el mismo, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.  

3.  El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por notificaciones individuales.  


Artículo 19.  Ingresos de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.— 1.  La Administración foral remitirá, con carácter informativo, al domicilio fiscal de los obligados al pago, el documento preciso para efectuar el pago de la deuda.  

2.  No obstante, cuando no se dispusiera del referido documento, la persona obligada al pago u otra que pretenda realizar el pago, lo solicitará a la Administración foral en el lugar y horario que se determine en el anuncio de cobranza.  

Al realizar dicha solicitud se entregará a la persona solicitante el documento para efectuar el pago.  

3.  Los obligados al pago que deseen domiciliar el pago de recibos dirigirán a las entidades de crédito colaboradoras comunicación en la que especifiquen los recibos que han de abonar.  

4.  Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido, en tanto no sean anuladas por la persona interesada, o rechazadas por la entidad de crédito o la Administración foral disponga expresamente su invalidez por razones justificadas. En este último caso la Administración foral deberá notificar el acuerdo por el que se declare la invalidez a la persona obligada al pago y a la entidad colaboradora.

Nota

SECCIÓN 3.ª  INGRESOS EN LAS CUENTAS DE LA TESORERÍA FORAL DE LAS CANTIDADES OBTENIDAS EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA


Artículo 20.  Disposiciones generales sobre ingresos en las cuentas de la Tesorería Foral.— 1.  Las cantidades percibidas por los distintos órganos y entidades en el ejercicio de la función recaudatoria serán ingresadas por éstos en las cuentas de la Tesorería Foral, con sujeción a las disposiciones contenidas en la presente sección.  

2.  Cuando las entidades colaboradoras en la recaudación y cualquier otra persona o entidad que recaude por cuenta de la Diputación Foral de Gipuzkoa no efectúen los ingresos en las cuentas de la Tesorería Foral en los plazos establecidos, el órgano competente exigirá el inmediato ingreso y practicará liquidación por intereses de demora que será notificada para su ingreso.  

3.  Los retrasos en los ingresos y las demás anomalías en la prestación de los servicios serán comunicados al órgano competente para la adopción de las medidas que, en su caso, procedan.  

Nota

Artículo 21.  Ingresos de las entidades colaboradoras en recaudación.— 1.  Las entidades colaboradoras centralizarán la operación de ingreso en la Tesorería Foral de las cantidades recaudadas y el envío a la Diputación Foral de Gipuzkoa de la información a que se refiere el apartado 2 siguiente.  

Con carácter general, las entidades colaboradoras ingresarán en las cuentas de la Tesorería Foral, con fecha valoración 15 y último día de cada mes y con fecha de ingreso en esos días o en el inmediato hábil posterior, las cantidades recaudadas por las mismas en cada quincena. La quincena comprenderá desde el fin de la anterior hasta el día 10 ó 25 siguiente o hasta el inmediato hábil posterior si el 10 ó 25 son inhábiles.  

No obstante, las entidades colaboradoras ingresarán la recaudación correspondiente a las campañas anuales tributarias a través de domiciliación bancaria, como máximo dentro de los cinco días naturales posteriores a la fecha de cargo al contribuyente.  

2.  El Director o Directora General de Finanzas y Presupuestos aprobará el calendario anual de recaudación, con las adaptaciones que sean necesarias realizar, indicando las fechas de comunicación e ingreso, así como las fechas de valoración de los importes recaudados.  

Asimismo, establecerá los plazos, forma y soporte en que las entidades colaboradoras entregaran al órgano de recaudación competente la información necesaria para la gestión y seguimiento de los ingresos.  


Artículo 22.  Ingresos de la Caja de la Dirección General de Finanzas y Presupuestos.— La suma total de las cantidades cobradas por la Caja de la Dirección General de Finanzas y Presupuestos será ingresada en las cuentas de la Tesorería Foral en los plazos que sean compatibles con criterios de buena gestión.  


Artículo 23.  Otros ingresos en cuentas autorizadas abiertas en entidades de crédito.— Las cantidades recaudadas directamente a través de cuentas autorizadas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, o sus organismos autónomos forales, se ingresarán diariamente, salvo que en la Orden Foral de autorización de la cuenta el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas establezca otro plazo.  


TÍTULO II

La deuda


CAPÍTULO I

Extinción de la deuda


Artículo 24.  Extinción de la deuda.— Las deudas podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación, condonación y por los demás medios previstos en las Normas Forales o disposiciones legales.  


SECCIÓN 1.ª  PAGO


Artículo 25.  Legitimación, lugar de pago y forma de pago.— 1.  Puede efectuar el pago, en período voluntario o en período ejecutivo, cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore la persona obligada al pago.  

El tercero que pague la deuda no estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que corresponden a la persona obligada al pago.  

2.  El pago de las deudas podrá realizarse en las entidades colaboradoras, directamente o por vía telemática, y en las cajas de los órganos competentes, cuando así este previsto en la normativa vigente.  

3.  Los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o personas no autorizadas para ello no liberan al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor que admita indebidamente el pago.  

4.  El pago de las deudas podrá realizarse en efectivo, mediante efectos timbrados y en especie.  


Artículo 26.  Medios y momento del pago en efectivo.— 1.  El pago de las deudas y sanciones tributarias que deba realizarse en efectivo se podrá hacer en dinero de curso legal.  

Asimismo, con los requisitos y condiciones que para cada uno de ellos se establecen en el presente Reglamento y siguiendo los procedimientos que se dispongan en cada caso, se podrá realizar por alguno de los siguientes medios:

a)  Cheque.  

b)  Tarjeta de crédito y débito.  

c)  Transferencia bancaria.  

d)  Domiciliación bancaria.  

e)  Cualesquiera otros que se autoricen por el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  

Será admisible el pago por los medios a los que se refieren las letras b), c) y d) en aquellos casos en los que se establezca en las normas.  

2.  El pago en efectivo de las deudas no tributarias se efectuará por los medios que autorice su propia normativa. Si no se hubiera dispuesto regla especial, el pago deberá realizarse por los medios citados en el apartado 1 anterior excepto los párrafos b), c) y d) que requerirán regulación expresa.  

3.  Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, entidades colaboradoras o demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago.  

4.  No obstante, cuando el pago se realice a través de entidades colaboradoras u otras personas autorizadas, la entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a éste desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él, quedando obligada la entidad colaboradora o la persona autorizada frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa desde ese momento y por dicho importe, salvo que pudiera probarse fehacientemente la inexactitud de la fecha o el importe que conste en la validación del justificante.  

5.  Las órdenes de pago dadas por el deudor a las entidades colaboradoras u otras personas autorizadas para recibir el pago no surtirán por sí solas efectos frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa, sin perjuicio de las acciones que correspondan al ordenante frente a la entidad o persona responsable del incumplimiento.  


Artículo 27.  Pago mediante cheque.— Los pagos que deban efectuarse en la caja de la Tesorería Foral podrán hacerse mediante cheque, que deberá reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes:

a)  Ser nominativo a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa y cruzado.  

b)  Estar conformado o certificado por la entidad librada.  

c)  Incluir el nombre y apellidos o razón social o denominación completa del librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad.  

La entrega del cheque liberará a la persona obligada al pago por el importe satisfecho cuando sea hecho efectivo. En tal caso, surtirá efectos desde la fecha en que haya tenido entrada en la caja correspondiente.  

No obstante, cuando un cheque validamente conformado o certificado no pueda ser hecho efectivo en todo o en parte, el pago le será exigido a la entidad que lo conformó o certificó.  


Artículo 28.  Pago mediante tarjeta de crédito y débito.— 1.  Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito ante las cajas de los órganos competentes, cuando así se establezca en la correspondiente normativa.  

2.  Sin perjuicio de los límites asignados por la entidad emisora individualmente a cada tarjeta, el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas podrá establecer límites en la cuantía de los pagos a realizar por este medio, así como las oportunas condiciones.  

No podrá simultanearse para un mismo documento de ingreso el pago mediante tarjeta con cualquier otro de los medios de pago admitidos.  

3.  Los importes ingresados por los obligados al pago a través de tarjetas de crédito o débito no podrán ser minorados como consecuencia de descuentos en la utilización de tales tarjetas o por cualquier otro motivo.  

4.  El Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas podrá establecer las condiciones para utilizar este medio de pago por vía telemática.  


Artículo 29.  Pago mediante transferencia bancaria.— En caso de realizarse el pago mediante transferencia bancaria, se considerará momento del pago la fecha en que haya tenido entrada el importe correspondiente en la entidad autorizada para recibirlo, quedando liberada desde ese momento la persona obligada al pago frente a Hacienda foral.  

El Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas podrá establecer las condiciones para utilizar este medio de pago por vía telemática.  

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Artículo 30.  Pago mediante domiciliación bancaria.—    Redacción anterior     1.  La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

a)  Que la persona obligada al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad colaboradora. No obstante, cuando así lo autorice el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, podrá domiciliarse el pago en otras entidades de crédito.  

En los términos y condiciones en que la Diputación Foral de Gipuzkoa establezca, el pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad de la persona obligada, siempre que el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación.  

b)  Que la persona obligada al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos de la Diputación Foral de Gipuzkoa siguiendo a tal efecto los procedimientos que se establezcan en cada caso en su normativa reguladora.  

2.  El cargo en cuenta de las deudas cuyo pago haya sido objeto de domiciliación bancaria se efectuará en la fecha que finalice el correspondiente periodo voluntario de pago.

No obstante, en los supuestos de presentación de declaraciones, autoliquidaciones y solicitudes por vía telemática, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá realizar el cargo durante los tres días hábiles siguientes. Asimismo, el Diputado o Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas podrá establecer, mediante Orden Foral, una fecha de cargo posterior a aquélla en la que finalice el periodo voluntario de pago que corresponda a cada impuesto.

Los pagos realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones se entenderán realizados en la fecha en que finalice el correspondiente periodo voluntario de pago, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se encuentra domiciliado el pago, debiendo recoger como mínimo los datos que se establezcan en el artículo 33.3 de este Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, en los supuestos de pagos realizados como consecuencia de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, el pago se entenderá realizado en la fecha de cargo en cuenta.

Este apartado 2 ha sido redactado por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

3.  A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el contribuyente deberá tener saldo suficiente en la cuenta de domiciliación desde la fecha de finalización del período voluntario de pago hasta la fecha de su cargo efectivo.  

4.  Se entenderá que hay saldo suficiente en la cuenta de domiciliación cuando su importe sea igual o superior al de la deuda durante todo el día en el que finalice el correspondiente período voluntario de pago y durante los días siguientes hasta su cargo.  

5.  La imposibilidad de efectuarse el cargo en la cuenta, bien por inexistencia de saldo suficiente, bien por cualquier otra causa no imputable a la Diputación Foral de Gipuzkoa, determinará que la deuda se considere impagada, a todos los efectos. En ningún caso se admitirán cargos que correspondan a ingresos parciales.  

6.  El Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas podrá establecer las condiciones para utilizar este medio de pago por vía telemática.  


Artículo 31.  Pago mediante efectos timbrados.—    Redacción anterior    1.  Tienen la condición de efectos timbrados:

a)  El papel timbrado de uso exclusivo notarial.

b)  Las letras de cambio.

c)  Los determinados por el Diputado o Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Este apartado 1 ha sido redactado por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

2.  El empleo, forma, estampación, visado, inutilización, condiciones de canje y demás características de los efectos timbrados se regirán por las normas que regulan los tributos y demás recursos de naturaleza pública que admiten dicho medio de pago y por las de este Reglamento.  

3.  La creación y modificación de efectos timbrados se hará por Orden Foral del Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, que se publicará en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.  

4.  Cuando por modificación de las normas que regulan los tributos y demás recursos de derecho público o sus tarifas, sea precisa la utilización de nuevos efectos timbrados, se procederá a retirarlos de la circulación de forma que se garantice su destrucción.  

5.  Los poseedores de efectos retirados de la circulación podrán obtener su canje por otros en vigor.  


Artículo 32.  Pago en especie.— 1.  La persona obligada al pago que pretenda utilizar dicho medio en pago de deudas a la Diputación Foral de Gipuzkoa presentará al Director o Directora General de Hacienda solicitud a tal efecto, con identificación del deudor y de la deuda que pretende satisfacer de este modo, acompañando la valoración de los bienes y el informe sobre el interés de aceptar esta forma de pago, emitidos por el departamento foral competente en materia de patrimonio o en materia de cultura en caso de que los bienes pudiesen ser de interés histórico o artístico; o, en su defecto, justificante de haberlos solicitado.  

La solicitud de pago en especie presentada en período voluntario junto con los documentos a los que se refiere el párrafo anterior impedirá el inicio del período ejecutivo pero no el devengo del interés de demora que corresponda.  

La solicitud en período ejecutivo podrá presentarse hasta el momento en que se notifique a la persona obligada el acto administrativo por el que se acuerde la enajenación de los bienes embargados y no tendrá efectos suspensivos, sin perjuicio de la posibilidad de suspender las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta que sea dictada la resolución que ponga fin al procedimiento de pago en especie por el Director o Directora General de Hacienda.  

2.  Cuando a la solicitud no se acompañen los documentos que se señalan en el apartado anterior, el órgano competente para la tramitación requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez días aporte los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, archivándose sin más trámite.  

Cuando la solicitud de pago en especie se hubiese presentado en período voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en período voluntario y aquél no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio.  

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido contestado pero no se hayan subsanado los defectos observados o aportado los documentos oportunos, procederá la denegación de la solicitud de pago en especie.  

3.  La resolución deberá ser notificada en el plazo de seis meses computados a partir de la recepción de la solicitud de la persona interesada con la valoración y el informe señalados en el apartado 1 anterior. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado la resolución, los interesados podrán considerar desestimada la solicitud para interponer frente a la denegación presunta el correspondiente recurso o esperar la resolución expresa.  

El Director o Directora General de Hacienda resolverá la aceptación o no de los bienes en pago de la deuda. Si la resolución es denegatoria será motivada.  

4.  De dicha resolución de aceptación o de denegación, se remitirá copia al departamento foral competente en materia de patrimonio y, en su caso, al departamento que emitió la valoración y el informe, si fuese de otro área funcional.  

5.  Si se adoptase resolución de aceptación, su eficacia estará condicionada a la entrega o puesta a disposición de los bienes ofrecidos. De efectuarse ésta en la forma establecida en la resolución de aceptación y en el plazo establecido al efecto, los efectos extintivos de la deuda se entenderán producidos desde la fecha de la solicitud.  

En caso de aceptación del pago en especie, la deuda devengará interés de demora desde la finalización del plazo de ingreso en período voluntario hasta que los bienes hayan sido entregados o puestos a disposición de la Diputación Foral de Gipuzkoa con conocimiento de la misma, pudiendo afectarse en la misma resolución de aceptación el bien dado en pago a la cancelación de dichos intereses de demora, de ser suficiente el valor del citado bien.  

6.  Si la resolución dictada fuese denegatoria, las consecuencias serán las siguientes:

a)  Si la solicitud fue presentada en período voluntario de ingreso, con la notificación de la resolución denegatoria se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 61.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el período ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 171.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa..  

De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso, los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

b)  Si la solicitud fue presentada en período ejecutivo de ingreso deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 171.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de no haberse iniciado con anterioridad.  

7.  La entrega o puesta a disposición de la Diputación Foral de Gipuzkoa de los bienes deberá ser efectuada en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del acuerdo de aceptación de pago en especie, salvo que dicha entrega o puesta a disposición se hubiese realizado en un momento anterior. Del documento justificativo de la recepción en conformidad se remitirá copia al órgano de recaudación.  

De no producirse la entrega o puesta a disposición de los bienes en los términos del párrafo anterior, quedará sin efecto la resolución de aceptación, con las consecuencias siguientes:

a)  Si la solicitud fue presentada en período voluntario de ingreso y éste ya hubiese transcurrido, se iniciará el período ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la entrega o puesta a disposición, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 171.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, exigiéndose el ingreso del principal de la deuda y el recargo del período ejecutivo.  

Se procederá a la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha de fin del plazo para entregar o poner a disposición los bienes, sin perjuicio de los que se devenguen posteriormente en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

b)  Si la solicitud fue presentada en período ejecutivo de ingreso, deberá continuarse el procedimiento de apremio.  

8.  En lo no previsto en este artículo, los efectos de esta forma de pago serán los establecidos en la legislación civil para la dación en pago.  


Artículo 33.  Justificantes y certificaciones del pago.— 1.  Quien realice el pago de una deuda conforme a lo dispuesto en este Reglamento tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago.  

2.  Los justificantes del pago en efectivo serán, según los casos:

a)  Los recibos.  

b)  Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos competentes o por entidades autorizadas para recibir el pago.  

c)  Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado.  

d)  Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante de pago por la Diputación Foral de Gipuzkoa y, en particular, los determinados por la normativa reguladora de los ingresos por vía telemática.  

3.  Los justificantes de pago en efectivo deberán indicar, al menos, las siguientes circunstancias:

a)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio de la persona obligada al pago.  

b)  Concepto, importe de la deuda y período a que se refiere.  

c)  Fecha de pago.  

d)  Órgano, persona o entidad que lo expide.  

4.  Cuando los justificantes de pago se extiendan por medios mecánicos, las circunstancias del apartado anterior podrán expresarse en clave o abreviatura suficientemente identificadoras, en su conjunto, del deudor y de la deuda satisfecha a que se refieran.  

5.  Cuando se empleen efectos timbrados, los justificantes de pago serán los propios efectos debidamente inutilizados.  

6.  Cuando se efectúe el pago en especie, se considerará justificante del mismo el acuerdo dictado por el órgano competente en la que conste haberse realizado la entrega o puesta a disposición de los bienes.  

7.  El deudor podrá solicitar del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas certificación acreditativa del pago efectuado quedando ésta obligada a expedirla.  


Artículo 34.  Consignación.— 1.  Los obligados al pago podrán consignar en efectivo el importe de la cantidad debida y de las costas en el órgano que tenga asignada la competencia de la gestión de la Tesorería Foral:

a)  Cuando se interpongan las reclamaciones o recursos procedentes.  

b)  Cuando el órgano de recaudación o entidad autorizada para recibir el pago no lo haya admitido, debiendo hacerlo, o no pueda admitirlo por causa de fuerza mayor.  

2.  En el caso de la letra a) del apartado anterior, la consignación suspenderá la ejecución del acto impugnado desde la fecha en que haya sido efectuada, cuando se realice de acuerdo con las normas que regulan los recursos y reclamaciones.  

3.  En el caso de la letra b) del apartado anterior, tendrá efectos liberatorios del pago desde la fecha en que haya sido efectuada y por el importe que haya sido objeto de consignación y siempre que se comunique al órgano de recaudación.  

4.  Dicha consignación se efectuará en todo caso a través de la entidad colaboradora designada al efecto.  


Artículo 35.  Actuaciones a realizar en el supuesto de tributos incompatibles.— 1.  En los supuestos previstos en el artículo 61.7 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, una vez determinado cuál es el tributo procedente, se actuará como se indica a continuación:

a)  Si el tributo procedente fuese el liquidado en primer lugar, se anulará la segunda liquidación efectuada, procediendo la devolución de las cantidades que, en su caso, se hubiesen ingresado respecto de esta última.  

b)  Si el tributo procedente fuese el liquidado en segundo lugar, se procederá según los casos:

1.º  Cuando la liquidación practicada en segundo lugar sea firme por no haber sido recurrida en plazo, procederá la extinción de la deuda en la parte concurrente con la devolución de ingresos que se reconozca en relación con la liquidación efectuada en primer lugar que resulta improcedente, una vez que dicho acuerdo de devolución sea firme. En este caso, la Administración tributaria competente en relación con el tributo procedente declarará dicha extinción en los términos del apartado 2.  

No obstante, la extinción no se producirá en los siguientes casos:

Cuando, en el caso de que se haya declarado improcedente un tributo objeto de repercusión, la persona obligada al pago que soportó la repercusión del tributo indebidamente repercutido tenga derecho a la deducción total del importe soportado indebidamente.  

Cuando, en el caso de que se haya declarado improcedente un tributo objeto de repercusión, el sujeto pasivo del tributo repercutido haya procedido a la rectificación de las cuotas repercutidas correspondientes a la operación, de acuerdo con la normativa propia de ese tributo.  

2.º  Cuando la liquidación practicada en segundo lugar haya sido recurrida, se esperará a que la resolución sea firme en todas las instancias. Adquirida dicha firmeza, se procederá según se indica a continuación en función del caso de que se trate:

En el caso de que la resolución administrativa o judicial declare improcedente el tributo liquidado, se considerará procedente la tributación inicial, debiendo efectuarse la devolución de las cantidades que pudiesen derivarse de los ingresos efectuados en relación con la liquidación anulada por la citada resolución administrativa o judicial.  

En el caso de que la resolución administrativa o judicial declare la procedencia del tributo pero anule la liquidación, se girará una nueva y, una vez firme ésta, se procederá conforme a lo previsto en el párrafo 1.º anterior y se declarará la extinción de la deuda. Cuando no sea posible practicar nueva liquidación por tal concepto, se procederá a devolver las cantidades que pudiesen derivarse de los ingresos efectuados en relación con la liquidación anulada.  

En el caso de que la resolución administrativa o judicial declare procedente la tributación y la liquidación correspondiente, procederá la extinción de la deuda en la forma y con los requisitos previstos en el párrafo 1.º anterior.  

2.  En el caso de que la Administración tributaria en la que se ingresó indebidamente la deuda proceda al traspaso de la misma a la Diputación Foral de Gipuzkoa, se considerará como fecha de ingreso efectivo la del efectuado en aquélla.  

3.  La extinción regulada en el apartado anterior no impedirá la regularización de la situación tributaria de la persona obligada que repercutió el tributo que, en su caso, corresponda.  

Nota

SECCIÓN 2.ª  APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

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Artículo 36.  Aplazamiento y fraccionamiento.— 1.  La Administración podrá conceder el aplazamiento o fraccionar el pago de las deudas en los términos previstos en los artículos 64 y 79 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

2.  Serán aplazables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública salvo las excepciones previstas en las Normas Forales o en las leyes.  

