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RESOLUCIÓN DE 23 DE MARZO DE 1995, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES, POR LA QUE SE DISPONE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO Y PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA DEL TEXTO REVISADO DEL ACUERDO INTERPROFESIONAL GALLEGO SOBRE PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE TRABAJO (DOG DE 4 DE MAYO)




RESOLUCIÓN DE 23 DE MARZO DE 1995, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES, POR LA QUE SE DISPONE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO Y PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA DEL TEXTO REVISADO DEL ACUERDO INTERPROFESIONAL GALLEGO SOBRE PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE TRABAJO (DOG DE 4 DE MAYO)


 

   Visto el texto revisado del acuerdo interprofesional gallego sobre procedimientos extrajudiciales de conflictos de trabajo, en virtud de los acuerdos adoptados por su Comisión paritaria en la reunión celebrada el día 15 de marzo de 1995 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios colectivos de trabajo, la Dirección General de Relaciones Laborales acuerda:

  Primero.-Ordenar la inscripción de los citados acuerdos en el correspondiente Registro de esta Dirección General.

  Segundo.-Remitir el texto original al correspondiente servicio de este centro directivo.

  Tercero.-Disponer su publicación en el Diario Oficial de Galicia.


PREÁMBULO

  El sistema español de solución de conflictos presenta una judicialización excesiva. Urge, en consecuencia, articular técnicamente vías alternativas que ayuden a su necesaria desjudicialización, pues, en efecto, repárese en que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE) deja de satisfacerse si la solución judicial llega tardíamente a resolver los conflictos planteados.

  La pobreza y tardanza del legislador estatal en el desarrollo de técnicas extrajudiciales de composición de los conflictos laborales obliga a las partes sociales a recurrir a los procedimientos a su alcance para rellenar tan notoria laguna. Tales procedimientos, reclamados insistentemente ya en los acuerdos-marco y pactos sociales de la vieja concertación social de la transición política y de la crisis económica, se fundamentan en dos principios constitucionales: el principio de autonomía colectiva, consagrados en los artículos 7, 28.1 y 37.1 y 2 CE; y el principio de autonomía política, reconocido en el artículo 2 del texto constitucional y desarrollado a lo largo de su título VIII y de los estatutos de autonomía de las Comunidades Autónomas.

  De otra parte, la Ley Orgánica de Libertad Sindical recoge el derecho de los sindicatos representativos a participar en sistemas no jurisdiccionales de solución de los conflictos de trabajo artículos 6.3.d) y 7.1 y 2. Y el reciente texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral invita a los interlocutores sociales a establecer "órganos de conciliación... a través de los acuerdos profesionales o de los Convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores" (artículo 153.1). Como dice la sentencia del Tribunal Constitucional 210/1990, de 20 de diciembre, en los procesos de conflicto colectivo "la solución extrajudicial resulta especialmente deseable al estar en juego también la propia autonomía colectiva" (fundamento jurídico primero).

  En fin, la construcción de un sistema de relaciones laborales acomodado a las peculiaridades e intereses propios de la realidad socio-económica y laboral de Galicia debe transcurrir a través de la autonomía colectiva, dada la falta de competencia legislativa de Galicia en el ámbito material de la legislación laboral, y sin perjuicio de sus competencias de ejecución de dicha legislación asumidas a través del artículo 29.10 de su Estatuto de Autonomía a partir del artículo 149.1.7 CE.

  Por todo ello, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y las organizaciones sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma, Unión General de Trabajadores de Galicia (U.G.T.), sindicato nacional de Comisiones Obreras de Galicia (CC.OO.) y Convergencia Intersindical Gallega (CIG) convinieron en firmar un acuerdo sobre materia concreta, de los previstos en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, para regular los procedimientos extrajudiciales de solución de los conflictos laborales en Galicia, acuerdo que fue firmado el día 4 de marzo de 1992 (Diario Oficial de Galicia del 8 de abril).

