Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Legislación
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 



RESOLUCIÓN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2000, INTERPRETATIVA DEL ARTÍCULO 25.2 DEL DECRETO 11/2000 DE 9 DE FEBRERO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO DE LAS ILLES BALEARS (BOIB DE 5 DE OCTUBRE)


 
Documentos relacionados

Haciendo uso de las atribuciones previstas en el Decreto 11/2000 de 9 de febrero (BOIB 17-02), teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y aplicando los correspondientes fundamentos de derecho vengo a dictar la presente resolución.


ANTECEDENTES



Primero.-En la última reunión de la Mesa del Diàleg Social celebrada, con carácter extraordinario, el día 3 de agosto de 2000, se planteó la posibilidad de dictar una resolución administrativa de interpretación del artículo 25.2 del Decreto 11/2000 de 9 de febrero (BOIB 17-02-2000) por el cual se regulan los programas de formación profesional ocupacional en el ámbito de les Illes Balears.

La disposición final primera del decreto autoriza al conseller de Treball i Benestar Social (hoy de Treball i Formació) a «... dictar cuantas disposiciones de aplicación, desarrollo e interpretación de este decreto sean necesarias».

La razón de esta medida se halla en la raíz de la convocatoria de la reunión de la Mesa del Diàleg Social del 3 de agosto.


Segundo.-Según el artículo 25, párrafo primero, del referido decreto, corresponde al Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Treball, subscribir contratos programa de carácter temporal y con una duración máxima de tres años, con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y con entidades locales del ámbito de les Illes Balears.

Una vez firmado el correspondiente contrato programa, según el párrafo segundo de dicho precepto, las entidades locales per si o mancomunadamente han de consensuar, junto con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, un plan de ocupación local elaborado de acuerdo con las directrices del plan de ocupación autonómico, nacional o comunitario.

Entienden la mayoría de organizaciones que forman parte de la Mesa de Diàleg Social que el consenso que se necesita para desarrollar los planes de ocupación locales, se ha de reflejar en sendos pactos firmados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas con las especificaciones de representativitat que se hacen en el artículo 25.2. Y, igualmente, entienden que esta condición de más representatividad se limita a las organizaciones sindicales y empresariales que componen la Mesa del Diàleg Social: UGT, CCOO, CAEB i PIMEB. Esto hace que los pactos locales hayan de ser firmados por las personas que, en cada una de estas organizaciones, ostenten la correspondiente representación orgánica. Y esto no excluye la posibilidad que, en determinadas ocasiones, pueda delegarse la referida representatividad, en el acto de la firma, a otras personas de cada organización, siempre y cuando conste que quien firma lo hace exclusivamente representado la organización firmante.

El problema deriva del bloqueo que ha sufrido la firma de los Pactos Locales correspondientes a determinados localidades, donde la PIMEB pretende firmar a través de representantes de sus entidades territoriales, haciendo constar, al pie de la firma, la condición de representante de estas entidades territoriales además de representante de la PIMEB. Y a este comportamiento se opone la patronal CAEB, alegando que la única organización que tiene reconocida la condición de más representativa es precisamente la PIMEB y no sus divisiones territoriales, considerando que es perturbador y confuso que en el pie de firma figuren otros cargos y/o representaciones que no sean las que autoricen la dicha firma.

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta los correspondientes informes jurídicos, emito la siguiente


RESOLUCIÓN



Primero.-El Decreto 11/2000 de 9 de febrero (BOIB 17-02-2000), es una norma que articula la formación profesional ocupacional en el ámbito de toda la comunidad autónoma, la cual, aunque pueda reflejarse localmente, a través de los Planes de Ocupación Locales, es una actividad pensada teniendo en cuenta la total realidad autonómica y su articulación territorial más amplia.


Segundo.-El artículo 25 de dicho Decreto integra los dos principios referidos en el punto anterior: la coordinación autonómica y el reflejo local. Para la conducción del proceso de manera coordinada, en la elaboración del decreto se tuvo en cuenta que eran las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, las que debían de participar y firmar los contratos programa y eran ellas mismas las que estaban obligadas a consensuar en los distintos niveles locales los pactos locales de ocupación.


Tercero.-Así pues, si son las organizaciones empresariales y sindicales más representativas las legitimadas para acordar los contratos programa y los planes locales, hemos de entender que son CAEB, PIMEB, UGT y CCOO las únicas que están legitimadas para firmar los planes locales de ocupación, firmando, en representación de estas organizaciones, las personas que representen a la total organización, como presidentes o secretarios generales en la comunidad autónoma.


Cuarto.-Si -por diversas circunstancias- en determinados casos no pudieran firmar los representantes orgánicos -secretarios generales o presidentes, en la comunidad autónoma- podrán firmar otras personas, por delegación expresa del órgano competente, siempre con la exclusiva y única representación de sus respectivas organizaciones.

Compartir por email
Imprimir
 
 
 
 
Oh happy Ley
Tu formación puede salirte gratis
Dossier productos tóxicos
III Congreso Compliance
 
Foros de formación