En particular, en el supuesto de existencia de procedimiento concursal quedan exceptuadas las deudas que se consideren que formen parte de la masa pasiva, por lo que su tratamiento quedará supeditado a lo que resulte en aplicación de la normativa correspondiente.  

Así, cualquier solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deuda que se formule con posterioridad a la iniciación de procedimiento judicial de concurso del deudor se inadmitirá. Las solicitudes formuladas con anterioridad a dicha iniciación, se considerarán que han sido desistidas en la fecha de iniciación del procedimiento judicial.  

3.  El fraccionamiento de pago, como modalidad del aplazamiento, se regirá por las normas aplicables a éste en lo no regulado especialmente.  

4.  Las cantidades cuyo pago se aplace, excluidos, en su caso, los recargos del período ejecutivo, devengarán el interés de demora a que se refiere el artículo 26 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa o, en su caso, el establecido en la Norma Foral de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  


Artículo 37.  Competencia.—    Redacción anterior    1.  Las solicitudes de aplazamiento de las deudas cuya recaudación se lleve a cabo por el Departamento de Hacienda y Finanzas serán tramitadas y resueltas por éste, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 64.6 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Este primer párrafo del apartado 1 ha sido redactado por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

La competencia para resolver la petición de aplazamiento de pago de dichas deudas corresponde a los siguientes órganos:

a)  Al Jefe o Jefa de la Unidad Técnica, cuando la cantidad a aplazar no exceda de 12.000 euros y el plazo no sea superior a un año; así como cuando la cantidad a aplazar no supere los 3.000 euros y el plazo exceda de un año.  

b)  Al Subdirector o Subdirectora General de Recaudación y Oficinas Tributarias, cuando la cantidad a aplazar no exceda de 150.000 euros y el plazo no sea superior a dos años.  

c)  Al Director o Directora General de Hacienda, cuando la deuda a aplazar no exceda de 300.000 euros y el plazo no sea superior a tres años.  

d)  Al Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas en los demás supuestos. No obstante, cuando la cuantía a aplazar exceda de 3.000.000 de euros o el plazo sea superior a cinco años, se precisará la autorización previa del Consejo de Diputados para la concesión del aplazamiento.  

2.  En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior, si existe dispensa de garantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.2.b) de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, el órgano competente para resolver el aplazamiento será el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, con la autorización previa del Consejo de Diputados cuando sea precisa para la concesión.  

3.  Las solicitudes de aplazamiento de los demás recursos de naturaleza pública distintos de los señalados en el apartado 1 serán tramitadas y resueltas de acuerdo con lo que dispongan las normas reguladoras de dichos ingresos. En su defecto, la regulación establecida en el presente Reglamento les será de aplicación de forma subsidiaria.  


Artículo 38.  Solicitud.—    Redacción anterior     1.  Las solicitudes de aplazamiento se dirigirán a la Unidad Técnica de la Subdirección General de Recaudación y Oficinas Tributarias para su tramitación dentro de los plazos siguientes:

a)  Deudas que se encuentren en período voluntario de ingreso o de presentación de las correspondientes autoliquidaciones: Dentro del plazo fijado para el ingreso en el artículo 61.1, 2 y 3 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa o, en su caso, en la normativa reguladora del ingreso de naturaleza pública de que se trate según los casos.  

A estos efectos, en el caso de deudas resultantes de autoliquidaciones presentadas fuera de plazo, sólo se entenderá que la solicitud se presenta en período voluntario cuando la solicitud de aplazamiento se presente junto con la autoliquidación extemporánea.  

b)  Deudas en período ejecutivo de pago: Hasta el momento en que se notifique a la persona obligada el acuerdo de enajenación de los bienes embargados.  

2.  La solicitud de aplazamiento contendrá, necesariamente, los siguientes datos:

a)  Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio fiscal de la persona solicitante y, en su caso, de su representante.  Asimismo, se indicará el medio preferente y el lugar señalado a efectos de notificación.  

b)  Relación de las deudas cuyo aplazamiento se solicita, que serán todas aquellas que estén pendientes de pago. Se indicará al menos, su importe pendiente en período voluntario, el concepto, y la fecha de finalización del plazo para su ingreso en período voluntario.  

c)  Causas que motivan la solicitud del aplazamiento. Se incluirá, también, información sobre las previsiones de tesorería referidas al tiempo para el que se solicita el aplazamiento.  

d)  Plazos y demás condiciones del aplazamiento que se solicita.  

e)  Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo 79.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o en su caso, circunstancias que den lugar a la dispensa de garantía, de conformidad con la normativa vigente y, en particular, en atención a lo dispuesto en el artículo 79.2 de Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

f)  Número de la cuenta bancaria designada a efectos de llevar a cabo la obligatoria domiciliación del pago de la deuda a aplazar de acuerdo con lo previsto en este Reglamento y normativa que lo desarrolle.

Esta letra f) ha sido redactada por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

g)  Lugar, fecha y firma de la persona solicitante.  

3.  Documentación a acompañar a la solicitud.  

A la solicitud de aplazamiento se deberá acompañar:

a)  El modelo oficial de autoliquidación, debidamente cumplimentado, cuando se trate de deudas cuya normativa reguladora así lo exija.  

b)  Compromiso expreso e irrevocable de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, salvo para los casos de dispensa de garantía o de solicitud de admisión de otra forma de garantía.  

En este último caso se incluirá información sobre la imposibilidad de obtener dicho compromiso de aval o seguro de caución, en la que consten las gestiones efectuadas al respecto, debidamente documentadas, y la relación de los bienes ofrecidos en garantía.  

c)  En su caso, los documentos que acrediten la representación.  

d)  Cuentas anuales del último ejercicio cerrado con anterioridad a la solicitud del aplazamiento, así como el balance y la cuenta de resultados del trimestre anterior. Si existe, se aportará informe de auditoría del último ejercicio cerrado.  

e)  Cuando se solicite dispensa total o parcial de garantía en los términos del artículo 79.2.b) de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se aportará:

— Declaración manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía.  

— Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría, si existe.  

— Plan de viabilidad y cualquier otra información con trascendencia económica, financiera o patrimonial que se estime pertinente y que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento solicitado.  

Esta letra e) era anteriormente la letra f) que ha sido reenumerada por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

f)  La persona solicitante podrá acompañar a su instancia los demás documentos o justificantes que estime oportunos en apoyo de su petición.  

Esta letra f) era anteriormente la letra g) que ha sido reenumerada por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

4.  Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompañan los documentos exigidos, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, archivándose sin más trámite la misma.  

Por excepción a lo señalado en el párrafo anterior, en los supuestos de deudas derivadas de una autoliquidación, cuando la solicitud de aplazamiento no vaya acompañada o precedida de la presentación de aquella, no existirá posibilidad de subsanación y procederá la inadmisión conforme al artículo 39 de este Reglamento.  

Cuando se hubiera presentado la solicitud dentro del período voluntario para el ingreso de la deuda, se le advertirá en el requerimiento que proceda que si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el plazo señalado en el párrafo primero de este apartado sin haber efectuado el pago ni aportado los documentos a los que se refiere dicho párrafo, se le exigirá dicha deuda por el procedimiento de apremio, con los recargos e intereses correspondientes.  

5.  Cuando se presente una solicitud de aplazamiento en período voluntario sin cumplimiento de lo establecido en el artículo 79.1, párrafo primero de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, una vez concluido aquél, se podrá adoptar por el órgano que esté tramitando el procedimiento y previa autorización del Director o Directora General de Hacienda, las medidas cautelares que se estimen oportunas para garantizar el cobro de la deuda durante la tramitación del procedimiento. A tal fin, podrá ordenarse, entre otras medidas, la retención cautelar de los pagos que la Diputación Foral de Gipuzkoa deba efectuar al deudor o la anotación de embargo preventivo de bienes del mismo en los Registros públicos correspondientes.  

6.  En los supuestos en que la normativa vigente prevea la presentación de declaraciones o autoliquidaciones por vía telemática, mediante Orden Foral del Diputado o de la Diputada del Departamento de Hacienda y Finanzas, se determinarán los plazos, lugar y forma en que se deba presentar la preceptiva documentación que debe acompañarse a una eventual solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda resultante.

Este apartado 6 ha sido redactado por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

7.  Cuando se produzca la concurrencia de varios obligados solidarios por la misma deuda, si uno de ellos solicita aplazamiento, en el caso de que éste se conceda, únicamente producirá efectos respecto de la persona obligada particularmente afectada por dicha circunstancia.  

8.  La admisión a trámite de la solicitud de aplazamiento tendrá como efecto el aplazamiento tácito de la deuda hasta que se resuelva aquélla.  

9.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.1.a) de este Reglamento y de la preceptiva compensación de oficio de deudas en ejecutiva prevista en los artículos 72 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y 51 de este Reglamento, una vez presentada la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá compensar las deudas tributarias del obligado al pago con los créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado.

Este apartado 9 ha sido añadido por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.


Artículo 39.  Inadmisión de solicitudes.— 1.  Serán inadmitidas por el órgano instructor las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en los siguientes casos:

a)  Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última no haya sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.  

b)  Cuando la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con anterioridad un procedimiento de comprobación o investigación que hubiera quedado suspendido por haber pasado el tanto de culpa a la jurisdicción competente o por haber sido remitido el expediente al Ministerio Fiscal por concurrir alguno de los supuestos regulados en el artículo 305 del Código Penal, siempre que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se refiera a conceptos y período s objeto de dicho procedimiento de comprobación o investigación.  

En aquellos supuestos en los que la concurrencia de las circunstancias previstas en este párrafo b) se ponga de manifiesto una vez iniciada la tramitación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, esta última quedará sin efecto de forma automática, debiendo comunicarse al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional la presentación de dicha solicitud.  

c)  Cuando, iniciado un procedimiento judicial de concurso de acreedores, se presente solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deuda que de conformidad con la Ley Concursal se considere forme parte de la masa pasiva.  

2.  La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reiterativas de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación previa implicará su inadmisión cuando no contengan modificación sustancial respecto de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria.  

3.  La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se tenga por no presentada a todos los efectos.  

4.  Contra el acuerdo de inadmisión cabrá la interposición de recurso o reclamación económico-administrativa.  


Artículo 40.  Garantías.— 1.  Para garantizar los aplazamientos de deuda, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.  

2.  Cuando se justifique en los términos establecidos en el artículo 38.3.b) párrafo segundo de este Reglamento, que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la persona solicitante deberá ofrecer, en el orden que se establece a continuación, alguna de las siguientes garantías:

a)  Hipoteca inmobiliaria.  

b)  Hipoteca mobiliaria.  

c)  Prenda con o sin desplazamiento.  

d)  Fianza personal y solidaria.  

e)  Cualquier otra que se estime suficiente.  

3.  La garantía cubrirá el importe de la deuda en período voluntario y de los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 25 por ciento de la suma de ambas partidas.  

4.  Podrán constituirse una sola o varias garantías comunes para todos los plazos, en cuyo caso las garantías cubrirán conjuntamente el importe a que ascienda la suma de las deudas en período voluntario más los intereses de demora que generen los plazos que se garanticen, más un 25 por ciento de ambas partidas.  

5.  La suficiencia económica y jurídica de las garantías será apreciada por el órgano competente para la tramitación del aplazamiento.  

Cuando dicha apreciación presente especial complejidad, se podrá solicitar informe de otros servicios de la Diputación Foral de Gipuzkoa o solicitar la intervención de servicios externos contratados a tal efecto.  

En todo caso, cualquiera que sea la garantía ofrecida, si la valoración del bien, deducidas las cargas que, en su caso, recaigan sobre el mismo, resultara insuficiente para garantizar en todo o en parte el aplazamiento o fraccionamiento en los términos previstos en este Reglamento, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la notificación de la comunicación aporte garantía complementaria, o acredite la imposibilidad de aportarla, presentando al efecto la documentación indicada en el artículo anterior.  

Si el requerimiento es atendido y se aporta garantía complementaria suficiente o se justifica la imposibilidad de aportarla, se continuará la tramitación del expediente, en la forma determinada para cada caso, hasta su resolución por el órgano competente.  

Si el requerimiento no es atendido, o siéndolo no se entienda complementada la garantía ni justificada la imposibilidad de aportarla, se denegará la solicitud por insuficiencia de garantías, de lo cual será advertida oportunamente la persona solicitante en el requerimiento.  

6.  La garantía deberá aportarse en el plazo de dos meses siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión del aplazamiento, que estará condicionada a su formalización.  

7.  Transcurrido el plazo de dos meses sin formalizar la garantía, quedará sin efecto el acuerdo de concesión.  

En tal caso, se iniciará inmediatamente el período ejecutivo y se exigirá la deuda y el recargo del período ejecutivo que corresponda, siempre que haya concluido el período voluntario de pago. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.  

8.  La formalización de la aceptación y, en su caso, de la cancelación de la garantía compete al Director o Directora General de Hacienda. Dicha formalización podrá efectuarse mediante documento administrativo que, para los supuestos previstos en la normativa hipotecaria, será remitido a los encargados de los registros públicos correspondientes para que su contenido se haga constar en los mismos.  

9.  Las garantías serán liberadas de inmediato una vez realizado el pago total de la deuda garantizada, incluidos, en su caso, los recargos, intereses de demora del aplazamiento y costas.  

En el caso de los fraccionamientos, cuando se garantice el total de la deuda mediante aval o certificado de seguro de caución, y en la medida en que se vayan abonando los plazos a su vencimiento, podrá sustituirse el aval o el certificado inicial por uno nuevo que garantice la deuda pendiente de vencimiento, en las condiciones previstas en los artículos anteriores.  

10.  En todo caso, los gastos originados por la prestación, aceptación, valoración, ejecución y cancelación de la garantía serán de cargo de la persona obligada al pago.  

11.  El reembolso del coste de las garantías aportadas para aplazar o fraccionar el pago de una deuda o sanción tributaria, cuando dicha deuda o sanción sean declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firme regulado en el artículo 33 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se tramitará y resolverá de acuerdo con lo establecido para el reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto impugnado.  

Además de los costes de las garantías previstos en el párrafo anterior, se reembolsarán los costes originados por la adopción de medidas cautelares en sustitución de las garantías a que se refiere el artículo 79.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

12.  En los supuestos de estimación parcial de un recurso o reclamación cuya resolución no pueda ser ejecutada de conformidad con la normativa reguladora de los recursos y reclamaciones, la persona obligada al pago tendrá derecho, si así lo solicita, a la reducción proporcional de la garantía aportada para aplazar o fraccionar una deuda.  

A estos efectos, el órgano que instruyó la solicitud de aplazamiento practicará en el plazo de 15 días desde la presentación de la solicitud de la persona interesada, una cuantificación de la deuda que, en su caso, hubiera resultado de la ejecución de la resolución del correspondiente recurso o reclamación, la cual servirá para determinar el importe de la reducción procedente y, en consecuencia, de la garantía que debe quedar subsistente.  

No obstante, la garantía anterior seguirá afecta al pago del importe de la deuda subsistente, manteniendo su vigencia hasta la formalización de la nueva garantía que cubra el importe de la deuda subsistente.  

Dicho órgano instructor será también el competente para proceder a la sustitución de la garantía.  


Artículo 41.  Adopción de medidas cautelares como garantía de aplazamientos o fraccionamientos a instancia de la persona obligada al pago.— Cuando el coste de formalización de la garantía sea excesivamente oneroso en relación con la cuantía y plazo de la deuda, la persona obligada al pago podrá solicitar a la Unidad Técnica de la Subdirección General de Recaudación y Oficinas Tributarias que se adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías necesarias, si tiene solicitadas devoluciones tributarias u otros pagos a su favor o cuando sea titular de bienes o derechos inscritos en los registros públicos correspondientes y que sean susceptibles de embargo preventivo.  

En el propio acuerdo en el que se resuelva el aplazamiento o fraccionamiento, la Diputación Foral de Gipuzkoa accederá o denegará dicha solicitud atendiendo, entre otras circunstancias, a la situación económico-financiera del deudor o a la naturaleza del bien o derecho sobre el que se debiera adoptar la medida cautelar. En todo caso la decisión deberá ser motivada.  

Se denegará la solicitud cuando sea posible realizar el embargo de dichos bienes o derechos con arreglo a lo dispuesto en la subsección 2.ª de la sección 2.ª del capítulo II del título III relativa a las normas sobre embargos.  

Para la materialización de la adopción de las citadas medidas cautelares, será competente la Subdirección General de Recaudación y Oficinas Tributarias.  

Los costes originados por la adopción de medidas cautelares en sustitución de las garantías necesarias serán a cargo de la persona obligada al pago, y a los mismos se aplicará lo dispuesto en la sección 5.ª del capítulo II del título III.  

En caso de incumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento, resultará aplicable lo dispuesto con carácter general para los supuestos de falta de pago regulados en esta sección. Con carácter previo a la ejecución de la garantía por el procedimiento administrativo de apremio, la medida cautelar adoptada deberá ser elevada a definitiva, en su caso, por el órgano de recaudación.  

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Artículo 42.  Dispensa de garantías.—    Redacción anterior    1.  Podrá dispensarse total o parcialmente de la constitución de garantía en los casos siguientes:

a)  En todo caso, cuando el solicitante sea una Administración Pública territorial o sus organismos autónomos.

b)  Cuando se soliciten fraccionamientos de deudas de importe no superior a los 3.000 euros.

c)  Cuando se trate de solicitudes de fraccionamiento de pago con vencimiento mensual, en los que el importe total de las deudas no supere los 12.000 euros y el plazo de fraccionamiento no exceda de un año.

d)  Cuando se trate de solicitudes de fraccionamiento de pago con vencimiento mensual, en los que el importe total de las deudas no supere los 150.000 euros, el plazo de fraccionamiento no exceda de dos años y la persona solicitante ingrese, con carácter previo a la concesión, un importe mínimo del 20 por ciento de la deuda a fraccionar.

e)  Cuando se trate de solicitudes de fraccionamiento de pago con vencimiento mensual, en los que el importe total de las deudas supere los 150.000 euros, el plazo de fraccionamiento no exceda de dos años y la persona solicitante ingrese, con carácter previo a la concesión, un importe mínimo de 30.000 euros, de manera que la deuda a fraccionar no supere los 150.000 euros.

2.  Las cuantías previstas en las letras b), c), d) y e) del punto anterior están referidas a cada deudor por la totalidad de sus deudas.

3.  A los únicos efectos del cálculo del importe de los ingresos mínimos previstos en las letras d) y e) del punto 1 anterior, se entenderá que la deuda cuyo fraccionamiento se solicita es:

— Para las deudas en periodo ejecutivo de pago, el importe debido en periodo voluntario y no ingresado, más el equivalente al recargo de apremio ordinario.

— Para el resto de las deudas, el importe debido en periodo voluntario de pago no ingresado.

4.  Mediante Orden Foral el Diputado o la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas establecerá los medios y plazos para realizar estos ingresos mínimos.

Nota
5.  Respecto a las deudas cuyo pago ya esté afianzado total o parcialmente con cualquier tipo de garantía antes de solicitar el aplazamiento, no se reintegrará aquélla por la mera solicitud de aplazamiento sino que se mantendrá hasta que se presente nueva garantía destinada específicamente al procedimiento de aplazamiento, salvo que se trate de deudas por las que, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, el deudor se encuentre dispensado de prestar garantía, en cuyo caso, se reintegrará aquélla una vez concedido el aplazamiento.

6.  El Diputado o la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas dispensará total o parcialmente la prestación de garantías exigibles cuando la persona obligada al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública.

En el caso de concesión del aplazamiento en los términos previstos en el párrafo anterior, y durante su vigencia, la Unidad Técnica de la Subdirección General de Recaudación y Atención Ciudadana podrá requerir al beneficiario del mismo, información sobre su situación económico-financiera y patrimonial.

Asimismo, la persona beneficiaria del aplazamiento con dispensa de garantía quedará obligada, durante el periodo en que aquél se extienda, a comunicar al órgano competente de la tramitación del expediente del aplazamiento concedido cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda. En tal caso, se procederá a formalizar la garantía.

En particular, si durante la vigencia del aplazamiento se repartiesen dividendos o reservas, con anterioridad al reparto se deberá constituir la correspondiente garantía para el pago de las obligaciones pendientes con la Hacienda Pública o previamente obtener la ratificación de la dispensa existente por el órgano que concedió el aplazamiento.

La inobservancia de las obligaciones previstas en este apartado determinará que el aplazamiento se declare incumplido.

Este artículo 42 ha sido redactado por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

Nota
Nota

Artículo 43.  Tramitación.— 1.  La Unidad Técnica de la Subdirección de General de Recaudación y Oficinas Tributarias como órgano instructor del expediente de aplazamiento examinará y evaluará la falta de liquidez y la capacidad para generar recursos a efectos de lo previsto en el artículo 64.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y, en caso de solicitar la dispensa de garantía, verificará la concurrencia de las condiciones precisas para obtenerla.  

El órgano instructor podrá requerir a la persona solicitante la información y documentación que se considere necesaria para resolver el expediente de aplazamiento y, en particular, la referente a la titularidad, descripción, estado, cargas y utilización de los bienes ofrecidos en garantía.  

Realizados los trámites anteriores, en los casos de solicitudes cuya resolución corresponda a otros órganos, la Unidad Técnica de la Subdirección General de Recaudación y Oficinas Tributarias formulará propuesta de resolución que será remitida al órgano competente para dictar la resolución.  

2.  Durante el plazo máximo de resolución del procedimiento, podrá establecerse de forma motivada un calendario provisional de pagos hasta la resolución de la solicitud de aplazamiento.  

3.  Si durante la tramitación la persona solicitante realizase el ingreso de la deuda, se entenderá que desiste de su petición, practicándose la liquidación de intereses de demora correspondientes.  


Artículo 44.  Resolución.—    Redacción anterior     1.  Contenido.  

a)  Las resoluciones que concedan aplazamientos de pago especificarán los plazos, cuantías y demás condiciones de los mismos. La resolución podrá señalar plazos y condiciones distintas de los solicitados.