  Por otro lado la reforma laboral llevada a cabo en 1994 aconseja adaptar el contenido del acuerdo a las previsiones de aquella, básicamente en lo que respecta a los requisitos de legitimación y de procedimiento negocial, que se suavizan para facilitar la válida constitución de las Comisiones negociadoras, la adopción de acuerdos en su seno y, en definitiva, la negociación de eficacia general.

  Asimismo, los dos años largos de funcionamiento del acuerdo hicieron precisa la intervención de su Comisión paritaria para tomar decisiones de interpretación, aplicación e, incluso, revisión del texto de aquel, muchas de las cuales, por su importancia, parece conveniente incorporar en su articulado, elaborándose así un texto integrado del acuerdo, del modo que se formula a continuación.


CAPITULO I

Disposiciones generales


Artículo 1.  Naturaleza jurídica del acuerdo.-El presente acuerdo interprofesional se estipula al amparo de lo establecido en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores y constituye un acuerdo sobre la determinación de procedimientos de solución extrajudicial de conflictos colectivos de trabajo, que goza de la eficacia prevista en el Estatuto de los Trabajadores para los Convenios colectivos regulados por dicha Ley. No necesita la incorporación expresa de sus cláusulas a los Convenios colectivos celebrados en la Comunidad Autónoma de Galicia para su efectividad y vigencia.


Artículo 2.  Partes negociadoras.-Las partes signatarias del presente acuerdo interprofesional son, de una parte, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y, de otra, las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores de Galicia (U.G.T.), sindicato nacional de Comisiones Obreras de Galicia (CC.OO.) y Confederación Intersindical Gallega (CIG). Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad y legitimación para la firma del presente acuerdo a tenor de lo dispuesto en los artículos 83, 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores y 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y preceptos concordantes.


Artículo 3.  Ambito territorial y funcional.-1.  El ámbito de aplicación del presente acuerdo es el correspondiente a la Comunidad Autónoma de Galicia.

  2.  Los procedimientos de solución de conflictos previstos en este acuerdo interprofesional serán de aplicación cuando el ámbito territorial en que se produzcan los efectos de los conflictos de interpretación de las normas estatales, o de conflictos de interpretación o de intereses de los Convenios o pactos colectivos, se encuentre dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.


Artículo 4.  Ambito objetivo.-Los procedimientos de solución previstos en este acuerdo interprofesional serán de aplicación a los siguientes tipos de conflictos colectivos de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final primera:

  a)  Conflictos de intereses en el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo.

  b)  Conflictos de interpretación o aplicación de una norma estatal o de Comunidad Autónoma.

  c)  Conflictos de interpretación o aplicación de Convenio o pacto colectivo, cualquiera que sea su eficacia.

  d)  Conflictos de interpretación o de aplicación de decisión o práctica de empresa.

  e)  Conflictos en la determinación de servicios de mantenimiento en caso de huelga.


Artículo 5.  Duración.-  1.  El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de junio de 1992, con independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Galicia.

  2.  Su vigencia alcanzará hasta el 31 de diciembre de 1993, pudiendo denunciarse por escrito por cualquiera de las partes signatarias con un preaviso mínimo de tres meses. A falta de denuncia en tiempo y forma, el acuerdo prorrogará su vigencia por períodos anuales, conforme a lo dispuesto por el artículo 86.20 del Estatuto de los Trabajadores.


CAPITULO II

Interpretación y aplicación de Convenios y pactos colectivos por las Comisiones paritarias de los mismos


Artículo 6.  Intervención de las Comisiones paritarias de Convenio.-  1.  Los conflictos colectivos derivados de la interpretación o aplicación de los Convenios o pactos colectivos que hubieran establecido como trámite obligatorio acudir a la Comisión paritaria de los mismos para su resolución deberán ser sometidos a dicha Comisión paritaria con carácter previo a la promoción de cualesquiera procedimientos de composición previstos en este acuerdo.

  2.  A estos efectos, se considerará efectivamente establecida a la Comisión paritaria de un Convenio colectivo cuando en el texto del Convenio conste su sede o las organizaciones que formen parte de la misma.


