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RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DE ASUNTOS SOCIALES, PROMOCIÓN E INMIGRACIÓN, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR LA QUE SE REGULA CON CARÁCTER URGENTE Y TRANSITORIO EL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, LA INTENSIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS Y EL RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES (BOIB DEL 15)


 

ANTECEDENTES


1.  La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, publicada en el BOE de 15 de diciembre, regula las condicionas básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante SAAD), en el que colaboran y participan todas aquellas Administraciones Públicas con competencias en la materia.

2.  La Ley de dependencia reconoce un nuevo derecho de ciudadanía en España, universal, subjetivo y perfecto: el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia La disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece que la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia para las personas valoradas como grandes dependientes (grado III niveles 1 y 2) será a partir del 1 de enero de 2007 o desde el momento de la solicitud si esta es posterior.

3.  La citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se ha desarrollado, a nivel estatal, mediante el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, regulador del nivel mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado para la Administración General del Estado, el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia y el Real Decreto 727/2007, de criterios para la determinación de las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

4.  Mediante la orden de inicio de 31 de octubre de 2007, la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción y Inmigración, inició, a propuesta de esta dirección general, el procedimiento de elaboración del Decreto del Consejo de Gobierno por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicio y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, en el ámbito de la comunidad autónoma de las Islas Baleares y se designó a la Dirección General de Atención a la Dependencia como órgano responsable de la tramitación del expediente.

5.  Dada la fecha en que nos encontramos y que la tramitación del procedimiento establecida para la elaboración de un decreto del Consejo de Gobierno nos lleva a demorar más la efectividad de las prestaciones establecidas en la Ley de dependencia, se entiende que está justificada la adopción de medidas provisionales y transitorias, donde se regulan las materias que ha de recoger el futuro Decreto del Consejo de Gobierno, durante la tramitación de éste, mediante resolución de la Consejera.

De manera especial, esta adopción de medidas provisionales es necesaria para los supuestos de la prestación de cuidador familiar, figura tradicional en nuestra red de servicios sociales, regulada anualmente mediante convocatoria pública de ayudas, aunque sin la especial cobertura que en materia de Seguridad Social para la persona cuidadora, ha establecido la Ley 39/2006, desarrollada en esta materia por el Real Decreto 615/2007, regulador de la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, a quienes la falta de regulación propia de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, causa un perjuicio irreparable, al no poder acreditar ante la Tesorería de la Seguridad Social, los requisitos que posibilitan el alta en el sistema, al cual no se pueden aplicar efectos retroactivos.

6.  La demora en la aplicación de las prestaciones a los grandes dependientes, puede llegar al extremo de hacer ineficaz el derecho reconocido por la Ley 39/2006, al tratarse de un colectivo en grave situación de precariedad no únicamente de salud, sino en muchos casos también social y económica. Esto hace imprescindible la adjudicación de manera inmediata de las prestaciones a que tienen derecho.

7.  Por todo ello, es necesario adoptar con carácter urgente unas medidas provisionales sobre el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.  La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE de 15 de diciembre).

2.  El Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, regulador del nivel mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado.

3.  El Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las persones en situación de dependencia.

4.  El Real Decreto 727/2007, de criterios para la determinación de las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

5.  De acuerdo con lo que dispone el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, le corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la competencia exclusiva en materia de acción y bienestar social, así como en Política de Atención a personas dependientes.

6.  De acuerdo con los Decretos del presidente de las Illes Balears 9/2007, 10/2007 i 11/2007 la competencia en materia de atención y ayuda a personas con dependencia ha de ser ejercida per la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración.

7.  La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de les administraciones publiques y del procedimiento administrativo común, fundamentalmente en cuanto al apartado 1 del artículo 75 sobre el principio de celeridad y eficacia y el apartado 1 del artículo 72, que dispone textualmente: "iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver puede adoptar de oficio o a instancia de parte las medidas provisionales que considere oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pueda dictar, si hay elementos de juicio suficientes.

Por todo ello, resuelvo:

1.  Adoptar las medidas provisionales que han de regular el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema par la autonomía personal y atención a la dependencia, en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, hasta la entrada en vigor de la nueva normativa reguladora de esta materia, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

2.  Disponer que todas las referencias que se efectúan en la presente Resolución a Trabajador Social se entienden hechas a Diplomados Universitarios en Trabajo Social o Asistentes sociales.

3.  Considerar beneficiarias de las prestaciones establecidas en la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, las personas que habiendo sido declaradas gran dependientes sean beneficiarias actualmente de una prestación del sistema público de servicios sociales de Illes Balears. Asimismo, todas las personas que tienen reconocida la situación de dependencia y adjudicada plaza en centro asistencial, y/o a la espera de apertura y funcionamiento, accederán al recurso de prestación económica vinculada al servicio, si estuvieren ingresados en centro asistencial privado acreditado, o a prestación económica para cuidados en el entorno familiar si fuera el caso, hasta tanto se produzca el ingreso en el establecimiento adjudicado.

A todos los efectos, se entiende que los beneficiarios incluidos en este apartado, a través del expediente de adjudicación o de ingreso en centro asistencial, tiene elaborado, aceptado y aprobado el PIA.

4.  Disponer que todas las personas que tienen reconocida la condición de gran dependiente, (grado III nivel 1 y 2), y habiendo participado en la convocatoria establecida en la Resolución de la Consejera de Presidencia y Deportes de 24 de mayo de 2007, por la que se regulan las ayudas destinadas a cuidados en el domicilio de las personasen situación de dependencia severa y de las familias cuidadoras, y se establece la convocatoria para el año 2007 (BOIB número 79 de 26 de mayo) resultaron excluidas de dichas ayudas por haber sido declarados grandes dependientes (grado III, niveles 1 y 2), accederán a los recursos regulados en esta Resolución de manera directa, aplicándoseles como criterio preferente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales del punto 33, sin perjuicio de manifestación en contra y acuerdo de otra prestación, técnica o económica a través del PIA.

A todos los efectos, se entiende que los beneficiarios incluidos en este apartado, a través del expediente de solicitud de la ayuda a que se refiere, tienen elaborado, aceptado y aprobado el PIA.

5.  Disponer que, dada la provisionalidad y transitoriedad de la presente disposición, los derechos que se reconozcan a los beneficiarios a su amparo, podrán ser modificados, si procede, a través de la aplicación de la normativa definitiva, mediante la revisión del PIA.

6.  Publicar presente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Contra esta Resolución -que agota la vía administrativa- se puede interponer un recurso potestativo de resposición ante la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración en el plazo de un mes contador des del día siguiente de su publicación, de acuerdo con el artículo 117 de la Leu 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 57 d4e la Ley 3/2002, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses a contar des del día siguiente de su publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

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