En todo caso, el vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 10 ó 25 del mes a que se refieran. Cuando el aplazamiento incluya varias deudas, se señalarán individualizadamente los plazos y cuantías que afecten a cada una.

En la resolución podrán establecerse las condiciones que se estimen oportunas para asegurar tanto el pago efectivo en el plazo más breve y para garantizar la preferencia de la deuda aplazada, como el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la persona solicitante. En particular, podrán establecerse condiciones por las que se afecten al cumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento los pagos que la Diputación Foral de Gipuzkoa deba realizar al obligado durante la vigencia del acuerdo, en cuantía que no perjudique la viabilidad económica o continuidad de la actividad. A tal efecto, en los supuestos de concesión de aplazamientos o fraccionamientos con dispensa total o parcial de garantía, se entenderá que desde el momento de la resolución se formula la oportuna solicitud de compensación para que surta sus efectos en cuanto concurran créditos o débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de los plazos y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses de demora que resulten procedentes.

Asimismo, podrá condicionarse la concesión del aplazamiento a que la persona solicitante se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias durante la vigencia del acuerdo.

En su caso, la Unidad Técnica de la Subdirección General de Recaudación y de Atención Ciudadana como órgano instructor del expediente del aplazamiento, controlará el cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas mediante procedimientos de auditoría u otros adecuados a tal fin. Asimismo, será la Unidad Técnica quien declare la concurrencia de las situaciones que motiven que dicho aplazamiento se entienda incumplido.

Esta letra a) ha sido redactada por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

b)  Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en período voluntario, se advertirá a la persona solicitante que la deuda deberá pagarse antes de la finalización del período voluntario de ingreso, si éste todavía no hubiese transcurrido.  

Si hubiera transcurrido el período voluntario, la persona obligada al pago deberá ingresar la deuda en el plazo de 10 días desde el día siguiente al de recepción de la notificación. Transcurrido el plazo sin que se hubiera realizado el ingreso de la deuda, se iniciará el período ejecutivo.  

Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en período ejecutivo, deberá continuarse, o, en caso de no haber comenzado con anterioridad, iniciarse el procedimiento de apremio, reanudándose, en su caso, las actuaciones de enajenación de los bienes embargados que, en su caso, se hubiesen suspendido.  

Podrán ser causas de denegación del aplazamiento, entre otras:

— La insuficiente demostración de la capacidad de generación de recursos para hacer frente al aplazamiento.  

— El incumplimiento de otros aplazamientos concedidos anteriormente.  

2.  Plazos.  

La resolución deberá notificarse en los plazos siguientes:

a)  En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud, en los aplazamientos y fraccionamientos de pago siguientes:

— Los fraccionamientos previstos en el artículo 42.1 de este Reglamento.  

— Los aplazamientos y fraccionamientos de pago de cualquier importe en los que se ofrezca aval o certificado de seguro de caución como garantía.  

b)  En el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud, para el resto de aplazamientos y fraccionamientos.  

Para el cómputo del plazo establecido se considerará lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 100 de Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

Transcurridos los plazos señalados en las letras a) o b) sin que haya recaído resolución, se podrá entender desestimada la solicitud a efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa.  

3.  Notificación.  

La resolución deberá ser notificada a los interesados en la forma y con los requisitos legalmente establecidos. Si se concediese el aplazamiento, además, se les indicará el cálculo de los intereses y de los efectos que se producirán:

— De no constituirse la garantía,

— En caso de falta de pago, y

— En caso de incumplimiento de las demás condiciones que se hayan estipulado.  

4.  Modificación de condiciones.  

Si una vez concedido un aplazamiento que tuviese señaladas condiciones especiales, el deudor solicitase una modificación de las mismas, la petición será resuelta por el órgano que concedió el aplazamiento. En ningún caso dicha petición tendrá efectos suspensivos.  

5.  Otras obligaciones.

En los supuestos de ampliación de capital, deberán comunicarse al órgano instructor del expediente del aplazamiento los acuerdos correspondientes.

Durante la vigencia de aquellos aplazamientos o fraccionamientos de pago cuyo plazo sea superior a dos años, la Unidad Técnica de la Subdirección General de Recaudación y Atención Ciudadana podrá requerir al beneficiario del mismo información sobre su situación económico-financiera y sobre los planes de tesorería y sus previsiones.

En caso de requerimiento para aportar esta información, la no aportación de la misma determinará que el aplazamiento se declare incumplido.

Este apartado 5 ha sido redactado por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

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Artículo 45.  Cálculo de intereses.— 1.  En caso de concesión del aplazamiento, se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el vencimiento del período voluntario y el vencimiento del plazo concedido.  Si el aplazamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del período ejecutivo que corresponda. Los intereses devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada.  

2.  En caso de concesión de fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por cada deuda fraccionada.  

Si el fraccionamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del período ejecutivo que corresponda.  

Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el vencimiento del período voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse junto con dicha fracción en el plazo correspondiente.  

3.  En caso de denegación del aplazamiento o fraccionamiento de deudas:

a)  Si fuese solicitado en período voluntario, la Unidad Técnica de la Subdirección General de Recaudación y Oficinas Tributarias como órgano instructor del expediente del aplazamiento liquidará intereses de demora por el período transcurrido desde el vencimiento del período voluntario hasta la fecha de la resolución denegatoria.  

b)  Si fue solicitado en período ejecutivo, se liquidarán intereses una vez realizado el pago.  

4.  En caso de desistimiento del aplazamiento:

a)  Si la solicitud fue formulada en período voluntario, el órgano instructor del expediente del aplazamiento liquidará intereses de demora:

— Por el período transcurrido desde la finalización del período de ingreso en período voluntario hasta la fecha en que se entendió acaecido el desistimiento, en los supuestos previstos en el artículo 36.2 en su párrafo tercero inciso final y en el artículo 38.4 de este Reglamento.  

— Por el período transcurrido desde la finalización del período de ingreso en período voluntario hasta la fecha de comunicación del desistimiento formulada de manera expresa.  

— Por el período transcurrido desde la finalización del período de ingreso en período voluntario hasta la fecha de ingreso, en el supuesto previsto en el artículo 47 de este Reglamento.  

b)  Si fue solicitado en período ejecutivo, se liquidarán intereses una vez realizado el pago hasta la fecha en la que éste se haya efectuado.  

5.  En caso de incumplimiento de alguno de los términos o condiciones del acuerdo de aplazamiento:

a)  Si la solicitud fue formulada en período voluntario, el órgano instructor del expediente del aplazamiento liquidará intereses de demora por el período transcurrido desde la finalización del período de ingreso en período voluntario hasta la fecha en que se declaró incumplido el aplazamiento, o en los supuestos del artículo 46 de este Reglamento, hasta la fecha en que se entendió incumplido el mismo.  

b)  Si la solicitud fue formulada en período ejecutivo, se liquidarán intereses una vez cobrada la deuda.  

6.  En caso de incumplimiento de alguno de los términos o condiciones del acuerdo de fraccionamiento:

a)  Si la solicitud fue formulada en período voluntario, el órgano instructor del expediente del aplazamiento practicará respecto de la deuda fraccionada no pagada, liquidación de intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del período voluntario y la fecha en que se declaró incumplido el fraccionamiento, o en los supuestos del artículo 46 de este Reglamento, hasta la fecha en que se entendió incumplido el mismo.  

b)  Si la solicitud fue formulada en período ejecutivo, se liquidarán intereses una vez cobrada la deuda.  


Artículo 46.  Procedimiento en caso de falta de pago y de concurso de acreedores.— 1.  En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago, se procederá de la siguiente manera:

a)  Si el aplazamiento fue solicitado en período voluntario, se iniciará el período ejecutivo y se exigirá la deuda aplazada y los intereses devengados, con el recargo del período ejecutivo que corresponda. De no efectuarse el pago total en el plazo establecido en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se iniciará el procedimiento de apremio para la realización del débito pendiente, pudiéndose ejecutar, en su caso, en primer lugar la garantía existente.  

b)  Si el aplazamiento fue solicitado en período ejecutivo, se proseguirá sin más el procedimiento de apremio que se hubiese iniciado, pudiéndose ejecutar, en su caso, en primer lugar la garantía existente.  

2.  En los fraccionamientos, cuando hayan sido solicitados en período voluntario, de no pagarse a su vencimiento dos plazos, se considerarán vencidas todas las fracciones pendientes, iniciándose el período ejecutivo y procediéndose, sin más trámites a dictar providencia de apremio por la deuda no pagada.  

Cuando los fraccionamientos hayan sido solicitados en período ejecutivo, de no pagarse a su vencimiento dos plazos, se procederá inmediatamente por la vía de apremio por la totalidad de la deuda pendiente, sin habilitación del plazo de ingreso de deudas en período ejecutivo previsto en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

No será necesario el incumplimiento de dos plazos a que se refieren los párrafos anteriores para dejar sin efecto el acuerdo de concesión del fraccionamiento cuando incumplido uno de ellos, exista requerimiento de la Unidad Técnica de la Subdirección General de Recaudación y Oficinas Tributarias como órgano instructor del expediente del expediente del fraccionamiento para su pago y éste no se efectúe en el plazo de 10 días.  

3.  La iniciación de procedimiento judicial de concurso de la persona obligada comportará la ineficacia sobrevenida de todos los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento que se hubiesen concedido y la inmediata exigibilidad de dichas deudas.  

4.  La ejecución de las garantías a que se refiere este artículo se realizará de acuerdo con el artículo 172 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y con el procedimiento regulado en el artículo 75 de este Reglamento. El importe líquido obtenido se aplicará al pago de la deuda pendiente, incluidas costas, intereses de demora y recargos.  


Artículo 47.  Pagos anticipados.—    Redacción anterior    1.  Una vez solicitado el aplazamiento, la persona obligada al pago podrá anticipar total o parcialmente el pago de la deuda comunicando dicho ingreso al órgano instructor del expediente de aplazamiento.

2.  En los casos previstos en el apartado anterior, siempre que esos pagos no cubran el total de la deuda aplazada o fraccionada, provocarán el correspondiente vencimiento anticipado de plazos y el nuevo cálculo de intereses de demora que resulten procedentes.

A tal efecto, por Orden Foral del Diputado o de la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas podrá establecerse una cuantía mínima para los pagos anticipados.

Este artículo 47 ha sido redactado por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

Nota

SECCIÓN 3.ª  COMPENSACIÓN


Artículo 48.  Deudas compensables.— Las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda foral, tanto en período voluntario como en ejecutivo, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con los créditos reconocidos por aquella a favor del deudor en virtud de un acto administrativo.  


Artículo 49.  Compensación a instancia de la persona obligada al pago.— 1.  La persona obligada al pago que inste la compensación deberá dirigir a la Subdirección General de Recaudación y Oficinas Tributarias la solicitud, que contendrá los siguientes datos:

a)  Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.  

b)  Identificación de la deuda cuya compensación se solicita, indicando al menos, su importe, concepto y, en su caso, fecha de vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario.  

c)  Identificación del crédito a favor de la persona solicitante cuya compensación se ofrece, indicando al menos su importe, concepto y órgano gestor.  

d)  Lugar, fecha y firma de la persona solicitante.  

2.  A la solicitud de compensación se acompañarán los siguientes documentos:

a)  Modelo oficial de autoliquidación, debidamente cumplimentado, si la deuda tributaria cuya compensación se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder de la Administración tributaria, en cuyo caso señalará el día y procedimiento en que lo presentó.  

b)  Justificante de haber solicitado certificado de la oficina de contabilidad del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, o del centro u organismo gestor del gasto o del pago, en el que se refleje la existencia del crédito reconocido pendiente de pago, y la suspensión, a instancia de la persona interesada, de los trámites para su abono en tanto no se comunique la resolución del procedimiento de compensación.  

El Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas podrá dictar las disposiciones oportunas para normalizar las mencionadas certificaciones administrativas.  

Si el crédito ofrecido en compensación deriva de una devolución tributaria, en lugar de la certificación anterior se acompañará copia del acto, resolución o sentencia que lo reconozca.  

3.  Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompañan los documentos que se señalan en el presente artículo, la Subdirección General de Recaudación y Oficinas Tributarias requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez días subsane el defecto o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.  

Si la solicitud de compensación se hubiese presentado en período voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en período voluntario y aquel no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio.  

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por la persona interesada pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la solicitud de compensación.  

Dicho requerimiento no será efectuado cuando, examinada la solicitud y contrastados los datos indicados en ésta con los que obran en poder de la Administración, quede acreditada la inexistencia del crédito ofrecido o cuando, tratándose dicho crédito de una devolución tributaria, se compruebe la inexistencia de su solicitud. En este supuesto se tendrá por no presentada la solicitud de compensación y se procederá a su archivo sin más trámite.  

4.  Cuando la solicitud se presente en período ejecutivo, podrán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados.  

5.  El Subdirector o Subdirectora General de Recaudación y Oficinas Tributarias declarará la compensación cuando concurran los requisitos establecidos con carácter general en la normativa tributaria y civil o, en su caso, en la legislación aplicable con carácter específico.  

Si la resolución dictada fuese denegatoria, los efectos serán los siguientes:

a)  Si la solicitud fue presentada en período voluntario de ingreso, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 61.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el período ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 171.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación.  De no realizarse el ingreso, los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posteridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

b)  Si la solicitud fue presentada en período ejecutivo de ingreso, deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 171.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de no haberse iniciado con anterioridad.  

6.  La solicitud de compensación no impedirá la solicitud de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda restante.  

7.  La resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que la solicitud tuvo entrada en cualquiera de los registros de entrada de la Administración competente para su tramitación.  

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, los interesados podrán considerar desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa.  


Artículo 50.  Compensación de oficio de deudas de entidades públicas.— 1.  Las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda foral que deba satisfacer un ente territorial, un organismo autónomo, la Seguridad Social o una entidad de derecho público, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario.  

2.  La compensación se realizará con los créditos de naturaleza tributaria reconocidos a favor de las entidades citadas, con los demás créditos reconocidos en su favor por ejecución del presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Gipuzkoa o de sus organismos autónomos forales y por devoluciones de ingresos presupuestarios.  


Artículo 51.  Compensación de oficio de deudas de otros acreedores a la Hacienda foral.— 1.  Cuando un deudor a la Hacienda pública no comprendido en el artículo anterior sea, a su vez, acreedor de aquélla por un crédito reconocido, una vez transcurrido el período voluntario, se compensará de oficio la deuda y los recargos del período ejecutivo que procedan con el crédito.  

2.  No obstante, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario:

a)  Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de procedimientos de gestión, debiéndose producir el ingreso o la devolución de la cantidad diferencial que proceda.  

b)  Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior. En este caso, en la notificación de la nueva liquidación se procederá a la compensación de la cantidad que proceda y se notificará a la persona obligada al pago el importe diferencial para que lo ingrese en el plazo establecido en el artículo 61.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. En este supuesto, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados según lo dispuesto en el artículo 26.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, intereses que serán objeto de compensación en el mismo acuerdo.  

3.  Cuando de las actas de Inspección de los tributos que documenten los resultados de una misma actuación de comprobación e investigación resulten liquidaciones de distinto signo relativas a un mismo sujeto pasivo o retenedor, el órgano de inspección con competencia liquidadora acordará de oficio la compensación de deudas y créditos hasta donde alcancen aquéllos.  

La compensación acordada no perjudicará la concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributara, en su caso, restante.  


Artículo 52.  Efectos de la compensación.— 1.  Adoptado el acuerdo de compensación, se declararán extinguidas las deudas y créditos en la cantidad concurrente. Dicho acuerdo será notificado a la persona interesada y servirá como justificante de la extinción de la deuda.  

2.  Si el crédito es inferior a la deuda, se procederá como sigue:

a)  La parte de deuda que exceda del crédito seguirá el régimen ordinario, iniciándose el procedimiento de apremio, si no es ingresada a su vencimiento, o continuando dicho procedimiento si ya se hubiese iniciado con anterioridad.  

b)  Por la parte concurrente se procederá según lo dispuesto en el apartado 1.  

3.  En caso de que el crédito sea superior a la deuda, declarada la compensación, se abonará la diferencia a la persona interesada.  

Nota

SECCIÓN 4.ª  CUENTA CORRIENTE FISCAL


Artículo 53.  Concepto.— La cuenta corriente fiscal es un instrumento autorizado por el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas que permite al obligado tributario la extinción por compensación de las deudas y créditos de naturaleza tributaria de los que sea titular y que se anoten en la misma.  


Artículo 54.  Ámbito subjetivo de aplicación.— Podrán acogerse a la cuenta corriente fiscal los obligados tributarios que se sitúen, permanentemente y de forma equilibrada, en posición deudora y acreedora con la Diputación Foral de Gipuzkoa y reúnan los siguientes requisitos:

a)  Que ejerzan actividades empresariales o profesionales y que deban presentar, como consecuencia de las mismas, periódicamente, autoliquidaciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido, y por retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre Sociedades.  

b)  Que se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales y mantengan durante la vigencia de la cuenta corriente fiscal esta situación.  

c)  Que resulten al mismo tiempo deudores y acreedores a la Diputación Foral de Gipuzkoa por alguno de los siguientes tributos:

— Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

— Impuesto sobre Sociedades.  

— Impuesto sobre el Valor Añadido.  


Artículo 55.  Autorización.— 1.  Los obligados tributarios que deseen acogerse al sistema de cuenta corriente fiscal deberán presentar la solicitud ante el órgano competente de la Administración tributaria.  

2.  Corresponde al Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas resolver discrecionalmente las solicitudes presentadas.  

3.  La resolución que autorice la cuenta corriente fiscal determinará el período de vigencia, la fecha a partir de la cual se realizarán las anotaciones, los conceptos tributarios a los que se aplicará, las garantías que, en su caso, se exijan, el saldo máximo a favor de la Hacienda foral que se le autorice alcanzar en cualquier momento de la vigencia, y cualesquiera otros aspectos que afecten al funcionamiento de la cuenta corriente fiscal. En ningún caso cabrá la anotación de deudas o créditos vencidos con anterioridad a la fecha que se indique en dicha resolución para el comienzo de las anotaciones.  

4.  La autorización concedida para la apertura de la cuenta corriente fiscal se entenderá renovada automáticamente por el mismo período que se otorgó si no media causa alguna de extinción de las previstas en esta sección.  

5.  El Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas queda facultado, previa audiencia a la persona interesada, para modificar al alza o a la baja el saldo máximo autorizado a favor de la Hacienda foral, el establecimiento o modificación de garantías, y cuantos aspectos estime pertinentes con relación a la cuenta corriente fiscal cuando las circunstancias así lo aconsejen.  


Artículo 56.  Deudas y créditos objeto de anotación en la cuenta corriente fiscal.— 1.  En la cuenta corriente fiscal se anotarán tanto las deudas como los créditos tributarios resultantes de las autoliquidaciones de los tributos señalados en la resolución por la que se autorizó la misma, y que venzan durante su vigencia.  

Los ingresos que específicamente sean destinados al sistema de cuenta corriente fiscal y que tiendan a equilibrar la posición del obligado tributario, también serán objeto de anotación.  

2.  Se considerará como fecha de vencimiento el día en el que finalice el período de pago voluntario o de presentación de la declaración establecido para cada tributo.  

Las deudas y créditos tributarios objeto de anotación tendrán como fecha valor el mismo día en que se produzca el vencimiento, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.  

En el caso del ingreso, la fecha valor de anotación será la misma que la fecha valor del propio ingreso.  

3.  En ningún caso podrán ser objeto de anotación:

a)  Las deudas y créditos tributarios que se deriven de autoliquidaciones que se presenten fuera de los plazos establecidos para ello en la normativa de cada tributo.  

b)  Las devoluciones reconocidas en los procedimientos especiales de revisión contemplados en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y en la resolución de recursos y reclamaciones.  

c)  Las deudas y créditos tributarios que se deriven de liquidaciones provisionales o definitivas practicadas por el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  

4.  En caso de presentarse solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deudas que según el presente artículo deban ser objeto de anotación, dicha solicitud no tendrá efecto alguno y las deudas contenidas en la solicitud serán objeto de anotación.  


Artículo 57.  Liquidaciones de la cuenta.— 1.  El Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas procederá a liquidar la cuenta los días 25 de abril y 25 de octubre de cada año, sin perjuicio de la liquidación por finalización de la vigencia de la cuenta.  

En todo caso, las anotaciones de deudas tributarias y de créditos tributarios se compensarán entre sí desde el mismo momento en que se anoten.  

2.  El resultado de la liquidación vendrá determinado por el saldo resultante de las anotaciones realizadas en el período de cómputo, que podrá ser a favor de la Hacienda foral o del obligado tributario, y por los intereses devengados.  


Artículo 58.  Interés de demora.— 1.  Las deudas tributarias que se anoten en la cuenta corriente fiscal generando un saldo a favor de la Hacienda foral, devengarán el interés de demora establecido en el artículo 26.6 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en tanto permanezca el citado saldo.  

2.  Los créditos tributarios resultantes de devoluciones tributarias que se anoten en la cuenta corriente fiscal generando un saldo a favor del obligado tributario, devengarán intereses en los términos previstos en el artículo 31 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  


Artículo 59.  Determinación de saldos e intereses.— 1.  A los efectos de la determinación del saldo correspondiente a la liquidación de la cuenta y de sus intereses, el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas realizará una liquidación que notificará a la persona interesada, dándole un plazo de 10 días para que dé su conformidad o alegue y aporte los documentos y justificantes que considere oportunos.  

2.  En caso de que se presenten alegaciones, el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas notificará, una vez vistas las mismas, el importe resultante que habrá de ser objeto de ingreso o devolución.  

No obstante, transcurrido el plazo de 10 días sin que se hayan formulado alegaciones, se entenderá que la liquidación notificada es conforme.  

3.  El Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas podrá autorizar, previa petición de la persona interesada en el plazo establecido para las alegaciones, que el resultado de la liquidación permanezca en la cuenta como primer apunte del siguiente período.  

Si el plazo de ingreso finalizara sin que el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas hubiera notificado al obligado tributario de forma expresa la autorización, deberá entenderse autorizada la anotación como primer apunte del periodo siguiente.