Artículo 7.  Actuación de la Comisión paritaria.-  A falta de normas de procedimiento contenidas en el propio Convenio o pacto colectivo, la intervención de la Comisión será solicitada por cualesquiera de las partes firmantes del Convenio o pacto colectivo, o por los legitimados según el artículo 12, mediante escrito dirigido a la sede de la Comisión designada en el Convenio o pacto o, en su defecto, ante el Servicio de Solución de Conflictos del Consejo Gallego de Relaciones Laborales, gue asumirá el deber de promover la convocatoria inmediata de la Comisión.


Artículo 8.  Decisión de la Comisión paritaria.-1.  Sin perjuicio de cualesquiera otras funciones atribuidas por Convenio o pacto colectivo, la Comisión paritaria deberá resolver los conflictos de interpretación o aplicación del Convenio o pacto colectivo, lo que se efectuará mediante decisión adoptada por mayoría de cada parte componente de la Comisión.

  2.  La solución así obtenida se incorporará al contenido del Convenio o pacto interpretado.

  3.  Si el acuerdo alcanzado reuniese los requisitos de mayorías suficientes para dotarlo de eficacia general, será objeto de inscripción y publicación oficial, salvo pacto en contrario.


Artículo 9.  Agotamiento del procedimiento previo ante la Comisión paritaria.-1.  A falta de normas de procedimiento del propio Convenio o pacto colectivo, se considerará agotado o decaído el trámite previo ante la Comisión paritaria del Convenio si ésta no lograse alcanzar un acuerdo o, en todo caso, si transcurriesen veinte días naturales desde la solicitud sin que la solución se produzca.

  2.  De la imposibilidad de acuerdo se levantará acta de la que se deberá facilitar copia a los interesados.

  3.  No se computará a efectos del plazo señalado en el párrafo primero el período de vacaciones laborales cuando su disfrute hubiese sido establecido con carácter general para todo el personal dentro del ámbito del Convenio o pacto.


CAPITULO III

Procedimientos de solución de conflictos


SECCIÓN 1.ª  DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS


Artículo 10.  Objeto de los procedimientos de solución de conflictos.-  1.  Los pocedimientos de solución de conflictos de trabajo instaurados en este acuerdo interprofesional consisten en un procedimiento de conciliación y mediación y en un procedimiento de arbitraje.

  2.  Los conflictos colectivos de intereses y los conflictos de interpretación o aplicación de normas legales y reglamentarias, Convenios o pactos colectivos y de decisión o práctica de empresa, que se susciten en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, se regularán para su resolución por las normas relativas al procedimiento de conciliación y mediación previsto en la sección 2.ª de este capítulo III. En los supuestos de conflictos jurídicos o interpretativos nacidos de Convenio o pacto colectivo, habrá de acreditarse el cumplimiento del trámite previo de agotamiento del procedimiento ante la Comisión paritaria cuando éste se configure como obligatorio, según lo establecido en el capítulo II de este acuerdo.

  3.  Fracasado el procedimiento de conciliación y mediación a que se refiere el párrafo anterior, los conflictos colectivos de intereses y los conflictos de interpretación o aplicación de las normas legales y reglamentarias, de Convenios o pactos colectivos y de decisión y práctica de empresa podrán ser objeto del procedimiento de arbitraje previsto en la sección 3.ª de este capítulo.

  4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la resolución de los conflictos a los que se refiere el párrafo segundo de este artículo puede someterse voluntariamente por las partes al procedimiento de arbitraje regulado en la sección 3.ª de este capítulo, sin necesidad de acudir al trámite previo de conciliación y mediación.


Artículo 11.  Gestión de los procedimientos.-El Servicio de Solución de Conflictos a que se refiere el artículo 29 de este acuerdo será el soporte administrativo y gestor de los procedimientos aquí regulados. Este servicio recibirá los escritos a que den lugar los procedimientos, efectuará las citaciones y notificaciones, registrará los documentos oportunos y, en general, se encargará de cuantas tareas sean precisas para posibilitar y facilitar el adecuado funcionamiento de los procedimientos, de conformidad con lo que se establece en las disposiciones siguientes.


SECCIÓN 2.ª  PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN


Artículo 12.  Sujetos legitimados.-Estarán legitimados para promover este procedimiento:

  a)  La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores de Galicia (U.G.T.), sindicato nacional de Comisiones Obreras de Galicia (CC.OO.) y Confederación Intersindical Gallega (CIG), en cualquiera de los ámbitos a que se refiera el conflicto.

  b)  Los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10 por ciento de los miembros de los Comités de empresa y Delegados de personal en el ámbito funcional y geográfico a que se refiera el conflicto.

  c)  Las asociaciones empresariales que cuenten con el 10 por ciento de los empresarios que den ocupación a igual porcentaje de los trabajadores afectados por el conflicto, siempre que su ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto, cuando se trate de conflictos de ámbito superior a la empresa.

  d)  Los empresarios y los órganos de representación unitaria de los trabajadores, así como las representaciones sindicales de los sindicatos citados en los apartados a) y b), cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior.


Artículo 13.  Promoción del procedimiento de conciliación y mediación.-1.  La promoción del procedimiento se iniciará con la presentación de un escrito dirigido al Servicio de Solución de Conflictos del Consejo Gallego de Relaciones Laborales.

  2.  El escrito de iniciación deberá contener los siguientes extremos:

  a)  El objeto del conflicto, con especificación de su génesis y desarrollo, de la pretensión y de los argumentos que la fundamenten.

  b)  El colectivo de trabajadores afectado por el conflicto y el ámbito territorial del mismo.

  c)  La identificación del empresario o de los sujetos colectivos que ostenten legitimación convencional para acogerse al presente procedimiento, en el ámbito del conflicto de que se trate.

  d)  La acreditación de la intervención de la Comisión paritaria, en el caso de conflictos de interpretación o aplicación de Convenios o pactos colectivos, cualquiera que sea su eficacia.

  e)  Fecha y firma del empresario o del sujeto colectivo que inicia el procedimento.


Artículo 14.  Aceptación de la promoción, iniciación del procedimiento y emplazamiento de las partes.-1.  Si el sujeto o sujetos que promueven el procedimiento no representasen a la mayoría absoluta de los trabajadores o a los empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores en el ámbito del conflicto de que se trate, el responsable del Servicio de Solución de Conflictos consultará, en el plazo de tres días hábiles, la conformidad de dicha mayoría para continuar el procedimiento entre los demás sujetos de la parte afectada, poniéndolo en conocimiento de los sujetos promotores.

  2.  Si no se obtuviesen las mayorías a que se refiere el párrafo anterior, el Servicio de Solución de Conflictos procederá a archivar el escrito de promoción, poniéndolo en conocimiento del sujeto o sujetos promotores y de los demás sujetos afectados.

  3.  Obtenida y acreditada la mayoría absoluta de la representación de los trabajadores o la representación de los empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores en el ámbito del conflicto planteado, el Servicio de Solución de Conflictos remitirá el escrito de promoción a la otra parte afectada por el conflicto, a fin de que ésta, en el plazo de tres días hábiles, preste su conformidad al inicio del procedimiento.

  4.  Expresada dicha conformidad, el Servicio de Solución de Conflictos procederá a emplazar, en el plazo de tres días hábiles, a todos los sujetos colectivos directamente implicados en el conflicto, así como, en todo caso, a los representantes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y de las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores de Galicia (U.G.T.), sindicato nacional de Comisiones Obreras de Galicia (CC.OO.) y Confederación Intersindical Gallega (CIG), a los fines de constituir la Comisión de Conciliación y Mediación.

  La no prestación expresa de la conformidad exigida determinará el archivo de las actuaciones.