Si se denegara la autorización, en la propia resolución se determinará el plazo de su ingreso.  

4.  Cuando de la liquidación resulte cantidad a favor de la Hacienda foral, el obligado tributario deberá ingresar el importe correspondiente en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la liquidación.  

Cuando de la liquidación resulte cantidad a favor del obligado tributario, el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas procederá de oficio a su devolución en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la liquidación.  


Artículo 60.  Extinción de la cuenta corriente fiscal.— La extinción de la autorización de la cuenta corriente fiscal se producirá por alguna de las siguientes causas:

a)  Por declaración de concurso del obligado tributario.  

b)  Por muerte o incapacidad del obligado tributario.  

c)  Por extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario.  

En estos tres supuestos la fecha de determinación del cierre de la cuenta y liquidación del saldo y los intereses se retrotraerá en todo caso al momento de la realización del hecho causante.  

d)  Por la no renovación de la autorización de cuenta corriente fiscal, que deberá manifestarse por escrito ante el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas con al menos un mes de antelación a la fecha prevista para su renovación automática.  

e)  Asimismo, el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas podrá declarar su extinción discrecionalmente, de oficio o a instancia del interesado. En tal caso, se procederá a cancelar la cuenta y a liquidar el saldo y los intereses correspondientes en la fecha en que se determine en dicha declaración.  

Nota

SECCIÓN 5.ª  BAJA PROVISIONAL POR INSOLVENCIA


Artículo 61.  Concepto de deudor fallido y de crédito incobrable.— 1.  Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables en cuantía suficiente para el cobro total de la deuda. En particular, se estimará que no existen bienes o derechos embargables cuando los poseídos por la persona obligada al pago no hubiesen sido adjudicados a la Diputación Foral de Gipuzkoa de conformidad con lo que se establece en la sección 4.ª del capítulo II del título III de este Reglamento. Asimismo, se considerará fallido por insolvencia parcial el deudor cuyo patrimonio embargable o realizable conocido tan solo alcance a cubrir una parte de la deuda.  

La declaración de fallido podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor.  

Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el procedimiento de apremio por resultar fallidos los obligados al pago.  

El calificativo de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al pago.  

2.  Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, la acción de cobro se dirigirá frente a los responsables subsidiarios.  

Si no existen responsables subsidiarios, o si éstos resultan fallidos, el crédito será declarado incobrable.  

3.  Sin perjuicio de lo que establece la normativa presupuestaria y atendiendo a criterios de eficiencia en la utilización de recursos disponibles, el Director o Directora General de Hacienda, determinará las actuaciones concretas que deberán realizarse a efectos de justificar la declaración de crédito incobrable.  


Artículo 62.  Efectos de la baja provisional por insolvencia.— 1.  La declaración de crédito incobrable total o parcial motivará la baja en cuentas del crédito en la cuantía a que se refiera dicha declaración.  

2.  Dicha declaración no impide el ejercicio por la Diputación Foral de Gipuzkoa contra quien proceda, de las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las Normas Forales y las Leyes, en tanto no se haya producido la prescripción del derecho de la Diputación Foral de Gipuzkoa para exigir el pago.  

3.  La declaración de fallido, correspondiente a personas o entidades inscritas en el Registro Mercantil, será anotada en éste en virtud de mandamiento expedido por el órgano de recaudación. Con posterioridad a la anotación, el registro comunicará a dicho órgano cualquier acto relativo a dichas personas o entidades que se presente a inscripción o anotación.  

4.  Declarada fallida una persona obligada al pago, las deudas de vencimiento posterior a la declaración podrán ser dadas de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados al pago.  


Artículo 63.  Revisión de fallidos y rehabilitación de créditos incobrables.— 1.  El órgano de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago declarados fallidos.  

2.  En caso de sobrevenir esta circunstancia, y de no mediar prescripción, procederá la rehabilitación de los créditos declarados incobrables, reanudándose el procedimiento de recaudación partiendo de la misma situación en que se encontraban en el momento de la declaración de crédito incobrable o de la baja por referencia.  

Nota

CAPÍTULO II

Garantías de la deuda


Artículo 64.  Derecho de prelación.— 1.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuando existan anotaciones de embargo en los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles, practicadas con anterioridad a la del crédito de la Hacienda foral sobre unos mismos bienes embargados, se podrá dar cuenta al Director o Directora General de Hacienda para que previo informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas se ejerciten, si procede, las acciones pertinentes en defensa del mejor derecho de la Hacienda foral.  

2.  Cuando en los mencionados registros consten derechos inscritos o anotados con anterioridad a la anotación de embargo a favor de la Hacienda foral, y existiesen indicios de que dichas inscripciones o anotaciones pudiesen ser consecuencia de actuaciones realizadas en perjuicio de los derechos de la Hacienda foral, se podrá dar cuenta de tales hechos al Director o Directora General de Hacienda para que previo informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas se ejerciten, si procede, las acciones pertinentes en defensa de los intereses de la Hacienda foral.  


Artículo 65.  Hipoteca legal tácita.— 1.  A los efectos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se entiende que se exige el pago cuando se inicia el procedimiento de recaudación en período voluntario de los débitos correspondientes al ejercicio en que se haya inscrito en el Registro el derecho o efectuado la transmisión de los bienes o derechos de que se trate.  

2.  Tanto el acreedor hipotecario como el tercero adquirente tienen derecho a exigir la segregación de cuotas de los bienes que les interesen, cuando se hallen englobadas en un solo recibo con otras de la misma persona obligada al pago.  

3.  En orden a la ejecución de la hipoteca legal tácita se aplicará el artículo 75.4 de este Reglamento.  


Artículo 66.  Otras hipotecas y derechos reales en garantía de los créditos de la Hacienda foral.— 1.  Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo anterior, por débitos anteriores a los expresados en él o por mayor cantidad de la que del mismo resulta, podrá constituirse voluntariamente por el deudor o ser exigida por el órgano de recaudación la constitución de hipoteca especial. Esta hipoteca surtirá efecto desde la fecha en que quede inscrita, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley Hipotecaria.  

2.  En relación con otras deudas se podrá constituir voluntariamente, como garantía en favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en los casos de aplazamiento y fraccionamiento o en los demás supuestos previstos en la normativa que resulte de aplicación, hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda sin desplazamiento de la posesión o cualquier otro derecho real de garantía.  

3.  Si la garantía se hubiese constituido unilateralmente, la aceptación de la misma se podrá hacer por el Director o Directora General de Hacienda mediante documento administrativo, cuyo contenido se hará constar en el registro correspondiente.  

El Director o Directora General de Hacienda, en su caso, autorizará la cancelación de la garantía, que se podrá hacer de la misma forma establecida para la aceptación.  

4.  La ejecución de estas garantías se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 75 de este Reglamento.  


Artículo 67.  Afección de bienes.— Para el ejercicio del derecho de afección se requerirá la declaración de responsabilidad subsidiaria en los términos establecidos en los artículos 179 y 181 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

La nota marginal de afección será solicitada expresamente y de oficio por el Director o Directora General de Hacienda, a menos que la liquidación se consigne en el documento que haya de acceder al registro; en tal caso, la nota de afección se extenderá directamente por este último sin necesidad de solicitud al efecto.  

Nota

TÍTULO III

Recaudación en período voluntario y ejecutivo


CAPÍTULO I

Disposiciones generales


Artículo 68.  Iniciación y terminación del período voluntario.— 1.  La recaudación en período voluntario se iniciará a partir de:

— La fecha de notificación de la liquidación a la persona obligada al pago.  

— La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de las deudas que sean objeto de notificación colectiva y periódica.  

— La fecha de comienzo del plazo señalado para su presentación, tratándose de autoliquidaciones.  

2.  La recaudación en período voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada fuera de plazo sin realizar el ingreso o sin presentar solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación, concluirá el mismo día de la presentación de la autoliquidación.  

3.  Los obligados al pago podrán satisfacer la deuda en su integridad en período voluntario, salvo que se haya otorgado aplazamiento o fraccionamiento, en cuyo caso se estará a lo previsto en la sección 2.ª del capítulo I del título II de este Reglamento.  

4.  Las deudas de derecho público no tributarias deberán pagarse en período voluntario en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de plazo, éste será el dispuesto en el artículo 61 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  


Artículo 69.  Recaudación en período ejecutivo.— 1.  La recaudación en período ejecutivo se inicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en relación con los importes no satisfechos en período voluntario.  

2.  Comenzado el período ejecutivo, se efectuará la recaudación por el procedimiento de apremio, que se iniciará con la notificación de la providencia de apremio a la que se refiere el artículo 70 de este Reglamento.  

3.  La persona obligada al pago podrá satisfacer total o parcialmente las deudas en período ejecutivo. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo que corresponda y, en su caso, las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado.  


CAPÍTULO II

Procedimiento de apremio


SECCIÓN 1.ª  INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO


Artículo 70.  Providencia de apremio.— 1.  La providencia de apremio es el acto de la Diputación Foral de Gipuzkoa que ordena la ejecución contra el patrimonio de la persona obligada al pago.  

La providencia de apremio tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.  

2.  La providencia de apremio deberá contener:

a)  Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación fiscal y domicilio de la persona obligada al pago.  

b)  Concepto, importe de la deuda y período al que corresponde.  

c)  Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber finalizado el correspondiente plazo de ingreso en período voluntario y del comienzo del devengo de intereses de demora.  

d)  Advertencia de que, en caso de no efectuarse el ingreso del importe total de la deuda pendiente, incluido el recargo de apremio reducido del 15 por ciento, en el plazo al que se refiere el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se procederá al embargo de los bienes de la persona obligada al pago o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda que incluirá entonces, el recargo de apremio del 20 por ciento.  

e)  Fecha de la providencia de apremio.  

3.  La normativa específica de atribución de competencias establecerá el órgano competente para dictar la providencia de apremio.  

4.  En el caso de deudas a favor de la Hacienda foral, que deban satisfacer otras Administraciones Publicas, y sin perjuicio de la posibilidad de proceder al embargo de sus bienes, en los supuestos no excluidos por disposición legal, podrá acudirse, asimismo, al procedimiento de compensación de oficio.  


Artículo 71.  Notificación de la providencia de apremio.— En la notificación de la providencia de apremio se harán constar al menos los siguientes extremos:

a)  Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el plazo al que se refiere el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

b)  Información sobre los recargos de apremio reducido y ordinario, sobre la liquidación de intereses de demora y sobre la repercusión de costas del procedimiento.  

c)  Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.  

d)  Información en la que se indique que sólo se producirá suspensión del procedimiento en los casos y condiciones previstos en la normativa vigente.  

e)  Recursos que contra la misma procedan, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición.  


SECCIÓN 2.ª  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO


Subsección 1.ª  Disposiciones generales


Artículo 72.  Interés de demora.— 1.  Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el inicio del período ejecutivo hasta la fecha de su ingreso.  

Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento una deuda se satisfaga totalmente antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, para el pago de las deudas apremiadas, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.  

2.  La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.  

3.  El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en la normativa tributaria o presupuestaria, según se trate de deudas y sanciones tributarias o no tributarias respectivamente.  

4.  El cálculo de intereses podrá realizarse, según los casos, de alguna de las formas siguientes:

a)  Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se practicará posteriormente liquidación de los intereses devengados, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

b)  En el supuesto al que se refiere la letra anterior, el órgano de recaudación podrá acordar, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, la liquidación y pago de los intereses en el momento del pago de la deuda apremiada.  

c)  En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará liquidación de intereses al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si éste fuese superior.  

d)  Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas, créditos o derechos, podrán liquidarse y retenerse los intereses en el momento del embargo, si el importe disponible fuese superior a la deuda perseguida.  

En los casos de las letras b), c) y d) no será necesaria la notificación expresa de los intereses devengados si en la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento posterior le ha sido notificado a la persona interesada el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago, una referencia al tipo de interés aplicable, según se trate de deudas tributarias o no tributarias, y el cómputo del tiempo de devengo.  

5.  No se practicará liquidación por intereses de demora cuando la cantidad resultante por este concepto sea inferior a la cifra que por Orden Foral fije el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas como mínima para cubrir el coste de su exacción y recaudación.  


Artículo 73.  Suspensión del procedimiento de apremio.— 1.  La suspensión del procedimiento de apremio como consecuencia de la interposición de un recurso o reclamación económico-administrativa se tramitará y resolverá de acuerdo con las normas de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en materia de revisión en vía administrativa.  

2.  Cuando la persona interesada demuestre la existencia de alguna de las circunstancias que, de conformidad con el artículo 169.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa dan lugar a la suspensión del procedimiento, se le comunicará que quedan suspendidas las actuaciones en tanto se dicte el acuerdo correspondiente.  

Cuando la apreciación de las citadas circunstancias no sea competencia del órgano de recaudación que haya recibido la solicitud de suspensión, éste podrá suspender las actuaciones y dará traslado al órgano competente para que informe sobre la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas.  

La resolución que se adopte se notificará a la persona interesada comunicándole, en su caso, la continuación del procedimiento de apremio.  


Artículo 74.  Imputación de pagos.— Acumuladas diversas deudas de una persona obligada al pago en un mismo procedimiento de apremio, los importes obtenidos en el desarrollo de este minorarán aquellas de acuerdo con los criterios de imputación previstos en el artículo 62 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, equiparándose a estos efectos las deudas de derecho público de naturaleza no tributaria con las deudas de derecho público de naturaleza tributaria.  

A los mismos efectos de imputación, la antigüedad de las deudas vendrá determinada por la fecha de vencimiento del período voluntario de pago de cada una.  


Artículo 75.  Ejecución de garantías.— 1.  Una vez iniciado el procedimiento de apremio, si la deuda estuviese garantizada y resultara impagada en el plazo a que se refiere el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se procederá a ejecutar la garantía, salvo que sea de aplicación lo dispuesto en su artículo 172, segundo párrafo; en tal caso, con anterioridad a la ejecución de la garantía se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes y derechos.  

2.  Si la garantía consiste en aval solidario, certificado de seguro de caución, fianza u otra garantía personal, se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan, hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes, en virtud del mismo título ejecutivo existente relativo a la persona obligada al pago, por el procedimiento de apremio, sin necesidad de nueva notificación.  

3.  Si la garantía consiste en hipoteca, prenda u otra de carácter real constituida por o sobre bienes o derechos de la persona obligada al pago susceptibles de enajenación forzosa, se procederá a enajenarlos por el procedimiento establecido en este Reglamento para la enajenación de bienes embargados de naturaleza igual o similar.  

4.  Si la garantía está constituida por o sobre bienes o derechos de persona distinta de la obligada al pago, se comunicará a dicha persona el impago del importe garantizado, requiriéndole para que, en el plazo establecido en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ponga dichos bienes o derechos a disposición del órgano de recaudación, salvo que pague la cuantía debida. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido el pago o la entrega de los bienes o derechos, se procederá a enajenarlos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.  

5.  Si la garantía consiste en depósito en efectivo, se requerirá al depositario el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del depósito constituido, en el plazo establecido en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, advirtiéndole de que en caso de incumplimiento se procederá al embargo de sus bienes y derechos sin más trámite en virtud de la misma providencia de apremio dictada en relación con la persona obligada al pago sin necesidad de nueva notificación de aquella. Si el depositario es la propia Diputación Foral de Gipuzkoa, se aplicará el depósito a cancelar dichas cantidades.  

6.  La ejecución de las hipotecas y otros derechos reales constituidos en garantía de los créditos de la Hacienda foral se realizará por el órgano de recaudación a través del procedimiento de apremio.  

Cuando se inicie la ejecución administrativa, el órgano de recaudación competente comunicará la orden de ejecución al registrador de la propiedad mediante mandamiento por duplicado para que libre y remita la correspondiente certificación de dominio y cargas, con el contenido y efectos establecidos en el artículo 688 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  

El órgano de recaudación notificará el inicio del procedimiento de ejecución a la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio si no ha sido requerida para el pago y a los titulares de cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca que aparezcan en la certificación.  

En su caso, el tipo para la subasta o concurso podrá fijarse de acuerdo con las reglas del artículo 99 de este Reglamento y con independencia del precio en que se haya tasado el bien al tiempo de constituir la hipoteca.  

7.  Se podrá continuar el procedimiento de apremio cuando la garantía haya devenido manifiestamente insuficiente jurídica o económicamente, desde la fecha de su constitución, sin necesidad de esperar a su ejecución, mediante acuerdo motivado que deberá constar en el expediente.  

8.  Sólo podrá iniciarse o proseguirse la ejecución administrativa de garantías reales constituidas sobre bienes de quien haya sido declarado en concurso cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:

a)  Cuando la garantía se haya constituido para asegurar el cobro de deudas ajenas al concursado.  

b)  Cuando los bienes no se hallen afectos a la actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de titularidad del concursado.  

c)  Cuando al tiempo de la declaración de concurso ya se hayan publicado los anuncios de enajenación forzosa del bien objeto de la garantía, y este no resulte necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.  

Si no concurriese ninguna de tales circunstancias, se suspenderán las actuaciones de ejecución administrativa de la garantía real y se instará del órgano judicial lo que conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pueda resultar procedente para su ejecución.  


Subsección 2.ª  Normas sobre embargos


Artículo 76.  Embargo de bienes y derechos.— Transcurrido el plazo señalado en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa sin haberse realizado el ingreso requerido, se procederá, en cumplimiento del mandato contenido en la providencia de apremio, y siempre que no se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías o fuese previsible de forma motivada que de dicha ejecución no resultará líquido suficiente para cubrir la deuda, al embargo de los bienes y derechos que procedan, pudiendo acumular en un mismo procedimiento las deudas de un mismo deudor.  

Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de las deudas acumuladas.  


Artículo 77.  Práctica de los embargos.— 1.  La Diputación Foral de Gipuzkoa, siempre con respeto al principio de proporcionalidad y tal y como establece el artículo 173 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, embargará los bienes y derechos de la persona obligada al pago que sean más fáciles de realizar y causen a ésta menos perjuicios, hasta que se cubra el importe de la deuda pendiente. En todo caso, se embargarán en último lugar aquellos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido de la persona obligada al pago.  

Cada actuación de embargo se documentará en la correspondiente diligencia de embargo que se notificará a la persona con la que se entienda aquella actuación.  

Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará a la persona obligada al pago y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones; así como al cónyuge o pareja de hecho de la persona obligada al pago en los términos del artículo 174.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y, en todo caso, si se trata de la vivienda habitual; y a los condueños o cotitulares.  

En el supuesto de bienes y derechos inscritos en un registro público, el embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación.  

La diligencia de embargo en caso de cuotas de participación de bienes que se posean pro indiviso se limitará a la cuota de participación de la persona obligada al pago y se notificará a los condóminos.  

2.  Cuando en la fase de traba o en la de ejecución resulten insuficientes los bienes embargados según el apartado anterior, se continuará obteniendo información sobre otros bienes y derechos y procediendo al embargo sucesivo de los mismos.  

Cuando por la información sucesivamente obtenida se embarguen bienes que, en atención a los principios y criterios establecidos en el artículo 173 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, debieran haber sido embargados con anterioridad a otros ya embargados pero no realizados, se realizarán aquéllos con anterioridad.  

3.  Si los bienes embargables se encuentran en recintos o locales de la persona obligada al pago o de terceras personas o entidades, el embargo se podrá practicar mediante personación, ordenando al poseedor de los citados bienes su entrega, hecho éste que se detallará en la correspondiente diligencia.  

En caso de negativa a la entrega inmediata o imposibilidad de la misma, se podrá proceder al precintado o a la adopción de medidas necesarias para impedir la sustitución o levantamiento, todo lo cual se hará constar en diligencia.  

Lo dispuesto en el presente apartado se efectuará teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 136 y 143 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en relación con la entrada en fincas y locales y las medidas de aseguramiento que es posible adoptar.  

4.  El requerimiento que en virtud del artículo 166.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa se efectúe a la persona obligada al pago para que ésta ponga en conocimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa una relación de bienes o derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda pendiente, deberá incluir la identificación completa de las deudas pendientes. La notificación de dicho requerimiento producirá los efectos interruptivos previstos en el artículo 67.2 de dicha Norma Foral.  


Artículo 78.  Concurrencia de embargos.— 1.  Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso de éste último es el más antiguo. A estos efectos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho.  

En todo caso, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá llevar a cabo la realización forzosa de los bienes embargados cuando los derechos de los acreedores con inscripción o anotación anterior no se vieran perjudicados por dicha realización.  

2.  Cuando sobre los bienes embargados por la Diputación Foral de Gipuzkoa o sobre los que se hubieran constituido garantías a favor de ésta existan derechos anotados o inscritos con anterioridad a favor de otros acreedores, podrá aquella subrogarse en dichos derechos mediante el abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando éstos sean sustancialmente inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda foral de la enajenación de los bienes. Para ejercitar esta subrogación, el órgano de recaudación deberá realizar una propuesta al Director o Directora General de Hacienda que resolverá lo procedente.  

Las cantidades abonadas por ese concepto tendrán el carácter de costas del procedimiento, a cuyo pago se podrán aplicar con carácter preferente las cantidades que la Diputación Foral de Gipuzkoa obtenga de la enajenación forzosa de los bienes embargados.  

3.  Cuando los bienes embargados sean objeto de un procedimiento de expropiación forzosa, se paralizarán las actuaciones de ejecución de los bienes afectados, comunicando a la Administración expropiante el embargo de los pagos a realizar al expropiado. A efectos de continuar o no el procedimiento ejecutivo respecto de otros bienes de la persona obligada al pago, se considerará realizado el embargo por el precio firme del bien expropiado. Cuando el precio no sea firme, por la parte en que exista acuerdo y, de no haberlo, por el precio ofrecido por la Administración expropiante.  


Artículo 79.  Embargo de dinero en efectivo.— 1.  Cuando se embargue dinero en efectivo, el órgano de recaudación lo hará constar en diligencia, de la que emitirá un duplicado. Uno de los ejemplares se unirá al expediente y el otro quedará en poder de la persona obligada al pago. El dinero será inmediatamente ingresado en las cuentas de la Tesorería Foral.  

2.  Si se trata de la recaudación de cajas, taquillas o similares de empresas o entidades en funcionamiento, se podrá acordar los pagos que deban realizarse con cargo a dicha recaudación, en la cuantía necesaria para evitar la paralización de aquéllas.  


Artículo 80.  Embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito.— 1.  El embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito se llevará a cabo mediante diligencia de embargo que comprenderá todos los saldos de un deudor existentes en una oficina de la entidad, sean o no conocidos por la administración los datos identificativos de cada cuenta, hasta alcanzar el importe de la deuda no pagada en período voluntario, mas el recargo del período ejecutivo, intereses y, en su caso las costas producidas.  

La diligencia de embargo se presentará en la oficina de la entidad de crédito, a los responsables de la misma, que deberán proceder de forma inmediata a retener el importe embargado si existe en ese momento saldo suficiente, o el total de los saldos en otro caso.  

2.  La diligencia de embargo podrá, asimismo, comprender todos los saldos del deudor existentes en todas las oficinas de una misma entidad, hasta alcanzar el importe de la deuda no pagada en período voluntario, recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, costas producidas. Dicha diligencia de embargo será presentada a los responsables de la entidad o de sus oficinas territoriales correspondientes, siendo en lo demás aplicable lo dispuesto en el apartado anterior.  

3.  La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la notificación de la diligencia de embargo a la entidad de crédito, así como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos, podrán ser convenidos, con carácter general, entre el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas y la entidad de crédito afectada.  

Nota
4.  Cuando el dinero se encuentre depositado en cuentas a nombre de varios titulares solamente se embargará la parte correspondiente al titular obligado al pago. A estos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que de los términos del contrato se desprenda otra cosa o se pruebe una titularidad material de los fondos diferente.  

5.  Si el depósito está constituido en cuentas denominadas a plazo, el embargo se efectuará igualmente de forma inmediata, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 7 siguiente.  

6.  Sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso o reclamación económico-administrativa, si la persona obligada al pago demuestra que se ha producido el embargo de algún bien o derecho inembargable o en cuantía superior a la procedente, el órgano de recaudación ordenará el inmediato levantamiento de la traba o la devolución de las cantidades ingresadas en exceso.  

En concreto, se actuará de esta manera si la persona obligada al pago demuestra que el embargo se ha efectuado sobre salarios o pensiones, superando los límites establecidos en el artículo 175.3 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

7.  El importe de las cantidades retenidas será ingresado en las cuentas de la Tesorería Foral de forma inmediata una vez que el órgano de recaudación lo requiera expresamente a la entidad de crédito.  

Si se trata de cuentas a plazo, el ingreso deberá realizarse en el momento indicado en el párrafo anterior o al día siguiente del fin del plazo, según cuál sea posterior. No obstante, si el depositante tiene la facultad de disponer anticipadamente del dinero depositado, al notificar la diligencia de embargo se advertirá a la persona obligada al pago la posibilidad que tiene de hacer uso de tal facultad frente a la entidad depositaria, según las condiciones que se hubieren establecido, en cuyo caso el ingreso en las cuentas de la Tesorería Foral se producirá al día siguiente de la cancelación.  


Artículo 81.  Embargo de valores.— 1.  El embargo de fondos, valores, títulos, efectos públicos o privados u otros bienes entregados o confiados a una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria o gestora se efectuará mediante la presentación de la diligencia de embargo en la entidad y podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, a los demás bienes y derechos de la persona obligada al pago, sean o no conocidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa, hasta alcanzar el importe de la deuda pendiente, más el recargo de apremio, intereses y, en su caso, las costas producidas.  

En el mismo acto de presentación, la entidad deberá comunicar al órgano de recaudación la existencia o no de los valores embargados por la Diputación Foral de Gipuzkoa. En todo caso, los valores embargados se consideraran trabados el día de la presentación de la diligencia de embargo.  

En el supuesto de que los valores estuviesen depositados o anotados en una entidad de crédito o especializada en la gestión de valores, la forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo podrán ser convenidos, con carácter general, entre el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas y dicha entidad.  

2.  Si el embargo se refiere a valores representados mediante títulos que no estén depositados en las entidades citadas en el apartado 1, la diligencia de embargo se notificará al titular, debiendo éste comunicar cualquier circunstancia relativa a los títulos que pudieran afectar al embargo. El órgano de recaudación actuante se hará cargo de los títulos junto con la póliza de compra o título de adquisición, si lo hubiese recibido.  

3.  El órgano de recaudación formulará orden de enajenación de aquellos valores que resulten suficientes para cubrir el importe total de la deuda pendiente, incluidos intereses de demora, recargo de apremio y costas.  

Si los valores cotizan y están depositados, la enajenación se realizará a través de cualquier mercado organizado, en las mejores condiciones posibles según las prácticas usuales de buena gestión, dando orden a la entidad depositaria para que proceda a su venta. La entidad depositaria o gestora, podrá deducir del importe obtenido los gastos y comisiones que procedan.  

El importe obtenido deberá ingresarse en las cuentas de la Tesorería Foral hasta el límite de lo debido. El sobrante, si existe, deberá ponerse a disposición de su propietario. El órgano de recaudación notificará a la entidad gestora o depositaria la orden de levantamiento del embargo sobre el resto de los valores trabados cuya enajenación no hubiera resultado necesaria.  

Si los valores cotizan pero no están depositados, la enajenación se realizará a través de cualquier mercado organizado, en las mejores condiciones posibles según las prácticas usuales de buena gestión, acudiendo a un operador para que proceda a su venta. El operador podrá deducir del importe obtenido los gastos y comisiones que procedan. El importe obtenido deberá ingresarse en las cuentas de la Tesorería Foral hasta el límite de lo debido. El sobrante, si existe, deberá ponerse a disposición de su propietario.  

Si los valores no cotizan en bolsa estén o no estén depositados, se procederá a su venta mediante subasta, salvo que proceda la adjudicación directa. El importe obtenido deberá ingresarse en las cuentas de la Tesorería Foral hasta el límite de lo debido. El sobrante, si existe, deberá ponerse a disposición de su propietario.  

4.  Cuando resulte más adecuado para la satisfacción de la deuda, el órgano de recaudación podrá acordar, en lugar de la enajenación de los títulos, el embargo de los dividendos, intereses, rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de aquéllos.  

5.  Tratándose de participaciones en el capital de sociedades de responsabilidad limitada, la diligencia de embargo se notificará al órgano de administración de la sociedad para su inscripción en el libro registro de socios.  

Cuando se embarguen participaciones en sociedades en las que, según la legislación aplicable, los socios tengan derecho de adquisición preferente de las mismas, se procederá a efectuar las notificaciones pertinentes a dichos socios y a la sociedad.  

El procedimiento de adjudicación de las participaciones se llevará a cabo de acuerdo con su normativa específica.  


Artículo 82.  Embargo de otros créditos, efectos y derechos.— 1.  Cuando se trate de otros créditos, efectos y derechos distintos de los del artículo anterior, se procederá como sigue:

a)  Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se presentará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora de la obligada al pago, apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado a la persona obligada.  

Cuando el crédito o derecho embargado haya vencido, la persona o entidad deudora de la obligada al pago deberá ingresar en las cuentas de la Tesorería Foral el importe hasta cubrir la deuda. En otro caso, el crédito quedará afectado a dicha deuda hasta su vencimiento, si antes no resulta solventada. Si el crédito o derecho consiste en pagos sucesivos, se ordenará al pagador ingresar en las cuentas de la Tesorería Foral su importe hasta el límite de la cantidad adeudada.  

b)  Si se trata de créditos garantizados, deberá notificarse la diligencia de embargo también al garante o, en su caso, a la poseedor del bien o derecho ofrecido en garantía, que podrá depositarse hasta el vencimiento del crédito. Vencido el crédito, si no se paga la deuda se promoverá la ejecución de la garantía conforme previene el artículo 75 de este Reglamento.  

2.  Si lo embargado resultasen créditos o derechos derivados de retribuciones procedentes una actividad profesional, mercantil o autónoma, se estará a lo dispuesto, en su caso, en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  


Artículo 83.  Embargo de sueldos, salarios y pensiones.— 1.  El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  

La diligencia de embargo se presentará a la persona pagadora. Esta quedará obligada a retener las cantidades procedentes en cada caso sobre las sucesivas cuantías satisfechas como sueldo, salario o pensión y a ingresar en las cuentas de la Tesorería Foral el importe detraído hasta el límite de la cantidad adeudada.  

2.  Si la persona obligada al pago es beneficiaria de más de una de dichas percepciones, se acumularán para deducir una sola vez la parte inembargable. La cantidad embargada podrá detraerse de la percepción o percepciones que fije el órgano de recaudación. Si la persona obligada al pago propone expresamente otra, le será aceptada, si ello no supone obstáculo para el cobro.  

3.  Cuando el embargo comprenda percepciones futuras, aun no devengadas, y existan otros bienes embargables, una vez cobradas las vencidas podrán embargarse dichos bienes, sin esperar a los posibles devengos o vencimientos sucesivos.  

Una vez cubierta la deuda, el órgano de recaudación comunicará a la persona pagadora la finalización de las retenciones.  


Artículo 84.  Embargo de bienes inmuebles y derechos sobre éstos.— 1.  El embargo de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos se efectuará mediante diligencia, que especificará las circunstancias siguientes:

a)  Nombre y apellidos o razón social completa del titular y, en su caso, del poseedor de la finca embargada, número de identificación fiscal y cuantos datos puedan contribuir a su identificación.  

b)  Si se trata de fincas rústicas: Naturaleza y nombre de dicha finca, término municipal donde radique y situación según se nombre en la localidad, linderos, superficie y cabida, e identificación registral y catastral, si constan.  

c)  Si se trata de fincas urbanas: Localidad, calle y número, locales y pisos de que se componen, superficie, e identificación registral y catastral, si constan.  

d)  Derechos de la persona obligada al pago sobre los inmuebles embargados.  

e)  Importe total del débito, concepto o conceptos a que corresponda e importe de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por principal, recargos, intereses y costas, advirtiendo que podrá extenderse a los intereses que puedan devengarse hasta que concluya la ejecución y a las costas de ésta.  

f)  Advertencia de que se tomará anotación preventiva del embargo en el Registro de la Propiedad a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa o, en su caso, de la entidad u organismo titular del crédito que motiva la ejecución.  

2.  En el momento de notificarse la diligencia de embargo según lo dispuesto en el artículo 77.1 de este Reglamento, se requerirán los títulos de propiedad a los titulares de los bienes o derechos.  

3.  Si debiera practicarse deslinde, el órgano de recaudación propondrá al Director o Directora General de Hacienda el nombramiento de un funcionario técnico adscrito al Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas o la contratación de los servicios de empresas especializadas. En ambos casos, el deslinde se realizará en el plazo de quince días.  

4.  A efectos del embargo, los buques mercantes tendrán la consideración de bienes inmuebles y su embargo se practicará en lo que resulte aplicable con sujeción a las normas de este artículo y los siguientes de este Reglamento.  

En todos los casos, cuando se ordene el embargo de un buque o cualquier otra embarcación, se tomará anotación preventiva en el Registro de Matrícula de Buques de la provincia marítima en que aquél figure matriculado, así como en el Libro de Buques del Registro Mercantil.  


Artículo 85.  Anotación preventiva en el Registro de la Propiedad del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre éstos.— 1.  El órgano de recaudación solicitará que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos en el Registro de la Propiedad que corresponda.  

2.  A tal efecto, el órgano de recaudación expedirá mandamiento dirigido al registrador o registradora con sujeción a lo dispuesto en la legislación hipotecaria y a lo que se establece en los artículos siguientes, interesando, además, que se libre certificación de las cargas que figuren en el registro sobre cada finca, con expresión detallada de las mismas y de sus titulares, incluyendo en la certificación al propietario o propietarios de la finca en ese momento y su domicilio.  

A la vista de tal certificación, se comprobará si se han efectuado todas las notificaciones exigidas por la normativa, procediéndose, en su defecto, a practicarlas. En todo caso, se notificará el embargo a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación.  

3.  Si las liquidaciones apremiadas se refieren a tributos sin cuyo previo pago no puede inscribirse en el registro el acto o contrato que las ha determinado, al llegar el procedimiento a la fase de embargo se procederá de la forma siguiente:

a)  Se propondrá al órgano competente el aplazamiento del pago de dichas liquidaciones a los solos efectos de la inscripción de los bienes y anotación preventiva de su embargo a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El acuerdo de aplazamiento se hará constar en los documentos que hubiesen determinado la liquidación del tributo y por virtud de los cuales deba practicarse la inscripción en el registro.  

b)  Dichos documentos y el mandamiento de embargo serán presentados al registrador o registradora de la propiedad, quien, una vez practicada la inscripción del derecho de la persona obligada al pago con la mención de que el pago de la liquidación queda aplazado, procederá de forma inmediata a anotar el embargo.  

c)  Si la liquidación del tributo se practicó sobre documentos que no pudieran ser objeto de inscripción por ser copias no auténticas de los originales o matrices, se solicitará de los notarios o funcionarios que hubieran autorizado aquellos documentos la expedición de copia auténtica en la cual se consignará el acuerdo de aplazamiento.  

d)  Cuando se produzca la enajenación de los bienes embargados, el precio obtenido se aplicará a solventar las liquidaciones y demás responsabilidades que procedan, incluidos los intereses de demora que puedan devengarse hasta que concluya la ejecución y a las costas de ésta. El documento acreditativo de dicha aplicación será presentado en el registro y producirá la cancelación del embargo y de las notas de aplazamiento. En la escritura de venta se harán constar tales extremos.  

Si se acuerda la adjudicación de bienes a la Hacienda pública o al ente público acreedor, el documento acreditativo de la adjudicación producirá los mismos efectos que los indicados en el apartado anterior.  


Artículo 86.  Requisitos de los mandamientos para la anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles y derechos sobre éstos.— Los mandamientos para la anotación preventiva de embargo contendrán:

a)  Indicación de la fecha de la providencia de apremio y transcripción de la diligencia de embargo del inmueble o inmuebles de que se trate, indicando las personas a las que se ha notificado el embargo y el concepto por el que se les ha practicado dicha notificación.  

b)  Descripción del derecho que tenga la persona obligada al pago sobre los bienes embargados.  

c)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, en su caso, del poseedor de las fincas a las que se refiera el mandamiento.  

d)  El importe total de la deuda, concepto o conceptos a que corresponda, e importe de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por principal, recargos, intereses y costas.  

e)  Que la anotación deberá hacerse a favor del acreedor.  

f)  Expresión de que la Diputación Foral de Gipuzkoa no puede facilitar, en el momento de la expedición del mandamiento, más datos respecto de los bienes embargados que los contenidos en éste.  


Artículo 87.  Presentación de los mandamientos en el Registro de la Propiedad.— 1.  El mandamiento se presentará por triplicado en el Registro de la Propiedad. El registrador o registradora devolverá en el acto uno de los ejemplares con nota de referencia al asiento de presentación del mandamiento y otro, en su día, con la nota acreditativa de haber quedado extendida la anotación oportuna o de no haber podido practicarse, expresando detalladamente, en este caso, no sólo los defectos advertidos, sino también la forma y medio de subsanarlos. El tercer ejemplar del mandamiento quedará archivado en el registro.  

2.  Si la finca o fincas no constasen inscritas o no fuese posible extender la anotación por cualquier defecto subsanable, se tomará razón del embargo y se hará constar así en la contestación al mandamiento.  

3.  La presentación de los mandamientos al registro podrá efectuarse por fax o por medios telemáticos, en la forma determinada por la normativa aplicable.  

4.  Cuando lo exijan las actuaciones del procedimiento de apremio, se presentará mandamiento solicitando la prórroga de las anotaciones preventivas de embargo de acuerdo con lo dispuesto en la legislación hipotecaria.  


Artículo 88.  Incidencias en las anotaciones preventivas de embargo en el Registro de la Propiedad.— 1.  En el caso de que el registrador o registradora de la propiedad devuelva el mandamiento manifestando haber suspendido la anotación por defecto subsanable, se procederá a subsanarlo en el acto, si es posible, o en un momento posterior, dentro del plazo establecido en la legislación hipotecaria.  

2.  Con el fin de evitar la caducidad de la anotación efectuada por defectos subsanables establecida en la legislación hipotecaria, el órgano de recaudación solicitará, si es necesario, la prórroga que en aquélla se autoriza.  

3.  En caso de disconformidad con la decisión del registrador o registradora, se trasladarán las actuaciones al órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas a efectos de la interposición, si procede, de recurso contra la calificación registral por parte del órgano competente para ello.  


Artículo 89.  Contestaciones de los registradores.— 1.  Los registradores de la propiedad practicarán los asientos que procedan y expedirán las certificaciones que interesen al procedimiento ejecutivo dentro de los plazos establecidos en la legislación hipotecaria.  

La contestación del registrador o registradora de la propiedad al mandamiento de anotación preventiva de embargo y la certificación relativa a las cargas y gravámenes que afecten a los inmuebles se unirán al expediente de apremio.  

2.  La Diputación Foral de Gipuzkoa podrá ejercitar las acciones civiles que la Ley autoriza para obtener la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera dar lugar la dilación de los registradores en la práctica de los servicios que les encomienda este Reglamento.  

3.  Las dilaciones reiteradas que entorpezcan el procedimiento recaudatorio serán comunicadas a la Dirección General de Hacienda para su traslado a la Dirección General de los Registros y del Notariado a los efectos que procedan.  


Artículo 90.  Embargo de intereses, rentas y frutos de toda especie.— 1.  Cuando se embarguen intereses, rentas y frutos de la persona obligada al pago que se materialicen en pagos en dinero, la diligencia de embargo se notificará a la persona o entidad pagadora, que deberá retenerlos e ingresarlos en las cuentas de la Tesorería Foral hasta cubrir la cantidad adeudada.  

2.  Cuando los frutos o rentas a embargar sean los correspondientes a los derechos de explotación de una obra protegida por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, aquéllos se considerarán salarios según lo que establece dicho Texto Refundido y el embargo se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de este Reglamento.  

3.  Si lo embargado fuesen frutos o rentas obtenidos por empresas o actividades comerciales, industriales y agrícolas, se podrá nombrar un administrador o interventor que actuará según se establece en el artículo 174.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El nombramiento se acordará previa audiencia del órgano de administración de la empresa o titular del negocio mediante resolución del Director o Directora General de Hacienda, en la que se motivará la apreciación de concurrencia de causas establecidas en el precepto citado y concretará la gestión o administración que serán fiscalizados previamente a su ejecución.  

4.  Si los frutos están asegurados, se notificará a la entidad aseguradora el embargo de las indemnizaciones o prestaciones que correspondan en caso de siniestro, las cuales deberán ingresarse en las cuentas de la Tesorería Foral una vez ocurrido éste.  


Artículo 91.  Embargo de establecimientos mercantiles e industriales.— 1.  Se procederá al embargo de establecimientos mercantiles e industriales cuando, atendiendo a todas las circunstancias, resulta preferible al embargo por separado, de sus distintos elementos.  

2.  El embargo de establecimientos mercantiles e industriales se podrá iniciar mediante personación en los establecimientos o en el domicilio de la persona o entidad a que pertenezcan.  

3.  El embargo comprenderá, si los hubiere, los siguientes bienes y derechos:

a)  Derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local del negocio, si éste fuese arrendado, y las instalaciones.  

b)  Derechos de propiedad intelectual e industrial.  

c)  Utillaje, máquinas, mobiliario, utensilios y demás instrumentos de producción y trabajo.  

d)  Mercaderías y materias primas.  

e)  Posibles indemnizaciones.  

f)  Cualesquiera otros bienes y derechos susceptibles de embargo.  

4.  De la actuación de embargo, sea positiva o negativa, se extenderá la correspondiente diligencia. Si es positiva se harán constar inventariados todos los bienes y derechos existentes en cada establecimiento embargado, así como los que se embargan.  

5.  Si el inmueble estuviese arrendado, se notificará la diligencia de embargo al arrendador.  

6.  Se efectuará anotación preventiva del embargo en el Registro de Bienes Muebles, para lo cual el órgano de recaudación expedirá el correspondiente mandamiento.  

7.  Según las circunstancias del caso, podrá acordarse la adopción de alguna de las medidas siguientes:

a)  El precinto del local hasta la enajenación de lo embargado.  

b)  En los casos previstos en el artículo 174.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa se podrá nombrar un administrador conforme previene el artículo 90.3 de este Reglamento.  

8.  La enajenación de los establecimientos mercantiles e industriales se llevará a cabo por el procedimiento establecido en la sección 3.ª de este capítulo.  


Artículo 92.  Embargo de los restantes bienes muebles y semovientes.— 1.  El embargo de los restantes bienes muebles y semovientes se podrá llevar a cabo mediante personación en los locales de la persona obligada al pago o de terceros, ordenando al poseedor de los citados bienes su entrega, hecho éste que se detallará en la correspondiente diligencia.  

2.  Siempre que el embargo afecte a bienes inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, el órgano de recaudación expedirá seguidamente mandamiento de embargo para su anotación preventiva en el registro de la localidad correspondiente. Estos mandamientos se tramitarán de acuerdo con lo establecido en su normativa reguladora.  

3.  Cuando se trate de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u otros vehículos se procederá según lo dispuesto en los apartados anteriores, notificándose el embargo a la persona obligada al pago y requiriéndole para que en un plazo de cinco días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su documentación y llaves. Si no lo efectúa se dará orden a las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás que proceda, para la captura, depósito y precinto de los bienes citados.  

4.  Cuando se trate de embargo de bienes adquiridos por el sistema de ventas a plazo, se tendrán en cuenta las disposiciones de su normativa reguladora.  

5.  Cuando se trate de embargo de patentes, marcas, nombres comerciales y modelos de utilidad, se tendrán en cuenta las disposiciones de su normativa reguladora.  