Artículo 15.  Constitución de la Comisión de conciliación y mediación.-1.  La Comisión de conciliación y mediación, de composición paritaria, quedará válidamente constituida con la presencia de los sujetos colectivos que hayan promovido el procedimiento y aceptado su iniciación y se encuentren directamente afectados por el mismo, en proporción a su representación en el ámbito del conflicto, además de tres representantes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y de un representante de cada una de las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores de Galicia (U.G.T.), sindicato nacional de Comisiones Obreras de Galicia (CC.OO.) y Confederación Intersindical Gallega (CIG). En cualquier caso, será necesario que cada parte represente, como mínimo, a la mayoría absoluta de los miembros de Comités de empresa y Delegados de personal y a los empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores del ámbito funcional y territorial del conflicto.

  2.  La Comisión estará constituida por un número de miembros no superior a catorce, siete por cada una de las partes.

  3.  Se levantará acta de la sesión de constitución de la Comisión de conciliación y mediación. En el mismo acto se procederá, con el auxilio del responsable del Servicio de Solución de Conflictos, a designar por unanimidad al conciliador-mediador, que será el presidente de la misma, con voz pero sin voto.

  4.  Si no se lograra acuerdo unánime en la designación del conciliador-mediador, el Servicio de Solución de Conflictos presentará a los miembros de la Comisión una lista impar de conciliadores-mediadores, de la que una y otra parte, por mayoría, descartará nombres alternativos hasta que quede un solo nombre.

  5.  Por igual voto favorable de la mayoría de cada parte podrá designarse un conciliador-mediador no incluido en el Registro de Conciliadores-Mediadores del Servicio de Solución de Conflictos del Consejo Gallego de Relaciones Laborales, previsto en el artículo 28.


Artículo 16.  Celebración de los actos de conciliación.-El conciliador-mediador, una vez designado, convocará a la Comisión de conciliación y mediación en el plazo máximo de tres días hábiles. Durante la comparecencia intentará la avenencia entre las partes, moderando el debate y concediendo a las partes cuantas intervenciones crea conveniente, pudiendo llegar a sugerir soluciones equitativas, así como la convocatoria de nuevas sesiones de la Comisión, con el fin de llegar a un acuerdo.


Artículo 17.  Terminación de la conciliación.-El trámite se dará por concluido en los siguientes supuestos, que serán reflejados en actas:

  a)  Mediante avenencia entre las partes. Se entenderá que esta existe cuando se logre el voto favorable de la mayoría de cada parte. De cumplirse los requisitos de representatividad exigidos por el Estatuto de los Trabajadores, la avenencia producirá los efectos de un Convenio colectivo de los regulados por dicha Ley y será objeto de registro y publicación oficial.

  b)  Mediante decisión adoptada por el voto favorable de la mayoría de cada parte de proponer una mediación formal conforme determina el artículo siguiente.

  c)  Mediante decisión adoptada por el voto favorable de la mayoría de cada parte de someter sus discrepancias al procedimiento de arbitraje, que regula la sección 3.ª de este mismo capítulo.

  d)  Mediante desavenencia definitiva entre las partes, sin que las mismas entiendan posible acudir al trámite consecutivo de mediación.

  e)  Mediante el transcurso de quince días hábiles desde la primera reunión de la Comisión, que podrán ser prorrogados por acuerdo expreso de las partes, sin que se hubiera adoptado ninguna de las soluciones anteriores.


Artículo 18.  Trámite de mediación.-  1.  No alcanzada la avenencia, las partes de la Comisión de conciliación y mediación podrán acordar, por la mayoría requerida en el artículo precedente, que el mediador efectúe, en el plazo máximo de cinco días hábiles, una propuesta de solución de conflicto sobre todos o algunos de los puntos planteados. Dicha propuesta deberá ser emitida de manera motivada y por escrito, notificándose a todos los miembros de la Comisión.

  2.  Las partes intervinientes deberán expresar por escrito su aceptación o rechazo de la propuesta, que se presentará al mediador. La propuesta se presumirá rechazada por aquellas si, en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente al de su notificación, no presentasen dicho escrito aceptando la propuesta.