Artículo 93.  Embargo de percepciones que puede recibir el partícipe o socio de fondos de pensiones o entidades o instituciones de previsión social.— 1.  En los términos que permite su normativa reguladora, será embargable el derecho a las percepciones que reciba o pueda recibir el partícipe en un plan de pensiones, mutualidad o entidad de previsión social voluntaria, u otros instrumentos alternativos de previsión social, si bien el embargo no se ejecutará hasta que se cause el derecho a la prestación, concurran los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración previsto en dicha normativa o concurran las circunstancias previstas para su rescate anticipado.  

2.  A los efectos previstos en el apartado anterior, según los planes de pensiones, entidad de previsión social voluntaria o mutualidades de previsión social voluntaria sean sustitutivos del sistema público de pensiones o sean complementarios del mismo, tendrán la consideración de pensión pública y en consecuencia seguirán el procedimiento establecido en el artículo 83 de este Reglamento; o bien tendrán la consideración de un derecho realizable a largo plazo, en cuyo caso seguirá el procedimiento establecido en el artículo 82.1 de este Reglamento.  

3.  La diligencia de embargo se presentará a las entidades correspondientes sin necesidad de identificación de los derechos a favor del apremiado y se efectuará hasta el importe de la deuda pendiente. Dichas entidades tomarán nota del embargo, de lo que darán traslado al órgano de recaudación actuante en el plazo máximo de diez días, remitiendo la información necesaria relativa a las características del plan o fondo contratado, derechos consolidados, posibilidad y fecha de ejercicio de rescate anticipado, prestaciones que comprende y cualquier otro dato de relevancia económica para la ejecución. En caso de que existiera una traba previa lo pondrán en conocimiento del órgano de recaudación en dicha comunicación, debiendo especificar los extremos de la misma.  

4.  Las entidades gestoras y depositarias, desde el momento de la comunicación del embargo, y hasta tanto por el órgano de recaudación no se comunique el levantamiento del mismo, estarán obligadas a retener las cantidades que en el futuro se puedan devengar a favor de la persona obligada al pago y ponerlo en conocimiento de dicho órgano. Asimismo, deberán comunicar en su caso, el momento en que el partícipe pueda ejercer la opción de rescate de capital o percibo de prestación anticipada, a fin de que el órgano actuante pueda, o bien requerir a la persona obligada al pago para su ejercicio, con retención en ese momento de la cuantía que corresponda hasta el límite de la deuda que se ejecuta; o bien sustituir a la persona obligada al pago en el ejercicio de su opción directamente.  

5.  En caso de que se produzca la movilización de los derechos consolidados a otro plan, la entidad gestora deberá comunicarlo al órgano de recaudación, ante el que deberá acreditar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, la comunicación del embargo a las entidades gestoras y depositarias del plan de destino.  


Subsección 3.ª  Normas sobre depósito de los bienes embargados


Artículo 94.  Depósito de bienes embargados.— 1.  El órgano de recaudación designará, en su caso, el lugar en que los bienes embargados deban ser depositados hasta su realización, siguiendo los criterios que se fijan en este artículo, sin perjuicio de lo establecido en artículo 92.3 de este Reglamento.  

2.  Los bienes que al ser embargados se encuentren en entidades de crédito u otras que, a juicio de los órganos de recaudación competentes, ofrezcan garantías de seguridad y solvencia, seguirán depositados en las mismas a disposición de dichos órganos.  

3.  Los demás bienes se depositarán, según mejor proceda, a juicio del órgano de recaudación competente:

a)  En recintos o locales de la propia Diputación Foral de Gipuzkoa cuando existan y reúnan condiciones adecuadas para el depósito de dichos bienes.  

b)  En recintos o locales de otros entes públicos dedicados a depósito o que reúnan condiciones para ello, incluidos museos, bibliotecas, depósitos de vehículos o similares.  

c)  En locales de empresas dedicadas habitualmente a depósito.  

d)  En defecto de los anteriores, en locales, domicilios u otros lugares de personas físicas o jurídicas, distintas de la persona obligada al pago, que ofrezcan garantías de seguridad y solvencia.  

e)  En recintos o locales de la persona obligada al pago cuando así se considere oportuno o cuando se trate de bienes de difícil transporte o movilidad; en este caso se procederá a su precinto o a la adopción de medidas que garanticen su seguridad e integridad, quedando la persona obligada al pago sujeta a los deberes y responsabilidades del depositario citados en el artículo 96 de este Reglamento. En este caso el depósito se considerara necesario sin que pueda oponerse la persona obligada al pago.  

4.  En los casos c) y d) del apartado 3, las relaciones entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el depositario se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas en los aspectos no previstos en esta subsección.  

5.  Si el lugar inicialmente elegido para el depósito de los bienes embargados dejase de reunir las condiciones debidas o el depositario incumpliese las funciones que le corresponden, el órgano de recaudación acordará que se designe nuevo lugar o depositario idóneo al respecto.  


Artículo 95.  Funciones de la persona depositaria.— 1.  El depositario está obligado a custodiar y conservar los bienes embargados y a devolverlos cuando sea requerido para ello. En el desempeño de tal cometido deberá actuar con la diligencia debida.  

Cuando las funciones del depositario impliquen actos que excedan de la mera custodia, conservación y devolución de los bienes embargados, tales actuaciones precisarán autorización del órgano de recaudación.  

2.  Cuando en los supuestos de embargo de establecimientos mercantiles e industriales y de intereses, frutos y rentas de toda especie se hubiera nombrado un depositario o administrador, sus funciones, además de las señaladas en el apartado 1, comprenderán las habituales de gestión de bienes y negocios, debiendo ingresar en las cuentas de la Tesorería Foral las cantidades resultantes.  

En el nombramiento se fijará la clase y cuantía de las operaciones que requerirán autorización del órgano de recaudación.  


Artículo 96.  Derechos, deberes y responsabilidad del depositario de bienes embargados.— 1.  El depositario, salvo en los casos en que lo sea la propia persona obligada al pago, tiene derecho a la retribución convenida por la prestación de sus servicios y al reembolso de los gastos que haya soportado por razón del depósito, cuando no estén incluidos en dicha retribución.  

2.  Además de los deberes inherentes a sus funciones como depositario y, en su caso, como administrador, tiene el deber de rendir las cuentas que le sean ordenadas por el órgano de recaudación y cumplir las medidas que sean acordadas por los mismos para la mejor administración y conservación de los bienes.  

3.  El depositario que incumpla las obligaciones que le incumben como tal podrá ser responsable solidario de la deuda en los términos del artículo 42.4 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le corresponda.  


SECCIÓN 3.ª  ENAJENACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS


Subsección 1.ª  Actuaciones previas a la enajenación de bienes


Artículo 97.  Valoración de los bienes embargados.—    Redacción anterior     Nombramiento de peritos.  

1.  El órgano de recaudación procederá a valorar los bienes embargados con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración.  

2.  Cuando, a juicio de dicho órgano, se requieran especiales conocimientos, la valoración se podrá efectuar por perito nombrado al efecto.  

3.  La valoración será notificada a la persona obligada al pago, quien en caso de discrepancia podrá presentar valoración contradictoria realizada por perito adecuado, en el plazo de 15 días.

El obligado al pago podrá solicitar ampliación de dicho plazo, comunicando en dicha solicitud la identidad del perito. El órgano de recaudación resolverá lo que estime procedente.

Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya presentado valoración contradictoria, se entenderá que la persona obligada al pago ha renunciado a su derecho y la tasación aplicable será la realizada por el perito nombrado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Este apartado 3 ha sido redactado por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

4.  El nombramiento de perito representante de la Diputación Foral de Gipuzkoa recaerá sobre un funcionario técnico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas nombrado por el Director o Directora General de Hacienda, o en servicios externos especializados contratados de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.  

Si los bienes embargados fuesen pinturas, esculturas u objetos que, reconocida o presuntamente tuvieran valor o interés artístico o histórico, la designación de perito se solicitará al departamento competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de cultura.  

5.  Si la diferencia entre las valoraciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de la persona obligada al pago, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.  

Si, por el contrario, la diferencia entre la suma de los valores asignados a los bienes por ambas partes excediera del 20 por ciento, se convocará a la persona obligada al pago para dirimir las diferencias de valoración y, si se logra acuerdo, se dejará constancia por escrito del valor acordado que será el aplicable.  

6.  Cuando no exista acuerdo entre las partes, el órgano de recaudación solicitará una nueva valoración con un tercer perito adecuado.  

A tal efecto el órgano de recaudación interesará nueva valoración por perito adecuado designado, en su caso, por colegios profesionales y asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidas, en plazo no superior a quince días.  

Dicha valoración será la definitivamente aplicable siempre que esté comprendida entre las dos anteriores; en otro caso, se tomará la más próxima a esta nueva valoración.  

7.  Se prescindirá de la tasación cuando lo embargado sean efectos públicos, acciones, obligaciones u otros títulos valores admitidos a cotización en el mercado secundario de valores.  

8.  El importe satisfecho como consecuencia de la valoración efectuada por el perito de la Diputación Foral de Gipuzkoa y, en su caso, por el tercer perito se incluirá en las costas del procedimiento de apremio a cargo de la persona obligada al pago.  

Los honorarios del perito nombrado por la persona obligada al pago, serán abonados directamente por ésta.  


Artículo 98.  Contratación externa de los servicios de valoración.— 1.  El Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, a propuesta del Director o Directora General de Hacienda, podrá contratar la prestación de los servicios de valoración de bienes o derechos embargados.  

2.  La adjudicación de los contratos a que se refiere el párrafo anterior podrá recaer en persona física o jurídica.  

Cuando se trate de personas físicas, éstas habrán de poseer la titulación suficiente para efectuar las correspondientes valoraciones y deberán acreditar su experiencia en dicha materia.  

Cuando se trate de personas jurídicas, se exigirá que se trate de empresas de tasación homologadas e inscritas en el Registro Oficial de Entidades Especializadas de Tasación del Banco de España.  

3.  Los servicios prestados por los peritos externos devengarán sus emolumentos con arreglo a los aranceles o tarifas de precios que oficialmente tengan establecidos, pero con el máximo del 1,5 por 1.000 de la valoración que corresponda.  

La cuantía máxima podrá ser actualizada mediante Orden Foral del Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  

Nota

Artículo 99.  Cálculo del tipo para la enajenación forzosa.— 1.  En virtud de la información contenida en la documentación emitida por el registrador o registradora como consecuencia de la anotación preventiva de embargo practicada, se investigará si las cargas anteriores inscritas subsisten o han sido modificadas por pagos posteriores a su inscripción u otras causas. Para ello, el órgano de recaudación podrá dirigirse a los titulares de los créditos inscritos con anterioridad, para que informen sobre la subsistencia del crédito y su actual cuantía.  

Los acreedores a los que se reclame la información anterior deberán indicar con la mayor precisión que el crédito subsiste o se ha extinguido por cualquier causa, y en caso de subsistir, la cantidad que queda pendiente de pago, la fecha de vencimiento y los plazos y condiciones en que el pago deba efectuarse. Si el crédito estuviera vencido y no pagado, se informará también de los intereses moratorios vencidos y de la cantidad a la que asciende por cada día de retraso y la previsión para costas.  

2.  El tipo para la subasta será el siguiente:

a)  Si no existen cargas o gravámenes, el importe de la valoración.  

b)  Si sobre los bienes embargados existen cargas o gravámenes de carácter real anteriores:

1.º  Si las cargas o gravámenes no exceden de la valoración del bien, la diferencia entre dicha valoración y el valor actual de las cargas o gravámenes anteriores al derecho anotado.  

2.º  Si las cargas o gravámenes exceden de la valoración del bien, el tipo será el importe de los débitos y costas en tanto no supere el valor fijado al bien, o la valoración del bien si lo supera.  

Las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsistentes sin aplicar a su extinción el precio del remate.  

3.  Si apareciesen indicios de que todas o algunas de las cargas son simuladas y su importe pudiera impedir o dificultar la efectividad del débito, se remitirán las actuaciones al órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, para que informe sobre las medidas que procedan, incluida la exigencia de responsabilidad civil o penal.  

En tanto se resuelve, continuará el procedimiento sobre dichos bienes o sobre los demás que puedan ser embargados.  


Artículo 100.  Títulos de propiedad.— 1.  Tratándose de bienes inmuebles, créditos hipotecarios o derechos reales en general, si los obligados al pago no hubieren facilitado los títulos de propiedad de los mismos al serles notificado el embargo y no quedare, además, suficientemente acreditada la titularidad a juicio del ejecutor con la certificación emitida por el Registro de la Propiedad, se requerirá al deudor para que los aporte en el plazo de cinco días.  

2.  Transcurrido el plazo señalado, y no siendo posible la obtención de información complementaria, continuará el procedimiento sobre aquel bien o derecho con los datos y documentos resultantes y obrantes en el expediente de apremio.  

3.  Cuando no existieren inscritos títulos de dominio, ni los obligados al pago los presentasen, los adjudicatarios de los bienes deberán, si les interesa, sustituirlos por los medios establecidos en el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica, incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que la Administración contraiga otra obligación a este respecto que la de otorgar, si la persona obligada al pago no lo hace, el documento público de enajenación.  


Artículo 101.  Lotes.— 1.  Los bienes trabados podrán ser distribuidos en lotes, integrando en cada uno de éstos los que sean de análoga naturaleza atendida su clase o el aprovechamiento o servicio de que sean susceptibles.  

Sin embargo, cuando se trate de bienes inmuebles podrán distribuirse por fincas independientes.  

2.  Igualmente se formarán lotes, aunque no se trate de bienes de una misma naturaleza, cuando se estime conveniente, a fin de obtener mayores facilidades para la concurrencia de licitadores.  

3.  Podrá formarse un solo lote con aquellos bienes embargados que estén gravados con una misma hipoteca u otra carga o gravamen de naturaleza real o exista cualquier otra causa que razonablemente así lo aconseje y sea discrecionalmente acordado por el órgano competente para dictar el acuerdo de enajenación.  


Subsección 2.ª  Enajenación


Artículo 102.  Principios de la enajenación forzosa.— Una vez efectuada la valoración y la formación de lotes, se procederá a la enajenación de bienes de una misma persona obligada al pago en atención al principio de proporcionalidad y eficacia.  

No obstante, la aparición sucesiva de otros bienes no afectará a la validez de las enajenaciones ya realizadas, aunque pudiesen haber tenido la consideración de bienes preferentemente embargables respecto de los que fueron enajenados.  


Artículo 103.  Formas de enajenación.— 1.  La enajenación de los bienes embargados se llevará a efecto mediante subasta pública en una o dos licitaciones, concurso o adjudicación directa, salvo los procedimientos específicos de realización de determinados bienes o derechos que se regulan en este Reglamento.  

2.  El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embargados será la subasta pública, que procederá siempre que no sea expresamente aplicable otra forma de enajenación.  

3.  El órgano administrativo que interviene en el proceso de enajenación forzosa de bienes es la Mesa de enajenación, cuyo régimen de funcionamiento y configuración orgánica se determinará mediante Orden Foral del Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, y que, en todo caso, estará compuesta por tres miembros.  

4.  Los interesados podrán participar en los procedimientos de enajenación de los bienes embargados a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las condiciones que se aprueben por Orden Foral de Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  

Nota

Artículo 104.  Acuerdo de enajenación, notificación y anuncio de la subasta.— 1.  El órgano de recaudación dictará el acuerdo de enajenación referido en el artículo 176.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ordenando la venta de los bienes embargados y señalando día, hora y lugar en que habrá de celebrarse, así como el tipo de subasta para licitar. Señalará, en su caso, la posibilidad de participación por vía telemática.  

2.  Dicho acuerdo de enajenación será notificado a la persona obligada al pago; a su cónyuge o pareja de hecho en los términos del artículo 174.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y, en todo caso, si se trata de la vivienda habitual; a los titulares de derechos inscritos en el correspondiente registro público con posterioridad al derecho de la Diputación Foral de Gipuzkoa que figuren en la certificación de cargas que conste en el expediente administrativo de apremio, incluyendo entre esos titulares posteriores a los acreedores hipotecarios y pignoraticios; al depositario, si es ajeno a la Administración; y, en caso de existir, a los copropietarios y terceros poseedores de los bienes a subastar.  

En caso de subastas de derechos de cesión del contrato de arrendamiento de locales de negocio, el acuerdo de enajenación se notificará también al arrendador, con los efectos y requisitos establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.  

En la notificación se hará constar que en cualquier momento anterior al de la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los bienes embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.  

3.  Practicadas las notificaciones del acuerdo de enajenación y la publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa del anuncio de subasta, para la celebración de ésta mediarán, al menos, quince días naturales.  

4.  Cuando a juicio del órgano competente sea conveniente para el fin perseguido y proporcionado con el valor de los bienes, podrá instarse mayor publicidad de la enajenación forzosa mediante anuncio abreviado en el Ayuntamiento del lugar en que estén situados los bienes, en medios de comunicación de gran difusión y en publicaciones especializadas.  

5.  En el anuncio de subasta se hará constar:

a)  Día, hora y lugar en que ha de celebrarse, así como el plazo, lugar y forma de presentación de las ofertas.  

b)  Descripción de los bienes en lotes, tipo de subasta para cada uno y, en su caso, tramos para la licitación; locales o recintos donde estén depositados los bienes y los títulos disponibles; y días y horas en que podrán ser examinados, hasta el día anterior al de la subasta.  

Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, se establecerá en dichos anuncios que los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; que de no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de enajenación es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria y que en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.  

c)  Obligación de constituir en el lugar y plazo en que se indique, el preceptivo depósito de garantía o fianza en la cuantía que se establezca. Se advertirá asimismo de las consecuencias previstas en el presente Reglamento si los adjudicatarios no completan el precio de adjudicación, así como del destino del citado depósito.  

d)  Prevención de que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, si se hace el pago de la deuda, incluidas las costas del procedimiento.  

e)  Expresión de las cargas, gravámenes y situaciones jurídicas y de sus titulares que, en su caso, afecten a los bienes y hayan de quedar subsistentes.  

f)  Obligación de la persona adjudicataria de efectuar en el lugar que se indique en el propio anuncio y en el plazo señalado en este Reglamento, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.  

g)  Sistema de presentación de ofertas en sobre cerrado en la primera licitación de la subasta, que deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 106 de este Reglamento.  

h)  Sistema de presentación de ofertas mediante puja en la segunda licitación de la subasta, que deberán ajustarse a lo dispuesto el artículo 107 de este Reglamento, si se hubiese convocado la segunda licitación de la subasta en el acuerdo de enajenación.  

i)  Advertencia de que si tras la celebración de la subasta quedasen lotes sin adjudicar y deuda exigible con cargo a los bienes que los componen, dichos lotes podrán ser adjudicados a la Diputación Foral de Gipuzkoa en pago de su deuda en las condiciones previstas en este Reglamento.  

j)  Indicación expresa de que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de dichos bienes.  


Artículo 105.  Licitadores.— 1.  Podrán tomar parte en la enajenación forzosa todas las personas, físicas o jurídicas, que tengan capacidad de obrar con arreglo a derecho y no tengan impedimento o restricción legal para comprometerse con su oferta.  

2.  Todo licitador, para que pueda ser admitido como tal, deberá constituir previamente la fianza exigida, en la forma, tiempo y cuantía que se haya determinado en el anuncio de la subasta, para cada lote sobre los que desee pujar.  

El importe de la fianza para cada lote será del 10 por ciento de su tipo de subasta en primera licitación, pudiendo elevarse dicha cuantía en el anuncio de subasta.  

3.  La Diputación Foral de Gipuzkoa podrá concurrir, sin necesidad de depósito ni fianza alguna, a la subasta de bienes y derechos de todo tipo y en las mismas condiciones que cualquier licitador.  

4.  Lo previsto en los apartados 1 y 3 de este artículo será aplicable, asimismo, en los casos de enajenación por concurso o adjudicación directa.  


Artículo 106.  Presentación de ofertas y desarrollo de la subasta en primera licitación.— 1.  En la primera licitación las ofertas se dirigirán al órgano de recaudación, quedando bajo su custodia y responsabilidad.  

Las ofertas se presentarán en el lugar y plazo que se determine en el anuncio de subasta, y en todo caso entre el día de la publicación del anuncio de subasta en el Boletin Oficial de Gipuzkoa y el último día hábil anterior al señalado para la apertura de ofertas, ambos inclusive.  

2.  La oferta que se formule deberá hacerse por escrito y constará de la siguiente documentación:

a)  Original o copia simple debidamente cotejada por el funcionario o funcionaria ante quien se presente la oferta, del documento de identidad del licitador y, en su caso, escritura pública o documento que justifique la representación que ostenta.  

b)  Original o copia simple debidamente cotejada por el funcionario o funcionaria ante quien se presente la oferta del documento justificativo de la fianza depositada.  

c)  Escrito firmado por el licitador en el que se indique la intención de licitar y el lote al que se opta.  

d)  Sobre cerrado que incluya escrita la cuantía que se ofrece, y que deberá cubrir al menos el 80 por ciento del tipo de subasta en primera licitación. En el exterior del sobre deberá indicarse de manera suficiente la referencia del lote al que se opta.  

De la documentación presentada se expedirá el oportuno recibo al presentador, con expresión del día y hora exacta de la entrega y de cuyos extremos quedará constancia en el expediente. Una vez entregada la oferta, ésta no podrá retirarse en caso alguno.  

3.  Llegado el momento de celebración de la subasta en primera licitación y una vez constituida la Mesa de enajenación, dará comienzo el acto con la lectura de la relación de bienes en lotes y de las condiciones por las que se ha de regir la subasta, según el anuncio correspondiente.  

A continuación, y siguiendo el orden fijado en el anuncio de subasta, se examinará por la Mesa la documentación presentada por los licitadores para el primer lote; admitida la misma, se abrirán los sobres que contienen escrita la cuantía que se ofrece, adjudicando la Mesa dicho lote a la mejor oferta que al menos cubra el importe mínimo exigible.  

En caso de existir dos ofertas idénticas sobre el mismo lote, se adjudicará a aquella que primero se recibió en el tiempo, según lo que resulte del expediente y de los recibos que a tal efecto se expidieron.  

Sin interrupción y de forma sucesiva, se procederá de igual manera respecto de los demás lotes existentes.  

El acto se dará por terminado tan pronto como se cubra la totalidad de la deuda exigible con el importe de los bienes adjudicados.  

Una vez finalizada la subasta en primera licitación, se levantará la correspondiente acta, de la que se entregará copia a los licitadores que así lo soliciten.  

El licitador que resulte adjudicatario queda obligado por la presentación de su oferta a efectuar dentro de los improrrogables tres días hábiles siguientes al acto de adjudicación el ingreso de la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación, deviniendo en caso contrario ineficaz la adjudicación. A efectos del ingreso, el sábado no computará en ningún caso.  

4.  Si quedase algún lote por adjudicar tras esta primera licitación y deuda exigible con cargo a los bienes que lo componen, se procederá a una segunda licitación en las condiciones expuestas en el acuerdo de enajenación y anuncio conjunto de subasta en primera y segunda licitación.  

5.  Si no se hubiera convocado la segunda licitación junto con la primera, el órgano competente podrá convocarla expidiendo nuevo acuerdo de enajenación en el plazo de quince días desde la celebración de la primera licitación, con idénticos trámites de publicidad y notificación exigidos por este Reglamento para la primera licitación.  

De no ser expedido el citado acuerdo de enajenación para la segunda licitación en el plazo citado, se iniciarán los trámites de adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa en pago de deuda, regulados en el presente Reglamento.  


Artículo 107.  Presentación de ofertas y desarrollo de la subasta en segunda licitación.— 1.  En la segunda licitación se admitirán para cada lote posturas que cubran al menos el 50 por ciento del tipo de subasta que rigió en la primera licitación.  

No obstante, si existiese algún lote formado exclusivamente por bienes muebles, se admitirán para dicho lote posturas que cubran al menos el 25 por ciento del tipo de subasta que rigió en la primera licitación.  

2.  Para poder pujar en esta segunda licitación, los licitadores deberán constituir previamente los depósitos en la cuantía y condiciones que se hayan señalado en el anuncio de subasta, entregando personalmente los resguardos justificativos del ingreso a la propia Mesa de enajenación y a la hora fijada para su celebración.  

Asimismo, si actuasen en representación de un tercero, deberán acreditar previa y fehacientemente ante la Mesa la representación que dijesen ostentar.  

Identificados y admitidos los licitadores y los depósitos, se declarará abierto el acto y se irán admitiendo las sucesivas pujas que de viva voz se vayan haciendo, adjudicándose el lote a la mejor oferta que finalmente se manifieste. En tal sentido, la puja se dará por terminada cuando, repetida hasta por tercera vez la más alta, no haya quien la supere, adjudicándose el lote al mejor postor.  

Una vez finalizada la subasta en segunda licitación, se levantará la correspondiente acta, de la que se entregará copia a los licitadores que así lo soliciten.  

El licitador que resulte adjudicatario queda obligado por la admisión de su oferta a efectuar dentro de los improrrogables tres días hábiles siguientes al acto de adjudicación el ingreso de la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación, deviniendo en caso contrario ineficaz la adjudicación. A efectos del ingreso, el sábado no computará en ningún caso.  

3.  Si quedase algún lote por adjudicar tras esta segunda licitación y deuda exigible con cargo a los bienes que lo componen se iniciarán los trámites de adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa en pago de deuda, regulados en este Reglamento.  


Artículo 108.  Actuaciones comunes en la subasta.— 1.  Finalizada la licitación de que se trate, se procederá por el Presidente o Presidenta de la Mesa de enajenación a la devolución de las fianzas a los licitadores no adjudicatarios, librando cheque bancario nominativo contra la cuenta en la que se realizó el depósito y contra recibo, o por transferencia bancaria, según proceda.  

Los depósitos de los adjudicatarios serán retenidos a cuenta del precio de venta, de modo que si no completan el pago en el plazo establecido en este Reglamento perderán el importe de la fianza, sin perjuicio de la obligación de resarcir de los mayores perjuicios que origine el incumplimiento de tal obligación.  

En caso de impago por la persona adjudicataria, el importe de la fianza se aplicará a la cancelación de las deudas objeto del procedimiento.  

El impago de una persona adjudicataria no producirá la adjudicación automática del bien al segundo postor.  

2.  El producto de la venta se destinará a cubrir el importe de la deuda y costas del procedimiento.  

En cuanto al sobrante, si lo hubiese, se entregará al deudor, y si no lo recibiese se consignará en el lugar destinado al efecto a su disposición, incorporándose en todo caso el resguardo al expediente. Igualmente se consignará el sobrante cuando conste la existencia de órdenes de embargo o retención de terceros, así como de derechos de terceros inscritos en el registro público de que se trate con posterioridad al embargo que motivó la subasta.  


Artículo 109.  Subastas a través de empresas o profesionales especializados.— 1.  El órgano de recaudación podrá encargar la ejecución material de las subastas a empresas o profesionales especializados.  

2.  Será aplicable a tales casos lo dispuesto para las subastas en esta sección, con las particularidades siguientes:

a)  No será necesaria la constitución de depósito previo para concurrir a la licitación.  

b)  La Mesa de enajenación estará representada en el acto de licitación por su Presidente o Presidenta, que decidirá sobre las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma.  

c)  Cuando el deudor decida pagar en el acto de la subasta la deuda, incluidos el recargo, los intereses y las costas, el representante de la Mesa suspenderá la licitación de los bienes correspondientes.  

3.  El representante de la Mesa extenderá documento público que sustituirá al acta de la subasta en el que se practicará liquidación, que comprenderá el producto obtenido, la retribución del servicio y el líquido a ingresar por la empresa o profesional. A tal efecto, la retribución se considerará costa del procedimiento.  

El importe líquido deberá ser ingresado por la empresa o profesional especializado en el lugar destinado al efecto dentro en el plazo de quince días desde la práctica de dicha liquidación.  


Artículo 110.  Enajenación por concurso.— 1.  La enajenación de bienes sólo podrá celebrarse por concurso:

a)  Cuando su venta, por sus cualidades o magnitud pudiera producir perturbaciones nocivas en el mercado.  

b)  Cuando existan otras razones de interés público debidamente justificadas.  

2.  El concurso deberá ser autorizado por el Director o Directora General de Hacienda y su convocatoria se publicará en el Boletin Oficial de Gipuzkoa. En dicha convocatoria se señalarán los bienes objeto de enajenación, plazo y condiciones para concurrir, forma de pago y fianza. Se señalarán asimismo las condiciones especiales del concurso, en caso de haberlas, referidas tanto a los requisitos de los concursantes como a la retirada y utilización de los bienes enajenados.  

En lo no previsto expresamente en la convocatoria se estará a lo establecido en este Reglamento para la enajenación por subasta.  

3.  Terminado el plazo de admisión y examinadas la ofertas, la Mesa de enajenación decidirá en el plazo de cinco días adjudicar el concurso o dejarlo desierto.  

En caso de adjudicación, ésta se hará a la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta no sólo el aspecto económico, sino también el cumplimiento de las condiciones de la convocatoria.  

Si quedasen lotes sin adjudicar, será facultativa la celebración del trámite de adjudicación directa regulada en el artículo 111 de este Reglamento, decisión que en todo caso deberá ser tomada por el Director o Directora General de Hacienda dentro del plazo de 3 meses desde la celebración del concurso a propuesta de la Mesa de enajenación.  

Transcurrido dicho plazo sin dictarse resolución o existiendo resolución expresa por la que no procede la adjudicación directa, se iniciarán los trámites de adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa en pago de deuda, regulados en este Reglamento.  


Artículo 111.  Adjudicación directa.— 1.  Procederá la apertura del trámite de adjudicación directa de los bienes embargados en los siguientes supuestos:

a)  Cuando después de celebrado el concurso haya lotes sin adjudicar y el Director o Directora General de Hacienda lo autorice expresamente, a propuesta de la Mesa de enajenación, siguiéndose los mismos trámites previstos en este Reglamento para la subasta en primera licitación, con las especialidades previstas en este artículo.  

b)  Cuando se trate de productos perecederos, cuando existan otras razones de urgencia, o en casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente, previa autorización del Director o Directora General de Hacienda. Dicha autorización establecerá los límites y condiciones de la adjudicación.  

2.  Por el Presidente o Presidenta de la Mesa de enajenación se procederá a realizar las gestiones conducentes a la adjudicación en este trámite de los lotes en las mejores condiciones económicas posibles, valiéndose de los medios que considere más ágiles y efectivos, pudiéndose acordar la participación por vía telemática.  

3.  El precio mínimo de adjudicación será:

a)  Cuando los bienes hayan sido objeto de concurso, el tipo del concurso.  

b)  Cuando los bienes no hayan sido objeto de concurso, se valorarán con referencia a precios de mercado y se tratará al menos de obtener tres ofertas. Si ninguna oferta alcanza o supera el valor señalado, se adjudicarán los bienes sin precio mínimo a la oferta más alta.  

4.  La adjudicación se formalizará mediante acta de la Mesa de enajenación en el caso a) del apartado 1; y por resolución del Director o Directora General de Hacienda en el caso b).  

5.  En lo no previsto expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta en lo que resulte aplicable.  

6.  Los bienes muebles serán entregados a la persona adjudicataria una vez haya sido hecho efectivo el importe de adjudicación y se justifique el pago o la exención, en su caso, de los tributos que graven la transmisión de dichos bienes.  


Subsección 3.ª  Actuaciones posteriores a la enajenación


Artículo 112.  Escritura de venta y cancelación de cargas no preferentes.— 1.  Previamente al otorgamiento de la escritura de venta de los bienes inmuebles adjudicados, se remitirá el expediente al órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas para que emita el preceptivo informe en el plazo de cinco días a partir de la fecha del recibo del expediente de referencia. El órgano de recaudación dispondrá lo necesario para que se subsanen los defectos que se observen.  

2.  Una vez devuelto el expediente por el órgano con funciones de asesoramiento jurídico, con informe de haberse observado las formalidades legales en el procedimiento de apremio, deberán ser otorgadas las escrituras de venta de los inmuebles que resulten adjudicados.  

3.  A tal efecto, se le notificará al ejecutado la opción de comparecencia ante la Notaría que por turno corresponda a solicitud del órgano de recaudación; si no compareciese se otorgarán de oficio tales escrituras por el órgano de recaudación en nombre del ejecutado y a favor de la persona adjudicataria, haciéndose constar en ellas que queda extinguida la anotación preventiva hecha en el Registro de la Propiedad a nombre de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

Si no compareciese el adjudicatario, la transmisión del bien inmueble se podrá efectuar mediante documento público administrativo expedido por el órgano de recaudación.  

4.  Asimismo se expedirá mandamiento de cancelación de las inscripciones y anotaciones posteriores a las correspondientes anotaciones de embargo que fundamentaron la ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175, regla segunda, del Reglamento Hipotecario.  


Artículo 113.  Levantamiento de embargo.— 1.  Una vez cubiertos el débito, intereses y costas del procedimiento el órgano de recaudación levantará el embargo de los bienes no enajenados y acordará su entrega al obligado al pago.  

2.  Cuando no se haya cubierto el débito, intereses y costas, y hayan quedado bienes sin enajenar, se estará a lo dispuesto en la sección 4.ª de este capítulo sobre adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

3.  Si finalizados los procedimientos de enajenación y, en su caso, adjudicación a la Diputación Foral de Gipuzkoa, quedaran bienes muebles sin adjudicar, quedarán a disposición de la persona obligada al pago, y si no existieran otros bienes susceptibles de embargo se podrá proceder respecto a la persona obligada al pago y a la deuda como se dispone en la sección 5.ª del capítulo I del título II de este Reglamento.  


SECCION 4.ª  ADJUDICACIÓN DE BIENES A LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA EN PAGO DE DEUDA


Artículo 114.  Procedencia.— 1.  Cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la sección 3.ª de este capítulo no se hubiesen adjudicado alguno o algunos de los bienes o derechos embargados, el Presidente o Presidenta de la Mesa de enajenación elevará informe al Director o Directora General de Hacienda para que resuelva lo procedente en cuanto a la adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa en pago de deuda.  

2.  La adjudicación se realizará por valor igual al débito perseguido sin que exceda del 75 por ciento del valor que sirvió de tipo inicial en el proceso de enajenación, sin derecho a compensación económica alguna por la diferencia entre el tipo de la licitación y el precio de adjudicación.  

Se entenderá por «débito perseguido» la deuda garantizada por el embargo o embargos dictados sobre el bien o bienes a adjudicar y que motivan la ejecución.  


Artículo 115.  Adjudicación de bienes inmuebles.— 1.  Si se trata de bienes inmuebles que no tengan cargas o gravámenes o, aun teniéndolos, el importe de dichas cargas sea inferior al valor en que deban ser adjudicados según el apartado 2 del artículo anterior, el Director o Directora General de Hacienda resolverá lo oportuno en cuanto a la adjudicación. Podrá resolver no adjudicar cuando existan circunstancias que permitan prever que dichos bienes no tendrán utilidad para la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

Si las cargas o gravámenes son superiores y el Director o Directora General de Hacienda entendiese procedente su adjudicación, será precisa la autorización del Consejo de Diputados, previo informe del departamento foral competente en materia de patrimonio, relativo al interés en la adjudicación, que deberá ser emitido en el plazo de un mes.  

2.  Con anterioridad a la autorización del Consejo de Diputados, podrá solicitarse informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas cuando la complejidad jurídica del expediente lo requiera.  

3.  En las resoluciones en que se acuerde la adjudicación se hará constar, además, que los titulares de cargas reales verán disminuido el importe de sus créditos con los débitos, si para la efectividad de éstos la Diputación Foral de Gipuzkoa tienen derecho de hipoteca legal tácita.  

4.  La disminución comenzará por el último que figure en la certificación del registro de la propiedad, respetando las preferencias legalmente establecidas, y se inscribirá en este, en virtud de la resolución de adjudicación a que se refiere el presente artículo.  

La adjudicación con disminución de los créditos citados será notificada a los interesados.  


Artículo 116.  Adjudicación de bienes muebles o derechos.— Si se trata de bienes muebles o derechos cuya adjudicación se presume que puede interesar a la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Director o Directora General de Hacienda podrá resolver dicha adjudicación, una vez tenida en cuenta la previsible utilidad que pudiera reportar a aquélla y consultado, en su caso, el posible órgano o entidad de derecho público que pudiera utilizar dichos bienes.  


Artículo 117.  Inscripción y cancelación de cargas no preferentes.— 1.  Las fincas adjudicadas a la Diputación Foral de Gipuzkoa serán inscritas en el registro de la propiedad en virtud de certificación expedida por el órgano de recaudación en la que se harán constar las actuaciones del expediente y los datos necesarios para dicha inscripción, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 26 del Reglamento Hipotecario.  

2.  Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas no preferentes con relación a los embargos que motivaron la ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175, regla 2.ª del Reglamento Hipotecario.  


Artículo 118.  Actuaciones finales.— Efectuada, si procede, la inmatriculación de los bienes, se realizarán, en su caso, las actuaciones de finalización del expediente de apremio de acuerdo con lo dispuesto en la sección 6.ª de este capítulo, con las particularidades siguientes:

a)  La resolución de adjudicación de bienes producirá la extinción de los débitos que resulten cubiertos, de cuya cancelación se pondrá a disposición de la persona obligada al pago que lo solicite los justificantes correspondientes.  

b)  Asimismo, se producirá, en virtud de dicha resolución, el alta en el inventario de los bienes adjudicados, dando traslado de la misma y de la certificación de inscripción al Departamento foral competente en materia de patrimonio.  


SECCIÓN 5.ª  COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO


Artículo 119.  Costas del procedimiento.— 1.  Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio los gastos que se originen durante el mismo.  Estas costas serán exigidas a la persona obligada al pago.  

2.  Están comprendidos en el concepto de costas del procedimiento los siguientes gastos:

a)  Los honorarios de empresas o profesionales ajenos a la Diputación Foral de Gipuzkoa que intervengan en valoraciones, deslindes y enajenación de los bienes embargados.  

b)  Los honorarios de los registradores y demás gastos que deban abonarse por las actuaciones en los registros públicos.  

c)  Los que deban abonarse por depósito y administración de los bienes embargados.  

d)  Los pagos realizados a acreedores preferentes, según se dispone en el artículo 78.2 de este Reglamento.  

e)  Los importes que la Diputación Foral de Gipuzkoa haya satisfecho como alquiler de negocio, en aquellos casos en que el derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local de negocio haya sido embargado.  

f)  Los demás gastos que exija y requiera la propia ejecución, previa autorización del órgano competente.  

3.  No podrán incluirse como costas los gastos ordinarios de los órganos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  


Artículo 120.  Honorarios y gastos de depósito y administración.— 1.  Las empresas o profesionales devengarán sus honorarios con arreglo a la tarifa que oficialmente tengan establecida o de acuerdo con la cuantía que se haya estipulado en el contrato celebrado con la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

El pago de estos servicios se realizará previa conformidad del órgano de recaudación competente, de acuerdo con las normas sobre procedimiento de gastos y pagos públicos.  

2.  Los gastos que se ocasionen por actuaciones de los registros públicos serán los establecidos en la normativa vigente.  Las actuaciones que consistan en facilitar información a los órganos que ejerzan funciones recaudatorias tendrán carácter gratuito.  

Los registradores o encargados de los registros expedirán factura de los gastos que procedan y los consignarán en los mandamientos o demás documentos que les sean presentados o que expidan relacionados con los bienes embargables.  

El pago de dichos honorarios se efectuará por la Diputación Foral de Gipuzkoa con cargo a los fondos habilitados para este fin, sin perjuicio de su consideración como costas por cuenta del apremiado.  

3.  Tendrán la consideración de gastos originados por los depósitos de bienes embargados los siguientes:

a)  La retribución a los depositarios, si la hubiere.  

b)  Cuando no estén incluidos en la retribución citada en el apartado anterior, los de transporte, embalaje o acondicionamiento, almacenaje, mantenimiento y conservación.  

c)  Los originados por el desempeño de funciones de administración necesarios para la gestión de los bienes en los casos de los artículos 90 y 91 de este Reglamento.  

El pago de estos servicios se realizará previa conformidad del órgano de recaudación, de acuerdo con las normas sobre procedimiento y gastos públicos.  


Artículo 121.  Determinación y cobro de costas.— 1.  Las costas causadas en el procedimiento de apremio se determinarán e incorporarán al expediente de apremio, y para su cobro podrán ser solventadas con preferencia a las demás cantidades acumuladas en el citado expediente.  

2.  Las costas que afecten a varios obligados y no puedan imputarse a cada uno individualmente se distribuirán entre ellos proporcionalmente a sus respectivas deudas.  

3.  Ninguna partida de costas podrá ser exigida a la persona obligada al pago si el expediente no incluye los recibos, facturas o minutas de honorarios que la acrediten.  

4.  Al entregar a la persona obligada al pago el correspondiente justificante de pago, se hará constar en éste, o por separado, según proceda, el importe de las costas a su cargo, detallando los conceptos a que correspondan.  

5.  Procederá la devolución de las costas satisfechas en los casos de anulación de la liquidación o del procedimiento de apremio en que se hayan causado.  

6.  Cuando, ultimado un procedimiento administrativo de apremio y practicada liquidación, las cantidades obtenidas no cubrieran el importe de las costas devengadas, la parte restante será a cargo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  


SECCIÓN 6.ª  TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO


Artículo 122.  Terminación del procedimiento de apremio.— 1.  Cuando resulte solventado el importe total de la deuda perseguida, incluidas las costas, se declarará dicho extremo en el expediente de apremio, que quedará ultimado. De igual manera se actuara cuando hubiere quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa.  

2.  Cuando el importe obtenido fuere insuficiente, se podrá aplicar en primer lugar a las costas y seguidamente al resto de deudas cuyo cobro se persigue en el procedimiento según las reglas de imputación del artículo 62 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y del artículo 74 de este Reglamento. Por la parte no solventada se actuará de acuerdo con lo dispuesto en la sección 5.ª, del capítulo I del título II de este Reglamento.  


SECCIÓN 7.ª  TERCERÍAS


Artículo 123.  Carácter de la tercería.— 1.  La reclamación en vía administrativa será requisito previo para el ejercicio de la acción de tercería ante los juzgados y tribunales civiles. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en esta sección.  

2.  La tercería sólo podrá fundarse en el dominio de los bienes embargados a la persona obligada al pago o en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la persona que es objeto del expediente de apremio.  

3.  No podrá ser calificada como reclamación de tercería la formulada por el obligado al pago.  


Artículo 124.  Competencia en materia de tercerías.— La competencia para la resolución de las tercerías corresponde al Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.  


Artículo 125.  Forma, plazos y efectos de la interposición de la tercería.— 1.  La reclamación de tercería se formulará por escrito, acompañando los documentos originales en que el tercerista funde su derecho y copia de estos si desea que aquellos le sean devueltos, previo cotejo. El escrito se dirigirá al titular del órgano que esté tramitando el procedimiento de apremio.  

Si el tercerista no acompaña los documentos originales en los que pueda fundar su derecho al escrito de reclamación, el órgano competente para la tramitación le requerirá para que subsane su falta, para lo que dispondrá de un plazo de diez días, con la advertencia expresa de que, de no hacerlo así, se procederá al archivo de la reclamación.  

Recibida la documentación o, en su caso, subsanados los defectos observados en la presentada, se dictará, si procede, acuerdo de admisión a trámite que será notificado al tercerista y a la persona obligada al pago. Dicho acuerdo deberá ser dictado en el plazo de 15 días desde que se reciba la reclamación o se entiendan subsanados los defectos.  

2.  No se admitirá segunda o ulterior tercería fundada en títulos o derechos que poseyera el tercerista al tiempo de formular la primera.  

La tercería de dominio no se admitirá con posterioridad al momento en que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil, se produzca la transmisión de los bienes o derechos a un tercero que los adquiera a través de los procedimientos de enajenación previstos en este Reglamento, o a la Diputación Foral de Gipuzkoa por su adjudicación en pago.  