  3.  En el plazo de cinco días hábiles, el mediador redactará un acta final que expresará los sujetos y las causas por las que fue rechazada o aceptada la propuesta. Los efectos del acta final serán, en caso de aceptación de la propuesta, los propios de un Convenio colectivo de los regulados en el Estatuto de los Trabajadores, si se reuniesen los requisitos de representatividad y de mayorías que establece dicha Ley, para lo que dicha acta será objeto de registro y publicación oficial.

  4.  En caso de que la propuesta de mediación fuese rechazada, el mediador, si existiese la voluntad expresa y mayoritaria de las partes de someterse al procedimiento de arbitraje, la recogerá en el acta, que reunirá los requisitos referidos en el artículo 21.4 y remitirá la documentación tramitada hasta el momento al Servicio de Solución de Conflictos para que éste proceda de acuerdo con las reglas del artículo 21.5.


Artículo 19.  Efectos de los procedimientos de conciliación y mediación.-La iniciación de los procedimientos de conciliación y mediación impedirá la convocatoria de nuevas huelgas y la adopción de medidas de cierre patronal, el ejercicio de acciones judiciales y el recurso al procedimiento administrativo previsto en el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, de relaciones de trabajo.


SECCIÓN 3.ª  PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE


Artículo 20.  Supuestos en los que procede aplicar el procedimiento de arbitraje.-1.  El procedimiento de arbitraje requerirá la manifiesta expresión de la voluntad de las partes en conflicto de someterse a la decisión imparcial del árbitro, que tendrá carácter de obligado cumplimiento.

  2.  El procedimiento de arbitraje procederá en los siguientes supuestos:

  a)  Cuando, intentada la conciliación sin avenencia o la mediación sin aceptación, las partes de la Comisión de conciliación y mediación decidan someter la resolución del conflicto al procedimiento arbitral, en los términos de los artículos 17.c) y 18.4.

  b)  Cuando, directamente, las partes afectadas por un conflicto de los mencionados en el artículo 10 de este acuerdo decidan someter la resolución del mismo a este procedimiento, en los términos del artículo 21.3


Artículo 21.  Promoción e iniciación del procedimiento.-1.  La promoción directa del procedimiento de arbitraje requerirá la presentación de un escrito en el Servicio de Solución de Conflictos, suscrito por los sujetos legitimados según el artículo 12 de este acuerdo.

  2.  En los supuestos en que el procedimiento de arbitraje se inicie como consecuencia de la decisión adoptada por la Comisión de conciliación y mediación a tenor de lo establecido en el artículo 17.c) de este acuerdo, al escrito de iniciación se unirá la documentación de que se dispone y las actas de dicha reunión.

  3.  Cuando el procedimiento de arbitraje se promueva directamente por las partes afectadas por un conflicto colectivo de los definidos en el artículo 10 de este acuerdo, el escrito de promoción habrá de reunir los contenidos que preceptúa el artículo 13.2 y someterse al sistema de mayorías y aceptación que establece el artículo 14 del mismo respecto de cada parte, para la iniciación del procedimiento.

  4.  El escrito de promoción o iniciación ha de contener además, los siguientes extremos:

  a)  Las cuestiones concretas sobre las que ha de versar el arbitraje.

  b)  El criterio, de derecho o de equidad, al que ha de ajustar el árbitro su decisión.

  c)  El árbitro designado por las partes, o la solicitud de su designación según las reglas del párrafo siguiente.

  5.  A falta de acuerdo unánime de las partes, el Servicio de Solución de Conflictos, en el plazo máximo de tres días hábiles desde la iniciación del procedimiento, presentará una lista impar de árbitros, de la que una y otra parte, por mayoría, descartará nombres alternativos hasta que quede un solo nombre. Asimismo, por el voto favorable de la mayoría de cada una de las partes, éstas, en el plazo señalado, podrán optar por designar un árbitro no incluido en el Registro de Arbitros a que se refiere el artículo 28.


Artículo 22.  Renuncia al ejercicio del derecho de huelga y de cierre patronal.-La iniciación del procedimiento de arbitraje implicará la renuncia al ejercicio del derecho de huelga y a la adopción de medidas de cierre patronal, tanto durante la tramitación del procedimiento como contra la decisión arbitral.