La tercería de mejor derecho no se admitirá después de haberse percibido el precio de la venta mediante la ejecución forzosa o, en el supuesto de adjudicación de los bienes o derechos al ejecutante, después de que éste adquiera la titularidad de los mismos conforme a lo dispuesto en la legislación civil.  

El acuerdo de inadmisión deberá ser notificado al tercerista y a la persona obligada al pago. Contra dicho acuerdo no procederá recurso o reclamación en vía administrativa.  

3.  Recibido el escrito, se unirá al expediente de apremio, se calificará la tercería como de dominio o mejor derecho y de haberse presentado en tiempo y forma, se suspenderá o proseguirá el procedimiento sobre los bienes o derechos controvertidos, según lo dispuesto en el artículo 169.4 y 5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en los apartados siguientes de este artículo.  

4.  Si la tercería fuese de dominio, una vez admitida, se producirán los siguientes efectos:

a)  Se adoptarán las medidas de aseguramiento que procedan según la naturaleza de los bienes. Entre otras, podrá practicarse anotación de embargo en los registros correspondientes o realizarse el depósito de los bienes. Una vez adoptadas tales medidas, se suspenderá el procedimiento de apremio respecto de los bienes o derechos objeto de la tercería.  

b)  Si los bienes consisten en dinero, en efectivo o en cuentas, se consignará su importe en el órgano competente o se ordenará su retención en cuentas a disposición del órgano de recaudación, según decida éste.  

c)  Si los bienes o derechos no pueden conservarse sin sufrir deterioro o quebranto sustancial en su valor en caso de demora, se podrá acordar su enajenación de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, consignándose en este caso el importe obtenido a resultas de la resolución de la reclamación de tercería.  

d)  El procedimiento seguirá con respecto a los demás bienes y derechos de la persona obligada al pago que no hayan sido objeto de la tercería hasta quedar satisfecha la deuda, en cuyo caso se dejará sin efecto el embargo sobre bienes y derechos controvertidos, sin que ello suponga reconocimiento alguno de la titularidad del reclamante, procediéndose al archivo de la reclamación de tercería planteada.  

5.  Si la tercería fuera de mejor derecho, se proseguirá el procedimiento de apremio hasta la realización de los bienes o derechos, consignándose el importe obtenido en el órgano competente a resultas de la reclamación de tercería. No obstante, podrá suspenderse su ejecución si el tercerista consigna el importe de la cantidad a que se refiere artículo 173.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o el valor del bien a que se refiere la tercería si este último fuese inferior.  A estos efectos, la valoración del bien se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de este Reglamento.  

Igualmente, si los bienes consistieren en dinero, en efectivo o en cuentas, podrá acordarse la consignación de su importe en el órgano competente o su retención en cuentas a disposición del órgano de recaudación, según decida éste.  


Artículo 126.  Tramitación y resolución de la tercería.— 1.  En el plazo de quince días desde la admisión de la tercería presentada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, el escrito se remitirá, junto con la documentación aportada y el expediente de apremio, al órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, el cual deberá emitir informe en el plazo de quince días, elevando la propuesta de Orden Foral que proceda en derecho.  

2.  La resolución deberá notificarse en el plazo de tres meses.  

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, se podrá entender desestimada la reclamación a efectos de formular la correspondiente demanda judicial.  

3.  Si transcurridos diez días desde la finalización del plazo últimamente señalado, no se justificara documentalmente ante el órgano administrativo competente para tramitar la reclamación de tercería la interposición de la demanda judicial, se proseguirán los trámites del procedimiento de apremio que quedaron en suspenso.  

El órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas comunicará al órgano que tramite los procedimientos de apremio las resoluciones judiciales firmes o definitivas dictadas en los procesos de tercería ante los juzgados o tribunales civiles, que le sean notificadas


Artículo 127.  Efectos de la estimación de la reclamación de tercería.— 1.  Si la tercería fuera de dominio, la estimación de la reclamación determinará el levantamiento del embargo trabado sobre los bienes o derechos objeto de la reclamación, salvo en el supuesto de que se hubiera acordado previamente su enajenación por no haber podido conservarse sin sufrir deterioro o quebranto sustancial en su valor en caso de demora; en este caso le será entregado al reclamante el producto obtenido en aquella con la oportuna liquidación del interés legal a su favor sobre la cantidad percibida calculado desde la fecha de consignación del depósito y hasta la ordenación del pago.  

2.  Si la tercería fuera de mejor derecho, la estimación de la reclamación determinará la entrega al reclamante del producto obtenido en la ejecución, una vez deducidos los costes necesarios para su realización en el procedimiento administrativo de apremio.  


Artículo 128.  Tercerías a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa.— Cuando al efectuarse el embargo de bienes resulte que éstos ya están embargados en el seno de otro procedimiento ejecutivo, judicial o administrativo, se podrá dar cuenta al Director o Directora General de Hacienda para que, previo informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, se ejerciten si procede las acciones pertinentes en defensa del mejor derecho de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  


SECCIÓN 8.ª  ACTUACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA EN PROCEDIMIENTOS CONCURSALES Y EN OTROS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN


Artículo 129.  Actuaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa en procedimientos concursales y en otros procedimientos de ejecución.— 1.  Cuando los derechos de la Hacienda foral hayan de ejercerse ante los órganos judiciales, ésta iniciará el proceso correspondiente o se personará en el proceso ya iniciado conforme a la normativa que resulte de aplicación.  

2.  El órgano de recaudación podrá solicitar de los órganos judiciales la información sobre los procedimientos que puedan afectar a los derechos de la Hacienda pública cuando dicha información no esté disponible a través del órgano que tenga atribuida su defensa en juicio.  

3.  El órgano de recaudación remitirá los documentos necesarios para que realice su función al órgano que tenga atribuida la defensa en juicio de los derechos de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los créditos de la Hacienda foral quedarán justificados mediante certificación expedida por el órgano competente.  

4.  Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación, con las especialidades adecuadas a cada caso, a cualquier procedimiento no judicial de ejecución de bienes en que resulten afectados los derechos de la Hacienda foral.  

5.  Cuando se vaya a solicitar la declaración de concurso o se haya declarado un concurso que afecte a créditos que no sean de titularidad de la Hacienda foral foral y cuya gestión recaudatoria se esté realizando por la Diputación Foral de Gipuzkoa a través del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas en virtud de convenio, se observará lo establecido en el convenio.  

En defecto de convenio, la Diputación Foral de Gipuzkoa comunicará los créditos que hayan sido o deban ser certificados en el proceso al titular de los créditos a fin de que pueda asumir directamente la representación y defensa de aquellos. Del mismo modo, previamente a la suscripción o adhesión a un convenio o acuerdo que pueda afectar a tales créditos, la Diputación Foral de Gipuzkoa dará traslado de su contenido al titular de aquellos, entendiéndose que presta su conformidad si en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento no manifestara lo contrario.  

6.  Cuando la Diputación Foral de Gipuzkoa sea nombrada administrador concursal, corresponderá al Diputado Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas aceptar el nombramiento o rechazarlo en virtud de justa causa.  

Nota

TÍTULO IV

Procedimiento frente a responsables y sucesores


CAPÍTULO I

Responsables

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Artículo 130.  Procedimiento para la declaración de responsabilidad.— 1.  El procedimiento frente a responsables comprende todas las actuaciones recaudatorias con el fin de declarar obligados al pago a los responsables de la deuda y se inicia con la notificación a los interesados del comienzo de dichas actuaciones.  

Sin perjuicio del trámite de audiencia, la notificación citada en el párrafo anterior posibilitará el derecho tanto a formular alegaciones por parte de los interesados como a presentar la documentación que consideren necesaria.  

El trámite de audiencia será de quince días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho trámite.  

El plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento será de seis meses.  

2.  Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas o las solicitudes de suspensión del procedimiento de recaudación efectuadas por un responsable no afectarán al procedimiento de recaudación iniciado frente a los demás responsables de las deudas a las que se refieran dichas solicitudes.  

3.  Cuando el procedimiento para declarar la responsabilidad se inicie por los órganos competentes para dictar la liquidación y dicha declaración no se haya dictado con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda resultante de la liquidación, el procedimiento para declarar la responsabilidad se dará por concluido sin más trámite, sin perjuicio de que con posterioridad pueda iniciarse un nuevo procedimiento por el órgano de recaudación; a tal efecto, las actuaciones realizadas en el curso del procedimiento inicial, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en relación con el mismo u otro responsable.  

4.  El acto que ponga fin al procedimiento y que declare la responsabilidad que proceda, será notificado a los responsables y tendrá el siguiente contenido:

a)  Texto integro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto.  

b)  Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.  

c)  Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable.  

5.  Si el responsable no realiza el pago en período voluntario, se iniciará el período ejecutivo de pago con las consecuencias establecidas en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

6.  A efectos de lo dispuesto en el artículo 179.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, la resolución de un recurso o reclamación interpuesto contra un acuerdo de declaración de responsabilidad, en lo que dicha resolución se refiera a las liquidaciones a las que alcance el presupuesto de hecho, no afectará a aquellos obligados tributarios para los que las liquidaciones hubieran adquirido firmeza.  

7.  En aquellos casos en los que como consecuencia del desarrollo del procedimiento recaudatorio seguido frente al deudor principal o, en su caso, frente al responsable solidario, se haya determinado su insolvencia parcial en los términos del artículo 74.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se podrá proceder a la declaración de fallido de aquellos, a los efectos previstos en su artículo 41.  

Si el deudor principal o los responsables solidarios fueran declarados fallidos por la parte no derivada a los responsables subsidiarios, podrá procederse, en su caso y tras esa declaración de fallido por insolvencia total, a la derivación a dichos responsables subsidiarios del resto de la deuda pendiente de cobro.  


Artículo 131.  Certificación por adquisición de explotaciones o actividades económicas.— 1.  Las certificaciones a las que se refiere el artículo 180.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, deberán contener el nombre y apellidos o razón social o denominación completa del obligado tributario titular de la explotación o actividad económica y una relación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio, con indicación de la cuantía de cada una de ellas.  

2.  No producirán efecto las certificaciones, cualquiera que sea su contenido, si la fecha de presentación de la solicitud para su expedición resultase posterior a la de adquisición de la explotación económica de que se trate.  

3.  La exención o limitación de la responsabilidad derivada de estas certificaciones surtirá efecto únicamente respecto de las deudas para cuya liquidación sea competente la Administración tributaria de la que se solicita la certificación.  

4.  Cuando no se haya solicitado la certificación, la responsabilidad alcanzará a las deudas y responsabilidades liquidadas o pendientes de liquidación y a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.  

Documentos relacionados

Artículo 132.  Certificado expedido a instancia de los contratistas o subcontratistas de obras y servicios.—    Redacción anterior    1.  A los efectos de lo previsto en el artículo 43.1.e) de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se considerarán incluidas en la actividad económica principal de las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios todas las obras o servicios que, por su naturaleza, de no haber sido contratadas o subcontratadas, deberían haber sido realizadas por la propia persona o entidad que contrata o subcontrata por resultar indispensables para su finalidad productiva.

2.  Para la emisión del certificado regulado en este artículo se entenderá que la persona solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias cuando se verifique la concurrencia de las siguientes circunstancias:

a)  Estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y en el Censo de obligados tributarios.

b)  Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

c)  Haber presentado, cuando esté obligado a ello, las autoliquidaciones y la declaración resumen anual correspondientes a las obligaciones tributarias de realizar retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos de trabajo, actividades económicas y premios.

d)  Haber presentado, cuando esté obligado a ello, las declaraciones resumen anual correspondientes a las obligaciones tributarias de realizar retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos no comprendidos en la letra c) anterior.

e)  Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual que correspondan por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

f)  Haber presentado, cuando esté obligado a ello, la declaración anual de operaciones con terceras personas y atendido otras obligaciones de suministro de información de naturaleza o contenido similar a la citada.

g)  Haber presentado las autoliquidaciones y declaraciones tributarias que le hayan sido requeridas por los órganos competentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de administración tributaria.

h)  No mantener con la Diputación Foral de Gipuzkoa deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida.

i)  No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme.

Las circunstancias indicadas en los párrafos b), c), d), e), f) y g) se referirán a autoliquidaciones o declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los 12 meses precedentes al mes inmediatamente anterior a la fecha de la certificación.

3.  En la solicitud del certificado específico deberá hacerse constar la identificación completa del pagador para el que deba surtir efectos. En caso de que sean varios los pagadores, se realizará una solicitud por cada pagador.

4.  El certificado o su denegación deberá quedar a disposición del interesado en el plazo de tres días hábiles.

El plazo se contará desde la fecha de recepción de la solicitud por parte del órgano competente para su emisión.

El solicitante podrá entender emitido el certificado a partir del día siguiente al de finalización del plazo para que dicha emisión se produzca, pudiendo obtener del Departamento de Hacienda y Finanzas comunicación acreditativa de tal circunstancia, que habrá de emitirse de forma inmediata.

La falta de emisión del certificado acreditada por dicho documento tendrá eficacia frente al pagador y determinará la exoneración de responsabilidad para el que, con tal condición, figure en la solicitud de certificado presentada por el contratista o subcontratista.

Dicha exoneración de responsabilidad se extenderá a los pagos que se realicen durante el período de 12 meses contado desde la fecha en que el certificado se entienda emitido.

Tendrá la consideración de pago la aceptación de efectos cambiarios durante el período a que hace referencia el párrafo anterior, aun cuando el vencimiento de aquéllos se produzca con posterioridad a la finalización de dicho plazo.

Este artículo 132 ha sido redactado por el Decreto Foral 24/2012, de 15 de mayo (BOG del 24), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con entrada en vigor el día de su publicación.


CAPÍTULO II

Sucesores


Artículo 133.  Procedimiento de recaudación frente a los sucesores de personas físicas.— 1.  Fallecida cualquier persona obligada al pago de una deuda, la recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquélla y la notificación al sucesor del requerimiento para el pago de la deuda incluidas las costas pendientes del causante, con subrogación, a estos efectos, en la misma posición en que se encontraba el causante en el momento del fallecimiento y sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 187.4, párrafo cuarto, de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. En la notificación al sucesor se le requerirá el pago de la deuda en los siguientes plazos:

a)  Si el fallecimiento de la persona obligada al pago se produce dentro del período voluntario, se notificará al sucesor para que realice el pago dentro del plazo del artículo 61.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

b)  Si el fallecimiento de la persona obligada al pago se produce en período ejecutivo de pago pero antes de la notificación de la providencia de apremio, se notificará al sucesor dicha providencia. Si realiza el pago antes de la notificación de la providencia de apremio se le exigirá el recargo ejecutivo del 5 por ciento.  

c)  Si el fallecimiento se produce una vez notificada la providencia de apremio a la persona obligada al pago y antes de la finalización del plazo del artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio reducido del 15 por ciento en el plazo del artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con la advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente, incluido el recargo de apremio reducido del 15 por ciento, en dicho plazo, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento.  

d)  Si el fallecimiento se produce después de la finalización del plazo del artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio ordinario, en el plazo establecido en dicho artículo.  

Cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar, se esperará a que transcurra el plazo concedido para ello, durante el cual podrá solicitar de la Administración un documento acreditativo de las deudas del causante con efectos meramente informativos.  

La Administración, una vez acreditada de forma fehaciente la condición de heredero de la persona solicitante, expedirá un certificado que deberá contener el nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal, último domicilio del causante y del heredero y detalle de las deudas y demás responsabilidades del causante pendientes a la fecha de expedición del certificado.  

2.  Mientras se halle la herencia yacente, el procedimiento de recaudación de las deudas pendientes podrá dirigirse o continuar contra los bienes y derechos de la herencia. Las actuaciones se entenderán con quien ostente la administración o representación de ésta, en los términos señalados en el artículo 45.3 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

La suspensión del procedimiento de recaudación, en los términos señalados en el artículo 182.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar con arreglo a la legislación civil, no afectará a las posibles actuaciones recaudatorias que se lleven a cabo frente a la herencia yacente.  

3.  Desde que conste que no existen herederos conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia o no la hayan aceptado expresa o tácitamente, se pondrán los hechos en conocimiento del Director o Directora General de Hacienda, quien dará traslado al órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas a efectos de que se solicite por el órgano competente la declaración de heredero que proceda, sin perjuicio de la continuación del procedimiento de recaudación contra los bienes y derechos de la herencia.  


Artículo 134.  Procedimiento de recaudación frente a sucesores de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.— 1.  Disuelta una sociedad, entidad o fundación, el procedimiento de recaudación continuará con sus socios, partícipes, cotitulares o destinatarios, que se subrogarán a estos efectos en la misma posición en que se encontraba la sociedad, entidad o fundación en el momento de la extinción de la personalidad jurídica. En la notificación al sucesor se le requerirá el pago de la deuda en los siguientes plazos:

a)  Si la extinción de la personalidad jurídica se produce dentro del período voluntario, se notificará al sucesor para que realice el pago dentro del plazo del artículo 61.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

b)  Si la extinción de la personalidad jurídica se produce en período ejecutivo de pago pero antes de la notificación de la providencia de apremio, se notificará al sucesor dicha providencia. Si realiza el pago antes de la notificación de la providencia de apremio se le exigirá el recargo ejecutivo del 5 por ciento.  

c)  Si la extinción de la personalidad jurídica se produce una vez notificada la providencia de apremio a la persona obligada al pago y antes de la finalización del plazo del artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio reducido del 15 por ciento en el plazo del artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con la advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente, incluido el recargo de apremio reducido del 15 por ciento, en dicho plazo, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento.  

d)  Si la extinción de la personalidad jurídica se produce después de la finalización del plazo del artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio ordinario, en el plazo establecido en dicho artículo.  

2.  En los supuestos de entidades sin personalidad jurídica se estará al momento de disolución para la aplicación de las reglas anteriores.  

3.  No se aplicará el límite contenido en el artículo 40.6 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a los supuestos de disolución sin liquidación.  

Nota

TÍTULO V

Disposiciones especiales


Artículo 135.  Exacción de la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda pública.—    Redacción anterior     1.  Si un deudor a la Hacienda foral fuese responsable civil por delito contra la Hacienda pública, la deuda derivada de la responsabilidad civil se acumulará al procedimiento administrativo de apremio que, en su caso, se siga contra el deudor, a los efectos de la práctica de diligencias de embargo y trabas y enajenación de bienes. El importe derivado de la responsabilidad civil no podrá incrementarse en los recargos del período ejecutivo.  

La Diputación Foral de Gipuzkoa exigirá, junto con la responsabilidad civil a la que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, los intereses que se devenguen sobre el importe de dicha responsabilidad desde la fecha de la firmeza de la resolución judicial hasta la fecha de ingreso en las cuentas de la Tesorería Foral, y las costas del procedimiento de apremio salvo, que un juez o Tribunal hubiese acordado otra cosa.

Este segundo párrafo ha sido redactado por el Decreto Foral 25/2010, de 28 de septiembre (BOG del 11 de octubre), por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto y será de aplicación a todos aquellos expedientes de aplazamiento o fraccionamiento que a la fecha de su entrada en vigor se encuentren pendientes de resolución.

2.  Contra los actos del procedimiento administrativo de apremio dictados por los órganos de recaudación del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas para la exacción de la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda pública podrá interponerse recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, salvo que los motivos de impugnación aducidos se refieran a la adecuación o conformidad de los actos de ejecución con la sentencia que hubiese fijado la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda pública objeto de exacción por el procedimiento de apremio, en cuyo caso la cuestión deberá plantearse ante el Juez o Tribunal competente para la ejecución.  

3.  En caso de incumplimiento del fraccionamiento de pago de la responsabilidad civil acordada por el Juez o Tribunal conforme al artículo 125 del Código Penal, se exigirá la totalidad del importe pendiente por el procedimiento de apremio. En este caso, no procederá aplicar recargos del período ejecutivo pero se exigirán los intereses que correspondan.  

4.  Para dar cumplimiento a lo establecido en el número cuatro de la disposición adicional séptima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, los órganos competentes para la exacción de la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda pública a través del órgano que tenga atribuida su defensa en juicio, informarán al Juez o Tribunal de cualquier incidente que se pueda producir en la ejecución encomendada, y en todo caso, de las siguientes actuaciones y acuerdos:

a)  Los ingresos que se efectúen en el procedimiento de apremio.  

b)  Que se ha producido el ingreso íntegro de la deuda derivada de la responsabilidad civil.  

c)  La declaración administrativa de fallido de los responsables civiles y la declaración administrativa de incobrable del crédito.  

Nota

DISPOSICIÓN ADICIONAL


Órganos de las Entidades Locales y de los otros entes públicos que integran el Sector Público Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa

1.  A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento los órganos competentes de las Entidades Locales y de los otros Entes Públicos que integran el Sector Público Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa distintos de la Diputación Foral, se determinarán conforme a lo establecido en su normativa específica.  

2.  Las referencias realizadas en este reglamento a la Diputación Foral de Gipuzkoa se entenderán realizadas, cuando sean competentes por razón de la materia, a los otros Entes Públicos que integran el Sector Público Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa distintos de la Diputación Foral y a las respectivas entidades locales.  

Asimismo, cuando sea una entidad local la competente para actuar, las referencias realizadas a la Hacienda foral se entenderán referidas a la respectiva Hacienda municipal.  


DISPOSICIONES TRANSITORIAS



Disposición transitoria primera.  Derechos de traspaso.— Lo dispuesto en este Reglamento en relación con el embargo de los derechos de cesión del contrato de arrendamiento de local de negocio será aplicable al embargo de los derechos de traspaso en tanto éstos subsistan.  


Disposición transitoria segunda.  Obtención de información, facultades y adopción de medidas cautelares en la gestión recaudatoria.— Lo dispuesto en el artículo 7 de este Reglamento se regirá por el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por el Decreto Foral 34/1990 de 5 de junio, en tanto no se dicten las normas reglamentarias de desarrollo de los artículos 90, 91, y 136, 143, respectivamente de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  


DISPOSICIÓN FINAL


Habilitación normativa.—Se autoriza al Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este Reglamento.  

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