Artículo 23.  Renuncia al ejercicio de acciones.-La iniciación del procedimiento de arbitraje implicará la renuncia por ambas partes a la utilización de vías judiciales o administrativas para la resolución de las cuestiones sometidas al mismo, salvo la impugnación judicial del laudo arbitral según lo establecido en el párrafo cuarto del artículo siguiente.


Artículo 24.  Tramitación y efectos.-1.  La actividad del árbitro comenzará inmediatamente después de su designación, recabando la información que considere necesaria para su función. Se garantizarán en el procedimiento la audiencia de las partes y los principios de igualdad y contradicción, sin que pueda producirse indefensión.

  2.  El laudo arbitral deberá ser emitido motivadamente y notificado en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la desiguación del árbitro. Excepcionalmente, atendiendo a las dificultades del conflicto y a su trascendencia, podrá prorrogarse dicho plazo debiendo en todo caso dictarse el laudo antes del transcurso de veinticinco días hábiles.

  3.  Como contenido mínimo del laudo, este deberá fijar su propia vigencia temporal.

  4.  De reunirse los requisitos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores, el laudo arbitral tendrá la eficacia de un Convenio colectivo, debiendo ser objeto de registro y publicación oficial.

  5.  El laudo emitido podrá ser impugnado ante la jurisdicción social, según la modalidad procesal de impugnación de Convenios colectivos, tramitada según el procedimiento de conflicto colectivo, regulada en la Ley de Procedimiento Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril.


CAPITULO IV

Mecanismos de determinación de servicios de mantenimiento en caso de huelga


Artículo 25.  Negociación de servicios de mantenimiento.-1.  Convocada huelga en un sector o empresa determinado, el sindicato o sindicatos convocantes o la representación unitaria de los trabajadores en la empresa presentarán a la contraparte empresarial afectada, acompañando al preaviso, una propuesta de servicios de mantenimiento que sea preciso prestar durante la misma y que corresponda garantizar al Comité de huelga, así como de los trabajadores que hayan de atenderlos.

  2.  En el plazo máximo de dos días naturales, ambas partes deberán negociar para llegar a un acuerdo sobre la determinación de los servicios de mantenimiento, aceptando o modificando la propuesta de los convocantes. Ambas partes estarán obligadas a negociar de buena fe.

  3.  La contraparte afectada sólo podrá negarse a negociar los servicios de mantenimiento cuando la convocatoria de huelga sea realizada por un sindicato que no represente a la mayoría de miembros de Comités de empresa y Delegados de personal del sector en conflicto, o cuando el acuerdo de huelga no fuese adoptado en una empresa por la mayoría de la representación unitaria, en los casos de huelgas de empresa.

  4.  El deber de negociar los servicios de mantenimiento en el plazo fijado se mantiene en todo caso si el convocante de la huelga es un sindicato más representativo en la Comunidad Autónoma de Galicia.


Artículo 26.  Procedimiento de arbitraje en caso de desacuerdo en la determinación de servicios de mantenimiento.-  1.  Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior sin que se haya obtenido acuerdo, ambas partes se someterán a un árbitro, designado de mutuo acuerdo o, en su defecto, mediante el procedimiento señalado en el artículo 21.5 de este acuerdo, para que, en el plazo improrrogable de dos días desde su designación, dicte un laudo motivado por el que se fijen los servicios de mantenimiento a garantizar durante la huelga.

  2.  El árbitro deberá tener en cuenta para emitir su decisión tanto la propuesta de las organizaciones convocantes como las modificaciones mantenidas por la contraparte afectada, valorando, además, las circunstancias concretas de duración o extensión de la huelga y su posible incidencia en la seguridad de las personas y cosas, mantenimiento de las instalaciones y ulterior recuperación de la actividad productiva.


CAPITULO V

Gestión de los procedimientos


Artículo 27.  Información de los procedimientos.-  El Servicio de Solución de Conflictos informará a los firmantes de este acuerdo de todos aquellos procedimientos promovidos, así como del resultado final de los mismos.


Artículo 28.  Registro de conciliadores-mediadores y de árbitros.-1.  Se constituirá un Registro de Conciliadores-Mediadores y otro de Arbitros en cada provincia y un Registro Central de los mismos, a fin de que intervengan en los procedimientos regulados en el presente acuerdo.

  2.  Sus miembros serán designados por acuerdo unánime de las organizaciones firmantes, con periodicidad bianual.

  3.  Con periodicidad bianual, cada una de las organizaciones firmantes podrá recusar hasta un total de dos miembros del conjunto de integrantes de ambos registros.


Artículo 29.  Solicitud de cobertura del Consejo de Relaciones Laborales.-1.  Las organizaciones firmantes solicitan del Consejo Gallego de Relaciones Laborales el establecimiento de un Servicio de Solución de Conflictos, con la dotación humana, material y económica precisa que permita desempeñar eficazmente los cometidos establecidos en el presente acuerdo.

  2.  Las organizaciones firmantes solicitan asimismo del Consejo Gallego de Relaciones Laborales la cobertura económica precisa de los Registros de Conciliadores-Mediadores y de Arbitros, y el sistema de dietas para retribuir sus funciones.


CAPITULO VI

Gestión del acuerdo


Artículo 30.  Comisión paritaria del acuerdo interprofesional.-1.  La interpretación, aplicación y revisión del presente acuerdo se confía a una Comisión paritaria integrada por siete representantes de las organizaciones sindicales firmantes, en función de su representatividad, y por un número igual de representantes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Para su debida constitución será necesaria la presencia de diez miembros, cinco por cada una de las dos representaciones.

  2.  La Comisión paritaria estará presidida por el presidente del Consejo Gallego de Relaciones Laborales o por la persona en quien delegue, actuando como secretario un funcionario del propio consejo. Ambos actuarán con voz y sin voto.

  3.  La Comisión paritaria se reunirá al menos dos veces al año, con objeto de evaluar la aplicación y el funcionamiento del acuerdo e introducir las adaptaciones y revisiones que su ejecución precise. Será convocada por su presidente, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de las organizaciones firmantes del acuerdo. A sus reuniones deberá asistir una representación del Consejo Gallego de Relaciones Laborales a fin de suministrar la información que se le solicite.

  4.  La convocatoria de las reuniones ordinarias de la Comisión paritaria se efectuará con una antelación mínima de siete días. Por causas extraordinarias, la Comisión podrá ser convocada en el plazo de veinticuatro horas. La convocatoria expresará el orden del día, que será fijada de acuerdo con los representantes de cada una de las organizaciones firmantes de este acuerdo.

  5.  Comisión paritaria adoptará sus acuerdos por el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones. Dichos acuerdos, que serán recogidos en actas, serán remitidos a la autoridad laboral para su publicación en el Diario Oficial de Galicia, salvo que la propia Comisión, por la naturaleza del acuerdo adoptado, decida otra cosa.


DISPOSICION TRANSITORIA


  No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1, el capítulo IV de este acuerdo entrará en vigor el 15 de marzo de 1992, con independencia de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.


DISPOSICIONES FINALES



Disposición final primera.-  Las organizaciones firmantes se comprometen a elaborar, en el plazo de vigencia de este acuerdo, una propuesta de procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos individuales de trabajo que adopte la forma jurídica de un acuerdo interprofesional.

  Asimismo, dichas organizaciones se comprometen a negociar con la Administración, en igual plazo, un procedimiento para la fijación de servicios mínimos, en caso de huelga en servicios esenciales para la comunidad.


Disposición final segunda.-  Tanto la intervención de las Comisiones paritarias de los Convenios colectivos, regulada en el capítulo II de este acuerdo, como los procedimientos de conciliación contenidos en la sección 2.ª del capítulo III del mismo, se consideran intento de conciliación a los efectos del artículo 153 de la Ley de Procedimiento Laboral.

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